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Carlos Heller: «Los gobiernos de derecha no generan bienestar»

Carlos Heller: «Los gobiernos de derecha no generan bienestar»

 

El presidente del Banco Credicoop y diputado nacional del Partido Solidario por la Ciudad de Buenos Aires pasa revista a la situación política y económica del país. A más de cien días de la asunción de Mauricio Macri, Carlos Heller destaca, para empezar, que no hay demasiados motivos para sorprenderse. «Tengo algunas notas y entrevistas que me hicieron antes de las elecciones donde anticipo qué podía pasar si ganaba Cambiemos y creo que es lo que está pasando –señala–. Más allá de algunos giros demagógicos de los últimos días de la campaña, uno podría decir que lo que está haciendo Macri es lo que anunció. Por un lado, lo que ellos llaman ´entrar en el mundo´, que es abandonar la política de relaciones regionales como eje principal de nuestro posicionamiento internacional y cambiarlo por algo que no llamarán ´relaciones carnales´ pero que se trata de eso, de relaciones privilegiadas con Estados Unidos y Europa. Macri dijo todo el tiempo que creía en el mercado y que había que desregular, liberar el tipo de cambio, que había que abrir la economía al comercio mundial, que había que eliminar las restricciones que, según ellos, ahogaban a la economía, y habló de eliminar y bajar las retenciones; también dijo que había que pagarles a los buitres al contado y ´normalizar´ las relaciones con el FMI. Hizo casi todo lo que dijo que iba a hacer».

–En el gobierno decían que luego de las primeras medidas iba a aparecer una lluvia de dólares para mover la economía y nada de eso sucedió. ¿Diría que hay un plan económico o van a los tumbos?

–Cuando se leen las cosas que se dijeron en la época de la dictadura con José Alfredo Martínez de Hoz, lo que se dijo en los 90, uno ve que se repiten los eslóganes acerca de lo que quieren corregir y las bondades de lo que va a venir, con alguna adecuación a los cambios de lenguaje y de época. Todos ellos hablaron de achicar el Estado y agrandar la nación, todos han hablado de que el principal problema es la inflación y de que se la combate con políticas monetarias. No sé si hay un plan o van a los tumbos, lo que sí sé es que los ejes hacia donde van están establecidos. Después plantean lo que para mí son antinomias falsas, como eso de shock o gradualismo. Como dicen los chicos, si esto es gradualismo, el shock dónde está… En definitiva, creo que están cumpliendo con los ejes de lo que plantearon, desde un gobierno armado con ejecutivos de las corporaciones. En el ultimo coloquio de idea, Macri, aún candidato, dijo: «El año que viene, si gano, vamos a estar acá todos juntos porque vamos a estar tomando decisiones compartidas».

–Aparte del sistema de alianzas empresarias hay también un sistema de alianzas políticas con sectores del peronismo, y el grueso del fpv aparece como verdadera oposición. ¿Lo ve así?

–Tengo claro que se ha conformado una gran coalición aunque no se la ha explicitado así. Una coalición que comparte los ejes centrales de este proyecto, más allá de los discursos. Lo vimos en el debate por el pago a los fondos buitre, cuando algunos decían «los buitres son carroñeros, se negoció mal, es un acuerdo horrible, estamos pagando más de lo que se debe pagar, pero es necesario, hay que asumirlo y no hay más remedio». Desde luego que los legisladores oficialistas no pueden decir lo mismo, pero el que no está en el gobierno se cuida para decir algún día «yo no estuve de acuerdo, yo fui alternativa a eso».

–¿Por dónde pasarían entonces las grandes líneas divisorias?

–Creo que más allá de los sellos, el gran agrupamiento tiene que ver con esos ejes: alineamiento internacional, rol del Estado, política de derechos humanos, rol del mercado interno, política de distribución del ingreso. Con eso uno puede determinar dónde están alineadas las fuerzas políticas, lo demás es follaje. Cuando alguien dice que hay que votar esta ley porque así van a venir los capitales que estamos necesitando, que así vendrá la lluvia de dólares, el bienestar y se van a generar puestos de trabajo, yo digo que es lo mismo que se viene diciendo desde 1976, con la única interrupción de los primeros años de Raúl Alfonsín. Esto es algo que recordaba estos días al revisar las Memorias del banco de 1979 a la fecha. Es notable cómo se repiten estos discursos, excepto cuando asumió Alfonsín, que dijo lo mismo que decimos nosotros sobre una política independiente, revisar la deuda externa, suspender el pago de la deuda, discutir nuestras relaciones con el fmi. Me acuerdo cuando el entonces ministro de Economía, Bernardo Grinspun, enfrentó al FMI, pero después todo se vino abajo con el Plan Austral.

–Los gobiernos populares de la región sufren furiosos ataques. ¿Cuál es su análisis de esta situación?

–No es casual la judicialización de la política en la Argentina, Brasil, incluso Venezuela. Hay un eje común y está claro que estamos en presencia de una contraofensiva destinada a romper una alianza regional que había avanzado muchísimo. Esa política no ha tenido posibilidad de consolidación debido a muchos factores internos y también por la pérdida de líderes, que eso también juega. Y porque, además, como dice Álvaro García Linera, es una idealización creer que los proyectos son siempre positivos y siempre se trata de ganar y ganar, porque eso es suponer que del otro lado no hay nada.

–Y lo que está del otro lado…

–Claro, lo que está del otro lado es lo hegemónico, lo que domina. Creo que no hay que vivir estas situaciones como derrotas sino como parte de ese proceso en el que probablemente haya retrocesos, pero también es cierto que nuestros pueblos han hecho una experiencia concreta en estos años y han asumido derechos. Para mucha gente, a esos derechos no se los puede tocar nadie y quizás cuando comprueben que sí se los pueden tocar, modifiquen sus posicionamientos políticos. Los gobiernos de derecha no vienen a generar bienestar ni pleno empleo ni pobreza cero. En una campaña no hay que discutir los qué sino los cómo, porque nadie te va a decir «vengo a aumentar el desempleo, a incrementar la pobreza, a destruir la salud y la educación».

–Muchos de los ataques se basan en denuncias por corrupción. ¿Cómo impacta esa circunstancia en estos proyectos políticos?

–Yo diría que no hay una corrupción de izquierda y una de derecha. Es un fenómeno en sí mismo, pero las corporaciones mediáticas no tratan igual a los fenómenos de corrupción de España que a los de Brasil. No tengo ninguna duda de que todo lo que sea ilegal debe ser sancionado con severidad, venga de donde venga. Jamás diría que estoy a favor de nada que sea ilegal o corrupto, lo que pasa es que soy prudente, reacio a comprar todo lo que me dicen. Cuando algún ilusionista mediático pone una pick up con bolsas de consorcio negras y me dice «ahí va el dinero de los Kirchner», lo que hay es ilusionismo. Ahora, digo yo: se habla muy poco de los negociados de los amigos del poder, parece que no fueran tan graves. Pareciera que para determinados formadores de opinión, el tratamiento de la corrupción tiene una vara distinta, se mide de una forma bastante diferente. Hay que ser cuidadoso, a mí que se investigue la corrupción me parece bien, ahora que el que investiga sea un juez que va a las marchas contra el gobierno, como sucedió con Lula da Silva en Brasil, me parece inaceptable. A nuestro gobierno le parece mal que haya funcionarios que sean militantes políticos y sin embargo no le parece mal que haya jueces militantes, siempre y cuando militen para ellos.

–Al descontento en Brasil con el PT se suma que en Bolivia el gobierno perdió un referendo y en la Argentina ganó la derecha.

–Creo que son situaciones distintas. Evo no perdió una elección sino la posibilidad de volver a presentarse. Esto no quiere decir que si se presentara no sería votado. Aquí, Daniel Scioli perdió pero no estoy seguro de que Cristina hubiera perdido si era candidata, lo digo aceptando las reglas de juego que establece la Constitución Nacional. Además, el impacto de lo mediático es de una importancia notable. La construcción de sentido común que realizan los medios hegemónicos es fenomenal. Todo termina entrando en una lógica terrible donde el imaginario popular colectivo consume determinadas cosas que aunque la gente sepa que se las están exagerando, piensa que todo no puede ser mentira. También creo que hay cosas que en la Argentina se podrían haber hecho mejor y que habrían evitado la irritación de muchos sectores.

–¿Cosas como cuáles?

–El impuesto a las ganancias. Mediante un decreto se liberó del pago a todos los que ganaban menos de 15.000 pesos a agosto de 2013 y dejó afuera a un 10% de los trabajadores registrados en relación de dependencia y a los que entraron después de ese día. Para esos trabajadores lo que quedó estaba lleno de arbitrariedades. Eso se pudo haber resuelto sin un costo fiscal importante, lo que habría evitado el mal humor de ese 10%, de ese millón de personas. Cuando uno mira el resultado electoral puede pensar que eso tuvo un peso importante. También se pudo haber resuelto mejor el tema de las economías regionales. El problema de la producción de frutas del valle de Río Negro o las aceitunas de La Rioja o la vitivinicultura se podía haber resuelto con una política diferenciada. Hay herramientas que no requieren afectar a toda la economía con una devaluación del 60% y que permiten resolver situaciones concretas. Eso habría generado seguramente mejor humor en mucha gente que estoy seguro de que votó contra sus intereses y que, con el paso del tiempo, irá tomando conciencia de ello.

–¿Cómo ve el futuro cercano, con las paritarias en ciernes, en medio de inflación y desempleo crecientes?

–Las devaluaciones tienen como objetivo cambiar los precios relativos principalmente para que uno de esos precios, que es el del trabajo, se atrase con respecto a los otros. Para que sea exitosa, la devaluación tiene que generar atraso salarial, por eso ellos ponen metas de inflación y dicen que los salarios se van a ajustar hacia adelante según una banda de entre 20% y 25%. Esto sería una enorme pérdida de poder adquisitivo del salario y es lo contrario de lo que se hizo en los doce años anteriores, donde a través de paritarias libres se recompuso con creces el valor del salario. Por otro lado, hay que preguntarse por qué hay inflación.

–¿Usted se refiere a las causas?

–Yo siempre digo que la inflación es a la economía lo que la fiebre a una persona. Vos no te enfermás de fiebre, tenés fiebre y el médico te diagnostica para darte el remedio. Con la inflación pasa lo mismo, no se la puede atacar sin decidir cuál es el diagnóstico. Para los monetaristas, para los defensores del mercado, la inflación es producto del exceso de demanda y del exceso de liquidez y moneda. Para nosotros es fundamentalmente producto de la puja distributiva. Tenés políticas públicas de recomposición del salario y no tenés políticas suficientemente eficaces para impedir que todo vuelva a los precios, entonces los precios recuperan parte de lo que mejoró el salario de la gente. Este gobierno puede tener éxito en reducir la inflación, como pasó en los 90. Porque si el poder adquisitivo se achica, en un punto los precios tienen que dejar de aumentar porque cae el consumo. Ya la rentabilidad se incrementó vía devaluación, entonces puede darse que la inflación comience a disminuir, lo que puede no ser una buena noticia para la ciudadanía. Porque puede haber una economía con poca inflación y un poder adquisitivo reducido, menos posibilidades de comprarse cosas y además con mucha más gente sin trabajo. Es cierto que la inflación tiene toda la mala prensa del mundo, y yo digo ahora que puede ser que tengan éxito con la política antiinflacionaria, pero el costo va a ser altísimo en términos de políticas de distribución, en pérdida de puestos de trabajo y en achicamiento del producto bruto, pero si todo se achica también se achica el ingreso fiscal. En un país donde el 70% del presupuesto es gasto social, ¿a dónde van a ir a recortar? A las jubilaciones, a los servicios sociales. Ya hay señales en tal sentido.

–En el marco del sistema de alianzas del que hablaba antes, ¿cómo ve a la oposición real al gobierno?

–Es prematuro decirlo. Insisto en que se ha armado una gran coalición superestructural de fuerzas que no aceptaron hacer una gran paso, pero no fue por cuestiones ideológicas. Podrían haber estado en el mismo combo tranquilamente, por lo tanto no veo grandes diferencias entre ellos. El resto va estar representado por los que creemos que el rumbo anterior era bueno y eso va a ir conformándose. Probablemente todavía estemos viviendo una etapa en que los gobernadores son chantajeados y a su vez presionan a los legisladores. Creo que se trata de un proceso de reacomodamiento que hay que ver cómo termina. Me parece que el espacio de lo que es el Frente para la Victoria y sus aliados, aun con alguna merma que pueda darse en estos reacomodamientos, será la referencia de quienes creemos que el proyecto kirchnerista era un proyecto bueno y positivo, lo cual no quiere decir que fuera perfecto. Quiere decir que el rumbo era el correcto.

 

Revista Acción
Abril 1 de 2016

La foto es de Jorge Aloy

 

Punto de inflexión

El principal temor entre los gestores de la alianza Cambiemos no era tanto la capacidad de los propios para poner en marcha un proyecto diametralmente opuesto al que durante 12 años sostuvo el kirchnerismo como el poder de fuego que el Frente para la Victoria mostraba en las cámaras legislativas tras los comicios de octubre. Esa mayoría, que en los números podría bloquear decisiones fundamentales del nuevo gobierno, representaba una amenaza para el oficialismo.

En ese contexto, si los primeros días de Mauricio Macri en la Casa Rosada se caracterizaron por el frenesí en la firma de decretos de necesidad y urgencia y en la designación de ejecutivos de empresas en los cargos más emblemáticos, puede decirse que a partir de febrero comenzó otra etapa, signada más por la política.

Entre los primeros logros de este nuevo escenario aparece la cuña que en su principal oponente representa el portazo del exdirector de la Anses y uno de los jóvenes predilectos de Cristina Kirchner fuera de La Cámpora, Diego Bossio, que armó rancho aparte en Diputados con un conjunto de 18 legisladores. Una jugada de fuerte impacto ante la convocatoria del Consejo Federal del PJ, que debatía la modalidad con que se llevarán a cabo las elecciones para la nueva conducción partidaria.

Para el macrismo y sus aliados, fue la mejor noticia del verano: así el FPV perdía la capacidad de, por ejemplo, no dar quórum, un arma fundamental en el parlamento vernáculo. Con este desprendimiento tan celebrado por los medios concentrados, que hablan de una disolución del kirchnerismo, Cambiemos podría sumar 90 legisladores contra solo 81 del FPV. Eso si es que el oficialismo obtiene consenso entre todos sus aliados, ya que el PRO solo tiene 42 bancas propias. La aritmética legislativa, sin embargo, indica que los disidentes del FPV y las distintas ramas provinciales del PJ permitirán debatir en el Congreso los polémicos DNU de los primeros días y la derogación de las leyes que impiden el pago a los fondos buitre de la deuda más los onerosos intereses que les otorgó el juez neoyorquino Thomas Griesa.

Portazo

El debate en el FPV giró en torno a precisar si lo de Bossio había sido o no una traición, como la caratularon las espadas más filosas del camporismo. Pero en el Senado, el bastión más firme del PJ, el líder del bloque, Miguel Ángel Pichetto, también mostró su faz acuerdista con declaraciones ambiguas sobre el despido de personal concretado por la vicepresidenta Gabriela Michetti.

El avispero peronista se revolvió justo cuando se intentaba mantener la unidad para cumplir con los plazos que obligan a designar autoridades. Entre los adalides de la unidad están el bonaerense Daniel Scioli y el sanjuanino José Luis Gioja. En el kirchnerismo duro, particularmente activo se lo ve al ex secretario de comercio, Guillermo Moreno, que fomentó una amplia afiliación con el argumento de que se debe forzar una elección abierta para que «en el justicialismo no ganen los malos». El ex jefe de Gabinete y actual intendente de Resistencia, Jorge Capitanich, convocó también a un encuentro de sus pares justicialistas de todo el país con la idea de que desde ese foro se pueda interceder ante los legisladores para mostrar las necesidades de cada distrito.

El kirchnerismo armó un esquema de reparto de favores y castigos que, en el marco de debilidad con que asumió Néstor Kirchner en 2003, le permitió la gobernabilidad en desmedro de un federalismo genuino. El macrismo quiere repetir el esquema en detrimento de los que permanezcan leales al proyecto K. Así se explica que los que se fueron con Bossio sean representantes de distritos que necesitarán del gobierno central para sostener los Estados provinciales.

En el seno del justicialismo asoma la figura del salteño Juan Manuel Urtubey como el líder de los díscolos. Fue tras un asado entre Sergio Massa y el propio Bossio que pergeñaron esta escisión peronista. Tanto Urtubey como el cordobés José Manuel de la Sota aspiran a comandar un PJ amigable con el macrismo, a fuerza de dejar de lado viejas luchas kirchneristas como la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y los proyectos de recuperación de empresas nacionales. El Plan Belgrano, destinado al fomento del noroeste argentino, resulta tentador para el desarrollo regional en distritos tradicionalmente peronistas, pero que a partir del triunfo de Gerardo Morales están en disputa. En este escenario la pregunta es cómo jugará Bossio y si será tan amigo del oficialismo como lo quieren vender sus nuevos enemigos y los medios que aplauden el quiebre. También está por verse cómo queda parado Massa luego de mostrarse tan cercano a Macri como para que lo ungiera en el Foro de Davos su preferido para jefe del PJ. Son muchos los que en el PJ pretenden aislar a La Cámpora y a la exmandataria, a quienes acusan de mariscales de la derrota. Cristina Fernández ya hizo anunciar que no se ofrece para comandar el justicialismo. «Ella es líder de un sector social que excede el marco del peronismo» justifican con acierto sus principales apoyos pejotistas.

Corte a la carta

En el Senado se dará una pelea clave para poner fin a uno de los primeros tropiezos de Mauricio Macri. Convocada a extraordinarias, la Cámara Alta tratará la designación de los jueces que deberán completar la Suprema Corte: Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz. El DNU que los designaba había despertado críticas incluso dentro de su alianza, ahora Macri recurrió a un decreto de autolimitación que había dictado Néstor Kirchner en 2003. Esto implica debatir públicamente los antecedentes de los candidatos. La crítica más general que se les hace es haber aceptado el nombramiento en comisión, algo reñido con la Constitución. Además, Rosatti, que fue ministro de Justicia de Kirchner, es cuestionado porque entiende que los tratados internacionales no deberían ser vinculantes, con lo que deja librado a cada juez la aplicación de convenios sobre Derechos Humanos. Rosenkrantz, que defendió a empresas del grupo Clarín en su estudio particular, tiene una postura similar sobre los pactos incorporados a la Constitución de 1994. Ambos comparten una interpretación ultrarestrictiva del derecho a la protesta y de huelga. Dos pilares que la Corte actual había consagrado.

Gremios seleccionados

El gobierno también llamó a los líderes de las centrales sindicales cegetistas a un cónclave. Antonio Caló, Hugo Moyano y Luis Barrionuevo fueron invitados a hablar sobre las paritarias, un tema espinoso para el proyecto económico de la administración macrista, que implica una reducción de ingresos para los asalariados. Ahí es donde se junta el palo y la zanahoria. La represión de los obreros de Cresta Roja en diciembre y el perfil de los jueces que quiere Macri se chocan con una realidad que pone en jaque a los dirigentes cegetistas, los gremialistas «friendly» como los llamó Hugo Yasky. El secretario de la CTA de los Trabajadores, junto con Pablo Micheli, de la CTA Autónoma, impulsaron el primer paro general. Con sus bases en el Estado, Micheli y Yasky representan al sector donde primero se desplegó la ola de despidos que atemoriza a la clase trabajadora en general. Esta amenaza sirvió al ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, para decir que «los dirigentes tendrán que elegir entre aumentos o mantener los empleos».

De los cegetistas, el que más tiene que perder es Caló, de la Unión Obrera Metalúrgica, donde conviven multinacionales como Techint con una pléyade de pymes que son las que dan la mayor cantidad de empleos. Moyano, camionero, y Barrionuevo, gastronómico, son cabezas de sindicatos de servicios que sufrirían con una recesión, pero en un principio podrían hacer la vista gorda a las pérdidas salariales que ya se reflejan en los bolsillos de los argentinos. Y que repercutirán más aún cuando comiencen a llegar las cuentas de luz y gas.

Revista Acción
Febrero 15 de 2016

Un mes de gestión machista

El gobierno de Mauricio Macri tuvo sus primeros tropiezos. Uno de ellos fue la frustrada designación por Decreto de Necesidad y Urgencia de dos miembros de la Corte Suprema de Justicia en comisión. Le salieron al cruce desde casi todos los sectores políticos. El otro, menos institucional, golpeó de lleno en la Casa Rosada luego de saltar la avenida General Paz. La fuga de los tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez puso sobre el tapete uno de los aspectos más oscuros de la política nacional, que figuró a la vez entre los principales temas de la campaña de Cambiemos tanto en la Nación como en la provincia de Buenos Aires.

La sospechosa evasión de los hermanos Cristian y Martín Lanatta y Víctor Schillaci, presos en la cárcel de máxima seguridad de la localidad bonaerense de General Alvear, provocó un vendaval político. La muy «oportuna» denuncia de Martín Lanatta sobre la presunta vinculación de Aníbal Fernández con el tráfico de efedrina y el bárbaro homicidio de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina ante el periodista Jorge Lanata una semana antes de las primarias abiertas, si bien no le causó la derrota en la interna, selló sin dudas el destino del candidato del FPV a la gobernación. Fernández se despachó entonces contra el «fuego amigo» que habría facilitado la entrada de las cámaras de canal 13 al penal para «embarrarlo» en una causa que data de 2008 y en la que, repitió en todos los medios, jamás había sido imputado.

¿Es posible escapar de una prisión como esa sin fuerte apoyo externo? Indudablemente que no. El hecho recuerda a la fuga del capo del narcotráfico mexicano Joaquín Chapo Guzmán de otro penal presuntamente muy seguro en Almoloya, estado de México. El dinero y las conexiones, tanto en un caso y en otro, se sabe, aceitan cualquier mecanismo por obturado que parezca.

De pronto, la gobernadora María Eugenia Vidal tuvo que darse un baño de realidad: era la hora de ejercer el gobierno y de enfrentar descarnadamente ese drama que en las elecciones se reveló como tema estratégico de campaña y que también lo es para gran parte de la población: el narcotráfico.

Desde La Plata, el ministro de Seguridad Cristian Ritondo y la gobernadora cometieron algunos errores que quedaron a la vista con la fuga. En primer lugar, demoraron en definir las autoridades policiales y las del servicio penitenciario. En segundo lugar, intentaron negociar con las cúpulas existentes y quedaron entrampados en un sistema que excede al control del poder político.

El caso puede arrastrar a todos los que estuvieron de alguna manera cerca de estos 3 personajes que parecían olvidados hasta que una interna partidaria y el fragor de una campaña les devolvieron protagonismo. Sobre todo porque el triunfo de Cambiemos en la provincia le debe mucho a aquel escándalo, en el que no fueron ajenos el periodista Lanata, notorio antiK, y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que cedió su propio departamento para una entrevista con uno de los implicados en la causa, José Luis Salerno.

La resolución del destino de los Lanatta y Schillaci influirá en el futuro de Cambiemos en la provincia. El hecho los obliga a meter el cuchillo hasta el hueso en el asunto donde todos preveían que podrían fracasar, es decir, dominar a la fuerza policial del distrito más grande y poderoso del país. Algo que la gestión de 8 años de Daniel Scioli tampoco había resuelto. Es más, como se recuerda, el excandidato presidencial del FPV le dio un giro de 180 grados a la política que había implementado el exministro de Seguridad León Arslanian, en el sentido de crear una policía verdaderamente democrática, y le devolvió el control de las calles y la «administración del delito» a los uniformados. Si la denominada «maldita policía» enterró alguna vez la carrera política de Eduardo Duhalde, ahora Cambiemos tiene la oportunidad de domar ese potro. El caso es si sus compromisos le permitirán ir en el sentido democrático que es imprescindible para la sociedad.

 

A sola firma

Otro tema espinoso en estas semanas fue la andanada de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) de Mauricio Macri, que lo pone en contradicción con el perfil republicanista que había esgrimido en tiempos de campaña. Así lo marcaron algunos de sus aliados políticos y aparecieron –además– los primeros chisporroteos con algunos sectores, por ahora mínimos, del Poder Judicial, que criticaron la decisión de gobernar sin consultar al Poder Legislativo. La urgencia de los DNU se entiende desde quienes apoyan al gobierno, en la necesidad de aprovechar los primeros 100 días de gracia que toda sociedad otorga al nuevo inquilino de la Casa Rosada. 100 días que coincidirán con el plazo en que constitucionalmente el Congreso permanecerá en receso. Se sabe que a partir de marzo el macrismo necesitará esgrimir mucha muñeca para consensuar las medidas que el ejecutivo pretenda.

Para algunos temas trascendentes, lo que hay por delante son interrogantes: ¿qué pasará con la andanada de DNU veraniegos cuando reabra el Congreso? ¿Cómo se resolverá el espinoso asunto de los miembros de la Corte que Macri designó en comisión? ¿Qué ocurrirá con la emergencia en seguridad decretada por el ministerio a cargo de Patricia Bullrich luego de la inexplicable fuga de los 3 presos? Y finalmente, ¿cómo reaccionará el movimiento obrero en el inicio de las negociaciones paritarias, tras la devaluación y el brutal aumento de precios consecutivo?

En este aspecto, el gobierno ya mostró frente al reclamo de trabajadores de Cresta Roja cuál puede ser su respuesta ante la protesta. Primero, reprimió con dureza y, luego, recurrió a la negociación. Las señales fueron claras y en ese orden. Desde otro ángulo, las declaraciones del ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, no dejan lugar a dudas. El funcionario consideró que en las paritarias «cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo».

El paquete económico parece así cerrado y no en beneficio de los trabajadores. Los voceros de las empresas de producción de alimentos, como es el caso de Daniel Funes de Rioja, ya anunciaron que retrotraer los precios de los productos de la canasta básica a noviembre pasado será imposible. Y allí precisamente se verá reflejado el hachazo a los sueldos, porque la suma de devaluación y eliminación de retenciones recae sobre los productos de la tierra.

Por otro lado, todavía está por verse cuál es el techo para el valor del dólar, ya que las presiones cambiarias están lejos de atenuarse. Por lo pronto, los gremios, tanto los alineados tibiamente con el gobierno –como el que lidera el camionero Hugo Moyano– como los abiertamente opositores –como la CTA de Hugo Yasky o la CGT del metalúrgico Antonio Caló– adelantaron que no aceptarán lo que consideran una amenaza de Prat Gay.

En cuanto a los polémicos DNU, hasta la propia gestora de la alianza Cambiemos, Elisa Carrió, llegó a cuestionar la designación de jueces de la corte sin pasar por el congreso y Macri tuvo que dar marcha atrás. Ahora todo se encamina a una negociación en la cámara alta, donde el kirchnerismo tiene mayoría.

El Senado es un ámbito donde las formas y los modos protocolares importan mucho y el despido de más de 2.000 empleados decidido por la vicepresidenta Gabriela Michetti generó fisuras en el peronismo, porque se acusó al titular de la bancada del FPV, Miguel Ángel Pichetto, de no haber presentado los suficientes reparos a este recorte de plantilla. Justamente el tema de los despidos en la función pública es otro punto de rispidez. Porque el oficialismo imputa a los miles que dejó en la calle de ser «ñoquis». O de tener un puesto por su militancia partidaria. Desde el kirchnerismo respondieron que echar a alguien por su pensamiento es persecución política.

La cuestión constitucional estuvo en el tapete también por los DNU utlizados para modificar las leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y de Telecomunicaciones (ver Vía libre…), así como el que dispone la desregulación del mercado de hidrocarburos. En poco tiempo, y como le recomiendan ideólogos del conservadurismo vernáculo, como el columnista de La Nación, Joaquín Morales Solá, Macri quiere poner fin al esquema estatal montado por el kirchnerismo al cabo de 12 años de trabajosa tarea parlamentaria.

El columnista había dicho en diciembre pasado que el presidente no tiene margen para el error, porque «un eventual fracaso significaría el regreso del populismo por un tiempo previsiblemente largo». Ahora explica los DNU porque «la primera prioridad que Macri se impuso es el desmantelamiento del Estado populista». Y abunda: «¿Reúnen los DNU de Macri las condiciones de excepcionalidad y urgencia que impone la Constitución? (…) A esa pregunta el macrismo la responde exhibiendo aquella prioridad: hay que desmantelar el Estado populista. Y es ahora o nunca, aseguran».

Así se entiende la urgencia. Hay poco tiempo para desmantelar el Estado creado por el kirchnerismo porque no tienen las mayorías parlamentarias que sí tenía el anterior gobierno. Y medidas como esas no se pueden discutir tan abiertamente. El riesgo sería abrir la brecha que Cambiemos prometió cerrar. ¿La sociedad aceptará el precio?

 

Revista Acción
Enero 1 de 2016