El fallido intento de aprobar la Ley de Presupuesto despertó las más variadas críticas tanto dentro del oficialismo como de la oposición, que en apariencia había logrado un triunfo político al bloquear la llamada Ley de leyes que envió el ministro de Economía, Martín Guzmán. No es un tema menor dejar a un Gobierno sin la normativa que estipula cuánto se gasta y, fundamentalmente, en qué se gasta. Por eso el debate posterior sirvió para mostrar el alcance y la profundidad de lo que se discute no solo en la Argentina actual sino en todo el mundo: los impuestos y cómo se construyen sociedades menos desiguales. La firma del Consenso Fiscal fue un segundo capítulo en esta saga por los recursos en la que los gobernadores, incluso de origen radical, pudieron corregir aquel desliz de mediados de diciembre –que en verdad los perjudicaba– y aprobaron la iniciativa presentada por el presidente Alberto Fernández.
El gran debate con el pacto firmado por 23 provincias fue, otra vez, el compromiso que habían asumido algunos dirigentes opositores de no aumentar impuestos. La estrategia de los «libertarios» locales y el ala más dura dentro de Juntos por el Cambio recuerda al movimiento Tea Party en el Partido Republicano de los Estados Unidos, cuyo fin desde su origen es reducir el pago de impuestos a su mínima expresión. De hecho, el nombre de ese grupo hace referencia a un acto fundacional, la rebelión de 1773 en Boston contra un impuesto al té establecido por la corona. Y a la manera del Tea Party, el ala más dura de la coalición opositora arrastra al resto a extremar las tensiones con el oficialismo, pero básicamente a esmerilar la gobernabilidad.
Los platos rotos «Estamos dando un paso en favor de garantizar un crecimiento equilibrado en toda la Argentina», dijo el presidente tras la firma del Consenso, rodeado por los mandatarios provinciales en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada. En octubre pasado, los legisladores de JxC habían jurado no votar aumentos de impuestos. A ese entendimiento interno se aferraron los críticos del acuerdo con el Gobierno, alegando que se incrementarán las tasas a nivel provincial. Sin embargo, el documento no contempla específicamente aumentos, aunque tampoco los impide. Tanto los diputados Martín Tetaz como Ricardo López Murphy fueron los más feroces censores de esta versión 2022 del acuerdo fiscal. Todavía malheridos por la aprobación de la reforma al impuesto a los Bienes Personales, aspiraban a mantener la asfixia sobre Hacienda en un momento clave para las negociaciones con el FMI. «El Pacto Fiscal los habilita a crear nuevos impuestos, pero también a renegociar deudas cruzadas entre la Nación y las provincias, y obliga a no hacer juicios en los conflictos que hay entre ambos», justificó el senador por Mendoza Alfredo Cornejo. El gobernador mendocino Rodolfo Suárez, el jujeño Gerardo Morales y el correntino Gustavo Valdés –provenientes de la UCR– se reunieron tras la firma del documento con Horacio Rodríguez Larreta para asegurar que no iban a aumentar impuestos. El alcalde porteño fue el único que no estuvo presente en el acto presidido por Fernández. Fue su forma de mostrar una imagen de liderazgo en contra de un tema tan delicado para las aspiraciones del sector ultra de la oposición. La cuestión impositiva es clave no solo por lo que implica para igualar los tantos dentro de una sociedad sino por cualquier acuerdo que se pueda lograr con el Fondo. De lo que se trata es de quién pagará los platos rotos del voluminoso préstamo que el organismo financiero le dio al Gobierno de Mauricio Macri. Aunque la pelea, a largo plazo, es por el sentido de las cargas fiscales. Cualquier ciudadano de a pie rechazaría instintivamente el pago de un impuesto y eso hasta puede resultar un incentivo para el voto hacia un candidato determinado. Pero la reducción impositiva impulsada por el neoliberalismo como la panacea para el crecimiento ha demostrado en todo el planeta que solo sirvió para enriquecer cada vez más a ese 1% que atesora tantos bienes como el 99% restante de las sociedades. Un detalle no menor es que el Consenso Fiscal establece que las provincias podrán sancionar un impuesto sobre la riqueza obtenida por herencias, legados, donaciones o anticipos de herencia. Como pocas propuestas, la sola mención de este tributo generó escozor en sectores conservadores. Para el diputado Javier Milei, representante del antiestatismo, cobrar un impuesto a la herencia «es inmoral, porque te están quitando el fruto de tu trabajo y cómo vos lo querés asignar. ¿Quién es el Estado para penalizarte porque decidís dejarlo como regalo cuando uno se muere?». Es bueno recordar que ese impuesto estuvo vigente en nuestro país desde 1923 hasta 1976, cuando fue eliminado por el ministro de Economía de la dictadura, José Martínez de Hoz. En la raíz de las desigualdades está la baja de los impuestos, como bien registró el economista francés Thomas Piketty. Pero también las inequidades son fomentadas por los herederos de las grandes fortunas, sus usufructuarios directos. El argumento del neoliberalismo es que las fichas cayeron de una determinada manera para cada individuo por las actitudes de sus padres. El pobre, según esta categorización, lo es porque sus ancestros no hicieron mucho para salir de una situación de pobreza. De acuerdo con Piketty, el sistema actual mantiene al heredero pobre en la pobreza por más esfuerzo que realice, mientras que el heredero rico seguirá siendo rico por más incapacidad que manifieste. A menos que se establezca algún elemento que equilibre los tantos.
Villegas y la Gestapo
29 de diciembre de 2021
Macelo Villegas es abogado especializado en Derecho Laboral, pero no se le conocen antecedentes como defensor de trabajadores. Ocupó, sí, cargos en áreas de relaciones humanas en empresas de la talla de Pérez Companc, Grupo Suez, Walmart, Jumbo y Telecom Argentina. Recaló en el ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires con la gestión de María Eugenia Vidal. Se hizo famoso a fines de diciembre cuando la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) difundió un video de junio de 2017 encontrado en un disco rígido de una computadora del organismo donde se ve una reunión con el intendente de La Plata, Julio Garro, operadores judiciales, empresarios de la construcción, y un par de agentes del espionaje vernáculo. «Creeme que si yo pudiera tener –y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte–, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría», se le escucha decir a Villegas, sin que ninguno de los presentes se escandalice. La indignación no llegó a los medios hegemónicos con la misma velocidad ni ímpetu que cuando se trata de información referida a sectores afines al oficialismo. Hubo piruetas incluso para enfocar a quienes cuestionaron el hecho como una defensa del sindicalista de la UOCRA Pablo «Pata» Medina. Pero la mención a la organización criminal nazi despertó, finalmente, el rechazo público. Villegas se disculpó y deslizó que las imágenes podrían haber sido tergiversadas. Desde las fuerzas de la oposición y entidades de la comunidad judía también surgieron repudios. Pero la repulsa no se dirigió a las presiones y los acuerdos que revela el video con miembros del Poder Judicial para perseguir ilegalmente a sindicalistas. Tampoco por el hecho que desde la AFI macrista se hubiera filmado, también ilegalmente, un encuentro de un funcionario del oficialismo de esa época. Más allá de la sórdida alusión a la Gestapo, el video es un reconocimiento explícito a una operatoria político-judicial y también mediática que tanto la vicepresidenta Cristina Fernández como funcionarios de su Gobierno vienen denunciando en los tribunales con suerte bastante esquiva.
En tiempos tan azarosos como estos a nivel internacional, el Gobierno nacional produjo dos movimientos casi simultáneos que escandalizaron a sectores ligados con intereses corporativos. Tras el anuncio de que Argentina se retiraba del llamado Grupo de Lima, el presidente Alberto Fernández tuvo un fuerte entredicho con el mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, en la celebración del 30º aniversario del Mercosur. Dos gestos que contradicen el camino de alineamiento con Estados Unidos que la gestión de Mauricio Macri había iniciado y que, como colofón, se realizaron cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, negociaba en Washington la deuda con el FMI. El 24 de marzo, cuando en todo el país se recordaba el golpe cívico-militar de 1976 (ver recuadro), la cancillería anunció el retiro de ese grupo creado en 2017 con el objetivo de enterrar a la UNASUR con Venezuela en la mira, «al considerar que las acciones que ha venido impulsando, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada». Dos días más tarde, en un encuentro virtual entre presidentes del Mercosur y los mandatarios de Bolivia y de Chile como invitados, el jefe de Gobierno de Uruguay, Luis Lacalle Pou, sacó a relucir el enfrentamiento que se potenció desde el triunfo de Fernández-Fernández acerca de los aranceles comunes de la organización regional y la posibilidad de que cualquiera de sus miembros pueda hacer acuerdos comerciales sin consenso del resto. Uruguay, que además expresó la voluntad de Paraguay y especialmente Brasil, dejó un par de frases que no será fácil que pasen al recuerdo: Lacalle Pou usó las palabras «corset» y «lastre» para definir elípticamente la postura argentina en este punto. Alberto Fernández respondió que el que quiera dejar el barco, que lo haga. La oposición más dura y los medios afines salieron a cuestionar lo que se apresuraron a declarar como una «venezuelización» y un brote de aislacionismo. Si la única manera de interpretar las acciones del Gobierno es en el marco de una puja continua entre los dos integrantes de la fórmula más votada en 2019, categorizar a esos dos gestos como un avance de Cristina Fernández era casi una obviedad para esos analistas. Y si se agrega la exégesis del discurso de la vicepresidenta en un acto en Las Flores sobre Estados Unidos, no tenían otro camino que hablar también de una deriva del Gobierno. La cuestión es que siempre hay algo más cuando se observa en detalle. Macri siempre fue antichavista, incluso con el líder bolivariano vivo, y basó su política exterior en un seguidismo con la administración de Donald Trump, a tono con el resto de los Gobiernos conservadores que llegaban al poder desde 2016. Eso implicó minar a la UNASUR y un ataque continuo a Nicolás Maduro. Tal adhesión a los postulados estadounidenses le valió el acceso al extraordinario crédito del FMI cuando comenzó a trastabillar su gestión económica. Vale la pena repetir que el actual titular del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver Carone, reconoció que ese dinero tenía como objetivo apuntalar el camino de Macri hacia la reelección. Se sabe que el voto de EE.UU. es indispensable para lograr un acuerdo con el FMI, de modo que para quienes creen que el alineamiento a rajatabla es la única alternativa, hablar de la responsabilidad de Washington en el golpe genocida y decir que el país no tiene cómo pagar lo acordado por el Gobierno anterior resuena no solo como una herejía sino también como un error de cálculo de imprevisibles consecuencias. O en realidad, revela que la única propuesta aceptable para esos intereses es aceptar las reglas de juego ajenas. Pagar sin chistar.
Avances y retrocesos Ciertamente, como expresa la Cancillería, el Grupo de Lima no produjo ningún avance hacia una salida pacífica y democrática a la crisis venezolana. Solá explicó incluso que Argentina sigue en el llamado Grupo de Contacto que integran países europeos junto con México y del que hasta el triunfo de Lacalle Pou también formaba parte Uruguay. El dato a tener en cuenta es que si Trump era una amenaza de intervención armada, no fue el grupo de Lima el que le impidió actuar. Por otro lado, Joe Biden viene demostrando que en política exterior no difiere mucho de su antecesor. Basta solo atender a los cruces con Vladimir Putin y Xi Jinping, los recientes ataques en Siria, además de sus posturas con Venezuela y Cuba. El tema más delicado es el de Mercosur, que con la llegada de Gobiernos progresistas, en el albor del siglo XXI, se convirtió en una plataforma de integración política y fue clave en el rechazo al ALCA en 2005, en sociedad con el líder bolivariano, Hugo Chávez. Pero desde entonces florecieron las diferencias, tanto políticas como económicas. Con la crisis de 2008 aparecieron destellos proteccionistas que afectaron a los socios menores y los Gobiernos de Dilma Rousseff y Cristina Fernández se fueron encerrando en sus propias dificultades internas. El ingreso de Venezuela se demoró por el rechazo del Senado paraguayo, que al mismo tiempo fue muy veloz para destituir a Fernando Lugo en 2012. Suspendido temporalmente por el resto de los miembros del Mercosur, Paraguay recién pudo regresar cuando se celebraron elecciones democráticas, pero el golpe en el corazón de la organización había sido letal. En represalia, Venezuela fue suspendida en 2017. Ya Dilma Rousseff había sido expulsada del Gobierno en un golpe parlamentario similar al paraguayo. A esa altura, el Mercosur se debatía en propuestas de salidas neoliberales para «abrirse al mundo». Incluso en Uruguay con el Frente Amplio en el poder, las voces que hablaban de «corset» iban creciendo. Lacalle Pou sabe que no está solo cuando se expresa de ese modo. Para colmo, busca seducir a magnates argentinos para que crucen el charco y así pagar menos impuestos. La irritación de Alberto Fernández tiene sus razones. El desafío de Lacalle Pou también. En Brasil, mientras tanto, este cruce no es el mayor problema que enfrenta Jair Bolsonaro, repudiado por una gestión desastrosa en lo sanitario y peligrosa en lo social. Pese a todos los inconvenientes y las diferencias, la integración regional sigue siendo tanto una esperanza como una necesidad imperiosa para los países del sur, especialmente en el contexto de una pandemia feroz, en la que los poderosos acaparan vacunas y desoyen los llamados a una atención igualitaria de la grave crisis sanitaria.
Valores solidarios para la construcción democrática
En un comunicado titulado Las asignaturas pendientes de la democracia, emitido en ocasión de conmemorarse el 45° aniversario del golpe cívico-militar de 1976, el Instituto Movilizador del Fondos Cooperativos (IMFC) sostiene que «bajo el pretexto de imponer la “reorganización nacional”», aquella dictadura «dejó el saldo doloroso de 30.000 detenidos desaparecidos, la destrucción de gran parte del aparato productivo, un endeudamiento externo condicionante e insostenible para la economía de nuestro país y profundos cambios en la cultura de la sociedad, entre otras gravísimas consecuencias». El IMFC considera que ese golpe «fue parte de un proceso destituyente de los Gobiernos elegidos democráticamente, cuyo denominador común fue el terrorismo de Estado y sometió a los pueblos de Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y el argentino bajo la denominación común de Plan Cóndor» y que el objetivo final fue «profundizar el sometimiento a los grandes grupos económicos locales y transnacionales». Con ese propósito –prosigue– «los golpistas –insistimos, militares y civiles– secuestraron, asesinaron y desaparecieron para imponer el terror y aplicar un plan destinado a la concentración de la riqueza y la exclusión social». Finalmente, el IMFC puntualiza que «aún persisten muchas asignaturas pendientes para que la democracia no se limite a la elección de autoridades cada dos años. Hacen falta cambios profundos en todos los órdenes de la vida republicana, para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, incluyendo los económicos, sociales y culturales». Entre los temas a resolver, la entidad cooperativa enumera: democratizar la economía y las finanzas, fortalecer la salud pública, asegurar la pluralidad de voces en materia de comunicación social, la educación pública de excelencia en todos los niveles y la adecuada remuneración a los cuerpos docentes y privilegiar la solidaridad, la ayuda mutua y el esfuerzo propio. En el marco de la batalla cultural, concluye el documento, «estos son los valores que nos han guiado siempre y continuaremos ejerciendo para contribuir a la construcción de una Argentina con más democracia y justicia social».
El FMI metió la cuchara en las elecciones bolivianas con un aporte de fondos de campaña en favor del gobierno de facto que bien puede servir para condicionar a cualquiera que gane als elecciones del domingo que viene. Mientras tanto, se hay preguntas que se encadenan de un modo perturbador: ¿gana el MAS IPSP en primera vuelta como preanuncian las encuestas? En este caso ¿la derecha que tumbó a Evo Morales en noviembre pasado aceptará dejar el poder? Si se invierte el cuestionario el resultado es aún más inquietante. ¿Cómo se garantiza que esa derecha que se jactó de haber expulsado a la wiphala de la Casa de Gobierno no haga fraude?
Los últimos sondeos, realizados por Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) -que el año pasado fue uno de los pocos que acertaron con el resultado de las PASO y de las generales en Argentina- le da un 44,4% de intención de voto a la fórmula Luis Arce- David Choquehuanca y 34% a Carlos Mesa. Tercero se ubica Fernando Camacho, con 15,2%, el líder neofascista de Santa Cruz de la Sierra que llevó la Biblia como reivindicación del golpe del 10 N al Palacio Quemado. Gana el que obtenga más de 40% y 10 puntos de diferencia sobre el segundo. La diferencia es exigua pero ilustrativa: se parecen mucho a los guarismos que dio la presidencial del año pasado denunciada como fraudulenta por un ambiguo informe de la OEA y por los golpistas.
La gran batalla de los conservadores es por destronar al MAS IPSP. De allí que Camacho apunte los cañones contra el más cercano aspirante, que compite por la voluntad de los sectores medios urbanos. “Mesa apuesta por una coalición para zanjar crisis en Bolivia ¿Qué van a decir aquellos que exigían ‘voto útil’? ¿Voto útil para negociar y pactar con el MAS?”, dice, indignado.
Mesa, que fue presidente tras la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, le entregó el poder a Morales en 2005 y desde entonces alternó fallidas candidaturas contra el líder indígena con su colaboración en una comisión oficial por la reivindicación de la salida al mar en el Tribunal de La Haya. Ahora, pide el voto para que no vuelva lo que llama “dictadura” masista.
La titular de facto del Ejecutivo, Jenine Añez, a su vez, también se encarama en acusaciones de totalitarismo contra el gobierno de Morales y aprovechó el recordatorio del asesinato del Che Guevara para homenajear a los soldados que capturaron al guerrillero argentino el 8 de octubre de 1967. Ni qué decir que en este homenaje se sumaron Camacho, furioso antimarxista, y el ministro de Defensa, Luis Fernando López.
El otro líder neofascista boliviano, Branko Marinkovic, que se exilió luego del intento secesionista de 2008 y hace dos meses integra el gabinete de Añez, articuló estrategias con el FMI. Este viernes anunció como un triunfo el financiamiento por 330 millones de dólares anunciado en abril para el pago de salarios, ponerse al día con el servicio de salud y en la lucha contra los incendios en el Chaco boliviano y en la Amazonía. Nunca en la era Evo se había necesitado apoyo externo para esos menesteres.
El detalle es que como la Asamblea Legislativa-que ostenta la potestad constitucional para contraer deuda externa y tiene mayoría el masismo-no quiso aprobar el crédito, el FMI disfrazó el giro como “intercambio de divisas”. El mismo perro pero con un collar que no necesita aprobación parlamentaria.
Mientras tanto, el law fare está a pleno. Y el objetivo demuestra en nivel de preocupación del establishment. El procurador general, Alberto Morales, informó justo este jueves que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) «evidencia movimientos económicos anómalos e irregulares y sin justificación legítima en las cuentas del exministro Arce y su familia».
Arce, gestor del milagro económico boliviano entre 2006 y 2019, respondió en una carta pública rechazando la denuncia. «Recurren a la mentira, a la persecución política, a la violencia, a la criminalización y a la represión», dijo.
La gira de Alberto Fernández por Europa resultó exitosa en lo formal. Recibió el espaldarazo de tres líderes de peso en los organismos internacionales: la alemana Ángela Merkel, el francés Emmanuel Macron y el español Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con el papa Francisco y con la responsable del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva. Jorge Bergoglio insistió en un discurso que enarbola desde que fue ungido obispo de Roma: «Las personas empobrecidas en países muy endeudados soportan cargas impositivas abrumadoras y recortes en los servicios sociales, a medida que sus Gobiernos pagan deudas contraídas insensible e insosteniblemente. De hecho, la deuda pública puede constituirse en un factor que daña y perjudica el tejido social». En forma simultánea, Fernández obtuvo un mensaje, que sus voceros difundieron como favorable, del presidente Donald Trump. Fue cuando el designado embajador en Washington, Jorge Argüello, le presentó las cartas credenciales. «Dígale al presidente Fernández que puede contar con este presidente», dijo Trump. Los más desconfiados se preguntan cuál sería el precio para que ese apoyo se traduzca en una quita o una refinanciación de la deuda con el FMI, donde EE.UU. tiene la acción de oro, y con los privados, que tienen bonos bajo el paraguas de las leyes estadounidenses, que siempre jugaron en contra de los intereses argentinos. Fue bastante claro que Trump usó el poder determinante de Washington dentro del FMI para forzar la aprobación de créditos por casi el 66% de la cartera de la entidad para beneficiar a un gobierno como el de Mauricio Macri, que fue un sólido apoyo político para el embate contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos tiene el 16% de los votos del Fondo, pero cualquier decisión de la entidad necesita el 85% de votos-cuota. El argumento de Fernández fue, desde su campaña, que los créditos a Macri se aprobaron sin respetar el estatuto del FMI, que impide entregar dinero que podría ser utilizado para la fuga de divisas, y sin pasar por el Congreso Argentino, que debe aprobar el endeudamiento externo. El fracaso de la política económica del macrismo arrastró a Macri, pero está calando en el propio FMI. Con un dejo de astucia, Christine Lagarde se había ido de Nueva York a Fránkfurt, sede del banco Central Europeo, en septiembre pasado. Ahora fue el turno de su número 2, David Lipton, el otro gran responsable de haber aprobado el acuerdo por 57.000 millones de dólares. El problema de la deuda, principal factor que preocupa al Gobierno, es un campo minado. El resultado de la negociación que llevó a cabo la provincia de Buenos Aires fue un buen test de lo que le espera al ministro de Economía, Martín Guzmán. Axel Kicillof tensó la cuerda al máximo intentando posponer un pago de 250 millones de dólares, pero finalmente –al borde de un default y luego de haber colocado 9.300 millones de pesos en letras del Tesoro provincial para solventar parte de ese pago de 15.000 millones– cumplió con el compromiso.
Camino bloqueado El caso generó críticas y brulotes desde la oposición, que repentinamente olvidó que la brutal deuda externa y los acuerdos con el FMI se hicieron durante el anterior gobierno. Kicillof argumentó que había ido hasta el final con el aval de Nación y que se encontró con una estrategia de asedio de un fondo de inversión, Fidelity, que logró bloquear un acuerdo para el que la provincia tenía un 50% de aceptación entre los acreedores, pero necesitaba del 75%. Para Kicillof, la actitud de Fidelity, un fondo al que se negó a calificar de buitre o agresivo, podría inscribirse en una movida que apunta a la negociación que Economía lleva adelante con el FMI y los bonistas de la Nación. Alberto Fernández no tuvo casi tiempo para celebrar su segundo mes al frente del Poder Ejecutivo cuando a poco de bajar del avión que lo traía de vuelta de su gira por Europa debió salir a enfrentar un clima de debate interno dentro del Frente de Todos que la oposición buscaba desde el día en que Cristina Fernández anunció la fórmula para enfrentar al macrismo. El jaleo en los días previos al 10 de febrero tuvo que ver con los dirigentes y exfuncionarios presos durante la gestión de Mauricio Macri. Para el presidente, hay presos detenidos arbitrariamente, pero esta definición causa escozor entre quienes buscan la libertad y una reivindicación, entre otros, de la dirigente jujeña Milagro Sala, del exvicepresidente Amado Boudou y del exministro de Obras Públicas Julio de Vido. Hasta la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, fustigó esa definición: «Me duele que quieran minimizar la situación de los detenidos por razones políticas. Es algo triste», dijo. Los que recibieron los ataques más furiosos fueron el canciller, Felipe Solá, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por plantear esa misma postura. Pero los palos, obviamente, no eran para ellos, y así lo entendió Fernández. «Me molesta que digan que tengo presos políticos», se quejó el mandatario en una entrevista radial. «Hay que decirles a los compañeros que no seamos tontos, que no caigamos en este debate porque quieren hacernos pelear y dividirnos. Todos saben lo que hizo la Justicia. El primero que lo sabe es Alberto Fernández». La que le dio más sustancia quizás al contenido de este debate fue la abogada Graciana Peñafort, defensora de Boudou como lo fue de Héctor Timerman, y actual directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación. Luego de señalar en un hilo de tuits que para ella se trata en todos los casos de presos políticos, argumenta que Fernández es «el único que no puede intervenir en este tema», porque si sostiene esa postura, quizás debería amnistiarlos, que es algo que ninguno de los detenidos quiere. «Quieren un juicio justo donde puedan demostrar que son inocentes», aseguró.
Revista Acción, segunda quincena de Febrero de 2020
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