Mientras el presidente Jair Bolsonaro despotrica contra el triunfo de Alberto Fernández en las primarias argentinas y su ministro de Economía, Paulo Guedes, amenaza con sacar a Brasil del Mercosur si es que el Frente de Todos gana la presidencial y propone alguna medida que vaya contra la receta neoliberal, el gigante sudamericano entró técnicamente en recesión luego de dos trimestres consecutivos de caída del PBI.
Como parte de esa misma receta que pretende obligar a su principal socio comercial, el propio Guedes pidió a los brasileños «un poco de paciencia» hasta pasar lo que considera una convulsión por el cambio de modelo económico. «Dennos uno o dos años. Denle una oportunidad a la democracia liberal. No trabajen contra Brasil, tengan un poco de paciencia.»
Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE, el Indec de ese país) el PBI de ese país cayó un 0,2% entre enero y marzo y otro 0,13% entre abril y junio. Bolsonaro y su equipo asumieron el 1º de enero. El año pasado había crecido 1,3 por ciento.
El economista de la escuela de Chicago puso en marcha un rígido esquema sacado de los textos de Milton Friedman. Bolsonaro, en tanto, sostuvo esa línea económica, mientras por otro lado iba carcomiendo el modelo cultural que se instauró en el país desde la recuperación de la democracia, en 1985. En tal sentido, no solo atacó con ferocidad a los sectores progresistas y de izquierda, entre los que anota al detenido Lula da Silva y el partido por él fundado, el de los Trabajadores (PT), sino que atacó verbalmente y desarticuló los organismos creados para investigar crímenes de la dictadura y dio un giro de 180º en políticas medioambientales. Lo que además de todo, le generó una controversia diplomática con Alemania y Noruega.
Estos días se dio a conocer un informe del Sistema de Alerta de desmonte perteneciente al Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon) donde se revela que en los últimos 12 meses se desmontaron 5054 kilómetros cuadrados de selva, un 15 % más entre agosto del año pasado y este mes. No hizo sino confirmar las cifras del organismo oficial, Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil (INPE), que cuando se difundieron le costaron el cargo al director de ese organismo, Ricardo Galvão.
Fue en este contexto que Bolsonaro respondió a la requisitoria periodística proponiendo «hacer caca un día sí y un día no» para preservar el medio ambiente.
Ante esta provocación, Noruega, principal, sponsor del Fondo Amazonia, anunció el bloqueo de unos 33 millones de dólares destinados a la defensa de la selva amazónica, por considerar que Brasil rompió un acuerdo firmado en Oslo en 2008 por el cual ya se habían girado desde entonces 900 millones de dólares. «¿Noruega no es aquel que mata ballenas ahí arriba, en el Polo Norte? ¿Que explota petróleo también ahí? No es ningún ejemplo para nosotros. Que se queden con ese dinero y ayuden a Angela Merkel a reforestar Alemania», dobló la apuesta Bolsonaro. La canciller germana había anunciado una semana antes que abandonaba ese tratado ante el incumplimiento brasileño.
Como si esto fuera poco, el gobierno brasileño autorizó desde enero pasado el uso de 262 plaguicidas, la tercera parte de ellos prohibidos en la Unión Europea, lo que podría crear un problema adicional con Bruselas, ya que entre quienes en el viejo continente rechazan un acuerdo UE-Mercosur figuran los agricultores franceses y alemanes, que se quejan de que en esta parte del mundo los controles sobre agrotóxicos son más laxos que los que ellos deben respetar. Si el acuerdo que celebraron con tanta algarabía Macri y Bolsonaro a fines de junio se cae por esta política medioambiental, la culpa no sería por medidas proteccionistas de un eventual gobierno del FdT.
Mientras tanto, Guedes también tuvo que salir a explicar la caída en el precio de la moneda brasileña. Cuando llegó a su despacho en Brasilia, el real cotizaba a 3,80 por dólar. Este viernes cerró a 4. En un encuentro en el Instituto Brasileño del Petróleo (IBP), Guedes trató de calmar a los asistentes asegurando que los fundamentos de la economía son sólidos, y jurando que podrían incluso soportar que la moneda estadounidense llegue a los 4,20. «Ni siquiera una recesión en Estados Unidos nos preocupa», alardeó.
Las turbulencias por la guerra comercial EE UU-China afectan a la divisa creada en 1994, pero mucho más los cimbronazos por la crisis en Argentina. Quizás allí haya que hurgar para entender tanta pirotecnia contra F-F.
Rebote a la mexicana
El dólar en los mercados mexicanos cerró la presente semana en 19,93 pesos para la venta y 19,11 para la compra. Una semana antes, el viernes 9, estaba en 19,40, o sea más de medio peso menos. Pero a partir de este lunes comenzó a subir de tal manera que pocas horas después se situaba a 19,87 pesos.
Esta suba de la divisa norteamericana fue relacionada por los analistas como un rebote de lo que ocurría unos 8000 kilómetros al sur, en la Argentina, pocas horas después de las elecciones del domingo pasado. La mayoría de los medios periodísticos lo reflejaron así . Un titular de El Universal de mitad de semana fue elocuente: «Crisis argentina arrastra al peso y bolsas en México». Luego detalla: «El peso y las bolsas de valores en México fueron arrastradas por la crisis que vivieron este lunes los mercados de Argentina, luego de las elecciones primarias celebradas en ese país». Luego, explica que analistas de Citibanamex también relacionaron la depreciación cambiaria local con «las mayores tensiones políticas en Hong Kong». Después hace un análisis más general de la situación económica-política argentina y puntualiza que «presenta la segunda inflación más alta de América, solamente después de Venezuela y por encima de Haití, el país más pobre del continente».
El interés de esta repercusión cobra mayor sentido si se tiene en consideración que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien asumió el pasado 1 de diciembre, es de tinte progresista e incluso llegaron a tildarlo de «peronista». Por lo que, en principio, tendría muchas coincidencias con un eventual gobierno de Alberto y Cristina Fernández en Argentina.
El presidente Jair Bolsonaro avanza en su proyecto de formatear a Brasil y a pesar de que grandes sectores de la sociedad no dejan de mostrar su indignación, continúa sin el menor reparo político. Esta semana, tras denigrar al titular de la Orden de Abogados de Brasil, hijo de un desaparecido por la dictadura, se lanzó a modificar la composición de la Comisión Especial de Muertos y Desaparecidos (Cemdp) que investigó los crímenes del régimen militar. También destituyó al jefe del Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE), Ricardo Galvao, porque reveló el peligroso incremento en el nivel de destrucción forestal en un año.
Desafiante, en un reportaje a O Globo el primer mandatario justificó la designación de un militar y un abogado de su partido en la Cemdp, en que «ahora cambió el presidente, Jair Bolsonaro es de derecha, punto final». Y para agregar un poco más de leña al fuego, agregó que «cuando ellos (por el PT) ponían a terroristas ahí, nadie decía nada, ahora cambió el presidente, también cambió la cuestión ambiental».
Galvao, un físico de 71 años, venía denunciando la aceleración de la tala de árboles en Amazonas: según sus informes, el primer semestre deforestaron 920,4 kilómetros cuadrados de selva, casi cuatro veces el tamaño de la Ciudad de Buenos Aires. No sólo eso, trató a Bolsonaro de cobarde por haber dicho que publicar esos datos atentaba contra la imagen del país.
«Mis palabras sobre el presidente generaron molestia, entonces seré destituido», explicó el científico al salir de una reunión con el ministro de Ciencia y Tecnología, Marcos Pontes, un teniente coronel de la aeronáutica brasileña que en 2006 hizo el curso de astronauta en la NASA y tripuló una nave Soyuz en un viaje a la Estación Espacial Internacional.
Bolsonaro dio otro golpe en la Cemdp –un organismo creado en 1995, que fue el antecedente más directo de la Comisión de la Verdad creada por Dilma Rousseff en 2011– luego de entreverarse en un debate con Felipe Santa Cruz, presidente de la OAB, hijo de Fernando Santa Cruz, desaparecido en 1974 a los 26 años. El mandatario brasileño, iracundo porque Santa Cruz había respaldado la actuación de los defensores del autor de la cuchillada contra el entonces candidato presidencial, dijo: «Si quiere saber cómo desapareció su padre, yo se lo puedo decir. Pero no querrá saber».
Lo que vino luego fue la denigración de Santa Cruz, quien fue detenido por fuerzas del Ejército en el carnaval de Río y no volvió a aparecer. Como respuesta institucional, desde el PT y los abogados le pidieron que si tenía información la brindara. El pedido llegó hasta el Supremo Tribunal de Justicia.
Bolsonaro dobló la apuesta y modificó la composición de la Cemdp y sustituyó a cuatro de los siete miembros. Así, el organismo será dirigido por Marco Vinicius Pereira de Carvalho, un abogado afiliado al partido de Bolsonaro y asesor de la ministra de Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, pastora evangélica y célebre por haber declarado que en Brasil nos niños deben vestir de azul y las niñas de rosa. O que la película Frozen convierte a la chicas en lesbianas.
En la comisión también ingresa el diputado del PSL Filipe Barros, un joven de 28 años que celebró el 55° aniversario del golpe militar, el 31 de marzo pasado. Otro nuevo miembro, el coronel Weslei Antonio Maretti, es admirador del militar que torturó a Dilma en su juventud, mientras que el oficial del ejército Vital Lima Santos también es abogado. « Que se asesinen entre narcos: la solución brasileña a los problemas carcelarios
Desde hace décadas, aunque no se digan expresamente, la solución a los problemas carcelarios en Brasil pasa por dejar que las propias bandas de narcotraficantes resuelvan sus disputas con la barbarie. Pasó esta semana en la prisión de Altamira, estado de Pará, cuando miembros de la fracción Familia del Norte tuvieron vía libre para eliminar a 58 integrantes del Comando Vermelho. Fue una de las mayores matanzas en una penitenciaría en la historia judicial del país, pero ni siquiera es la más atroz: en mayo pasado, una serie de revueltas en el estado de Amazonas dejó un saldo de 55 muertos; en 2017 se habían producido 67 muertes en una semana de protestas carcelarias en Manaus o otras 33 en Boa Vista. La serie trágica llega hasta 1992 cuando 111 presos fueron asesinados en Carandiru, San Pablo, en un hecho que conmovió al mundo, registrado en documentales y un film.
El estado norteño de Pará suele ser noticia por estos hechos desde hace tiempo. Según los expertos, dos circunstancias se cruzan. Por un lado las cárceles están atestadas de presos víctimas de modelos de represión cada vez más refinados. La de Altamira debía ser reemplazada por otro establecimiento más amplio que debía estar listo en 2016 pero se demoró hasta fin de año. Había 343 internos: tiene capacidad para 163.
Lo más grave es que el norte de Brasil se convirtió en terreno propicio para las bandas de narcos, que aprovechan un corredor productivo que lleva a la selva colombiana, con ramificaciones en Paraguay y Bolivia, en el sur. Esos espacios son disputados desde tiempo atrás por el Comando Vermelho, la más antigua de las organizaciones criminales, creada en 1969 en la cárcel de Ilha Grande, de Río de Janeiro, de la fusión de presos comunes que buscaban defenderse de los maltratos en la época de la dictadura y que contaron con la formación de detenidos por razones políticas. Son una suerte de hermandad capaz de luchas por el bienestar de los familiares de los detenidos y de los mismos presos en el interior de los penales del país.
En ese escenario, en San Pablo fue creciendo el Primer Comando Capital (CCC), que le copió procedimientos y compite por los mercados. Fundado en 1993 en la cárcel de Taubaté, de allí se desprendió el Comando Classe A (CCA), que también actúa como Familia del Norte.
Los datos que se conocen de lo ocurrido el lunes sugieren que hubo zona liberada para que un grupo del CCA invadieran el pabellón que ocupaba el CV. Las autoridades declararon que usaron facas para acuchillar a rivales. De los 58 muertos, 16 fueron decapitados, los otros fallecieron asfixiados en un incendio provocado por los atacantes.
No hubo argumentos para explicar por qué razón los carceleros no detectaron que muchos de los internos tenían armas blancas ya que se supone que deben hacer requisas para evitar estas situaciones. Peor aun: se conoció la noticia decidieron el traslado de los sobrevivientes de CV. Pero otros cuatro murieron asfixiados en el ómnibus donde los llevaban, elevando la cifra de víctimas a sesenta y dos.
Jair Bolsonaro sigue con su cruzada para denostar a las luchas contra la dictadura y a justificar la tortura y las desapariciones de personas, en un giro hacía las épocas más oscuras de Brasil y del continente. Y lejos de pedir disculpas o guardar silencio luego de la arremetida contra el presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, ahora declaró «sobre la situación del 64, hay documentos de que se mató o no se mató. Eso es una bobera».
Luego agregó ante un grupo de periodistas en Brasilia, sin inmutarse: «¿Usted le cree a la Comisión de la Verdad? ¿Cuál fue la composición de la Comisión de la Verdad? ¿Fueron siete personas nombradas por quién? ¡Por Dilma Rousseff!». Lo que sugiere la frase es que esa institución carece de credibilidad porque fue creada por alguien que fue presa y torturada por la dictadura por su pertenencia a un grupo armado.
La brutalidad del ataque a Santa Cruz, que desde principios de este año dirige el colegio de abogados más importante de Brasil, generó fuertes apoyos al hijo de Fernando Santa Cruz, desaparecido en Río de Janeiro en febrero de 1974, cuando tenía 26 años.
La solidaridad llegó incluso del expresidente Lula da Silva, preso en Curitiba por una causa muy cuestionada a raíz de la revelación de las maniobras del exjuez Sergio Moro para condenarlo sin pruebas en un proceso de corrupción.
«Solo quien soportó el sufrimiento de perder a un ser querido sin tener siquiera el derecho de velar su cuerpo podrá entender lo que usted siente en este momento. Es como si violentasen a su padre otra vez, junto con todas las víctimas de la dictadura», dice Lula en una carta abierta a Santa Cruz.
En otro tramo de la misiva, el dos veces presidente le dice que «Brasil no merece oír las palabras de odio de quien, por el cargo que ocupa, debería referirse con respeto a quienes sacrificaron la vida por la libertad de nuestro país». Luego acusa, sin nombrarlo, a Bolsonaro, de quien afirma que «al atacar a los más frágiles y los que no se pueden defender, ese mal presidente revela su carácter cobarde».
Más adelante, Da Silva asegura tener «la certeza de que la inmensa mayoría del pueblo brasileño ama la paz y la democracia», y añade: «siempre vamos a reverenciar a nuestros verdaderos héroes, y eso es lo que los tiranos no consiguen soportar».
El excapitán, devenido primer mandatario tras la detención y proscripción de Lula, criticó en a la Comisión Nacional de la Verdad (CNV), creada durante el mandato de Dilma Rousseff, que emitió en 2014 un informe donde revela que en los 21 años de dictadura se cometieron 434 asesinatos, hubo cientos de detenciones arbitrarias y se practicó regularmente la tortura.
Bolsonaro insinuó en 2011 que Fernando Santa Cruz murió al cabo de una borrachera durante el carnaval carioca de 1974. Ahora deslizó que murió por rencillas dentro de la agrupación política a la que pertenecía, Acción Popular Marxista Leninista (AP). «No fueron los militares quienes lo mataron. Es muy fácil culpar a los militares por todo lo que ocurre», insistió.
Pero desde todos los rincones del país salieron a exigirle pruebas de lo que afirma. Hasta el gobernador del estado de San Pablo, el derechista Joao Doria, consideró inaceptables esas palabras, al recordar que su padre fue destituido de su cargo de diputado por la dictadura en 1964 y tuvo que exiliarse.
Marco Aurelio Mello, uno de los jueces del Tribunal Supremo de Justicia, le recomendó al presidente de la nación «una mordaza para controlar su lengua», mientras que diputados de la oposición trataban de juntar voluntades para abrir un juicio político.
Masivas movilizaciones contra un acuerdo secreto entre los gobiernos de Abdo Benítez y Jair Bolsonaro que retrotraía el reparto de energía eléctrica de la represa de Itaipú a las actas firmadas por las dictaduras militares, provocó una crisis política y el pedido de impeachment contra el primer mandatario paraguayo.
El convenio se firmó en mayo pero recién este fin de semana se filtró a la prensa la parte más controvertida de los cambios a un trabajoso acuerdo al que habían llegado Fernando Lugo y Lula da Silva en 2009 y que otorgaba la energía a los paraguayos a un precio mucho más adecuado a las necesidades de la población guaraní y a su proyecto de desarrollo y pagaba de regalías dos veces más que hasta entonces.
El documento firmado hace dos meses estipula, según el diputado paraguayo del Frente Guasú Ricardo Canese, que Brasil se quedará con entre el 84 y el 89 % de la producción a precio más barato. «Este abusivo acuerdo ocasionaría perdidas al Paraguay conquistadas años antes y reafirmadas con el acuerdo Lula – Lugo», dijo el parlamentario en una entrevista con Diario Contexto.
La difusión de estos cambios provocó la protesta de la oposición y el pedido de juicio político contra Benítez, del Partido Colorado, que llegó a la presidencia en agosto del año pasado. Las movilizaciones llenaron las calles de Asunción y de las principales ciudades del país y el lunes el jefe de Estado aceptó al renuncia del canciller Luis Alberto Castiglioni; el titular de la Administración Nacional de Energía (Ande) Alcides Jiménez; y el embajador en Brasil, Hugo Saguier.
Horas antes, Benítez anunció que se dejaba sin efecto el acuerdo y la apertura de negociaciones para acordar un cronograma de compras hasta 2022. Al mismo tiempo, el renunciante ministro de Relaciones Exteriores se atajó: «Hemos decidido solicitar al Brasil la convocación de las Altas Partes para que vuelva a las instancias eminentemente técnicas, donde siempre se ha decidido y tratado». De tal modo no continuarían los diálogos diplomáticos en privado.
El diario paraguayo Última Hora destacó que «uno de los puntos más cuestionados del acuerdo establece el aumento de la potencia contratada por la Ande para el año 2019 y de manera gradual hasta el 2022. Según los expertos, los incrementos repercutirían en sobrecostos de unos 250 millones de dólares o más para la institución», añadió. Ande es la empresa distribuidora de electricidad de Paraguay.
Benítez dio su versión de los hechos. «Por años Paraguay accedía a la energía excedente de Itaipú por encima de lo que le correspondía en el contrato», aseguró, lo que para él ubicaba al país en la posición de «pillo y poco serio», según la agencia noticiosa estatal IP. «Yo no me quiero sentar en una mesa de negociación con vergüenza porque trato de sacar pequeñas ventajas en vez de construir credibilidad, integridad y autoridad para el gran proceso de renegociación», agregó.
Sin embargo, Fabián Cáceres, ex gerente técnico de la Ande, explicó en un cable citado por Télam que con el acuerdo bilateral se obliga a Paraguay a comprar más energía segura (a mayor costo), lo que, en consecuencia, implica adquirir menos excedentes (energía barata). “Los brasileños consiguieron algo que desde hace 10 años buscaban”, aseguró.
Fue entonces que el presidente del Partido Liberal, Efraín Alegre, empezó a levantar los ánimos en contra de este a su juicio ruinoso acuerdo. El dirigente opositor indicó que según el acuerdo de construcción y aprovechamiento establecido en 1973 entre los dictadores Emilio Garrastazu Medici y Alfredo Stroessner que finalizará en 2023, el 50% de la energía de la represa corresponde a Paraguay. Con la nueva acta se entregan derechos a Brasil hasta un año antes. Y además, se incrementarán los precios de la electricidad para los paraguayos.
Según este análisis, Paraguay deberá comprar toda la energía que necesite precio de potencia instalada, 26 dólares aproximadamente el Megawatt por hora (Mw/h), pero no disponer de la energía excedente, cuyo precio ronda los 5 dólares.
El caso se reveló tras la renuncia del presidente de la Ande, Pedro Ferreira, que se negó a convalidar el acta firmada entre ambos gobiernos.
En un tuit, Castiglioni , acérrimo enemigo de Fernando Lugo y antichavista declarado -fue uno de los que encabezó la oposición al ingreso de Venezuela al Mercosur en su momento- lamentó que se hubiera malinterpretado el convenio y luego de despidió de sus correligionarios con otro mensaje en la red social.
El 25 de julio de 2009 Lula da Silva y Fernando Lugo había firmado las notas reversales de un acuerdo que modificaba el original de 1973. Allí se reconocía el derecho de Paraguay a un precio mayor por la energía que le vendía a Brasil. De un plumazo, el país guaraní pasaba de recibir 120 millones de dólares al año a 360 millones. En ese entonces, el acta provocó críticas a Lula en su país ya que fue visto como una renuncia a derechos adquiridos.
“¿Quién construyó Itaipu? ¿Por qué el Paraguay tiene derecho a 240 millones más, por qué tiene derecho al final del contrato el 50% en el 2023? Todo eso es brasilero. Lo que ustedes van a hacer es la traición a la patria”, dijo esa vez Mario Couto, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), uno de los gestores de la destitución de Dilma Rousseff en 2016.
La lucha por la Soberanía energética fue uno de los lemas de campaña de Lugo, ex obispo de San Pedro, quien asumió la presidencia de Paraguay en 2008 y fue derrocado por un golpe institucional en 2012.
Los sectores más ligados al nacionalismo paraguayo entendieron desde siempre que si bien es cierto que Brasil había hecho el aporte más importante para la construcción de Itaipú, al arrogarse el derecho a disponer prácticamente a voluntad de la energía por 50 años iba a mantener por ese lapso la relación de dominación existente desde el fin de la guerra de la triple alianza (1865-1870), y como había ocurrido en aquellos años, eso impediría el desarrollo de Paraguay.
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