por Alberto López Girondo | Jun 10, 2019 | Sin categoría
Una de las filtraciones de información sensible más impactantes del mundo demuestra la forma en que se torcieron las investigaciones en el caso Lava Jato para encarcelar a Lula da Silva y dejarlo fuera de carrera presidencial en 2018. El escándalo surge de la publicación en el portal The Intercept de miles de escuchas telefónicas entre el juez que condenó al ex presidente, Sergio Moro, y el fiscal Deltan Dalagnol, en las que se revela la escasez de pruebas concretas para una sentencia y la presión del actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro para acelerar un fallo. Incluso se nota la desesperación por evitar una entrevista periodística desde la prisión antes del comicio para impedir que el apoyo a Fernando Haddad, el candidato del PT, incidiera para ganar el ballotage.
El impacto que produjo la publicación de este material es tan fuerte y la seriedad del portal es tal que los propios involucrados reconocieron que las escuchas son ciertas, aunque se desligaron de cualquier posibilidad de haber cometido un ilícito y aseguran que todo lo conversado forma parte de conversaciones normales en el ámbito de la justicia.
The Intercept es el portal del abogado y periodista estadounidense Glenn Greenwald. En su historial tiene el haber sido en 2014 el que publicó en el diario británico The Guardian la primera entrevista al analista estadounidense Edward Snowden en que contaba la forma en que la agencia NSA espiaba a todo el mundo en todo el mundo a través de los medios electrónicos.
En verdad, Greenwald tuvo la perspicacia de darse cuenta, alertado por la cineasta Laura Poitras, de que los mails encriptados que enviaba un misterioso Citizenfour podían contener información importante para conocimiento de la ciudadanía. Y así viajaron a Hong Kong para hablar con el misterioso personaje, hoy exiliado en Rusia para no correr la misma suerte que Julian Assange, el australiano que inauguró el método de invitar a fuentes anónimas a mostrar documentos sobre los secretos más comprometidos que los estados no quieren que se sepan por medio de WikiLeaks.
Bajo esta premisa, Greenwald -que está casado con un diputado brasileño David Miranda, del Partido Socialismo y Libertad (Psol) y vive en Río de Janeiro- creó The Incercept, ( la intercepción, la escucha) donde publica información contrastada con el rigor característico del tradicional periodismo sajon que recibe de fuentes anónimas que entregan el material en plataformas seguras y a prueba de vigilancia estatal.
Para esta filtración se cumplieron los objetivos fijados por Greenwald, pero además el hecho encuentra un momento muy propicio para golpear de lleno en la política brasileña y latinoamericana en general. Lula da Silva siempre sostuvo su inocencia y su condena fue producto de lo que se conoce como lawfare, la utilización del sistema judicial para la persecución de los enemigos políticos. Lo mismo podría decirse de la destitución de Dilma Rousseff, acusada de una falta administrativa comoexcusa para quitarle del medio y que asumiera su vice,el golpista Michel Temer,a hora preso
Pero por eso de que la mentira tiene patas cortas, poco a poco se va descorriendo el velo de un método por el cual Lula y los dirigentes del PT aparecieron como personajes corruptos que una ola de pureza ideológica iba a barrer de la historia.
Sin embargo en el Supremo Tribunal de Justicia (STJ), la primera condena contra Lula, por el caso de un triplex de Guarulhos que le atribuyeron al ex presidente, fue disminuida lo suficiente como para que en pocas semanas pueda quedar en un régimen semiabierto, o sea que pueda salir durante el día a trabajar. Y ya se le autorizó a que diera reportajes periodísticos. Por otro lado, la fiscal general ya recomendó adelantar el momento de la semilibertad.
Mientras tanto, la Orden de Abogados de Brasil (OAB), el colegio profesional del país, reclamó por las escuchas ilegales que se le hicieron al detenido con sus abogados, algo que viola todas las normas elementales en un estado de derecho, otra practica muy extendida por estas regiones desde hace años.
Es así que The Intercept, en el editorial en que explica el alcance de las filtraciones que publica, sostiene que «este escándalo generalizado envuelve a diversos oligarcas, líderes políticos, los últimos presidentes y hasta líderes internacionales acusados de corrupción». Y agrega que la exclusión de Lula, el objetivo declarado en las conversaciones interceptadas, «fue la llave maestra para un camino a la victoria de Bolsonaro», que como se pudo ver, premió la ayuda con un ministerio para Moro.
Uno de los tramos más reveladores de los varios artículos que publicaron Greenwald y su equipo de periodistas muestran que el fiscal Dalagnol no estaba seguro de que las pruebas contra Lula sobre el famoso triplex fuesen contundentes. Había estado trabajando en el tema con otros 13 fiscales y a pocos días de tener que presentar el caso, no había encontrado nada firme. Lo único que había era un artículo periodístico con demasiados verbos en potencial.
«Dirán que estamos acusando en base a noticias de un diario e indicios frágiles (…) hasta ahora tengo recelo de la conexión entre Petrobras y el enriquecimiento y también de la historia del departamento (…) son puntos en que tenemos que tener las respuestas ajustadas en la puta de la lengua», dice un mensaje del 9 de setiembre de 2016 en un grupo de chats bautizado Incendiarios ROJ , integrado por los fiscales del caso.
A los pocos días Dalagnol presentó un Power Point donde acusa a Lula diciendo que tenía «la íntima convicción» de que era el dueño del triplex. El ex dirigente sindical siempre dijo que lo habían condenado por un Power Point y sin pruebas. Estos mensajes demuestran que no mentía.
Otra maniobra revelada por estas filtraciones son conversaciones entre Moro y Dalganol donde el juez de Curitiba le pide «invertir el orden de las fases de la investigación», para producir los resultados deseados. En otra charla, le recrimina: «¿No hay mucho tiempo sin ninguna operación?» y en otra le dice, como si fuese un escolar: «No puede cometer este tipo de errores ahora» por falencias de la Policía Federal en la búsqueda de información que necesitaban para condenar.
Otro tramo sugestivo de la publicación es cuando traman la forma de bloquear el pedido de entrevista de la periodista de Folha de San Paulo Mónica Begaramo, que había sido autorizada por el STJ.
Los supremos habían permitodo el reportaje aceptando los argumentos de la defensa de Lula de que si hasta homicidas o narcotraficantes condenados con sentencia firme habían podido hablar con la prensa, mucho más aceptable debería ser su caso habida cuenta de que no estaba acusado de ningún crimen de esa naturaleza. El intercambio de chats es sorprendente en funcionarios judiciales que deberían mostrar equidistancia para juzgar.
La fiscal Laura Tessler escribió: “¡¡¡Que chiste!!! Asco !!! Allí va el chico hacer palanca en la cárcel. Un verdadero circo. Y después de Mónica Bergamo, por la isonomía, van a venir tantos otros periodistas … y nosotros aquí haciendo papel de payasos con ese Supremo …”.
Otra fiscal, identificada como Carol PGR, agrega: «estoy muy preocupada con una posible vuelta del PT, pero he rezado mucho a Dios para que ilumine a nuestra población para que un milagro nos salve»,
“Mafiosos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”., dice simplemente otra procuradora, Isabel Groba.
Un fiscal sugiere que la Policía Federal debería intervenir para impedir el reportaje o al menos demorarlo lo suficiente como para que se produjera después de las elecciones, cosa de cumplir con el STJ pero licuar el impacto de las palabras del ex tornero mecánico, como siempre se presentó en las audiencias Luiz Inacio Da Silva.
El alivio de los funcionarios judiciales fue grande cuando el Partido Novo, una agrupación creada en 2015 y de tendencia derechista libertaria, presentó un recurso ante el Supremo Tribunal para impedir el reportaje, lo que impidió que se cumpliera el propósito de los magistrados más inclinados al respeto de los derechos civiles.
Greenwald, tras defender reiteradamente la publicación por lo que implica para la democracia brasileña y de la región conocer cómo se torció al sistema judicial para condenar a un ex presidente, asegura dice que tiene más material explosivo en sus manos sobre el caso. «Esto es apenas el inicio de una gran investigación periodística en curso sobre las pruebas de la investigación Lava Jato y «sobre los actos de Moro cuando era juez y sobre el fiscal Dallagnol», dijo.
Fernando Haddad, el candidato del PT derrotado en noviembre, exigió una investigación a fondo sobre «el mayor escándalo institucional de la historia de la República» y que ahora podría terminar, considera, con los promotores de la operación judicial sentados en el banquillo de los acusados y los sentenciados, el libertad y reivindicados ante la opinión pública. .
Los fiscales que desde el Ministerio Público Federal (MPF) urdieron la causa Lava Jato reconocieron en un comunicado que «sus miembros fueron víctimas de una acción criminal de un hacker», aunque defendieron sus actuaciones como limpias y legales.
El ministro Moro también minimizó la filtración. «no se vislumbra ninguna anormalidad de direccionamiento de actos en tanto que magistrado, a pesar de ser sido sacadas de contexto y de su sensacionalismo», dijo. Pero se ve que ya estaba al tanto de que algo así saldría a la luz porque la semana pasada denunció que alguien la había hackeado su celular.
Tiempo Argentino, 10 de Junio de 2019
por Alberto López Girondo | Jun 9, 2019 | Sin categoría
El 17 de marzo de 2016 un juez federal de Brasil suspendió el nombramiento del expresidente Lula da Silva como ministro de la Casa Civil de Dilma Rousseff. El cargo de jefe de Gabinete de la entonces jefa de Estado le hubiera dado un fuero que habría impedido que fuese a prisión por los cargos que se le endilgaban. Pero la jugada tenía otro objetivo: el golpe contra la mandataria electa un par de años antes con 54 millones de votos estaba en marcha y el peso político y la muñeca del dirigente metalúrgico era la última opción para salvar el gobierno del PT.
La oportuna filtración de una conversación privada entre Lula y Dilma, viralizada por los medios de comunicación hegemónicos, justificó que el juez Itagiba Catta Preta Neto argumentara que había «riesgo de daño al libre ejercicio del Poder Judicial, de la actuación de la policía y del Ministerio Público» por lo que conversaban en forma privada ambos dirigentes. No hubo ninguna protesta por el espionaje ilegal de los medios mayoritarios y luego ocurrió lo que ya se sabe. Pero no era la única maniobra de espionaje ilegal en el destino del dos veces mandatario brasileño.
Ahora, la Orden de Abogados de Brasil (OAB), la institución madre de los letrados de esa nación y la única que hace de Colegio y otorga las matrículas para ejercer la profesión, clasificó como «grave episodio» la denuncia de la defensa de Lula sobre espionaje ilegal de conversaciones privadas entre el líder del PT y sus defensores en la investigación por la causa Lava Jato. Una práctica que integra el manual básico del lawfare en esta parte del mundo, como se ve.
Abogados de Lula, alojado en la sede de la Policía Federal de Curitiba y pronto a obtener el beneficio de un régimen semiabierto de detención, afirmaron que al menos 14 horas de conversaciones entre los representantes legales y su defendido fueron utilizados como informes en la causa por la cual fue condenado inicialmente a 12 años y un mes de cárcel.
Para la OAB, «el secreto de las conversaciones entre defensor y cliente está protegido por ley y su violación por cualquier medio es ilegal, además de ser un ataque al derecho a la defensa y las prerrogativas de los abogados», dice en un comunicado.
La denuncia sobre la pinchadura fue presentada por el abogado Pedro Henrique Viana Martínez, quien asegura haber visto los informes en el despacho de la 13ª Circunscripción Federal de Curitiba, entonces a cargo de Sergio Moro, ahora ministro de Justicia del ultraderechista Jair Bolsonaro.
Asegura Viana Martínez que las conversaciones fueron captadas directamente de la central telefónica del estudio de Teixeira Martins & Asociados, que llevaba la defensa técnica de Lula. «Cada conversación fue separadamente identificada, siendo posible visualizar el número de origen y destino de la llamada y su duración», señaló el letrado , de acuerdo a una publicación del diario Folha de São Paulo.
La mayoría del material interceptado eran charlas entre Lula y los abogados Cristiano Zanin, Roberto Teixeira y Nilo Batista y se relacionaban con estrategias para la defensa ante las acusaciones en torno a la causa por presunto pago de sobornos en la obra pública con fondos de Petrobras. El denunciante asegura que en su momento elevó la queja y el caso lo tomó el ministro Teori Zavascki, relator de la causa en el Supremo Tribunal de Justicia, quien recriminó a Moro. El actual ministro dijo aquella vez que hubo un error en la intercepción con otro número telefónico. Zavascki murió en un accidente de avión en 2017. La información grabada ilegalmente sirvió de base para la condena de Lula.
Tiempo Argentino, 9 de Junio de 2019
por Alberto López Girondo | Jun 6, 2019 | Sin categoría
Que un presidente tenga que cambiar un itinerario en su país por una marcha en contra no llamaría la atención. Que se cambie una agenda acordada previamente cuando hace una visita oficial a otra nación ya resulta menos usual, sobre todo entre socios íntimamente hermanados como Argentina y Brasil. Pero esto le ocurre al ex capitán del Ejército brasileño Jair Bolsonaro, que realizará todas sus actividades programadas en Buenos Aires dentro de la Casa Rosada para no cruzarse con las manifestaciones de rechazo que recibiría en el tránsito por las calles porteñas y que convocaron organismos de derechos humanos, movimientos sociales y políticos y de residentes brasileños bajo lemas como «tu odio no es bienvenido aquí» y «fuera Bolsonaro y el fascismo de Argentina y América Latina».
A su regreso a Brasilia, sin embargo, también se topará con el repudio de multitudes que tras las últimas y masivas marchas que hubo en todo el territorio brasileño, demuestran un creciente rechazo a sus políticas de recortes presupuestarios y ataques a la educación pública, fundamentalmente. Así lo pronostica João Pedro Stedile, líder tradicional e integrante de la Dirección Nacional del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra. «La disputa ideológica se dará en las calles», asegura Stedile en un reportaje concedido a Brasil de Fato, un medio alternativo, durante la inauguración de la capilla de Nuestra Señora de Aparecida -el santo patrono de Brasil- y de la Bodega de la Reforma Agraria en São Miguel do Gostoso, en Río Grande del Norte.
La evaluación de Stedile se basa en el clima de protesta que va creciendo contra una política nacional destinada a cortar con los fondos que reciben las instituciones de educación pública, además de que busca terminar con la autonomía universitaria para poder incidir con su agenda ultramontana en todos los ámbitos de la instrucción superior.
Toda la apuesta de Stedile está en acumular fuerzas para la huelga general que convocan gremios y movimientos sociales. «Las movilizaciones de la juventud y los profesores (del 15 y el 30 de mayo) nos dan ánimo para una huelga general de hecho, el 14 de junio. La clase trabajadora precisa comprometerse y parar el trabajo, la reproducción, la circulación de personas y mercadería para que los capitalistas, que son los dueños de ese gobierno, sepan que si continúan quitando derechos la clase trabajadora no lo va a aceptar».
Ya hubo reformas laborales desde la destitución de Dilma Rousseff, encaradas por Michel Temer, pero la gran apuesta de Bolsonaro es la reforma previsional, que está trabada en el Congreso entre otras razones porque las manifestaciones sorprendieron a toda la dirigencia. Los brasileños no son de salir a protestar masivamente en las calles y en ambas movilizaciones hubo millones de personas en todo el país.
La política educativa está en el centro del debate por ser uno de los grandes logros de la gestión del PT desde que Lula da Silva asumió en poder en 2003. El candidato del partido en la elección del año pasado, Fernando Haddad, fue precisamente el ministro de Educación que fomentó la creación de universidades estatales y planes de apoyo incluso económico para la ampliación de la base de jóvenes que podían acceder a la educación.
Contra esta extensión de derechos apuntó de entrada Bolsonaro, por motivos ideológicas pero con argumentos presupuestarios que le baja su ministro de Economía, Paulo Guedes, un hombre formado en la Escuela de Chicago y que hoy integra la comitiva que acompaña al mandatario brasileño en Buenos Aires.
A cuatro meses de haber asumido en el Palacio del Planalto, la imagen de Bolsonaro se derrumbó, al igual que la economía en general del país. Su porte desafiante con tintes racistas y homofóbicos le acarreó no pocas críticas de sectores incluso de derecha. Hasta dentro de las Fuerzas Armadas, su principal sostén -su vicepresidente, Hamilton Mourao, y la mayoría de su gabinete son militares- crece la irritación por sus posiciones extremas en política exterior y soberanía nacional. El alineamiento con Donald Trump les preocupa e irrita porque deja a Brasil en una posición de servilismo que los antecedentes de ese país no registran.
A esto apuntó Lula da Silva en un par de reportajes a medios locales desde su prisión en la sede de la Policía Federal de Curitiba. «Tenemos motivos de sobra y bandera para ir a la calle juntos, y coloco la cuestión de la soberanía como cosa muy fuerte. Defendiendo la soberanía estás defendiendo a tu país, tú territorio, tu pueblo y tus riquezas», le dijo en una entrevista al portal Tutameia. Y agregó que lo más importante de este momento es «la lucha por el salario, por el empleo, por la mantención de una jubilación justa para las personas y la cuestión de la soberanía nacional».
Desde que el Supremo Tribunal de Justicia autorizó a que el ex presidente concediera entrevistas, la palabra de Lula encontró un cauce en la sociedad para otra agenda. Hasta ese momento, el discurso dominante se manifestó casi exclusivamente en la boca de Bolsonaro o de sus hijos, más extremistas que él, si cabe.
El tema de la soberanía puede reconciliar al PT con los sectores militares de corte más nacionalista, que habían presionado en su momento para que el líder metalúrgico no pudiera ser candidato a la presidencia, pero ahora tienen un problema mayor con un mandatario imprevisible con el que tienen disputas cotidianas. La eventual caída de Bolsonaro arrastraría a las Fuerzas Armadas, además de envolver al país en una crisis de imprevisibles consecuencias.
Que hubo cambios en los ejes del establishment se revela en que el STJ redujo la sentencia a Lula de modo que estaría en condiciones de tener libertad condicional en pocos meses. El martes, el Ministerio Público opinó que el ex presidente ya está en condiciones de obtener los beneficios de un régimen semiabierto, lo que implica poder salir a trabajar durante el día y dormir en la cárcel.
Tiempo Argentino, 6 de Junio de 2019
por Alberto López Girondo | May 19, 2019 | Sin categoría
Si el gobierno de Dilma Rousseff comenzó a desplomarse lentamente a partir de las manifestaciones previas al Mundial de Fútbol de 2014, podría decirse que la debacle de Jair Bolsonaro ya está en marcha, a pesar de que todavía no pasó medio año de gestión. Esa sensación surge de las contundentes marchas en defensa de la educación pública que poblaron las calles de las principales ciudades brasileñas con un millón y medio de personas.
Eso, sumado a la catarata de denuncias contra Flavio Bolsonaro, el hijo senador del mandatario, al pobrísimo resultado económico del gobierno y la amenaza de mayores ataques a derechos adquiridos por la población –sin hablar del enfrentamiento con su vicepresidente, el general Hamilton Mourão– pintan un panorama oscuro para el ultraderechista que llegó al Planalto el 1º de enero pasado, tras la proscripción de Lula da Silva.
Este miércoles estudiantes y docentes de todas las universidades públicas salieron a expresar su firme rechazo a la política de ajustes que nacieron desde la cartera de Economía, a cargo del neoliberal Paulo Guedes, aunque se implementan desde el Ministerio de Educación.
Sorprendieron por su masividad pero por ser como la señal de alerta en el coloso sudamericano, poco habituado a las protestas ciudadanas. Y más aún porque son los primeros escarceos contra un gobierno recién asumido y que tuvo fuerte apoyo electoral el año pasado.
La Unión Nacional de Estudiantes de Brasil encabezó la manifestación luego de que se anunció el congelamiento de hasta un 30% del gasto universitario, alegando la «precaria situación fiscal del gobierno». Sólo en San Pablo se estimó que había medio millón de personas protestando contra una política que atenta contra la democratización de la enseñanza. Porque entre los planes que pierden presupuesto están los de integración por cuotas para minorías raciales.
Para el exrector de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Nelson Maculan, «es la primera vez que los brasileños empiezan a pensar que la educación pública es algo importante». En una entrevista con la AFP, el matemático de 76 años, que fue funcionario del Ministerio de Educación en el primer mandato de Lula, lamentó que la política de recortes lleve a que muchos jóvenes piensen en irse del país.
Es que el ajuste también impacta en la investigación científico-técnica que se viene llevando a cabo en instituciones terciarias de Brasil y que recibió un fuerte impulso durante los gobiernos del PT, que aspiraban a elevar al país a la categoría de potencia mundial.
La respuesta de Bolsonaro ante las protestas fue otra joya de su acervo. Primero llamó «idiotas útiles» a los estudiantes. Luego, firmó un decreto, el 9794, que a pesar de que determina que desde la Secretaría de Gobierno se pueden vetar nombramientos de agencias reguladoras, organismos autárquicos y todos los cargos en el exterior, incluyendo embajadores y las cabezas del Banco Central, apunta a las designaciones en los centros de estudios, con lo cual echa por tierra con la autonomía universitaria. Para el que fuera candidato del PT a la presidencia, Fernando Haddad, es una represalia de Bolsonaro y reclamó que la dirigencia tome en cuenta el plan del gobierno contra el sistema educativo.
El nuevo ministro de Educación, Abraham Weintraub –quien reemplazó el 8 de abril a Ricardo Vélez Rodríguez– llegó a declarar que la autonomía no es soberanía, y que la policía tiene derecho a entrar en las sedes universitarias. Además, anunció el bloqueo de las cuentas de las instituciones que se opongan al gobierno. «Las universidades que, en lugar de tratar de lograr la mejor forma académica, sólo están haciendo un caos, tendrán su recortes presupuestarios», señaló. Desde las calles, las pancartas respondían «el gobierno hace caos. Las universidades públicas hacen ciencia». Pero también se escuchaba: «La educación no es mercancía».
Otros frentes
El otro frente abierto contra Bolsonaro es a través de uno de sus hijos. Los Bolsonaro son una suerte de clan, cada cual más agresivo y brutal, sobre todo en las redes sociales. Flavio es senador por Río y aparece involucrado en maniobras de lavado de dinero a través de cuentas de su chofer, Fabricio Queiroz. Pero también por esta vía resulta relacionado con los asesinos de la concejal carioca Marielle Franco y de Anderson Pedro Gomes en marzo del año pasado.
La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Flavio Bolsonaro, de Queiroz y de otros 80 exfuncionarios ligados al senador para que puedan ser investigados en una causa por evasión. De allí podrían surgir otras relaciones de tipo criminal. Bolsonaro Jr dijo que no lo iban a intimidar y calificó la medida como maniobras para debilitar a su padre. El presidente afirmó que no lo iban a poder «agarrar» por ese lado.
Otro decreto que levantó polvareda fue el que Bolsonaro autoriza a que los brasileños puedan portar armas en espacios públicos. Para un juez de la Corte Suprema, hay allí un «abuso del poder regulatorio», que contradice normativas de 2003 dictadas por Lula, precisamente para limitar el armamentismo individual.
Mourão, en tanto, viajó a China, donde tendrá un encuentro con el presidente Xi Jinping y asistirá a un plenario de la Comisión Sino-Brasileña de Alto Nivel de Concertación y Cooperación (Cosban). Como parte del grupo BRICS, Brasil es un socio estratégico de China. Pero el alineamiento de Bolsonaro y Trump pone en jaque la relación en el contexto de la guerra comercial declarada por Washington.
De gira por Dallas, Texas, el titular del Ejecutivo brasileño dijo admirar a EE UU. Fue allí donde se permitió analizar la situación política argentina. «Con problemas estructurales en el país, mi amigo (Mauricio) Macri enfrenta dificultades y ve crecer la posibilidad de que vuelva la anterior presidenta, una amiga del Partido de los Trabajadores de Brasil, de (Hugo) Chávez, (Nicolás) Maduro y Fidel Castro». «
En Argentina, también se protesta
Fueron miles, el jueves, en diversas ciudades argentinas, a pocas horas de las protestas en Brasil. La Marcha Nacional Educativa fue convocada por las federaciones de docentes universitarios que negocian la paritaria, hasta ahora sin resultados positivos.
Tiempo Argentino, 19 de Mayo de 2019
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