La ordenanza número 666, que el viernes firmó el ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, permitiría echar del país de Glenn Greenwald, el fundador del sitio The Intercept, que divulgó explosivas conversaciones en la red telegram del entonces juez con el fiscal Deltan Dallagnol, para condenar a Lula da Silva sin pruebas. Pero parece que alguien desconocía en profundidad cómo son las leyes brasileñas y entonces, habida cuenta de que el periodista estadounidense está casado con un ciudadano brasileño y adoptaron hijos, no podría ser expulsado. De manera que ahora el presidente Jair Bolsonaro amenaza con detenerlo,mientras lo trata de «malandra».
«Tal vez acabe entre rejas aquí en Brasil», dijo el mandatario brasileño, citado por O Globo, el medio que más hizo para la detención de Lula y que ahora defiende a ultranza al ejecutor del proceso judicial que le impidió ser candidato a presidente, facilitando así el triunfo del ex capitán del ejército.
Greenwald le recordó al mandatario en un tuit que el titular del ejecutivo no tiene poder para encarcelar a los ciudadanos, y que para poner a alguien a la sombra debe haber pruebas enante un tribunal de que cometió algún delito.
Más aún, le remarcó en esa red social los puntos de la Constitución que no solo garantizan los derechos civiles, sino también el de libertad de prensa que es lo que está amenazado por la embestida de Moro y de Bolsonaro.
Se alguém puder mostrar ao presidente @jairbolsonaro o que a Constituição brasileira garante, acho que seria útil. Eu destaquei as partes mais importantes para ele. pic.twitter.com/6nnvLRT2Nx— Glenn Greenwald (@ggreenwald) July 29, 2019
La controversia surgió desde que el 9 de junio pasado The Intercept publicó chats de Moro con Dallagnol y los fiscales de la Fuerza de Tareas del Lava Jato, la investigación sobre actos de corrupción a través de Petrobras, y fue creciendo desde entonces.
Como dice el propio Greenwald, en un país normal el ministro debería haberse tenido que ir. En realidad, que el juez que condenó al dos veces presidente y candidato con mayor apoyo para volver a la presidencia hubiera sido designado en el gabinete del triunfador de un comicio así amañado debiera haber sido descalificador.
Andando las semanas, otros medios de Brasil, dentro de los que integran el sistema de prensa hegemónico, como Folha de Sao Paulo y Veja, se sumaron a la investigación sobre cientos de miles de chats y fueron desmenuzando lo que es un gran escándalo político-judicial.
De allí la preocupación de Bolsonaro y Moro, porque se revela muy claramente de qué modo se manipuló la causa para involucrar a Lula en hechos delictivos, con el objetivo de detenerlo para impedir que pudiera presentara a la elección en 2018.
La Policía Federal detuvo la semana pasada a cuatro hackers a los que acusó de haber intervenido ilegalmente los celulares de Moro y del propio Bolsonaro. Y aseguran que son los que filtraron las conversaciones a The Intercept. Algo que niegan los periodistas del portal, con el agregado de que nadie negó que las conversaciones hayan existido. Lo que indica el tamaño de la maniobra y además, la prueba.
La persecución contra Greenwlad se conocía desde el mes pasado. Ahora apareció el decreto 666 como la posibilidad sino de expulsarlo, sí de impedirle que regrese el caso de viajar el exterior. El periodista estadounidense viven en Río de Janeiro con el diputado David Miranda.
Fundador del portal que tiene como objetivo publicar información que los gobiernos buscan mantener al margen de la sociedad, Greenwald saltó a la fama cuando encabezó el equipo que entrevistó al analista Edward Snowden, quien denunció la forma en que los servicios de EEUU espían a todo el mundo a través de equipos electrónicos, como celulares. A través de esa producción para el The Guardian, de Gran Bretaña, recibió el premio Pultizer en su país natal.
Las leyes brasileñas protegen de extradiciones y expulsiones del país a ciudadanos extranjeros casados con nacionales. Allí se refugió Ronald Biggs en 1964, luego del robo del siglo, al tren correo que iba de Glasgow a Londres, que dejó un botín de unos 40 millones de libras a los valores actuales. Recién el 2001 aceptó volver a su país de origen, donde murió en 2013, a los 84 años.
La diferencia es que Ronnie Biggs se había casado después de cometer el paradigmático robo. Greenwald lleva 14 años junto a Miranda, diputado carioca por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL).Y lo de él no es ningún delito.
El ministro de Justicia brasileño, Sergio Moro, está decidido a sacarse de encima al periodista que publicó los mensajes que revelan las maniobras para condenar sin pruebas y sacar de la carrera presidencial a Lula da Silva. Luego de haberse tomado licencia entre el 15 y el 19 de julio en medio del escándalo por la filtración en el portal The Intercept de sus chat en la red Telegram, el exjuez comenzó una serie de operaciones destinadas a desprestigiar al estadounidense Glenn Greenwald, y hasta a deportarlo bajo alguna acusación ligada el terrorismo o a una supuesta amenaza para la Nación.
La escalada comenzó ni bien Moro regresó de una intempestiva licencia. Primero, el hombre que persiguió y condenó a Lula por presunta corrupción en la causa Lava Jato denunció que habían hackeado su teléfonos celulares, luego se anunció que la Policía Federal había detenido a un par de informáticos a los que acusó de haber filtrado los chats a The Intercept. Finalmente este viernes publicó en el Diario Oficial de la Unión (el Boletín Oficial brasileño) una ordenanza por la cual dispone impedir el ingreso o la deportación sumaria de «personas peligrosas o que hayan practicado actos contrarios a los principios y objetivos dispuestos en la Constitución Federal».
La normativa incluye la repatriación o la cancelación del permiso de estadía a cualquier individuo «peligroso para la seguridad de Brasil». De ese modo califica acciones como terrorismo, asociación criminal armada, tráfico de drogas, personas o armas de fuego, pornografía o explotación sexual infantojuvenil, o barras bravas con historial de violencia en las canchas, entre otros indeseables.
La ofensiva había comenzado unos días antes. El diputado estatal bolsonarista Fernando Francischini pidió la expulsión de Greenwald porque, arguyó, «comete crímenes contra las autoridades del país». Otro legislador, Filipe Barros, reclamó que se le quitara el pasaporte. La congresista Joice Hasselmann fue más dura. «Su hora está llegando», amenazó por Twitter.
Greenwald vive en Río de Janeiro con su pareja, el diputado carioca David Miranda. Premiado con el Pulitzer por la publicación en el británico The Guardian de la denuncia del analista de la CIA, Edward Snowden, acerca del espionaje electrónico global que realizan las agencia estadounidenses, Greenwald fundó The Intercept para facilitar una plataforma donde recibir información sobre acciones que los gobiernos hacen a escondidas de la sociedad.
El caso Lava Jato fue su mayor filtración. Cientos de miles de documentos demuestran el nivel de manipulación para condenar al expresidente brasileño de un modo reñido con un sistema democrático de Moro y del fiscal del caso, Deltan Dallagnol.
Ni bien se conoció la Portaría, como se denomina en portugués, irónicamente la número 666, salieron la palestra quienes percibieron que la orden tenía básicamente un destinatario. «(Moro) quiere que tengamos miedo y que nos preocupemos porque nos están investigando (pero) no tenemos ningún miedo, vamos a continuar publicando porque la Constitución brasileña protege y da garantías a lo que estamos haciendo», dijo Greenwald. Desde EE UU salió en su defensa el Freedom of the Press Foundation, institución creada por Daniel Ellsberg, el exanalista de la Rand Corporation que en 1970 filtró los llamados Papeles del Pentágono, sobre las maniobras de los gobiernos estadounidenses en Vietnam desde 1945 y hasta 1969.
El lunes, el gobierno anunció que habían sido detenidos dos hackers a los que acusó de haber sido los que brindaron la información a Greenwald. El estadounidense negó rotundamente que sus fuentes hayan sido hackers y atribuyó esa información a una operación para desviar la atención. A The Intercept se le sumaron luego Folha de São Paulo y la revista Veja, lo que le da mayor cobertura incluso legal a su trabajo. «
(Foto: AFP)
Lula fue absuelto en otra causa
Poco a poco van cayendo las acusaciones contra Lula da Silva, mientras en todo el mundo crecen los apoyos al expresidente condenado por el actual ministro de Justicia brasileño por su presunta participación en actos de corrupción en la causa Lava Jato.
Esta semana, el juez federal Vallisney de Souza Oliveira, titular del décimo juzgado federal de Brasilia, retiró la acusación de asociación ilícita y lavado de dinero en una investigación por un expediente abierto presuntamente para haber favorecido negocios de la multinacional Odebrecht en Angola a cambio de dinero.
Lula era acusado de asociación ilícita junto con uno de sus sobrinos, Taiguara Rodrigues dos Santos. El estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) otorgó los créditos para financiar las obras públicas en Angola que hizo Odebrecht durante el mandato de Dilma Rousseff.
El magistrado consideró que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para sustentar la acusación contra el exmandatario de lavado de dinero de 20 millones de reales (unos 5,3 millones de dólares).
Lula fue absuelto en julio del año pasado en otro caso en el que se lo acusaba de obstrucción a la Justicia por supuestamente haber querido comprar el silencio del exdirector de Petrobras Néstor Cerveró para evitar que informara sobre la red de corrupción en la petrolera estatal.
Mientras tanto, líderes de partidos progresistas se reunieron en Caracas en el Foro de San Pablo y coincidieron en pedir por la pronta libertad de Lula, a quien consideran un preso político, acusado sin pruebas de delitos que no cometió.
El jefe del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, dijo en un video difundido en el evento que «la prisión de Lula es completamente inaceptable».
Una nueva y para nada inocente controversia en el Poder Judicial brasileño podría servir de excusa para trabar la liberación de Lula da Silva en el debate que el Tribuna Supremo de Justicia (TSJ) de ese país mantendrá este martes para tratar un pedido de la defensa del expresidente, detenido desde abril del año pasado en Curitiba. El debate de los magistrados será la continuación del que iniciaron el 11 de junio para analizar el pedido de habeas corpus de los letrados, que consideran que el exdirigente sindical no pudo disponer de todos sus derechos a la defensa y fue víctima de una suerte de persecución del juez Sergio Moro, cuando fue condenado por casos de presunta corrupción en la compra de un departamento tríplex que le atribuyen en Guarulhos y del que no hay pruebas de que le pertenezca.
En el medio, aparecieron las filtraciones publicadas por el portal The Incercept en que se muestra la forma en que el entonces juez, actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, manipuló, junto con el fiscal Deltan Dallagnol, para procesar, detener y proscribir a Lula de la elección presidencial del año pasado.
De allí se tomó la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, para enviar un pronunciamiento al TSJ, oponiéndose a una anulación de la condena a Lula basada en las filtraciones del Lava Jato, alegando que hay «fundada duda jurídica» sobre las informaciones divulgadas por el sitio creado por el periodista estadounidense Glenn Greenwald.
Es cierto que la defensa del exmandatario quiere usar esos elementos para demostrar que el magistrado no debió seguir adelante con el proceso y que por tanto la condena debe ser anulada. También que uno de los togados, el supremo Gilmar Mendes, declaró que el contenido de las filtraciones revelan «un hecho muy grave» que amerita ser investigado. Y también que fue Mendes quien en diciembre habilitó el debate para el pedido de habeas corpus.
Pero los abogados señalaron «al contrario de lo afirmado por la ilustre procuradora general de la República en manifestación protocolada este viernes, el habeas corpus Nº 164.493 en favor del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva el 05/11/2018 y que está en la pauta para tratarse en próximo día 25 no está amparado en los reportajes divulgados por The Intercept«.
Los defensores recuerdan que el reclamo comenzó a ser tratado por la Corte el 4 de diciembre pasado «mucho antes de los reportajes de The Incercept«, aunque aportan pruebas de que Moro «siempre mostró interés en la conducción del proceso y en su desenlace».
Argumentan que el ahora ministro bolsonarista autorizó escuchas «las líneas principales de nuestro despacho para que Lava Jato pudiese acompañar en tiempo real la estrategia de la defensa de Lula; actuó fuera de sus atribuciones legales para impedir el cumplimiento de la orden de liberación emitida por el juez de segunda instancia Rogerio Favreto (en julio pasado) y divulgó actos procesales que estaban bajo secreto para interferir en las elecciones presidenciales de 2018. A esto agregan que la aceptación del cargo de ministro tras declarar que Lula «se debe pudrir en la cárcel» .
Guaidó bajo sospecha
El sitio de noticias Panam Post reveló una supuesta trama de corrupción en Cúcuta, Colombia, protagonizada por enviados del presidente Juan Guaidó, encargados de atender a los militares desertores. El portal, de línea editorial dura antichavista y pro-Guaidó, advierte que dos funcionarios nombrados por el «gobierno encargado» del diputado venezolano «se habrían apropiado del dinero destinado para ese fin». El caso llegó a medios internacionales e impactó severamente en la imagen de la oposición. El propio Guaidó debió reconocer la existencia de, al menos, una irregularidad en ese sentido. Hasta el acérrimo defensor de la oposición, Luis Almagro, secretario General de la OEA, pidió una investigación rápida para aclarar el caso. El gobierno de Nicolás Maduro aprovechó la situación para señalar que «la supuesta ayuda humanitaria fue una fachada para enmascarar un gigantesco tramado de corrupción y degradación ética y moral», según declaró el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
Las revelaciones del sitio The Intercept sobre la manipulación del exjuez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol para encarcelar a Lula da Silva, que causaron un terremoto en el sistema político-mediático-judicial de Brasil, alientan también al dos veces presidente brasileño a volver al ruedo para reparar «esas cosas que hicimos mal» y concretar las que no se hicieron durante las gestiones del PT, entre 2003 y 2016.
Fue en un extenso reportaje concedido al Canal TVT, la televisión de la Central Unica de Trabajadores (CUT) de San Bernardo do Campo, la localidad paulista en la que Lula se forjó como dirigente gremial y donde tiene la única vivienda registrada a su nombre. Allí, Luiz Inácio Da Silva desafió a Moro y Dallagnol a un debate por la red O Globo en el horario que ellos decidan, «yo solo contra ellos dos», para demostrar públicamente que mintieron para sacarlo de la elección de 2018, donde aparecía como seguro ganador.
Al mismo tiempo, declaró que detrás de la Operación Lava Jato «están los intereses norteamericanos» y se mostró arrepentido, entre otras cosas, de no haber impulsado una ley de medios cuando estuvo en el gobierno.
El domingo pasado, en portal The Intercept, creado por el periodista estadounidense Glenn Greenwald, comenzó con la publicación de miles de filtraciones que muestran a través de mensajes de Telegram y mails, el modo en que Moro y Dallagnol fueron articulando la causa judicial para condenar a Lula, acusado de haber recibido un departamento triplex en Guarulhos como parte de una coima, a pesar de que, como reconoció el fiscal, no había pruebas.
Greenwald publicó en el británico The Guardian el reportaje al analista de la agencia NSA Edward Snowden que en 2013 reveló de qué modo las oficinas de inteligencia estadounidenses espían a todo el mundo mediante programas informáticos. Casado con Davis Miranda, un diputado por el partido PSOL, Greenwald desarrolló el portal para apoyar este tipo de iniciativas de particulares que por múltiples razones –mayoritariamente éticas– quieren dar a conocer esos secretos que los poderosos no quieren que las sociedades sepan. Tiene dos versiones, en inglés y en portugués.
Esta megafiltración afecta directamente al sistema político que, en 2016, armó un golpe de Estado institucional para voltear al gobierno de Dilma Rousseff y luego detener a Lula para que no pudiera ser candidato. Eso se ve claramente en algunas de las conversaciones de Telegram entre los implicados en la maniobra: Dallagnol y los fiscales de la llamada Fuerza de Tareas de Lava Jato.
Tanto Moro como Dallagnol reconocieron la veracidad de los mensajes, pero cuestionaron la violación a la intimidad que representaba y pidieron saber quién era la fuente que las había desnudado. Como Lula protestó ante Juca Kfouri y José Trajano –quienes lo entrevistaron para TVT después del escándalo pero antes de la huelga general de este viernes–, «ellos no fueron tan puntillosos cuando filtraron mis llamados a Dilma en 2016, ni de mis hijos». Lula se definió en esa entrevista como «encabronado» por la situación que le toca vivir, porque está detenido por un delito que no cometió.
Pero, también señaló que está mucho más tranquilo de que todos los jueces y los dirigentes que lo condenaron. «Siempre dije que Moro es un mentiroso. Lo dije en el primer testimonio que tuve ante él, que estaba obligado a condenarme. Porque su mentira había ido demasiado lejos y no iba a poder echarse atrás». Para graficar, agregó: «Moro dejó de ser juez hace mucho tiempo. Cuando la mosca azul de O Globo se posó en su frente, se convirtió en un sirviente de la Globo».
Luego reconoció como una falla no haber armado una red de televisión efectiva que peleara el discurso de los medios hegemónicos y no haber pensado en regular los medios. «No puede ser que nueve familias concentren toda la información que recibe nuestro pueblo», reconoció.
Sobre el Lava Jato, acusó a jueces y medios de haber creado algo así como monstruos y de haber destruido empresas cuando se acusaba a directivos o dueños de empresas de haber cometido delitos de corrupción. «No destruyeron a Samsung ni a Volkswagen cuando cometieron delitos sus directivos, acá se destruyeron cientos de miles de puestos de trabajo en Petrobras. Son irresponsables», declaró. Allí es donde vio la mano negra de los intereses estadounidenses detrás de la causa Lava Jato, aunque, aclaró, «eso no significa que no se tenga que condenar la corrupción».
Este domingo, mientras tanto, The Intercept subirá a su portal otra tanda de filtraciones que, por lo que dejó trascender, revela el modo en que una jueza federal y un magistrado de segunda instancia actuaron para impedir que en abril de 2018, Lula pudiera quedar en libertad, lo que hubiera abortado el plan para que quedara fuera del comicio. Pero aseguran que tienen más mensajes que involucran a toda la dirigencia que se prestó a ese accionar antidemocrático. «
Si esto no es apoyo explícito…
(Foto: Presidencia Brasil)
En Brasil, como en Argentina. Tras las revelaciones del domingo pasado, durante esta semana Jair Bolsonaro se mostró varias veces con el juez Sergio Moro, e incluso llegó a condecorarlo… Una situación con rasgos parecidos a cuando Mauricio Macri y el cuestionado fiscal Carlos Stornelli fueron fotografiados a escasa distancia uno del otro en el acto por el Día del Ejército.
La huelga paralizó Brasil La primera huelga general contra Jair Bolsonaro terminó con fuertes críticas en el acto central en San Pablo a las políticas de ajuste neoliberal del gobierno y es un llamado de atención para los planes del excapitán del Ejército. El paro de actividades en todo el país fue masivo y refleja el rechazo de la población a la reforma del sistema previsional, con que el ministro de Economía Paulo Guedes espera «ahorrar» unos U$S 250 mil millones anuales. Hubo represión en el centro paulista y también en Río de Janeiro. Sobrevoló en los discursos de los organizadores el mensaje de unidad opositora en torno a reclamos que afectan a todos los trabajadores y de los estudiantes, que fueron los primeros en ocupar las calles contra el mandatario ultraconservador. También el escándalo de las filtraciones sobre el proceso de Lava Jato. Bolsonaro enfrenta además una crisis de Gabinete azuzada por sus propios hijos a través de las redes sociales. El jueves echó al ministro de la Secretaría de Gobierno, el general Carlos Santos Cruz, enemistado con Carlos Bolsonaro y con Olavo de Carvalho, un extremista ideológico radicado en EE UU considerado el gurú del presidente.
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