por Alberto López Girondo | May 15, 2022 | Sin categoría
En medio de una paridad en la correlación de fuerzas parlamentarias –que hace dificultoso el avance de proyectos trascendentes para la sociedad–, y mientras promedia un año sin elecciones, el panorama aparece marcado a fuego por disputas internas en las dos principales coaliciones políticas del país: la que gobierna, el Frente de Todos, y su oposición más importante, Juntos por el Cambio.
Lo que va quedando claro de cara a 2023 es que la propuesta de la derecha para los tiempos que vienen será de sinceridad brutal a diferencia de 2015, cuando la promesa –incumplida– de Cambiemos era, para decirlo en sencillo, «dejar lo que funcionaba bien y arreglar lo que estaba mal». Ya no se oculta el contenido de lo que se pone en juego.
Lo señaló de un modo muy directo el exministro de Defensa, Agustín Rossi, al advertir la necesidad de mantener la unidad más allá de las diferencias dentro del Frente de Todos. «Lo que se va a discutir el año que viene es el sentido de la historia de los últimos 70 años. La derecha que se va a presentar a elecciones va decir que los problemas de los argentinos son causa de los gobiernos populistas».
Es cierto que el latiguillo de que la Argentina viene en caída desde hace siete décadas fue usado de un modo recurrente por el expresidente Mauricio Macri desde que llegó a la Casa Rosada. Pero en la campaña que lo llevó a la primera magistratura llegó a asistir a la inauguración de un monumento en homenaje a Juan Domingo Perón frente al edificio de la Aduana, compartiendo el acto con el dirigente camionero Hugo Moyano y el expresidente interino Eduardo Duhalde.
El discurso público en estos años, azuzado por los medios hegemónicos, se fue corriendo cada vez más a posiciones ultras, como las que representan los «libertarios» encabezados por Javier Milei y José Luis Espert. Y en ese fárrago extremo afloraron dentro de la oposición las divergencias que siempre subyacieron entre los representantes de la Unión Cívica Radical y el PRO. Incluso dentro del partido fundado por Macri, Milei se convirtió en una piedra del escándalo.
El exmandatario –ligado ideológicamente con ese sector– tiene en Patricia Bullrich a una aliada. Pero en el último cónclave partidario no llegaron a un acuerdo para incorporar a Milei, que por otro lado, no dio señales de anhelar tal cosa. El espacio cercano al alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien no niega sus aspiraciones presidenciales, también se muestra remiso, y razones no le faltan. En su facilidad para la caratulación, Milei definió al jefe de Gobierno de CABA como una «paloma socialista».
Macri y la Fundación Libertad –un think tank financiado por instituciones privadas y grupos económicos de la Argentina, entre ellos la concursada agroexportadora Vicentin– celebraron un encuentro en la ciudad de Santa Fe con la presencia del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa y el expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti donde nadie se guardó nada. «Argentina fue uno de los primeros en crear el populismo, con Perón y Evita. Tal vez seamos uno de los primeros en erradicarlo. Lamentablemente lo hemos exportado al mundo y está siendo muy contagioso», dijo Macri.
En ese mismo encuentro, Rodríguez Larreta sostuvo una idea que ronda desde hace tiempo. Hay que ir rápido a una reforma de las leyes laborales y del sistema previsional. Pero, reconoce, para lograr algo así es necesario un fuerte apoyo político, de al menos «el 70%, con el 50% más uno no alcanza», explicó. El consenso del que habla, recalcó, «no es con todos, con el kirchnerismo y con la izquierda no nos pondríamos de acuerdo nunca».
La que le puso el nudo al mensaje –a pesar de sus diferencias dentro del PRO y de su aspiración a ser ella la candidata–, fue la exministra de Seguridad, con una sentencia que recordó al exlíder británico Winston Churchill. «Yo sé que el cambio es difícil y es con dolor y es con esfuerzo, ¿qué vamos a elegir, la mediocridad de la decadencia o la valentía del cambio con esfuerzo y con dolor?». Buen resumen de esa propuesta: sangre, sudor y lágrimas.
Esa concepción del mundo que comparten las capas más privilegiadas de la sociedad está instalado tan profundamente como para que en el tractorazo de abril pasado –que no resultó tan convocante como esperaban sus organizadores–, Bullrich y Rodríguez Larreta decidieran mostrarse acompañando las demandas «contra la presión impositiva y la intervención del Gobierno en el mercado de granos».
Uno de los ruralistas que estuvo en la organización, José Perkins, también fue bastante transparente en una entrevista con Alejandro Bercovich. «Queremos que nos devuelvan el país, el de Alberdi, el de la Constitución, el que recibió Perón», dijo, y ante la repregunta del periodista, Perkins abundó: «Queremos volver a los principios del siglo XIX».
Radicales incómodos
Desde esta perspectiva, la sociedad entre radicales y el PRO resulta hoy bastante engorrosa. En principio, porque durante toda la gestión de Macri la UCR se sintió un convidado de piedra, que aportó inserción territorial a un partido solamente capitalino sin recibir mucho a cambio. Pero, además, porque en las elecciones de medio término candidatos radicales obtuvieron un apoyo en las urnas que no esperaban en los cálculos previos. El actual titular del centenario partido, el gobernador jujeño Gerardo Morales, ya en «modo candidato», suele declarar que no apoyarían una nueva postulación de Macri.
El fundador del PRO le devuelve gentilezas y en un almuerzo partidario en Puerto Madero reclamó que el partido «no se deje manejar por la UCR en el Congreso, como sucedió en las últimas votaciones». No solo eso, «tenemos que diferenciarnos y no seguir cayendo en la trampa del radicalismo», señaló abiertamente.
Las quejas de Macri tienen un contenido muy específico pero también a su manera marcan la cancha de lo que la dirigencia política está ofreciendo a la sociedad como futuro. Morales, que se había adelantado hace tres años a la legalización de la producción de cannabis medicinal en su provincia, promovió el proyecto de ley que fija el marco regulatorio de ese cultivo y el del cáñamo industrial. Los legisladores del PRO votaron en contra argumentando que el régimen que crea la norma «tiene las características de un nuevo impuesto y favorecerá una mayor burocracia estatal».
Si se habla de populismo en Argentina, la vara seguramente habría que correrla hasta 1916, cuando Hipólito Yrigoyen asumió la primera magistratura luego de décadas de luchas por la democratización del voto en el país. Fue el primer presidente radical y el que hace justo un siglo creó YPF, la petrolera estatal. Una de las empresas, junto con Aerolíneas Argentina, que prometen privatizar nuevamente los potenciales candidatos del PRO.
Tiempo Argentino, 15 de Mayo de 2022
por Alberto López Girondo | Dic 1, 2021 | Sin categoría
La centralidad que mantiene en la política argentina la vicepresidenta Cristina Fernández quedó de manifiesto una vez más el último fin de semana de noviembre. El viernes 26, el anuncio de que el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº5 había sobreseído a la expresidenta y a sus hijos en la causa por supuesto lavado de dinero en las sociedades Hotesur y Los Sauces fue la primera señal. La decisión firmada por los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado, con la disidencia de Adriana Palliotti, recibió, como era previsible, el rechazo de la oposición y de los medios hegemónicos que incluso convocaron, con poco éxito, a una caceroleada frente al edificio donde vive CFK, en el barrio porteño de Recoleta. Más allá de las discusiones sobre el fallo, la decisión de los magistrados que evitaron la realización del juicio oral y público por el caso de los hoteles de la familia Kirchner desató una andanada de indignación en un sector bien determinado del arco político y mediático.
Esa misma mañana, el expresidente Mauricio Macri había obtenido un guiño favorable a su intento de sacar del tribunal de Dolores, a cargo del subrogante Martín Bava, la causa por espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan para llevarla a uno en Comodoro Py más amigable para sus intereses. Entre los que condenaron el aval de la Cámara Federal de Mar del Plata a que el Tribunal de Casación decida en qué juzgado continuará la investigación estuvieron los propios espiados, que desde un primer momento cuestionan las continuas maniobras de la defensa de Macri para evitar que sea imputado por esa causa y lo que califican como permisividad intolerable del Poder Judicial. Sin embargo, pocos días después el expresidente fue procesado por Bava. Para el magistrado, Macri consintió prácticas ilegales que se inscriben en un «cambio de paradigma» en la estrategia de seguridad e inteligencia de la Argentina desde la recuperación de la democracia. «Las prácticas ilegales que se ventilan en esta resolución nos remontan a las épocas más oscuras de nuestro país», escribió Bava, tras considerar que «la tarea que llevaba adelante la AFI era espiar y después analizar si había un delito».
También en este caso, la discusión técnica sobre quién debería investigar qué cosa está teñida del recelo en una sociedad donde parte de la dirigencia y casi todos los medios de comunicación hace tiempo que no discuten sobre la realidad sino sobre interpretaciones que llevan agua a cada molino. Pero si hay una diferencia entre lo que ocurre hoy con el accionar del sistema judicial y el anterior Gobierno es que parece haber caído en desuso la llamada «doctrina Irurzun», que permitió detenciones por el presunto «poder residual» que conservarían funcionarios de Gobiernos pasados. Lo que le genera no pocas críticas al manejo del área de Justicia del presidente Alberto Fernández dentro de la tropa oficialista, que reclama por la detención de Milagro Sala y considera que no se hace nada para exculpar a los perseguidos por el macrismo.
No es la primera causa contra Cristina Fernández que naufragó en estos meses. Baste recordar las de dólar futuro y memorándum con Irán. En ninguna de ellas está dicha la última palabra porque siempre quedan instancias de apelación, incluso ante la Corte Suprema. En el caso de Macri, los procesos abiertos en su contra parecen encaminarse hacia un fárrago sin resolución en el foro que más lo favorece, que son los tribunales federales del barrio porteño de Retiro.
A medida que avanzan las negociaciones por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) también se potencian las críticas hacia el Gobierno dentro de la coalición gobernante, las presiones mediáticas –acompañadas por maniobras en los mercados financieros– y los brulotes de la oposición. No faltan quienes puntualizan la demora y hasta la inacción para impulsar la denuncia realizada en marzo pasado luego de un informe del Banco Central y la Auditoría de la Sindicatura General de la Nación sobre el acuerdo con el FMI de 2018, que dejó un tendal de 44.000 millones de dólares de deuda que amenazan el futuro de varias generaciones de argentinos. La causa «Macri, Mauricio y otros s/ defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública» quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº5 a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien delegó la investigación al fiscal Franco Picardi.
Gritos y silencios
No hubo muchas novedades en el caso, salvo elementos que aportó el propio Macri, quien en sucesivas declaraciones dijo que el destino de ese monto monumental de dinero fue para pagar deudas del Gobierno anterior y luego afirmó que era «para pagarles a los bancos comerciales que se querían ir del país».
En las últimas semanas y luego de las elecciones de medio término, el propio presidente Alberto Fernández puso en la agenda la negociación con el FMI. La oposición y sus medios afines batieron palmas sobre qué pensaba la vicepresidenta acerca de cómo se llevaban adelante esas conversaciones entre el Gobierno nacional y la cúpula del Fondo. Y sobrevoló nuevamente la especulación de qué quería gritar con su silencio en torno al asunto, si se permite el oxímoron. Pero sobre el final de noviembre otra carta de CFK removió el avispero político. La noticia de que la vicepresidenta había escrito una nueva misiva hizo temblar a propios y ajenos, recordando el vendaval que había provocado su carta del 17 de septiembre luego de que el oficialismo perdiera las PASO, con cambio de Gabinete incluido. El tema central de esta no fue sobre espacios internos o cuestionamientos más o menos velados a la tarea de algún funcionario, sino que giró en torno a la negociación con el FMI por la astronómica deuda contraída por Macri.
Para irritación de quienes no la quieren, fue directo al grano desde el título: «De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades». Y dispara una serie de preguntas provocativas. «¿En serio que los mismos y las mismas que trajeron de vuelta el FMI a la Argentina, reiniciando el ciclo trágico de endeudamiento que Néstor Kirchner había clausurado en el año 2005, hoy no se hagan cargo de nada? ¿En serio que los mismos y las mismas que recorrieron el país y los canales de televisión recitando el mantra “hay que quitarle la mayoría a Cristina en el Senado para que el Congreso no sea una escribanía del Gobierno”, ahora quieren que “Cristina defina si el acuerdo con el FMI está bien o está mal?”».
La misiva, luego de reconocer que el peronismo por primera vez desde 1983 pierde el quorum en el Senado, recuerda que «la lapicera» para firmar el acuerdo la tiene el presidente, y que el documento deberá pasar por la instancia del Congreso. Al mismo tiempo, alienta al primer mandatario a sostener su discurso del 9 de julio pasado en la Casa de Tucumán, en el que dijo «nunca esperen de mí que firme algo que arruine la vida del pueblo argentino, nunca, nunca».
Alberto López Girondo
PAÍS | POLÍTICA | VIOLENCIA EN EL SUR
Causa mapuche
1 de diciembre de 2021
Diego Alejandro Ravasio, de 44 años, y Martín Cruz Fielberg, de 48, fueron imputados y quedaron detenidos con prisión preventiva por el asesinato del joven mapuche Elías Garay, de 29 años, en Cuesta del Ternero, al norte de la localidad rionegrina de El Bolsón, donde también resultó herido Gonzalo Cabrera, de 21. Este caso es emblemático por varias razones. En primer lugar, muestra una escalada peligrosa contra la comunidad mapuche que viene creciendo desde la llegada del Cambiemos al poder en diciembre de 2015. Los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel son las primeras muestras de una ofensiva que tiene condimentos políticos, xenófobos y una dosis de intereses económicos que subyacen cada vez menos ocultos.
Unos días antes del asesinato de Garay, el presidente Alberto Fernández había prorrogado por otros cuatro años mediante un DNU la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras de las comunidades originarias que contempla la Constitución de 1994.
La Lof Quemquemtrew, asentada en Cuesta del Ternero, está sitiada por fuerzas policiales porque los terrenos están reclamados por dos empresarios de la zona para una explotación maderera. No les dejan ingresar ninguna vitualla, pero los acusados pudieron pasar sin problemas. Feilberg y Ravasio están relacionados con los empresarios. Sus nombres quedaron registrados en el puesto policial que custodiaba el sector por donde entraron. Y fueron identificados en la declaración testimonial de Cabrera.
En Bahía Blanca, la dirigente mapuche Olga Curipán sufrió la amenaza de un ignoto grupo parapolicial autodenominado Comando de Restauración Nacional. En El Bolsón, jinetes vestidos de gauchos corrieron a rebencazos a manifestantes que reclamaban justicia por Elías Garay y luego declararon sin inmutarse: «Mapuches eran los de antes».
Revista Acción, 1 de Diciembre de 2021
por Alberto López Girondo | Jul 1, 2021 | Sin categoría
La pandemia desnudó las enormes inequidades sociales en el mundo. Y, por obvias razones, donde más se reflejaron fue en los sistemas de salud. La imagen del primer ministro británico Boris Johnson agradeciendo al personal que lo atendió cuando se contagió de COVID-19 fue un símbolo. Meses antes, durante la campaña electoral, el laborismo había mostrado a un niño atendido en el suelo de un hospital de Leeds por falta de camas como ejemplo de las políticas conservadoras que Johnson encarnaba, tras décadas de recortes al servicio de salud pública del Reino Unido. Desde marzo de 2020 esas mismas escenas se vivieron en otros países por la explosión del coronavirus. Si en Argentina no ocurrió algo parecido fue porque el flamante Gobierno tuvo tiempo de poner barbas en remojo y reforzar un sector maltrecho por políticas de ajuste impuestas desde el menemismo.
El debate sobre la cobertura médica atraviesa el mundo en distintos grados. Aquí, la vicepresidenta Cristina Fernández removió las aguas con una frase que desencajó a quienes preferirían no hacer olas en temas semejantes. Propuso diseñar un sistema integrado de salud sobre la base de la experiencia de este año y medio con el modelo actual: público, sindical y privado. «¿El sistema no está integrado acaso a las patadas y a la fuerza porque lo impuso la realidad?», dijo.
De inmediato surgieron quejas opositoras y mediáticas enardecidas en contra de lo que se mostró como un intento de estatizar el sistema de salud y trayendo a la memoria que, siendo presidenta, Fernández había terminado con el sistema de las AFJP. La palabra al uso en estos casos resulta ser «caja». Para esos sectores, el objetivo del kirchnerismo sería apropiarse de fondos de algo más del 9% del PIB nacional, ahora diseminado en distintos efluentes.
Sin embargo, aparecieron voces que, inesperadamente, saltaron la grieta y salieron en apoyo de la propuesta. Entre ellos el exsecretario de Salud de la Nación de la gestión Macri, Adolfo Rubinstein, y del ministro de esa misma cartera en la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. «Me parece que la reforma sanitaria es uno de los temas que forman parte de las asignaturas pendientes en nuestro país junto con otras reformas. El sistema de salud argentino necesita de profundas reformas», tuiteó Rubinstein, que no suele ser condescendiente con el oficialismo.
«La complejidad del sistema de salud en la Argentina es de tal magnitud que merece diálogo y un camino en común sobre cómo se construye un sistema sanitario más potente y de más calidad, más orientado a resolver los problemas modernos», abundó Quirós.
Según datos de la Federación de Mutuales de Salud, la Fundación Isalud y el Banco Mundial, citados por el semanario Tiempo Argentino, el 48,6% de la población se atiende en obras sociales, ya sea nacionales o provinciales; el 26,7% en el sector público; el 10,3% son afiliados de PAMI y el 3,9% en mutuales y cooperativas. El sistema público es gratuito, el resto se financia con aportes de trabajadores y de las empresas en el caso de los registrados.
En el mundo de la salud hay prestadores y financiadores y, además, servicios nacionales, provinciales y municipales «y muchas obras sociales que no se regulan por la Superintendencia de Salud», puntualiza el oficialista Pablo Yedlin, titular de la Comisión de Salud de la Cámara Baja.
Por otro lado, obras sociales como la de los jubilados contratan a instituciones privadas, que en muchos casos tienen al PAMI como su principal fuente de ingresos. Las distintas reformas al sistema, incluso en el posmenemismo, habilitaron alianzas que acercaron los aportantes de mayores ingresos –«la crema del negocio» se los llama– a las prepagas, quitando recursos a obras sociales más chicas o dejando servicios de menor calidad a los de bajos ingresos. Les sucede a los monotributistas, que a pesar de su aporte mensual suelen penar con las peores coberturas.
Entre los críticos de una reforma figuran las empresas de medicina prepaga, que tienen en Claudio Belocopit a un vocero muy efusivo, convincente y con mucho poder de fuego desde su canal América TV y el resto de los medios. El presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), dueño de Swiss Medical, viene reclamando que el Gobierno autorice aumentos en las cuotas y encabezó la presentación de una cautelar para que la Justicia permita un incremento del 9,7%. Para la cámara que comanda, el Gobierno está asfixiando al sistema de prepagas como paso previo a la estatización. Diplomático, Belocopit adhiere «plenamente al sistema estatal», pero agregó que «eso no significa que el privado no existe. Siempre pueden coexistir».
Una propuesta
En concreto, está sobre la mesa un trabajo del Instituto Patria junto con la Fundación Soberanía Sanitaria y el Frente Ciudadano por la Salud. Propone la creación de un Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA), donde converjan municipios, provincias y privados, bajo la coordinación del Ministerio de Salud de la Nación y la supervisión de la Superintendencia de Servicios de Salud. Oscar Trotta, uno de los sanitaristas que participa del proyecto, ejemplificó de qué modo la integración haría más eficiente un gasto que está al nivel de los países más desarrollados. «A una persona que tiene obra social le hacen una radiografía en algún efector. No conforme con esa prestación, hace una segunda consulta en el sistema público de salud. En un sistema integrado, en esa segunda consulta le dirían: usted ya se hizo una imagen en tal sanatorio, y con esa imagen nos vamos a manejar».
Un gran problema es el costo de las nuevas tecnologías y aparatología médica, pero también el de los medicamentos. «Utilizar el poder de compra del Estado cuando ello resulte en claras ventajas en el control de precios abusivos promoviendo compras centralizadas», ambiciona el proyecto en estudio, que así suma a la industria farmacéutica a las filas del rechazo.
Durante la pandemia se destacó el modelo de salud de la provincia de Santa Fe. Si bien en la segunda ola estuvo a las puertas del colapso, no se encuentran cuestionamientos a las gestiones socialistas que potenciaron el servicio público. Una de las aristas destacadas es la producción pública de medicamentos a través del Laboratorio Industrial Farmacéutico, creado en 1947, convertido en Sociedad del Estado en 1999 y proveedor de Nación desde 2008. Otro aspecto esencial –un tema que Johnson no se cansó de elogiar tras su internación en el Hospital Saint Thomas– es el de los recursos humanos. Olvidados ya de los aplausos a las 9 de la noche de los primeros días, la noticia de renuncias crecientes en intensivistas preocupa a las autoridades.
El presidente Alberto Fernández presentó un proyecto de ley para jerarquizar a los enfermeros, una demanda frustrada por el Gobierno porteño. Una protesta en el Puente Pueyrredón de trabajadores de hospitales públicos del área metropolitana fue reprimida por fuerzas policiales. Reclamaban contra la precarización laboral, por salarios dignos y el reconocimiento profesional.
Revista Acción, 1 de Julio de 2021
por Alberto López Girondo | Jul 31, 2016 | Sin categoría
Theotonio dos Santos, a los 79 años puede decir que vivió los grandes procesos políticos regionales en carne propia, desde su exilio en Chile tras el golpe de 1964 en Brasil y su nuevo destino en México desde 1973 hasta el regreso a su patria con la vuelta de la democracia, en 1985. Es uno de los pilares de la Teoría de la Dependencia y luego del concepto de Sistema Mundial. Ahora, de paso por Buenos Aires invitado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, del que fue uno de los fundadores, le toca explicar las razones para que el gobierno de Dilma Rousseff esté en sus últimos estertores y la región sufra un retorno al neoliberalismo que parecía ya alejado de esta parte del mundo.
«Yo veo a la situación en Latinoamérica como parte de una ofensiva más general a nivel mundial», dice desde las oficinas de CLACSO, donde el elemento determinante es una pérdida de control económico y político por parte del centro hegemónico del sistema mundial, que es Estados Unidos.
–¿Cómo se manifiesta esta ofensiva?
–Hay una postura muy desesperada de recuperación de poder y si bien no tuvo el resultado que pretendían, tuvo efectos locales bastante destructivos. Es el caso de Oriente Medio, donde ha quedado una crisis profunda y Rusia, que integró un proyecto de colaboración, termina volviendo a su condición de gran enemiga de Europa.
–¿Este nuevo enfrentamiento comienza en Siria?
–Ven a Rusia como una amenaza sobre todo por su alianza con China, que la pone otra vez dentro de un esquema de disputa mundial. Por ahora sólo han conseguido crear unas condiciones realmente difíciles en el antiguo mundo soviético pero EE UU no tiene control de la situación.
–¿El ataque contra el gobierno de Dilma se explicaría entonces por el acercamiento a los países del BRICS?
–Todo lo que no está bajo control de EE UU pasa a ser una amenaza y los BRICS son una amenaza estratégica para EE UU. Y en cierto sentido tiene razón, porque ocupa un espacio que antes ocupaban ellos. En el caso latinoamericano su preocupación pasa por el petróleo y básicamente Venezuela, que tiene las reservas más grandes del mundo y Brasil, tras el descubrimiento del Presal, que tiene comprometido parte de las rentas a salud, educación, ciencia y tecnología.
–Al gobierno de Dilma lo frenaron, lo boicotearon, llenaron el Congreso de impresentables…
–No es difícil eso (risas).
–La pregunta es por qué el PT no pudo hacer nada contra eso.
–El PT jugó siempre una carta de negociación y una de las consecuencias de esta política era bajar la intensidad de la movilización social y política.
–¿Ese fue su gran error?
–Yo siempre que pude hablar con Lula de estas cosas le dije que había que tener una unidad de izquierda aunque se negociara con quien fuera, pero había que tener una base bien fuerte para la negociación. Si te restringes a ti mismo, el resultado es que empiezas a depender de la negociación cada vez más. Lula tenía una capacidad muy alta de negociación y había una expectativa de que el PT y el PSDB gobernasen en alternancia. Este era el planteo de Fernando Henrique Cardozo luego de que rompió con la Teoría de la Dependencia. Pero hubo muchas concesiones innecesarias y muy negativas. Porque un país no puede darse el lujo de patrocinar la creación y el fortalecimiento de una minoría financiera que vive de la improductividad y de la especulación.
–Pero el PT nunca atacó a esos grupos financieros.
–Al contrario, el presidente del Banco Central de Lula, Henrique Meirelles, ahora es ministro de Economía (de Michel Temer) y venía de la época de Fernando Henrique. Es una figura de la banca internacional. Eso ayudó a consolidar la relación de Lula con el sistema financiero, pero el resultado es catastrófico.
–¿Que pasó después? ¿Dilma no tiene la misma capacidad de negociación?
–Hay un par de cuestiones, primero la baja en el precio del petróleo por el aumento en la producción en EE UU a través del fracking, que tuvo un impacto grande, pero por un período localizado. Se formó en torno de Dilma un grupo muy crítico a que el PT intentara enfrentar esas situaciones negativas y dijeron que había que hacer un ajuste. Todo esto en un cuadro en que decían que estábamos viviendo una crisis muy peligrosa y una inflación en expansión, que no existía –era del 4 y poco por ciento– pero pasó a existir con la suba de la tasa de interés.
–Eso fue en enero del 14 cuando asumió su segundo mandato.
–Ya en 2013 ella empezó a aceptar la idea, forzada por el Banco Central, de subir de la tasa. Estaba abriendo el camino de la contención del crecimiento y no de la paralización de la inflación. Por el contrario, una cosa que yo discuto hace años con distintas corrientes del pensamiento económico burgués, es esa historia de que la inflación es el resultado de un exceso económico que sólo puede ser contenido a través de un aumento de tasas de interés.
–Una receta clásica monetarista.
–El resultado dramático es que aumenta la inflación. ¿Qué conclusión sacas? Que está mal la teoría y la aplicación, pero no, ellos dicen que subió muy poco la tasa de interés. Se hizo un clima para todo eso y ya estábamos con un 14% de interés, y un crecimiento cada vez menor.
–¿Cómo va a ser este futuro, Dilma vuelve o no?
–La sensación es que no había condiciones para volver porque la campaña ha sido tan fuerte, pero el gobierno de transición ha hecho muchas cosas detestables y además paradójicas, porque un líder sindical que apoya un gobierno tan anti–sindicalista y anti–trabajadores tiene un costo no sólo electoral sino dentro de su propia clase. Los líderes sindicales, incluso los que estuvieron con la derecha y el impeachment, están retrocediendo para no aparecer en favor de un aumento en la edad jubilatoria y cosas así. Es muy violento que se proponga aumentar las horas semanales trabajadas y se afecte el propio sueldo mínimo, que Lula había aumentado casi el 200 por ciento. Eso tiene una dimensión muy grande en la vida de la gente. Si tú empiezas a creer que puedes proponer esto en un régimen de excepción, imagínate lo que podrías hacer si te confirmas en el poder. Esto está creando una situación difícil que aún no tuvo una fórmula de apoyo a Dilma pero me dicen en el PT que hay posibilidad de volver, es muy pequeña la diferencia, son seis votos de senadores. Claro, cada senador es un mundo y Dilma no es sencilla. Ella difícilmente negociará en términos de compra–venta de votos, viene del movimiento revolucionario, tiene aún una cierta fidelidad a eso, aunque al mismo tiempo sabe que es necesario hacer estas cosas…
–Pero no le gusta.
–No le gusta, esa es la cuestión.
–Da la impresión de que Brasil renuncia a un destino histórico de liderazgo que Itamaraty veía cumplido tras el ingreso en los BRICS.
–Son 200 años de lucha por la independencia de América Latina. Los pro-hispánicos y pro-portugueses han luchado años por mantenerse en el poder cuando ya España y Portugal eran sólo un instrumento de Inglaterra. Estos tipos aún creen que su supervivencia como clase dominante depende de esa alianza histórica. Y ellos creen que EE UU está arriba de todo y no ven mucho cómo manejarse con la potencialidad que, por ejemplo, trae China como demandante mundial. Y eso es grave porque los chinos negocian en forma colectiva, en grandes proyectos y, por lo tanto, de estado a estado. Los empresarios cuentan pero como auxiliares de un planeamiento estatal. Nuestra burguesía no cree en eso. Esta gente es como la anti-independencia de América Latina.
–¿Cómo ve el futuro de la región? Porque el triunfo de Mauricio Macri seguramente aceleró el golpe en Brasil y la avanzada contra Venezuela.
–Parece que hay una fase muy favorable para ellos. Pero cuando surja una resistencia efectiva dudo mucho de su capacidad para controlar la situación. Porque todo eso está arriba de un mundo creado por los medios de comunicación, por una negación de realidades, por la creación de situaciones psicológicas con gente muy especializada y que sabe muy bien transmitirlo a las masas. Realmente la idea de manejar el mundo como si el libre mercado fuera la fuente del crecimiento económico, del desarrollo, es una cosa absurda. No puede mostrar ningún sector económico que no sea dirigido por la inversión estatal y ningún proceso de enriquecimiento que no pase por la transferencia de recursos del Estado. Lo que nos lleva a una falsa cuestión que la izquierda también debe aprender, de que hay que cortar gastos para transferir hacia esa minoría que está básicamente en el sector financiero. En Brasil pagamos un 40% más del gasto público para una deuda creada explícitamente por razones macroeconómicas.
–Este escenario implica que en algún momento puede haber grandes levantamientos. ¿Eso no podría implicar situaciones como las de Medio Oriente?
–En último caso sí, pero no creo que Estados Unidos lo quiera porque el costo es muy elevado en un momento en que ellos están sacando tropas para hacer una cosa que suena increíble, y lo dicen claramente: cercar a China. En Medio Oriente los resultados fueron desastrosos. Puede ser que la estrategia fuera la del caos creativo. Si es así, ya lo consiguieron.
Tiempo Argentino
Julio 31 de 2016
Foto de Mariano Martino
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