por Alberto López Girondo | Sep 16, 2017 | Sin categoría
Si logra los resultados que espera en la elección del 22 de octubre, el gobierno se dispone a impulsar varias reformas sustanciales. En algunos casos, las conversaciones se desarrollan, al menos en parte, a plena luz del día, como ocurre con la reforma tributaria. En otros, los actores se mueven en silencio. En esta situación está la modificación del rol de las Fuerzas Armadas, un proyecto que no es nuevo, pero que se reactivó con el cambio de ministro de Defensa, en julio pasado. Si bien avanzan los preparativos, por ahora no cuenta con la luz verde definitiva en el gobierno de Mauricio Macri.
Fuentes ministeriales y legislativas certificaron la existencia de este plan, que calzaría justo con la apelación a combatir el narcotráfico que el oficialismo desplegó en campaña. Hay quienes temen que –con el antecedente de otras experiencias desde diciembre de 2015–en Balcarce 50 busquen evitar un ríspido debate en el Congreso para reformar la Ley de Defensa y en cambio podrían apelar a un decreto que reinterprete la normativa vigente para que otra vez los militares puedan intervenir en vigilancia y control interior.
Es ocioso recordar que las FF.AA. quedaron profundamente salpicadas por el tenebroso papel que jugaron en los años 70. Más tarde, recuperada la democracia, las intentonas de los carapintada en la Pascua de 1987 y los levantamientos de 1988 y 1990 pusieron de manifiesto el carácter antidemocrático que primaba en las fuerzas.
En tanto, recién en abril de 1988 se aprobó la Ley de Defensa Nacional número 23.554, donde se establece que las FF.AA. deben «enfrentar las agresiones de origen externo» y que debe diferenciarse su intervención de la seguridad interior. Esta última se rige por otra ley, de 1992, que asigna esas tareas a las fuerzas policiales, Gendarmería y Prefectura Naval.
Hubo que esperar hasta 2006, cuando mediante el decreto 727 se reglamentó la ley 23.554. Ese «descuido» permitió interpretaciones de lo más contrapuestas entre autoridades de turno y los lobistas del momento. El decreto puntualiza que «las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s», según los términos definidos por las Naciones Unidas. Como agregado, detalla que las FF.AA. no podrán intervenir en «producción de inteligencia, hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior».
Operación cuestionada
Expertos en el tema acusan al exjefe del Ejército, César Milani –ahora detenido por una causa de lesa humanidad–, de sentar un nefasto antecedente al impulsar en 2011 el Operativo Escudo Norte (OEN), un plan para el control fronterizo y la vigilancia del espacio terrestre en doce provincias del norte del país con el objetivo de combatir el «tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y el contrabando de bienes». El OEN, si bien ponía en el campo a efectivos de fuerzas de seguridad, otorgaba cobertura logística y estratégica de Ejército y Fuerza Aérea. El plan sigue vigente, ya que fue prorrogado anualmente hasta 2017.
Desde el cambio de gobierno, con renovadas expectativas, tanto para los estrategas de las FF.AA. como para los especialistas de los distintos partidos políticos, volvió a resonar una pregunta inquietante: ¿qué hacemos con los militares? El argumento economicista que prima en muchos miembros de la alianza Cambiemos, fundamentalmente en los originarios del PRO, apunta a preguntarse para qué mantener un gasto en personal e insumos si la única razón de su existencia es un hipotético conflicto externo a todas luces improbable en estos días. Por eso, ni bien asumió el primer titular de Defensa, el radical Julio Martínez, comenzaron los recortes presupuestarios. Ahora, con la llegada de Oscar Aguad al edificio Libertador, los que aspiran a una mayor preponderancia de las FF.AA. tienen nuevas expectativas. Aguad, apodado «El milico» por su buena relación con militares y su cercanía con represores como Luciano Benjamín Menéndez, viene de desguazar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual desde la cartera de Comunicaciones, que se disolvió tras su paso a Defensa. Se especula que su objetivo apunta a fusionar este organismo con Seguridad, si es que logra reformular el rol de los uniformados.
Hipótesis peligrosa
En el Ministerio explican estos pasos destacando que luego de la derogación de la Ley de Servicio Militar en 1994, a raíz del asesinato del soldado Omar Carrasco, se fue reduciendo a niveles mínimos el personal de las FF.AA. «Si pensamos en una pirámide en la que la base son los soldados y la cima son los jefes –dijo una fuente a este medio–, ya pasamos la época en que era un rectángulo y ahora es una pirámide invertida. En términos de la calle, hay más caciques que indios y no porque no se necesiten los indios».
Pasada la hora de sumarse a las tropas internacionales de Cascos Azules en los Balcanes o en Haití, no son muchas las oportunidades para quienes se alistan. Además de que se achataron los sueldos en detrimento de las fuerzas de seguridad, con lo cual es fácil ver a suboficiales y oficiales de baja graduación haciendo tareas de vigilancia como un extra hasta no hace tanto impensable en un militar.
El combate del narcotráfico y del terrorismo forma parte del discurso de sectores de la derecha tradicional que encuentran eco en el gobierno y que tienen anuencia de otras líneas políticas como el massismo, que también lo agitó en campaña. Desde el ministerio juran que un nuevo rol para las FF.AA. en la lucha contra ambos flagelos no implicará que se les permitirá actuar en vigilancia y control interno. Pero los límites en realidad son difusos.
A esto se suma que para la gestión macrista la lucha contra el narcotráfico es un objetivo declarado, lo que crea el escenario adecuado para una vuelta de página en favor de las FF.AA. argentinas. Una vuelta de página que por otro lado implicaría también un grado de reivindicación de lo actuado hace cuatro décadas.
Los detractores de estos planes de reinserción militar tienen como ejemplo para poner sobre la mesa la experiencia mexicana. Recuerdan que desde el 11 de diciembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó a los militares a la guerra contra el narcotráfico, se han registrado no menos de 150.000 muertos en el país azteca. Y alertan sobre el riesgo de repetir otra guerra contra el terrorismo y el narcotráfico de consecuencias impredecibles.
Revista Acción, segunda quincena de Septiembre de 2017.
por Alberto López Girondo | Sep 12, 2017 | Sin categoría
Mañana se juega una partida crucial en las calles de Cataluña, cuando los catalanes celebren la Diada bajo el telón de fondo del llamado a referéndum independentista del 1 de octubre. Ya no solo se recordará el día en que Barcelona cayó en manos de las tropas borbónicas, el 11 de setiembre de 1714, sino la voluntad de ir a las urnas para dirimir una cuestión que fue creciendo en forma insistente en estos años como es la voluntad de formar un estado separado de España.
El miércoles pasado, y luego de unas 12 horas de escaramuzas y debates leguleyos, se aprobó la llamada a consulta popular y una ley de Transitoriedad que regiría en caso de una respuesta afirmativa el 1-O. Los partidarios del NO -que son minoría- se retiraron cuando vieron que no podrían dilatar el debate hasta el jueves, lo que hubiera permitido que Mariano Rajoy tuviera en sus manos un dictamen del Tribunal Constitucional para bloquear la convocatoria.
De todas maneras, el gobierno lanzó una andanada de recursos constitucionales y el TC dictó una cautelar por cuatro presentaciones de Rajoy. A su vez, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dio lugar a un reclamo de la Fiscalía General de la región, una contra el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su gabinete, y otra contra la titular del Parlament, Carme Forcadell. En ambos casos la acusación es por desobediencia, prevaricato y malversación, lo que implica una sentencia de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La misma amenaza rige para los alcaldes que se sumen al reclamo independentista o que den lugar a la votación. Se sabe que hay 670 de 943 municipios que ya avisaron que esperan y apoyan la voluntad popular. Otros ligados al socialismo rechazan el convite y Barcelona intenta mantener una equidistancia que parece difícil de sostener en estas circunstancias.
La alcaldesa Ada Colau llegó al cargo luego de una alianza entre Podemos y movimientos de izquierda locales, Barcelona en Comu. No es que se plante contra la consulta, solo que se la nota tironeada por sus aliados madrileños. Pablo Iglesias busca una alianza con Pedro Sánchez, el nuevo líder del PSOE, para quitar del medio a Rajoy y las políticas neoliberales del PP.
Colau, que tiene como número dos al argentino Gerardo Pisarello, se escuda en la suspensión dictada por el TC mientras cuestiona la cerrazón de Rajoy para «llegar a una solución del conflicto político». Pero también critica a los independentistas que, dice, quieren avanzar contra el deseo de «media Cataluña». Es que según las últimas encuestas, hay un 40% de catalanes que se manifiestan independentistas y otro 40% que no quieren dejar España, más un 20% de indecisos. La opción, en todo caso, sería llevar esta paridad a las urnas.
Desde Madrid, en cambio, quieren mostrar dureza y ordenaron a la Guardia Civil allanar talleres gráficos donde se imprimieron documentos del referéndum, uno en Tarragona y un semanario en Alt Camp.
La intervención del gobierno central choca con la policía local, los Mossos d’Esquadra, que son los que serían llamados por ejemplo a detener a Puigdemont y Forcadell, llegado el caso.
Sucede que este cuerpo policial fue muy celoso de su rol tras el atentado yihadista del 17 de agosto en La Rambla de Barcelona y fue muy evidente la velocidad con que desarticuló al grupo de presuntos responsables sin dejar que actuara nadie de Madrid. El sindicato que los agrupa ya adelantó que respetarán la ley. Lo que no queda claro es cuál de las leyes en disputa. «
Tiempo Argentino
Setiembre 10 de 2017
por Alberto López Girondo | Sep 12, 2017 | Sin categoría
Foto: Tiempo Argentino
Curioso raíd el de Mónica Silvana González. Nació en Buenos Aires y vivió en Mataderos hasta que a los cuatro años sus padres emigran a Esquina, Corrientes. De allí, con un diploma en Turismo por la Universidad del Litoral en la mano, se fue en 2001 con la idea de especializarse en España y recaló en la Universidad de Alcalá de Henares. Ya afincada en la tierra de Miguel de Cervantes, donde la conocen simplemente como Mónica Silvana, fue ocho años concejala, es diputada de la Asamblea de Madrid y desde junio pasado integra «la mesa chica» del Partido Socialista Obrero Español, tras el triunfo en la interna de la tradicional agrupación española del ala izquierda, que lidera Pedro Sánchez. Desde ese lugar clave, impulsa ahora una alianza con Podemos para poder gobernar con el modelo de la coalición de izquierda portuguesa. De paso por Buenos Aires, la secretaria de Movimientos Sociales y Diversidad –el asunto que más le preocupa y al que ha dedicado su vida política– del PSOE habló de estas cuestiones con Tiempo.
«La situación hoy día es que ganamos una interna complicadísima que era vencer a la trama de los medios de comunicación que es el grupo Prisa (Diario El País, radios en la península y Latinoamérica, incluida Continental en Argentina, canales de TV y editoriales como Santillana), hemos vencido al Ibex35 (el principal índice bursátil de ese país)», dice, como para romper el hielo.
–¿Vencieron a la casta?
–A mí no me gusta hablar de casta porque es un término muy de Podemos que debería tener sus aclaraciones. Hemos vencido a todo el poder que quería que gane Susana Díaz para que se justifique la abstención que le permitió a Mariano Rajoy ser presidente del Gobierno. Entendemos que ese fue un error y por eso el perfil que tengo para estar en la Permanente del Ejecutivo Federal, que es el entorno más cercano a Pedro Sánchez.
–¿Cómo podría definirse ese lugar en la cúpula partidaria?
–Hay un ámbito de 49 personas, que es la Mesa Grande y una Mesa Chica por decirlo en términos argentinos, donde somos 17 más el secretario general y es donde hacemos los despachos semanales.
–¿Desde ese sitial discuten la letra chica para la alianza con Podemos?
–El documento que hemos presentado a la interna dentro del 39º Congreso del PSOE y que ha salido refrendado por la gran mayoría de los socialistas españoles viene con un programa muy claro de una alianza estratégica no solamente de los partidos sino una alianza ciudadana, al modelo de Portugal. Allí hoy está gobernando la izquierda como fruto de una alianza con todos los sectores sociales. Es lo que queremos para España, que dejemos de lado a ver quién tiene mas votos si Podemos o el PSOE. No vamos a competir con ellos, aunque quisiera recuperar a esos votantes que han sido socialistas y por los errores múltiples que se han cometido en los últimos tiempos se han ido a Podemos. Como dice nuestro logo, «Somos la izquierda». Y somos una izquierda creíble que produjo un gran crecimiento en el país con el ingreso de España a la Unión Europea (en 1986, con Felipe González en el poder), con todo el paquete de leyes sociales y un enorme avance en cuestiones civiles y en mejora económica.
–¿Cómo podrían hacer eso ahora teniendo en cuenta lo que ha pasado en Grecia, donde fue claro que el paradigma de la UE no va hoy para ese mismo lado?
–Esta claro que en Europa las alianzas con la derecha no han funcionado. Siempre en esas alianzas todos quedan subsumidos en el partido que ha tenido la hegemonía del gobierno. Por eso creo que abstenerse para posibilitar que la derecha gobierne o compartir gobierno con la derecha no ha llevado ningún beneficio ni para los ciudadanos ni para la fuerza política. El modelo de Grecia es otro y no quiero compararme con otro país.
–Pero más allá de las alianzas políticas lo que se ve es que a los organismos centrales de la UE no les importa quién gane la elección y siempre presionan para que imponer medidas neoliberales. ¿No cree que hay una trampa en la que cayeron tantos partidos socialistas en Europa y el propio Syriza en Grecia?
–Es una trampa en la que han caído muchos, por eso nosotros decimos que no se puede hacer ninguna medida sin consultar. Lo hemos hecho en las bases y lo defenderemos estando en el gobierno. Sabemos que todos los cimientos sobre los que se ha construido Europa están en entredicho porque desde los sectores mas de derecha se están intentando separar a Europa. Nosotros defendemos todo lo contrario y decimos que para tener una España fuerte necesitamos una Europa fuerte. Se avecinan elecciones en el Europarlamento que son clave y creemos que las elecciones en Francia han contribuido a que no se siga desmembrando Europa.
–¿Cómo se puede hacer fuerte a España con una situación económica como la actual?
–Uno de los modelos que tiene que defender un nuevo gobierno es el combate de la desigualdad. España hoy día crece, pero con niveles de pobreza tremendos. En Madrid tenemos que hablar de un 21% de pobreza. Madrid, la capital de España, con una de las rentas per cápita más altas de Europa. La herencia que va a quedar después de esta gran crisis económica va a ser la desigualdad. Hace falta recorrer colegios, de rincones de los barrios de Madrid para darse cuenta. Yo como diputada conozco muy bien la realidad de los barrios de Madrid. Hay que hablar de esa pobreza que crece por gobiernos de derecha que están desarmando el modelo de Estado de Bienestar, la inversión en educación publica, en salud pública. Por eso le decimos a los ciudadanos que están viviendo esta situación que ahora la dirección del POSE vuelve a ser la misma de aquellos logros.
–Otro tema preocupante en el país es Cataluña, ¿cómo piensan tratar el caso?
–El tema es muy complejo. Desde la época de Manuel Azaña, presidente de la república española (1936-1939) autor de un libro muy interesante, «El gran problema español», se ve que los mismos temas siguen vigentes. Nuestro modelo refrendado en el 39ª Congreso es el del Estado Plurinacional. España puede ser una nación de naciones pero con un modelo de soberanía única que es España.
Tiempo Argentino
Setiembre 3 de 2017
por Alberto López Girondo | Sep 12, 2017 | Sin categoría
Tema presente en la campaña electoral, el control de los hechos ilegales ocupa un lugar central entre las preocupaciones de la sociedad. Persisten las deficiencias en los organismos responsables de aplicar la ley pese a los reiterados cambios en las cúpulas policiales.
Si hay un tema que atravesó la campaña electoral para las primarias -y lo mismo ocurrirá seguramente ante las legislativas de octubre-, es el del rol de las fuerzas de seguridad en la custodia del orden público y el combate del delito en un contexto en que las propias cúpulas de varios de esos organismos resultaron implicadas en escándalos de toda laya. Desde hace décadas, la sociedad oscila entre las críticas por la represión contra las demandas sociales, los reiterados casos de «gatillo fácil» y el auge de eso que los medios masivos llaman «inseguridad». Sucesivos casos de corrupción que involucran a las jefaturas policiales de distritos gobernados por el oficialismo como la provincia de Buenos Aires y la capital argentina –la detención del comisario José Potocar y su liberación bajo fianza ejemplifican este aserto-, pero también de provincias con otros colores políticos, así como la profundización del uso de la violencia frente a la protesta social, evidencian una deuda que la democracia aún no saldó.
Por caso, a medida que crece el desempleo, el reclamo social también aparece en el centro de la escena, al punto que para el periodista Ricardo Ragendorfer, uno de los conocedores más profundos del submundo policial, «la represión a los trabajadores de PepsiCo -a mediados de julio- fue el primer acto de campaña del gobierno». El autor de La bonaerense y La secta del gatillo destaca además que en épocas electorales hay una «demagogia punitiva» en que distintos candidatos ofrecen alternativas, a cual más dura, para «garantizar la seguridad» de la población, entre ellas es recurrente la idea de bajar la edad de imputabilidad. Tal vez la presencia del ex alcalde neoyorquino Rudolf Giuliani en Tigre con el ex intendente y aspirante a senador Sergio Massa pueda considerarse como ejemplo de esta competencia.
Lo mismo puede decirse de la aparición, en un programa de televisión de clara alineación con el oficialismo, de la grabación de un chico de 11 años diciéndose autor de varios de delitos graves, incluso un homicidio. Al otro día llovieron las críticas sobre el conductor televisivo y el responsable político de maniobra, Diego Kravetz, secretario de Seguridad del municipio de Lanús, donde se filmó la pseudo entrevista. Luego se supo que junto con el equipo periodístico estuvo el ex comisario inspector Daniel Alberto Villoldo, mano derecha de Kravetz y exonerado de la bonaerense por el ex ministro León Arslanian.
Reforma frustrada
Arslanian, uno de los jueces del tribunal que condenó a las juntas militares una vez recuperada la democracia, llevó a cabo la reforma policial más profunda de la policía provincial. La inició en 1998 con Eduardo Duhalde como gobernador, a poco del crimen del fotoperiodista José Luis Cabezas, pero renunció un año más tarde, cuando Carlos Ruckauf se postulaba a gobernador con una propuesta de «mano dura». Tras los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, dos crímenes cometidos por efectivos policiales, Felipe Solá volvió a convocar a Arslanian para proseguir esa tarea inconclusa. Nuevamente el «reformador» se tuvo que ir a su casa, cuando ganó la gobernación Daniel Scioli, en 2007, y volvió a los viejos esquemas de negociación con las cúpulas para mantener la «gobernabilidad».
Desde entonces, regularmente se registran escándalos que obligan a un recambio que en el fondo no tocan lo esencial, que es un esquema de regulación del delito peligroso para la sociedad. La llegada de María Eugenia Vidal a La Plata, en diciembre de 2015, estuvo marcada por este conflicto central para cualquier mandatario bonaerense. De hecho, se mudó a una base militar en Morón alegando que debía mantener su propia seguridad porque estaba decidida a luchar «contra las mafias policiales». El primer jefe designado, Juan Pablo Bressi, recibió críticas de organismos especializados pero la más feroz fue de la diputada Elisa Carrió, una de las fundadoras de Cambiemos, quien lo vinculó con el narcotráfico y otras actividades ilegales.
Vidal lo mantuvo en el cargo hasta que en mayo pasado le pidió la renuncia para no cargar con el lastre en la campaña. Según Solá, en el oficialismo le habrían reconocido que Bressi fue designado a instancias de la DEA, el organismo antidroga estadounidense. Al decir de Ragendorfer, Bressi representa dentro de la interna provincial una línea que continúa la gestión del comisario Hugo Matzkin, el pope durante la gestión de Scioli, y que se mantiene con su reemplazante, Fabián Perroni. La conclusión es que continúa la política de mantener las aguas calmas en el organismo aún con Vidal y su mano derecha en ese rubro, Cristian Ritondo. Más allá de lo que digan públicamente.
En la ciudad de Buenos Aires la situación no es mejor. La Policía Metropolitana fue creada por Macri en 2009 cuando era alcalde porteño. El primer jefe y virtualmente organizador fue Jorge Alberto «El fino» Palacios. Implicado en el proceso por espionaje ilegal que también salpicó a Macri, y en la causa por el atentado contra la Amia, Palacios terminó detenido en diciembre de ese año.
Cuando Macri llegó a la Casa Rosada, Horacio Rodríguez Larreta asumió en Buenos Aires. Entre sus primeras medidas estuvo la conformación de una Policía de la Ciudad, la fusión entre la Federal y al Metropolitana, una vieja aspiración del macrismo que encontró resistencias dentro de la vieja Federal. Los dos primeros titulares de esa fuerza también terminaron presos. Guillermo Calviño y José Potocar están procesados corrupción y si bien recuperaron su libertad, sus carreras quedaron truncas en el marco de disputas internas por el control de la nueva fuerza, según los conocedores del tema.
Los problemas de esta naturaleza no se limitan a la capital y la provincia de Buenos Aires. Santa Fe y Córdoba tienen lo suyo en materia de corrupción policial. Por caso, el 30 de julio, en una entrevista con el editor del diario Perfil, la procuradora Alejandra Gils Carbó contó entre los hechos destacables de su gestión, la creación de una
Procuraduría de Narcocriminalidad, la Procunar, que llevó al banquillo al jefe de Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, y al titular de Drogas Peligrosas de Córdoba, Rafael Sosa.
Más violencia
Para María del Carmen Verdú, una abogada con extensa labor en la defensa de víctimas de violencia policial y referente de la Coordinadora contra la Represión Institucional y Policial (Correpi), hay un incremento notable en los casos de «gatillo fácil» entre otras razones porque las autoridades decidieron poner más personal en la calle para atender a reclamos de seguridad y porque hay órdenes de actuar con dureza. «Si paran a todo el mundo y lo bajan del colectivo para hacer una requisa hay más contacto con la población y más posibilidades de violencia», resume.
Para Verdú, hay una clave que se repite desde 1983 en adelante y es que «el consenso social es como el balancín de un ascensor: cuando sube el consenso social (o sea, cuando el conflicto es menor) baja la represión, cuando baja el consenso, sube la represión». Cabe la aclaración de que para la abogada, cuando la policía no reprime oficialmente lo hacen «patotas», como en el homicidio del joven Mariano Ferreyra a manos de sicarios de un sector gremial. Estos tiempos de cierre de empresas y despidos masivos representan un momento clave en que el actual gobierno se inclina cada vez con mayor asiduidad a mantener el control social con modos cada vez más extremos, sintetiza.
El panorama se agravó al cierre de este panorama. Colectivos de Derechos Humanos y activistas sociales reclamaban ante la desaparición de Santiago Maldonado, un militante platense que reside en la ciudad rionegrina de El Bolsón y el martes 1 de agosto estaba en comunidad mapuche Lof de Cushamen, en Esquel, cuando ingresó un piquete de gendarmería para reprimir una protesta. Los testigos apuntan a que los gendarmes se lo llevaron detenido. Y el joven, hasta el 7 de agosto, no había aparecido. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich recién habló del caso ese día, para asegurar que «El juez interviniente dice que no hay ningún indicio de que fue la Gendarmería quien lo tomó a Maldonado. Nosotros tampoco tenemos indicio de que Santiago Maldonado haya estado en el lugar, porque todas las personas estaban encapuchadas».
Los organismos de derechos humanos denunciaron enfáticamente la situación y exigieron la aparición de Maldonado. “Es muy grave esto que está pasando. La ministra Bullrich debe renunciar ya si tiene un poco de dignidad”, sentenció Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea fundadora.uerzas de seguridad.
Revista Acción
Agosto 1 de 2017
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