Trabajadores de los principales medios gráficos de España realizaron manifestaciones frente a cada una de las redacciones en reclamo de un aumento salarial para compensar la alta inflación que se registra en el país, lo que socavó brutalmente los ingresos ya bastante mermados al cabo de diez años sin ningún tipo de incremento. Las movilizaciones se realizaron este 1 de marzo en las sedes de Prisa (El País), Unidad Editorial (El Mundo) Vocento (ABC) y Promecal (con medios en Castilla, León, Navarra y La Rioja). Se trata de los grupos que concentran en conjunto centenares de diarios nacionales y locales, periódicos digitales y radios en todo el país.
Según denuncian los representantes gremiales, entre la precarización del trabajo de prensa y hasta en algunos casos rebajas en el marco de situaciones críticas de las empresas, hay periodistas que perciben ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La realidad en los periódicos locales es aún peor y desde el 2008, señalan, han perdido hasta un 25% del poder adquisitivo.
Las movilizaciones contaron con el apoyo de las centrales Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP). De la movida, inédita en cerca de dos décadas, participan fundamentalmente los comités de trabajadores (comisiones internas) de las principales empresas.
El reclamo se centra en la negativa de la Asociación de Medios de Información (AMI) a negociar un nuevo Convenio Estatal de Prensa Diario superior al 1% de aumento y sin carácter retroactivo ofrecido por la patronal, considerado como “ridículo y ofensivo”,
“Las empresas están bloqueando la mejora laboral del teletrabajo, práctica que permite conciliar la vida laboral y privada de las personas trabajadoras sin bajar la productividad, como ya se demostró durante la pandemia por Covid-19”, dice un comunicado de CCOO, UGT y FeSP.
El reclamo se hizo extensivo también contra la creciente precarización del trabajo de prensa. Así lo indicó el titular de la FeSP, Francesc Ràfols, quien destacó que ”la situación de los freelance en Europa es muy precaria, y en el Estado español, insostenible. Es un sector completamente desregulado, y no pedimos nada que otros colectivos no tengan”.
El comité del diario El País, quizás el más conocido en el exterior y el más influyente de España, publicó en su cuenta de Twitter que “esta plantilla demostró que está unida y dispuesta a reclamar la actualización salarial que merece desde hace años y la negociación del #teletrabajo a la que la empresa se comprometió”. La del diario El Mundo, en tanto, anotó que “salimos todos a la calle para exigir la actualización de nuestros salarios después de 10 AÑOS congelados”.
Las manifestaciones se repitieron en todos los medios. «Promecal nos quiere arruinar», gritaban trabajadores de La Tribuna de Toledo en un video que difundieron en las redes. «La dirección de Vocento se reparte nuestro aumento», replicaban desde una punta de Madrid. “Todas las plantillas de Unidad Editorial han salido a la calle a pedir una subida salarial necesaria y justa. No se puede hacer periodismo de calidad sin profesionales con condiciones laborales dignas”, señalaban desde otro costado.
Cierto es que la ultraderecha corre los límites de las democracias en los países occidentales hacia lugares oscuros y peligrosos. También se debe decir que cuenta con la tolerancia y el beneplácito de los poderes fácticos y hasta una no despreciable complicidad judicial y mediática. La gente de la revista humorística española Mongolia probó en carne propia, en cambio, que cuando se trata de la sátira, correr límites tiene otro precio. Sobre todo en sociedades que conservan ese toque de afectada dignidad de las aristocracias decadentes.
Mongolia, una publicación que guarda alguna reminiscencia de nuestra mítica Humor o la más actual, Barcelona, no tiene detrás una gran editorial. Se trata más bien de un grupo de entusiastas que la pueden mantener a flote mediante el aporte de los suscriptores y la venta de la publicación en papel. Entre los que la hacen hay algún argentino, como Darío Adanti, y periodistas de larga experiencia en los diarios más importantes de la península, como Pere Rusiñol.
En noviembre de 2016, un fotomontaje del extorero José Ortega Cano los puso contra las cuerdas. El que fuera marido de la cantante Rocío Jurado, que había salido recientemente de prisión tras haber provocado un accidente fatal de tránsito, era presentado en tapa como un extraterrestre. El exmatador consideró que ese dibujo vulneraba su honor y los demandó.
Luego de varias instancias judiciales, el Tribunal Constitucional rechazó todos los recursos de amparo y ordenó pagar 40 mil euros de multa al señor José Ortega Cano. Con las accesorias y costas, el “chiste” costó 70 mil euros, una cifra suficiente como para poner en riesgo la continuidad de la revista. ¿De dónde salió el dinero para cumplir con el dictamen? De los propios lectores, a esta altura una comunidad muy identificada con ese proyecto, que también se muestra en espectáculos teatrales.
Por esa razón abrieron otra convocatoria para ir a tribunales internacionales con su reclamo. “Mongolia considera que se trata de un precedente gravísimo, que supone un retroceso enorme para el ejercicio de la sátira en España y una invitación a la autocensura de los creadores”, se explican. Si difundir un fotomontaje puede costar 70 mil euros, alegan, eso se convierte en un lujo que los medios independientes no se pueden permitir.
Mediante una campaña de micromecenazgo a través de Verkami, una plataforma de crowfounding europea, buscaban recaudar 15 mil euros. Pero ya juntaron 18.500 euros con los que, además de cubrir los costes jurídicos, editarán un libro sobre la libertad de información y expresión de los humoristas en España. El abogado José Luis Mazón presentará el tema en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra.
La detención de Carles Puigdemont en la isla italiana de Cerdeña, le dio un nuevo impulso al independentismo catalán, cuando desde Madrid el gobierno de Pedro Sánchez había abierto un diálogo con el president de la Generalitat, Pere Aragonés. “España no pierde nunca las oportunidades de hacer el ridículo”, dijo el líder independentista cuando fue liberado, pocas horas después.
Puigdemont fue apresado ni bien pisó el aeropuerto de L´Alguer, el jueves pasado, cuando iba a la 33ª edición del Aplec Internacional de Adilfok, un festival de la cultura catalana que se desarrolla hasta hoy. No se trata de un evento traído de los pelos. Durante casi cuatro siglos -entre 1326 y 1718- la región estuvo bajo el dominio de la corona de Aragón y luego España. En la actualidad hay unos 44.000 habitantes que hablan catalán allí, en L´Alguer, al que irónicamente se conoce como la Barceloneta Sarda.
Puigdemont, desde la fallida declaración de independencia de octubre de 2017, tiene pedido de captura de Madrid por sedición y malversación de fondos solicitado por la gestión de Mariano Rajoy.
La primera vez que fue detenido fue en 2018, cuando llegó a Bruselas en reclamo a las autoridades de la Unión Europea por la situación de Cataluña, pero prontamente fue liberado Hubo una segunda detención en Alemania en 2018, salió de prisión a los cuatro meses. Esta vez, en Italia, este sábado fue recibido con honores por una multitud en las calles del casco viejo de la ciudad sarda. “Estoy acostumbrado a ser perseguido por España pero siempre termina igual. Estoy libre y seguiré peleando”, dijo.
Puigdemont, titular de la Generalitat cuando llamo a un referéndum reprimido brutalmente por el gobierno de Rajoy, desde Bruselas se enfrenta a embates judiciales de manera simultánea. Por un lado, está el reclamo de la justicia española, que sin embargo no impidió que fuera elegido eurodiputado en julio de 2019, lo que debería implicar inmunidad parlamentaria. Pero su caso está en controversia porque España había dictado una “euroorden de arresto” en 2017 y hay planteos sobre si rige o no para él.
Por otro lado, el Parlamento europeo le quitó la inmunidad por considerar que no se sometía a la justicia, en marzo. Recurrida la decisión por sus abogados, aún faltaría el fallo definitivo del Tribunal General de la Unión Europea. De allí que Puigdemont haya calificado a su detención como ilegal.
El diálogo entre Aragonés y Sánchez, en tanto, tuvo un atisbo de comienzo el 15 de setiembre. Desde Madrid hubo un gesto de distensión cuando se dictó un indulto para nueve altos cargos del Govern implicados en la intentona secesionista de 2017. El president catalán y el jefe de estado español hablaron por más de dos horas en el Palau de la Generalitat, en Barcelona. “Las posiciones están muy alejadas, pero hemos coincidido en que la mesa de diálogo es el mejor camino”, dijo Sánchez a la salida. Aragonés declaró que había pedido una amplia amnistía para unos 3000 dirigentes procesados y la celebración de un referéndum como “la solución más inclusiva” al entuerto.
Los madrileños van este martes a elecciones en medio de intimidaciones políticas que no se vivían desde el retorno de la democracia y con la sensación de que la polarización ideológica logró barrer debajo de la alfombra gran parte de las miserias de sectores de la dirigencia que se postulan a presidir la Comunidad, de 6,8 millones de habitantes y la segunda más rica de España.
Si las encuestas no yerran por mucho, la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso logrará una mayoría suficiente como para quedarse en el cargo en alianza con la ultraderechista Vox. Si se atiende a las declaraciones de ambas fuerzas, no hay demasiada diferencia y sería la alianza natural.
Vox lleva como candidata a Rocío Monasterio, hija de un acaudalado terrateniente cubano exiliado tras la Revolución, y ella, arquitecta, haría empalidecer a algunos “gusanos” de Miami por percibir señales comunistas en cualquier expresión social. Se hizo viral su violento cruce con Pablo Iglesias en un debate televisivo. Díaz Ayuso, a su vez, no tuvo empacho en afirmar que “si nos llaman fascistas es que estamos haciendo las cosas bien”.
Clima de época, la aparición de Vox –la agrupación neofranquista de Santiago Abascal– inclinó el amperímetro del debate público legitimado desde los Pactos de La Moncloa, de 1977, hacia límites peligrosos para la convivencia. La coexistencia pacífica entre el PSOE y el PP, al menos en las primeras décadas de la transición democrática, llevó crecimiento y desarrollo a un país que salía de una cruenta dictadura.
Pero la crisis económica de 2008 golpeó primero en España. Eso, sumado a los escándalos de la monarquía y a los casos de corrupción en la dirigencia política, sobre todo en el conservador Partido Popular, crearon las condiciones para la emergencia de un partido de corte populista a la manera latinoamericana, Podemos, crítico por izquierda del statu quo. La competencia de centro provino de Ciudadanos, ahora al borde de la extinción. Vox, por ultraderecha, fue la frutilla del postre.
Díaz Ayuso, una impetuosa especialista en comunicaciones nacida el mismo año de la Constitución, 1978, llegó al poder en agosto de 2019 tras una maniobra para impedir la investidura del socialista Ángel Gabilondo. En una temeraria decisión, el 10 de marzo disolvió la Asamblea de Madrid y llamó a elecciones. Usó cada recoveco legal para que los comicios cayeran un martes, con lo que la participación probablemente sea menor. Pero por lo que muestran los sondeos, no le irá mal ya que se augura que el PP quedará a media docena de escaños de la mayoría. Con la ayuda de Vox, estará en condiciones de formar un gobierno a su gusto.
Las izquierdas –el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos– quedarían atrás del PP, que viene gobernando la Comunidad desde 1995 en forma ininterrumpida. Un milagro inestimable si se tiene en cuenta que los cinco presidentes anteriores terminaron todos procesados por distintos casos de corrupción. En el PP algunos dirigentes tienen más prontuario que currículum. Incluso la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes renunció en 2018 cuando se divulgó que su master en la Universidad Rey Juan Carlos era trucho.
Iglesias, vicepresidente de España en alianza con Pedro Sánchez, se bajó del cargo en marzo para dar pelea en la capital. En ese sector quedaría tercero, detrás de Gabilondo, que vuelve por la revancha. El PSOE apuntaba para más al principio, pero los apoyos fueron para Más Madrid o se diluyeron. Diferencias entre los máximos líderes de Podemos, Iglesias e Íñigo Errejón, terminaron beneficiando a la derecha en 2019 y Carmena perdió la reelección a pesar de una gestión que todos indican encomiable. Lo peor, alejaron la posibilidad de derrotar al PP, que siempre termina gobernando la Comunidad aún con máximos del 30 por ciento.
Estas últimas semanas de campaña fueron de órdago. Iglesias denunció haber recibido una carta con balas a su residencia. Otros dirigentes también denunciaron haber recibido “regalos” amenazantes por correo. Una forma quizás de disimular un elefante en medio de una manada. En todo caso, la campaña giró de “comunismo o libertad”, como proponía la presidenta de la Comunidad, a “fascismo o democracia”.
PRINCIPALES CANDIDATOS:
ISABEL DÍAZ AYUSO
Foto: @IdiazAyuso / Twitter
Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y con un Máster en Comunicación Política y Protocolo, esta oriunda de Chamberí, a los 42 años demuestra un sólido conocimiento de los entresijos de la política madrileña. Estuvo a cargo la página web y las redes del PP y fue jefa de la campaña digital de Cristina Cifuentes en 2015 y tras la crisis en el partido, fue descollando con una fuerte personalidad y su disposición a correr riesgos. En 2019 fue electa presidenta de la Comunidad y en medio de la pandemia, encabezó el rechazo a las restricciones ordenadas desde el gobierno central. Para una ciudad que depende en grandísima medida de visitantes exterior, eso le granjeó la simpatía de sectores ligados al turismo. De allí que se juegue mucho este martes, de cara a liderazgos en la interna partidaria. A falta de opciones por la derecha institucional, Díaz Ayuso se ve cruzando de la Real Casa de Correos, alli frente a la Puerta del Sol, hasta el Palacio de La Moncloa. “Yo no voy a pactar con el desastre, que es lo que es el PSOE. Son una calamidad para España”, dice como en letanía,
ANGEL GABILONDO
Descendiente de una familia numerosa en la que entre sus nueve hermanos hay periodistas, médicos de renombre, religiosos y empresarios, tuvo una formación católica con los Corazonistas de San Sebastián, donde nació en 1949. Pero fue sopesando sus fundamentos tras cruzar la puerta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que egreso en 1980 y en la que dio clases y llegó a rector. Desde ese lugar dirigió instituciones vinculadas primero a la enseñanza superior de la capital española y luego de todo el país, Fue ministro de Educación con José Luis Rodríguez Zapatero, el más socialista de los jefes de Gobierno hasta Pedro Sánchez, también del PSOE. No es la primera vez que compite por la Comunidad. En 2015 perdió contra Cristina Cifuentes, quien luego renunció por escándalos varios. En 2019 obtuvo más votos para la presidencia, pero no logró urdir alianzas suficientes para la investidura. Ahora espera, con un estilo sosegado y si se quiere desangelado, poner fin a 26 años de gestión conservadora. Los astros no parecen estar de su lado, pero nunca se sabe.
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