Un hombre murió este domingo en Azuay, una provincia al sur de ecuador, en el marco de las manifestaciones que se producen en todo el país contra el paquetazo de ajustes lanzado por el gobierno de Lenin Moreno como parte de sus acuerdos con el FMI. Las protestas ya produjeron al menos 14 heridos y 477 detenidos luego de que Moreno, que llegó a la presidencia como representante del partido de Rafael Correa pero luego dio un giro de 180 grados en todos los órdenes contra el proyecto progresista, dictó el viernes el estado de excepción, una suspensión de derechos y garantías constituciones que en estas tierras se conoce como estado de sitio. Como contrapartida, las comunidades originarias nucleadas en la mayoritaria Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) también declararon un «estado de excepción en todos los territorios indígenas», lo que implica que «militares y policías que se acerquen a territorios indígenas serán retenidos y sometidos a la justicia indígena (reconocida por la Constitución)».
La primera consecuencia de esta réplica fue la detención este sábado de 50 uniformados en la comunidad Nizag, provincia de Chimborazo (centro-sur). La primera reacción del gobierno fue desconocer esa información, pero luego la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró se mantienen negociaciones para su liberación.
En cuanto a la víctima fatal, la funcionaria declaró que no hubo «ni una sola persona muerta como resultado de los enfrentamientos”. El subterfugio que utilizó fue decir que “hubo una persona que perdió su vida en el arrollamiento en la zona de Molleturo, pero no fue resultado de un enfrentamiento con la fuerza pública». Si no hubiera habido protestas ni represión policial esa persona seguiría con vida. Se trataría de un hombre de unos 35 años atropellado por un vehíoculo que intentaba evadir el bloqueo de la ruta.
La comunidad de Nizag había retenido a tres policías, 38 soldados y nueve oficiales del ejército, entre ellos el comandante de la Zona 6 de la Policía, Fernando Torres. La gobernadora de la provincia de Chimborazo, Luisa Loza, y la directora de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, intentaban llegar a acuerdos con los líderes comunitarios para lograr la liberación. “Esto no está bien, no es aceptable y no es cierto que esto sea una manera legítima de manifestarse, están cometiendo una grave falta», se quejó la ministra. El 1 de octubre el presidente Moreno anunció la eliminación del subsidio de 1.300 millones de dólares a los precios del gas oil y la nafta y una serie de recortes presupuestarios que llegan hasta una baja del 20 por ciento en los salarios de los estatales, lo que despertó la ira popular.
A medida que avanzaron los días y al clima de protesta no cesa, el mandatario convocó a las fuerzas armadas, que desplegaron sus tanques por las principales ciudades y dictó el estado de sitio, aunque al mismo tiempo convocó al diálogo con las poblaciones indígenas, que incluso en otros tiempos se llegaron a plantar ante Rafael Correa por sus proyectos de explotación petrolera y minera.»Estoy decidido a dialogar con ustedes hermanos indígenas, con quienes compartimos muchas causas. ¡Dialoguemos! sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados», dijo Moreno este domingo en cadena nacional.
El viernes el mandatario fue a Guayaquil en lo que muchos interpretaron una huida ante la posibilidad de que las manifestaciones lleguen hasta la sede del gobierno, en Quito. Esos mismos críticos ahora se preguntaban si Moreno había regresado a la capital ya que su imagen en cadena no permitía saber desde dónde se había filmado el mensaje.
Poblaciones indígenas de al menos seis provincias, especialmente de la Sierra, bloquearon carreteras para manifestar su rechazo a los ajustes de Moreno dictados por el FMI, que febrero pasado otorgó un préstamo de 4200 millones de dólares, lo que junto con otros fondos del Banco Mundial y el BID suman 10200 millones de dólares condicionados a una serie de ajustes brutales para los habitantes de esa nación.Las comunidades originarias se dirigían en forma masiva hacia Quito para una huelga general decretada por sindicatos y agrupaciones sociales. El líder de la Conaie, Jaime Vargas, descartó toda posibilidad de diálogo con el gobierno. “Aquí no estamos para negociar a espaldas del pueblo. El pueblo se ha levantado y eso es lo que se va respetar”, afirmó.Las comunidades originarias se dirigían en forma masiva hacia Quito para una huelga general decretada por sindicatos y agrupaciones sociales. El líder de la Conaie, Jaime Vargas, descartó toda posibilidad de diálogo con el gobierno. “Aquí no estamos para negociar a espaldas del pueblo. El pueblo se ha levantado y eso es lo que se va respetar”, afirmó.
La gira de Alberto Fernández por Europa resultó exitosa en lo formal. Recibió el espaldarazo de tres líderes de peso en los organismos internacionales: la alemana Ángela Merkel, el francés Emmanuel Macron y el español Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con el papa Francisco y con la responsable del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva. Jorge Bergoglio insistió en un discurso que enarbola desde que fue ungido obispo de Roma: «Las personas empobrecidas en países muy endeudados soportan cargas impositivas abrumadoras y recortes en los servicios sociales, a medida que sus Gobiernos pagan deudas contraídas insensible e insosteniblemente. De hecho, la deuda pública puede constituirse en un factor que daña y perjudica el tejido social». En forma simultánea, Fernández obtuvo un mensaje, que sus voceros difundieron como favorable, del presidente Donald Trump. Fue cuando el designado embajador en Washington, Jorge Argüello, le presentó las cartas credenciales. «Dígale al presidente Fernández que puede contar con este presidente», dijo Trump. Los más desconfiados se preguntan cuál sería el precio para que ese apoyo se traduzca en una quita o una refinanciación de la deuda con el FMI, donde EE.UU. tiene la acción de oro, y con los privados, que tienen bonos bajo el paraguas de las leyes estadounidenses, que siempre jugaron en contra de los intereses argentinos. Fue bastante claro que Trump usó el poder determinante de Washington dentro del FMI para forzar la aprobación de créditos por casi el 66% de la cartera de la entidad para beneficiar a un gobierno como el de Mauricio Macri, que fue un sólido apoyo político para el embate contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos tiene el 16% de los votos del Fondo, pero cualquier decisión de la entidad necesita el 85% de votos-cuota. El argumento de Fernández fue, desde su campaña, que los créditos a Macri se aprobaron sin respetar el estatuto del FMI, que impide entregar dinero que podría ser utilizado para la fuga de divisas, y sin pasar por el Congreso Argentino, que debe aprobar el endeudamiento externo. El fracaso de la política económica del macrismo arrastró a Macri, pero está calando en el propio FMI. Con un dejo de astucia, Christine Lagarde se había ido de Nueva York a Fránkfurt, sede del banco Central Europeo, en septiembre pasado. Ahora fue el turno de su número 2, David Lipton, el otro gran responsable de haber aprobado el acuerdo por 57.000 millones de dólares. El problema de la deuda, principal factor que preocupa al Gobierno, es un campo minado. El resultado de la negociación que llevó a cabo la provincia de Buenos Aires fue un buen test de lo que le espera al ministro de Economía, Martín Guzmán. Axel Kicillof tensó la cuerda al máximo intentando posponer un pago de 250 millones de dólares, pero finalmente –al borde de un default y luego de haber colocado 9.300 millones de pesos en letras del Tesoro provincial para solventar parte de ese pago de 15.000 millones– cumplió con el compromiso.
Camino bloqueado El caso generó críticas y brulotes desde la oposición, que repentinamente olvidó que la brutal deuda externa y los acuerdos con el FMI se hicieron durante el anterior gobierno. Kicillof argumentó que había ido hasta el final con el aval de Nación y que se encontró con una estrategia de asedio de un fondo de inversión, Fidelity, que logró bloquear un acuerdo para el que la provincia tenía un 50% de aceptación entre los acreedores, pero necesitaba del 75%. Para Kicillof, la actitud de Fidelity, un fondo al que se negó a calificar de buitre o agresivo, podría inscribirse en una movida que apunta a la negociación que Economía lleva adelante con el FMI y los bonistas de la Nación. Alberto Fernández no tuvo casi tiempo para celebrar su segundo mes al frente del Poder Ejecutivo cuando a poco de bajar del avión que lo traía de vuelta de su gira por Europa debió salir a enfrentar un clima de debate interno dentro del Frente de Todos que la oposición buscaba desde el día en que Cristina Fernández anunció la fórmula para enfrentar al macrismo. El jaleo en los días previos al 10 de febrero tuvo que ver con los dirigentes y exfuncionarios presos durante la gestión de Mauricio Macri. Para el presidente, hay presos detenidos arbitrariamente, pero esta definición causa escozor entre quienes buscan la libertad y una reivindicación, entre otros, de la dirigente jujeña Milagro Sala, del exvicepresidente Amado Boudou y del exministro de Obras Públicas Julio de Vido. Hasta la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, fustigó esa definición: «Me duele que quieran minimizar la situación de los detenidos por razones políticas. Es algo triste», dijo. Los que recibieron los ataques más furiosos fueron el canciller, Felipe Solá, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por plantear esa misma postura. Pero los palos, obviamente, no eran para ellos, y así lo entendió Fernández. «Me molesta que digan que tengo presos políticos», se quejó el mandatario en una entrevista radial. «Hay que decirles a los compañeros que no seamos tontos, que no caigamos en este debate porque quieren hacernos pelear y dividirnos. Todos saben lo que hizo la Justicia. El primero que lo sabe es Alberto Fernández». La que le dio más sustancia quizás al contenido de este debate fue la abogada Graciana Peñafort, defensora de Boudou como lo fue de Héctor Timerman, y actual directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación. Luego de señalar en un hilo de tuits que para ella se trata en todos los casos de presos políticos, argumenta que Fernández es «el único que no puede intervenir en este tema», porque si sostiene esa postura, quizás debería amnistiarlos, que es algo que ninguno de los detenidos quiere. «Quieren un juicio justo donde puedan demostrar que son inocentes», aseguró.
Revista Acción, segunda quincena de Febrero de 2019
Los últimos directores del Fondo Monetario Internacional (FMI) no pueden ser presentados como un modelo de transparencia e integridad. La actual, Christine Lagarde, fue declarada culpable en diciembre de 2016 de negligencia en el marco de una causa por desvío de dinero público en el sospechoso pago de una indemnización a un empresario cuando era ministra de Economía de Francia. El anterior, Dominique Strauss Khan, cayó por un escándalo sexual y había sido condenado por proxenetismo en junio de ese mismo año. Ahora se confirmó en el tribunal de última instancia judicial la condena a cuatro años y medio de prisión contra Rodrigo Rato por apropiación indebida de bienes.
Rato fue director del FMI entre junio del 2004 y octubre del 2007. Fue el hombre que negoció con el gobierno de Néstor Kirchner la salida del default de 2001. La última vez que pisó Buenos Aires fue a hurtadillas, para evitar el rechazo popular, y por apenas 10 horas. Quería que Kirchner y el ministro Roberto Lavagna aceptaran una propuesta para un arreglo con los bonistas según sus términos. No tuvo suerte y en enero de 2006 el gobierno canceló toda la deuda con el FMI para iniciar un período de políticas económicas sin interferencias del organismo internacional.
Los caminos de Rato prosiguieron vinculados al Partido Popular, del que ya había sido vicepresidente de Gobierno y Ministro de Economía en tiempos de José María Aznar en el Palacio de La Moncloa. Dirigió en 2010, a pedido de Mariano Rajoy, el grupo financiero Bankia, que había caído en bancarrota durante la crisis del 2008. Una crisis, como indican sus críticos, se fue gestando mientras él era director del FMI y no fue capaz de ver.
Tampoco tuvo suerte en esta nueva actividad pública, o más bien, le ganó la tentación. Y terminó procesado por varios delitos económicos . El más escandaloso fue la utilización de tarjetas de crédito sin límite para uso personal, las llamadas «tarjetas black». El menos visible para el vulgo ocurrió durante su gestión en Bankia, que según los informes que presentó en 2011 tenía 309 millones de euros de beneficios, pero al retirarse, resultaron en 3000 millones de quebrantos. La revista económica Bloomberg lo puso en la lista de los peores CEOs del mundo en 2012. Ni siquiera entonces sobresalió, estaba en el quinto puesto.
En abril de 2015, Rato fue detenido por los delitos de fraude, ocultamiento de bienes y blanqueo de capitales. Salió a las pocas horas en libertad mientras se sustanciaba el proceso judicial. En 2017 fue sentenciado en la Audiencia Nacional de España a cuatro años y medio de prisión por el caso de las tarjetas black. Este miércoles, el Tribunal Supremo ratificó la condena y Rato tendrá diez días para presentarse espontáneamente para cumplir la sentencia, caso contrario la corte fijará la fecha para capturarlo.
Rato había sido el último director General del FMI en pisar suelo argentino hasta Christine Lagarde. La actual mandamás del organismo de crédito también fue ministro de Economía, en su caso en la Francia del conservador Nicolas Sarkozy, entre 2007 y 2011. Era el fatídico año de 2008 cuando en plena crisis internacional, designó un tribunal arbitral para laudar en un intrincado caso que le venía de rebote.
En 1993 Bernard Tapie era socio mayoritario de Adidas cuando el presidente socialista François Mitterrand lo convocó para formar parte del Gabinete como ministro de Ciudades. Su paso fue efímero y no trascendió sino porque para adherir tuvo que desprenderse de sus acciones en la empresa fabricante de ropa deportiva. El banco Crédit Lyonnais le compró su participación en 315,5 millones de euros, pero al año las vendió por 701 millones. A Tapie le saltó la térmica y denunció que había sido estafado.
No es que el hombre fuera un improvisado. En 1993, siendo propietario del Olimpique de Marsella, protagonizó otro escándalo cuando arregló un partido contra el Valenciennes en un encuentro previo a la final de la Champions Ligue que implicó una fuerte sanción: la pérdida del título de campeón francés, el inmediato descenso a la categoría B y la prohibición de jugar en competencias internacionales por un año.
Con el tema Adidas le fue mejor: el tribunal que nombró Lagarde le otorgó una indemnización de 404 millones de euros a pagar por el Estado. De allí la investigación contra la ministra por «negligencia», ya que no defendió como debía los intereses del ciudadano francés. En 2015 la justicia civil anuló la sentencia arbitral por considerarla fraudulenta y ordenó que Tapie devolviera el dinero.
«El riesgo de fraude se me escapó totalmente», se justificó la mujer que ahora comanda literalmente la Economía argentina y negoció los últimos créditos pedidos por el gobierno de Mauricio Macri. La condena de hace dos años -le hicieron precio, podría decirse- se conoció cuando hacía cinco años que era directora gerente del FMI. Una de las argumentaciones del tribunal para eximirla de pena -el epíteto de negligencia no representa sanción- fue precisamente la «reputación internacional» de Lagarde en ese momento y a que en cuando ocurrieron los hechos había una crisis financiera internacional.
Lagarde había sido elegida para su cargo en el FMI en noviembre de 2011, luego de un interregno de casi dos meses desde la renuncia obligada de su connacional Dominique Strauss-Kahn. En los organismos de crédito internacional es tradición que los directores sean nombrados por consenso entre Estados Unidos y la Unión Europea, que son los socios más fuertes y con derecho de veto, como quien dice. Y normalmente un estadounidense comanda el Banco Mundial y un europeo –preferentemente han sido franceses- el FMI.
También ministro de Economía, durante el gobierno de Mitterrand, este docente de la Universidad de Nancy y militante del Partido Socialista Francés fue en 2007 la opción que en el Fondo consideraron más adecuada para cambiarle la cara a una institución que venía desprestigiada luego del derrumbe de los tigres asiáticos de fines del siglo XX, la caída de Argentina en 2001 y la tremenda crisis del 2008 tras la quiebra del Lehman Brothers. Estallidos que le estallaron a Rodrigo Rato.
El francés, que aspiraba a la presidencia de su país, era alguien que desde la socialdemocracia prometía remover viejas estructuras del FMI anquilosadas en soluciones ortodoxas a problemas económicos que habían llevado regularmente al fracaso. De triunfar, esas mismas soluciones hubiesen servido para aplicar en la Europa. Y ya había tomado partido por el uso de Derechos Especiales de Giro (DEG) como moneda de cambio y reserva internacional en lugar del dólar.
La propuesta de DSK, como se lo conoció en los medios, era revolucionaria para lo que son esos organismos y lo enfrentaba fuertemente con Estados Unidos, que no quería perder la hegemonía de su moneda. Pero resultó víctima de sus instintos desenfrenados. Todo se desmoronó cuando el 14 de mayo de 2011 una mujer que trabajaba en un hotel de Nueva York denunció que había intentado violarla cuando fue a limpiar su habitación.
El 18, DSK renunció a su cargo y también a la posibilidad de presentarse en la interna del PSF. Después saldría a la luz que eran famosas sus participaciones en fiestas íntimas y donde incluso contrataban a prostitutas. Por esa razón fue condenado en junio de 2016 a pagar una multa en concepto de daños y perjuicios a una ONG de lucha contra la prostitución, bajo la figura de proxenetismo. Fue absuelto del mismo cargo en relación a las orgías de las que intervino durante su paso por el FMI porque para los jueces su comportamiento fue de cliente y no de facilitador.
El director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, adscripto a la presidencia del Banco Credicoop, exdiputado nacional y secretario general del Partido Solidario, analiza –en diálogo con Acción– la coyuntura política y económica y las perspectivas para la conformación de un frente de unidad de las fuerzas que se oponen al modelo neoliberal. –¿Cómo define la actual situación política y económica de la Argentina? –En 2015, hubo una derrota importante del kirchnerismo, que yo hago extensiva al campo popular. Fruto de esa derrota y de la implantación de políticas neoliberales irrestrictas, venimos atravesando las consecuencias de ese modelo. Porque allí está el problema: es el modelo neoliberal en el marco de un proyecto político de derecha. Los matices sobre el gradualismo que pueden existir son absolutamente secundarios, porque ambos caminos no son más que una cuestión de ritmo que conducen a la Nación y al pueblo hacia un abismo. Hubo un triunfo legítimo del macrismo en términos electorales, pero discrepo de quienes creen que la derecha es democrática. Triunfó en los comicios, pero la derecha no es democrática. Y no lo puede ser porque así lo demuestra la historia argentina. Representa intereses económicos, culturales y políticos que en esencia van contra los intereses generales de las mayorías. Y a poco de andar, inevitablemente, tiene que renegar del espíritu democrático que plantearon en la campaña. Este gobierno quiso poner ministros de la Corte Suprema de Justicia sin tratamiento parlamentario, vetó leyes y presentó un sistema de político cada vez más coercitivo para administrar la cosa pública y las reacciones populares. En 2017, hubo reacciones populares muy importantes… –Pero esas movilizaciones no alcanzaron a torcer el rumbo, y finalmente el gobierno volvió al FMI. –Es cierto que no lograron consolidarse y que fueron espasmódicas, pero esa visión me parece un tanto lineal. Suele decirse que la calle entra por los ventanales del Congreso Nacional, y fue así. En diciembre, se generó un viraje político y en la opinión pública por la reacción social en la calle contra la autodenominada «reforma jubilatoria». En ese momento, se quebró la alianza entre la oposición que pactó con el gobierno leyes transcendentes, como el pago a los fondos buitre y la reparación histórica. Ellos son los que avalaron la estrategia del gobierno, porque desde allí suponían que iba a venir la lluvia de inversiones. Pero hubo un cambio en la relación de fuerzas políticas. A posteriori, el plan económico del gobierno fue fracasando dentro de su propia lógica. Uno se tendría que preguntar: ¿Quieren o no quieren que el dólar esté alto? Por un lado, sí, quieren, porque son devaluacionistas. Y este no es un tema solamente doctrinario, es de intereses económicos, de intereses de clase. Los sectores exportadores y, en primer lugar, los de la Sociedad Rural son el histórico partido devaluacionista. Por otro lado, las variables económicas se le van complicando al gobierno. En el medio, ocurrió el triunfo de 2017, que todavía tiene un plafón electoral de cierta importancia. Digo «cierta» porque acepto que el gobierno se consolidó entonces, pero la lectura triunfalista era exagerada. No hay consultor que no diga que una parte importante de votantes de este gobierno se le fue en diciembre y no volvió. Eso no implica que se haya ido a opciones opositoras kirchneristas, pero no volvió. –Habría que preguntarse si el gobierno cometió errores o si su plan siempre fue ir al FMI y aplicar un fuerte ajuste. –Nuestra visión es que no se trata de errores ni de tormentas. Es el modelo económico social y el proyecto político de Mauricio Macri, que está enrolado en una estrategia continental diseñada por Estados Unidos para consolidar gobiernos neoliberales y conservadores y revertir los proyectos latinoamericanistas. Claro que hay torpezas, idas y venidas y contradicciones flagrantes. Pero lo central no es eso, y las explicaciones meteorológicas son mecanismos de marketing que desmerecen al presidente. El gobierno enfrenta una fisura en la opinión pública, la oposición comienza lentamente a rearticularse; pero, sobre todo, aparece nuevamente el protagonismo de las calles. La movilización social en la Argentina juega un papel muy importante para dinamizar la lucha política e, incluso, para influir en esa rearticulación opositora. Hubo dos grandes marchas: el 25 de mayo y el 9 de julio. Y, además, la gran movilización de las mujeres es un acontecimiento social y cultural histórico, por el protagonismo de un sujeto social que estaba subestimado. Allí se recuperó un espíritu de rebeldía, porque no hay futuro para un país sin esa rebeldía contra un gobierno tan injusto y arbitrario como este. Estamos ante un gobierno que ha perdido la iniciativa y empieza a estar a la defensiva. –¿Cree que hay un resquebrajamiento de la alianza de poder real que sustenta al gobierno de Cambiemos? –Resquebrajamiento no hay, sí veo un incremento de las tensiones entre radicales y el Pro, por las malas perspectivas que se perfilan ante la sociedad. Pero siguen detrás de un proyecto conservador único. Más allá de eso, el establishment tiene diversas fracciones de poder económico y político. Hay una fracción altamente beneficiada por estas políticas, como la Sociedad Rural, los sectores exportadores del campo, lo sectores financieros y los grandes bancos. Los que están más ligados al mercado interno tienen dificultades crecientes, y las pymes están sufriendo muchísimo debido a una apertura descabellada que no realiza ningún país de la tierra. Pero la crema del establishment sigue apoyando a este gobierno. Ninguna consultora registró menos del 70% de rechazo al acuerdo con el Fondo Monetario, y el gobierno fue derrotado en la discusión por las tarifas tanto en las calles como en el parlamento, por lo que se vio obligado al veto. En ese momento, se expidieron públicamente la Asociación Empresaria Argentina y todas las grandes organizaciones del poder económico, como la de los banqueros, el Foro de Convergencia; es decir, la crema del establishment salió a respaldar al gobierno. Y lo siguen apoyando, porque este es su gobierno contra lo que ellos denigran que es el populismo, el latinoamericanismo. –¿Qué rol están jugando los medios hegemónicos en este contexto? Por primera vez desde 2015, comienzan a escucharse ciertas voces muy cercanas al oficialismo que toman distancia de algunas medidas oficiales. –A los medios les caben las generales de la ley en relación con el establishment. Siguen estando con el gobierno porque este es su gobierno; pero desde su pragmatismo empresario, desde la necesidad de responder a sus lectores, al rating, toman cierta distancia, hacen señalamientos que antes ocultaban y aparecen matices propios de la fisura que sufre el gobierno. Dentro del periodismo, una profesión tan noble y tan digna y sufrida en todo el mundo, hay una parte que se adscribió en forma irrestricta al proyecto de Macri y de los dueños de los medios. Pero la mayoría no es así, y ahí sí acepto el reto de la pregunta: existen sectores del periodismo que creyeron sinceramente que podía haber una expectativa con este gobierno, porque les disgustaba el anterior, y, entre ellos, se nota ahora una postura mucho más crítica y más permeable a expresiones opositoras.
–¿Qué perspectivas tiene el armado de un frente opositor contra el modelo neoliberal en 2019? –Eso requiere de algo básico y obvio que es la unión, algo que siempre fue difícil para los espacios democráticos y populares. No es un problema de época o circunstancia, porque por algo estamos en fuerzas políticas diferentes. A diferencia de la derecha, no tenemos el pragmatismo del dinero y del poder, sino visiones relacionadas con nuestros ideales, nuestros principios, con el futuro de la patria; y eso le genera complejidad al asunto. Pero estoy muy esperanzado, creo que se va a ir logrando articular la oposición política y así conformar una gran propuesta para la sociedad, con expectativas de derrotar al modelo conservador y volver a abrir un cauce que recupere a la Nación. Estamos todos en eso, creo que va creciendo la conciencia de que es imprescindible tener posiciones de grandeza para ir logrando la unidad. Un punto central para la unidad es la idea y el programa. Para nosotros, es imprescindible ofrecerle a la sociedad una propuesta y una promesa clara, que sea un compromiso de gobierno para el futuro. Y no me refiero ni a 100 puntos ni a 50, sino a cuestiones centrales que definan el rumbo que ese frente le debería ofrecer a la sociedad. Ese sería el mejor camino para transitar el proceso tan complejo y contradictorio de la unidad de las fuerzas populares. Soy optimista, reitero, porque creo que va a haber más calle, más reacción social, más protesta, no solo de los trabajadores, sino también de las diversas expresiones de las clases medias y de la cultura. Ese protagonismo de la sociedad va a influir desde abajo hacia arriba en el reclamo de que haya una unidad y de que haya un contenido ideológico y político avanzado, progresista y transformador. –En este contexto de movilización creciente, ¿se vislumbra mayor represión por parte del gobierno? –Por su sentido de clase económica y cultural, los gobiernos conservadores traen un rasgo coercitivo y eventualmente represivo. Por eso creo que ese peligro existe. Coerción ya hay: contra todos los medios de comunicación popular, los periodistas populares, los luchadores, los estudiantes secundarios y universitarios, la represión al pueblo mapuche. No quisiera dejar de reclamar justicia por Santiago Maldonado, por Rafael Nahuel. Rafael fue asesinado por la espalda, todo el mundo lo sabe y no se avanzó para que se haga justicia. Hay una parte del Poder Judicial que sigue el modelo que viene de los grandes centros del poder mundial, como pasa en los otros países del continente. Dentro de ese esquema, creo que el gobierno se puede desplazar hacia posiciones más coercitivas y más represivas. De todas maneras, en la sociedad hay un fuerte espíritu de defensa de la democracia. Somos los principales interesados en que haya una democracia plena y extendida. La democracia es un logro histórico de los trabajadores y de los sectores populares; no es un regalo. Los sectores populares necesitamos que haya más espacios democráticos para poder desplegar nuestra lucha por cambiar la sociedad. Porque la derecha tiene el poder de facto, tiene el poder real. –¿Qué papel desempeña el movimiento cooperativo en esta coyuntura? –El movimiento cooperativo ha jugado siempre un papel importante al defender el sistema democrático y ofrecer un sistema de gestión social, económico y cultural distinto del capitalismo tradicional, que se basa en el lucro y la maximización de la ganancia. Hay un gran fracaso del sistema capitalista, porque el nivel de concentración es tan fenomenal que va destruyendo el tejido social y la naturaleza. El cooperativismo es una de las herramientas para evitarlo. Nosotros, en el movimiento cooperativo de crédito en la Argentina, somos una expresión viva y concreta de eso. –El macrismo gobierna desde hace más de doce años en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no se perfila una opción opositora fuerte en el distrito? –La gestión de esta ciudad está muy ligada con las políticas nacionales. La gestión de Mauricio Macri en la ciudad se benefició también de una mejora social enorme que provino de los gobiernos kirchneristas. No es que eso ocurrió en el Gran Buenos Aires y no ocurrió en la Ciudad de Buenos Aires. Y ocurrió con las clases populares y mucho más con las capas medias. Ese fenómeno, en parte, fue funcional a la captación por parte del Pro de una parte de la sociedad. Siempre hubo acá una parte estructuralmente de derecha y otra que fue captada. Pero esta perspectiva nacional tan anti clase media y antitrabajadores del gobierno nacional también se va a expresar en la ciudad. Creo que el fenómeno Carrió no es eterno. La posición que tuvo con relación a la legalización del aborto, que en esta ciudad tiene opinión favorable mayoritaria, junto con sus posturas cada vez más agresivas la van deteriorando ante la sociedad. Estoy convencido de que tenemos un problema de carácter cultural. Los opositores debemos ir con más fuerza al debate de valores y enfrentar esa batalla cultural. Insistir en que los valores del egoísmo llevan a la segmentación y a incrementar los grados de injusticia y de violencia, que debemos apoyarnos en un espíritu democrático tradicional, con una visión de humanismo y solidaridad; y no en la visión elitista y minoritaria. Debemos avanzar hacia una cultura progresista frente a una cultura de lo espectacular, del consumismo, de valores egoístas, individuales. Si logramos encauzar un debate de altura, podemos superarnos.
Revista Acción, primera quincena de Agosto de 2018
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