por Alberto López Girondo | Jul 4, 2018 | Sin categoría
Toda una señal de las nuevas eras: Wikipedia, la megaenciclopedia virtual, inició una huelga de 36 horas para protestar contra un proyecto de la Unión Europea que pretende regular los derechos de autor en la web.
De esa medida se enteraron los usuarios más inquietos, cuando intentaron buscar algún término o una referencia de los miles de millones que se guardan en ese sitio donde el patrimonio cultural de la humanidad está a disposición de cualquier ciudadano del mundo desde enero de 2001.
La portada de la enciclopedia aparecía con una faja negra sobre la que dice Defendamos una Red abierta. Y señala que este jueves el Europarlamento votará la iniciativa que, afirma, «en lugar de actualizar las leyes de derechos de autor en Europa y promover la participación de toda la ciudadanía en la sociedad de la información, (…) amenazaría la libertad en línea e impondría nuevos filtros, barreras y restricciones para acceder a la Web».
A continuación detalla que si la propuesta se aprobara tal como figura en la propuesta actual, «acciones como el compartir una noticia en las redes sociales o el acceder a ella a través de un motor de búsqueda se harían más complicadas en Internet; la misma Wikipedia estaría en riesgo»
Lo que pide esa verdadera suma del conocimiento humano actual, es que se eliminen los artículos 11 y 13 del proyecto. En el primer caso, de aprobarse la normativa, cuando se quiera vincular o referenciar el artículo de prensa como fuente de un apartado en Wikipedia, la plataforma debería pedir permiso a cada uno de los editores, lo que terminaría por dificultar o impedir su publicación. El artículo 13, en tanto, obliga a instalar herramientas de filtrado automático para detectar violaciones al derecho de autor.
Para Ana Bizberge, Magíster en Industrias Culturales por la UNQ, Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UBA y especialista en política de medios y convergencia tecnológica, el proyecto en danza en Estrasburgo, la sede del Parlamento Europeo, forma parte de la estrategia del Mercado Único Digital.
Se trata de una propuesta impulsada por el titular de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker que busca establecer para el mundo digital que replique la libre circulación de bienes y servicios en el mundo físico de la UE.
El plan, que se comenzó a poner en marcha en 2015, apunta a liberalizar la circulación de datos en cada estado y al mismo tiempo unificar el pago de impuestos regionales. En simples palabras, que así como un ciudadano de la Unión puede viajar sin mostrar pasaporte entre los países miembro, al llegar a su destino también pueda ver su serie favorita en las plataformas web sin tener que estar asociado a otro proveedor. O que un ciudadano de una nación pueda acceder a contenido que por ahora es exclusivo de otro territorio dentro de la misma comunidad.
“El Mercado Común Digital es una reforma gigantesca que afecta desde la telecomunicaciones al comercio por internet, ya que implica políticas tributarias por las ventas realizadas a través de la web”, sostiene Bizberge. Los primeros en quejarse fueron los proveedores locales, que armaron su esquema de negocios en función de limitar contenidos para cada distrito.
Entre las cuestiones que regulará la norma estará también el delicado tema de los derechos de autor. En tal sentido es que los dos artículos cuestionados por Wikipedia también de alguna manera se relacionan con todas las plataformas digitales, como Google, Facebook, Twitter y Yahoo. ¿De qué modo?
El antes mencionado artículo 11, aclara Bizberge, implica establecer un pago por el uso de información producida por algún medio de comunicación, por ejemplo. Es así que “se lo conoce como el impuesto al link”, dice la también docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
Es un punto que obviamente defienden los productores de contenidos, como los grandes medios internacionales, que sienten que hacen el gasto de producción pero no reciben los beneficios que se llevan las plataformas solo por poner la información en esas inmensas vidrieras. El punto es que el eventual pago no iría a los bolsillos de los periodistas que “pusieron los pies en el barro” sino para las empresas que le dieron el espacio o los tienen de empleados.
El artículo 13, en cambio, “deposita la responsabilidad de policía sobre lo que circula en las plataformas, ya que exige herramientas de filtrado de datos para detectar posibles infracciones a las leyes de copyright”.
Los primeros rechazos a la propuesta que trata el Parlamento europeo se hicieron sentir desde el creador de la World Wide Web (www), Tim Berners-Lee y uno de los precursores de Internet, Vinton Cerf.Alegan que con esta regulación se atenta contra la libertad de expresión y circulación de la información.
Y que avanza hacia una sociedad en la que se ejerza algún tipo de censura, ya sea económica o política.
Tiempo Argentino, 4 de Julio de 2018
por Alberto López Girondo | Jul 3, 2018 | Sin categoría
El gobierno Donald Trump intensifica la guerra comercial con China y recomendó impedir el desembarco en ese mercado de la mayor proveedora del mundo de telefonía celular bajo el argumento de que puede atentar contra la seguridad nacional. No se sabe aún cuál será la respuesta de las autoridades asiáticas, que ante las primeras amenazas de imponer aranceles a los productos chinos respondieron con una proporción similar de impuesto a los importados de Estados Unidos. Pero de palabra alertaron sobre lo que consideran «un retorno a los argumentos de la Guerra Fría».
China Mobile tiene nada menos que 900 millones de usuarios, en su mayoría dentro del territorio chino, pero cuenta con filiales en Pakistán y Myanmar. Es un desprendimiento de China Telecom, que era la telefónica más grande de ese país. Fue en los años 90, en plena explosión tecnológica, que el gobierno decidió subirse el tren y abrió el juego para tres compañías que encabezarían el despegue chino en el área de comunicaciones: la celular sería China Mobile, la satelital China Satcom. La telefonía fija sigue como China Telecom.
El 70 % del mercado chino está en manos de CMCC (China Mobile Communiations Corporation), donde tiene casi medio millón de empleados y un valor bursátil que supera los 230 mil millones de dólares.
El crecimiento de CMCC fue vertiginoso desde que comenzó a rodar, en 1999, en gran medida porque apostó a cubrir el área rural, que no contaba con otros servicios telefónicos y no tardó casi nada en incorporarse a la comunicación como un emblema de progreso. Lo mismo ocurrió en el resto del planeta, pero China tiene 1300 millones de habitantes, algo más de la mitad de ellos viviendo en el campo.
El lanzamiento de la empresa le dio cauce para aprovechar ese nicho como no lo pudo hacer ninguna otra compañía. Por otro lado, recién en 2005 hubo una apertura a proveedoras de otros países, aunque siempre con la condición que estipula la ley de inversiones extranjeras de esa nación, de que deban asociarse con firmar locales.
El paquete accionario de CMCC pertenece mayoritariamente al gobierno chino aunque un porcentaje cercano al 20% está en manos de accionistas particulares. El gigante de las comunicaciones cotiza en la bolsa de Hong Kong y el pedido de autorización para ingresar al mercado estadounidense fue presentado en 2011. Desde entonces estuvo a la espera de una resolución.
Con la llegada de Trump al gobierno, fue creciendo el enfrentamiento comercial con China. Y al anuncio de aranceles a productos elaborados en el gigante asiático -con el argumento de equilibrar la balanza comercial- se sumó la denegación de permisos vender insumos esenciales a empresas ubicadas del otro lado del Pacífico por razones políticas.
Hace un mes, Washington multó a ZTE, otro enorme conglomerado industrial chino, por haber dado falsas declaraciones para ocultar ventas ilegales a Irán y Corea del Norte. El castigo consistió en una fuerte multa de 1200 millones de dólares y la prohibición de que empresas estadounidenses puedan vender piezas claves y componentes de software por 7 años. ZTE reconoció su falta y aceptó pagar la multa, pero todavía su caso está en estudio.
La última batalla de esta confrontación, que a decir verdad había dado comienzo en la era Barack Obama al demorar el permiso, es este bloqueo que con mucho gusto presidencial se acaba de dar a conocer.
David Redl, titular de Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA) de la Secretaría de Comercio de EEUU, dice que hubo reuniones con directivos de CMCC para tratar de “las preocupaciones sobre riesgos mayores a los intereses del orden público y de seguridad nacional de Estados Unidos”, que no se pudieron resolver.
El paso posterior de Redl fue recomendar que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), dominada por los republicanos, deniegue la solicitud para ofrecer sus servicios en Estados Unidos.
Según la NTIA, el rechazo se basa en un profundo análisis de las actividades comerciales de la operadora telefónica y «en gran parte en el historial de actividades de inteligencia y espionaje económico de China contra Estados Unidos, así como el tamaño y los recursos técnicos y financieros de China Mobile».
El dato llamativo es que luego de siete años de estudio, llegan a la conclusión de que la empresa está «sujeta a explotación, influencia y control por el Gobierno chino», algo que podrían haber averiguado en la presentación de la firma a las bolsas. En todo caso, ese descubrimiento sirve para hablar de los»riesgos sustanciales e inaceptables a la seguridad nacional y al imperio de la ley en el ámbito actual».
Ahora resta esperar la respuesta de la FCC.
Tiempo Argentino, 3 de Julio de 2018
por Alberto López Girondo | Jul 1, 2018 | Sin categoría
El fin del primer semestre del año mostró las secuelas del torbellino en que se sumió el país tras las corridas cambiarias de abril y mayo: un paro contundente, el tercero en la era Macri, los chisporroteos por el tratamiento de la ley de despenalización del aborto en el Senado y el rechazo generalizado al acuerdo con el FMI. Es así que uno de los nuevos integrantes del Gabinete salió a sincerar lo que al inicio de la gestión Cambiemos sirvió de slogan para atenuar el efecto nocivo de los primeros ajustes: ya no se habla de esperar al segundo semestre para disfrutar de «los brotes verdes». Como esbozó Dante Sica, el flamante titular de la cartera de Producción, todo irá peor hasta que en el cuarto trimestre haya un punto de inflexión y comience a percibirse una recuperación.
La huelga general del 25 de junio no fue una decisión espontánea del triunvirato que comanda la CGT, sino una imposición de las bases sindicales, sobre todo de las del interior del país, donde la crisis económica se hace sentir con mayor rigor. Y fue evidente que los más activos no forman parte de esa mesa directiva, como el camionero Hugo Moyano, el bancario Sergio Palazzo y los líderes de las dos CTA, Hugo Yasky y Pablo Micheli. La izquierda, por su parte, mantuvo su propuesta de ir al paro con movilización, con lo que fueron los únicos que en algunos distritos poblaban las calles, vacías por el cese de actividades. Además, se sumaron pymes y pequeños comercios, agobiados por la baja actividad y la suba de las tarifas, con un «persianazo».
Fue el paro general más fuerte contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri, que a medida que viene avanzando en su gestión, acumula más razones para el rechazo de las capas sociales más bajas, tanto sea asalariados como subocupados y desocupados. Fue también el que desnudó la carencia de respuestas a la protesta social. Uno de los funcionarios que quedó mal parado fue Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda y Finanzas y negociador con el FMI. Apelando a la tradicional estrategia de todos los gobiernos ante un paro, el funcionario computó en un tuit que ese día, por la huelga, el país había perdido casi 29.000 millones de pesos y agregó que «la única manera de sacar adelante nuestro país es trabajando». El triunviro Juan Carlos Schmid, de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte y hombre cercano a Moyano y a la Iglesia, respondió de inmediato: «En el último mes se han perdido 11.000 millones de dólares sin ningún paro general en la República Argentina, ¿de quién es la responsabilidad de eso?». En tanto, la filósofa y ex legisladora porteña, Diana Maffía, fue más ácida en la misma red social: «¿Vos decís @NicoDujovne que trabajemos duro hasta que ustedes confíen tanto, pero tanto, que traigan su plata del exterior y la inviertan en algo productivo en el país cuya economía dirigís?».
En una constante del actual oficialismo, los funcionarios que están al frente de las principales oficinas del Poder Ejecutivo recomiendan acciones que ellos mismos no pueden mostrar como ejemplo. La devaluación del peso perjudica a millones de argentinos, pero los funcionarios –entre los cuales se destaca el nuevo titular del Banco Central, Luis Caputo, o familiares del presidente Macri– ganan millones con cada suba del dólar porque tienen su dinero en el exterior y en moneda fuerte. El máximo exponente de esta ambigüedad, por ponerle un calificativo piadoso, es el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien había dicho en un programa radial que no repatriaba su fortuna porque no había confianza en el país.
Con todo, el gobierno ratifica cotidianamente el modelo económico, siempre asegurando que mantiene las puertas abiertas para el diálogo. En el caso del paro, es cierto que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, no tiene problemas en juntarse con dirigentes cegetistas, pero de ahí a modificar el rumbo hay un trecho que nunca se cubrió hasta ahora y nadie cree que vaya a cambiar en el futuro.
Sobre tablas
El mayoritario rechazo al acuerdo con el FMI, reflejado tanto en la masiva manifestación del pasado 25 de mayo como en diversas encuestas de opinión, no pudo reflejarse en el Congreso Nacional. Allí el gobierno se anotó un triunfo al evitar una sesión donde los diputados del Frente para la Victoria y la izquierda intentaban forzar el debate sobre el stand by del Fondo. La maniobra fue sencilla: los legisladores de la diáspora peronista no kirchnerista no dieron quórum, con lo cual dejaron las manos libres al gobierno y le evitaron el costo político de tener que defender un plan antipopular. El mismo costo que tuvo que asumir con el veto a la ley que disponía una reducción a los aumentos de las tarifas de los servicios públicos.
El Senado es también la caja de resonancia del proyecto de despenalización del aborto. Allí, el envío a debate en cuatro comisiones que decidió la vicepresidenta Gabriela Michetti generó una disputa interna en Cambiemos y la airada protesta de los que impulsan la normativa, que la consideraron una chicana para demorar la aprobación, que cuenta con el apoyo del FPV y del senador peronista Miguel Ángel Pichetto.
También en el Senado se acerca un debate que se las trae. El de la aprobación del pliego de Luis Caputo como presidente del Banco Central. Los antecedentes del hombre que para el jefe de Gabinete, Marcos Peña, «es una persona que tuvo mucho más para perder que ganar por meterse en la función pública», no lo harían candidato en ningún país del mundo para manejar un área tan sensible para la economía de cualquier nación, como lo es la administración de la moneda. El nuevo presidente del Banco Central será el encargado de disponer de las remesas que el FMI aprobó enviar –el mismo día en que se recordaba la muerte de Manuel Belgrano– ad referéndum de que se cumplan con las metas acordadas con su antecesor, Federico Sturzenegger.
Revista Acción, primera quincena de Julio de 2018
por Alberto López Girondo | Jul 1, 2018 | Sin categoría
Celso Amorim es un hombre de Itamaraty, que fue canciller durante todo el gobierno de Lula da Silva (2003-2011), pero ya había ocupado ese cargo en la gestión de Itamar Franco, entre 1993 y 1994, y luego fue embajador de Brasil en la ONU con Fernando Henrique Cardoso. Sin embargo, está identificado como un cuadro político del Partido de los Trabajadores y su nombre suena en todos los escenarios posibles, tanto sea para candidatearse a presidente si Lula es excluido, como para vice si el exobrero metalúrgico finalmente puede presentarse en octubre.
–¿Cuál será el futuro de Lula? ¿Sale libre?, ¿puede ser elegido?
–Tenemos que trabajar con la convicción de que va salir libre. Y que tenga el derecho de ser candidato. Porque es el que el pueblo brasileño desea. ¿Cómo tienen el coraje de hablar de democracia si la esencia de la democracia es la soberanía popular, y la voluntad del pueblo es que Lula esté libre y que sea candidato y que gane la elección? No hay duda de que su detención no es una cuestión técnica que solamente un juez puede analizar. La sentencia del juez (Sergio) Moro ha sido analizada urbi et orbi por especialistas. No conozco un académico que haya defendido la sentencia. Puede ser que haya pero yo no lo conozco. Y la vieron académicos de todo el mundo, incluso de Argentina, de Italia, que son muy críticos de la sentencia que llevó a la prisión a Lula. En la democracia de Grecia había un sistema por el cual los tribunales populares podían revisar lo que decían los tribunales más pequeños, de los arcontes. El gran tribunal popular es el pueblo. Que se deje al pueblo juzgar entonces. Y yo estoy seguro de que el pueblo va a decir que Lula es inocente y que es la mejor persona para ser presidente.
–Usted suele decir que fue un error haber subestimado la reacción de la derecha. ¿Creyeron que la derecha se había hecho democrática?
–Juscelino Kubitschek (1956-1961), que era progresista también, hizo una alianza con un partido laborista (Joao Goulart). El país estaba creciendo y pudo gobernar, pero cuando vino un período de más aprietos económicos, entonces vino la reacción. Ahora en Brasil y en América Latina no fue solamente la derecha local la que se dio cuenta de que estaba perdiendo terreno y maniobró a la clase media. Fueron también intereses internacionales. La gente que forma parte del Estado Profundo en EE UU, que no es (Barack) Obama ni (Donald) Trump, mira la creación de un Consejo de Defensa en Sudamérica, mira la creación de Unasur, un acuerdo que Brasil y Turquía hacen con Irán, los Brics, ¿y no harán nada?
–Una pregunta sobre eso, ¿es cierto que Obama envió una carta en favor de ese acuerdo?
–Obama lo había pedido seis u ocho meses antes, y semanas antes envió una carta reafirmando las mismas condiciones como las que nosotros mantuvimos. Pero había sectores en EE UU, entre ellos Hillary Clinton (entonces secretaria de Estado), que no eran favorables al acuerdo.
–¿Qué explicación dio Obama después de rechazar tan firmemente el acuerdo?
–Los grandes no tienen que dar explicaciones de nada.
–Uno imagina que también hubo enojos cuando Dilma no viajó al encuentro programado para fines de 2013 en Washington.
–Pero esa fue una reacción de dignidad. Dilma había sido espiada, como reveló Edward Snowden, algo que no ha sido jamás negado. Son acciones de independencia que les molestan. Yo trabajé muy bien con algunos diplomáticos norteamericanos, porque teníamos que negociar y hablar. Una vez le dije a uno: «El mejor amigo no es el que está siempre de acuerdo, sino el que comparte valores democráticos similares y puede ver las cosas de otra manera». De un modo un poco cínico y un poco humorístico, me dijo: «Preferimos los que siempre están de acuerdo».
–¿Era de la administración Obama?
–De la administración Clinton, cuando yo era embajador en la ONU.
–Itamaraty siempre fue visto como emblema de un país que quiere ser potencia, pero desde que cayó Dilma es como el furgón de cola de EE UU.
–Itamaraty es un cuerpo profesional muy competente, pero es como un violón (guitarra): si no se lo toca bien, hace todo mal. El hecho es que tiene que haber liderazgo y no hay liderazgo hoy en la política exterior de Brasil, no hay estrategia y, entonces, cosas que tienen que ser instrumento de la diplomacia pasan a ser fines en sí mismos. Los cocteles, las fiestas. Hoy Brasil tiene una política de subordinación estratégica con EE UU. Puede haber desacuerdos como los del acero o de aranceles, pero son desacuerdos menores. Incluso en esos casos las reacciones han sido muy tibias. En relación con la geopolítica en América del Sur, es muy grave que Brasil esté trabajando con EE UU para el aislamiento de Venezuela. No sólo desde el punto de vista ideológico, del pluralismo que debe existir en nuestra región. Lo es desde el punto de vista brasileño como Estado, porque no nos conviene para nada que Venezuela llegue a ser un Vietnam o que haya un golpe militar contra los intereses del pueblo venezolano. Está en nuestra frontera.
–Y en la Amazonia.
–El vicepresidente de EE UU (Mike Pence) estuvo en Brasil y anunció su visita a un campo de refugiados venezolanos en Manaos. ¿Qué tiene que ver él con eso? Ya fue la Cruz Roja Internacional, muy bien, ¿pero por qué el vicepresidente de los EE UU tiene que ir allá? Ese tipo de subordinación mental es lo más grave. La preocupación principal del gobierno es cómo complacer a EE UU.
–Fue muy claro en el proceso de impeachment contra Dilma la cantidad de diputados ultraevangélicos, por así llamarlos.
–El sistema electoral de Brasil es muy perverso, muy inductor de la corrupción. Un diputado, para ser elegido, tiene que ganar a los otros de su partido, que a la vez tiene que ganar la elección en colegios electorales enormes, como el estado de San Pablo. Eso hace a la elección muy cara, gran parte de los casos de corrupción fueron para financiar la campaña. Eso lleva a que sean elegidas personas con fuertes intereses locales. Y hay una clase dominante brasileña que es muy reaccionaria. En el gobierno de Lula tuvimos que convivir con ellos. No ha sido fácil. La gran mayoría de los propietarios agrarios es muy reaccionaria y son los que ahora ayudan a financiar a (Jair) Bolsonaro. Comparten la misma visión, están de acuerdo con él en que si hay un movimiento de campesinos, hay que masacrarlos y quiere armar a la población para reaccionar ante la toma de tierras.
–¿No hubo manera de cambiar el sistema electoral en los años de gobierno del PT?
–Yo creo que en el primer mandato de Lula era imposible porque él llegó con 20% en la Cámara de Diputados. Con aliados de izquierda o centroizquierda llegaba al 30%. Había que tener alianzas con alguna de esas fuerzas. Como el país estaba creciendo mucho por cosas como el commodity boom, eso de alguna disminuyó la agudización de la lucha de clases. Quizás en el segundo mandato se podría haber intentado algo, aunque tampoco había una gran mayoría. Pero hubiera implicado una concentración de esfuerzos que lo habría llevado a dejar de lado otros proyectos, en un país con tantas dificultades, con tantas carencias. Lula hablaba mucho de eso, pero siempre había otra prioridad.
–¿La militancia del PT existe o se dejó de lado?
–Brasil tiene una clase trabajadora mucho más chica en relación con Argentina, y menos organizada. Una gran parte de la población de Brasil vive en condiciones de alienación, en las periferias de las grandes ciudades. Sí sienten que su vida había mejorado, entonces la gran reforma política hoy es elegir a Lula. Y luego sí, tener una nueva constituyente para la reforma política. Pero no podemos salir de la prioridad actual que es luchar por el derecho de Lula a ser elegido porque, pese al sistema político, por la relación directa de Lula con la población, él sería elegido. En el mejor de los casos, el PT no tendrá más que el 20% o el 22%, la izquierda en total, aun con buena voluntad para considerar qué es izquierda, no pasaría del 28%. Pero él supera todo este escenario.
Tiempo Argentino, 1 de Julio de 2018
por Alberto López Girondo | Jun 28, 2018 | Sin categoría
La renuncia del juez supremo Anthony Kennedy a partir del 31 de julio desató una feroz campaña en Estados Unidos para torcer el rumbo de lo que parece inevitable, y es que a Donald Trump le llovió del cielo la ocasión de formatear la Suprema Corte hacia la derecha extrema, poniendo en riesgo incluso la despenalización del aborto y el matrimonio igualitario.
No es que Kennedy sea precisamente un progresista, más bien es considerado un conservador moderado que llegó a ese estrado de la mano de Ronald Reagan en 1988, pero acompañó iniciativas como esas que ahora corren peligro, según se apuraron a denunciar entre otros la senadora demócrata Elisabeth Warren. La mujer era la candidata in péctore de Barack Obama para un cargo en la corte en 2016 cuando murió Antonin Scalia, aunque luego el mandatario envió el pliego de Merrick Garland.
El dato que irrita a los demócratas es que esa vez los republicanos bloquearon la designación de Garland argumentando que era un año electoral. Ahora el retiro de Kennedy -que tiene 81 años y dice que quiere pasar más tiempo con su familia- también se produce en un año de elecciones, aunque de medio término. No creen que Trump vaya a devolver la gentileza.
Ni bien se supo que Kennedy se acogerá a la jubilación, la dirigencia de ambos partidos comenzó a diseñar estrategias para elegir candidato. Entre los demócratas, uno de los primeros en alzar la voz fue el ex presidente Joe Biden, quien consideró que «muchos de nuestros derechos, libertades y libertades fundamentales, y el estado de derecho, están en riesgo» y exigió un candidato de consenso.
Warren, demócrata por Massachusetts, indicó que “la gene de todo el país está preocupada y tiene razón en preocuparse”. Desde un tuit mostró un video donde advierte que “el derecho de las mujeres a tomar decisiones sobre su propio cuerpo está en riesgo” y agregó que también están en riesgo la igualdad de derechos y el matrimonio igualitario. Por otro lado, la lideresa del ala izquierda de los demócratas entiende que incluso el medio ambiente puede verse afectado si Trump logra imponer un juez negacionista del cambio climático.
En apoyo de Warren, quien suena para postularse a las presidenciales del 2020, la senadora por Nueva York KirstenGillibrandpiensa que el retiro de Kennedy llevó a una situación en que «las vidas de las mujeres están en riesgo». Y se preguntó si, en caso de que Trump se salga con la suya, “vamos a arrestar mujeres por tomar decisiones sobre sus cuerpos».
Pero los republicanos están firmes para que el cargo se renueve antes del otoño boreal, y saben que tienen cartas ganadoras. Controlan 51 bancas en el Senado contra 49 de los demócratas y además aprobaron una modificación en las reglas de la Cámara que permite un voto de mayoría simple para las confirmaciones de propuestas presidenciales.
El de Kennedy fue un voto clave para mantener la vigencia del llamado caso Roe vs Wade, de 1973, que por un fallo de 7 a 2 despenalizó el aborto inducido. Se trata de un proceso que llegó a la Corte de entonces y que involucró a Norma McCorvey, identificada legalmente como Jane Roe, contra Henry Wade, que era fiscal de distrito de Dallas, Texas. La mujer declaró que estaba embarazada producto de una violación. Finalmente, el tribunal falló que la ley que castiga al aborto viola el derecho constitucional a la privacidad que contempla la 14ª enmienda constitucional. A raíz de este dictamen debieron ser modificadas leyes federales y estatales.
Kennedy fue el voto que se necesitaba para evitar repetidos intentos por tirar por tierra con el caso Roe-Wade. También lo fue en 2015 para que se aprobara el matrimonio igualitario. Justo es decirlo, también su voto favorable permitió un fallo del martes que impide a los sindicatos estatales cobrar un canon a los trabajadores estatales no afiliados por el gasto que insume la tarea de negociar salarios y condiciones de trabajo con los representantes estatales. Fue su último regalo al presidente Trump.
El riesgo de que el aborto vuelva a ser castigado no se basa en una actitud paranoica de las legisladoras y los grupos en defensa de los derechos civiles que se les sumaron en las últimas horas. En realidad, según señala Dylan Matthews en el portal www.vox.com basado en un estudio del Instituto Guttmacher, en 29 de los 50 estados la tendencia es regresar a la prohibición y cualquier señal favorable desde la corte dispararía iniciativas parlamentarias o simplemente ejecutivas. Es que todavía persisten las prohibiciones o hay leyes que expresan la intención de restringir ese derecho.De allí que la estrategia de los grupos prohibicionistas, ligados a las iglesias cristianas (evangélicas o católicas), no vaya a una confrontación directa sino que se plantea avanzar con leyes locales que se saben que tras previsibles planteos de inconstitucionalidad, en algún momento terminen en l Corte Suprema que de un plumazo podría borrar esa conquista. Si es que el sucesor de Kennedy, como se temen, saldrá de las mismas huestes que Neil M. Gorsuch, el ultramontano que en 2017 tomó el puesto vacante de Scalia. De allí que la estrategia de los grupos prohibicionistas, ligados a las iglesias cristianas (evangélicas o católicas), no vaya a una confrontación directa sino que se plantea avanzar con leyes locales que se saben que tras previsibles planteos de inconstitucionalidad, en algún momento terminen en l Corte Suprema que de un plumazo podría borrar esa conquista. Si es que el sucesor de Kennedy, como se temen, saldrá de las mismas huestes que Neil M. Gorsuch, el ultramontano que en 2017 tomó el puesto vacante de Scalia.
Tiempo Argentino, 28 de Junio de 2018
por Alberto López Girondo | Jun 27, 2018 | Sin categoría
La Corte Suprema de Estados Unidos, con mayoría conservadora, le dio otro gusto a Donald Trump al emitir un fallo en que considera que los aportes gremiales obligatorios son inconstitucionales. Si bien el caso afecta directamente a los colectivos de empleados públicos, la decisión implica jurisprudencia hacia el resto de las organizaciones gremiales. El caso en realidad falla sobre el derecho de los sindicatos a cobrar una cuota a los afiliados cuando se realiza una negociación salarial.
Trump celebró la medida porque, chicaneó desde un tuit, la decisión del tribunal es «a favor de los trabajadores no sindicalizados que ahora, por ejemplo, pueden apoyar a un candidato de su elección sin que los que controlan el gremio decidan por ellos», lo que para el presidente, es una «¡Gran pérdida para la caja de los Demócratas!». Sin embargo, los más directos perjudicados son los sindicatos, que de golpe pierden, según un estudio independiente publicado por la cadena NBC News, 726.000 miembros aportantes.
Así lo indicó Randy Clover en declaraciones a The New York Times en que puntualiza que la intención de los demandantes es «destruir a los sindicatos y la protección que brindan a sus miembros». Lo destacable de Clover es que no se trata de un dirigente demócrata, sino de un líder republicano que votó a Doland Trump en la última elección.
El fallo obedece a reclamos de grupos libertarios de los que se hizo eco el gobernador de Illinois, el republicano Bruce Rauner en su propio estado. El mandatario no fue aceptado en la demanda, pero sí un trabajador público, Mark Janus, que dijo que el requisito de pagar las cuotas era violatorio de su libertad de asociación.
Los representantes sindicales, por su parte, alegan que mantener la estructura de los gremios y hacerse cargo de negociaciones con los diferentes estamentos por aumentos salariales o condiciones laborales implica una erogación de las que se harían cargo solo los afiliados, pero cuyas ventajas disfrutan eventualmente todos los involucrados. Esta ventaja es conocida en los corrillos laboralistas como el caso de los «jinetes libres», trabajadores que reciben los beneficios de un acuerdo sindical sin pagar por él.
Para el argumento «libertario», los trabajadores no sindicalizados que estén obligados a pagar, pierden su derecho de libre expresión ya que subvencionan actividades políticas del gremio con las que no necesariamente están de acuerdo. Una respuesta podría ser, bajo la misma concepción ideológica, que en ese caso no deberían recibir los mismos incrementos que sus colegas afiliados.
Esta corte es una de las más conservadoras en la historia de Estados Unidos. La muerte de Antonin Scalia, en febrero de 2016, pudo haber cambiado la balanza porque en ese momento Barack Obama era presidente y a él le tocaba proponer un reemplazante.
Su candidato era Merrick Garlan, considerado un moderado, pero -al igual que ocurrió en Argentina en el último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando la oposición se negó a aprobar pliegos del oficialismo en el máximo tribunal- los republicanos dijeron que correspondía esperar ya que estaban en pleno año electoral. Fue así que entre las primeras medidas de Donald Trump estuvo la designación de Neil Gorsuch, de 50 años, al que catalogan de «originalista»; esto es, que interpreta la Constitución según la intención que tuvieron quienes la redactaron.
De hecho, el caso de los aportes de no sindicalizados se arrastra desde hace dos años pero el deceso de Scalia dejó el fallo 4 a 4. El desempate lo produjo Gorsuch. El fallo revoca una decisión de 1977sobre un reclamo de un particular contra la Junta de Educación de Detroit. En ese momento, el argumento fue que si bien obligar a pagar actividades políticas de un gremio es violatorio de la primera enmienda constitucional, se aceptó que es legítimo exigir a los no miembros a colaborar en el pago de los esfuerzos de negociación colectiva y eludir de ese modo a «aprovechadores» (freeloaders)y también asegurar «la paz laboral».
El dictamen final profundiza la línea de 1977, acerca de que que exigir pagos sería violatorio de la Primera Enmienda, que establece una amplia libertad de expresión, religión y de prensa. Pero le quita el otro aditamento económico y como corolario, impide que un sindicato exija pagos por sus servicios a los no afiliados. «Obliga a los trabajadores no agremiados a respaldar mensajes que podrían estar en desacuerdo con sus creencias», dice uno de los magistrados. El del juez Samual Aito, especifica que «ni el estado ni los sindicatos pueden extraer «honorarios de agencia», como se denomina al cobro por el servicio laboral a los no agremiados.
En disidencia, la jueza Elena Kagan, señaló en cambio que una posición como la establecida por este tribunal termina con «una práctica arraigada en el derecho y la economía de la Nación por más de 40 años y en consecuencia impide al pueblo estadounidense tomar decisiones importantes sobre la gestión en el lugar de trabajo. Y lo hace extremando la primera enmienda que libera a los jueces, actuales y futuros, para intervenir en la política económica y regulatoria».Analistas como Adam Liptak, en The New York Times, opinan que es una forma de bloquear fondos para la tarea gremial aunque, señala, los trabajadores sindicalizados son apenas el 6,5% de los empleados en el sector privado , mucho menos de los que representan los trabajadores estatales, que es el colectivo directamente implicado en la sentencia.. Analistas como Adam Liptak, en The New York Times, opinan que es una forma de bloquear fondos para la tarea gremial aunque, señala, los trabajadores sindicalizados son apenas el 6,5% de los empleados en el sector privado , mucho menos de los que representan los trabajadores estatales, que es el colectivo directamente implicado en la sentencia..
Tiempo Argentino, 27 de Junio de 2018
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