El festejo del presidente Javier Milei y el equipo del Ministerio de Economía que encabeza Luis Caputo parecía el de los ganadores de una prenda televisiva en competencia por un automóvil o un viaje a Bariloche. La «celebración» ocurrió tras el encuentro con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en la Casa Rosada, en el primer día del sistema de bandas para la cotización del dólar impuesto por el FMI. Era un mal ensayado intento por mostrar que «todo marcha acorde al plan», como dice el latiguillo al que se aferran en la Casa Rosada cuando la realidad se muestra esquiva. Tanto que el vocero Manuel Adorni posteó esa foto de estudiantina con la frase «Nerviosismo total en el Gobierno», que dice mucho más sobre la preocupación oficial que sobre el clima de jolgorio que pretendía reflejar.
Luego de una semana para el olvido, en que el Gobierno vio cómo se le esfumaban la reservas y los datos de la inflación golpearon fuerte en el principal activo desde que asumió, finalmente el directorio del FMI acordó un salvataje de 20.000 millones de dólares, que sumados a aportes del BID y el Banco Mundial por otros 22.000 millones, deberían calmar a los mercados. Para reforzar la imagen de solidez, llegó el «ministro de Economía de Donald Trump».
En otra muestra del nivel de stress del Poder Ejecutivo –luego de que el Senado le volteara la designación a dedo de dos jueces de la Corte y en Diputados se aprobara la comisión investigadora del escándalo $Libra– Milei dio una entrevista de más de cuatro horas a su amigo Alejandro Fantino en el canal de streaming Neura. Querer mostrar tanta calma deja al desnudo que algo no anda bien. Más cuando la reacción comunicacional del Gobierno se parece tanto a otros momentos de la historia reciente. El 2001 o el 2018, por no ir más lejos.
Plata no hay Como sea, si el Gobierno esperaba fondos adicionales de Estados Unidos y no solo una palmadita en el hombro, se quedó con las ganas. «No está bajo consideración», dijo el enviado de Trump. Que no perdió ocasión para dar un tirón de orejas por el swap con China. Para clarificar las cosas: Bessent vino a Buenos Aires no tanto a brindar su apoyo a Milei en una estrategia –también antigua e inefectiva en otras ocasiones– de cara a la elección de medio término, más bien, su visita estaba enfocada en «una ofensiva diplomática destinada a frenar la creciente influencia de China en América Latina, donde se ha convertido en uno de los principales proveedores de financiación, un socio comercial de primer nivel y una espina cada vez más molesta para Washington», según detalló Bloomberg Línea, el portal financiero estadounidense.
«Lo que intentamos evitar es lo que ha ocurrido en el continente africano», declararía Bessent a Annmarie Hordern, de Bloomberg Television, ese mismo lunes. «China ha firmado varios de estos acuerdos rapaces, presentados como ayuda, en los que se han apropiado de derechos mineros y han añadido enormes cantidades de deuda a estos países», agregaría a lengua suelta. El martes, ya en Washington, Bessent recibió al ministro de Economía de España, Carlos Cuerpo. También lo reprendió por el viaje del jefe de Estado ibérico, Pedro Sánchez, a Beijing, de unos días antes, en el que tuvo una bilateral con Xi Jinping.
Ese mismo martes, la embajada china en Buenos Aires emitió un comunicado de una dureza pocas veces vista en una nación milenaria que hace de la «paciencia estratégica» un sello cultural.
«Es falsa la afirmación sobre los acuerdos calificados de rapaces y las supuestas grandes cantidades de deuda en los que ha incurrido la República Popular China. Lo que sí es verdad es que algunas personas con motivos encubiertos están intentando sembrar discordias en las relaciones sino-argentinas y sino-africanas. A ellos les recordamos que, en la medida de sus posibilidades, China acompaña a los países en su camino hacia el desarrollo –incluyendo a los de América Latina y de África– sin imponer ningún condicionamiento político. La intención de estas cooperaciones ha sido contribuir al desarrollo socioeconómico y a la mejora del bienestar de los pueblos, los cuales han sido muy bien acogidas por los Gobiernos y pueblos beneficiados», señala.
CELAC. Cumbre en Honduras del espacio de integración regional dejado de lado por el Gobierno libertario.
Foto: @celacppthn
Causa uruguaya Unos días antes se desarrolló en Tegucigalpa la IX Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). Nacida en 2010 como una OEA sin EE.UU. ni Canadá, la organización se destaca por amalgamar a los Gobiernos sin distinción ideológica en busca de la integración regional. Como muestra, el primer presidente pro tempore –el cargo es rotativo y por un año– fue el conservador chileno Sebastián Piñera, quien le entregó el «bastón presidencial» al líder revolucionario Raúl Castro en La Habana en enero de 2013.
La mandataria hondureña Xiomara Castro presidió la cumbre del 8 y 9 de abril que se desarrolló en la sede del Banco Central de Honduras. El debate de los jefes de Estado se centró en el particular momento que vive el mundo, por los aranceles de la administración Trump y la guerra comercial de Estados Unidos con China. Hubo coordinación entre Buenos Aires y Asunción en contra de esa agenda, y cuando se debatía el documento final a plasmarse en la Declaración de Tegucigalpa y el tema aranceles y China estaban rondando en las mesas de discusión, Milei viajo sorpresivamente a la capital paraguaya para una bilateral con el presidente Santiago Peña. El documento final en la capital hondureña no parece tan confrontativo. No nombra a la potencia asiática ni a Trump, aunque sí plantea «rechazar la imposición de medidas coercitivas unilaterales, contrarias al Derecho Internacional, incluidas las restrictivas al comercio internacional». Además, reafirma el reclamo de «respeto a la autodeterminación, la no injerencia en los asuntos internos, la soberanía y la integridad territorial», y de declarar a la región como Zona de Paz.
En Asunción, Milei repitió su mantra de que la base del crecimiento de las naciones es la libertad –cosa que desmiente Trump, por cierto– y dijo que así Paraguay «ha superado la inflación, no para de crecer hace más de 20 años y gracias a esto atrae inversores», cosa que podrían en discusión los casi 750.000 paraguayos que viven en Argentina. En Tegucigalpa, las delegaciones de ambas naciones, integradas por funcionarios de menor rango, quisieron destacar que sus Gobiernos no firmaban el texto de la CELAC. Tampoco lo hizo Nicaragua, por otros motivos.
Por primera vez un documento de la organización no dejó asentado el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, simplemente porque nuestro país no lo formuló. Quien sí lo hizo fue el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, en su discurso ante los jefes de Estado, donde pidió que se respete el derecho internacional. «En nuestra región este llamado nos lleva a reafirmar dos reivindicaciones históricas: la defensa a la soberanía de los Estados de derecho, a vivir sin amenazas, agresiones o medidas coercitivas unilaterales, como se dijo acá, respecto al bloqueo a Cuba o al derecho de la Argentina sobre las Islas Malvinas», dijo.
Cuando se están por cumplir 200 años de la independencia de Bolivia conviene recordar que fue Bernardino Rivadavia quien en 1824 concretó la primera deuda externa en la historia argentina, con la Banca Baring. Y que para entonces Simón Bolívar esperaba respuesta de Buenos Aires sobre los pasos a seguir luego de que el mariscal Antonio José de Sucre hubiera derrotado a las ultimas tropas realistas en el Alto Perú. Ante el silencio, el 6 de agosto de 1825 el territorio se constituyó en nación homenajeando al Libertador venezolano. Extraña coincidencia entre deuda externa y renuncia a la soberanía que la posición de la gestión libertaria sobre Malvinas subraya.
El gobernador bonaerense es como la contracara del presidente de la nación: es también economista, de la misma generación, con gestión en el territorio más poblado y que aporta la mayor porción provincial al PBI del país, pero está ubicado exactamente en la vereda de enfrente ideológicamente. Eso podría explicar las continuas arremetidas de Javier Milei contra Axel Kicillof. Los ataques más recientes centrados en la inseguridad, que lo llevaron a amenazar con una intervención federal, sin embargo, indican una estrategia que intenta desviar la atención sobre el escándalo de la criptomoneda.
Pero este y otros atajos para cambiar de tema en la agenda pública, lejos de haber logrado ese objetivo, siguieron profundizando un lento pero persistente abismo entre grandes sectores de la sociedad que lo apoyaron en el balotaje de noviembre de 2023 –quizás con un broche en la nariz–, pero ahora perciben el riesgo que corren las instituciones y, de arrastre, el futuro del país, según indican varias encuestas. En un escenario en que la situación del ciudadano común se deteriora de modo sostenido por una baja inflacionaria que resulta ilusoria ante el desempleo y los escuálidos incrementos salariales, al tiempo que desde la Casa Rosada se sigue tensando la cuerda, pretendiendo gobernar por decreto, algunas de las últimas medidas –que bien parecen desesperadas– conducen a una deriva impredecible.
Una de las urgencias del plan económico vigente es cómo conseguir fondos frescos para sostener el tipo de cambio, pilar de las cifras que registra el INDEC. El FMI, según traslucen medios de toda laya, se muestra remiso a abrir sus faltriqueras sin una devaluación, palabra prohibida en el vademécum oficial. Por eso el Gobierno no piensa debatir en el Congreso Nacional un nuevo acuerdo y se apuró a presentar un DNU para la aprobación de un acuerdo que no existe ni se conoce.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 6, 2025
El relato mileísta original sostenía que había inversores privados que estaban dispuestos hacer del país una nueva Roma. Pero nada quedó de aquella promesa electoral de 30.000 millones de dólares de financistas internacionales para dolarizar la economía nacional de un plumazo. Ni qué decir de levantar las restricciones cambiarias. Tampoco muestran mucho dinamismo quienes se podrían beneficiar con la ley RIGI. Porque básicamente se trata de inversiones en sectores de la economía real, que necesitan reglas claras y a largo plazo. Eso que llaman seguridad y previsibilidad jurídica. La ley 27.742 garantiza «intocabilidad» de 30 años, pero un Gobierno que designa jueces en la Corte por decreto habilita a que un sucesor haga lo mismo en el futuro, cambie las reglas y deje a todos pedaleando en el aire. Por otro lado, la experiencia de $LIBRA es demoledora.
¿La nominación in extremis de Manuel García-Mansilla fue solo otra forma de desviar la atención o un modo de querer correr con la vaina a una oposición que no mostraba su acuerdo legislativo con la propuesta del Gobierno? Porque aquí se plantea un problema. Ariel Lijo también había sido designado por DNU, pero no quiso renunciar al juzgado federal que tiene a su cargo desde 2004. ¿No quería quedarse sin el pan y sin la torta? La Corte rechazó la jugarreta por 3 votos a 1, pero el dato sería que si ni siquiera un peso pesado de Comodoro Py cree que lo suyo puede durar, ¿qué pueden esperar los que quieran concretar emprendimientos de alto vuelo?
Enemigos en fila Hubo un reciente cruce del presidente con uno de los periodistas más seguidos por el establishment, Carlos Pagni, quien en su programa Odisea Argentina deslizó que la luna de miel con la ciudadanía se terminó para Milei luego de dos errores no provocados, uno su discurso en el Foro de Davos, el otro el Criptogate.
Dado que Pagni también mencionó la palabra prohibida (devaluación), el titular del Ejecutivo se creyó obligado a responder con su habitual tosquedad.
OPERADORES DE LA DEVA Sinceramente me repugnan de modo superlativo todos esos periodistas operadores que se quejan de los salarios en dólares diciendo que eso golpea negativamente sobre la competitividad. A esas basuras les pregunto ¿cómo hacen países como EEUU, Alemania,… https://t.co/TqiMJH6jX5
Con Kicillof los encontronazos continuaron luego de que el gobernador bonaerense diera su propio discurso de apertura de sesiones en la legislatura bonaerense. «Parece irreal, pero el presidente de la nación amenazó con intervenir la provincia y pretendió echar al gobernador por redes sociales. Tal como ocurrió con la criptomoneda, ahora dice que no quiso decir eso», señaló Kicillof, que gracias a Milei se posiciona para liderar el espacio de la oposición y recibió en esta ocasión el apoyo de espacios alineados con Cristina Fernández y hasta del propio Sergio Massa, que se mostró en las redes luego de meses de ostracismo.
Cada muerte por la inseguridad duele, y duele muchísimo más cuando se trata de una niña. Y más todavía cuando quieren usarla para sacar rédito político, proponiendo soluciones imaginarias a problemas reales y concretos. Cada muerte es el 100% de la estadística.
La embestida contra el columnista de La Nación, en cambio, ocurrió unos días después de la fallida entrevista de Milei con Jonathan Viale, en donde quedó en evidencia el modo en que algunos comunicadores se adecuan a las necesidades presidenciales. Ese día también fue palpable el rol que cumple el ministro sin cartera Santiago Caputo. El funcionario ad hoc se volvió a destacar el 1º de marzo cuando amenazó al diputado radical Facundo Manes. El hecho fue viralizado rápidamente y pronto desplazó del ranking al propio discurso. Otra señal de que las mieles no duran para siempre, en un lugar en que los libertarios habían tenido preminencia desde mucho antes de las elecciones de 2023.
La respuesta del jefe de Estado, realizada en una entrevista con otro de sus comunicadores cercanos, Luis Majul, fue fustigar a la periodista que estaba reporteando al legislador cuando Santiago Caputo lo agredió, como se vio en grabaciones desde todos los ángulos. «(Manes) dijo que fueron dos trompadas, pero fueron dos palmaditas en el pecho. No me sorprende porque lo impulsó una periodista del Grupo Clarín, que me la tiene jurada». Habrá que decir que la cronista Jazmín Bullorini hizo su trabajo profesional, estaba en el lugar correcto en el momento indicado, algo para destacar.
No menos cierto es que el multimedios es un problema para la democracia argentina, algo que debieron reconocer a su turno Raúl Alfonsín, Carlos Menem y los Gobiernos kirchneristas. Ahora es Milei el que se enfrenta al grupo que a través de una de sus empresas compró el paquete accionario de Telefónica de Argentina, convirtiéndose de hecho en un cuasi monopolio.
CLARÍN: LA GRAN ESTAFA ARGENTINA
Se ve particularmente enardecidos a buena parte de los empleados del Grupo Clarín. No paran de hostigar con mentiras al Gobierno simplemente porque dijimos que íbamos a defender a los argentinos del abuso de la posición dominante que el Grupo…
Insólito cruce de caminos entre un presidente que ya desbordó los límites institucionales y un grupo empresario que está acostumbrado a hacer y deshacer a su antojo. Entre un presidente que hasta no hace tanto destacaba el valor de los monopolios como muestra de eficiencia empresarial y un holding que ya no tiene el núcleo de sus negocios en el periodismo, aunque le pueda ser útil como ariete.
Si el Fondo Monetario Internacional (FMI) eligió esperar hasta después de la PASO para refrendar el acuerdo por la refinanciación de la montaña de dinero que entregó a la gestión de Mauricio Macri, bien puede el Gobierno nacional esperar unos días más y recibir la sorpresa de que los países del BRICS aceptan a la Argentina como uno de los nuevos socios, lo que abriría las puertas del club que ya apunta a ser el más poderoso del siglo XXI. El grupo, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, concentra el 42% de la población mundial, cubre el 30% de la superficie del planeta, sostiene el 20% del comercio internacional y representa el 23% del PBI total, y se prepara para una cumbre en Johannesburgo entre el 22 y el 24 de agosto que se considera clave para este momento de rediseño de la arquitectura geopolítica internacional. Fueron invitados 69 países, de los que ya dieron el sí una veintena. Se trata de naciones de Asia, África y el sur global, todo un símbolo de pertenencia que fue la excusa formidable para decirle no al mandatario francés Emmanuel Macron, que quería ser de la partida. En la ciudad sudafricana se trataría el ingreso no solo de Argentina sino, entre otros, de Arabia Saudita, Irán, Argelia, Bielorrusia, Egipto, Venezuela, Indonesia y Turquía. Pero permanece como incógnita si habrá o no ampliación, algo que debe hacerse por consenso. El BRICS viene mostrando que le da al cuero para discutir el tablero internacional más allá de los dados que cayeron al fin de la segunda guerra mundial y dieron como resultado la creación de la Organización de Naciones Unidas, con un Consejo de Seguridad integrado por cinco miembros permanentes con derecho a veto. Ya desde los tiempos de Néstor Kirchner como presidente, y en sintonía con el brasileño Lula da Silva, se intentó, por un lado, ampliar la mesa de esos «Cinco Grandes» (EE.UU., Rusia como heredera de la URSS, Francia, Reino Unido y China) para construir un mundo multipolar.
Mesa chica La otra opción, mucho más explícita durante los gobiernos de Cristina Fernández, fue pedir el ingreso a esa liga de naciones que dibujó en 2001 un poco como un juego de siglas el economista británico Jim O’Neill para explicar su teoría de que cuatro países estaban llamados a ser las mayores potencias del siglo que comenzaba. Eran los BRIC y dejaron de ser un juego cuando en 2008 los líderes de esas cuatro naciones originales decidieron recoger el guante. Dos años más tarde se sumaría Sudáfrica para agregarle la S final y una silla para el continente. Entre el 2015 y la actualidad «pasaron cosas» y Argentina quedó en stand by acerca de construir algo así como el BRICSA: el expresidente Mauricio Macri no hizo nada por buscar el ingreso. De su colega brasileño, Jair Bolsonaro, se pueden decir muchas cosas, pero nunca esbozó la menor crítica al organismo. Baste decir que, en su última intervención, en la cumbre de junio de 2022, destacó que «el grupo representa un factor de estabilidad y prosperidad en el escenario internacional, así como un modelo de cooperación basado en beneficios para todas las partes». Fue en esa asamblea en Beijing que, de manera virtual, Alberto Fernández aprovechó la invitación para pedir formalmente la incorporación de la Argentina, cosa que le prometieron estudiar. Se entiende que en la mesa chica del grupo, Argentina ahora tiene dos votos favorables, el de Brasil y el de China, y las circunstancias dan para un moderado entusiasmo de las autoridades. La crisis de reservas favoreció un intento de recurrir al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) en mayo de este año, que terminó empantanado porque en rigor de verdad, Lula no puede disponer a voluntad de dinero ni de esa institución ni del Banco Central, que debía ser garante de la operación. Peripecias de la independencia de la máxima entidad monetaria de un país. El líder metalúrgico tampoco pudo facilitar un crédito del recién creado Banco BRICS, que dirigía desde abril la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, porque Argentina no forma parte del grupo. La próxima jugada del ministro de Economía Sergio Massa fue pagar parte de los vencimientos que se sucedieron con el FMI en yuanes, mediante la aplicación del acuerdo con China que data de 2009, refrendado por Cristina Fernández y luego también por Macri, pero que nunca se había utilizado hasta ahora y que se extendió al pago de importaciones con la moneda china. La «sequía» de fondos frescos también llevó a que se recurriera a créditos de Qatar y del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF), una manera de resguardar los dólares que quedan en el Banco Central. La semana pasada, Lula Da Silva apoyó de manera indirecta la candidatura de Massa a la primera magistratura cuando dijo en una rueda de prensa: «Le pido a Dios que la democracia venza en Argentina y que no gane un candidato que piense que inversión social es gasto o quiere privatizar todo». La pertenencia a BRICS es un horizonte deseado y en vista de la realidad actual, hasta imprescindible para el país, más allá de quien llegue a la Casa Rosada en diciembre. Es que el grupo no solo trataría la ampliación de sus miembros, a efectos de fortalecer sus espaldas, sino a discutir la creación de una moneda de intercambio común con respaldo en oro. Sería un regreso a las épocas de Breton Woods, pero sin el dólar como moneda de reserva internacional. Una amenaza letal para la hegemonía estadounidense.
Por ahora, lo que se sabe sobre el aumento en el techo de la deuda que el Congreso le autoriza al gobierno estadounidense es que el día D para el default, anunciado inicialmente para el 1 de junio, se pasa al 5. Así lo indicó la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. De no haber antes un acuerdo entre el partido republicano y la administración de Joe Biden sobre dónde resolver el entuerto, ese día el gobierno se quedará «sin fondos para satisfacer las obligaciones», según le escribió la ministra de Economía estadounidense al líder de la oposición en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien en esta jugada es el que tiene la lapicera para que la Casa Blanca no tenga que declarar un default. Cómo será la preocupación que despiertan estas controversias que hasta el Fondo Monetario Internacional lanzó una advertencia contra una «política arriesgada» que podría generar «un riesgo sistémico adicional y completamente evitable tanto para EE UU como para la economía mundial».
En una puja de amenazas, presiones y extorsiones, el gobierno estadounidense vuelve a tener que recurrir a endeudamientos superiores a los establecidos en el presupuesto para hacer frente a los gastos corrientes. Sería la centésima vez desde que el artilugio legislativo fue instaurado en Estados Unidos. El techo de la deuda es el límite hasta el cual la administración a cargo está autorizada a emitir deuda para financiar los gastos corrientes por medio de bonos públicos y letras de tesorería. Se implementó por primera vez, no casualmente, en 1917, cuando el país ingresó a la Primera Guerra Mundial, como un modo de que el Congreso conservara el control que reclama la Constitución y para facilitar al Ejecutivo contraer deuda en un contexto bélico. Se emitieron entonces Bonos de la Segunda Libertad, que el público podía comprar para financiar la entrada de las tropas en la guerra europea.
Una nueva regulación se produjo en 1939, ya en el marco de la Segunda Guerra, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt aún juraba que no se iba a sumar a la contienda pero era evidente que si la cosa escalaba –como realmente ocurrió– eso sería inevitable. A Roosevelt esta nueva modalidad de regulación, que cubría todos los tipos de instrumentos crediticios, le sirvió de paso para manejarse con mayor libertad para su proyecto económico, el New Deal «populista».
Desde entonces la deuda no dejó de crecer, porque básicamente Estados Unidos no dejó de estar en guerra y de armarse hasta los dientes para construir su imperio global desde 1945. Pero había un compromiso bipartidario para no remover las olas ante cada nuevo pedido de la Casa Blanca. Eran los años en que los gastos militares se habían convertido en una forma de asignación estatal de recursos que mantenía a la economía pujante, según relataba entonces el economista John Kenneth Galbraith. Una suerte de keynesianismo militar.
Sin embargo, en los 90 los aires ya eran otros y se desató una era de pujas entre demócratas y republicanos cada vez que había que pedir más fondos al Tesoro. El monto del endeudamiento iba creciendo de manera exponencial al tiempo que el neoliberalismo se desplegaba sin freno sobre ambos partidos y entonces, ante cada nueva discusión parlamentaria, el eje del debate fue no si era necesario recortar, sino dónde. Y especialmente, dejando lejos de la tijera al aparato militar industrial, como destaca el economista Jeffrey Sachs (ver aparte). Las víctimas de los ajustes fueron las asignaciones sociales, educación, salud y pensiones. Un tema con muy conocido por estos confines.
Desde 1976 hubo una veintena de «cierres del gobierno», esto es, momentos en los cuales no hay fondos para determinados sectores de la administración pública, que es la amenaza latente por estos días. La mayoría de los mandatarios que los padecieron, por distintas razones, fueron demócratas, pero también le sucedió al propio Ronald Reagan y a Donald Trump. Ninguno de esos cierres fue por más de un puñado de días. Aunque hay excepciones, como el de 1979 contra Jimmy Carter, que vetaba presupuesto para construir un portaviones nuclear y destinaba dinero a la salud pública, de 18 días, y el de 1995 contra Bill Clinton, desde el 16 de diciembre al 6 de enero del 96. Barack Obama tuvo que digerir 15 días de cierre porque los republicanos rechazaban fondos para su plan de Salud. Los demócratas, en 2018 les devolvieron el gesto a Trump tres veces, la última por 35 días, al rechazar financiación para el muro en la frontera con México.
Todo indica que habrá arreglo entre Biden y McCarthy, aunque el ala izquierda de los demócratas dice que el déficit se podría cubrir con mayores impuestos a los ricos o a las empresas, algo que suena a blasfemia a la oposición y algunos sectores del oficialismo; y los republicanos no quieren más dólares para el IRS –la AFIP de EE UU– que necesita más personal para controlar que todos paguen lo que corresponde.
Se habla de «ingeniería contable» en los programas de Medicaid y Medicare, de la posible venta de activos del servicio de Seguridad Social o el Departamento de Salud para evitar el cierre en esas áreas, uno de los ejes de las alarmas que despliega el oficialismo para presionar mediáticamente a la oposición.
La deuda de EE UU es de 31,4 billones de dólares, alrededor del 126% del PBI. A la preocupación de Kristalina Georgieva por un eventual default se suman agencias de evaluación como Fitch y DBRS Mornigstar, que pusieron «en revisión» la calificación de la deuda estadounidense, o sea, que estudian si bajarla de la categoría AAA. Las autoridades de Japón y China también tiemblan, ya que ambos países tienen entre sus reservas más de la cuarta parte de los títulos del Tesoro en manos extranjeras, unos 7,6 billones de dólares. «
Nuevo jefe militar en EE UU, con la mira en China
En una señal de que la mira de la Casa Blanca apunta ahora a China, el presidente Joe Biden nominó como jefe de Estado Mayor Conjunto a Charles Q. Brown Junior, el segundo afrodescendiente en ocupar ese cargo desde la creación del organismo, en 1942. Hasta ahora era titular en su arma, la aeronáutica, y según su currículum, es un general de cuatro estrellas, piloto experto en aviones caza F-16 que lideró las bases de la USAF en Alemania y Corea del Sur. «El general Brown es un guerrero que ha sido comandante en Europa, en Oriente Próximo y después en el Indopacífico. Tiene un conocimiento único de nuestras operaciones y teatros operacionales y una visión estratégica para entender cómo trabajar todos juntos para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense», dijo Biden al presentarlo.
Sustituye a Mark Milley, que se retira en septiembre tras cuatro años en el cargo. En enero pasado, Milley había declarado que «desde un punto de vista militar, es muy difícil o casi imposible que Ucrania pueda expulsar a las fuerzas rusas de cada centímetro ocupado de su territorio», lo que despertó críticas entre los belicistas de Washington.
El primer afrodescendiente en el Estado Mayor Conjunto fue Colin Powell, quien luego sería el secretario de Estado que se presentó ante Naciones Unidas en 2003 para pedir una alianza occidental que sustentara la invasión Irak destinada a acabar con «las armas de destrucción masiva» que, dijo, había acumulado Saddam Hussein pero nunca aparecieron. Ahora esa operación se considera el mayor error estratégico de Estados Unidos en su historia.
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