La caída del Silicon Valley Bank amenaza con convertirse en una nueva crisis financiera como la que se desató en 2008 con el derrumbe del Lehman Brothers. Si se tiene en cuenta que gran parte de los clientes atrapados en ese fangal son las mayores empresas tecnológicas del sector en que Estados Unidos todavía puede mirar a los competidores por sobre el hombro, se podrá tener una magnitud del riesgo para todo Occidente cuando su economía apenas está saliendo del cierre por la pandemia.
La otra novedad que preocupa a Washington y a los estrategas de la Casa Blanca es la firma y la activación de un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita bajo los auspicios de China. “La República Islámica de Irán y el Reino de Arabia Saudita han decidido reanudar sus relaciones diplomáticas y reabrir sus embajadas en dos meses”, dice el comunicado dado a conocer este viernes. El acuerdo pone fin a décadas de enfrentamiento entre dos naciones con visiones del islam opuestas. Pero fundamentalmente da cuenta de la influencia china en Medio Oriente, donde ya es un jugador tan determinante como para sentar a la mesa a dos enemigos con poco ímpetu reconciliador hasta ahora. Un pacto de seguridad firmado en 2001, poco antes de los atentados a las torres gemelas, nunca se había puesto en marcha y desde entonces la animosidad fue creciente.
En Beijing, por otro lado, Xi Jinping fue reelegido por unanimidad por tercera vez como presidente de la República Popular China y del Consejo Militar Central, reafirmando un liderazgo político como no se veía en ese país desde Mao Zedong. Esta es otra señal de unidad de cara a la rivalidad con Estados Unidos, que ya ingresó en una etapa de frac o deterioro comercial, que se refleja en una baja en el intercambio entre ambos países de más del 17% anualizado en los primeros dos meses de 2023. En este bloque se deben incorporar las sanciones contra empresas occidentales que pretendan vender productos considerados esenciales para el desarrollo tecnológico, como chips, replicado con la venta por ahora a cuenta gotas pero con tendencia al alza de acciones del tesoro estadounidense en manos del gobierno chino.
Foto: Zurab Tsertsvadze / AFP
¿Revolución de colores?
Si bien en el último informe de la Corporación Rand se recomendaba al gobierno de Joe Biden ir desescalando su intervención en Ucrania para no afectar más los intereses estadounidenses a largo plazo, todavía sigue vigente el documento de 2018 que especificaba los pasos a seguir para “sobreextender y desequilibrar a Rusia”. Algo de esta estrategia se percibe en los últimos acontecimientos en Georgia, otra exrepública soviética y a la sazón la patria chica de Stalin.
El concreto, un proyecto de ley del partido oficialista Sueño Georgiano estipulaba la creación de un registro para todas aquellas personas e instituciones que reciben financiamiento del exterior. Según el gobierno, la iniciativa estaba basada en una ley de EE UU del año 1938 sobre agentes extranjeros: según la oposición, era copia de una del gobierno de Vladimir Putin de 2012 y tenía el propósito de alejar al país de Europa.
La presidenta Salomé Zurabishvili se comprometió a vetarla ante las primeras manifestaciones masivas en contra y luego el partido SG dijo que la retiraría del Parlamento como prenda de unidad. Pero las protestas no cesaron e hicieron recordar las de 2014 en Plaza Maidan contra el gobierno de Viktor Yanukovich, que devino en su destitución y el inicio de la guerra civil en Ucrania. Rusia no puede darse el lujo de tener otro conflicto en sus fronteras hasta resolver el tema Ucrania.
En el frente ucraniano, en tanto, las tropas rusas parecen estar tomando definitivamente el control del estratégico punto de Bajmut, con lo que se le despejaría el camino a consolidar su dominio sobre el Donbass. El presidente Volovimir Zelenski ordenó a sus efectivos no abandonar la ciudad, pero al mismo tempo reclama desesperadamente a la Otán y EE UU el envío de más armamento para sostener ese bastión, que ahora reconoce como clave.
Foto: Nournews Agency / AFP
Dudas de la Casa Blanca
En Washington a veces da la impresión de que reina el desconcierto en ambos partidos políticos. Este miércoles la Cámara de Representantes rechazó por 321 votos contra 103 una propuesta del congresista republicano Matt Gaetz para retirar las últimas 900 tropas estadounidenses de Siria en un plazo de seis meses. «Hemos manchado los desiertos de Oriente Próximo con suficiente sangre estadounidense, es hora de traer a nuestros miembros del servicio a casa», dijo Gaetz en su exposición, pero su correligionario Joe Wilson argumentó: «no queremos repetir el 11-S. La paz se mantiene mejor a través de la fuerza».
La Casa Blanca, a su vez, tuvo que recular ante el Pentágono después de haber intentado una maniobra de márketing buscando evidencia de crímenes de guerra cometidos por los rusos en Ucrania para presentar ante la Corte Penal Internacional de La Haya. El pequeño detalle es que ni Estados Unidos ni Rusia ni China (y tampoco Israel) ratificaron el Tratado de Roma que dio origen al CPI y al que se habían opuesto desde el vamos.
Pero además, y a esto apunta el rechazo de los militares estadounidenses, esta presentación podría sentar un precedente que permita investigaciones futuras sobre crímenes cometidos por tropas de EE UU en el resto del mundo. El último incidente en tal sentido fue en 2017 cuando un fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación de la Oficina del Fiscal, Phakiso Mochochoko, se propusiereon investigar atrocidades cometidas en Afganistán durante la gestión de George W. Bush.
El entonces presidente Donald Trump sancionó al personal judicial y su secretario de Estado, Mike Pompeo, los denunció como corruptos. Es bueno recordar que el australiano Julian Assange está privado de su libertad en el Reino Unido y es reclamado desde EE UU donde enfrenta cargos por 175 años de prisión por revelar pruebas de esos crímenes cometidos en Irak y Afganistán.
Noticias de Nord Stream
Cuando pasaron más de cinco del sabotaje de los gasoductos rusos Nord Stream en el mar Báltico, y uno de la investigación del periodista Symour Hersh acusando a los servicios de inteligencia de EE UU y Dinamarca, medios occidentales se hicieron eco de un artículo del New York Times que atribuye el atentado a un grupo proucraniano.
La fiscalía general de Alemania anunció que investiga un barco donde se sospecha que transportaron los explosivos. La información del NYT tiene como fuente a los mismos servicios estadounidenses que aparecen implicados, según el prestigioso periodista de 85 años que en los 60 ganó un Pulizter por haber revelado los pormenores de la matanza en la aldea vietnamita de My lai cometida por soldados de EE UU.
Gary Lineker fue un extraordinario goleador inglés y es (¿era?) un incisivo comentarista en la BBC, el sistema público de comunicaciones británico. Admirador del fútbol argentino y con un muy buen manejo del idioma castellano tras su paso por el Barcelona, al finalizar el mundial de 1986, donde se coronó goleador. Todo un caballero, declaró que si no hubiese vestido la camiseta inglesa, habría aplaudido con todas las ganas el segundo gol de Maradona en México, donde luego hizo el tanto de descuento contra Argentina.
En su cuenta de Twitter, Lineker se presenta como alguien que “alguna vez pateó una pelota y ahora habla de patear una pelota”. Como muestra de su respeto por el juego limpio, nunca fue expulsado en su carrera y ni siquiera recibió una tarjeta amarilla…hasta ahora.
Esta semana salió al cruce de un proyecto conservador que limita el ingreso de inmigrantes ilegales a través del Canal de la Mancha y prohíbe que puedan acogerse a un asilo, establecerse en el Reino Unido y solicitar la nacionalidad británica.
«Dios mío, esto es más que horrible. No hay una afluencia masiva (de inmigrantes), es sólo una política inconmensurablemente cruel dirigida contra las personas más vulnerables en un lenguaje no muy diferente al utilizado por Alemania en la década de 1930», tuiteó.
La andanada en su contra fue impresionante y diputados conservadores pidieron que lo expulsaran de la BBC. «No es racista decir que tenemos demasiados inmigrantes ilegales que abusan de nuestro sistema de asilo», se defendió la ministra del Interior, la ultraconservadora Suella Braverman, en el Daily Mail.
Este viernes, la BBC informó mediante un comunicado que “ha decidido que dejará de presentar (su programa sabatino) ‘El partido del día‘ hasta que tengamos una posición clara y acordada sobre su uso de las redes sociales». Un vocero citado por AFP agregó que “su reciente actividad en las redes sociales es una violación de nuestras pautas de imparcialidad”. Alex Scott, Alan Shearer, Ian Wright y Micah Richards, co-conductores del programa, anunciaron que no se presentarán en solidaridad.
Los datos sobre la violencia narco en Rosario son escalofriantes y una muestra de lo que viene sucediendo hace ya bastante es que desde septiembre de 2020 funcionan tres fiscalías dedicadas exclusivamente al fenómeno de las balaceras, una palabra que hasta no hace tanto se escuchaba solo en series y películas dobladas en México. La jefa de esa sección es Valeria Haurigot, quien se hizo conocida en los medios nacionales luego de que el local del suegro de Lionel Messi fuera baleado, a las pocas horas de que el presidente Alberto Fernández pronunciara en el Congreso de la Nación el discurso inaugural de sesiones del año 2023 y en el que, en el marco de sus críticas a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura, atribuyera a ese poder del Estado la demora en designar jueces federales en la provincia de Santa Fe que servirían para combatir el crimen organizado. Haurigot indicó en alguna de sus intervenciones que en lo que va del año se ha registrado un homicidio por día en enfrentamientos entre bandas. El más espeluznante, el de un niño, Máximo Jerez, de 11 años, que quedó en medio de una balacera. El ataque al supermercado de los Rocuzzo levantó sospechas de todo tipo porque tuvo todas las características de una maniobra destinada a generar efectos mediáticos inmediatos, como efectivamente ocurrió, no solo en el país sino en todo el mundo, y nombraba al intendente local, Pablo Javkin. También despertó, en un año electoral, reacciones en diversos sectores de la dirigencia política que pronto acudieron a emitir mensajes de campaña en torno a las más disímiles salidas para una situación que no nació durante esta gestión a nivel provincial o nacional sino que se arrastra desde hace más de dos décadas y cruza todas las gestiones. Es así que se vieron escenas que se viralizaron en memes de burla, como la recorrida de un conductor televisivo junto a la diputada provincial Amalia Granata por el barrio del establecimiento baleado donde alguno de los vecinos le recordó que nunca había estado en esa zona desde la última elección y que, además, vive en Buenos Aires. Luego se supo que el chaleco que lucía la legisladora no era equipamiento de seguridad antibalas sino para el juego de Paintball. Tuvo que salir a explicar que había sido un «modo simbólico» de mostrar el grado de violencia que se vive en esa ciudad. Otra situación fue la del diputado bonaerense Diego Santilli, que «casualmente» pasaba por el lugar con los auriculares del canal ya puestos. Desde el oficialismo, la crisis rosarina llevó al ministro de Seguridad Aníbal Fernández a cometer algunos traspiés, como cuando dijo que «los narcos ganaron». O el propio presidente Fernández cuando desde Salta indicó que «algo hay que hacer» por los rosarinos. En ese sentido, la oposición también encontró canales de expresión para las distintas posiciones que atraviesan a Juntos por el Cambio en esos temas. Así, mientras la exministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich (2015-2019) proponía sacar a las Fuerzas Armadas para combatir al narcotráfico, el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se desligaba –en el contexto de su interna por la precandidatura presidencial– declarando que «el Ejército no está preparado para combatir a los narcos, tenés que tener gente entrenada para eso. La Gendarmería está mucho más cerca en el entrenamiento». La propuesta de Bullrich encontró eco en los sectores de la sociedad más cercanos a la ultraderecha y críticas desde quienes recuerdan que, por ley, las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en cuestiones de seguridad interior. Pero además, los datos de la participación de militares resultan dramáticos en casos similares en México y Colombia, donde quedó un tendal de víctimas sin haber solucionado el problema de fondo e incluso agravándolo. Desde los propios uniformados hubo críticas que no llegaron a trascender –por razones obvias– contra los dichos de Bullrich, alertando contra intentos de «manchar al Ejército» en delitos de los que luego los civiles encontrarán la manera de no hacerse cargo. El martes 7 de marzo el primer mandatario anunció el envío de 300 efectivos de Gendarmería Nacional y 100 de la Policía Federal. Lo más destacado fue, sin embargo, la orden de despliegue de tropas del cuerpo de Ingenieros del Ejército para realizar tareas de urbanización en los barrios marginales de Rosario. Patricia Bullrich encontró otro hueco para la crítica: «No es prioridad construir casas, sino evitar que sigan masacrando a los rosarinos». El miércoles, desde Rosario, Aníbal Fernández dijo que «es imperioso llegar hasta el hueso». Organismos de derechos humanos, en tanto, cuestionaron la convocatoria. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) consideró que esa iniciativa es un hecho grave y «muestra el fracaso político para resolver con seriedad la violencia urbana y la limitación a un abordaje punitivista del problema». No se ignora que el narcotráfico arrastró a varias cúpulas de la policía provincial, que hay implicados miembros del servicio de Justicia de todos los niveles, pero además, que el resultado de esos delitos es una fortuna que luego es ingresada al circuito legal mediante esquemas de lavado de dinero.
Abogada y magíster en Criminología, Claudia Cesaroni es autora de varios libros sobre la temática. Es docente y trabajó en la Procuración Penitenciaria y en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Este verano fue, como se dice, «furor en las redes» por sus posturas contra la corriente punitivista en los juicios que más impactaron en los medios: contra los jóvenes que mataron a Fernando Báez Sosa y las autoras del el crimen del niño Lucio Dupuy. «Me cuesta mucho no decir cosas, no intervenir en la discusión pública con temas que a mí me interesan y donde me parece que tengo una mirada que no es la más habitual –asegura–. En el caso de los chicos llamados “rugbiers” –yo no los llamó así porque ni siquiera todos son rugbiers– se construyó una especie de estereotipo clasista un poco traído de los pelos. Las cosas que dije este verano las empecé a decir hace tres años, cuando sucedió el hecho. Lo que empecé a decir fue “ojo, porque se está hablando de un homicidio con alevosía y eso quiere decir prisión perpetua, y eso hoy es una pena de por vida”. Eso produjo también muchos insultos, pero en ese momento la exposición del caso era mucho mayor y, por ende, cualquier posición que no fuera exactamente lo que todo el mundo decía». –¿Por qué tanta mediatización? –No soy experta en medios, pero recuerdo que otro verano fue el caso Lola Chomnalez, y también 24 x 24. Otro fue Nisman, mucho antes Monzón, Olmedo. Hay que llenar el verano con algo que sea atractivo. También en este caso incidió el rol de (Fernando) Burlando, porque la querella le dio una entidad para el mal, a mi manera de ver las cosas, que probablemente otros juicios no tienen. Todos los días él era como una estrella, el juicio empezaba más tarde porque él tenía que hacer declaraciones a la prensa. Luego está la característica de los victimarios y de la víctima.
«Las propuestas de reforma no las escribió Blumberg sino su asesor jurídico, Roberto Durrieu, quien fue subsecretario de Justicia de Videla.»
–Los victimarios son de clase media. –Sí, pero en términos de, comillas, «atractivo para el morbo», son ocho pibes contra otro pibe. El otro caso, más horrendo si cabe, también de morbo: una mamá lesbiana con su compañera, con todo el discurso de odio y el aprovechamiento para construir mensajes odiantes. –¿Este tipo de condenas es fruto de las reformas de Blumberg-Petri? –Todo empieza en algún sentido con estas reformas manoduristas brutales con otro caso que tuvo mucho impacto, como fue el asesinato de Axel Blumberg, en marzo de 2004. Todas las propuestas que hizo el padre fueron aprobadas. Yo siempre cuento que las propuestas de reforma no las escribió Juan Carlos Blumberg sino su asesor jurídico, que ya falleció, Roberto Durrieu, quien fue subsecretario de Justicia de Videla y uno de los arquitectos jurídicos del Terrorismo de Estado. Ese señor escribió el petitorio que Blumberg presentó en la marcha del 1° de abril de 2004. Y nuestro Parlamento votó esas reformas escritas por un funcionario de la dictadura. Los legisladores que se atrevían a rechazar algo, sin embargo, decían: «Esto no sirve, lo sabemos, pero la demanda de la sociedad…». Algo que me parece muy grave es el discurso de que «con el dolor de las víctimas no se puede discutir». Y ahora me decían lo mismo, cómo iba a discutir la perpetua. Con eso de que con el dolor no se discute se hacen cosas que producen más dolor. La última reforma es de 2017, a propuesta del diputado Luis Petri (del PRO), también tras un hecho que provocó mucha conmoción pública que fue el femicidio de Mica García, una militante del Movimiento Evita, hermosa, luminosa, solidaria. La brillante solución fue quitarles prácticamente la libertad condicional a todos los presos que cometan delitos desde 2017.
–¿Delitos penales? –Sí, pero no solo delitos de sangre. Hay una larga lista que incluye la tenencia de estupefacientes para la comercialización. Una persona podía tener cuatro años y seis meses, y ahora la tiene que cumplir de punta a punta. Se ha terminado en la práctica con lo que teníamos y tienen los países que miramos como modelo, el «régimen de progresividad de la pena». Significa que a medida que la persona presa cumple ciertos requisitos de comportamiento tenía acceso a salidas transitorias hasta los dos tercios de la condena y luego libertad condicional. Si es prisión perpetua, antes de Blumberg los tenía a los 20 años, hasta 2017 a los 35 años, y ahora nunca. Ahora a estos pibes, a Nahir Galarza, a la mamá de Lucio y todas las perpetuas que están poniendo –porque hay como un festival de perpetuas– se les está diciendo: «Vos no vas a volver a salir a la calle hasta dentro de 50 años». Eso no ha evitado que se repitan crímenes. El femicidio se incorporó al Código Penal con prisión perpetua. ¿Hay menos femicidios ahora? Por eso decimos que es pura venganza. Como en nuestro país no hay pena de muerte, lo más parecido a la pena de muerte es la muerte en vida.
Foto: Juan Quiles/3Estudio
–Otro caso fue el de Maribel Salazar, la mujer policía asesinada en la estación Retiro del subte. –Ahí también dije algo y se desencadenó un trolaje: que a esa mujer le sacaron un arma demasiado fácilmente. Eso no significa culpabilizarla a ella. En todo caso significa denunciar la mala capacitación, que estaba sola… –En las películas los policías siempre van en pareja. –Es una cosa básica, ese nivel de mala formación pone en riesgo a los propios policías y a terceros, porque esa persona podía haber matado a cualquiera que pasara por ahí. Otra situación es cuando policías persiguen a 100 km/h en patrulleros en medio de la ciudad. Denunciar eso significa denunciar formas de violencia estatal. La violencia estatal también se expresa cuando pone en riesgo a la propia fuerza, o que el policía no sepa cumplir con su tarea sin ponerse en riesgo a sí mismo o a la persona que cometió un delito, porque a ella también se le debe preservar la vida. En 1999 (Carlos) Ruckauf ganó la gobernación (de la provincia de Buenos Aires) diciendo «hay que meter bala a los delincuentes». En ese contexto sucedió la masacre de Ramallo en el Banco Nación. Después se lloran esas situaciones. Yo comparaba la respuesta punitiva que hubo en el caso de Fernando Báez Sosa, a mi juicio absolutamente exagerada, y el caso de David Moreira, un chico también de 18 años que en 2014 intentó robar una cartera en un barrio de Rosario, salió corriendo y vecinos organizados en una autodefensa barrial le pegaron, no un minuto como a Fernando, sino 15 minutos sin parar. Solo hubo una condena por ese caso, de tres años, a uno de los reconocidos en el video. Allí las marchas eran «por la libertad de nuestros vecinos». La mamá de David nunca logró ni la millonésima parte de empatía, amor, cercanía, que recibe la mamá de Fernando, porque era la mamá de un delincuente. Se tuvo que ir a vivir a Uruguay.
«Se ha terminado en la práctica con lo que teníamos y tienen los países que miramos como modelo, el “régimen de progresividad de la pena”.»
–El carnicero de Zárate, Daniel Oyarzún, fue absuelto en un juicio por jurados. –Ese es otro caso de lo que se llama «justicia por mano propia», que en realidad es venganza. ¿Qué justicia es esa? tenés un negocio, entran a robar, te sacan 5.000 pesos, no te lastiman, no te hacen nada, te subís al auto y los aplastás contra una columna, sos un héroe y además te premian con un cargo público. Pero insisto, hay muy pocos que se plantan frente a esto. Yo creo que hay que atreverse a dar una discusión no solo de la efectividad de este tipo de medidas, que no la tienen. Todo esto está enmarcado en una derechización de nuestra sociedad y de nuestra comunidad política, que no solo sucede en Argentina, y lo que más me preocupa y trato de alertar es que ocurre en gobiernos populares de América Latina. Se vio en el Brasil de Lula y de Dilma con la «pacificación de las favelas».
«Lo que se llama “justicia por mano propia”, que en realidad es venganza, ¿qué justicia es esa? Hay muy pocos que se plantan frente a esto.»
–¿Cómo maneja esta exposición en las redes? –La gente que me quiere me reta. Me tomé vacaciones por unos días. Me afecta cuando el nivel llega a «ojalá no le pase nada a tu hijo». Eso me afecta en términos de pensar en las personas que más amo en el mundo. Yo explico cosas en las redes no para esa gente, sino porque me ha pasado de alguien que me dice «no estoy totalmente de acuerdo, pero no se me había ocurrido pensar las cosas así». Trato de tener una cosa pedagógica y además eso genera que me llamen de los medios y eso me abre espacios para plantear algunos temas en debate.
–En algún programa de radio dijiste que tu posición sobre la perpetua se hacía extensivo a los militares presos por delitos de lesa humanidad. –Yo persigo penalmente en un caso que a casi nadie le importa porque las víctimas eran presos comunes, que es la Masacre del Pabellón Séptimo. Yo soy la abogada de esa causa contra penitenciarios y por supuesto quiero que lleguemos a juicio y les impongan una pena. No voy a poder pedir, y no la pediría, prisión perpetua como está vigente ahora porque no se puede aplicar retroactivamente. A ellos les va a corresponder la prisión perpetua de cuando fue el hecho, marzo de 1978. Es una pena mucho más benigna la que estaba vigente en plena dictadura. Es un tema paradojal. Uno de los imputados tiene 80 años; otro, 70. No es lo mismo que una perpetua a un pibe de 20 o 30 años en términos del impacto sobre la vida. Dicho todo esto, tampoco me parece que cambie en algo el reclamo de justicia que una persona tenga que morirse en la cárcel. –Muchos tomaron el hecho de que Videla haya muerto en prisión como una satisfacción. –Yo no lo discuto, para mí que haya muerto ahí o en su casa acompañado por su mujer, abrazado por su familia, es igual. Pero no por buena o por poner la otra mejilla. Es porque creo que la mejor respuesta a hechos de ese tenor de brutalidad y aberración es que haya un juicio y que las víctimas sean reparadas. Nuestro país ha establecido reparaciones económicas, que está muy bien para quienes están de acuerdo en recibirlas, pero también hay reparaciones simbólicas: cada pañuelo que tenemos dibujado en una plaza, cada baldosa que tenemos puesta, cada lugar con el nombre de un compañero desaparecido, señalizaciones. En el caso del que hablábamos, la mejor reparación es que deje de llamarse «Motín de los colchones» y se llame Masacre, que todo el mundo escuche la canción del «Indio» Solari y sepa que se está hablando de una masacre carcelaria, que el Estado repare económicamente a las víctimas, que todavía están peleando porque no los reconocen como víctimas, que haya juicio y que una sentencia judicial diga «esto fue un delito de lesa humanidad». Esa es una batalla que todavía estamos dando. Y, por supuesto, que estas personas reciban una condena. Si alguno está con cáncer, o se hace pis encima, o está medio demente y eso se puede demostrar con los controles médicos, la verdad, que se vaya a su casa. Lo otro me parece una aflicción agregada que no repara ningún daño. Porque ¿qué es más grave, tener un Código Penal intervenido por un subsecretario de Videla o que Videla haya muerto en la cárcel o en otro lado, o aplicar medidas económicas de la dictadura? A veces hay una especie de trampa en todo esto. Foto: Juan Quiles/3Estudio
VOCESLa canción del Indio Solari1 de marzo de 2023–En algún programa de radio dijiste que tu posición sobre la perpetua se hacía extensivo a los militares presos por delitos de lesa humanidad. –Yo persigo penalmente en un caso que a casi nadie le importa porque las víctimas eran presos comunes, que es la Masacre del Pabellón Séptimo. Yo soy la abogada de esa causa contra penitenciarios y por supuesto quiero que lleguemos a juicio y les impongan una pena. No voy a poder pedir, y no la pediría, prisión perpetua como está vigente ahora porque no se puede aplicar retroactivamente. A ellos les va a corresponder la prisión perpetua de cuando fue el hecho, marzo de 1978. Es una pena mucho más benigna la que estaba vigente en plena dictadura. Es un tema paradojal. Uno de los imputados tiene 80 años; otro, 70. No es lo mismo que una perpetua a un pibe de 20 o 30 años en términos del impacto sobre la vida. Dicho todo esto, tampoco me parece que cambie en algo el reclamo de justicia que una persona tenga que morirse en la cárcel. –Muchos tomaron el hecho de que Videla haya muerto en prisión como una satisfacción. –Yo no lo discuto, para mí que haya muerto ahí o en su casa acompañado por su mujer, abrazado por su familia, es igual. Pero no por buena o por poner la otra mejilla. Es porque creo que la mejor respuesta a hechos de ese tenor de brutalidad y aberración es que haya un juicio y que las víctimas sean reparadas. Nuestro país ha establecido reparaciones económicas, que está muy bien para quienes están de acuerdo en recibirlas, pero también hay reparaciones simbólicas: cada pañuelo que tenemos dibujado en una plaza, cada baldosa que tenemos puesta, cada lugar con el nombre de un compañero desaparecido, señalizaciones. En el caso del que hablábamos, la mejor reparación es que deje de llamarse «Motín de los colchones» y se llame Masacre, que todo el mundo escuche la canción del «Indio» Solari y sepa que se está hablando de una masacre carcelaria, que el Estado repare económicamente a las víctimas, que todavía están peleando porque no los reconocen como víctimas, que haya juicio y que una sentencia judicial diga «esto fue un delito de lesa humanidad». Esa es una batalla que todavía estamos dando. Y, por supuesto, que estas personas reciban una condena. Si alguno está con cáncer, o se hace pis encima, o está medio demente y eso se puede demostrar con los controles médicos, la verdad, que se vaya a su casa. Lo otro me parece una aflicción agregada que no repara ningún daño. Porque ¿qué es más grave, tener un Código Penal intervenido por un subsecretario de Videla o que Videla haya muerto en la cárcel o en otro lado, o aplicar medidas económicas de la dictadura? A veces hay una especie de trampa en todo esto. Foto: Juan Quiles/3Estudio
Trabajadores de los principales medios gráficos de España realizaron manifestaciones frente a cada una de las redacciones en reclamo de un aumento salarial para compensar la alta inflación que se registra en el país, lo que socavó brutalmente los ingresos ya bastante mermados al cabo de diez años sin ningún tipo de incremento. Las movilizaciones se realizaron este 1 de marzo en las sedes de Prisa (El País), Unidad Editorial (El Mundo) Vocento (ABC) y Promecal (con medios en Castilla, León, Navarra y La Rioja). Se trata de los grupos que concentran en conjunto centenares de diarios nacionales y locales, periódicos digitales y radios en todo el país.
Según denuncian los representantes gremiales, entre la precarización del trabajo de prensa y hasta en algunos casos rebajas en el marco de situaciones críticas de las empresas, hay periodistas que perciben ingresos por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La realidad en los periódicos locales es aún peor y desde el 2008, señalan, han perdido hasta un 25% del poder adquisitivo.
Las movilizaciones contaron con el apoyo de las centrales Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) y la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP). De la movida, inédita en cerca de dos décadas, participan fundamentalmente los comités de trabajadores (comisiones internas) de las principales empresas.
El reclamo se centra en la negativa de la Asociación de Medios de Información (AMI) a negociar un nuevo Convenio Estatal de Prensa Diario superior al 1% de aumento y sin carácter retroactivo ofrecido por la patronal, considerado como “ridículo y ofensivo”,
“Las empresas están bloqueando la mejora laboral del teletrabajo, práctica que permite conciliar la vida laboral y privada de las personas trabajadoras sin bajar la productividad, como ya se demostró durante la pandemia por Covid-19”, dice un comunicado de CCOO, UGT y FeSP.
El reclamo se hizo extensivo también contra la creciente precarización del trabajo de prensa. Así lo indicó el titular de la FeSP, Francesc Ràfols, quien destacó que ”la situación de los freelance en Europa es muy precaria, y en el Estado español, insostenible. Es un sector completamente desregulado, y no pedimos nada que otros colectivos no tengan”.
El comité del diario El País, quizás el más conocido en el exterior y el más influyente de España, publicó en su cuenta de Twitter que “esta plantilla demostró que está unida y dispuesta a reclamar la actualización salarial que merece desde hace años y la negociación del #teletrabajo a la que la empresa se comprometió”. La del diario El Mundo, en tanto, anotó que “salimos todos a la calle para exigir la actualización de nuestros salarios después de 10 AÑOS congelados”.
Las manifestaciones se repitieron en todos los medios. «Promecal nos quiere arruinar», gritaban trabajadores de La Tribuna de Toledo en un video que difundieron en las redes. «La dirección de Vocento se reparte nuestro aumento», replicaban desde una punta de Madrid. “Todas las plantillas de Unidad Editorial han salido a la calle a pedir una subida salarial necesaria y justa. No se puede hacer periodismo de calidad sin profesionales con condiciones laborales dignas”, señalaban desde otro costado.
Este fin de semana se desarrollan en Beijing dos plenarios donde se debatirán las políticas públicas para el año 2023 en el marco de la más alta exposición de China como potencia desde la creación de la República Popular, en 1949. Es así que mientras más de 3000 representantes de todas las regiones de este extenso y superpoblado país analizan medidas en cuestiones económicas, militares y estratégicas, desde Estados Unidos intensifican las acciones para colocar al gigante asiático cada vez más cerca de tener que subirse definitivamente al ring.
La semana pasada, en el aniversario de la guerra en Ucrania, el gobierno chino presentó un plan de paz de 12 puntos que fue prontamente rechazado por la Casa Blanca y la Otan. Aceptado con reservas por Moscú, el plan abrió las puertas a una invitación del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para que su par Xi Jinping visite Kiev y escuche sus demandas. Con esa propuesta, China avisa que está lista para estar en la gran mesa donde sin dudas se deberá discutir el diseño del mundo, en el que pugna para que ya no sea unipolar, por cierto.
Desde el otro rincón, el embajador estadounidense en China, Nicholas Burns se trenzó en un encuentro virtual con su colega ante el gobierno de Israel, Tom Nides, y la belicosa subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, invitados por la Cámara de Comercio de EE UU, donde charlaron sobre el estado del mundo. «Desde mi perspectiva, sentado aquí en China mirando hacia el Indo-Pacífico, nuestra posición estadounidense es más fuerte que hace cinco o diez años”, dijo Burns, “y creo que los chinos ahora entienden que Estados Unidos se queda en esta región; somos el líder en esta región de muchas maneras”, agregó, desafiante.
Algo más al sur, en Nueva Delhi, el jefe de la diplomacia de EE UU, Antony Blinken, tuvo un áspero cruce con su par ruso, Sergei Lavrov, en el que afirma haberle exigido el retiro de las tropas de Ucrania, con resultado obviamente adverso. Esa cumbre mostró como están las cosas a nivel internacional, según la mirada del alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrel. “El G20 tiene un rol específico que jugar, pero ya no es un foro económico, se ha convertido en un foro geopolítico”, admitió.
La ofensiva de la Casa Blanca contra China se extiende no solo al gobierno propiamente dicho sino a terceros países que tienen relaciones comerciales y políticas con el gigante asiático. Así, la congresista cubano-estadounidense María Elvira Salazar, experiodista y conductora televisiva republicana elegida por el 27º Distrito de Florida, se permitió amenazar a la República Argentina por la iniciativa de fabricar aviones militares JF-17 en nuestro país. Para que la provocación sonara más fuerte, repitió sus palabras en el Congreso en castellano: “Su presidenta (en realidad la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner) y su presidente están haciendo un pacto con el diablo que puede tener consecuencias de proporciones bíblicas. Estados Unidos no se va a quedar con los brazos cruzados, porque no se puede tener un aliado que fabrique y exporte aviones militares chinos y que los venda a los vecinos”. (https://twitter.com/i/status/1630996619389796365)
La calificación de Washington en su controversia con China -que según reconoció la agencia Bloomberg “está mostrando señales de un rebote más fuerte de lo esperado tras dejar atrás las restricciones por el Covid”- es que su pelea es contra el Partido Comunista. Así comenzó a mencionarlo Donald Trump y así se encolumnan los representantes de ambos partidos, que en esto no hay grieta que valga.
En Beijing, este sábado y el domingo se desarrollan las dos sesiones más importantes del sistema político, la de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPC) y de la Asamblea Nacional Popular (ANP).
Una primera señal de lo que resultará aprobado por la ANP podría ser el anuncio de que Beijing pondrá toda la carne en el asador para avanzar en la industria de semiconductores, un eslabón aun débil de su industria electrónica, que depende de chips elaborados en Taiwán, como casi todo el mundo. Y ahí está el otro punto neurálgico del choque por el territorio insular que acelera la administración de Joe Biden.
En ese sentido, el viceprimer ministro Liu He dijo este jueves ante empresarios de la industria electrónica que China debe mantener un enfoque de «nación completa”. Esto es, de lograr la independencia tecnológica en ese sector clave del desarrollo. Estados Unidos está articulando una alianza Chip4 junto con Japón, Corea del Sur y Taiwán para bloquear la venta de productos a países “enemigos”, entre los cuales también está Rusia y cualquier otro que intente cruzar el cerco.
En octubre pasado, Washington había restringido la autorización a “personas estadounidenses” para trabajar en instalaciones ubicadas en el país asiático. Como contrapartida, indica un artículo del South China Morning Post, las autoridades locales de distritos como Suzhou y Shanghai ofrecen ingentes incentivos para desarrollar semiconductores con el objetivo de incrementar la producción al menos un 20% este año. Además, ofrecerán “trato nacional igualitario” para los que quieran emigrar a pesar de las restricciones estadounidenses.
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