por Alberto López Girondo | May 16, 2021 | Sin categoría
La guerra puede ser un horroroso método para continuar la política por otros medios, como decía algún estratega militar. Pero puede convertirse en un conveniente modo de vida. En todo caso, hay quienes se benefician con el conflicto permanente, y no solamente los fabricantes de armas. De alguna manera, el Medio Oriente y Colombia aparecen hermanados por un mismo drama.
Estados Unidos aporta ayuda militar por 3,8 mil millones de dólares a Israel, según denunció la representante demócrata por Ohio, Ayanna Pressley. Uno de los problemas que deberá enfrentar Joe Biden además del conflicto en Gaza es la presión del ala izquierda de su propio partido, integrado por un puñado de mujeres de empuje y decisión, como Pressley, Alexandria Ocasio Cortez, Rashida Tlaib e Ilhan Omar. Todas de minorías Pressley es negra, Ocasio hispana, Tlaib musulmana y Omar de origen somalí- y por lo tanto conocedoras de la problemática de los oprimidos. Ellas encabezan el pedido de revisar esa ayuda que, afirman, sirve para someter a los palestinos.
Desde 1999, EE UU ya aportó en ayuda militar unos 10 mil millones de dólares para el Plan Colombia. Fue concebido para “la revitalización social y económica” que dejara en el pasado las con-secuencias del enfrentamiento interno con la guerrilla y para terminar con el tráfico de drogas. Colombia sigue entre los principales productores de narcóticos del planeta y el actual gobierno de Iván Dique, bajo la batuta del “halcón” Álvaro Uribe, deja languidecer los acuerdos de paz con las FARC que firmó su antecesor y ni siquiera abrió el diálogo con el ELN, el otro grupo armado. Al mismo tiempo, da muestras de dejar zona liberada para que paramilitares asesinen a militantes sociales y exdirigentes que aceptaron incorporarse a la vida política.
Tiempo Argentino, 16 de Mayo de 2021
por Alberto López Girondo | May 9, 2021 | Sin categoría
Joe Biden volvió a patear el tablero de las leyes neoliberales y se sumó al pedido de liberalizar la patente de las vacunas contra el Covid-19. Y, como era de esperarse, las respuestas ante su planteo fueron desde el apoyo más entusiasta a las críticas conceptuales más agrias de los defensores de la sacrosanta propiedad privada. Para lo cual recurren a argumentos tan añejos como desgastados por el uso: que se perderán los incentivos para investigar, que se podría producir vacunas sin los controles de calidad imprescindibles para el resguardo de la salud. Incluso, en clave geopolítica, que se entregaría conocimiento muy especializado a naciones que no respetan los valores democráticos o son enemigas de Occidente, como China y Rusia.
Algunos de esos argumentos se popularizaron cuando en Argentina se aprobó la ley de medicamentos genéricos, en 2002. Otros integran el vademécum de las cámaras empresarias cuando se intenta imponer precios regulados a productos de la canasta básica. El eje de esa concepción del mundo es que no hay desarrollo posible sin avidez económica. Y que solo la actividad y la avaricia privadas son capaces de lograrlo.
“La propiedad intelectual es una parte fundamental de nuestra industria –declaró Pascal Soriot, presidente ejecutivo de la empresa AstraZeneca–, si no la proteges no hay ningún incentivo para innovar”. Sin embargo, no pocas vacunas con las que se cuenta hoy día se desarrollaron gracias al apoyo estatal. Es el caso del producto de la Universidad de Oxford junto con ese laboratorio anglo-sueco.
La cámara que nuclea a los laboratorios estadounidenses (PhRMA) también presentó sus quejas. “Más que en cualquier otro momento de la historia, la sociedad se está beneficiando de la innovación respaldada por la propiedad intelectual”, escribieron en una carta al ocupante de la Casa Blanca.
Según Dean Baker, del Centro de Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) de Washington DC, al menos 10 mil millones de dólares fueron destinados en Estados Unidos a apoyar los trabajos con las vacunas con tecnología de ARN mensajero de Pfizer BioNTech y Moderna mediante la Operación Warp Speed (OWS, velocidad de la luz), durante la gestión de Donald Trump.
Hay encuestas que prueban que las sociedades británica y estadounidense están de acuerdo con la liberalización de patentes, entre otras cosas, porque son conscientes de que fueron investigaciones financiadas con los impuestos que pagan. Y a cambio no solo no reciben productos más económicos, sino que ni siquiera la fabricación alcanza a cubrir todas las necesidades. Y eso que el grueso va para los países más ricos, que incluso tienen prohibido exportar.
Y si de innovar se trata, está el ejemplo de la plataforma ARNm. Se trata de una novedosa tecnología nacida del genio de la hija de un carnicero de una pequeña ciudad húngara, Katalin Karikó. La mujer, de 65 años, comenzó a trabajar la idea mientras investigaba alguna cura para el sida, en la Universidad de Temple, Filadelfia. Su propuesta fue recibida con sorna. Pero, insistente, tuvo la suerte de cruzarse con Drew Weissman, que entendió que era una idea luminosa. No todos pensaban del mismo modo y la Universidad de Pensilvania, donde trabajaban por entonces Karikó y Weissman, vendió la patente a una empresa, Cellscript, por apenas 300 mil dólares. “Querían dinero rápido”, explicó la científica. En 2010 los derechos pasaron a una firma creada ad hoc, bautizada con el acrónimo de ARN modificado: ModeRNA.
Uno de los dueños de ese laboratorio, Noubar Afeya, adelantó que no piensa exigir que se cumpla con la patente durante la pandemia. Pero el resto de los accionistas integran, junto con los de la germano-estadounidense Pfizer BioNTech, el lote de los más acérrimos enemigos de la propuesta de Biden que, en la práctica, se sumó a otros cien países que reclaman ante la OMC a partir de un reclamo de Sudáfrica y la India de octubre pasado.
Biden, el segundo presidente católico de Estados Unidos, acudió a Francisco para recibir el beneplácito a su decisión. De allí que Jorge Bergoglio coincidiera públicamente en reclamar la suspensión temporaria de las patentes mientras dure la pandemia.
Aparte del rechazo empresarial, el planteo choca con la dificultad de que no será tan rápida la fabricación de vacunas a nivel internacional. Aunque si puede ser un “incentivo” para que los laboratorios aceleran la fabricación para cubrir todas las necesidades para la población mundial.
El negocio de la propiedad intelectual
Otra gran pelea de este siglo es por la propiedad intelectual de los desarrollos tecnológicos. La de las semillas es una, la de los medicamentos es la otra. En ambos casos, la vida humana resulta un simple factor económico.
En EE UU lo saben muy bien, al punto que ya en 1999 el biólogo Craig Venter intentó patentar el genoma humano. El gobierno de Bill Clinton esa vez logró acelerar la investigación pública para llegar antes. Pero la pica ya estaba clavada.
El que fuera secretario de Defensa de George W. Bush, Donald Rumsfeld, también la vio y aprovechó para meterse en el laboratorio Gilead, que al principio solo compraba patentes y no “gastaba” en investigar. Entre sus patentes tiene la del Remdesivir, un antiviral que se usa en ciertos casos de Covid, a partir de resultados en HIV.
Fondos buitres que compraron deuda argentina, como Black Rock o Vanguard, tienen acciones en Gilead. Pero también en Pfizer y Moderna. Cosa de no poner todos los huevos en una misma canasta. La capacidad de lobby de las farmacéuticas es impresionante. Johnson y Johnson, que desarrolló una vacuna con plataforma de adenovirus, invierte millones de dólares en todo el mundo para promocionar sus productos de limpieza, su principal fuente de ingresos.
Pfizer ganó 3500 millones de dólares solo en el primer trimestre de este año con su vacuna. Es uno de los más encendidos opositores al plan de Biden. Pero, por eso de poner las barbas en remojo, anunció que espera producir 3000 millones de dosis este año y al menos 4000 millones en el 2022. Bastante más de lo proyectado. Para aliviar las demandas de la UE para que entregue lo que se había comprometido en 2020.
Tiempo Argentino, 9 de Mayo de 2021
por Alberto López Girondo | Abr 29, 2021 | Sin categoría
Todo indica que también en Estados Unidos la solución a los problemas políticos pasa por el Poder Judicial. Incluso, por una buena Mesa Judicial como la que Donald Trump sostiene que armó Joe Biden para avanzar contra su abogado Rudolph Giuliani, a quien el FBI allanó este jueves en el marco de una investigación por sus actividades como lobista en la Ucrania post golpe de 2014.
La causa contra Giuliani se relaciona con supuestos trabajos de “cabildeo” a favor de funcionarios ucranianos a cambio de un estipendio durante la gestión de Trump en la Casa Blanca. Pero también lo imputan buscar que la justicia de aquella nación investigara las actividades del hijo de Biden, Hunter Biden, como beneficiado por negocios con una empresa energética luego del golpe de estado prooccidental contra el prorruso Viktor Yanukovich en 2014 que desencadenó un conflicto que desde entonces viene escalando entre Kiev, Moscú. la OTAN y Washington.
En el medio de este cruce, Trump fue llevado a juicio político en 2019 por esas presiones al gobierno de Volodímir Zelenski para avanzar contra Biden Jr, aunque no pudo ser destituido. Los demócratas denuncian desde 2016 una presunta injerencia rusa en las elecciones que depositaron en el Salón Oval al polémico empresario inmobiliario y dejaron en la puerta del lado de afuera a Hillary Clinton.
Si aquella movida de Trump tenía que ver con presiones judiciales en el país europeo, esta que compromete a Giuliani puede inscribirse en una maniobra de los demócratas para terminar de dejar fuera de carrera a ese sector ultra de los republicanos. “Rudy Giuliani es un gran patriota. Simplemente ama a su país, y allanaron su apartamento”, protestó el ex presidente en el canal Fox Business. “Es un doble estándar tan grande que no creo que nadie haya visto algo así antes… Es muy, muy injusto”, prosiguió Trump.
Biden, por su parte, replicó en la NBC que no estaba informado sobre el avance de la causa contra Giuliani. “No es el rol del presidente decir quién será procesado, cuándo será procesado, quién no debe ser procesado (…) El Departamento de Justicia es el abogado del pueblo, no el abogado del presidente”, agregó, para afirmar finalmente que “Trump politizó el Departamento de Justicia, y muchos funcionarios renunciaron, simplemente se fueron”.
Efectivos de la agencia federal allanaron el departamento de Giuliani en Nueva York y sus oficinas en el mismo edificio. Andrew Giuliani, hijo del ex alcalde, afirmó que el caso tiene ribetes políticos y “es la continuación de la polarización del Departamento de Justicia, que debe terminar”. Y agregó que la medida judicial es algo “extremadamente perturbador, asqueroso y absolutamente absurdo”.
Dos colaboradores de Giuliani en Ucrania, Lev Parnas e Igor Fruman, habían sido acusados en 2019 de violar las leyes de financiamiento de campañas mientras que en enero el Departamento del Tesoro sancionó a cuatro ucranianos que ayudaron a Giuliani en sus gestiones, por cargos de injerencia electoral. Un asesor de campaña de Trump, Paul Manafort, también había sido involucrado en negocios no muy claros con dirigentes ucranianos y Michael Cohen, el anterior abogado del exmandatario, Michale Cohen, había sufrido un allanamiento espectacular en abril de 2018.
Giuliani, de 76 años, fue alcalde de Nueva York entre 1994 y 2001 y viene de varios traspiés. Representó a Trump en sus denuncias sobre fraude en las elecciones de noviembre pasado con poco éxito. Y el sábado pasado fue “premiado” con los Razzles, sarcásticos galardones que se otorgan a la peor actuación en una película, previo a los Oscars. Sucede que Giuliani aparece en un par de escenas -contra su voluntad- que lo dejan mal parado en el la última de Borat, el personaje creado por el actor y guionista Sacha Baron Cohen.
Había alcanzado su momento cúlmine luego de su actuación tras el ataque a las Torres Gemelas, cuando estuvo en todos los frentes mostrando empatía con los rescatistas y familiares de las víctimas. Por estas tierras había sido ejemplo de mano dura un poco antes, cuando arreciaba la crisis de la convertibilidad y crecían los índices de delitos.
Su lema de “tolerancia cero” fue emblema de dirigentes locales. Uno de los que más miga hizo con Sergio Massa, actual titular de la Cámara baja de la Nación. El eje de la campaña del diputado oficialista a la intendencia de Tigre y desde su banca en el Congreso fue el combate a la inseguridad urbana. Giuliani estuvo en Argentina en 2017 para presentar el libro “Así lo hicimos”, donde Massa cuenta cómo le fue con esos planes durante su gestión en Tigre, entre 2007 y 2013.
Tiempo Argentino, 29 de Abril de 2021
por Alberto López Girondo | Abr 25, 2021 | Sin categoría
Cuando todavía no cumplió los cien días en el Salón Oval, el presidente Joe Biden avanza en varios frentes por lo menos arriesgados, en busca de recuperar la hegemonía estadounidense. Mientras fronteras adentro busca apoyos legislativos para incrementar impuestos a las grandes corporaciones para un New Deal del siglo XXI, en las relaciones exteriores se muestra incluso más agresivo que su antecesor, aunque con maneras melifluas que Donald Trump no acostumbraba lucir.
Luego de las últimas amenazas contra Vladimir Putin, que generaron una agria respuesta del presidente ruso, la última jugada fue el documento que emitió ayer, recordando el 24 de abril de 2015 como un genocidio armenio a manos del Imperio Otomano. Es la primera vez que un mandatario estadounidense utiliza esa frase para referirse a la matanza de un millón y medio de armenios en la Primera Guerra Mundial, lo que generó la pronta respuesta del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusando al inquilino de la Casa Blanca de “querer reescribir la historia”. Para Turquía, la masacre armenia, el Meds Yeghern, fue un suceso terrible durante los estertores del Imperio Otomano que enlutó también a la nación turca, fundada en 1923. Pero jamás aceptaron la denominación de “genocidio” que reclaman los armenios y que reconoce medio centenar de países en el mundo, entre ellos, la Argentina.
El viernes, Biden mantuvo una cumbre virtual con Erdogan en la que le adelantó el paso que pensaba dar y le pidió un encuentro cara a cara para coordinar “una relación bilateral constructiva”. Sabe que juega con fuego porque Turquía es un socio de la Otan y la inquina de Erdogan con Washington viene de larga data. No acepta la protección a Fethullah Gulen, un líder islámico al que acusa de agente de la CIA, refugiado en Pensilvania desde 1999 y sindicado como responsable del intento de golpe de Estado de 2016.
En el tablero internacional, Biden perfecciona una estrategia de rodear a Rusia que había florecido con Barack Obama. Esta semana lo dijo claramente Putin en su discurso anual ante la Asamblea de la Federación. Los medios occidentales resaltaron la advertencia del mandatario ruso: “No traspasen la línea roja (…) o los provocadores se arrepentirán como no se han arrepentido en mucho tiempo”. Para darle más dramatismo a la frase, aclaró que Moscú definirá qué es línea roja y qué no.
Pero la argumentación venía ligada a los últimos antecedentes de avances de EE UU y la Otan hacia las fronteras de Rusia. Desde el golpe contra Viktor Yanukovich en Ucrania en 2014 hasta la intentona contra Alexandr Lukashenko en Bielorrusia hace unos meses y las operaciones contra Venezuela. “No queremos quemar puentes, pero si alguien percibe nuestras buenas intenciones como indiferencia o debilidad y tiene la intención de hacer explotar estos puentes, debe saber que la respuesta de Rusia será asimétrica, rápida y dura”.
Ni bien Biden asumió su cargo, lanzó sucesivas diatribas contra Putin, al que llegó a catalogar de asesino. En este contexto, la situación de Alexandr Navalny resulta clave. El bloguero convertido en líder de la oposición a Putin fue detenido a su regreso de Alemania luego de un tratamiento médico por un episodio que para los medios occidentales fue un intento de envenenamiento.
Hace tres semanas, Navalny inició una huelga de hambre en el penal de Pokrov como protesta por las condiciones de su detención, entre las que sumaba la falta de atención médica por problemas de columna. Su salud se deterioró de manera peligrosa hasta que este viernes aceptó cesar el ayuno. “No retiro mi petición de ver al médico, que es necesario, pero pierdo la sensibilidad de partes de mis manos y de mis piernas (…) Dada esta evolución y estas circunstancias, comienzo a poner fin a mi huelga de hambre”, escribió en su cuenta de Instagram.
Este hecho coincidió con el retiro de las tropas rusas que hicieron maniobras cerca de la frontera con Ucrania y que para la Otan resultaban una amenaza para Kiev. Si bien los movimientos militares eran en territorio ruso, donde el organismo europeo no tiene injerencia, Moscú alega haber terminado con los ejercicios y organizó la vuelta a casa de los efectivos.
Pero la tensión ahora se traslada a Armenia. Luego de la escalada bélica de septiembre pasado en Nagorno Karabaj, el territorio de mayoría armenia dentro de fronteras de Azerbaiyán, quedó en Ereván el sabor amargo de la derrota. El cese el fuego se logró luego de la intervención diplomática de Putin. Armenia tiene fuertes ligaduras con Rusia, mientras que los azeríes recibieron el apoyo de Turquía.
En este delicado juego, Turquía –tras la declaración de Biden– acumula más razones para dar la espalda a Europa, donde ya sabe que jamás la dejarán entrar en la UE, y ahora incluso para salirse de la Otan. Putin, en tanto, entiende claramente que está en la mira de Washington como no pasaba desde la Guerra Fría, y promete actuar en consecuencia.
Tiempo Argentino, 25 de Abril de 2021
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