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La oposición venezolana se quiebra con denuncias de «traición»

El excandidato presidencial Henrique Capriles renunció a la  Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en rechazo a la jura de los cuatro gobernadores de la oposición ante la Asamblea Constituyente. El otro líder opositor, Leopoldo López, los acusó de traidores.

Que la MUD no era todo lo unida que pretendía como opción antichavista era un secreto a voces en Venezuela desde el inicio de su primer intento de asalto al poder. Pero la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a elecciones regionales desnudó que las diferencias se profundizaban y tras el resultado de los comicios del 15 de octubre, ya no esconden la grieta que divide a los sectores internos en la MUD.

El excandidato presidencial venezolano Henrique Capriles anunció este martes su retiro de la coalición opositora MUD, en protesta porque cuatro de sus gobernadores electos se juramentaron ante la Asamblea Constituyente.

«Yo no voy a seguir en esa Mesa, no voy a hacer parte ya» mientras «esté en la Unidad» Henry Ramos Allup, líder del partido al que pertenecen los cuatro gobernadores, aseguró Capriles en declaraciones a través de la red Periscope.

La jura también despertó la denuncia del líder de uno de los partidos de ese sector, Leopoldo López, condenado por instigar a la violencia en las manifestaciones de 2014, a denunciarlos por traidores.

Este lunes, los gobernadores electos por los estados Táchira (Laidy Gómez), Mérida (Ramón Guevara), Nueva Esparta (Alfredo Díaz) y Anzoátegui (Antonio Barreto Sira) rompieron con la estrategia de la MUD de no reconocer a la ANC y acudieron a la ceremonia de jura, como el viernes lo habían hecho los 18 mandatarios regionales triunfantes del oficialismo.

La escalada de violencia en las manifestaciones opositoras que se desarrollaron durante gran parte de este año y que buscaban la caída de Maduro, dejó un saldo de más de 120 muertos que los medios hegemónicos atribuyeron a la represión estatal. En este proceso destituyente, la oposición contó con la anuencia de los gobiernos estadounidenses y de los países latinoamericanos de corte derechista. El antichavismo más tenaz desde el exterior está comandado por el secretario General de la OEA, el uruguayo Luis Almagro.

Bastó con que Maduro convocara a una consulta para reformar la constitución que había puesto en vigencia Hugo Chávez en 1999 para que “milagrosamente” se terminaran las marchas opositoras y simultáneamente la violencia callejera. En esa ocasión más de siete millones de venezolanos demostraron su voluntad de resolver la crisis en forma pacífica.

Fue en ese contexto que el gobierno de Maduro puso todo el poder en la ANC, que está integrada solo por representantes del oficialismo porque la oposición no quiso convalidar la consulta y prefirió atrincherarse en el parlamento, la unicameral Asamblea Nacional de Venezuela, (ANV) donde desde 2015 es mayoría.

Mientras la MUD buscó por todos los medios deslegitimar al chavismo desde el exterior y pedir cualquier modo de intervención, fue avanzando la consolidación del proyecto de reforma política basado en darle más poder a las instancias populares. La ANC llamó entonces a elección de gobernadores.

La primera demostración de fractura fue entre los partidos de la MUD que querían participar y los que buscan crear una suerte de instituciones paralelas sin contacto con el Ejecutivo venezolano, que cuenta con amplio apoyo de las fuerzas armadas y como se ve, también entre la población.

Henry Ramos Allup, uno de los líderes de la MUD y ex presidente de la ANV, con el resultado de los comicios de la semana pasada en la mano reconoció que habían perdido tres millones menos de votos que hace dos años, cuando dieron el batacazo en las parlamentarias al lograr 112 bancas sobre 167 escaños.

Abstención letal

«Nos afectó terriblemente la abstención», señaló en entrevista al canal Globovisión el jefe de Acción Democrática, partido ganador de cuatro de las cinco gobernaciones de MUD. Ramos Allup analizó que el oficialismo mantuvo su caudal de votos, en torno a los cinco millones y medio de sufragios. La diferencia es que ahora fue menos gente a votar, “quizá debido al poco interés de los electores por un proceso al que consideraron de poca importancia y a la alimentación del discurso abstencionista».

La MUD, que ganó en cinco estados, primero dijo que no asumiría los cargos ante la ANC, a lo que desde Caracas respondieron que quien no tomara el juramento no será reconocido como mandatario y en su distrito se celebrarán nuevas elecciones. Eso bastó para que los dirigentes de AD aceptaran el convite.

De inmediato Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, que cumple una condena ahora domiciliaria de casi 14 años, afirmó que es una «acción de traición y engaño». Mientras tanto Juan Guanipa, gobernador electo del estado de Zulia (en el oeste del país), se negó a asistir a la ceremonia. «Informo al pueblo venezolano por coherencia, dignidad, por amor al Zulia y a Venezuela: no voy a someterme a la juramentación ante la Asamblea Nacional Constituyente», declaró en las redes sociales.

«El pueblo de Nueva Esparta me otorgó la atribución de estar en el lugar que sea para defenderlo», se justificó en cambio Alfredo Díaz, mandatario electo de ese estado, durante el acto ante la titular de la ANC, Delcy Rodríguez.

¿Qué pasará con la MUD? Por lo pronto la jura de sus candidatos expone a la AD a la expulsión. Se sabe que Ramos Allup quiere competir con el chavismo por la presidencia y para Maduro es el líder de la oposición.

Guanipa, el gobernador rebelde, milita en Primero Justicia (PJ), el partido del actual presidente del Parlamento, Julio Borges, y de Henrique Capriles, quien hasta ahora representó en los comicios presidenciales al antichavismo.

«Sin duda vamos hacia una nueva unidad», consideró Capriles, sin tanta virulencia como la que mostró López. «Tal acción (la juramentación) la consideramos un acto de traición y engaño contra la mayoría de venezolanos que el pasado 15 de octubre en elecciones fraudulentas les eligieron como representantes de la Unidad para seguir luchando en todos los terrenos contra la dictadura y sus artimañas», dice el comunicado del partido “lopecista”.

¿Amenaza de secesión?

En cuanto a Guanipa, el gobierno central ya adelantó que la opción es convocar nuevamente a elecciones en Zulia. Pero la situación puede tornarse complicada por versiones circulantes sobre aspiraciones secesionistas de grupos zulianos en el marco de un estado con antecedentes de intentos de declararse una república independiente. Y de hecho hay documentación sobre proyectos de creación de un nuevo país uniendo los territorios de Zulia y los departamentos colombianos de Santander y Guajira. No casualmente, una región rica en petróleo –de hecho Zulia rodea al lago de Maracaibo, con las mayores reservas del planeta de ese recurso- y por lo tanto apetecible para la voracidad de las oligarquías locales y de las multinacionales.

Que los mandatarios de los estados limítrofes con Zulia de Táchira y Mérida hayan aceptado someterse a la ANC y por tanto al gobierno central es una buena noticia para Maduro. La mala es que Juan Manuel Santos, el presidente colombiano, no reconoce a la ANC y se muestra cercano a la oposición.

Colombia y Venezuela, que comparten 2.219 kilómetros de frontera común y cuando asumió el cargo Santos su antecesor, Álvaro Uribe, había tensado la cuerda al máximo con Hugo Chávez como para temer una guerra entre ambas naciones que alcanzó a evitar el que fuera primer secretario de Unasur, Néstor Kirchner, en agosto de 2010.

Pero el clima amistoso entre Santos y Chávez, que heredó Maduro, se fue enrareciendo tras las denuncias de que paramilitares entrenados en Colombia cruzan la frontera para cometer tropelías en Venezuela. Y por los casos de contrabando de mercadería con precios subsidiados por el gobierno venezolano que provocan desabastecimiento dentro de Venezuela.

Tiempo Argentino
Octubre 24 de 2017

Arnaldo Otegi: «Es un pacto de las élites para salvar al régimen»

La mirada de todos está depositada sobre Cataluña, pero por lo bajo piensan en el País Vasco. Lo que pase en la rebelde región del nordeste de la península ibérica puede ser un antecedente de lo que suceda en esa otra nación, con un historial no menos díscolo pero sí de mayor violencia política.

Uno de los protagonistas de esa región, de las más productivas de España y que aporta el 6% del PBI hispano –contra el 20% que representa Cataluña– es Arnaldo Otegi, actualmente coordinador general del partido independentista Euskal Herria Bildu. Líder indiscutido de ese sector y preso en cinco oportunidades, formó parte de la organización ETA y se presenta como «un político de ideología independentista vasca y marxista», promotor de una salida pacífica a la problemática que atraviesa la región desde hace décadas.

Ahora que el partido va ganando posiciones dentro del espectro político vasco, Otegi –que recuperó la libertad en marzo de 2016 luego de pedidos de gobiernos de todo el mundo e incluso de organismos internacionales que reclamaron por la flagrante violación de sus derechos civiles–, hizo un crudo análisis sobre el momento que vive España en un encuentro partidario en Donostia donde desmenuzó los riesgos para el País Vasco y la democracia española en general por las iniciativas que salen de Madrid.

«Este no es un problema del gobierno del PP sino del régimen –considera Otegi–, lo que está quedando al desnudo es el modelo de la transición. Y frente a la gravedad de la crisis, lo que se ve es un pacto de las élites para salvar el régimen».

El dirigente de izquierda abertzale incluye dentro de las élites a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la cámara patronal más poderosa de la península, «a los grandes empresarios, los grandes bancos, la iglesia católica, los partidos políticos y a la cabeza de todo, su majestad el rey Felipe VI».

Otegi aclaró que entre los partidos incluye al gobernante Partido Popular, al socialismo y a Ciudadanos, la agrupación liberal que surgió luego de las marchas de los indignados como variante de derecha ante el colapso del PP y el PSOE.

Otegi advirtió, a la vez, que las versiones de una reforma constitucional como modo de paliar la crisis catalana esconde la amenaza de recortar libertades, y no de ampliarlas.

«El Estado (español) no tiene oferta política, ha renunciado a seducir a los catalanes y a los vascos para tenerlos dentro del Estado. Lo que está haciendo es una vuelta atrás en el sentido de considerar que lo de hace 40 años fue excesivo (la Constitución), fue demasiado generoso, que lo que hay que hacer es recoger carrete con medidas anunciadas no sólo para tratar de parar a Cataluña sino para que un proceso similar no se pueda dar en ningún sitio».

Y advirtió que una de las posibilidades sería, como se viene deslizando en medios de comunicación afines al establishment, una reforma a la ley electoral que ponga fuera de la ley a los partidos independentistas.

Referido al país vasco en concreto, Otegi señala que España sin Cataluña «es un Estado fallido» y puntualizó que de perder los ingresos que esa región deja a las arcas del Estado central, que estimo en 17 mil millones de euros al año, «deberán tomar ese dinero de algún lado».

Tiempo Argentino
Octubre 22 de 2017

Cataluña demora las definiciones y Rajoy pidió intervenir hasta la TV Pública

Los españoles tendrán para una semana más con el corazón en la boca. Ni qué decir de los catalanes, que esperan alguna definición sobre la crisis institucional que les permita volver a su vida normal. Porque la amenaza de intervención que ya concretó Mariano Rajoy recibió como respuesta una convocatoria al parlamento catalán de Carles Puigdemont. Y los plazos que se fijaron dan para que el viernes tanto en Madrid como en Barcelona «orejeen» las cartas a ver quién mueve primero. Mientras tanto, las calles de Barcelona se llenaron ayer con cerca de medio millón de personas que salieron a pedir por la liberación de los Jordis (Jordi Sánchez y Jordi Cuixart), detenidos por incitar a manifestaciones populares, un delito grave para las autoridades españolas.

La masiva marcha de ayer viró a un reclamo de que Puigdemont declarara la independencia. Pero el presidente de la Generalitat eligió esquivar una definición que Madrid espera para irle con todo por cargos de rebelión, que lo podrían llevar por 30 años de cárcel.

En cambio, llamó al pleno del Congreso regional para debatir la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, anunciado por Rajoy, por el cual se intervendrían las instituciones catalanas, desde las máximas autoridades políticas a la policía local pasando por la televisión publica, y se llamaría a elecciones dentro del plazo de seis meses para sustituir a los mandatarios votados por los ciudadanos en 2016.

El martes habría un primer test en Madrid, donde se supone que debería rendir cuentas el gobierno catalán, y el viernes será la sesión final. Para ese día está anunciada la sesión del Senado español, que debería refrendar la intervención que pidió el gobernante conservador, y en Barcelona la del Parlament. ¿Quién moverá primero? Seguramente la capital española, que vienen tensando la cuerda en forma sostenida y sin dar margen para el diálogo.

A eso apuntó Puigdemont en un discurso desde el Palau de la Generalitat en el que -en catalán- dijo que «la humillación que pretende el Gobierno español haciéndose tutor de toda la vida pública catalana, desde el gobierno hasta los medios de comunicación públicos, es incompatible con una actitud democrática y se sitúa fuera del estado de derecho».

El jefe de gobierno catalán consideró en su alocución que la medida que plantea Rajoy es «el peor ataque a las instituciones y el pueblo de Cataluña desde los decretos del dictador militar Francisco Franco aboliendo la Generalitat». Y luego recordó que las instituciones catalanas tienen una larga historia que nace siglos antes de la constitución de 1978, que es la que pretende salvar Madrid.

Puigdemont llegó al Palacio presidencial encabezando la marcha en favor de los Jordis. En la ocasión estuvo acompañado por el vicepresidente, Oriol Junqueras, y la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, quien como primera respuesta ante el anuncio de la aplicación del 155 dijo que era «un golpe de Estado» orquestado desde la capital de España. En sintonía con la definición de los independentistas acerca del deseo de Rajoy de dirigir por control remoto lo que ocurra en Cataluña sentado cómodamente en su despacho de La Moncloa.

Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, dos organizaciones independentistas no partidarias, fueron encarcelados el lunes pasado por orden de una jueza de la Audiencia Nacional de España, que los acusa de sedición por haber capitaneado las protestas pacíficas del 1 de octubre. Ese día se realizó un referéndum considerado ilegal por Rajoy que fue bárbaramente reprimido por las fuerzas del gobierno central.

Rajoy se había presentado ayer ante la prensa para informar la puesta en marcha de los mecanismos destinados a la aplicación del artículo 155. Según el mandatario, la intención es «el cese del presidente de la Generalitat de Cataluña, del vicepresidente y de los consejeros que integran el consejo de gobierno».

Rajoy cuenta con mayoría en el Senado, la cámara que deberá dar el aval a la medida, entre los representantes del PP y los del PSOE y de Ciudadanos, que ya expresaron su amplio apoyo a esta vuelta de tuerca en la crisis.

Rajoy también quiere restringir las atribuciones del Parlament, que en setiembre de 2015 fue elegido con mayoría de independentistas. Y tomar el control de los Mossos d’Esquadra. En caso de desobediencia, se adelantó, los agentes serán sustituidos por efectivos de la policía nacional. Para hacerla completa, los medios de comunicación públicos catalanes, TV3 y Catalunya Radio, estarán a cargo de comisarios políticos del gobierno central.

En las últimas horas, Puigdemont mudó su residencia al Palacio de la Generalitat y para evitarse riesgos e imprevistos, tiene custodia del Grupo Especial de Intervención (GEI) de los Mossos d’Esquadra las 24 horas del día.

Rajoy podría enviar a tropas nacionales para apresarlo, pero también va creciendo el reclamo dentro de su propia tropa de que avance en la secesión de Cataluña. Las crónicas de la marcha de ayer reflejan precisamente el hartazgo de muchos por esta indefinición y por el sentimiento que va creciendo entre la ciudadanía de que no pueden esperar una opción al diálogo con Madrid.

Puigdemont, sin embargo, mantiene abierta esa puerta de negociación, algo difícil en vista de que las circunstancias. De todas maneras, tras señalar en su lengua materna que pedía al parlamento «que fije la convocatoria para una sesión plenaria donde los representantes de la ciudadanía, elegidos por los votos, debatamos y decidamos sobre esta voluntad de liquidar nuestro autogobierno y actuemos en consecuencia», habló en castellano para decirles a los españoles que buscaba canales de diálogo con el gobierno central para solucionar el entuerto.

Luego apeló a un inglés no muy pulcro pero bastante aceptable para decirle lo mismo a la dirigencia de la Unión Europea, que ya dio su apoyo a Rajoy.

Tiempo Argentino
Octubre 22 de 2017

Otro avance de las Fuerzas Armadas en Brasil: los crímenes contra civiles serán juzgados por militares

Otro avance de las Fuerzas Armadas en Brasil: los crímenes contra civiles serán juzgados por militares

La normativa aplica en los casos de las tropas que ocupan las favelas y despertó críticas de organismos de DDHH de todo el mundo. Se vuelve a discutir el rol de la dictadura, incluso desde el humor: mirá el video.

El presidente brasileño, Michel Temer, promulgó una polémica ley que traspasa el procesamiento de los crímenes cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas contra civiles a tribunales militares. Esta modificación a las normativas vigentes se hizo, con amplio apoyo de las cámaras legislativas, para conformar a las cúpulas militares, que buscan poder manejar los deslices cometidos por los uniformados en las cada vez más usuales intervenciones en las favelas o incluso en la custodia de un mandatario con tan poco apoyo popular como Temer, que además llegó a ocupar su cargo mediante un golpe parlamentario. Pero además llega en un momento en que crece la demanda de soluciones a la crisis política dentro de las FFAA bajo amenaza de tomar otra vez el poder, como hicieron en 1964. Y en un contexto en que Brasil es el país con mayor porcentaje de población que apoyaría una salida dictatorial, un 23%, según un estudio del Centro de Pesquisas Pew sobre 38 naciones de todo el mundo.

La nueva ley sancionada por Temer entrará en vigencia a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Unión. El hombre que apoyó y se benefició del derrocamiento de Dilma Rousseff solo vetó un artículo, el que limitaba la vigencia de la normativa a un año, con lo cual la ley será permanente.

Organismos de Derechos Humanos locales e internacionales y hasta la OEA cuestionaron esta iniciativa que echa por tierra con una construcción lenta pero persistente en el sentido de investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar, entre los cuales figuran la detención y tortura que sufrió la propia ex mandataria.

Rousseff había impulsado desde su llegada al Palacio del Planalto, el 1 de enero de 2011, la creación de una Comisión de la Verdad para investigar aquellas violaciones a los derechos humanos cometidos durante los 21 años de régimen militar.

El 10 de diciembre de 2014, en ocasión de celebrarse el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Comisión entregó el informe final que incluía casos registrados hasta 1988, cuando ya había un gobierno democráticamente elegido. La ley sancionada este lunes adjudica a los tribunales militares el procesamiento de crímenes dolosos cometidos por efectivos de las Fuerzas Armadas contra civiles en operaciones de seguridad pública ordenadas por la Presidencia y el Ministerio de Defensa.

Igualmente transfiere a esos estrados los juicios a miembros de las Fuerzas Armadas por crímenes contra civiles en operaciones «que involucren la seguridad de institución militar o de misión militar, incluso que no sea beligerante, o en actividades de naturaleza militar, de operación de paz y de garantía de seguridad pública».

Una propuesta similar había sido enviada al parlamento en 2016, cuando el gobierno de Rousseff había decidido enviar tropas militares para la “pacificación” de las favelas cariocas ante la inminencia de las Olimpíadas. Pero en ese entonces fue rechazada por el PT, por aquellos días todavía con el apoyo del PMDB que lidera Temer.

Desde la llegada de Temer al gobierno se incrementó el envío de militares para el control de las faveles tanto en Brasilia como en Río de Janeiro. Pero al mismo tiempo fue creciendo por un lado cierta resistencia entre los militares ya que muchos subordinados terminaron envueltos en denuncias por violencia contra los pobladores.

Un tribunal “amigo” tranquilizaría los cuarteles en monentos críticos.

Por otro lado, en las últimas semanas, y al calor de una crisis política que no cesó con la destitución de Dilma sino todo lo contrario, fue creciendo en algunos sectores de la sociedad y de medios inclinados a la derecha más retrógrada el reclamo de una intervención militar para encauzar la situación.

Es sintomático que a mediados de setiembre el general Antônio Hamilton Mourão, secretario de economía y finanzas del Ejército, dijo en una entrevista que si los políticos no solucionaban la crisis los militares deberían volver a tomar cartas en los asuntos públicos. Eso generó una catarata de críticas pero dejó la sensación de que las palabras de Mourão fueron un globo de ensayo.

La cuestión de todas maneras desnudó los peores antecedentes, porque uno de los posibles candidatos en las elecciones del año que viene, Jair Bolsonaro, un ex militar ultraderechista defensor de la dictadura y de la tortura, se está posicionando como alternativa ante Lula da Silva. En este entorno, desde un programa de televisión de la red O Globo, que apoyó la destitución de Dilma tanto como el golpe de 1964, se hizo una sátira a las veleidades de una sociedad cambiante que no termina por entender los riesgos de golpear a las puertas de los cuarteles.

Como corolario de la ley que aprobó el Congreso y sancionó Temer, fueron enviados a 950 miembros del Ejército a la favela de Rocinha, la villa miseria más grande del continente, luego de un día que las autoridades describieron como una jornada de pánico y terror a raíz de balaceras entre distintos grupos de narcos por el control del comercio de drogas.

«Estamos actuando por demanda del gobernador de Río de Janeiro, Luiz Fernando Pezao”, explicó el ministro de Defensa brasileño, Raúl Jungmann, quien recordó que hay tropas que ocupan desde hace meses las calles de Río para colaborar con la policía, desbordada por la situación. Lo que no dijo es cuántos militares quedaron envueltos en denuncias por violencia contra ciudadanos.

La Comisión de la Verdad había señalado en aquel informe entregado a Rousseff que entre 1962 y 1974 más de 140 mil personas fueron desplazadas de sus casas y expulsados de las fables cariocas por efectivos militares. Desde dos años antes de que tomara el poder el general Humberto Castelo Branco.

Tiempo Argentino
Octubre 17 de 2017