por Alberto López Girondo | Ene 15, 2016 | Sin categoría
El gobierno de Mauricio Macri tuvo sus primeros tropiezos. Uno de ellos fue la frustrada designación por Decreto de Necesidad y Urgencia de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia en comisión. Le salieron al cruce desde casi todos los sectores políticos. El otro, menos institucional, golpeó de lleno en la Casa Rosada luego de saltar la avenida General Paz. La fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez puso sobre el tapete uno de los aspectos más oscuros de la política nacional, que figuró a la vez entre los principales temas de la campaña de Cambiemos tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires.
La sospechosa evasión de los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci, presos en la cárcel de máxima seguridad de la localidad bonaerense de General Alvear, provocó un vendaval político. La muy «oportuna» denuncia de Martín Lanatta sobre la presunta vinculación de Aníbal Fernández con el tráfico de efedrina y el bárbaro homicidio de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina ante el periodista Jorge Lanata una semana antes de las primarias abiertas, si bien no le causó la derrota en la interna, selló sin dudas el destino del candidato del FPV a la gobernación. Fernández se despachó entonces contra el «fuego amigo» que habría facilitado la entrada de las cámaras de canal 13 al penal para «embarrarlo» en una causa que data de 2008 y en la que, repitió en todos los medios, jamás había sido imputado.
¿Es posible escapar de una prisión como esa sin fuerte apoyo externo? Indudablemente que no. El hecho recuerda a la fuga del capo del narcotráfico mexicano Joaquín Chapo Guzmán de otro penal presuntamente muy seguro en Almoloya, estado de México. El dinero y las conexiones, tanto en un caso y en otro, se sabe, aceitan cualquier mecanismo por obturado que parezca.
De pronto, la gobernadora María Eugenia Vidal tuvo que darse un baño de realidad: era la hora de ejercer el gobierno y de enfrentar descarnadamente ese drama que en las elecciones se reveló como tema estratégico de campaña y que también lo es para gran parte de la población: el narcotráfico.
Desde La Plata, el ministro de Seguridad Cristian Ritondo y la gobernadora cometieron algunos errores que quedaron a la vista con la fuga. En primer lugar, demoraron en definir las autoridades policiales y las del servicio penitenciario. En segundo lugar, intentaron negociar con las cúpulas existentes y quedaron entrampados en un sistema que excede al control del poder político.
El caso puede arrastrar a todos los que estuvieron de alguna manera cerca de estos 3 personajes que parecían olvidados hasta que una interna partidaria y el fragor de una campaña les devolvieron protagonismo. Sobre todo porque el triunfo de Cambiemos en la provincia le debe mucho a aquel escándalo, en el que no fueron ajenos el periodista Lanata, notorio antiK, y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que cedió su propio departamento para una entrevista con uno de los implicados en la causa, José Luis Salerno.
La resolución del destino de los Lanatta y Schillaci influirá en el futuro de Cambiemos en la provincia. El hecho los obliga a meter el cuchillo hasta el hueso en el asunto donde todos preveían que podrían fracasar, es decir, dominar a la fuerza policial del distrito más grande y poderoso del país. Algo que la gestión de 8 años de Daniel Scioli tampoco había resuelto. Es más, como se recuerda, el excandidato presidencial del FPV le dio un giro de 180 grados a la política que había implementado el exministro de Seguridad León Arslanian, en el sentido de crear una policía verdaderamente democrática, y le devolvió el control de las calles y la «administración del delito» a los uniformados. Si la denominada «maldita policía» enterró alguna vez la carrera política de Eduardo Duhalde, ahora Cambiemos tiene la oportunidad de domar ese potro. El caso es si sus compromisos le permitirán ir en el sentido democrático que es imprescindible para la sociedad.
A sola firma
Otro tema espinoso en estas semanas fue la andanada de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) de Mauricio Macri, que lo pone en contradicción con el perfil republicanista que había esgrimido en tiempos de campaña. Así lo marcaron algunos de sus aliados políticos y aparecieron –además– los primeros chisporroteos con algunos sectores, por ahora mínimos, del Poder Judicial, que criticaron la decisión de gobernar sin consultar al Poder Legislativo. La urgencia de los DNU se entiende desde quienes apoyan al gobierno, en la necesidad de aprovechar los primeros 100 días de gracia que toda sociedad otorga al nuevo inquilino de la Casa Rosada. 100 días que coincidirán con el plazo en que constitucionalmente el Congreso permanecerá en receso. Se sabe que a partir de marzo el macrismo necesitará esgrimir mucha muñeca para consensuar las medidas que el ejecutivo pretenda.
Para algunos temas trascendentes, lo que hay por delante son interrogantes: ¿qué pasará con la andanada de DNU veraniegos cuando reabra el Congreso? ¿Cómo se resolverá el espinoso asunto de los miembros de la Corte que Macri designó en comisión? ¿Qué ocurrirá con la emergencia en seguridad decretada por el ministerio a cargo de Patricia Bullrich luego de la inexplicable fuga de los 3 presos? Y finalmente, ¿cómo reaccionará el movimiento obrero en el inicio de las negociaciones paritarias, tras la devaluación y el brutal aumento de precios consecutivo?
En este aspecto, el gobierno ya mostró frente al reclamo de trabajadores de Cresta Roja cuál puede ser su respuesta ante la protesta. Primero, reprimió con dureza y, luego, recurrió a la negociación. Las señales fueron claras y en ese orden. Desde otro ángulo, las declaraciones del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, no dejan lugar a dudas. El funcionario consideró que en las paritarias «cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo».
El paquete económico parece así cerrado y no en beneficio de los trabajadores. Los voceros de las empresas de producción de alimentos, como es el caso de Daniel Funes de Rioja, ya anunciaron que retrotraer los precios de los productos de la canasta básica a noviembre pasado será imposible. Y allí precisamente se verá reflejado el hachazo a los sueldos, porque la suma de devaluación y eliminación de retenciones recae sobre los productos de la tierra.
Por otro lado, todavía está por verse cuál es el techo para el valor del dólar, ya que las presiones cambiarias están lejos de atenuarse. Por lo pronto, los gremios, tanto los alineados tibiamente con el gobierno –como el que lidera el camionero Hugo Moyano– como los abiertamente opositores –como la CTA de Hugo Yasky o la CGT del metalúrgico Antonio Caló– adelantaron que no aceptarán lo que consideran una amenaza de Prat Gay.
En cuanto a los polémicos DNU, hasta la propia gestora de la alianza Cambiemos, Elisa Carrió, llegó a cuestionar la designación de jueces de la corte sin pasar por el congreso y Macri tuvo que dar marcha atrás. Ahora todo se encamina a una negociación en la cámara alta, donde el kirchnerismo tiene mayoría.
El Senado es un ámbito donde las formas y los modos protocolares importan mucho y el despido de más de 2.000 empleados decidido por la vicepresidenta Gabriela Michetti generó fisuras en el peronismo, porque se acusó al titular de la bancada del FPV, Miguel Ángel Pichetto, de no haber presentado los suficientes reparos a este recorte de plantilla. Justamente el tema de los despidos en la función pública es otro punto de rispidez. Porque el oficialismo imputa a los miles que dejó en la calle de ser «ñoquis». O de tener un puesto por su militancia partidaria. Desde el kirchnerismo respondieron que echar a alguien por su pensamiento es persecución política.
La cuestión constitucional estuvo en el tapete también por los DNU utlizados para modificar las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones (ver Vía libre…), así como el que dispone la desregulación del mercado de hidrocarburos. En poco tiempo, y como le recomiendan ideólogos del conservadurismo vernáculo, como el columnista de La Nación, Joaquín Morales Solá, Macri quiere poner fin al esquema estatal montado por el kirchnerismo al cabo de 12 años de trabajosa tarea parlamentaria.
El columnista había dicho en diciembre pasado que el presidente no tiene margen para el error, porque «un eventual fracaso significaría el regreso del populismo por un tiempo previsiblemente largo». Ahora explica los DNU porque «la primera prioridad que Macri se impuso es el desmantelamiento del Estado populista». Y abunda: «¿Reúnen los DNU de Macri las condiciones de excepcionalidad y urgencia que impone la Constitución? (…) A esa pregunta el macrismo la responde exhibiendo aquella prioridad: hay que desmantelar el Estado populista. Y es ahora o nunca, aseguran».
Así se entiende la urgencia. Hay poco tiempo para desmantelar el Estado creado por el kirchnerismo porque no tienen las mayorías parlamentarias que sí tenía el anterior gobierno. Y medidas como esas no se pueden discutir tan abiertamente. El riesgo sería abrir la brecha que Cambiemos prometió cerrar. ¿La sociedad aceptará el precio?
Revista Acción
Enero 1 de 2016
por Alberto López Girondo | Ene 8, 2016 | Sin categoría
Era esperable que la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, ahora con mayoría absoluta de la oposición, diera una fuerte señal en su primera sesión de que se instalaba para cambiar el panorama político venezolano. Lo que no se imaginaba ni el peor de los malpensados es que el flamante presidente de la ANV, Henry Ramos Allup, entraría como elefante en un bazar a castigar a los símbolos más preciados de la Quinta República, fundada por Hugo Chávez con la reforma constitucional que puso en marcha tras asumir su primer mandato, en 1999. Porque la escena, difundida a través de las redes sociales, de Ramos Allup ordenando retirar la gigantografía del desaparecido líder popular y del propio Simón Bolívar del recinto resultó francamente irritativa para muchos seguidores del ex presidente y de lo que representó para la sociedad de su país.
El hombre, que a los 72 años se convirtió en el protagonista del momento, tiene una larga experiencia política y militó desde joven en las filas de Acción Democrática, uno de los dos partidos que se repartían el poder con el COPEI tras la firma del Pacto del Punto Fijo, a la caída del régimen de Marcos Pérez Jiménez, en 1958. La AD se presentaba en su origen como una agrupación de centro izquierda social demócrata, aunque con el tiempo se fue corriendo cada vez más al centro y a las leyes del neoliberalismo.
De hecho, a la AD perteneció Carlos Andrés Pérez, el mandatario que a pesar de integrar la Internacional Socialista llevó al país hacia el neoliberalismo y en 1989 reprimió una masiva protesta social al costo de más de 300 muertos y unos 2000 desaparecidos en lo que se conoció como el Caracazo. Contra este sistema de represión pero también de opresión social y económica se movilizó el joven militar Hugo Chávez, que en 1992 intentaría, infructuosamente, derrocar al propio Pérez con un grupo de oficiales y suboficiales leales a su orientación política. El resto es historia conocida.
Ramos Allup tuvo algunos puntos en común en aquellos años con la posición de Chávez, ya que entonces se oponía a los ajustes económicos que planteaba Pérez. Pero así y todo, para la revolución bolivariana, no dejó de ser nunca -ni se lo propuso- sino un fiel representante de la llamada IV República, con todos los males que Chávez buscó eliminar en su refundación nacional de 1999.
Desde entonces, el actual jefe de la ANV y el chavismo se enfrentaron cada vez con mayor ímpetu. Ramos Allup integra la Mesa de Unidad Democrática (MUD), la alianza en la que se junta toda la oposición chavista, un conglomerado de 14 partidos de diversa extracción con el único objetivo de enfrentar y si puede destruir al movimiento popular bolivariano.
Según cables de Wikileaks, en la embajada de Estados Unidos lo habían llegado a catalogar así: «En vez de cortejar a los votantes venezolanos, la principal estrategia de Ramos ha sido intentar conseguir ayuda de la comunidad internacional» mediante numerosos pedidos de financiamiento del partido AD a distintos organismos de Estados Unidos.
El hombre, según dicen quienes le conocen las mañas, no deja resquicios para competidores internos y se mantiene en la secretaría de su partido desde 2001. En 2002 no tuvo un rol protagónico en el golpe, pero tampoco salió en defensa de la democracia chavista. Y en 2005 forzó a que los partidos de la oposición se negaran a ir a comicios porque consideraba que era la forma de dejar solo al gobierno. Fue una gruesa equivocación de la que luego se arrepentiría: «Nos equivocamos por seguir la corriente de opinión abstencionista. Hemos debido, como actores políticos, advertir del error. Fue un error y punto.»
En 2014, tras las guarimbas que causaron más de 40 muertes y por las que Leopoldo López permanece detenido, Ramos Allup lideró nuevamente a la oposición y fue la voz cantante en los diálogos que el gobierno de Maduro desarrolló en el Palacio de Miraflores a instancias de la Iglesia. Fue entonces que dijo haber estado «15 años esperando este momento».
La oposición venezolana, que ahora comanda el poder legislativo de un modo decisivo, ya adelantó que buscará en el término de seis meses expulsar a Nicolás Maduro del poder. Eso sí, aclaran, apelando a los recursos legales que tiene la constitución bolivariana. Ramos Allup asegura no estar preocupado por ser él quien termine ocupando el puesto de Maduro, porque se sabe, el candidato fue en las últimas intentonas democráticas, Henrique Capriles. Pero tampoco descarta ser un buen catalizador de las fuerzas más moderadas de Capriles con las más excesivas que representa el detenido López, quien quiere echar al chavismo de cualquier modo y lo antes posible.
El presidente, que tiene mandato hasta 2019, podría tener que enfrentar una consulta popular a mitad de mandato, tal como prevé la constitución. «Ellos quieren sacarme de la Presidencia, es una meta que se han trazado. En el caso de un referéndum revocatorio, que el pueblo decida. Yo en mi corazón tengo fe en el pueblo. Pero si vienen por otras vías, también será el pueblo el que decida», le dijo a la televisión oficial. El mandatario también se preguntó: «¿Quién puede gobernar este país en paz, a este pueblo rebelde, insurrecto? ¿Quién puede? ¿Ellos o nosotros?»
Para algunos la frase sonó a amenaza, para analistas con algo más de neutralidad, si bien puede haber algo de desafío en las palabras de Maduro, también hay mucho de verdad. En estos 17 años las conquistas de los venezolanos fueron muchas a nivel material pero fueron muchas más en lo simbólico. Y la muestra de su rebeldía podría incluso estar marcada por el hecho de que expresaron su descontento con la falta de respuestas ante la crisis económica votando mayoritariamente a un conjunto de partidos que más temprano que tarde mostrarán sus diferencias públicamente. De hecho, Ramos Allup fue elegido presidente de la ANV por 62 votos y su principal competidor fue Julio Borges, del partido Primero Justicia, con 49, siendo la suma de los diputados de la MUD en ese momento de 109.
El hombre fuerte de la Asamblea tiene dotes de orador a la vieja usanza de la AD y un perfil decidido y autocrático que parece encaminado a exagerar para agrupar a la oposición legislativa en torno de su liderazgo. Además de proponer un plan de acción para derrocar a Maduro, dijo que van a aprobar una ley de Amnistía para liberar a los presos por las violentas manifestaciones de 2014.
Habrá que ver cómo cae ese gesto despectivo con el que hizo retirar la imagen de Chávez del edificio del congreso. Se lo ve moviendo las manos como quien espanta moscas indicando al personal de maestranza que se lleven la gigantografía a Miraflores o a cualquier otro sitio pero lejos de la Asamblea. Lo mismo exigió con la imagen que el chavismo recuperó de Bolívar luego de estudios sobre su cadáver. Para el líder opositor, la que corresponde sería la tradicional del Libertador que se conoce de los libros de texto.
Habrá que ver qué dicen los chavistas que le dieron la espalda al oficialismo pero que difícilmente castigarían con esa inquina a su líder fallecido. Habría que ver incluso como responden sectores medios que sin ser chavistas apoyaron su gestión y acompañaron sus restos en las monumentales exequias de marzo de 2013.
Habrá que ver, finalmente, si los tiempos dan para esta revancha de Ramos Allup o es otro error de apreciación de un acérrimo enemigo enceguecido por el odio al líder popular. De un «escuálido» -como Chávez llamaba a lo que en Argentina se conoce como «gorilas»- cegado por la ola de restauración conservadora que se extiende en la región desde la última mitad del año pasado.
Tiempo Argentino
Enero 8 de 2016
Ilustró Sócrates
por Alberto López Girondo | Ene 6, 2016 | Sin categoría
No es algo científico pero uno podría hacer una lectura de cómo le fue a diferentes gobiernos en relación a cómo empezaron. Y a grandes rasgos sale esto:
Solo en lo que va del siglo, Fernando de la Rúa comenzó con una represión de una manifestación en el puente de Corrientes que terminó con dos muertos. Se fue en helicóptero luego de haber reprimido manifestaciones con un costo de 40 muertos. Aníbal Ibarra asumió en la ciudad de Buenos Aires y a los pocos días una inundación acabó con la vida a cuatro abuelas que estaban alojadas en un subsuelo de un geriátrico de la calle Superí en Belgrano. Su carrera terminó con el caso Cromañón: 194 muertos.
Néstor Kirchner reformó la Corte y la llenó de gente digna luego de una década de un tribunal deleznable, salvo un par de excepciones A Cristina la oposición no le dejó completar ese tribunal, reducido luego de renuncias por edad y defunciones varias. Y se fue tras una medida no menos escandalosa que redujo su mandato, dejando a su pesar una minoría automática de tres personas en el más alto estamento del Poder Judicial.
Yendo para atrás en la historia, uno recuerda que los militares entraron asesinando a 30 mil ciudadanos y se fueron envueltos en el oprobio luego de intentar la recuperación de las Malvinas en una guerra insensata que costó la vida de casi un millar de chicos.
Raúl Alfonsín entró con los juicos de lesa humanidad contras las juntas de gobierno y tratando de no pagar la deuda oprobiosa que dejaron los militares. Se fue con hiperinflación y aceptando una ley de punto final y obediencia debida.
Carlos Menem empezó prometiendo revolución productiva y combatir la híper y se fue en medio del desprestigio y denuncias de corrupción, con inflación cero e índices de desocupación de dos dígitos -algo que no sucedió en la Argentina ni en tiempos de la dictadura- luego de malvender el patrimonio nacional. Pero aún así lo volvieron a votar en el 2003, con escasísimo margen, pero lo votaron casi un cuarto de los argentinos.
Todo esto para plantear un jueguito: Mauricio Macri asumió violentando la Constitución, anulando leyes por decreto y acelerando el tránsito al neoliberalismo, uno diría que contra la voluntad de más de la mitad de la población (porque a su proyecto lo votó el 34,15% en la primera vuelta, ¿sería muy forzado hacer la cuenta así?). Todo con el objetivo de destruir el estado populista, como expresan públicamente sus ideólogos (imprescindible leer a Joaquín Morales Solá). ¿Cómo imaginan que terminará?
Escucho propuestas.
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