por Alberto López Girondo | Oct 25, 2013 | Sin categoría
Tras casi 20 años de vigencia, la doble moneda cubana tendrá su fin al cabo de un cronograma de adecuación que el gobierno de Raúl Castro pondrá en vigencia más temprano que tarde, según publicó el diario oficial Granma. No es que sea una novedad, ya que ni bien el hermano de Fidel lo remplazó en el poder, formalmente en 2008, promovió una serie de cambios en la economía y reconoció que uno de los fundamentales –pero no el único– sería terminar con el sistema bimonetario que rige en Cuba desde agosto de 1993.
Ya en julio Tiempo Argentino adelantó cuáles serían los próximos pasos en el plan de actualización económica del que la cuestión monetaria es un pilar. En una conferencia de prensa el vicepresidente Marino Murillo fue muy claro: 1) Cuba debe terminar con el sistema de precios regulados administrativamente para ir a uno regido por el mercado. 2) Hay que acabar con el subsidio a los productos para ir al subsidio a las personas. 3) La prioridad de la economía es ganar eficiencia en base a inversiones y aportes de tecnología y mercados del exterior.
Las autoridades recalcan que aggiornar el modelo económico socialista –sin perder la base revolucionaria– implica tomar medidas que no por dolorosas son menos necesarias. Lo que en todo caso están tratando es de sacrificar algo de velocidad para no perder el logro más caro a la revolución que encabezaron Fidel junto con el Che Guevara, Camilo Cienfuegos y Raúl Castro en 1959: la sensibilidad social. El propio Murillo lo dijo en términos bastante precisos y a modo de eslogan: «Necesitamos crear una sociedad socialista próspera y sostenible.» Para lo cual, aclaró, el Estado dejará cada vez más lugar a la actividad privada en áreas donde el individuo puede ser más eficiente que la maquinaria colectiva. Ya lo viene haciendo con la creación de centenares de cooperativas en rubros donde antes había sólo emprendimientos estatales. Y le abrió el paso a varios miles de cuentapropistas que dejan empleos públicos para ganarse el pan, como quien dice, en las calles.
La doble moneda nació cuando Cuba debió enfrentar el colapso definitivo de la Unión Soviética, en 1990. Acostumbrada a un intercambio económico con el bloque socialista, la isla había generado divisas con la venta de su principal producto de exportación, el azúcar. Pero desde entonces todo fue diferente. Las relaciones ventajosas con «amigos del palo» se convirtió en lo que es el sistema capitalista: una jungla impiadosa donde priman el lucro por sobre cualquier otra consideración humana o ideológica.
Pero había un componente adicional que no es para nada desdeñable. Desde 1961 Cuba padece un bloqueo económico de la principal potencia del mundo. Los cubanos computan pérdidas económicas por el embargo estimadas sólo durante el año pasado en unos 3921 millones de dólares, un 10% más que en 2011. En el medio siglo de cerrojo a la economía cubana el daño se cifra en 1,15 billones de dólares.
Las razones de Estados Unidos para mantener y aún extender el cerco alrededor de una isla que está a 90 millas de sus costas resultan cada vez más inentendibles tanto en el exterior como para las mentes bien pensantes en el interior de su propio país. Porque hay lobbies económicos que cuentan en millones las pérdidas por no poder comerciar con Cuba. Y eso que la tienen ahí tan cerquita y ávida de comprar alimentos e insumos como de ofrecer sus productos tradicionales o las nuevas tecnologías en las que demostró estar a la vanguardia.
Con el cambio obligado de los ’90, Cuba tenía dos opciones: se dejaba arrastrar hacia el modelo neocapitalista al que se encaminaron los países del este europeo o trataba de mantenerse en sus ideales socialistas a cualquier costo. Hicieron esto último y el precio que pagaron por su tozudez es incalculable. No cuantificable en términos monetarios pero mucho menos en el factor social a largo plazo. Con la aclaración que ese largo plazo es ayer, hoy, estos días, cuando toda una generación de cubanos que nació en una pobreza atravesada por diferencias que sus padres no habían conocido, comienzan a desenvolverse en la vida pública.
La política de desarrollo basada en el turismo, que se inició en los ’90, llevó dólares a la isla y dislocó la hasta entonces sencilla economía local. Como consecuencia del bloqueo, el dólar no podía circular en ese país, y el auge de euros y otras monedas generó consecuencias nefastas. Fue así que las autoridades crearon una divisa convertible, el CUC, que serviría para ese mundo ligado al exterior que iba creciendo, mientras que para «el otro país» quedaba el tradicional Peso Cubano, CUB. Nacieron paralelos, uno a uno, pero en la actualidad un CUC equivale a 25 CUB. Los trabajadores «de a pie» ganan en CUBs el equivalente a no más de 25/30 CUC. Pero tienen un mercado donde circulan esos billetes y mercadería a precios acomodados a esos valores.
A eso se refieren las autoridades cuando dicen que quieren dejar de subsidiar a productos para subsidiar a personas. El déficit que ocasiona esta doble economía es inviable para el conjunto de la sociedad, y además perturba el desarrollo de nuevos emprendimientos. Cuba tiene altísimos estándares en todas las mediciones sociales y sanitarias que se encuentren, desde el nivel más bajo de mortalidad infantil del continente (menor aun a Estados Unidos y Canadá) hasta índices de educación que la colocan entre las naciones más avanzadas del mundo.
Por otro lado, un país sometido al embargo más obcecado, que no podía conseguir ni medicina y tecnología, se las tuvo que rebuscar como podía –inventar, como proponía Simón Bolívar– y ahora lidera en fabricación de cierto tipo de vacunas y de aparatos y en la formación de personal. Creó más profesionales, incluso, de los que puede sostener, por eso «exporta». A tal punto que envió médicos y educadores para alfabetizar al resto del mundo.
Profesionales cubanos viajaron especialmente para ejercer en Venezuela, Bolivia y Brasil, donde los médicos, además, tuvieron que enfrentar el lobby de los colegios médicos locales, que intentaban impedir el acceso de millones de brasileños de las zonas más pobres del país a cuidados de salud. Tras muchos cabildeos y luego de manifestaciones de Campesinos Sin Tierra que reclamaban la presencia de profesionales de la nacionalidad que fuese –en vista de que los brasileños se quejaban de los cubanos pero no se anotaron para acudir al convite– finalmente, la presidenta Dilma Rousseff ganó la partida. Los primeros galenos formados en la isla ya están trabajando en los lugares más remotos del gigante sudamericano.
Desde el punto de vista de la economía más crasa, por otro lado, se puede decir que la isla ofrece a los inversores que se atrevan, trabajadores que en valores de mercado reciben salarios mucho más bajos pero tienen una preparación óptima, lo que los hace adecuados para desempeñarse con eficiencia en cualquier desafío que se les cruce.
Empresas internacionales conocen el dato de sobra y se sumaron a compañías mixtas en áreas como la energía y la minería. Firmas brasileñas participan del proyecto de recuperación de la industria azucarera y están construyendo un megaproyecto en Puerto Mariel, que está llamado a ser un polo industrial y tecnológico de importancia regional. Hay decenas de proyectos en turismo con aportes multimillonarios de las cadenas más grandes de Europa. En algunos casos el plan consiste en puertos adecuados para cruceros de gran porte que podrían recorrer todo el Caribe.
Pero en gran medida todo plan de desarrollo sustentable para la Cuba de estos días dependerá de cómo siga la relación con su vecino más cercano e incómodo. Proyectos en danza para una explosión económica cubana hay muchos, pero los grandes inversores temen las millonarias multas que hoy por hoy pueden sufrir si se suman a la invitación del gobierno. Ni siquiera puede viajar con libertad para hacer negocios.
Los críticos de la revolución cubana sostuvieron desde siempre que la situación de ese país es consecuencia de fallas propias del socialismo real o de la insolvencia de sus dirigentes. Que el bloqueo es apenas una excusa. Los defensores del modelo comunista desafían a que se levanten las sanciones contra la isla y lo comprueben efectivamente. Sienten, con razón, que hay un doble estándar para medir el éxito de un sistema. «Si realmente piensan que no funciona ¿Qué necesidad tienen de maniatarlo?», sería el planteo.
El martes que viene la Asamblea General de la ONU volverá a tratar el caso del bloqueo a Cuba. El año pasado 188 países de un total de 193 votaron contra el embargo que decretó Dwight Eisenhower en julio de 1960 como estrategia para asfixiar al gobierno revolucionario de Fidel Castro. Nada indica que esta vez los números serán diferentes y, quién sabe, no se sume algún díscolo en apoyo de la posición cubana.
El caso es cuándo esa abrumadora mayoría servirá para poner fin a tal arbitrariedad.
Tiempo Argentino, 25 de Octubre de 2013
por Alberto López Girondo | Oct 18, 2013 | Sin categoría
“Acá no hay ganadores. Las últimas semanas causaron un daño completamente innecesario a nuestra economía», definió lacónicamente Barack Obama. «Dimos una buena pelea por una causa justa. Sólo que no ganamos», se justificó John Boehner. Tras más de 16 días de encarnizada disputa en torno del aumento del techo de la deuda y el cierre de la administración pública estadounidense –que en realidad fue una nueva batalla por la reforma de la ley sanitaria– un acuerdo de última hora, poco antes de entrar en default (o como se dice en el barrio, cortando clavos), permitió extender el debate sobre el cambio de paradigma en Estados Unidos hasta un nuevo round, por lo pronto en enero.
Porque el límite del endeudamiento no fue más que una excusa para que un grupo extremista de los republicanos, los integrantes del Tea Party, intentaran boicotear la puesta en marcha del llamado «Obamacare», el único gran proyecto de cambio, aunque bastante licuado, que hasta ahora pudo implementar el primer mandatario negro en la historia de Estados Unidos. Y esa normativa, que acerca a 45 millones de estadounidenses a un sistema de salud, representa el cambio más profundo en cuatro décadas en el consenso social de ese país.
El sistema de salud público fue una de las máximas creaciones del gobierno de Richard Nixon, más famoso por su papel en el caso Watergate puertas adentro de Estados Unidos y por su tarea en la desestabilización y el golpe contra el chileno Salvador Allende y la gestación del plan Cóndor en la región. El otro costado de Richard Milhous Nixon es que estableció algunas políticas de estado que todavía rigen en el mundo: abrió relaciones con China e incorporó al gigante asiático al concierto de las potencias, puso fin a la desastrosa Guerra de Vietnam y retiró los soldados estadounidenses tras el descrédito social de aquella aventura colonialista.
Al mismo tiempo, en agosto de 1971 logró impulsar el sistema privatizado de salud, que dejaba fuera de toda protección a las capas más pobres de la población. En el documental Sicko, de 2007, el cineasta Michael Moore plantea precisamente que la razón de fondo para ese cambio habría que buscarla en que la atención privatizada creó generaciones de ciudadanos obligados a endeudarse hasta la miseria para pagarse algún tratamiento, una forma sofisticada y perversa de mantener la esclavitud con métodos en apariencia basados en la libertad individual. O por lo menos, una forma de disciplinamiento social que logró ser mucho más efectiva que una dictadura, aunque se le parece demasiado. Y que, por otro lado, se mantuvo en el tiempo por eso de que en Estados Unidos se construyen consensos permanentes más allá de quién ocupe el Salón Oval.
Los Tea Party –esa línea interna republicana creada en «honor» de aquella revuelta contra el pago de impuestos que logró la independencia de Estados Unidos en 1776– defienden a tal punto un concepto extremo de libertad individual que son capaces de decir, sin que les tiemble la pera –como señaló Ron Paul, el más influyente de sus teóricos– que si una persona es libre «también debe ser responsable de contratar un plan de salud conveniente» y no dejar «que el estado acuda en su ayuda» como si fuera un padre generoso.
Obama dijo más de una vez que su propuesta de reforma sanitaria se basaba en su historia personal: su madre, Ann Dunham, murió a los 52 años de un cáncer de ovario porque no tenía una buena cobertura de salud. Pero los Tea Party no entienden de sentimentalismos y desde el vamos hicieron presentaciones de todo cariz para frenarla judicialmente o demorar su aplicación con chicanas como el cierre de la administración o la amenaza de default si no se hacían recortes en su financiación. Aun así, la Corte Suprema la declaró constitucional, con lo que el último recurso era vaciarla de fondos y demorar su aplicación hasta la llegada de otro gobierno más favorable a derogar la ley. (A que suena parecida a la pelea por la Ley de Medios argentina…)
El grupo extremista republicano tiene otro ideólogo de peso en las estructuras partidarias: el lobista Grover Norquist, titular de una ONG, Americans for Tax Reform (Estadounidenses por una reforma tributaria), que tiene como principal objetivo bajar los impuestos y reducir a la mitad al Estado para el 2025. «Yo no quiero abolir el gobierno. Simplemente quiero reducirlo a una dimensión en que pueda arrastrarlo al baño y ahogarlo en la bañera», es su frase de cabecera. Con menos estado las capas menos favorecidas de la sociedad disminuyen sus posibilidades de poder cambiar una situación inequitativa, claro. Un modelo sanitario más igualitario, perciben con preocupación, es la antesala de otras conquistas «populistas» que quieren evitar a toda costa.
Norquist es el autor de un juramento que desde 1986 siguen a pie juntillas los republicanos. La «Promesa de Protección al Contribuyente» tiene apenas dos artículos, pero muy categóricos: «Uno, me opondré a todas las medidas destinadas a aumentar el impuesto sobre la renta para los individuos y/o las empresas. Dos, me opondré a cualquier recorte neto o eliminación de deducciones o abonos, a menos que sean compensados, dólar a dólar, mediante futuras reducciones de impuestos». Entre los 242 representantes republicanos, firmaron 238; mientras que lo hicieron 41 de los 47 senadores.
Ese juramento fue una verdadera traba para los negociadores demócratas y también para el líder de la Cámara Baja, el republicano Boehner, segundo de 12 hermanos y primero con título universitario de una familia católica de Reading, Ohio, constitucionalmente el tercero en la escala sucesoria, detrás de Obama y Joe Biden. Para muchos, Boehner fue uno de los perdedores de la contienda, porque no supo liderar una posición uniforme de los miembros del Partido del Elefante, como se conoce al Republicano. Porque mientras avanzaba el cierre y se acercaba el día del default, era cada día más evidente que muchos en el viejo partido se deban cuenta de que iban a una derrota ante la opinión pública y querían aceptar las condiciones de Obama.
De hecho, según encuestas publicadas por The Washington Post y ABC News, el 74% de los ciudadanos rechazaba la postura intransigente de los republicanos, mientras que un 61% culpaba de terquedad a los demócratas y 53% al propio Obama. A nivel nacional, en tanto, de acuerdo a un sondeo de Pew Research Center, casi la mitad de la población tenía una opinión desfavorable del Tea Party y solo un 30% mostraba aprobación con el ala más derechista de la oposición. Sin embargo hay un dato a tener en cuenta: los representantes tienen que renovar su banca cada dos años y se deben mucho más a su público local. Y allí, en sus distritos, el 60% de sus votantes apoya su radicalidad política.
No hay registro de qué ganó o qué perdió el inefable Ted Cruz, el representante ultramontano de Texas que saltó a la fama con un discurso de 21 horas como parte de una estrategia para impedir que se votara una ley provisional de gastos. A Cruz lo terminaron denostando sus propios correligionarios y hasta el no menos «estricto» Norquist consideró que «era muy posible que demoráramos la implementación de Obamacare durante un año, hasta que Cruz llegó y se estrelló e incendió».
El que sí parece haber ganado en todos los terrenos fue Obama, que ahora se animó a ir por más y apura la aprobación de una ley migratoria, otra de sus promesas electorales de 2008. «No permitamos que este problema siga pudriéndose otros dos o tres años. Esto puede y debería hacerse antes del fin de este año», insistió. No se olvidó de azuzar con que «el pueblo estadounidense está completamente hastiado de Washington».
Ahora le esperan tres meses fatales. No es previsible que Tea Party renuncie a sus «principios», y el escuálido acuerdo sólo pateó la pelota extendiendo el presupuesto hasta el 15 de enero y ampliando el límite de la deuda hasta el 7 de febrero, cuando volverá a tensarse la cuerda. Lo que ocurra entonces tendrá relación con el debate que se produzca en la sociedad. Se sabe que el plan de salud generará fortunas a empresas de prepago por la incorporación de esos millones de estadounidenses que estaban sin cobertura.
El problema es si ese interés será más determinante que la estrategia de dominación que subyace en el proyecto de frenar la normativa. Lo que equivale a preguntarse si Obama, con sus falencias y debilidades, logrará imponer otro paradigma y construir un nuevo consenso en Washington, como viene prometiendo desde que asumió.
Tiempo Argentino, 18 de Octubre de 2013
por Alberto López Girondo | Oct 11, 2013 | Sin categoría
Hace seis años Karen Hudes fue despedida del Banco Mundial, donde había trabajado por dos décadas. Graduada en Derecho en la exclusiva Universidad de Yale, la mujer integraba el departamento jurídico de la institución creada en el marco de Naciones Unidas para apoyar el desarrollo y el combate a la pobreza. Vio muchas cosas en esos veinte años la señora Hudes, y contó todo a sus superiores; y hasta elevó informes a las autoridades estadounidenses, ya que por un acuerdo tácito el presidente del BM siempre era un norteamericano a cambio de que el FMI estuviera en manos de un europeo. Hasta que un día, por sus denuncias sobre la corrupción imperante en la institución, la llevaron de patitas a la calle, no sin haberle agradecido antes los servicios prestados y tratando de que no hiciera demasiado ruido.
Ahora Karen Hudes es lo que en inglés se conoce como whistleblower. La versión más callejera del término sería ‘soplona’. La más elegante, ‘denunciadora’. Es la palabra con que se denomina al soldado Bradley Manning y al más reciente Edward Snowden. Ella mantiene su posición y volvió a la abogacía para mantenerse, pero mientras tanto aparece en los medios en que la dejan para contar al público lo que fue averiguando en torno de una trama del poder mundial en las sombras que mantiene en vilo al planeta y como quien dice agarrado de los fundillos al propio presidente de Estados Unidos, por la amenaza de un default que comparó a una bomba atómica mundial.
Un artículo firmado por Michael Snyder da cuenta del pensamiento de Hudes: «Ellos (por los dueños del mundo, vamos) nos quieren a todos nosotros esclavizados a la deuda y a todos nuestros políticos adictos a las enormes contribuciones que fluyen hacia sus campañas.» En una entrevista con The New American (TNA), un sitio de la John Birch Society, una asociación paleoconservadora de Estados Unidos fundada en 1958 para combatir el «peligro rojo» –o sea, no son ni remotamente de izquierda–, la ex integrante del BM puede explayarse sobre un estudio del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zurich titulado «Red de control empresarial mundial» donde se repasaron las relaciones de 37 millones de empresas e inversores internacionales. «Lo que descubrieron es que hay una super-entidad de apenas 147 muy íntimamente unidas mega-corporaciones que controlan el 40% de toda la economía mundial», revela Hudes en uno de los pocos lugares donde puede expresarse. Son en su casi totalidad instituciones financieras, detalla. Al tope de ellas están, como es de imaginar, Barclays Bank, JP Morgan Chase & Co y el grupo Goldman Sachs. «Los recursos del mundo están siendo dominados por este grupo», señala Hudes, para agregar, lapidaria, tras tacharlos de corruptos, que «ellos han logrado dominar desde allí al BM, al FMI y a todos los bancos centrales».
«Los banqueros centrales han estado jugando con el sistema. Yo diría que se trata de una toma de poder», subraya la mujer, que –destaca el TNA– coincide con Carroll Quigley, ex consejero del presidente Bill Clinton, quien describió algo así en un libro que publicó en 1996. Para Quigley, el objetivo de esta trama de intereses es «crear un sistema mundial de control financiero en manos privadas capaz de dominar el sistema político de cada país y la economía del mundo en su conjunto» con eje en el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, Suiza. El BPI viene a ser el banco central de los bancos centrales, la mayoría de los cuales están en manos privadas.
A diez días del 17 de octubre, cuando Estados Unidos puede entrar en default, el presidente Obama designó a la nueva presidenta de la Reserva Federal (FED), el BC estadounidense. Se trata de Janet Yellen, hasta ahora vicepresidenta de Ben Bernanke en esa entidad. La FED, que pronto cumplirá cien años, por definición es una estructura público-privada encargada de custodiar los fondos del sistema bancario norteamericano.
La fabricación de los dólares está bajo el control del Departamento del Tesoro –que es el encargado de administrar los fondos estatales– a través del Bureau of Engraving and Printing, la Oficina de Grabado e Impresión. Pero es la Reserva Federal la que decide la cantidad de dinero que se pondrá en circulación. Una anomalía que para los entendidos es una trampa anticonstitucional en la que aún nadie reparó.
Otro paleoconservador que fuera secretario del Tesoro de Ronald Reagan, Paul Craig Roberts, del que ya se habló en estas páginas, mantiene floridos debates sobre la cuestión en su blog. En uno de los últimos mensajes recuerda que el problema de la crisis no es el techo de la deuda, cuya suba le permitiría a Obama mantener el nivel de gastos y pagar las deudas sin recortes adicionales en el sistema de salud como quiere la oposición. Es más, Craig Roberts apela a un razonamiento que por lo obvio llama la atención que no hubiera circulado antes: un presidente que tiene elementos legales en el marco de leyes contraterroristas que le permiten secuestrar o asesinar a un enemigo político en casi cualquier parte del mundo sin rendir cuentas a nadie, tranquilamente «puede declarar una emergencia nacional y elevar el techo de la deuda mediante una orden ejecutiva».
El economista ultraliberal explica luego que el problema de fondo «es que la deslocalización de empresas estadounidenses ha disminuido de manera permanente los ingresos fiscales de Estados Unidos por aportes de los trabajadores». Algo fundamental para mantener el flujo de dinero por aportes laborales al sistema de salud y de jubilaciones, lo que genera déficits permanentes en las cuentas públicas. «La Reserva Federal cubre el déficit mediante la impresión de $ 1000 millones de dólares anuales con los que comprar deuda del Tesoro e instrumentos financieros respaldados por hipotecas. El uso de la máquina de impresión a gran escala socava el papel del dólar de EE UU como moneda de reserva, la base de poder de EE UU.» Craig Roberts acusa directamente al déficit de haberse comido el superávit del sistema de seguridad social y como manda la ortodoxia, teme una disparada inflacionaria por el uso desmesurado de la «maquinita».
«La verdadera crisis es la falta de inteligencia entre los economistas y los políticos que nos han dicho desde hace veinte años que no nos preocupáramos por la deslocalización de empleos en Estados Unidos, porque íbamos a tener una nueva economía con mejores empleos», abunda el hombre.
No es de ahora que Craig Roberts viene alertando sobre el camino que lleva la administración central. Sobre todo critica a los republicanos, porque de ese palo viene, pero se ganó el desdén de ambos sectores, que lo tildan de izquierdista extremo cuando es todo lo contrario. El caso es que en otra ocasión escribió: «Supuse que los republicanos sabían que durante los años de Reagan, David Stockman y Alan Greenspan habían acelerado los aumentos del impuesto sobre la renta de las personas físicas establecidos por el presidente Carter para asegurar la viabilidad a largo plazo de la Seguridad y habían usado el dinero para gastos operativos corrientes, dejando pagarés sin financiación en el ‘fondo fiduciario’ de la Seguridad Social.» Luego brinda otra información que resulta insólita, sobre todo en estas tierras: «Supuse que los republicanos sabían que el presidente republicano del Consejo de Asesores Económicos, Michael Boskin (…) había reconfigurado el Índice de Precios al Consumidor a fin de quitar importancia a la inflación y reducir los ajustes al costo de la vida en los pagos de la Seguridad Social.»
Karen Hudes habló también con la televisión rusa, ya que los grandes medios la ignoran. Allí, en charla con la periodista Sophie Shevardnadze, alertó sobre una guerra de divisas a raíz de un posible default estadounidense. «La Reserva Federal está imprimiendo dólares como si no hubiera un mañana. Y si siguen haciéndolo, el resto del mundo no los va a aceptar.» Pone como ejemplo a los países BRICS, que ya comercian entre ellos en monedas locales. ¿Por qué esas cuestiones no aparecen ni en Estados Unidos ni en países como Argentina? La respuesta también corre por cuenta de la «soplona». «Los medios de comunicación están completamente controlados por las empresas privadas que poseen el Sistema de la Reserva Federal. La mayoría de los ciudadanos estadounidenses no tiene ni idea acerca de la corrupción que está saqueando su economía.» Y a renglón seguido denuncia que «la deuda se creó simplemente para aquellos banqueros que apostaron por la deuda y la obligan a crecer y agravar cada año. La deuda es una invención y probablemente debería ser repudiada».
Por lo que se ve, nada que por acá no se haya debatido hasta el hartazgo.
Tiempo Argentino, 11 de Octubre de 2013
por Alberto López Girondo | Oct 4, 2013 | Sin categoría
Otra vez los destinos de argentinos y uruguayos se vuelven a cruzar en Holanda. No será como en aquella lejana final de las Olimpíadas de Ámsterdam del 13 de junio de 1928 en que el equipo oriental derrotó en el desempate por 2-1 al argentino, sellando una primacía en el fútbol rioplatense que se coronaría dos años más tarde con el primer Campeonato Mundial en Montevideo, en el histórico Centenario, que no por casualidad tiene una tribuna popular bautizada precisamente Ámsterdam.
Tampoco tiene las mismas características que aquella primera controversia por la instalación de la pastera finlandesa Botnia en Fray Bentos, que terminó en un fallo en el Tribunal Internacional de la Haya de abril de 2010 con un saldo que pretendió ser salomónico: los uruguayos no habían estado del todo bien al no informar sobre lo que estaban haciendo en la otra orilla del río Uruguay, pero los locales no habían podido demostrar que la planta contaminaba en los términos planteados en la presentación.
Hace tres años y medio la cuestión se resolvió bastante amigablemente luego de 1326 días de clausura del puente internacional por voluntad de los vecinos de Gualeguaychú, que protestaban contra la instalación del emprendimiento multinacional en la costa del departamento uruguayo de Río Negro. Ahora, los entrerrianos plantean una marcha para quejarse por la ampliación de la producción celulósica anunciada por José Mujica «con todo el dolor del alma» por las consecuencias que puede tener su decisión en la relación privilegiada que mantiene con Argentina y en particular con Cristina Fernández. Algo que, bueno es decirlo, le costó muchas críticas de propios y ajenos en su país.
También de este lado del río se siente dolor en el alma por un intríngulis que termina enfrentando a dos pueblos hermanos –»nacidos de la misma placenta», suele recordar Mujica– por un gambito que beneficia a la pastera UPM, sucesora jurídica de la que inició el proyecto hace un par de años.
La ONG uruguaya Guayubirá fue una de las principales cuestionadoras del proyecto forestal-papelero de la ROU desde que se puso en marcha, a principios de siglo. Aportó mucha de la data que sirvió a los gualeguaychenses para iniciar los debates y presentar batalla contra el monstruo que estaba creciendo al otro lado del río. En sus últimos trabajos, la ONG destaca que según la firma Botnia, «la capacidad de producción de la planta de pulpa es de aproximadamente 1.000.000 de toneladas». Pero añade que tras reiteradas denuncias de que la planta UPM estaría produciendo mucho más de lo autorizado, el titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), Jorge Rucks, «explicó que la empresa tiene un tope anual de un millón de toneladas pero que igualmente, se estableció un margen determinado por los niveles de productividad, pudiendo llegar hasta 1.111.200 toneladas/año».
El dato adicional es que desde 2011 viene presionando para que le autoricen aumentar su producción a 1,3 millones de toneladas de celulosa. La amenaza latente es que de no hacerlo debería dejar a miles de obreros sin trabajo. Una verdadera extorsión para un gobierno como el del Frente Amplio, de raigambre progresista, con dirigencias que no se pueden dar el lujo de renunciar a sus banderas tradicionales ni dejar en la calle a nadie.
Para forzar los acontecimientos, interpretan con buen criterio los ambientalistas uruguayos, UPM inauguró en abril de 2012 un mega-vivero «en las afueras de la ciudad de Guichón, donde se producen alrededor de 20 millones de plantines de eucaliptos al año». Los retoños demandan mayor producción a medida que crecen, lo que para el imaginario social se traduce obviamente en fuente de trabajo y bienestar.
Más allá de esta cuestión puntual, lo cierto es que la fábrica cerró a mediados de septiembre en una parada anual de mantenimiento programada pero deslizó que de no haber respuesta a su reclamo de extensión productiva no abriría en los términos usuales, esto es una quincena más tarde.
Es difícil no asociar esta medida a presiones a ambos gobiernos: al de Mujica para advertirle que quizás se podría comprar un conflicto social si la parada se demoraba; al argentino para que en el medio del proceso eleccionario acepte minimizar el problema y no se meta en un enfrentamiento internacional.
El problema no es para la empresa, que finalmente fue autorizada a un incremento en la producción que no será como la que piden (en la práctica representa apenas unas 90 mil toneladas más de las que hoy producen) pero que es una primera línea que aspiran a ir corriendo a lo largo de futuras gestiones presidenciales. La complicación es tanto para los gobiernos de Montevideo y Buenos Aires, que agregan una cuestión más en la abigarrada lista de disputas normales entre socios de un proyecto de integración, como para la construcción de un modelo de convivencia sudamericana que vino para quedarse. Y que para colmo se resolverá en una instancia judicial como la de La Haya que no pertenece a Latinoamérica, otra cuenta pendiente para la conformación de una Patria Grande.
El Mercosur, malherido tras el golpe contra Fernando Lugo en Paraguay, sufre así otro embate, que cuesta trabajo entender como casual y sólo centrado en el interés económico de la papelera finlandesa. El lunes, la presidenta Dilma Rousseff se reunió con el mandatario paraguayo Horacio Cartes en Brasilia. Tras su primera gira presidencial por Buenos Aires, el empresario intenta ahora recomponer relaciones con la principal potencia sudamericana. Tanto Cristina como Dilma reclaman la vuelta de Paraguay al Mercosur, donde fue suspendido a raíz de la interrupción democrática. El nuevo gobierno paraguayo, a su vez, coquetea con la Alianza del Pacífico y hace pagar caro el ingreso de Venezuela, decidido sin la aprobación del establishment de esa nación.
La llegada de Cartes al Palacio de los López solucionó un problema institucional, pero no la cuestión de fondo tanto en Paraguay como en la región. Si bien Cartes no es lo mismo que el Partido Colorado, que le prestó su estructura para llegar al poder, no deja de ser un representante de la derecha. Más aún, de una nueva derecha, como lo entienden los integrantes de la Regional Sur del Foro de San Pablo que visitaron Asunción la semana pasada. El detalle de los horrores que encontraron en su recorrida por algunas de las cárceles paraguayas es un muestrario de iniquidades que amerita un artículo de fondo posterior.
En un acta levantada in situ, representantes de delegaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay en el foro paulista mostraron su preocupación por la criminalización de la lucha política y social en el Paraguay, la violación de los derechos laborales y las persecuciones a aquellos que aspiran a ejercer su legítimo derecho constitucional a la sindicalización, «así como por los asesinatos selectivos de dirigentes sociales y de izquierda en la zona Norte del Paraguay, la reciente aprobación de la Ley de Militarización y su aplicación atentatoria contra los Derechos Humanos (… y las) arbitrarias detenciones y persecuciones a dirigentes campesinos, especialmente a aquellos que fueron detenidos en el marco de la masacre de Curuguaty».
Los miembros del foro propusieron en esta ocasión recomendar el ingreso a ese ámbito de debate a partidos del progresismo paraguayo como el Movimiento Patriótico Popular, el Revolucionario Febrerista, el Frente Amplio, Participación Ciudadana y Unidad Popular. Cosa de consolidar un sector que hasta la llegada de Lugo al poder era apenas testimonial y ahora representa la única esperanza de cambio de cara al futuro.
En otro tramo del documento elaborado en Asunción, se recomienda que José Gaspar de Francia, Carlos Antonio López y Francisco Solano López sean considerados como héroes de la independencia del Paraguay y de América Latina, «así como al período de sus gobiernos, desde 1811 a 1870, como la primera revolución radical exitosa en América Latina, con verdadera autonomía del Imperio de la época». Un avance también para esta nueva izquierda latinoamericana, que tratará la cuestión en el próximo encuentro del Foro en San Pablo, en febrero de 2014.
Mientras Paraguay, más allá de Cartes, no vuelva con todos sus provechos al Mercosur, la organización regional estará herida en un ala. Si argentinos y uruguayos no están a la altura de las circunstancias en el conflicto por la planta de UPM, se puede decir que volar será directamente imposible. Las pasteras y la represión contra los actores sociales continuarán como si nada hubiera ocurrido en esta década de construcción popular mientras no se les pongan límites.
El desafío es demostrar que a pesar de tantos escollos, se puede cimentar una institución que no sólo sirva a empresarios e inversores sino a la población ávida de un trabajo digno y un proyecto de vida sustentable.
Tiempo Argentino. 4 de Octubre de 2013
Comentarios recientes