por Alberto López Girondo | Dic 22, 2019 | Sin categoría
Si la causa Lava Jato fue el principio del fin del gobierno de Dilma Rousseff y terminó con Lula preso y proscripto, un sistema de lavado de dinero con un local de venta de chocolates puede ser el inicio de la caída de Jair Bolsonaro y su gobierno ultraderechista. Al menos así lo teme el presidente, al que se vio desbocado en un encuentro con periodistas y que podría enfrentar un impeachment por sus muestras de inestabilidad emocional.
Esta semana la fiscalía de Río de Janeiro ordenó allanar 24 inmuebles pertenecientes al hijo mayor del presidente, Flavio Bolsonaro; su exchofer Fabricio Queiroz; la segunda esposa de su padre, Ana Cristina Siqueira; y exasesores del primogénito, que fue diputado estadual y el año pasado resultó el senador elegido con mayor cantidad de votos en la antigua capital del país.
La causa no es nueva, pero el triunfo electoral de Jair Bolsonaro y la designación de Sergio Moro como ministro de Justicia hicieron mucho por atemperar la celeridad de los magistrados.
La investigación se centra en un sistema de desvío de fondos que en Brasil se conoce como «rachadinha», una «contribución» obligatoria de empleados y asesores –reales o ficticios– hacen a un dirigente político. La operación se descubrió cuando el COAF (Consejo de Control de Actividades Financieras) encontró movimientos poco comunes en una cuenta de Queiroz en los años 2016 y 2017.
El hombre había recibido alrededor de dos millones de reales (medio millón de dólares a hoy día) en 483 depósitos provenientes de 13 asesores ligados al Gabinete del diputado Flavio Bolsonaro. Su salario era de menos de 6000 dólares mensuales.
Como parte de la pesquisa, los sabuesos llegaron hasta una chocolatería en un shopping de Barra de Tijuca que explota la franquicia Kopenhagen, una tradicional marca en Brasil. La firma propietaria del local se llama Bolsotini, por las sílabas de Bolsonaro y de su socio, Alexandre Santini, que adquirieron el fondo de comercio en 2014.
Un dato sospechoso fue que en los períodos de mayor venta de chocolates, para las Pascuas, el volumen de ventas crecía menos que los depósitos en las cuentas bancarias de la sociedad. Un esquema típico de lavado de dinero que bien podría haber investigado Moro, «especialista» en la cuestión, de acuerdo a sus antecedentes en el Lava Jato, un sistema similar pero aplicado en una cadena de lavanderías de autos.
La explicación de Flavio –al que irónicamente ahora llaman Willy Wonka– sobre la diferencia fue en un primer momento afirmar que habían tenido un éxito colosal con la venta de un chocolate alusivo al 7 a 1, que fue el resultado del desastroso partido que Brasil perdió con Alemania en el Mundial de ese año.
Para el padre, Flavio es como un Neymar para los negocios. «Lo acusaron de ganar más. Lo que sucede es que quien lleva más clientes allí, gana más dinero. Es lo mismo que Neymar cuando le preguntan ¿por qué estás ganando más que otros jugadores? Porque él es lo más importante. No es comunismo».
Pero a medida que la visibilización del tema avanza en los medios hegemónicos –que tanto hicieron para sacar al PT del poder– Jair se fue poniendo más nervioso. El miércoles tuvo un entrevero a la salida de la residencia de la Alvorada que está llamada a resultar una marca de agua de su pensamiento. Luego de acusar de la arremetida judicial al gobernador de Río, Wilson Witzel, que fue aliado en 2018 y rompió a principios de su gestión, de querer usar el caso porque quiere ser presidente en 2020, Jair Bolsonaro dijo que no todo es lo que parece en la causa contra Flavio. «Tú tienes una cara de homosexual terrible y no por eso te acusan de homosexual», le espetó a un trabajador de prensa.
Con lo cual, si ya tenía en la lista de enemigos al diario Folha de São Paulo, ahora se compró a O Globo y a todo el mainstream, que empieza a batir el parche para analizar si Brasil puede estar tranquilo con un presidente capaz de perder la compostura de esa manera.
Pero las ramificaciones del caso van más allá y Queoroz, que aún no declaró, puede ser la clave para llegar a los asesinos de la concejal Marielle Franco. Sucede que Adriano da Nóbrega, uno de los principales sospechosos del asesinato de la militante social y del conductor del auto en que viajaba, a la salida de una charla en el barrio de Lapa, en marzo de 2018, también recibía dinero de ese fondo proveniente de las «rachadinhas». DanielleMendonça da Costa, exasesora de Flavio, está casada con Da Nóbrega, un excapitán de la Policía Militar sindicato como el líder de una de las milicias más antiguas y violentas de Río de Janeiro, en la favela del Río de las Piedras, conocida como Escritorio del Crimen.
Tiempo Argentino, 22 de Diciembre de 2019
por Alberto López Girondo | Dic 15, 2019 | Sin categoría
Una característica de los Bolsonaro, la familia del presidente de Brasil, es su apego a las armas. Y sobre ese oscuro deseo construyeron una ideología, calcada de la idiosincrasia estadounidense. Es así que ni bien Jair Bolsonaro llegó al gobierno firmó el primero de una serie de decretos para liberalizar el uso de armas. Un sector de la población se sumó ostensiblemente a la propuesta, de tal modo que según datos del Ministerio de Economía, Comercio Exterior y Servicios, la venta de armas importadas aumentó un 1473%. En 2016, cita el informe, se vendieron en ese país 2390 armas importadas. Este año ya se comercializaron 37589, y aún faltan unos días para comenzar 2020.
La fiebre armamentística llegó a tal punto que cuando los Bolsonaro entraron con conflicto con el Partido Social Liberal, la agrupación política que le había permitido al excapitán del Ejército competir por la presidencia, a fines de noviembre decidió armar la Alianza para Brasil.
El acta fundacional de ese nuevo partido dice que tiene como objetivo “el respeto a Dios y a la religión, a la identidad, la memoria y cultura del pueblo, la vida, y la legítima defensa y de la familia”. En esa misma línea, eligió como número electoral el 38, por el calibre del arma de mayor circulación en ese país. Y se conocieron entonces imágenes de “creativos” que habían elaborado una placa identificadora construida con casquillos de ese calibre sobre un marco metálico.
Como cuadra a semejante postura frente a la vida, el ministro de Justicia, el exjuez Sergio Moro –el mismo que manipuló al sistema judicial para procesar y detener a Lula da Silva en la causa Lava Jato, según revelan las filtraciones de The Intercept– envió un proyecto para aumentar las penas a determinados delitos.
En términos generales, se incrementan penas y se establecen modificaciones en el proceso en relación al crimen organizado y el tráfico de drogas. El exmagistrado se quedó con las ganas, en cambio, de imponer un artículo que dejaba sin castigo a los agentes policiales que maten en una situación de «miedo justificado, sorpresa o emoción violenta». Esto es, la doctrina Chocobar a la brasileña no pasó el tamiz del Congreso.
El texto había pasado por la Cámara Baja y luego de la aprobación en el Senado está a la firma de Bolsonaro, quien podría llegar a vetar parcialmente algunos de los capítulos. Se descuenta que no rechazará los aspectos más ásperos de la normativa.
Los cultores de la violencia institucional, sin embargo, no cejan en su empeño y este jueves Moro recibió como regalo una obra del artista plástico Rodrigo Camacho que da que hablar. Se trata de un busto del ministro realizado con casquillos de bala, a la manera del símbolo del partido de Bolsonaro.
Por más que la imagen pública de Moro quedó muy cuestionada luego de que se difundieran conversaciones del equipo de fiscales y el juez en las que quedan al descubierto las maniobras contra Lula, para una gran mayoría de la sociedad el Lava Jato desnudó un sistema irregular de financiación política y de corrupción que irrita a la ciudadanía.
Es así que, más allá de la vinculación dudosa de Lula con este esquema oscuro en el manejo de fondos públicos, para el 81% de los brasileños la investigación debería continuar ya que no llegó a su fin. El estudio fue realizado por la consultora Datafolha, habitualmente reputada de seria, entre los días 5 y 6 de diciembre.El sondeo indica que el 47% de los consultados piensa que a pesar de las condenas por esta causa, la corrupción en Brasil seguirá como si nada, mientras que el 41% cree que disminuirá. Al mismo tiempo, para Datafolha, Moro tiene un 53% de imagen positiva. El sondeo indica que el 47% de los consultados piensa que a pesar de las condenas por esta causa, la corrupción en Brasil seguirá como si nada, mientras que el 41% cree que disminuirá. Al mismo tiempo, para Datafolha, Moro tiene un 53% de imagen positiva.
Tiempo Argentino, 15 de Diciembre de 2019
por Alberto López Girondo | Dic 1, 2019 | Sin categoría
La salida de prisión de Lula da Silva saca a relucir los peores fantasmas de la dictadura brasileña. Y la amenaza del gobierno de Jair Bolsonaro de reimplantar un bando militar de 1968 debería leerse en el contexto de que las políticas neoliberales no son compatibles con la democracia. Así lo entiende el líder del PT y dirigentes de todos los sectores que salieron a cuestionar en fila declaraciones en Washington del ministro de Economía, Paulo Guedes, acerca de que para combatir posibles manifestaciones populares «alguien podría pedir el AI-5», el Acta Institucional que suspendió garantías constitucionales y dio una vuelta de tuerca para la persecución y tortura de opositores al golpe de 1964.
Lula, liberado el 8 de noviembre pasado tras 580 días en una celda en Curitiba, se puso sobre los hombros la lucha contra el modelo que busca implantar el excapitán del Ejército brasileño. Pero paralelamente la región sigue convulsionada por protestas contra la desigualdad en Chile, Colombia y Ecuador, mientras que en Bolivia se consolida un gobierno de facto. La respuesta de Guedes fue a una pregunta sobre si no creía que ese clima levantisco se trasladara a las calles brasileñas.
Desde que asumió, el gobierno de Bolsonaro inició una política de ajustes y privatizaciones al estilo de la Escuela de Chicago, de la que Guedes es discípulo dilecto. El resultado es que la economía no da señales de vida y todo indica que el crecimiento será del 0,9% en 2019. Menos que el de Brasil en los dos años previos pero incluso se trata de un decrecimiento si se tiene en cuenta que el índice de natalidad supera el 1,4% anual.
Bolsonaro ya logró que le aprobaran una reforma laboral y previsional que generaría una reducción presupuestaria («ahorro», lo llaman) de 217.500 millones de dólares al cabo de una década. Aun así, el déficit de este período no bajará del 6,3%. De allí que enviara al Congreso un proyecto de reforma constitucional para descentralizar los recursos federales. El Plan Más Brasil dejaría áreas clave como educación, salud y seguridad en manos de los municipios y los estados.
«En el primer año de gobierno, el pueblo tiene la expectativa de que ocurrirán cosas buenas –dijo Lula en un reportaje al diario español El País– pero ahora se agrava el desempleo, el ingreso disminuye y hay dificultades para comprar alimentos».
El temor al contagio regional ya había sido la excusa de Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del presidente, para lanzar la idea de reflotar el AI-5 el 31 de octubre pasado. «Si la izquierda se radicaliza hasta ese punto, tendremos que dar una respuesta. Esa respuesta puede ser un nuevo AI-5, puede ser una legislación aprobada por plebiscito», dijo esa vez el diputado.
Aquel decreto del 13 de diciembre de 1968 fue considerado un golpe dentro del golpe brasileño. La dictadura había sido implantada el 31 de marzo de 1964 y si bien había limitado derechos ciudadanos, había mantenido algunas prerrogativas constitucionales y como una máscara legalista, el Congreso seguía funcionando.
A cuatro años de la instauración del régimen, los movimientos estudiantiles y sindicales poblaban las calles de reclamos. También crecían organizaciones políticas. Algunas de ellas armadas, que veían a la Revolución Cubana como un ejemplo a seguir. En junio de 1968, artistas e intelectuales organizaron una caminata en Río de Janeiro que concentró a cientos de miles de ciudadanos.
Mediante el AI-5, alrededor de 500 personas perdieron sus derechos políticos, cinco jueces, 95 diputados, cuatro senadores y 66 profesores universitarios fueron expulsados de sus cargos. Dilma Rousseff fue detenida y torturada en 1970 tras ese decreto. Caetano Veloso, entre tantos artistas, se había exiliado en Londres un año antes.
«No sé por qué Bolsonaro tiene miedo al pueblo en la calle», protesta Lula. «La democracia no es un pacto de silencio. Salir a la calle es una demostración de que la sociedad está viva y no va a permitir que desmantele el país», abunda.
A raíz de la amenaza de «golpe dentro del proceso democrático» como podrían definirse a las palabras de Bolsonaro Jr y el titular de Economía, el exdirigente metalúrgico fue muy activo en Twitter. «No sé si Bolsonaro o Guedes van a leer esto, pero quería decir una cosa. Existen dos palabras para tener una economía sólida: credibilidad y previsibilidad. Este gobierno no tiene ninguna de las dos. ¿Qué inversor extranjero va a querer invertir en Brasil de hoy?», escribió.
En esto coincidió con el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, del partido Demócratas, quien criticó ese regreso al pasado. “Son frases que generan inseguridad, retracción en las decisiones de inversión», deslizó desde un atril en un encuentro con empresarios en San Pablo.
«Creo que es deplorable que la gente pueda hablar del AI-5 como si fuera algo trivial. Logramos restaurar la democracia en Brasil y tenemos que luchar por preservarla», se sumó el expresidente Fernando Henrique Cardoso ante la BBC. El presidente de la Corte de Justicia, José Antonio Dias Toffoli, agregó que «el decreto AI-5 es incompatible con la democracia».
Lula en medio de una pugna judicial
Apenas habían pasado 20 días de la liberación de Lula da Silva cuando el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre apuró un proceso en segunda instancia sobre la reforma de una propiedad rural en la localidad paulista de Atibaia que los magistrados insisten en que pertenece al expresidente, aunque nunca pudieron probarlo legalmente en esas instancias.
De tal modo que no sólo consideraron en esta segunda instancia que las obras de refacción en la vivienda realizadas por las constructoras Odebrecht y OAS habían sido un pago por contratos concedidos en Petrobras, sino que incrementaron la sentencia de primera instancia, de 12 años y 11 meses a 17 años y un mes.
Para la fiscalía, es bastante prueba en contra de Lula que aunque los documentos de propiedad están a nombre de otra persona, el exmandatario era el principal usuario y por lo tanto las reformas eran para su beneficio y en pago de servicios irregulares desde la presidencia del país.
El fallo aparece como un desafío del TRF4 al Supremo Tribunal de Justicia y al Supremo Tribunal Federal. Sucede que el STF emitió un dictamen que favoreció la libertad de Lula al reafirmar que un condenado sin sentencia firme –esto es, de la Corte Suprema– puede esperar la resolución definitiva fuera de la cárcel.
Según una columna en el diario Folha de São Paulo –no alineado con el bolsonarismo– la decisión del TRF4 tiene un tinte político no aceptable en ámbitos leguleyos. Y algo de eso hay, ya que todo el proceso del Lava Jato, por el cual Lula pasó 580 días en prisión, quedó al descubierto como una colosal maniobra que permitió el triunfo electoral de Bolsonaro.
Desde las publicaciones del portal The Intercept, se desató una pugna interna en el sistema judicial en torno del actual ministro de Justicia, Sergio Moro, que fue el juez de primera instancia que condenó a Lula.
El tribunal de alzada sobre el fallo inicial de Moro es el TRF4, que con su fallo le mojó la oreja al máximo estrado judicial de ese país. Se especula que el STF podría dar una señal de su disgusto en relación con reclamos de la defensa del líder «trabalhista», mediante algún fallo favorable a Lula da Silva.
Lula en medio de una pugna judicial
Apenas habían pasado 20 días de la liberación de Lula da Silva cuando el Tribunal Regional Federal 4 de Porto Alegre apuró un proceso en segunda instancia sobre la reforma de una propiedad rural en la localidad paulista de Atibaia que los magistrados insisten en que pertenece al expresidente, aunque nunca pudieron probarlo legalmente en esas instancias.
De tal modo que no sólo consideraron en esta segunda instancia que las obras de refacción en la vivienda realizadas por las constructoras Odebrecht y OAS habían sido un pago por contratos concedidos en Petrobras, sino que incrementaron la sentencia de primera instancia, de 12 años y 11 meses a 17 años y un mes.
Para la fiscalía, es bastante prueba en contra de Lula que aunque los documentos de propiedad están a nombre de otra persona, el exmandatario era el principal usuario y por lo tanto las reformas eran para su beneficio y en pago de servicios irregulares desde la presidencia del país.
El fallo aparece como un desafío del TRF4 al Supremo Tribunal de Justicia y al Supremo Tribunal Federal. Sucede que el STF emitió un dictamen que favoreció la libertad de Lula al reafirmar que un condenado sin sentencia firme –esto es, de la Corte Suprema– puede esperar la resolución definitiva fuera de la cárcel.
Según una columna en el diario Folha de São Paulo –no alineado con el bolsonarismo– la decisión del TRF4 tiene un tinte político no aceptable en ámbitos leguleyos. Y algo de eso hay, ya que todo el proceso del Lava Jato, por el cual Lula pasó 580 días en prisión, quedó al descubierto como una colosal maniobra que permitió el triunfo electoral de Bolsonaro.
Desde las publicaciones del portal The Intercept, se desató una pugna interna en el sistema judicial en torno del actual ministro de Justicia, Sergio Moro, que fue el juez de primera instancia que condenó a Lula.
El tribunal de alzada sobre el fallo inicial de Moro es el TRF4, que con su fallo le mojó la oreja al máximo estrado judicial de ese país. Se especula que el STF podría dar una señal de su disgusto en relación con reclamos de la defensa del líder «trabalhista», mediante algún fallo favorable a Lula da Silva.
Tiempo Argentino, 1 de Diciembre de 2019
por Alberto López Girondo | Nov 10, 2019 | Sin categoría
El domingo 8 de julio de 2018, el juez Rogerio Favreto ordenó la liberación de Lula da Silva ante un planteo de la defensa del expresidente, detenido tres meses antes en el edificio de la Policía Federal de Curitiba.
Desde Lisboa, donde hacía turismo, Sergio Moro, juez emblema de la lucha contra la corrupción, llamó al jefe de la PF para avisarle que no lo podía dejar en libertad. Otro juez, Joao Pedro Gerán Neto, ratificó a las apuradas la orden de Moro.
Este jueves, tras más de un año de reclamos y de haber demorado una decisión sobre la inconstitucionalidad de detenciones sin sentencia firme, el Supremo Tribunal Federal, por 6 votos a 5,aceptó el reclamo del ex dirigente metalúrgico. El viernes, el juez Danilo Pereira Júnior impartió la orden de dejarlo libre y la PF cumplió aceleradamente. Sergio Moro, ministro de Justicia, esta vez no pudo hacer nada.
¿Qué viento sopla ahora, contra el pesimismo de muchos que suponíamos que el bolsolarismo conservaba poder de fuego como para impedir la libertad del recluso más incómodo de Brasil?
Entre otras cosas, pasó que el establishment pensó que al sacar a Lula de la presidencial un candidato de derecha del sistema podría resultar electo en octubre pasado. Pero el emergente de esa crisis generada con el impeachment a Dilma fue un extremista como Jair Bolsonaro, peligroso hasta para quienes se beneficiaron de la caída del PT.
No es que esas fuerzas sean democráticas, pero el excapitán del Ejército preocupa incluso a sus pares de esa fuerza, de la que fue expulsado por desobedecer a las jerarquías. No tranquiliza siquiera que su vicepresidente y la mayoría de su Gabinete sea gente de uniforme.
Pasó, también, que el portal The Intercept Brasil reveló comunicaciones entre Moro y el equipo de fiscales donde se comprueba cómo se manipuló la causa para dejar a Lula en prisión y sacarlo de la elección. Y si fue difícil de explicar cómo el juez responsable de esa causa terminó siendo ministro del mandatario que se favoreció con sus fallos, cuánto más irritó a los miembros del poder judicial conocer las maneras oscuras en que se utilizó el sistema jurídico para perseguir a un dirigente político.
Pasó, además, que algunos de los medios que apoyaron a Bolsonaro ahora publican las oscuras relaciones entre la familia presidencial con casos de corrupción y con el asesinato de la concejal Marielle Franco.
Influye, por supuesto, el triunfo de Alberto Fernández y su postura en favor de Lula Libre, lo que ya generó una crisis en el Mercosur. Pero ese bloque regional ya venía golpeado por el plan del gobierno brasileño para liberalizar el comercio exterior común bajando aranceles a niveles mínimos.
Bolsonaro, hoy día, no tiene freno institucional dentro de Brasil. Muchos de los que facilitaron su llegada al Planalto ahora se agarran la cabeza y Lula aparece como el único capaz de marcar la cancha.
Esta semana llega a Buenos Aires una delegación de la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (Fiesp), la cámara empresarial más poderosa de América Latina. Se supone que para tratar de poner paños fríos entre Argentina-Brasil, ya que los canales diplomáticos parecen rotos. ¿O vienen a pedirle que cumpla el mismo papel que Lula a nivel político en Brasil, pero en defensa de las industrias locales?
Tiempo Argentino, 10 de Noviembre de 2019
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