A 55 años del golpe militar que tumbó al gobierno de João Goulart, Brasil da una vuelta de campana y por instrucciones de Jair Bolsonaro, las Fuerzas Armadas festejan aquella movida que, consideran, obedeció al «clamor popular» y no fue ni un golpe, ni una dictadura, ni desplegó una feroz represión con miles de torturados, desaparecidos y asesinados. Para el presidente, esos apenas fueron «unos problemitas» y no un modelo criminal.
«El 31 de marzo de 1964 se inserta en el ambiente de Guerra Fría que se reflejaba en el mundo y penetraba en nuestro país. Las familias en Brasil estaban alarmadas y se pusieron en marcha. Frente a un escenario de grandes convulsiones, fue interrumpida la escalada hacia el totalitarismo», dice un mensaje del general Fernando Azevedo e Silva, ministro de Defensa, refrendado por la cúpula de las tres fuerzas.
Este regreso al pasado, ahora se da mediante el mecanismo eleccionario, pero guarda muchos componentes de aquella dictadura que se extendió de 1964 a 1985. El actual vicepresidente, el general Antônio Hamilton Martins Mourão, de estirpe militar, es sobrino nieto del general Olímpio Mourão Filho, que comandaba la 4ª Región Militar y junto con Carlos Luis Guedes iniciaron la Operación Popeye (así le decían a Olímpio), el pistoletazo de partida para la destitución de Goulart.
Es cierto que ese golpe se inscribe en la Guerra Fría. El Brasil que había dejado Getulio Vargas cuando se suicidó, en 1954, continuaba con el proyecto industrialista mientras iba dando cabida a otros sectores sociales en la discusión democrática. El 31 de enero de 1961, Janio Quadros recibe la banda presidencial en la recién inaugurada Brasilia.
Hombre aceptado por el establishment, pronto inicia una política alejada de los cánones que esperaban los dueños del país y Estados Unidos: estableció fuertes relaciones con la Unión Soviética y con la Cuba que comandaba Fidel Castro. Además, condecoró a Ernesto Che Guevara con la Orden de la Cruz del Sur. Demasiado para la época. El 25 de agosto de ese mismo año renunció ante las presiones militares y también civiles.
Hubo un pase de comedia porque el vicepresidente, Goulart, estaba de viaje por la China de Mao. Los militares no lo querían a Jango, como le decían los íntimos. Si bien era hijo de un rico hacendado de Río Grande do Sul, como ministro de Trabajo de Vargas había otorgado leyes que garantizaban derechos a los trabajadores. Goulart tuvo que aceptar nuevas reglas de juego. Debería gobernar en un sistema parlamentario sui generis, por el que renunciaba a poderes presidenciales y daría mayor intervención al Congreso.
Astuto, al cabo de dos años organizó un plebiscito para volver al presidencialismo. Tuvo un Gabinete de lujo, con el economista Celso Furtado en Planeamiento, Darcy Ribeiro en Educación y Ulysses Guimarães en Industria y Comercio. Profundizó el acercamiento al bloque soviético al punto de recibir en visita oficial al cosmonauta Yuri Gagarin. Su suerte quedó echada cuando anunció un impuesto a la renta y la obligación de que las multinacionales reinviertan su ganancia en Brasil.
El 13 de marzo de 1964, casi contra las cuerdas, Jango organizó una suerte de asamblea pública en la Plaza de la República, frente a la Estación Central de ferrocarriles de Río de Janeiro junto con el gobernador de Río Grande do Sul, Leonel Brizola. Frente a más de 200 mil personas, anunció la firma de dos decretos. Uno para la expropiación de las refinerías de petróleo que aún no pertenecían a Petrobras. El otro, declaraba la reforma agraria.
Los atemorizados sectores medios y altos, azuzados por una bestial campaña mediática, organizaron manifestaciones conocidas como Marcha de la Familia con Dios y por la Libertad.
Los militares, desde los cuarteles, ultimaban detalles para eliminar a ese fantasma que iba recorriendo Brasil y la asonada comenzó con el levantamiento de Mourão Filho y Guedes. Luego de un interinato, asumió el Mariscal Humberto de Alencar Castelo Branco, Goulart se exilió en Uruguay y luego pasó a la Argentina. Murió en Mercedes, Corrientes, el 6 de diciembre de 1976. Hay indicios de que fue asesinado en el marco de la Operación Cóndor.
Aquel Guedes no tiene relación familiar con el ministro de Economía de Bolsonaro. Pero es bueno recordar que Paulo Roberto Nunes Guedes, un Chicago Boy de 69 años, es un admirador de la dictadura chilena, a la que otorga como mérito haber aplicado las teorías de Milton Friedman en los ’70. Incluso a la vuelta de su doctorado en Chicago, en 1978, recaló en la Universidad de Chile, donde dio clases a principios de los ’80 en la Facultad de Economía y Negocios.
Bolsonaro, exmilitar exonerado de la fuerza hace 30 años, siempre reivindicó a los militares golpistas de ayer y en el juicio político a Dilma Rousseff, votó por su destitución recordando al coronel que la había torturado cuando ella era una joven militante de la guerrilla.
Tuvo un amplio apoyo desde los cuarteles para ganar la presidencia y en su Gabinete hay siete militares ocupando cargos clave. En 2015 Bolsonaro había afirmado que «Pinochet hizo lo que tenía que hacer… Tenía que actuar de forma violenta para recuperar a su país». Hace unos días, dijo que hace 55 años no se inició una dictadura. «¿Dónde has visto a una dictadura entregar el gobierno en forma pacífica? –interpretó–. Entonces, no fue una dictadura».
Cuando se cumplió el medio siglo del golpe, en 2014, O Globo, el mayor grupo de comunicaciones de Brasil, hizo un mea culpa por su participación en el clima que llevó a la interrupción constitucional. Le daba la razón a un cántico callejero: «La verdad es dura, O Globo apoyó la dictadura» y agregaba que «las Organizaciones Globo reconocen que, a la luz de la historia, ese apoyo fue un error».
Fue crucial también el apoyo de los medios hegemónicos para la destitución de Rousseff y la llegada de Bolsonaro al Planalto. Pero al menos O Globo ya parece estar abriendo el paraguas. «En estos casi 90 días de poder, si hay un método de gobernar del presidente Jair Bolsonaro, es el del enfrentamiento que ha producido en la política algo próximo al caos», dice un editorial de este jueves en relación a los ataques del mandatario al titular de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia.
Si creyó que el golpe de timón hacia el neoliberalismo que puso en marcha tras la destitución de Dilma Rousseff alcanzaba para evitar la prisión, evidentemente Michel Temer hizo un mal cálculo. En la mañana de este jueves, un grupo de tareas de la policía federal irrumpió en su vivienda paulista y se lo llevó detenido por orden del juez Marcelo Bretas, bautizado por los medios como el «Sergio Moro carioca».
«Es una barbaridad», le dijo a un periodista cercano, Kennedy Alencar, cuando se lo llevaban detenido. Pero en el entorno del hombre que reemplazó a Rousseff mediante el golpe institucional de agosto de 2016 susurraron que desde hace semanas se la veía venir.
Junto con el ex presidente de facto fueron apresados también su ex ministro de Minas y Energía, Wellington Moreira Franco, y el ex jefe de la Casa Civil (Jefatura de Gabinete) Eliseu Padilha. Los tres aparecen administrando un sistema de obtención de fondos no demasiado limpios y quedaron inmersos en una serie de acusaciones en el marco de la Operación Lava Jato, que ya dejó entre rejas a otro expresidente, Lula da Silva, y elevó condenas contra cerca de 130 dirigentes y empresarios por un total de unos 1900 años de prisión.
El PMDB, (Partido del Movimiento Democrático Brasileño) acompañó al PT de Lula y Dilma en una alianza desde 2002 hasta que decidió traicionar los acuerdos. Acaba de emitir un comunicado en que dijo que «lamenta la postura de la Justicia en contra de la marcha de una investigación en la que se ha demostrado que no hay irregularidad por parte del ex presidente de la República, Michel Temer y del ex ministro Moreira Franco. El MDB espera que la justicia restablezca las libertades individuales, la presunción de inocencia, el derecho al contradictorio y el derecho de defensa «.
No es la misma interpretación de los derechos civiles que sostuvo ante la detención del ex dirigente metalúrgico, preso en Curitiba desde hace casi un año sin sentencia firme, una maniobra pergeñada por el juez Moro que impidió la postulación a la presidencia y abrió las puertas del Planalto al ultraderechista Jair Bolsonaro. Moro, en premio a esta operación, fue invitado a ocupar el cargo Ministro de Justicia. Y no lo rechazó. El PMDB hizo silencio porque creyó que con Lula fuera de la cancha habría lugar para ellos.
Temer enfrenta diez diferentes acusaciones en la Justicia, que ya estaban sobre el tapete en el plazo que estuvo al frente del Poder Ejecutivo, entre el 31 de agosto de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, pero las fue esquivando porque su destitución hubiera implicado un caos aún mayor en la política brasileña. Pero en su caso, hay pruebas contundentes de su participación en delitos, delaciones de implicados y hasta filmaciones.
Según detalla el portal de OGlobo -el mismo medio que fogoneó la destitución de Dilma y la detención de Lula- una de las imputaciones es por una coima de un millón de reales que dice haber pagado la constructora Engevix al ex ministro Moreira y a un amigo de Temer.
Hay un caso de lavado de dinero que se habría registrado con la reforma de un inmueble de la hija del golpista, Maristela, en San Pablo, costeada por la empresa Argeplan. Junto a este incidente figura la investigación por sobreprecios en contratos con esa firma en una obra junto a Concremat. Argeplan también aparece en otras investigaciones ligadas a Temer en obras públicas.
Otro «arrepentido» lo involucra en un contrato ficticio en el puerto de Santos con la empresa Përola. Un directivo de Odebrecht involucra al trío ahora detenido en una coima de 10 millones de reales y dio pruebas sobre la negociación. En esa misma línea tenía una causa abierta por el otorgamiento de los puertos a empresas privadas durante su gestión de forma presuntamente irregular.
Las más documentadas públicamente son, sin dudas, la valija con medio millón de reales que le encontraron a su ex asesor Rodrigo Rocha Loures, debidamente filmado cuando recibía el «aporte» de un ejecutivo del holding J&F en una pizzería.
Temer en persona apareció en una cámara oculta que le hizo el dueño del frigorífico JBS donde reconoce que tuvieron que pagar por el silencio de Eduardo Cunha, que fuera titular de la Cámara baja y que abrió el juicio político contra Dilma Rousseff, pero terminó tras los barrotes porque le encontraron más de un millón y medio de dólares ocultos en una cuenta en Suiza. Recibió una sentencia de 15 años y 4 meses.
El juez Bretas, en tanto, es de fe evangélica, como gran parte del gabinete de Bolsonaro y de integrantes del Congreso brasileño. Asegura que sus creencias religiosas no interfieren para nada con su tarea profesional. Tiene 49 años, es esposo de una jueza federal y permaneció dos años en Washington, según su currículum, estudiando el sistema judicial estadounidense.
Entre sus casos más mediáticos, condenó a 30 años de prisión a Elke Batista, que fuera el empresario más rico de Brasil y uno de los 10 más acaudalados del mundo, por corrupción activa y levado de dinero.
También impuso una pena de 22 años y 8 meses a Sergio Cabral, gobernador de Río de Janeiro por el mismo partido que Temer, a la esposa y a funcionarios de su gobierno, por coimas.Ahora, tomó una delación premiada del empresario Lucio Funaro, homologada el setiembre de 2017 por el ministro Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal. Funaro esstá preso desde 2016 y reconoció haber sido el operador financiero del PMDB en el parlamento Ahora, tomó una delación premiada del empresario Lucio Funaro, homologada el setiembre de 2017 por el ministro Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal. Funaro esstá preso desde 2016 y reconoció haber sido el operador financiero del PMDB en el parlamento.
Un viejo chiste decía que cuando Brasil fuera grande quería ser Estados Unidos. Lo viene probando desde antes de la Segunda Guerra Mundial –fue el único país latinoamericano en mandar tropas a combatir contra el nazismo– y este martes, Jair Bolsonaro va a dar otra señal en un encuentro reservado con Donald Trump en el que delinearán acciones para consolidar la alianza ultraconservadora que ambos lideran. En cuanto a políticas más duraderas para las dos naciones, el brasileño firmará, entre otras cosas, un acuerdo para que la base de Alcántara, en el estado de Maranhao, sea utilizada para el lanzamiento de cohetes estadounidenses. Una base militar que atenta contra la soberanía nacional, según los críticos.
En esa misma línea directriz, el senador Flávio Bolsonaro apuró un proyecto de ley que legaliza la portación de armas en el país, la versión brasileña de la Segunda Enmienda estadounidense. Además, flexibiliza las condiciones para instalar fábricas de armas y municiones en el país y permite la actividad de empresas privadas. Desde 1934 sólo las Fuerzas Armadas pueden producir armamento.
El detalle es que un día antes, Luiz Henrique de Castro, de 25 años, y Guilherme Taucci Monteiro, de 17 años, ingresaron al colegio Raúl Brasil de la localidad de Suzano, en los alrededores de San Pablo, mataron a cinco alumnos, una profesora y un empleado y se suicidaron. Uno de los asesinos solía postear fotos del actual mandatario brasileño. Desde el gobierno, desvincularon el caso del impulso armamentista de Bolsonaro.
Casi en la puerta del avión que lo llevará a Washington, el presidente consideró que sería un paso «muy importante» instalar la base de EE UU en el nordeste, porque «podríamos estar lanzando satélites de todo el mundo». El anuncio había alertado a las FF AA, que ostentan la abrumadora mayoría de despachos en el Gabinete. Ya en enero pasado, un uniformado que pidió mantenerse en el anonimato, había deslizado el malestar del Ejército con la oferta de Bolsonaro. «Es el caso del niño débil que espera que lo salve un amigo fuerte», susurró ante la prensa.
«Desde el gobierno de Lula intentamos ese acuerdo, pero no tuvimos éxito, mucho más por una cuestión ideológica que por una cuestión técnica», agregó el mandatario. El plan venía de la época de Fernando Henrique Cardoso en el Planalto, pero aquel Congreso rechazó la posibilidad de ceder territorio para una base extranjera.
La sintonía que busca el excapitán –expulsado del Ejército hace tres décadas pero con el apoyo de las FF AA para llegar a la presidencia– levanta cuestionamientos en la oposición. Pero también en el ámbito de la diplomacia.
El canciller Ernesto Araújo es el blanco de las mayores censuras. Hasta O Globo, que fue clave para defenestrar a los gobiernos del PT, rechaza el «trumpismo» que ahora impera en la jefatura de Itamaraty.
Rubens Ricupero, exdiplomático y teórico de las relaciones internacionales, observa con preocupación la nueva política que despliega Araújo, confeso admirador de Trump y de EE UU, una potencia que, recuerda Ricupero, «es un amo insaciable e intratable que exige adhesión total y sin reservas». Fue embajador de José Sarney en Washington, sabe de lo que habla. Por eso lamenta que se pierda una tradición de 200 años en la política exterior brasileña que, recuerda, tuvo una línea política inmutable a pesar de los distintos gobiernos.
«¿Qué amenazas sufrimos ahora para una acción que sólo se contempla como preliminar de una guerra o un grave peligro?», se pregunta. «Qué consecuencias traería a la seguridad de nuestra población el eventual uso de la base para atacar a otra nación», advierte.
Si hacía falta algún testimonio para graficar de qué modo el armamentismo se consolida en este momento del Brasil, baste con las palabras del senador Sergio Olimpio Gomes, del oficialista Partido Social Liberal. «Si hubiera habido un ciudadano con un arma regular en la escuela (de Suzano) se podría haber minimizado el tamaño de la tragedia», dijo en una reunión de la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara Alta.
El «trumpismo» no lo podría haber dicho mejor.
Avanza la ola privatizadora
El grupo español Aena, el suizo Zurich y el brasileño Aeroeste se repartieron 12 aeropuertos brasileños, en la primera tanda de privatizaciones del gobierno de Jair Bolsonaro con la que espera demostrar que la políticas neoliberales de su ministro Paulo Guedes no eran solo especulaciones de campaña. . Las concesiones tienen plazos de 30 años, las ofertas, que entusiasmaron al presidente, sumaron unos 620 millones de dólares, diez veces más de lo que pronosticaban los analistas. La otra gran apuesta del hombre doctorado en Chicago está en marcha en el Congreso, aunque resulta más trabajosa su aprobación. «La reforma de las jubilaciones es el primer y mayor desafío que debemos enfrentar. Si lo logramos en dos o tres meses, tendremos diez años de crecimiento sostenido por delante», dijo Guedes cuando asumió el cargo. Lula da Silva, desde su celda de Curitiba, envió un mensaje que resume el momento: «La campaña por la liberación debe estar vinculada a dos cuestiones, la reforma previsional y la soberanía.»
La detención de dos policías cariocas fue el primer paso concreto en la investigación por el asesinato de la concejal y activista política Marielle Franco y del conductor del vehículo en el que viajaba, Anderson Gomes, cuando faltan dos días para cumplirse un año del crimen.
Familiares y dirigentes políticos reclaman que las autoridades ahora determinen quién o quiénes fueron los autores intelectuales del magnicidio.
Si bien nadie aventura hipótesis, uno de los sospechosos vive en el mismo condominio donde tiene su residencia particular el actual presidente Jair Bolsonaro, el otro posteó en su página de Facebook fotos con el entonces candidato y además, la trama de intereses en torno el caso llegaría hasta el mayor de los hijos del mandatario, Flavio, el mayor, famoso por ser el más brutal en sus opiniones sobre todo lo que huela a solidaridad, feminismo y derechos humanos.
Según revelaron las fiscales Simone Sibilio y Leticia Emile, a cargo de la pesquisa que sustancia el juez Júri Gustavo Kalil, «es indiscutible que Marielle Franco fue sumariamente ejecutada en función de su actuación política en defensa de las causas que defendía» y agregaron: «La barbarie practicada en la noche del 14 de marzo de 2018 fue un golpe al Estado Democrático de Derecho».
Los detenidos son Ronnie Lessa, de 48 años, policía retirado, y Elcio Vieiria de Queiroz, expulsado de la Policía Militar por inconducta, de 46. Lessa es sindicado como el autor de los 13 disparos que terminaron con la vida de Marielle y el chofer del auto en el que volvía de un acto en una favela de Río, de donde era oriunda. Vieira de Queiroz era el que conducía el Cobalt en el que se acercaron para ejecutarlos.
Los presuntos homicidas fueron apresados durante la madrugada de este martes en sus casas. Lessa tiene una lujosa vivienda en una coqueta urbanización de Barra de Tijuca donde también tiene propiedad Bolsonaro. Ahí también vive el concejal ultraderechista Marcello Siciliano, del Partido Humanista Social, quien había sido allanado en enero pasado en el marco de la investigación, como presunto autor intelectual del crimen.
Siciliano está implicado en sospechosas compras de tierras donde se asientan bandas paramilitares. Esa era una de las obsesionres de Marielle: la inseguridad provocada por paramilitares, muchos de ellos surgidos de las filas policiales, ligados a dirigentes políticos.
De momento, las funcionarias judiciales no dieron más precisiones sobre como sigue el caso «hacia arriba», aunque aseguraron que no se quedarán con los brazos cruzados. Lo que sí detallaron cómo fue que llegaron a Lessa y Vieiria de Queiroz.
Según informes del sitio O Plantão Brasil, las «sabuesas» demoraron meses con agentes del área informática de la Delación de Homicidios de Río de Janeiro en investigar los aparatos telefónicos que circularon por la zona donde se produjo el asesinato. Y hurgaron minuciosamente en las cámaras de seguridad de la Calle de los Inválidos ese 14 de marzo, confrontando horarios y movimientos.
Llegaron al celular que usa Lessa y luego encontraron el de Queiroz. Se metieron a buscar metadatos en la nube de sus equipos. Según explicaron, hay mucha más información que están procesando, pero quisieron apurar las detenciones porque se avecinaba el aniversario y no querían aparecer con las manos vacías. Entre los aparatos hallaron uno que estaba dentro del Cobalt estacionado cerca de la Casa de las Negras donde Marielle participaba como mediadora de un debate entre mujeres afrodescentientes, como ella, de ese barrio.
Las investigadoras relataron que el magnicidio había sido orquestado desde hacía tres meses antes. Que habían hecho inteligencia sobre Marielle, quien además publicaba sus actividades en FaceBook, de modo que no eran tan difícil saber que ese día la militante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) iba a estar en la favela de la Maré, donde había nacido 38 años antes.
El asesinato conmovió a Brasil y al mundo cuando estaba por comenzar la campaña para las presidenciales de octubre y aún Lula da Silva estaba libre y con posibilidades de regresar al Palacio del Planalto. Y desde entonces hubo y reclamo contundente. ¿Quién mató a Marielle y quién ordenó matarla?
Hay otra línea de investigación que llega hasta Bolsonaro hijo. Es la que implicaba al ex capitán de las BOPE, (Batallón de Operaciones Especiales de la Policía carioca) Adriano Magallhaes da Nóbrega, cuya madre, Raimunda Vera Magalhaes fue funcionaria del gabinete del entonces diputado estadual Flavio Bolsonaro. Por este lado, se llega a uniformados en actividad y retirados que participan en el submundo del juego ilegal. Pero esta trama también jaquea al presidente, porque se relaciona con un desvío de fondos millonario a traves del chofer de su primogénito.
Como todo parece todavía prematuro, los colegas de Marielle y sus familiares ahora reclaman que la causa judicial no se quede en estos dos ejecutores. Incluso se cree que habría una persona mas en el Cobalt utilizado para el operativo. «Es un paso decisivo pero el caso no está resuelto», dijo a la TV Globonews Marcelo Freixo, diputado federal del PSOL, padrino político y amigo de la mujer, quien pidió establecer «quién ordenó matarla. ¿Cuál es la motivación política? ¿Qué interés existía para matar a Marielle?».
En similares términos se refirió Mónica Benicio, quien fuera su pareja. «Lo que ocurrió en la noche del 14 de marzo fue un intento de silenciar todos esos movimientos: de mujeres negras, de la población LGBT, querían que las mujeres negras abandonaran sus luchas, que la población LBGT se retrajera», destaco la agencia AFP. De visita en Buenos Aires, en setiembre pasado, Benicio había reafirmado a Tiempo la necesidad de «soñar y poner el cuerpo».
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