El recuerdo a los 20 años de la elección en la que finalmente Néstor Kirchner resultaría consagrado presidente fue una ocasión que desde ningún espacio se desaprovechó para interpretar, y hasta reinterpretar, la historia reciente del país. Y sirvió para confirmar una vez más la centralidad que ocupa la vicepresidenta Cristina Fernández en el escenario político nacional. A tal punto que su discurso en el acto que se desarrolló el 27 de abril en el Teatro Argentino de La Plata en el lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), fue esperado por militantes y dirigentes del Frente de Todos con igual expectativa que los de la oposición más acérrima. La gran incógnita a despejar era si finalmente anunciaría su postulación a un nuevo período presidencial. Y volvió a repetir que la negativa que esbozó en diciembre pasado sigue vigente. «Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar», dijo a modo de clausura sobre su postulación. De todas maneras, esa frase, con lo que tiene de lapidaria o definitiva, no cierra la aspiración de muchos de quienes se encolumnan en su sector del peronismo y pugnan por contar con su figura en un comicio que se aventura particularmente difícil en un contexto de alta inflación, escasez de reservas y un clima externo que en términos poco académicos podría definirse como de «viento en contra». Desde el tablado platense Cristina Fernández detalló el eje de lo que debería ser, según su interpretación, la disputa para esta ronda presidencial. «Es posible que 20 años después estemos discutiendo lo que fracasó en la Argentina. Es una Argentina que vuelve sobre sus fantasmas y sus viejos fracasos. No digo que tengamos la razón, pero no me quieran convencer de que tenemos que volver para atrás para resolver este presente», dijo la dos veces presidenta, tras afirmar que el problema inflacionario en el país está relacionado con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y ahí puso el dedo en la llaga desde el título mismo de su exposición: «La Argentina circular. El FMI y su histórica receta de inflación y recesión». «La Argentina fue el país que más se endeudó con fondos privados (desde 2016) y cuando no pudieron más, volvieron al FMI. Fue criminal lo que pasó», sostuvo Fernández. Si estas dos décadas están signadas por la crisis del 2001 y el fin de la convertibilidad, no es ajeno a aquel estallido el condicionamiento del FMI, que en 2006 había dejado de tener influencia luego de que Néstor Kirchner canceló el total de la deuda con el organismo de crédito.
Impacto del Fondo Lo que Cristina Fernández puso sobre la mesa es un tema fundamental que solo un mecanismo de ocultamiento mediático y político puede barrer de los debates, como es el regreso del FMI y las ataduras que impone. No hace tanto en un programa de tevé se hizo una pequeña compulsa en las calles y la mayoría de los consultados –gente que circulaba ocasionalmente– ignoraba qué papel podía tener el FMI en la vida cotidiana o estaba convencida de que el crédito lo había contraído el Gobierno de Alberto Fernández. Y por otro lado, en todas las críticas a la gestión actual desde la oposición jamás se menciona el impacto del Fondo en el diseño de la economía. El mismo jueves 27, horas antes de que la vicepresidenta hablara en la capital bonaerense, el contratante del acuerdo, Mauricio Macri, lanzó una carta pública fustigando este período. «Veinte años de una ocasión desperdiciada», tituló el expresidente. «Habíamos logrado salir de la peor crisis de nuestra historia y empezábamos, después de mucho dolor, a recuperarnos», dice el texto. Tras una enumeración de esos años en clave macrista, la carta concluye que «no habrá más años de kirchnerismo, más allá de lo que diga el resultado electoral. El dominio del kirchnerismo sobre el peronismo y sobre la política argentina se terminan en 2023».
Una gran familia. Con el expresidente fuera de la grilla de candidatos, la cúpula macrista intentó limar asperezas.
Foto: NA
Un par de días antes, Patricia Bullrich, precandidata por el PRO a la presidencia y una de las integrantes del Gobierno que renunció en 2001 en medio de esa crisis terminal que sesgadamente menciona Macri, había prometido en un foro empresarial que ella iba a «demoler el régimen económico de los últimos 20 años».
El factor Milei La que fuera ministra de Trabajo del Gobierno de Fernando de la Rúa fue una de las participantes del encuentro que el macrismo celebró el viernes 28 en San Isidro, en la casa del exministro de la misma cartera, Jorge Triaca, junto con las principales espadas del partido: Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el diputado Diego Santilli, la exgobernadora María Eugenia Vidal, entre otros. En esa cumbre se debatieron las disputas internas en ese sector de cara a las PASO y en un entorno de críticas cruzadas luego de la renuncia del exmandatario a una nueva postulación y el rol que asumió el alcalde porteño para aspirar a la presidencia. Las únicas palabras salieron de boca del diputado Cristian Ritondo, designado vocero de ese tipo de cónclaves hace ya tiempo para controlar la versión oficial y evitar a los asistentes la tentación de hablar de más ante los micrófonos. La novedad fue que se habrían de reunir con José Luis Espert para ofrecerle participar de las PASO dentro de Juntos por el Cambio. De alguna manera esta movida también obedece al discurso de Cristina Fernández, quien en el Teatro Argentino «subió al ring» a Javier Milei, el verborrágico competidor ultraliberal de Espert. Fue cuando rememoró discursos de quien definió como discípulo «con más pelo» del creador de la convertibilidad, en alusión a Domingo Cavallo, en el que acusaba a la dirigencia política de tenerle miedo. «Esos mamarrachos que dicen que “la casta” tiene miedo, ¿de qué te tenemos miedo? Si nunca te pasó nada. ¿De dónde te tenemos miedo?», dijo la líder del Frente de Todos, para luego insistir en que es «la única dirigente política que fue condenada, proscripta e intentada asesinar» y señalar que el Poder Judicial «no quiere investigar a los que me quisieron matar». Eso sí, reconoció que tiene miedo, pero porque sus nietos «puedan crecer en un país tan injusto e inequitativo».
Programas contrapuestos Lo que en definitiva quedó claro tras el discurso de Cristina Fernández en La Plata y la respuesta conservadora es que en ninguno de los espacios con aspiraciones se está discutiendo, puntualmente, por personalidades sino sobre programas. Para la expresidenta, el programa no será «uno de fe anticapitalista», y tras encuadrar al capitalismo como «el modelo de producción más eficiente», agregó que «la gran discusión no va a ser sobre si capitalismo sí o no, si no quién conduce el proceso de producción para no dañar tanto el medioambiente, si dejamos a los mercados o la política vuelve a tomar la dirección». En el libro Segundo tiempo, Macri de alguna manera fijó su programa y es el que intenta imponer en el PRO, con mayor o menor acompañamiento de los otros socios de JxC, la UCR y la Coalición Cívica, que a pesar de hablar de sus diferencias con la ultraderecha, no se oponen a un acuerdo con Espert, un personaje no menos drástico en sus postulados económicos que el discípulo de Cavallo. Es que ese programa es el mismo y ni siquiera tienen que esforzarse mucho en elaborarlo. Es el que desde 2018 dicta el FMI.
Que el mundo está en un acelerado proceso de cambios geopolíticos es innegable. Y que en Ucrania se juega el futuro de la configuración del siglo XXI tampoco. La moneda está en el aire, pero el multipolarismo ya es una realidad y en ese escenario, con las elecciones argentinas en el horizonte, el papel que jugará el país también es clave. Datos a tener en cuenta: el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno de Cambiemos –que incluso en la gestión de Donald Trump reconocieron que era para apoyar a Mauricio Macri como socio en su embestida contra Venezuela– es una atadura que condiciona cualquier política económica y exterior. Las frecuentes visitas de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, y otros altos dignatarios del actual Gobierno de Estados Unidos son también un llamado de atención, si se tiene en cuenta la ofensiva antichina de la Casa Blanca y el mensaje explícito de la generala por los recursos naturales de la región. En ese contexto, ni bien las tropas rusas cruzaron la frontera en 2022, los diputados del PRO Waldo Wolff y Gerardo Milman promovieron un viaje a Varsovia, capital de Polonia, para «ponerle el cuerpo a la paz» en Ucrania y contra Rusia. En tanto, a principios de este mes, en otra conmemoración de la gesta de Malvinas, volvieron a aparecer voces que postulan no ya la inconveniencia de reclamar por la soberanía sino incluso cuestionan los derechos que le caben a la Nación en esos territorios. En este embrollo, a aquel viejo inventario sobre la decadencia argentina centrada en los 80 años de populismo, se le agrega que ese período coincide con la postura argentina en la Segunda Guerra Mundial que, entienden estos sectores de la derecha, condenó al país por no haber secundado a las potencias aliadas en contra de la Alemania nazi desde el primer día. Para Eric Calcagno, exembajador en Francia y ex senador, no hay dudas de que Argentina debe respetar su vieja tradición de neutralidad, posición que se mantuvo en las dos guerras mundiales –en ambos casos decididas por gobiernos conservadores– «y que potenció Arturo Illia al no haber aceptado participar en la invasión a República Dominicana» en 1965. Por su parte, Juan Tokatlian, vicerrector de la Universidad Di Tella y master en Relaciones Internacionales por la Universidad Johns Hopkins, señala que «resulta difícil pensar que tenga algún dividendo para cualquier gobierno que surja en diciembre alinearse estrictamente con Occidente o ir a un hiperoccidentalismo», y se explica: «Ocho de cada diez dólares de exportación argentina en 2022 fueron a países no occidentales», y para más claridad, con India hoy día el comercio es cuatro veces superior al que se realiza con Francia. Fuentes de las Fuerzas Armadas, por otro lado, informan que hay un sector importante –aunque silenciado– que se mostraría mucho más dispuesto a sostener decididamente a Rusia y a los países del grupo BRICS (que integran además Brasil, India, China y Sudáfrica) con un sencillo argumento: «Ellos apoyan nuestra soberanía en Malvinas y del otro lado están el Reino Unido y la OTAN, que tiene una base militar en nuestras islas». De todas maneras, la cuestión Malvinas no parecería que vaya a integrar el eje de ninguna campaña. Así lo entiende Tokatlian. «En otra circunstancia la decisión del Gobierno de haber dado por finiquitado el acuerdo Foradori-Duncan hubiera despertado debates, artículos de prensa, comentarios, pronunciamientos de varios partidos en la línea de alguno de sus líderes que se han manifestado con un relativo desdén frente al tema o con el convencimiento de que es un reclamo innecesario. No sucedió nada de eso. El tema se cerró a los dos días», deduce. Calcagno, a todo esto, recuerda las consecuencias de una sociedad plena –«relaciones carnales» se las llamó en los 90– con Estados Unidos. «La vez que intervenimos en una guerra en la que no teníamos nada que ver, como fue la del Golfo (1990), importamos problemas, como los atentados a la embajada de Israel y la Amia». Y completa: «Apoyar a EE.UU. no nos deparó la prosperidad. Eso es algo fáctico». El problema más grave es cómo encontrar resquicios para esquivar las ataduras a que obliga el FMI, donde la posición de Washington es determinante. Es que, si bien del organismo forman parte todos los países del BRICS, con solo el voto contrario de EE.UU. se puede bloquear cualquier acuerdo. Aunque es cierto que la influencia de ese país mermó. De las sanciones contra Rusia dictadas junto con los países europeos no participan más de 40 naciones sobre 193 que integran la ONU. «América Latina nunca ha tenido una tradición de respaldar sanciones económicas y en este caso ha actuado como lo hizo históricamente», detalla Tokatlian. Tampoco se sumó el Sur Global. Otra posibilidad sería que en vista de que China e India ya tienen envergadura como para discutir el rol de cada uno en el Fondo, se cambien las reglas de juego. «EE.UU. no quiere que se revean las cuotas de votos porque perdería su posición dominante –reseña Calcagno– por eso no solo hay que pedir que se actualice sino abrir otras oportunidades, otras ventanas, como la de los BRICS, donde los métodos de financiamiento y comercio son distintos y se realizará en otras monedas que no son el dólar». La cuestión es si la dirigencia que asuma el 10 de diciembre estará a la altura de estos tiempos complejos.
Todos los análisis y sondeos de opinión daban un rechazo de la ciudadanía portuguesa al oficialismo, o en el mejor de los casos, un “empate técnico”, que es la manera que encontraron las consultoras de decir algo sin decir mucho cuando el resultado parece incierto. Convocadas como reacción a la negativa de las fuerzas de izquierda aliadas del Partido Socialista (PS) a respaldar el presupuesto del primer ministro Antonio Costa para el 2022 -el Bloque de Izquierdas (BI) y el Partido Comunista (PC)- las legislativas anticipadas le terminaron por dejar una suerte de carta blanca al es alcalde de Lisboa, que con el 41,7% de los votos logró 117 bancas de las 230 del Parlamento.
Por lo tanto, ahora Costa tiene las manos libres y ya no necesita de la izquierda para gobernar. La oposición de centro derecha, el Partido Socialista Democrático (PSD) obtuvo 27,8% de los sufragios y 76 curules mientras que en tercer lugar quedó la ultraderecha, del partido Chega! (Basta!), que sorprendió con más de 380.000 votos que le permiten acceder a 12 cargos legislativos, es decir, 11 más que en el comicio de 2019. Todavía puede haber algún cambio ya que se esperan los resultados de los votos emitidos en el exterior, que hace tres años le permitieron a los socialistas contar con dos diputados más.
Para cumplir con los ritos constitucionales, ahora el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, debe invitar formalmente a Costa, que ha liderado dos gobiernos en minoría desde 2015, a formar un nuevo Ejecutivo. “Las condiciones están dadas para hacer inversiones y las reformas para que Portugal sea más próspero, justo e innovador», declaró Costa, tras el escrutinio.
El caso de Portugal es destacable porque con la llegada de Costa al poder inició un camino de expansión económica, rompiendo con los modelos de austeridad dictados desde Bruselas. Con la crisis de 2008, hubo cuatro países europeos que quedaron seriamente comprometidos por la deuda publica en medio de un entorno de guerra de monedas entre el euro y el dólar. Los analistas habían aglomerado a esas cuatro naciones mediante un acrónimo altamente despectivo, PIGS , por Portugal, Italia, Grecia y España (Spain en inglés). La sigla significa «cerdos» en el idioma de Shakespeare.
Los recortes presupuestarios a que los obligaron los organismos regionales -la Troika integrada por el Banco Central Europeo (BCE), la Comisión Europea (CE) y el inefable FMI- profundizaron la caída de ingresos y aumentaron la miseria en todos ellos, sobre todo el la nación helena. Portugal no fue ajena a esta brutal caída.
Hasta que en 2015, junto con la izquierda anti capitalista, Costa armó una alianza que se comprometió a terminar con el ajuste permanente. Y no le fue tan mal. Salvo en 2020, por el impacto de la pandemia, que la economía cayó abruptamente un 8,4%, siempre hubo crecimiento y el año pasado el PBI se incrementó un 4,9%, el mayor repunte desde 1990, gracias al aumento de las exportaciones y a las inversiones, y según el Instituto Nacional de Estadística (INE), impulsado por «la demanda interna (…) con una recuperación del consumo privado y de la inversión». El aumento fue superior a las previsiones del Gobierno.
Con este triunfo inapelable que le otorga una base legislativa determinante, el gobierno está en condiciones de utilizar a piacere el fondo de 16.600 millones de euros (18.700 millones de dólares) provenientes de la Unión Europea (UE), de aquí a 2026, para la recuperación post pandemia.
Si bien aún la economía no llegó a los niveles de actividad pre pandemia, la ciudadanía parece haber dado un cheque en blanco a Costa y al mismo tiempo castigó a la izquierda por haber rechazado el presupuesto del oficialismo. El BI y el PC reclamaban más gasto social y un aumento más rápido del salario mínimo interprofesional del que planteaba el PS.
En medio de los pasos decisivos en las intensas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, intentando reformular los términos que estableció el Gobierno anterior para endeudarse como nunca antes había ocurrido en el país, el Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias del Congreso desde el 1º al 28 de febrero con una agenda ambiciosa, pero con ejes acotados en algunos temas que serán seguramente de debate durante todo 2022: la reforma del Consejo de la Magistratura y el Consenso Fiscal 2021. Obligado por un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la ley aprobada en 2006 para conformar el organismo de control judicial creado por la Constitución de 1994 –y que además da un plazo perentorio para aprobar una nueva normativa en lo que no pocos juristas consideran una intromisión del Poder Judicial sobre los otros dos–, el proyecto del oficialismo propone elevar de 13 a 17 los miembros del Consejo para aumentar la representación de jueces, abogados y académicos en detrimento de integrantes del Congreso. La ley invalidada había reducido la integración del órgano encargado de seleccionar, sancionar y eventualmente remover jueces de los 20 originales y daba más participación a legisladores en proporción a los votos de mayorías y minorías.
Alineamientos y antecedentes El grave problema de la deuda con el FMI se instaló como un debate sobre el modelo e, insólitamente, sobre quiénes son los responsables del monumental préstamo del organismo de crédito al Gobierno de Mauricio Macri. El discurso de la oposición –identificada con el ajuste neoliberal– coincide punto por punto con el mensaje de los comunicadores de los medios hegemónicos, alineados casi sin fisuras en torno a un acuerdo urgente y bajo las condiciones que se establezcan en los despachos del 700 de 19th Street, N.W., en Washington D.C. Macri suele repetir como un mantra que «comenzamos a ver el fin del populismo en Argentina». Es bueno recordar lo que ocurrió en Grecia, que sigue siendo materia de estudio por las consecuencias sociales de las medidas impuestas por la «troika», ese trío letal del Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el FMI. En un intento por evitar las imposiciones del sistema financiero, el primer ministro Alexis Tsipras había llamado a un referendo en julio de 2015 y el 62% de la población rechazó los recortes al nivel de vida de los griegos que se establecían. El ministro de Economía de entonces, Yanis Varoufakis, relató la escena en que a Tsipras casi no lo dejaron ir al baño hasta que aceptara las condiciones. Debió capitular de un modo humillante. Tsipras tenía una visión del mundo muy similar a los Gobiernos progresistas latinoamericanos. Era un «populista» que incomodaba al modelo neoliberal. Cuatro años más tarde ganó la elección Kyriakos Mitsotakis, hombre del Chase Manhattan Bank. El populismo, que había hecho finalmente el ajuste, debió retirarse de escena. A ese desafío se enfrenta el gobierno de Alberto Fernández, en mejores condiciones que las que debió sufrir Grecia, según las primeras revelaciones del acuerdo alcanzado con el FMI el 28 de enero. En tanto, aquí los integrantes de la alianza opositora de derecha comparten sin fisuras el modelo de país neoliberal como objetivo, pero no pueden ocultar sus disputas internas de cara al 2023, expresadas con claridad en las causas por espionaje que los involucran, en algunos casos como espías y espiados. La llamada causa «Gestapo antisindical» avanza en manos del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak. La investigación va mostrando la responsabilidad de la exgobernadora María Eugenia Vidal y de funcionarios de la AFI y del Gobierno nacional macrista en el espionaje ilegal y el armado de causas judiciales contra «objetivos políticos» del bando contrario, pero también el fisgoneo a dirigentes de la anterior administración. Y deja ver más claramente otro alineamiento, en este caso de dirigentes políticos perjudicados por la vigilancia a que eran sometidos –algo no solo ilegal sino irritativo para socios del mismo proyecto político–, con la gestión de Mauricio Macri. Las explicaciones sobre el escándalo desatado tras la publicación del video en el que el exministro de Trabajo de Vidal, Marcelo Villegas, mostraba su frustración por no contar con una organización como la Gestapo, son tan curiosas como para que fueran anotadas puntillosamente por el columnista de La Nación Carlos Pagni. «Para Macri y (Daniel) Angelici (uno de los operadores del macrismo con el Poder Judicial, el otro permanece prófugo) acaso sea satisfactorio advertir las contorsiones retóricas que deben hacer (Horacio Rodríguez) Larreta y Vidal para justificar irregularidades en cuya organización, con toda probabilidad, tuvieron poco o nada que ver. Esos trabalenguas son una demostración de quién manda en el PRO», advierte Pagni, a quien no se podrá tildar de afín al Frente de Todos aunque sí de conocedor de esos «sótanos del poder», como los suele llamar. Las preguntas que surgen son, entonces, quién filmó el video, por qué apareció justo ahora, a quiénes beneficia realmente y cuántos más hay. En ese sórdido submundo, lo que se muestra es siempre la punta de un iceberg. Y a veces el verdadero negocio es hacer creer que debajo del agua hay mucho más de lo que se muestra.
Comentarios recientes