La autoridad aeroportuaria de Hong Kong suspendió por segundo día consecutivo todos los vuelos en esa estación aérea porque cientos de manifestantes ocuparon la zona de facturación de la terminal. El aeropuerto había reanudado sus actividades pocas horas antes luego de haber finalizado un bloqueo previo.
La autoridad aeroportuaria confirmó en un nuevo aviso que se cancelarían todos los vuelos que no hubiesen completado el proceso de facturación antes de las 16.30 (hora local). Además, solo dejaron aterrizar los aviones que ya están en ruta, según la agencia de noticias alemana dpa.
Con la de este martes ya son cinco las jornadas consecutivas de protestas en el aeropuerto. «Estamos intentando detener los vuelos y, como ayer, bloqueamos toda la zona de salida para que quien quiera irse de Hong Kong no pueda hacerlo», ha explicado uno de los manifestantes, Joshua Wong, en declaraciones a la agencia alemana.
El aeropuerto de Hong Kong se convirtió en el principal centro de las protestas contra el gobierno de Carrie Lam, quien a principios de junio había aprobado una ley que autorizaba la extradición de sospechosos a países con los que no había un tratado específico, como es el caso de China continental.
La normativa se había promovido para el caso de un hombre acusado de femicidio en Taiwán, pero para sectores políticos de la oposición iniciaron protestas tras considerar que permitiría extraditar a disidentes del gobierno chino que se refugien en Hong Kong. Tras las primeras manifestaciones, el gobierno suspendió la ley de extradición, aunque ahora el reclamo popular es por la renuncia
El enclave fue tomado por el imperio británico tras la guerra del opio en el siglo XIX pero luego de pacientes negociaciones con Beijing se firmó un acuerdo por el cual en 1997 el Reino Unido se retiró del gobierno. El tratado contempla la existencia de “un país dos sistemas”. En 2047 Hong Kong pasará definitivamente al control chino.
Sin embargo, sectores muy influyentes de ese territorio rechazan la incorporación a China. Para las autoridades de Beijing, muchos de esos grupos son sustentados por Estados Unidos. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Hua Chunying, pidió a Washington que deje de interferir en la crisis de Hong Kong. Una semana antes, el director de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado, Zhang Xiaoming, se quejó de que luego de que la ordenanza fue dejada de lado, ahora las protestas tienen las características de una «revolución de color».
“La parte estadounidense ha hecho con frecuencia declaraciones irresponsables sobre los asuntos de Hong Kong, lo que ha confundido lo blanco con lo negro e incitado a problemas”, insistió Hua. “Hay políticos de peso y funcionarios diplomáticos de Estados Unidos que han interactuado con los alborotadores y acusado injustamente al gobierno central chino, están instigando la violencia y actos ilegales que ponen en riesgo la prosperidad y estabilidad de Hong Kong”, agregó.
Como consecuencia de las manifestaciones, la policía reprimió con dureza, lo que provocó el rechazo de distintos gobierno, incluido el de Donald Trump, que dijo que esperaba “que no hubiera muertos”.
La chilena Michelle Bachelet, titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), por otro lado, instó a las autoridades a investigar «el uso desproporcionado de la fuerza» por parte de los agentes policiales en las protestas.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China ingresó en otra etapa, a partir de la devaluación del yuan y la suspensión de las importaciones de productos agropecuarios estadounidenses. Al mismo tiempo, el gobierno de Xi Jinping protestó ante Washington por lo que considera una injerencia en las revueltas que se vienen produciendo en Hong Kong y también por la arremetida contra el presidente Nicolás Maduro en Venezuela. En otros frentes de combate, la empresa Huawei presentó su nuevo sistema operativo HarmonyOS para contrarrestar el bloqueo decretado por Donald Trump para Android. El gigante de las telecomunicaciones anunció, además, una inversión de 800 millones de dólares para construir una fábrica de celulares en San Pablo. Otra muestra de que América Latina forma parte del teatro de operaciones.
La caída del yuan a su mínimo histórico desde 2009 causó un impacto negativo en las bolsas de todo el mundo y especialmente en Argentina, en un entorno turbulento por las PASO. Trump denunció que Beinjing está manipulando su divisa, pero en todo caso es la respuesta al anuncio de un incremento adicional de los aranceles de un 10% a productos elaborados en China que ingresen en EE UU.
Este viernes, Trump amenazó con una posible cancelación del encuentro programado entre los líderes de ambas naciones para negociar el futuro del comercio bilateral. «No estamos listos para lograr un acuerdo, pero veremos qué pasa. Si se hace, bien, si no se hace, también», detalló. «Tenemos todas las cartas y lo estamos haciendo bien», concluyó el mandatario estadounidense.
En las calles de Hong Kong
Las autoridades chinas aprovecharon también para dar un marco a la situación en Hong Kong, que enfrenta desde hace un par de meses un clima de protestas callejeras. Desde junio crecen las manifestaciones contra un ley de extradición que permitiría entregar prófugos a Taiwán, Macao y la China continental. Los manifestantes critican que la normativa podría afectar a disidentes políticos reclamados por Beijing. La vocera de la cancillería china, Hua Chunying, declaró que su par estadounidense, Morgan Ortagus, «debería dejar de hacer pasar gato por liebre» y no mienta para ocultar la injerencia de Washington en Hong Kong. En apoyo de Beijing salió la portavoz del ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, quien aseguró que en Moscú tomaban «en serio» la información sobre la intromisión en los asuntos chinos.
Los estrategas chinos también temen un recrudecimiento del histórico conflicto entre Pakistán y la India por Cachemira, que escaló en estos días de un modo peligroso. Y si bien en este caso no especularon sobre la intervención estadounidense, sí se apuraron a advertir sobre las consecuencias de un estallido bélico. «China y Pakistán son socios estratégicos para todo tiempo y siempre se han entendido y apoyado mutuamente en temas relacionados con sus intereses centrales, lo cual también es una buena tradición que los dos países deben apreciar», dijo el canciller Wang Yi.
El vocero del ministro, en cambio, no olvidó reclamar por el avance de la Casa Blanca en Venezuela. «Qué partido político gobierna un país es un asunto interno y debe ser decidido por su pueblo. Lo de Estados Unidos constituye una burda interferencia en los asuntos internos de Venezuela y viola severamente las normas básicas que rigen las relaciones internacionales. China se opone firmemente a eso», añadió.
En el país caribeño, el presidente Maduro puso en marcha una planta mezcladora en el estado de Anzoátegui en el marco de una alianza entre la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC). El titular de PDVSA dijo que se elevará la producción de crudo de 165 mil barriles diarios a 230 mil.
Huawei, metida de lleno en la guerra comercial a partir de la decisión de Trump de incluirla en la lista negra de empresas peligrosas para la seguridad de EE UU, dio dos batacazos. Por un lado, dijo que ya comenzará a utilizar el sistema Harmony que reemplazará a Android en sus celulares.
En tanto, el gobernador de San Pablo, João Doria, viajó a China donde acordó la instalación de una planta de Huawei en ese estado brasileño, una inversión por 800 millones de dólares entre 2020 y 2022. Allí fabricarán celulares para vender en Brasil y exportar a América del Sur.
Huawei también financiará el Instituto de Investigaciones Tecnológicas, un participará en un proyecto para digitalizar la red de escuelas públicas. Según se informó, para 2022 los tradicionales pizarrones serán reemplazados por computadoras, tablets y smartpohnes. La firma china está en primer lugar en la pista de largada para los concursos de ofertas.
No es la primera vez que Washington boicotea la posibilidad de una solución consensuada a la crisis política que golpea a Venezuela. Pasó en Santo Domingo el 7 de febrero de 2018, cuando el expresidente del Gobierno español, José Luis Zapatero, anunció apesadumbrado que la oposición había roto los acuerdos alcanzados tras meses de trabajosas negociaciones luego de recibir una llamada desde la Casa Blanca. Ahora, mientras el viernes pasado el presidente Nicolás Maduro se mostró esperanzado en la continuidad de otra mesa de diálogo, promovida por Noruega en Barbados, Donald Trump volvió a bombardear las negociaciones al emitir una orden ejecutiva que congela todos los activos del país caribeño. Todo esto cuando este martes se abría en Lima una cumbre para tratar el caso venezolano. Y en Caracas recordaban los 20 años de la creación de la República Bolivariana, una de las primeras iniciativas del presidente Hugo Chávez, que recién había asumido su cargo en el Palacio Miraflores.
Este sábado, el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, había celebrado «con beneplácito» la decisión de gobierno y oposición de Venezuela de mantener la mesa de negociaciones en Barbados. «El secretario general reitera su firme apoyo a la iniciativa de la facilitación noruega y anima a los principales actores políticos de Venezuela, y a sus representantes en las negociaciones, a seguir comprometidos con estos esfuerzos, en beneficio del pueblo de Venezuela», señaló en su nombre el vocero Stephane Dujarric.
El propio Maduro dijo el sábado que agradecía a «los sectores de la oposición que están asistiendo a Barbados, que estuvieron en Noruega, por mantenerse firmemente en el diálogo político con el gobierno bolivariano y con las fuerzas revolucionaras. Tengo que agradecerlo».
Sorpresivamente (o no) el lunes, en medio del tembladeral por la devaluación de la moneda china, un coletazo de la guerra comercial que Trump desató contra el gigante asiático, la Casa Blanca anunció el DNU que bloquea los bienes del gobierno venezolano en EEUU. La respuesta de Caracas fue que «esta decisión de élite constituye el más grotesco y descarado saqueo del cual se tenga registro en las historia contemporánea de las relaciones internacionales».
Como para que no queden dudas de que esta medida es otro boicot deliberado al diálogo entre oficialismo y oposición, el asesor de Seguridad John Bolton, la figura estelar de la cumbre en Lima, dijo que las negociaciones «no son serias». Y de manera unilateral e inconsulta, afirmó que «el tiempo del diálogo en Venezuela ha terminado, ahora es el momento para la acción».
El diputado Juan Guaidó, autodesignado presidente interino, aplaudió las sanciones y dijo que demuestran que apoyar al chavismo «acarrea consecuencias». Una postura que choca contra el planteo de Stalin González Montaño, quien representa en Barbados a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que nuclea al antichavismo, y tres días antes reafirmó la necesidad de continuar en la ronda de negociaciones en su cuenta Twitter.
Bolton se juega una partida personal muy fuerte en esta crisis porque convenció a Trump de reconocer al autodesignado Guaidó, y de comenzar una escalada para derrocar a Maduro, que ya lleva ocho meses sin el resultado que pronosticó. El presidente de EEUU ya dio muestras de disgusto porque tanto su aguerrido asesor como Elliot Abrams, lo convencieron de que el cambio de régimen era cuestión de días.
En Lima se juntaron unos 60 países para la llamada «Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela». Rechazaron la invitación Cuba, Rusia, China y Turquía, mientras que hubo un enviado del Papa a nombre del Vaticano, de la Unión Europea y del Banco Interamericano de Desarrollo.
La mayoría de los presentes reconocen a Guaidó, pero también se hicieron presentes representantes de México y Uruguay, que continúan sosteniendo la legalidad de Maduro y tratan, hasta ahora infructuosamente, de que se encuentre una solución civilizada, algo que no está en los planes de Bolton, ni de Abrams, y mucho menos de Trump o el departamento de Estado.
En tal sentido, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), una ONG relacionada con la CIA, señaló en un comunicado que están listos para reconstruir Venezuela «luego de la devastación producida por el gobierno de Nicolás Maduro».
La USAID agregó que Guaidó y el Parlamento «han expresado la necesidad de asistencia internacional humanitaria inmediata» y concluye en un comunicado que » Estados Unidos permanece listo para apoyar a organizaciones humanitarias independientes e imparciales para proveer ayuda en Venezuela, si lo permiten las condiciones».
Nada dice en el texto respectivo sobre que la forma en que impacta en esa devastación el bloqueo y la incautación de bienes e ingresos venezolanos en el exterior. El comunicado de repudio de la cancillería bolivariana denuncia el «robo ilegal de la empresa Citgo y las sedes diplomáticas venezolanas» en EE.UU. y afirma que la Casa Blanca y sus aliados «procuran nuevas oportunidades y recursos para usurpar y saquear aquello que le pertenece a los más de 30 millones de venezolanas y venezolanos».
La Corte Suprema de Justicia colombiana ordenó la captura del congresista Jesús Santrich, exnegociador de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, que debía presentarse el martes para responder a una acusación de narcotráfico desde Estados Unidos, país que reclama su extradición. El máximo tribunal, además, elevó su pedido a Interpol.
Santrich, nombre de guerra de Seuxis Paucias Hernández Solarte, figura con paradero desconocido desde el 30 de junio y en un primer momento se temió por su suerte, porque se fue del esquema de seguridad asignado luego de haber sido liberado de prisión el 30 de mayo tras un pase de comedia entre los poderes judiciales de esa nación.
El 17 de mayo había sido dejado en libertad por un fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el órgano creado por los acuerdos alcanzados en La Habana en 2016 para poner fin a más de 50 años de lucha armada. Estaba detenido desde el 9 de abril del año pasado tras una causa abierta en base a una operación de agentes infiltrados de la DEA que lo señalaban como cabecilla de una banda que envió cocaína a EEUU luego de la firma de los acuerdios.
Los supuestos cómplices de Santrich, Marlon Marín, Fabio Younes y Armando Gómez, también fueron apresados. El único que reconoció haber participado en el presunto envío de drogas fue Marín, quien a los pocos días se convirtió en testigo protegido del gobierno estadounidense.
Ni bien salió de la cárcel de La Picota, y en la puerta, la Fiscalía capturó nuevamente a Santrich, obedeciendo al reclamo de EEUU. Trece días más tarde la CSJ volvió a dejarlo en libertad aduciendo que la fiscalía no tenía jurisdicción y garantizando que Santrich, que es congresista, no sería extraditado.
Hasta que el 29 de junio Santrich abandonó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Tierra Grata, en el municipio de La Paz, donde se encuentran 144 excombatientes, y desde entonces se desconoce su paradero.
La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como se denomina al partido político de las FARC (hasta 2016 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) venía advirtiendo de los asesinatos de líderes guerrilleros que aceptaron sumarse al proceso de paz y en un comunicado de hace unas semanas señaló que desde que se sometieron a los acuerdos de La Habana, y con supervisión de la ONU dejaron las armas, perdieron «la vida de 133 ex guerrilleros, así como de 34 de sus familiares y once más desaparecidos, que se suman a los más de 600 compatriotas asesinados por su papel de liderazgo en sus comunidades, además de las constantes amenazas que circulan en los territorios y el desplazamiento de miles de compatriotas».
Eso generó que ante la falta de noticias sobre Santrich se temiera por su vida, o en segundo lugar, que se entendiera que quería protegerse de un posible atentado contra su vida. Resulta sospechoso que el proceso en EEUU se abriera justo unos días después de que la JEP entrara en vigor.
Desde el triunfo de Iván Duque, hijo político de Álvaro Uribe, en agosto pasado, hubo un viraje muy pronunciado en ese trabajoso proceso alcanzado durante la gestión de Juan Manuel Santos y que daba esperanzas de que el país encontrara la paz y la convivencia civilizada. Ante un escenario de violencia contra militantes y ex guerrilleros, la opción de autoprotegerse estaba en la mesa de todos los analistas.
El día clave era este martes, cuando Santrich estaba citado para comparecer ante la CSJ y hacer su descargo sobre las acusaciones provenientes de EEUU. Su falta despertó la ira de Duque, que hace lo posible por destruir los acuerdos con las FARC y que se fijó como meta la desaparición del JEP, lo único que hasta ahora parece haberse implementado de aquellos documentos firmados con tanta expectativa en la capital cubana.
Pero esta ausencia también preocupa al partido FARC, que parece no dudar ahora de que fue una decisión voluntaria de Santrich. «La no comparecencia de Jesús Santrich en la mañana de hoy, a la citación hecha por la Corte Suprema de Justicia, constituye un hecho muy grave», dice en un comunicado oficial de el martes. «Nuestro partido considera que los Acuerdos de La Habana, además de constituir un hito histórico de singular trascendencia para el futuro del país, son un compromiso sagrado que adquirimos con el Estado, el pueblo colombiano y la comunidad internacional», agrega.
«Con independencia de su inocencia o culpabilidad, que sólo la justicia podrá determinar mediante sentencia ejecutoriada, en el caso de Jesús Santrich no se puede negar que los sucesivos fallos de Corte Constitucional, la Jurisdicción Especial para la Paz y el Consejo de Estado, terminaron por reconocer sus derechos como ciudadano y reincorporado, brindándole todas las garantías para su libertad y defensa. Su no presentación a la diligencia desmiente su propia palabra y defrauda la confianza del país y de nuestro partido», continúa el duro comunicado.
También el senador Iván Cepeda fue lapidario con Santrich. «La inasistencia de Jesús Santrich a la indagatoria programada por la Corte Suprema de Justicia no solo es un grave incumplimiento al Acuerdo de Paz, es también un incumplimiento a los miles de exguerrilleros que sí están comprometidos con la construcción de la paz», tuiteó.
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