por Alberto López Girondo | Ago 19, 2018 | Sin categoría
Son estas horas desesperadas para los golpistas que destituyeron a Dilma Rousseff en 2016 y tratan de enterrar bajo siete lápidas al exmetalúrgico Luiz Inácio da Silva. El gobierno de Michel Temer se apuró a rechazar la orden del Comité de Derechos Humanos de la ONU para que se autorice la candidatura del hombre que lidera todas las encuestas para las elecciones de octubre bajo el argumento de que «es una recomendación no vinculante».
Toda una estantería leguleya indica que se trata de una exigencia a ser acatada ya que el país es miembro pleno de ese organismo y no hacerlo implicaría que Brasil –que tiene el privilegio de abrir la Asamblea General de cada tercer martes de setiembre desde 1946– se convierta en un paria internacional.
El texto emitido el viernes por la ONU exige al Estado brasileño «las medidas necesarias para permitir que el autor (Lula) disfrute y ejerza sus derechos políticos desde la prisión, como candidato en las elecciones presidenciales de 2018, incluyendo el acceso apropiado a la prensa y a los miembros de su partido político, ya que no tiene sentencia firme».
La Cancillería brasileña se quejó de no haber sido informada de la deliberación sobre ese caso, cosa que no es tan así ya que hace tiempo representantes del PT habían adelantado que presentarían ese recurso si se le cerraban las puertas a la postulación.
Ahora la pelota está en manos del Tribunal Superior Electoral y específicamente del relator de su caso ante ese estrado, el juez Luis Roberto Barroso. El miércoles pasado, al PT inscribió la fórmula Lula- Fernando Haddad, y a fin de mes a más tardar el TSE debe aceptar o impugnar al dúo, amparado en la Ley de Ficha Limpia, ya que el exmandatario está preso desde el 7 de abril. Nada indica que Lula sea aceptado.
Este viernes se produjo el segundo debate presidencial en la RedeTV. El canal anunció que todos habían sido convocados, incluso Lula, que no obtuvo el permiso para asistir ni para intervenir desde su celda con una cámara. Una de las presentadoras del evento, la periodista Amanda Klein, informó que habían planeado poner nueve tarimas para los postulantes a la presidencia, pero que salvo Guilherme Boulos, los demás rechazaron que quedara una silla vacía porque se trata de un reo por corrupción al que incluso Jair Bolsonaro, el ultraderechista, tildó de «bandido».
Pero esa ausencia fue de algún modo el eje del debate y lo será en los futuros comicios.
Tiempo Argentino, 19 de Agosto de 2018
por Alberto López Girondo | Jul 8, 2018 | Sin categoría
El descalabro político y judicial en que está sumido Brasil y que se comenzó a hacer más evidente con la destitución de Dilma Rousseff, quedó expuesto como nunca este domingo. El viernes, tres diputados del Partido de los Trabajadores (PT), Wadih Damous, Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, presentaron un pedido de habeas corpus ante el juez Rogerio Favreto, de turno en el Tribunal Federal número 4 (TRF 4).
El magistrado ordenó la inmediata liberación de Lula da Silva al director del la Policía Federal de Curitiba, donde el ex presidente brasileño cumple la prisión a que lo condenó el juez de Paraná, Sergio Moro, por la presunta titularidad de un departamento en Guaruja como pago de una coima de una empresa constructora. Un delito que no solo no quedó debidamente probado -el juez se basó en la «presunción» del fiscal que investigó el hecho, Deltan Dallagnol y el inmueble no está a su nombre- sino que además todavía no tiene sentencia firme de la Corte Suprema.
Para Favreto, la precandidatura a presidente de Lula como representante de un espacio político, cambia el eje de la detención, que data de abril pasado. Y eso ameritaba la inmediata liberación porque estando privado de su libertad no iba a poder cumplir su aspiración de volver al Palacio del Planalto.
Según indican los especialistas en derecho de Brasil, la orden de liberación debe ser cumplida en forma inmediata por la Policía Federal, del mismo modo con que se dispusieron a cumplir con la orden que diera Moro para apresarlo.
Pero Moro, a esta altura un enemigo declarado de Lula envuelto en el ropaje de un enconado perseguidor de la corrupción en su país, envió una orden en contrario a la PF desde Portugal, donde está de viaje-vacaciones.
Cierto es que el alerta al polémico juez de Paraná le llegó de inmediato por la prensa y seguramente por whatsapp de sus allegados, pero también por el pedido de instrucciones del jefe policial, que ya se había manifestado como muy poco amigo del PT en su oportunidad.
La respuesta de Moro causó escozor en los partidarios del ex líder metalúrgico, que se aprestaban a cumplir con el requisito acordado con Favreto de que saliera en forma discreta y sin movilizaciones que garamntizaran el trabajo pacìfico de las autoridades policiales.
Es así que Moro emitió una orden desde su lugar de vacaciones alegando que la orden de Favreto no debería cumplirse porque no tenía competencia para liberarlo. Algo insólito para la justicia brasileña porque Favreto es juez de segunda instancia y Moro de primera.
Por eso Favreto volvió a insistir en otro despacho que la orden debería cumplirse en un plazo perentorio. Sin embargo, el cauce de esta posible liberación encontró en el camino al relator de ese mismo TRF 4, Joao Pedro Gerán Neto, quien revocó la nueva orden de Favreto.
Ante el desbarajuste, la PF, que no tenía ninguna gana de soltar al candidato que lidera todas las encuestas para la elección de octubre, dejó que se rompieran los cuernos en los tribunales y amparados en ese desconcierto, que todo quede como estaba hasta que aclare el temporal.
De allí el nuevo tuit de Gleisi Hoffman, la presidente del PT para manifestarse en las calles de Curitiba en reclamo de la libertad del dos veces presidente de Brasil.
No es la primera vez que Moro reacciona desconociendo medidas del Poder Judicial y ya tuvo varios topetazos con sus superiores. Hace dos meses el Supremo Tribunal Federal (STF) le había sacado parte de la investigación por coimas de Odebrecht alegando que se estaba extendiendo en su jurisdicción que la los presuntos delitos se habían cometido en Brasilia y no en Paraná.
En junio, emitió otro fallo declarando inconstitucional la convocatoria coercitiva de un imputado que está sometido a derecho. Fue la forma en que Moro había llevado por la fuerza a declarar a Lula, un hecho televisado por las cadenas enemigas del PT con particular lujuria, y protestado por los defensores del expresidente señalando que nunca se había negado a acudir a llamado de la justicia.
Esos mismos medios que endulzan los oídos de Moro, son los que ahora deslizan la sospecha de que Favreto actuó como lo hizo porque fue afiliado al PT y cumplió funciones en gobiernos «trabalhistas» de Porto Alegre y con el mismo Lula en su primer mandato, lo que le augura un futuro de rispideces en el Poder Judicial y muchas más en la prensa hegemónica.
Para el gobernador de Maranhao, Flavio Gino, el entredicho judicial muestra un escándalo sin proporciones, al menos en la vida democrática de su país. Gino, que antes de postularse a la gobernación fue juez, a través de un tuit señaló que «en los tiempos en que había alguna consistencia y coherencia en el Derecho practicado en Brasil, solamente un órgano colegiado podía revocar una orden de Habeas Corpus de un desembargador (juez de segunda instancia). Con la ultrapolitización de la justicia, tenemos este vale todo deplorable».
En otras declaraciones puntualiza que «en 28 años de actuación profesional jamás vi una cosa igual (…) ahora vale todo y prevalece la ley del más fuerte, incluso si eso implica la muerte del Derecho. Las consecuencias políticas de este amontonado de casuismos es baja credibilidad en las instituciones, quiebra de la legitimidad del poder del Estado, vaciamiento de las elecciones, empeoramiento de los conflictos sociales. Basta leer las encuestas para constatarlo».
Junto con Gino, 125 juristas señalaron que las trabas interpuestas por Moro y Gerán Neto a la libertad dictaminada por Fevrero implica cometer el delito de prevaricación, previsto en el artículo 319 del Código Penal aplicable en la hipótesis de desobediencia a una orden judicial practicada por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones
Si algo faltaba para agregar a esta columna es que Favreto, picado por la decisión de Gerán Neto, que sigue la línea de Moro, volvió a emitir un fallo en que ordenaba la liberación de Lula a la mediatarde y la detención de Moro y del jefe policial Roverval Drex por desacato.
Horas más tarde, era evidente que todos tiraban la pelota a la tribuna con el objetivo de que pasara el tiempo y finalizara el horario del turno de Favreto, que era a las 11 de la mañana del lunes.
Por las dudas el ministro de Seguridad Pública de Michel Temer, Raul Jungman, dijo que Lula no sería liberado y que el presidente del TRF4, Carlos Eduardo Thompson Flores, estaba enviando una orden en tal sentido al jefe de la Policía Federal.
Como en las viejas novelas de suspenso…continuará.
Tiempo Argentino, 8 de Julio de 2018
por Alberto López Girondo | Jul 1, 2018 | Sin categoría
Celso Amorim es un hombre de Itamaraty, que fue canciller durante todo el gobierno de Lula da Silva (2003-2011), pero ya había ocupado ese cargo en la gestión de Itamar Franco, entre 1993 y 1994, y luego fue embajador de Brasil en la ONU con Fernando Henrique Cardoso. Sin embargo, está identificado como un cuadro político del Partido de los Trabajadores y su nombre suena en todos los escenarios posibles, tanto sea para candidatearse a presidente si Lula es excluido, como para vice si el exobrero metalúrgico finalmente puede presentarse en octubre.
–¿Cuál será el futuro de Lula? ¿Sale libre?, ¿puede ser elegido?
–Tenemos que trabajar con la convicción de que va salir libre. Y que tenga el derecho de ser candidato. Porque es el que el pueblo brasileño desea. ¿Cómo tienen el coraje de hablar de democracia si la esencia de la democracia es la soberanía popular, y la voluntad del pueblo es que Lula esté libre y que sea candidato y que gane la elección? No hay duda de que su detención no es una cuestión técnica que solamente un juez puede analizar. La sentencia del juez (Sergio) Moro ha sido analizada urbi et orbi por especialistas. No conozco un académico que haya defendido la sentencia. Puede ser que haya pero yo no lo conozco. Y la vieron académicos de todo el mundo, incluso de Argentina, de Italia, que son muy críticos de la sentencia que llevó a la prisión a Lula. En la democracia de Grecia había un sistema por el cual los tribunales populares podían revisar lo que decían los tribunales más pequeños, de los arcontes. El gran tribunal popular es el pueblo. Que se deje al pueblo juzgar entonces. Y yo estoy seguro de que el pueblo va a decir que Lula es inocente y que es la mejor persona para ser presidente.
–Usted suele decir que fue un error haber subestimado la reacción de la derecha. ¿Creyeron que la derecha se había hecho democrática?
–Juscelino Kubitschek (1956-1961), que era progresista también, hizo una alianza con un partido laborista (Joao Goulart). El país estaba creciendo y pudo gobernar, pero cuando vino un período de más aprietos económicos, entonces vino la reacción. Ahora en Brasil y en América Latina no fue solamente la derecha local la que se dio cuenta de que estaba perdiendo terreno y maniobró a la clase media. Fueron también intereses internacionales. La gente que forma parte del Estado Profundo en EE UU, que no es (Barack) Obama ni (Donald) Trump, mira la creación de un Consejo de Defensa en Sudamérica, mira la creación de Unasur, un acuerdo que Brasil y Turquía hacen con Irán, los Brics, ¿y no harán nada?
–Una pregunta sobre eso, ¿es cierto que Obama envió una carta en favor de ese acuerdo?
–Obama lo había pedido seis u ocho meses antes, y semanas antes envió una carta reafirmando las mismas condiciones como las que nosotros mantuvimos. Pero había sectores en EE UU, entre ellos Hillary Clinton (entonces secretaria de Estado), que no eran favorables al acuerdo.
–¿Qué explicación dio Obama después de rechazar tan firmemente el acuerdo?
–Los grandes no tienen que dar explicaciones de nada.
–Uno imagina que también hubo enojos cuando Dilma no viajó al encuentro programado para fines de 2013 en Washington.
–Pero esa fue una reacción de dignidad. Dilma había sido espiada, como reveló Edward Snowden, algo que no ha sido jamás negado. Son acciones de independencia que les molestan. Yo trabajé muy bien con algunos diplomáticos norteamericanos, porque teníamos que negociar y hablar. Una vez le dije a uno: «El mejor amigo no es el que está siempre de acuerdo, sino el que comparte valores democráticos similares y puede ver las cosas de otra manera». De un modo un poco cínico y un poco humorístico, me dijo: «Preferimos los que siempre están de acuerdo».
–¿Era de la administración Obama?
–De la administración Clinton, cuando yo era embajador en la ONU.
–Itamaraty siempre fue visto como emblema de un país que quiere ser potencia, pero desde que cayó Dilma es como el furgón de cola de EE UU.
–Itamaraty es un cuerpo profesional muy competente, pero es como un violón (guitarra): si no se lo toca bien, hace todo mal. El hecho es que tiene que haber liderazgo y no hay liderazgo hoy en la política exterior de Brasil, no hay estrategia y, entonces, cosas que tienen que ser instrumento de la diplomacia pasan a ser fines en sí mismos. Los cocteles, las fiestas. Hoy Brasil tiene una política de subordinación estratégica con EE UU. Puede haber desacuerdos como los del acero o de aranceles, pero son desacuerdos menores. Incluso en esos casos las reacciones han sido muy tibias. En relación con la geopolítica en América del Sur, es muy grave que Brasil esté trabajando con EE UU para el aislamiento de Venezuela. No sólo desde el punto de vista ideológico, del pluralismo que debe existir en nuestra región. Lo es desde el punto de vista brasileño como Estado, porque no nos conviene para nada que Venezuela llegue a ser un Vietnam o que haya un golpe militar contra los intereses del pueblo venezolano. Está en nuestra frontera.
–Y en la Amazonia.
–El vicepresidente de EE UU (Mike Pence) estuvo en Brasil y anunció su visita a un campo de refugiados venezolanos en Manaos. ¿Qué tiene que ver él con eso? Ya fue la Cruz Roja Internacional, muy bien, ¿pero por qué el vicepresidente de los EE UU tiene que ir allá? Ese tipo de subordinación mental es lo más grave. La preocupación principal del gobierno es cómo complacer a EE UU.
–Fue muy claro en el proceso de impeachment contra Dilma la cantidad de diputados ultraevangélicos, por así llamarlos.
–El sistema electoral de Brasil es muy perverso, muy inductor de la corrupción. Un diputado, para ser elegido, tiene que ganar a los otros de su partido, que a la vez tiene que ganar la elección en colegios electorales enormes, como el estado de San Pablo. Eso hace a la elección muy cara, gran parte de los casos de corrupción fueron para financiar la campaña. Eso lleva a que sean elegidas personas con fuertes intereses locales. Y hay una clase dominante brasileña que es muy reaccionaria. En el gobierno de Lula tuvimos que convivir con ellos. No ha sido fácil. La gran mayoría de los propietarios agrarios es muy reaccionaria y son los que ahora ayudan a financiar a (Jair) Bolsonaro. Comparten la misma visión, están de acuerdo con él en que si hay un movimiento de campesinos, hay que masacrarlos y quiere armar a la población para reaccionar ante la toma de tierras.
–¿No hubo manera de cambiar el sistema electoral en los años de gobierno del PT?
–Yo creo que en el primer mandato de Lula era imposible porque él llegó con 20% en la Cámara de Diputados. Con aliados de izquierda o centroizquierda llegaba al 30%. Había que tener alianzas con alguna de esas fuerzas. Como el país estaba creciendo mucho por cosas como el commodity boom, eso de alguna disminuyó la agudización de la lucha de clases. Quizás en el segundo mandato se podría haber intentado algo, aunque tampoco había una gran mayoría. Pero hubiera implicado una concentración de esfuerzos que lo habría llevado a dejar de lado otros proyectos, en un país con tantas dificultades, con tantas carencias. Lula hablaba mucho de eso, pero siempre había otra prioridad.
–¿La militancia del PT existe o se dejó de lado?
–Brasil tiene una clase trabajadora mucho más chica en relación con Argentina, y menos organizada. Una gran parte de la población de Brasil vive en condiciones de alienación, en las periferias de las grandes ciudades. Sí sienten que su vida había mejorado, entonces la gran reforma política hoy es elegir a Lula. Y luego sí, tener una nueva constituyente para la reforma política. Pero no podemos salir de la prioridad actual que es luchar por el derecho de Lula a ser elegido porque, pese al sistema político, por la relación directa de Lula con la población, él sería elegido. En el mejor de los casos, el PT no tendrá más que el 20% o el 22%, la izquierda en total, aun con buena voluntad para considerar qué es izquierda, no pasaría del 28%. Pero él supera todo este escenario.
Tiempo Argentino, 1 de Julio de 2018
por Alberto López Girondo | May 26, 2018 | Sin categoría
Brasil quedó paralizado por un lockout de patronales de camioneros y autónomos. Son los mismos grupos que en 2015 bloquearon rutas contra el gobierno de Dilma Rousseff encabezados por un personaje que entonces reclamaba la dimisión de la presidenta constitucional y ahora pedía una intervención militar. El deseo de Ivar Schimdt encontró eco en el Planalto, que emitió una orden para que efectivos de las Fuerzas Armadas liberen los más de 500 cortes de rutas mediante la figura de la Garantía de Ley y Orden (GLO), que en la práctica oficia de estado de sitio. El conflicto no es ajeno al vaciamiento de Petrobras, la petrolera estatal, y la dolarización de los precios de los combustibles, que golpea de lleno en los bolsillos de muchos que celebraron la destitución de Dilma y ahora descubren que ellos no estaban invitados a la fiesta.
Desde el golpe institucional de 2016, Temer fue entregando el manejo de la economía a los sectores más identificados con el neoliberalismo. En Petrobras (en el centro de las críticas por la causa Lava Jato) fue nombrado Pedro Parente, jefe de Gabinete de Fernando Henrique Cardoso entre 1999 y 2003. Parente era CEO de Bunge Brasil, la multinacional exportadora de granos, pero tiene una sociedad, según reveló Jornal do Brasil, con José Berenger, titular de JP Morgan de Brasil.
Hasta no hace tanto, Brasil era neto importador de petróleo, aunque tenía refinadoras como para abastecer el país. En los años de Lula, Petrobras, con tecnología y personal propios, halló uno de los mayores reservorios de crudo del mundo en la plataforma submarina del Presal, lo que cambió radicalmente la ecuación.
A eso apuntaron las multinacionales y según denuncia la Central Única de Trabajadores (CUT), así se explica la entrega de grandes áreas de explotación reservadas por ley de la era Lula; a la petrolera nacional se sumó que lentamente la empresa fue dejando de refinar a toda su capacidad.
Por lo tanto, ahora se exporta petróleo y se importa gas oil y naftas. Y mediante ese artilugio, se justificó la dolarización de las tarifas. Los incrementos se hicieron de acuerdo a la cotización internacional, y en los 17 días previos al estallido de la crisis, sufrió 11 incrementos. El precio en pocos meses se elevó un 50 por ciento.
Los camioneros venían reclamando ponerles techo a los precios y rebajas en los peajes. El gobierno de Temer eligió mirar para el costado y la huelga le estalló en las manos. En cinco días de cortes, las principales ciudades quedaron paralizadas por falta de combustibles y de mercaderías. Sin transporte, sin alimento y sin insumos básicos, millones de brasileños estuvieron bajo asedio.
Hasta que el ministro de Seguridad Institucional, el general Sergio Etchegoyen, propuso despejar los bloqueos con personal de Ejército, Aeronáutica y Marina, y procesar a los responsables de la movida. Etchegoyen es nieto de otro militar que en su momento fue duro opositor de Getulio Vargas.
Pero no hay un líder concreto a quien llevar al cadalso. Los camioneros fueron convocándose mediante mensajes de WhatsApp. Uno de los personajes más visibles es Ivar Schmidt, quien saltó a la fama en 2015, cuando los transportistas pararon contra Dilma. Schmidt, entonces, pidió su renuncia. Los camioneros lograron esa vez una rebaja en los combustibles y una ley que regula condiciones de trabajo para los empleados.
Al frente de un Comando Nacional dos Transportes (CNT), Schimdt dice: «Nuestro movimiento abomina de sindicatos, asociaciones, federaciones y confederaciones. Esos sectores intentaron representarnos en las últimas décadas y nunca resolvieron nuestros problemas». Otras organizaciones inmersas en este conflicto, como la Asociación Brasileña de Camioneros (Abcam) y la Unión Nacional de los Camioneros de Brasil (Unicam), acordaron un impasse, con un congelamiento de tarifas mientras negociaban. El gobierno buscaba reducir algunos impuestos, sobre todo estaduales y municipales, lo que generó la protesta de los mandatarios de esas regiones.
La CUT se mostró solidaria con las demandas, hizo suyos los reclamos y se ofreció a mediar con el gobierno. Algunas imágenes de camioneros quemando banderas de la central sindical en la página de Facebook de la CNT indicaban la poca aceptación del convite.
Tiempo Argentino, 26 de Mayo de 2018
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