por Alberto López Girondo | Jul 12, 2013 | Sin categoría
No fue el primero y seguramente no será el último, pero la sorpresiva revelación de Edward Snowden, ex consultor del gobierno de los Estados Unidos puso, negro sobre blanco, algo que hasta no hace tanto era un secreto a voces, que circulaba en ambientes marginales o grupos de iniciados en el gusto por las conspiraciones: Estados Unidos vigila al resto del planeta con las técnicas más avanzadas. Lo peor es que lo hace con un grado más o menos importante de consenso de la sociedad y de la dirigencia política de los dos partidos mayoritarios. Y amparado, según argumenta el propio Gobierno y las empresas que colaboran con él en la misión de inmiscuirse en la vida de los ciudadanos, por las leyes estadounidenses.
El joven Snowden tiene 29 años y era empleado de una consultora del gobierno de Estados Unidos en Hawai. A principios de junio, dijo (confesó) que estaba harto de una tarea que iba contra sus convicciones y escapó a Hong Kong para contarle lo que estaba ocurriendo al mundo a través de algunos contactos con la prensa. «Yo no quiero vivir en una sociedad que hace cosas como estas», explicó en un video. «Estados Unidos está aumentando su poder para controlar a la sociedad. En unos años, va a ser peor. Se convertirá en una tiranía», detalla, tranquilo y preciso, con ese rostro de nerd que recuerda al de Bradley Manning, el todavía más joven analista militar que filtró a WikiLeaks miles de documentos sobre las atrocidades cometidas por tropas de su país en Irak y que ahora está siendo juzgado por «ayuda al enemigo y violación de la ley de Espionaje».
Snowden hizo lo propio ante el diario británico The Guardian y el estadounidense The Washington Post. Destapó otra olla maloliente en una época complicada del gobierno de Barack Obama, cuando venía de recibir críticas por haberse conocido que empleados de la agencia impositiva habían escrutado de un modo especialmente insidioso a miembros del Tea Party, el núcleo más abiertamente derechista del partido Republicano. Y que también pinchaba teléfonos de periodistas de la agencia The Associated Press, una de las más grandes del mundo. Al tiempo que 166 presos de Guantánamo –sin juicio y sin sentencia por años– continuaban con medidas de fuerza que incluyen huelgas de hambre para protestar contra condiciones de detención rechazadas por organismos de todo el mundo, comenzando por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Escándalo mediático
A través de Snowden, la opinión pública internacional se encontró con la «novedad» de que el gobierno había solicitado información a la telefónica Verizon sobre mensajes de sus clientes y que algo parecido había sucedido con Google y Facebook. Las aclaraciones vendrían posteriormente a través del director de Inteligencia, James Clapper. A Verizon no se le pidieron contenidos de los mensajes, sino «metadata», es decir, datos sobre quién habló con quién, desde dónde, a qué hora fue la llamada y cuánto tiempo duró, dijo seráficamente. La otra sorpresa para la mayoría es que todo se hacía, en apariencia, gracias a dos leyes aprobadas por el Congreso y que la Suprema Corte declaró constitucionales. Una, más conocida, es la Patriot Act (PA), que logró aprobar George W. Bush después de los atentados a las Torres Gemelas en 2001. La otra, de 1978, fue votada durante la gestión de James Carter y crea un tribunal especial para juzgar delitos contra la seguridad nacional. Un tribunal secreto que actúa en las sombras, pero que es perfectamente admisible para la Corte.
«El FISC (Foreign Inteligence Surveillance Court, Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) es una corte semisecreta integrada por 11 jueces federales que nadie sabe quiénes son», cuenta Enrique Chaparro, un experto en seguridad informática, matemático y criptógrafo que vuelca sus saberes en ONG que defienden las libertades civiles y el derecho a la información en la Web. La normativa que le dio origen es la FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act o Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) que sancionó el Congreso antes del surgimiento de la Web, pero cuando ya estaba funcionando Arpanet, una red militar para el transporte de datos creada por el Departamento de Defensa. Arpanet fue la base sobre la que pocos años más tarde se desarrollaría Internet. Es fácil deducir que cuando se votó la FISA, los impulsores ya preveían el potencial que tendrían las redes de este tipo para la circulación –e intercepción– de información en todo el planeta.
Precisamente, a partir de la revelación de Snowden, gobiernos de todo el mundo salieron a cuestionar que sus ciudadanos hayan sido espiados sin autorización alguna por el gobierno estadounidense. Y se lo hicieron saber a Obama en forma directa. Lo que el paquete FISA-Patriot Act indica es que se pueden vigilar acciones de extranjeros dentro de territorio estadounidense. La realidad es que más de la mitad de la información que circula en la Tierra pasa por Estados Unidos, porque allí están alojados los mayores servidores de Internet. De hecho, por lo que se pudo saber, sólo durante el mes de marzo pasado la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), que está detrás de todo este procedimiento, recogió 97.000 millones de registros.
«Lo interesante es que 3.000 millones provienen de EE.UU.», señala Chaparro. Esto es: se vigiló a extranjeros pero también a ciudadanos locales. Algo que normalmente debería soliviantar los espíritus más liberales. Sin embargo, de acuerdo con las últimas encuestas, más de la mitad de los estadounidenses considera «aceptables» estas prácticas de espionaje para «proteger la seguridad nacional», aunque deban resignar a cambio algunas de sus libertades. El analista político Gabriel Puricelli, presidente del Laboratorio de Políticas Públicas, es un conocedor de la idiosincrasia de ese país y suele asistir allí a mítines partidarios. «Todo esto sucede dentro de una cultura política que desde la época de la Guerra Fría está signada por una idea básica, que a pesar de los discursos libertarios que siguen circulando por izquierda y por derecha, entiende que la libertad individual tiene el límite de la seguridad nacional. Y esto es un consenso tanto en la elite política como en la sociedad». Lo grave para los ciudadanos de otros países es que los consensos en Estados Unidos –resalta Puricelli– «suelen ser pétreos». Solo así se explica que una ley instaurada en tiempos del «libertario» Carter, sumada a otra del reaccionario George W. Bush, hayan sido refrendadas varias veces para seguir en vigencia. Porque sucede que tanto la FISA como la Patriot Act, por la trascendencia de las cuestiones sobre la que legislan, deben ser reautorizadas permanentemente. Las últimas «extensiones» de la FISA fueron en 2008, 2011 y en diciembre pasado se la volvió a homologar hasta 2017. La PA fue renovada en marzo de 2011 por cuatro años más, en plena administración del Premio Nobel de la Paz Obama.
Libertades en la mira
El secretismo de esta legislación hace que, para los críticos de las sociedades vigiladas, desde hace décadas se haya instaurado en Estados Unidos una suerte de «omertá» que la Suprema Corte autoriza en aras de la seguridad nacional y que obliga a proveedores de servicios telefónicos o de Internet a cumplir con la ley o terminar juzgados por complicidad con el enemigo, tal como le ocurre a Manning y le puede pasar a Snowden. Beatriz Busaniche es miembro de la Fundación Vía Libre, que promueve el debate sobre las libertades y la defensa de la privacidad en la Web. Desde ese lugar, sostiene que las revelaciones de Snowden ponen el dedo en la llaga sobre un tema crucial: las prácticas de las empresas de tecnología, que normalmente intentan detectar hábitos de consumo para ofrecer productos de acuerdo con el gusto del usuario. Ahora algunas de ellas aparecieron en el centro de otro debate más espinoso, como lo es el del espionaje militar por orden del FBI y la Secretaría de Inteligencia.
Busaniche indicó a Acción que de acuerdo con las normas en vigencia, el gobierno puede pedir determinados registros en secreto y las proveedoras lo tienen que entregar también en forma secreta. «Google salió a ampararse en que tiene muy claramente detallado en el Transparency Report todas las solicitudes que reciben del Estado. Una jugada de los abogados fue pedir al gobierno que les permita revelar esa información, porque a Google esto le significa mucho en términos de imagen pública», aclara Busaniche. También Facebook y Microsoft salieron a hacer público un pedido para que las autoridades las absolvieran de cargos si revelaban el número de solicitudes. De hecho existe una llamativa similitud en los textos con que los representantes de las proveedoras justificaron su papel en el espionaje. «Nosotros no damos acceso directo ni entregamos datos masivamente». En todos los casos resaltan que se sometieron a la ley. «No dicen que el acceso sea indirecto ni que entreguen datos a pedido», desliza maliciosamente Chaparro. Tampoco dicen si alguna vez protestaron mediante alguna National Security Letter, como se llama a la carta de requerimiento. Una política bien distinta de la que tienen esas mismas proveedoras en China, donde negociaron un acuerdo para la limitación de ciertos servicios. También el gobierno estadounidense muestra sus contradicciones en esta materia, ya que ha presentado quejas formales por las restricciones al uso de Internet impuestas por Beijing, mientras en su propio territorio, en nombre de la seguridad nacional, avanza sobre el derecho a la privacidad de sus ciudadanos.
Sin límites
Hay cuatro elementos de información secretos que salieron a la luz y, según entiende Chaparro, no es posible saber si son revelaciones de la misma fuente o de alguna otra que no dio la cara aún. El caso de Verizon, recuerda, es el primero «y quizás el más grave allá, porque intercepta comunicaciones de ciudadanos de Estados Unidos». La segunda revelación es el programa PRISM, que, según informaron The Guardian y The Washington Post, permite a la NSA y al FBI recabar datos directamente de los servidores de nueve grandes empresas de Internet: Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube y Apple.
Una tercera revelación en esta iniciación a la secretísima secta de la vigilancia global es la existencia del sistema Boundless Informant (informante sin límites), «una especie de tablero de mando para saber qué información se recolecta y de dónde». Este sistema mostró que la mayor cantidad de registros tomados por la NSA provienen –como era de esperarse– de Irán, Pakistán, Jordania, India, pero no muy lejos está Alemania, lo que levantó fuertes rechazos en ese país.
La cuarta revelación es la «Directiva presidencial número 20», que establece las hipótesis de conflicto para una ciberguerra. No se trata, más que de lo que cualquier planeador militar haría, como establecer estrategias de guerra y determinar blancos de ciberataques ofensivos. Por un lado, dice Chaparro, es interesante para analizar la postura de Washington sobre la ciberguerra. Como se sabe, en cualquier país democrático la declaración de guerra debe ser refrendada por el Poder Legislativo. Lo temerario de este asunto es que «como este tipo de acciones no son guerras en el mundo físico en principio no necesitarían autorización del Congreso para desatarse».
Razones y sinrazones
¿Por qué Snowden puede haber decidido «prender el ventilador»? La primera explicación, la más sencilla, sería que efectivamente es un joven idealista que se cansó de hacer operaciones que iban contra su concepción de la libertad y la democracia. Con ese mismo argumento Breadley Manning filtró miles de archivos a WikiLeaks hasta 2010 y en el lejano 1971 otro analista que trabajaba para una consultora privada –la Rand Corporation– entregó al The New York Times los «Papeles del Pentágono», donde se mostraba la realidad sobre lo que estaba ocurriendo en la guerra de Vietnam. Daniel Ellsberg, que de él se trata, tiene hoy 81 años y fue uno de los primeros en aplaudir la decisión de Snowden. Incluso llegó a decir que el material hecho público por el joven refugiado en Hong Kong es la acción más importante en la historia. Mucho más que la de sus archivos de hace 42 años.
Cierto es que sobre la intencionalidad de Snowden podrían hacerse lecturas de lo más variadas. Por ejemplo, operaciones políticas que atienden a la interna en el establishment estadounidense. Eso que Puricelli llama «la poliarquía gobernante» de la que forma parte la comunidad de inteligencia.
Pero también en el imaginario estadounidense es muy fuerte el puritanismo, nacido de los primeros pobladores de lo que hoy es Estados Unidos, con una gran impronta religiosa. Una concepción de que estaban construyendo una sociedad basada en los ideales y que debía llevar al mundo su mensaje a favor de los mayores valores de la humanidad es la que en su momento impulsó la ley Seca y luego el prohibicionismo contra el uso de drogas. Esto se manifiesta, en el plano ideológico, en la idea de que la misión de Estados Unidos es llevar la democracia y la libertad a todos los confines del planeta. En las redes de comunicación, este puritanismo de base sagrada se expresa como cierto libertarianismo que sin dudas choca con la realidad de quienes trabajan en agencias de seguridad y vigilancia, que en el día a día ven que su tarea tiene fines bastante más oscuros.
Como sea, por lo pronto Snowden le quitó la espoleta a una granada que dejó bastantes secuelas en la opinión pública mundial, aunque no se sabe si eso bastará para que algo cambie en el corto plazo. Busaniche dice que las organizaciones como las que ella integra se alinearon con instituciones colegas firmando petitorios «y siguiendo la línea de Frank La Rue, el relator especial de la ONU sobre Libertad de Expresión», quien el 17 de abril de este año publicó un informe lapidario sobre privacidad, monitoreo de comunicaciones y libertad de expresión tomando en cuenta instrumentos como la legislación FISA.
Para Puricelli, el panorama es bastante complicado, porque sabe que el «consenso pétreo» bipartidista a favor de las prácticas de espionaje no será quebrado en el corto plazo más allá de la convicción de sectores absolutamente minoritarios de la izquierda. «Con los antecedentes de Eric Holder, el actual secretario de Justicia y Procurador General, uno podría pensar que iba a blanquear situaciones como esta, pero lo único que hizo desde que tomó el cargo fue encontrar el vestigio constitucional para justificarlas. Incluso justifica legalmente los asesinatos selectivos», dice el analista. Lo complicado del caso es que si hay quienes luchan con firmeza contra la intromisión del Estado en los menores intersticios de la vida del individuo, ellos son los grupos derechistas fanáticos del Partido Republicano o las milicias de algunas regiones del país. Es que de tan individualistas que son, así como rechazan ocuparse de reparar las injusticias del sistema económico por eso de que cada uno se las arregle como pueda, abominan de la vigilancia estatal y defienden el uso de armas. Porque, dicen, nadie los va a defender mejor que ellos mismos.
Futuro incierto
¿Se puede esperar algo de otras naciones del mundo? Los antecedentes no son auspiciosos. Desde fines de los 60 existe la red Echelon, un sistema global de vigilancia integrado por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia. En 2000 hubo una queja formal de los países europeos que se habían dado cuenta de que un millonario contrato para la provisión de aviones Airbus a Arabia Saudita había sido birlado por la Boeing porque alguien había interceptado comunicaciones con las autoridades árabes. La investigación del Europarlamento determinó que la maniobra contra Airbus se había hecho desde Echelon y quisieron investigar hasta dónde se había metido en la vida de los ciudadanos del continente. Pequeño detalle: esos países integran la OTAN y la respuesta oficial fue que la red es un secreto militar. Fin de la discusión.
Para Busaniche, «los padres fundadores de los Estados Unidos deben de estar revolviéndose en las tumbas cuando ven lo que se hace bajo el nombre de la defensa de las libertades». Puricelli recurre a Noam Chomsky para recordar que las leyes actuales son fruto de «la fabricación de consensos» que encontraron renovado brío luego del 11S de la mano de una paranoia masiva. Y apuesta a que pueda elaborarse otro tipo de concepción social que le ponga fin a este Gran Hermano del siglo XXI pero que venga desde sectores progresistas.
«Temo por nuestros derechos. Temo por nuestra democracia, y creo que otros también deberían hacerlo. Y no creo que en realidad estemos gobernados por gente en el Congreso, los tribunales o la Casa Blanca que tienen interés suficiente en los requisitos para mantener una democracia», dijo Ellsberg. Una síntesis inmejorable de lo que se juega en este caso.
Tiempo Argentino, 12 de Julio de 2013
por Alberto López Girondo | May 13, 2013 | Sin categoría
En un discurso en el que puso todas las cartas sobre la mesa, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que pretende una «relación más profunda» con América Latina, una región que en la última década se va mostrando cada vez menos propensa a ser el patio trasero del imperio y demuestra con hechos palpables que ya está jugando en las grandes ligas mundiales en contra de los deseos de Washington.
Biden habló en el marco de la 43ª Conferencia de las Américas, un encuentro organizado por el Departamento de Estado junto con el Council of the Americas, el think tank creado por el magnate David Rockefeller para fomentar el ultraliberalismo a nivel regional desde hace casi medio siglo y que solía convocar a ministros y altos funcionarios de los países latinoamericanos para brindarles su «bajada de línea» anual. Esta vez la ronda fue más bien escuálida, a pesar de que pomposamente se la presentó como la ocasión para el relanzamiento de las relaciones privilegiadas que la administración de Barack Obama pretende con la región. Los detalles de lo que dijo su compañero de fórmula y los anuncios muestran sin embargo que la posición de los demócratas no se mueve un ápice de la postura tradicional de Washington.
«Latinoamérica siempre nos ha importado, pero ahora aún más por el potencial existente», apuntó Biden, quien agregó que muchos países del continente, como México, disfrutan ahora de una mayoría de clase media y de un ambiente democrático estable que les permite mostrar otra importancia comercial y económica dentro del Hemisferio Occidental. «Antes nos preguntábamos qué podíamos hacer POR Latinoamérica, ahora se trata de ver qué podemos hacer CON Latinoamérica», enfatizó el vicepresidente.
Fue en esa minicumbre neoliberal que Biden anunció un próximo viaje a Colombia, Brasil y Trinidad Tobago y una inminente visita de los mandatarios de Chile y Perú a Washington. «Este es el más activo tramo de relaciones de alto nivel en mucho tiempo», dijo Biden, quien no olvidó mencionar la posición de su gobierno en torno de Venezuela. «Cualquier gobierno venezolano tiene una responsabilidad básica de permitir la libertad de expresión y asamblea, y eso no está ocurriendo en estos momentos», dijo sin inmutarse el ex senador por Delaware, el paraíso fiscal de Estados Unidos donde, sin ir más lejos, el Grupo Clarín armó un conglomerado de empresas con el objetivo de eludir impuestos, según viene denunciando este diario desde octubre de 2010. Esta quizá parezca una historia que no viene a cuento, pero hay razones para pensar que sí.
Lo que sí viene a cuento es el nuevo rol regional del diario español El País, que desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en ese reino viene en picada en el plano de su economía. El grupo, que supo ser cabecera de playa de inversiones españolas en Latinoamérica y se extendió en proyectos propios en todo el hemisferio, no puede escapar a una deuda de más de 3000 millones de euros y gran parte de su paquete accionario está en manos de un fondo de inversiones oriundo de Estados Unidos.
Cuando la enfermedad de Hugo Chávez, el diario español cumplió un papel destacado como difusor de la oposición, incluso publicando una foto falsa. Desde fines de marzo, la edición internacional –que incluye el material online– se elabora desde México DF y Washington. El editor es el corresponsal del diario en la capital estadounidense, Antonio Caño. En su edición de ayer, mientras el presidente Nicolás Maduro viajaba de Buenos Aires a Brasilia en el marco de su gira por el Mercosur, publicaba un extenso reportaje al opositor Henrique Capriles. En titulares catástrofe decía: «Maduro se hunde cada día más porque su Gobierno es ilegítimo». La edición que recibieron los españoles en papel era un poco más medida y no ocupaba la tapa del diario sino un recuadro secundario: «Me han robado la victoria electoral», decía Capriles.
El vicepresidente de Obama quiere acercar lazos con Colombia y Brasil. El primero forma parte de la llamada Alianza del Pacífico, junto con México y los futuros invitados de la Casa Blanca, Chile y Perú. Ningún dirigente estadounidense que ande de gira por la región puede ignorar a Brasil, los otros acercamientos son reveladores de la estrategia que a pie juntillas siguen las derechas latinoamericanas. Algo que fue evidente este lunes en Lima, cuando el Congreso peruano aprobó una moción para retirar al embajador en Venezuela Luis Raygada por su apoyo explícito al gobierno de Maduro como representante legítimo de la República Bolivariana de Venezuela. Raygada, incluso, recomendó a sus detractores «tomar una pastilla de tranquilizante». Dos días más tarde se vio obligado a presentar su renuncia.
El discurso de Biden y la diatriba de El País se cruzaron con la designación de un brasileño al frente de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la entidad con sede en Ginebra que tiene como rol fijar las condiciones y los acuerdos para el intercambio de productos entre los 159 países miembro. El dato no es menor si se tiene en cuenta que Roberto Azevêdo fue votado para suceder al francés Pascual Lamy en un final cabeza a cabeza con el mexicano Herminio Blanco.
Los entretelones de esta elección son por demás reveladores de los cambios que se registraron en el mundo en lo que va del siglo XXI. Roberto Carvalho de Azevêdo, de 55 años, es un ingeniero electricista que luego devino en diplomático tras pasar por el Instituto Rio Branco, que es la escuela de Itamaraty. Cierto que luego se doctoró en Economía en la «monetarista» Universidad de Chicago, pero hizo toda su carrera como hombre de la ágil e inquieta cancillería brasileña y es uno de los que más sabe de comercio internacional en ese organismo, donde es hasta ahora el embajador brasileño. Brasil precisamente es acusado de encabezar una suerte de boicot a los avances en la Ronda de Doha, el capítulo agrícola de la OMC.
El representante mexicano, en cambio, es un fiel exponente del libre comercio a ultranza. Herminio Blanco Mendoza, de 62 años, también pasó por Chicago pero siguió sus enseñanzas al pie de la letra al punto de que es considerado el arquitecto de la alianza comercial de su país con Estados Unidos y Canadá en el NAFTA y de la firma de 34 acuerdos de libre comercio.
Estados Unidos, los 27 países de la Unión Europea, Japón y Corea del Sur fogonearon al mexicano cuando se dieron cuenta de que entre los nueve postulantes que se anotaban en diciembre pasado no había nadie que les pudiera resolver el problema principal, que era el de seguir manejando la entidad como lo vienen haciendo desde su fundación. Es interesante resaltar que, de cualquier modo, el elegido sería un latinoamericano, aunque representaran dos caras visiblemente opuestas de la forma de encarar la economía y la distribución de los poderes en el mundo.
«La competencia para suceder a Lamy, el francés que ha presidido la OMC desde 2005, también había sido vista por algunos como un sustituto de batallas comerciales más amplias entre los mundos desarrollado y en desarrollo», describe James Politi en el británico Financial Times. «Antes de la votación final, los funcionarios mexicanos reclamaron el apoyo de Japón y Corea del Sur, mientras que las autoridades brasileñas dijeron que China estaba de su lado», destaca el Financial Times.
Azêvedo logró el apoyo de los países sudamericanos y del Caribe, los de África y parte de Asia. Itamaraty en pleno explicó a representantes de todos los países del mundo las ventajas de destronar la tradicional alianza de la OTAN del comercio a favor de un miembro de los países emergentes como Brasil. La designación del Papa Francisco parece haber tenido un trasfondo similar en torno de soluciones a problemas globales de otra institución sagrada como la Iglesia Católica, pero este sí es otro cantar.
El prestigioso diario económico de la City londinense agrega un clarísimo testimonio de Ed Gerwin, analista de política comercial de Third Way, un think-tank basado en Washington. «Hubo un día en que los EE UU y Europa se sentaban en una habitación a decir: ‘Este es nuestro hombre’, y nadie más tenía ni voz ni voto significativo en el proceso. Esto sin duda ha cambiado y es una buena cosa», reflexiona Gerwin, para explayarse finalmente: «Si realmente queremos someter el comercio basado en normas a todo el mundo, todo el mundo tiene que sentir que están implicados en el proceso.»
El vicepresidente chino, Li Yuanchao, llega al país en su primera gira al exterior, que incluye a Venezuela y debiera leerse como un avance estratégico hacia la consolidación de nuevos bloques de poder. Si algo saben las nuevas autoridades del gigante asiático –socio de Brasil en el grupo BRICS– es para dónde soplan los vientos.
Sería interesante que las derechas latinoamericanas también percibieran estas corrientes, porque pueden ser brisas que no amenazan con erosionarlos, pero cada vez levantan más polvareda.
Tiempo Argentino, 13 de Mayo de 2013
por Alberto López Girondo | May 5, 2013 | Sin categoría
La Unión Europea apura un Tratado de Libre Comercio con el Mercosur para poder sentarse a negociar en mejores condiciones su TLC con Estados Unidos, que según adelantó Barack Obama, quiere presentarlo en sociedad en menos de 14 meses.
Esto se desprende de la visita que un grupo de europarlamentarios hizo por la región, donde mantuvieron reuniones con legisladores y miembros de los distintos gabinetes en busca de definiciones.
En la Argentina, tras un encuentro con el canciller Héctor Timerman, el vocero del grupo –el socialista español Luis Yañez Barnuevo– explicó en una charla informal con periodistas locales, entre los que estuvo Tiempo Argentino, que el 95% de las diferencias entre ambos bloques están solucionadas. «El problema es ese 5% que nos impide terminar un acuerdo», se sinceró Yañez Barnuevo, quien cruzó el Océano junto con Jean Pierre Audy, Josefa Andrés Barea y Mario Pirillo, todos ellos miembros de la comisión del Parlamento Europeo encargada de llevar a buen puerto las conversaciones entre ambos bloques.
En lo específico, el legislador destacó la buena predisposición de Timerman, sin pasar por alto que fue desde Buenos Aires que en 2010 se dio nuevo impulso a una negociación que parecía definitivamente estancada. Buena ocasión para que este médico –que adhirió al PSOE desde que era un partido ilegal, durante el franquismo– desmintiera a publicaciones donde se afirma que la Argentina traba los acuerdos para proteger sus mercados, mientras que Brasil aparece siempre como más proclive a la firma. «No acusemos a Argentina de lo que no es culpa de Argentina», concluyó, para recordar luego que Cristina Fernández y la entonces vicepresidenta del gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega, sacaron hace tres años las conversaciones del freezer. Más aun, insistió en lo obvio, que «Brasil ni quiere ni puede firmar por separado un acuerdo con la UE ni la UE tampoco lo quiere».
Por otro lado, Yañez Barnuevo fue muy claro en relación con la situación del Mercosur con la nueva incorporación de Venezuela y la suspensión de Paraguay. «La UE no tiene nada que decir al respecto, es un problema interno del Mercosur. Es como si el Mercosur intentara opinar sobre el ingreso de Turquía o Croacia a la UE. Sería algo fuera de lugar», señaló.
Por otro lado, puesto en números, el Mercosur con Venezuela representa un mercado que suma 300 millones de personas y particularmente el país bolivariano, al decir del eurodiputado, «compra de todo. Es una excelente oportunidad para comerciar». Es decir, más allá de cuestiones ideológicas, los negocios mandan.
Sin embargo, también la estrategia política tiene lo suyo por decir. Así fue que los parlamentarios no ocultaron que hay urgencias por acordar con Sudamérica para sentarse a negociar con Estados Unidos en mejores condiciones. El mensaje es que un pacto entre Bruselas y Washington implicaría la regulación de diversas normas de fabricación, que condicionarían acuerdos posteriores que fueran a firmar los 27 con un Pacto de Asunción ampliado.
Lo que no dicen –ni falta que hace– es que también fortalecería a Europa un TLC previo con el Mercosur. Por otro lado, en 2014 se renueva el Parlamento y nadie garantiza que los nuevos representantes sean afines a un acuerdo. Más bien todo lo contrario, podrían ganar influencia los euroescépticos. «El glamour de asociarse con Estados Unidos tal vez pese más», deslizó uno de los diputados.
Por eso ya no resulta tan determinante la protección del mercado agrícola y ganadero europeo y la liberalización de los sectores industrial y de servicios de Mercosur. Es así que la UE ahora está dispuesta a dar rebajas muy sensibles de tarifas a los productos agrícolas y ganaderos de Mercosur. Y acepta la importancia de que los «sureños» puedan desarrollar su industria.
Tiempo Argentino, 5 de Mayo de 2013
por Alberto López Girondo | Dic 15, 2012 | Sin categoría
La llegada de Mariano Rajoy al gobierno hace justo un año estuvo enmarcada en ese proceso de caída libre, que se inició con la explosión de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos pero que repercutió de un modo letal en la península, habida cuenta de que el modelo que el neoliberalismo presentaba como exitoso se basaba en la cultura «del ladrillo» con fines especulativos. Y al estallar la burbuja nada había detrás de qué agarrarse.
El PSOE, que había tenido notorios avances en materia social con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa en 2004, se fue enmarañando en soluciones a la crisis financiera pergeñadas en Bruselas que terminaron por poner en controversia hasta las raíces del Estado de Bienestar que representaba el socialismo democrático ibérico.
Hubo una semana clave en su gestión, con una cadena de hechos simbólicos que dejaron entrever el futuro español: a mediados de mayo de 2010, el principal grupo de medios, propietario del diario El País, uno de los emblemas de la España posfranquista, dejaba su mayoría accionaria en manos de un grupo inversor con capitales de Estados Unidos. El anuncio se hizo el mismo día en que el juez Baltasar Garzón era suspendido por el Supremo Tribunal a raíz de su intento de juzgar los crímenes del franquismo y Zapatero anunciaba el primer recorte presupuestario para reducir el déficit fiscal. Fue como un tiro en el pie.
Un año más tarde las protestas y el incremento en la desocupación lo obligaban a adelantar los comicios. Que fijó para el 20 de noviembre: justo el día en el que se cumplían 36 años de la muerte del Caudillo. Ganó, como todos los pronósticos anunciaban, el líder del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, quien asumió su cargo el 21 de diciembre, con promesas de llevar adelante un plan económico que sacara al país de la encrucijada. Un regalo de Navidad que finalmente luego de un año demostró no sólo que era un programa de recortes sin fin, sino que además, tenía como trasfondo la restauración conservadora de España.
Todo peor
En este año de gestión, las variables de la economía no paran de empeorar, a lo que se suman las respuestas que van tomando diferentes sectores de la sociedad ante las escasas perspectivas en un plazo previsible. Así, las calles de las principales ciudades del país son el reflejo de las tensiones que se acumulan. De manera que, entre reclamos de discapacitados por los recortes en el sistema sanitario y una votación que podría encaminar hacia un referendo independentista en Cataluña, terminaba el período para un amplio y «generoso» blanqueo de capitales que, como suele suceder, beneficiaba largamente a los que evadieron sus responsabilidades fiscales en detrimento de los que o no tienen más remedio que pagar los impuestos o consideran que es una obligación moral hacerlo, que no son pocos en ninguna parte del mundo.
En tal sentido, incluso, el gobierno de Rajoy tocó –a pedido de Bruselas– una de las variables que desencajó otro clavo en la maquinaria económica. Aumentó el IVA de 18 a 21%, lo que repercutió negativamente en el índice de precios de setiembre. Por ley, el gobierno tenía que incrementar las jubilaciones y pensiones en una cifra equivalente, pero no lo hizo «por cuestiones presupuestarias».
El IVA es más fácil de cobrar que otros impuestos porque en algún momento de la cadena económica siempre hay alguien que termina aportando, por más mecanismos de evasión que se inventen. Por otro lado, reducir ingresos a los jubilados es casi un deporte para economistas neoliberales, como bien lo saben los retirados argentinos que lo padecieron en tiempos no tan pretéritos. El problema, como marcaron los dirigentes de las dos principales centrales obreras españolas, Comisiones Obreras (CCOO) y la UGT, es que con una desocupación que supera holgadamente el 25% y mantiene a casi 5 millones de personas sin trabajo, hay miles de familias que viven del sueldo del jubilado.
A todo esto se suman los recortes, en general en el sistema de salud, que pusieron primero la mano en el bolsillo de los beneficiarios porque obligan a un copago de servicios que hasta abril eran gratuitos, y se dejaron afuera del sistema de protección a extranjeros e ilegales. Con decir que hasta las ambulancias de los traslados deben pagarse no hace falta agregar mucho más. De allí la masividad de la manifestación de discapacitados que el 3 de diciembre llenó las calles céntricas de la capital española en reclamo por lo que también ellos perdieron en este año.
Regiones alzadas
Pero no sólo de variables económicas se trata el modelo que viene desarrollando el Partido Popular desde que recuperó el poder a fines del año pasado. Así es que a principios de diciembre la noticia era el rechazo de Cataluña al proyecto de reforma educativa que lleva adelante Madrid de la mano del ministro José Ignacio Wert, que mediante la reforma de la ley educativa, con el archiconocido propósito de adecuar la enseñanza a un mundo que necesita jóvenes preparados en nuevas especializaciones, impone como idioma prioritario el castellano en todo el país.
Sobre llovido mojado: a pocos días de una elección clave en Cataluña que abre paso –aunque no tan velozmente como pretendían sus impulsores– a un referendo independentista, el remarcado centralismo madrileño se parece bastante a una provocación. La región más rica de España sufre recortes y la sociedad protesta porque aporta casi el 20% de los ingresos totales de de la administración central y recibe un poco más del 14%. Según la perspectiva catalana, allí reside el colosal déficit que llevó a la región a pedir salvataje a Madrid y a ser la segunda región más endeudada del país.
La ola independentista podría arrastrar al País Vasco, que tiene viejos reclamos independientistas aunque no tan teñidos de aroma impositivo porque logró en su momento lo que se llama el sistema de concierto, que le permite recaudar y girar al gobierno central una cuota para la coparticipación. Para el resto de las comunidades, el sistema es más parecido al argentino: el Estado nacional recauda y luego distribuye. Con el adicional de que lo hace con un prudencial retardo, que se alarga mucho más en tiempos de crisis.
Tampoco para Rajoy son buenas épocas en política exterior. Al principio de su gestión, el canciller José Manuel García-Margallo declaró con un tono nacionalista que el nuevo gobierno iba a luchar por el Gibraltar español. El peñón es para España una espina clavada en el corazón de su orgullo. Y a pesar de tratados y acuerdos que permitieron construir una organización como la Unión Europea, al igual que en Malvinas, los británicos se niegan a hablar de soberanía con sus vecinos amparados en el Tratado de Utrecht de 1713. El ímpetu nacionalista de García Margallo a poco del tercer centenario de aquella afrenta se fue opacando a medida que el primer ministro, David Cameron, también buscó untarse de una pátina patriótica en medio de ajustes presupuestarios ordenados desde Bruselas y con la mano rigurosa de los alemanes. Así que un viaje oportuno del príncipe Eduardo de Inglaterra y su esposa, Sophie Rhys-Jones, sirvió para apaciguar las cosas y sólo quedó el reclamo de que los pescadores españoles puedan seguir su faena en aguas que los ingleses consideran suyas, como hasta entonces.
Cuestión de códigos
La recuperación argentina de la petrolera YPF también fue un golpe al orgullo herido de los españoles. Al menos así lo entendieron los medios de comunicación y el gobierno, que primero amenazó con las peores consecuencias por el desafío. Pero andando el tiempo la temperatura fue bajando tanto en los despachos oficiales como en la ex compañía matriz, Repsol, que ahora decidió hacer reclamos económicos más que imponer trabas políticas. Mucho no pueden alardear los empresarios hispanos en vista de la detención del que fue el titular de la principal cámara patronal del país, nada menos que por lavado de dinero y ocultamiento de bienes para evitar hacerse cargo de millonarias deudas de su empresa Marsans. Gerardo Díaz Ferrán fue en su momento presidente de la privatizada Aerolíneas Argentinas y tanto de este lado del Atlántico como del otro, siempre tuvo micrófonos a mano para protestar por el «despojo» al que lo habría sometido el gobierno argentino cuando nacionalizó la compañía de bandera sin pagarle nada en retribución, argumentando que el español había vaciado la línea de bandera.
Cierto es que la España que tomó Rajoy no estaba en su mejor momento. De otro modo la derecha no se habría alzado con el triunfo electoral aquel 20N. Pero el PP no hizo más que empeorar los índices económicos, con lo que justificó la aplicación de una política de shock que aceleró el desguace del Estado de Bienestar y abrió la posibilidad de terminar de destruir todo lo que de progresismo dejó Zapatero tras su paso por la presidencia del gobierno. Además lo hace con verdadero deleite.
Por ahora el PP no puso el foco en la reforma de la ley del aborto, una de las promesas electorales, ni en el matrimonio gay. Pero sí reformó el Código Penal para endurecer aún más las de por sí impiadosas penas (que para los delitos más graves pueden llegar hasta 40 años). Además, introduce la figura de la «Prisión permanente revisable», que en teoría permite reducir condenas a cadena perpetua, pero luego de haber pasado no menos de 25 años entre rejas.
Añade luego la llamada «Custodia de seguridad», una medida por la que se suman hasta 10 años más de prisión a un preso que haya cumplido su condena cuando el tribunal sentenciador crea que se trata de un individuo de «especial peligrosidad».
Mientras tanto, y a pesar de que crece exponencialmente la cantidad de víctimas de desalojos por deudas hipotecarias impagas (ya hay más de 350.000 familias que lo perdieron todo en estos 4 años) no hubo acuerdo para cambiar la legislación que reglamenta la dación en pago, es decir, que el banco o el acreedor se quede con la propiedad del deudor, que de este modo se liberaría de su compromiso. Esto es, si al momento de entrar en mora la propiedad vale menos que cuando el incauto la compró, la diferencia se le sigue computando como deuda. En una sociedad con crisis laboral, eso significa que deberá pagar hasta el fin de sus días.
Revista Acción, 15 de Diciembre de 2012
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