Se cumplen 17 días del inicio de la “operación militar especial” ordenada por el presidente Vladimir Putin y la ofensiva rusa da la impresión de haberse estancado sin haber logrado los objetivos de máxima: la desmilitarización, la “desnazificación” y el cambio de gobierno en Ucrania. De todas maneras, el avance y la ocupación de territorio son perceptibles, aunque a un costo más alto del que se suponía en la previa. Al mismo tiempo, crecen también las sanciones contra todo lo que suene a ruso impulsadas por la administración Joe Biden y aceptadas a regañadientes y nunca al 100% por los socios europeos de la OTAN, que por cada castigo también deben soportar las consecuencias en carne propia de un mundo que estaba articulado en torno a las provisiones de combustibles desde el país euroasiático. En el ámbito de la diplomacia, el mandatario ruso se mostró optimista tras las últimas reuniones, una de ellas entre los cancilleres Serguéi Lavrov y Dmitri Kuleba en la ciudad turca de Antalya. Pero los misiles entre representantes de las potencias en la ONU y Viena no dejan de atronar en todas las capitales.
Con la información disponible, puede decirse que a un costo importante en material y recursos humanos, las fuerzas rusas intentaban rodear a Kiev mientras había fuertes disputas en Mariúpol, que virtualmente está cercada y hay en marcha, como en otras ciudades ucranianas, corredores humanitarios para evacuar a la población. De acuerdo al portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashénkov, fueron destruidos 3500 objetivos militares desde el inicio de las acciones. El presidente ucraniano, Volodomir Zelensky, aseguró que el alcalde de Mariúpol había sido capturado por efectivos rusos, lo que para él prueba la debilidad de los invasores. Según Acnur, el total de refugiados y desplazados por la guerra supera ampliamente los 2,5 millones de personas, en su mayoría se dirigen hacia Polonia.
Bien se dice que la primera víctima de la guerra es la verdad. Es bastante difícil corroborar la información que circula desde uno u otro bando. Es el caso del edificio de la maternidad de Mariúpol bombardeado y repleto de parturientas según los informes occidentales. Desde Moscú advierten que días antes ya habían señalado que el hospital se había mudado hacía mucho y las instalaciones albergaban a efectivos del Batallón Azov, formado por neonazis, uno de los objetivos de Moscú.
La otra data controvertida es la del hallazgo de 30 laboratorios de armas biológicas en territorio ucraniano financiados por Estados Unidos. El caso llegó a la Naciones Unidas, donde el representante de Rusia acusó a Washington de tener una doble vara y advirtió sobre desarrollos de experimentos destinados a crear armas letales con ayuda de la biología. La embajadora estadounidense dijo que era una absoluta mentira, pero desde el Capitolio la desmintió la subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, responsable de las operaciones que llevaron en 2014 al golpe de Estado en Kiev.
A partir de una pregunta del senador Marco Rubio –un republicano trumpista sin pelos en la lengua- sobre si en Ucrania tiene armas biológicas o químicas, Nuland respondió, textualmente: “Ucrania tiene… instalaciones de investigación biológica. Tememos que las tropas rusas traten de tomar el control. Por consiguiente tratamos, con los ucranianos, de asegurarnos de que ese material de investigación no caiga en manos de las fuerzas rusas si se acercan”.
En el tablero político, el canciller alemán y el presidente francés mantuvieron este sábado dos horas de diálogo con Putin luego de haber hablado con Zelensky. Desde el Elíseo dijeron que se le había exigido al presidente ruso un alto el fuego inmediato.
La guerra no se detiene. Mientras tanto Putin y Zelensky, cada uno por su lado, trata de conseguir aliados exteriores.
Foto: Sputnik/AFP
Los líderes de la UE se habían reunido 24 horas antes en el Palacio de Versalles para debatir cursos de acción ante la nueva realidad de la guerra en Ucrania. No dieron demasiadas precisiones sobre posibles ayudas militares a Ucrania o la aceptación de su ingreso a la UE, pero si discutieron sobre hasta dónde pueden llegar con sanciones a Rusia, habida cuenta de la dependencia del continente del gas y el petróleo.
Hubo avances en cuanto a elaborar estrategias comunes para morigerar los precios de la energía eléctrica y desligarla del costo del gas. Alemania, por otro lado, se comprometió a prescindir del petróleo ruso para fin de año y del carbón hacia el otoño. «Cada día, casi cada hora, de hecho, estamos diciendo adiós a las importaciones rusas», declaró el ministro ecologista Robert Habeck. Pero del gas prefirió no decir mucho ya que no es tan fácil el cambio.
Las sanciones estadounidenses al petróleo ruso, ciertamente, complican a Moscú, pero no resultan indiferentes para el resto del mundo, ni siquiera para EE UU, que acudió a Venezuela para proveerse del combustible que ya no recibirá de Rusia. Claro, no fueron a negociar con Juan Guaidó, sino con Nicolás Maduro. Algo similar se registra en Viena, donde la Casa Blanca quiere reflotar el acuerdo nuclear con Irán que en su momento había alcanzado Barack Obama con los países del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania, y que petardeó Donald Trump ni bien llegó al Salón Oval. En la capital austríaca todo se trabó porque Rusia, uno de los firmantes de aquel acuerdo, pidió garantías a EEUU de que las sanciones por Ucrania no impedirán comerciar con el país persa.
Como parte de las penalizaciones, como se recuerda, Rusia fue suspendida del sistema de transferencias SWIFT, se le bloquearon fondos del Banco Central y a algunos bancos privados y varias empresas anunciaron que dejan el país, entre ellas McDonalds. La respuesta de Moscú fue advertir que hay una lista de sanciones previstas para personajes e instituciones occidentales. La más impactante es la posibilidad de que sean nacionalizadas las empresas que dejen el país.
Si bien las sanciones parecen tener efectos en lo inmediato en Rusia, los precios internacionales de commodities alertan que el resto del mundo no quedará inmune a esta pandemia. Y hasta hay quienes advierten que quizás resulten más perjudicados los países del área de influencia de Estados Unidos y especialmente el dólar. La ecuación que evalúan es que la estadounidense dejaría de ser la moneda de reserva internacional para ceder su lugar al yuan, una profecía que se viene mencionando desde hace más de una década pero la guerra en Ucrania podría acelerarla.
Bitácora
Rusia no participará más en el Consejo de Europa por considerar que la UE y la Otan «están utilizando su mayoría absoluta en el Comité de Ministros del CE para continuar con su destrucción y la del espacio común legal y humanitario» en el continente.
YouTube eliminó el documental Ucrania en llamas de Oliver Stone en 2016, que estaba disponible para todo público. Los productores subieron la película al sitio Rumble porque “el público debe decidir lo que ve, no los ejecutivos de Google”.
El aumento del combustible en Estados Unidos está comenzando a impactar en los bolsillos de los usuarios y The Washington Post detalla medidas para ahorrar en el consumo, además de presentar aplicaciones de celulares que indican dónde está más barato.
Seis de cada diez empresas de Guipúzcoa, una provincia vasca destacada por sus pymes industriales, sufren los efectos de la guerra en Ucrania, según la cámara empresarial Adegi, principalmente por el costo de la energía.
Con más de 1,6 millones de refugiados, Polonia es un oasis para quienes huyen de la guerra en Ucrania. Esta semana, por 6 votos a 3, la Corte Suprema de EEUU desestimó la petición de Abu Zubaydah solicitando el testimonio de los psicólogos James Mitchell y John Jessen, contratados para diseñar el método de tortura al que fue sometido en una prisión secreta de la CIA en Polonia.
Informe especial | CHINA DESAFÍA A ESTADOS UNIDOS El país asiático se acerca al liderazgo mundial en base a una economía vigorosa, un creciente poderío tecnológico y militar y el respaldo de su cultura milenaria.
Xi Jinping. Presidente desde 2013, declaró al renacimiento de la República Popular como «un proceso histórico irreversible». (Fong/AFP/Dachary)
El nombre con que los chinos designan a su país, zhongguo (中国), significa imperio o país del centro. Las élites de Estados Unidos se jactan de ser herederas de una nación excepcional que tiene la obligación moral de llevar al resto del mundo sus valores democráticos. Qué mejor ejemplo para ilustrar eso que se llama Trampa de Tucídides, por el historiador griego del siglo de oro ateniense, que reflejó la inevitabilidad de un enfrentamiento bélico entre una potencia en retirada y una emergente que busca su lugar bajo el sol. Con un agregado: desde la crisis financiera de 2008, y sobre todo con la pandemia, se aceleraron los plazos para ese «choque de planetas» entre una civilización oriental y otra occidental. El paso de Donald Trump por la Casa Blanca no hizo sino desnudar el temor del establishment estadounidense por el futuro, al punto que desató una guerra comercial que Joseph Biden no parece dispuesto a desarticular y podría ser la antesala de una guerra en todos los terrenos. En la última cumbre del G7, en el Reino Unido, el sucesor de Trump conminó a los líderes de los países más ricos de Occidente a poner el foco en frenar el avance de China en todos los ámbitos. Para interpretar los pasos que da Beijing, sin embargo, los sinólogos recomiendan no perder de vista de que se trata de una cultura que durante gran parte de sus 4.000 años de historia fue la más avanzada y rica de la humanidad. Y recurren al ejemplo de los juegos de tablero más representativos en ambos hemisferios terrestres, uno cultor del ajedrez y el otro del go (wéiqí), nacido en China y popularizado desde Japón. La esencia del ajedrez consiste en elaborar estrategias para derrotar al rey contrario o al menos lograr que se rinda. En el go, en cambio, se trata de rodear territorialmente al adversario, dejarlo sin grados de libertad hasta que no se pueda mover. No se trata de eliminarlo. Antiguamente una partida podía durar días, aunque a medida que se fue profesionalizando se establecieron reglas más estrictas. Pero se recuerda una partida entre Honinbo Shusai y Karigane Junichi en 1920 que se desarrolló durante 20 jornadas. Para Gustavo Girado, director del posgrado sobre Estudios en China Contemporánea de la Universidad Nacional de Lanús, «el camino de China no es plantearse como potencia, no trata de convertirse en un hegemon tal cual lo padecieron en los últimos 200 años». Y lo ejemplifica así: «La intervención militar, la fuerza para hacerse de mercados y el cañoneo permanente de los puertos de aquellas economías más cerradas han demostrado cuál es la actitud imperial». De eso conocen por las invasiones británicas, portuguesas y en el siglo XX, de Japón. Silvina Romano, investigadora del CONICET e integrante del Área de Estudios Nuestroamericanos del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, explica que la pauta del rol global del gigante asiático lo da esa guerra económica impulsada por Trump que en el fondo tenía como base una guerra tecnológica. «Muy rápidamente China se puso a tiro con el desarrollo de nuevas tecnologías sobre todo en lo militar, algo que no se esperaba tan rápido, en la carrera del espacio y en esta articulación entre lo digital a nivel seguridad y la posibilidad de control de todo lo que sea telecomunicaciones».
Fábrica. Trabajadores producen chips LED en Huaian, provincia de Jiangsu. (STR/AFP/Dachary)
Zonas de influencia
Es que el desarrollo a todos los niveles de la que actualmente es la segunda economía del planeta fue explosivo por varias décadas a partir de las reformas económicas de Deng Xiaoping en 1979, y de ser el taller del mundo sustentado en mano de obra barata se convirtió en productora de tecnologías más sofisticadas, como la plataforma 5G de comunicaciones.
Fue Trump quien apuntó todos sus cañones a empresas chinas de alcance internacional y fundamentalmente a Huawei, a la que en todo el mundo califican como la más avanzada en esa nueva tecnología. En su cruzada recibió apoyo de países europeos, aunque ya muchos habían cerrado tratos con la firma asiática. Es así que Boris Johnson prohibió a Huawei participar en licitaciones para 5G haciéndose eco de la acusación de Trump de que era un instrumento de vigilancia para Beijing. La Unión Europea por ahora se resiste a las presiones.
Pero China también se ofrece como alternativa para el desarrollo de países de su región de influencia, a través de organismos que actúan como contraparte de los surgidos de la Segunda Guerra Mundial, como la Asociación Económica Integral Regional (RCEP por sus siglas en inglés), un acuerdo de libre comercio entre los diez estados miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y Australia, Corea del Sur, Japón y Nueva Zelanda. O la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), junto con Rusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. Nada menos que el 40% de la población mundial y el 60% del PIB global. Eso sin olvidar el megaproyecto de la Ruta de la Seda, una propuesta global que avanza por tierras y mares y a la que Argentina pretende sumarse.
Hong Kong. Manifestantes contra la nueva ley de seguridad nacional en ese territorio. (Wallace/AFP/Dachary)
No es osado decir que la pandemia no fue obstáculo para las empresas radicadas en el gigante asiático y cada vez hay más certezas de que el oriente milenario está a las puertas de recuperar su papel de centro del mundo, como lo fue durante milenios.
Durante el 2020, China fue el único país que mostró crecimiento económico positivo, cierto que de un magro 2,3%. Pero el año anterior el PIB había crecido 6,1% contra 2,2% de EE.UU. en 2019 y un promedio aún menor para el resto de las mayores economías. El PIB mundial del año pasado ubica en primer lugar a EE.UU., con unos 19 billones de dólares y segundo a China, con 13 billones, citando números redondos. El tercer lugar no lo ocupa un país sino una organización monetaria, la zona euro, con 12 billones. El cuarto lugar lo ocupa Japón, con unos 5 billones de ingresos totales y el quinto, Alemania, con 4 billones.
Un tema que alerta a los estrategas estadounidenses es que durante la primera ola de la pandemia, China fue el gran proveedor de insumos médicos de Europa y hasta EE.UU., del mismo modo que ahora colabora con vacunas, lo que le permite ir ocupando espacios de legitimidad en países de África y de América Latina, donde desde hace décadas ya es un jugador económico importante.
Centenario. Una mujer y una niña observan una exposición fotográfica con motivo de los 100 años del Partido Comunista chino, en Beijing. (Zhao/AFP/Dachary)
Cambio de época
«Una gran parte del empresariado, los sindicatos y el pueblo estadounidense se mantiene gracias al intercambio comercial con China, pero industrialmente los ha sobrepasado. Y en tecnología de punta también», sostiene Mariano Ciafardini, doctor en Ciencia Política y analista en el Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos (IADEG).
«Estamos ante un cambio de época –aventura Ciafardini–. Lo que está en decadencia no es EE.UU. como nación sino el capitalismo como sistema y EE.UU. está pagando los costos de ser el país que sostiene el sistema». Para el autor de Globalización. Tercera (y ultima) etapa del capitalismo, frente a esa decadencia está surgiendo una versión del socialismo «que no es el exactamente como soñábamos en los 60 o 70, sino un socialismo que viene de la mano de un fenomenal desarrollo de las fuerzas productivas y aprovecha instrumentos del capitalismo para desarrollarse».
Ciafardini. «Lo que está en decadencia no es EE.UU. como nación sino el capitalismo.»
Girado. «El camino de China no es plantearse como potencia.»
Romano. Analiza la influencia de la guerra económica iniciada por Trump.
NG. Disímiles miradas sobre derechos humanos, en Oriente y Occidente.
«China sigue los mecanismos de cooperación que nominalmente se plantean en las instancias multilaterales desde la Segundan Guerra hasta acá –añade Girado–. Pero el mundo post Breton Woods es el que está siendo cuestionado por China. Y eso la convierte en vocero de países en desarrollo porque ahí es donde tiene mayor cantidad de adhesiones: proponen cooperación y hasta plantean transferencia tecnológica, cosa que en Occidente no se consigue. Un préstamo de China no tiene las mismas condicionalidades que uno del FMI o el Banco Mundial», concluye el autor de ¿Cómo lo hicieron los chinos?. Hay pocas dudas de que la cuestión que más puede preocupar a los ciudadanos de a pie de todo el planeta es si la sangre puede llegar al río entre EE.UU. y China. Por más que haya una gran diferencia de armamento de alta letalidad, como artefactos nucleares, en favor del mundo occidental, la nación asiática tiene hoy día los recursos humanos y materiales como para ponerse al día si lo necesitara. China ya no se queda callada. Lo demostró en el encuentro de cancilleres que se desarrolló en Alaska a mediados de marzo, ante las frases altisonantes de los representantes estadounidenses. «Estados Unidos debe entender y ver el desarrollo de China objetiva y racionalmente. (…) debe trabajar con China en un nuevo camino de coexistencia pacífica y cooperación de ganar-ganar, (…) debe respetar y tolerar el camino y sistema que China ha elegido de manera independiente, (…) debe practicar el multilateralismo en un sentido real». El quinto ítem dice que «Estados Unidos no debe interferir en los asuntos internos de China», recomendó el canciller Wanh Yi. Al celebrar el centenario del PCCh, Xi Jinping fue más crudo: «El tiempo en que el pueblo chino podía ser pisoteado, en que sufría y era sometido, ha terminado para siempre (…) El gran renacimiento de la nación china ha entrado en un proceso histórico irreversible». Desde el otro lado del océano, la postura de Joe Biden sobre su competidor más inmediato y perseverante mantiene la estrategia pergeñada en tiempos de Trump, aunque con modos menos estentóreos. «China no se convertirá en el país líder del mundo, el país más rico del mundo y el país más poderoso del mundo… ante mi mirada».
Joe Biden busca el renacimiento económico de Estados Unidos con un ambicioso plan de ocho años de alcance con inversiones en infraestructuras y la creación de millones de empleos en blanco a un costo de 2,5 billones de dólares que espera el visto bueno bipartidista para convertirse en una política de Estado. El único problema es que para financiar ese monumental proyecto no piensa contraer deuda ni imprimir billetes sino aumentar el impuesto a las sociedades, lo que ya genera fuertes controversias porque va en contra de lo que hace décadas es la Biblia neoliberal: para que haya derrame, los que más tienen deben pagar menos impuestos. A su favor tiene amplia documentación que prueba más bien lo contrario.
El miércoles el mandatario estadounidense brindó un discurso para anunciar el plan Build Back Better (Reconstruir mejor), cuya primera parte consiste en inversiones en carreteras y puentes, vías férreas, servicios de agua, banda ancha en todo el territorio e incentivos para nuevas tecnologías respetuosas del medio ambiente.
Habló desde Pittsburgh, antiguamente la “Ciudad del Acero” porque era la cuna de la industria siderúrgica estadounidense. Es uno de los distritos tradicionalmente demócratas que cambiaron de bando por las promesas de Donald Trump. Gran parte de aquellas industrias afincadas en esa zona, el “cinturón de óxido” –desde Milwaukee y Chicago a Detroit y Cincinatti–, sufrió la deslocalización de empresas hacia China. La propuesta es que vuelvan, para lo cual la reconstrucción pasaría por ponerles una alfombra roja. El caso es si lograrán que las paguen los empresarios.
Es que mientras los sectores conservadores –entre los que están los republicanos y no pocos demócratas– amenazan con rechazar la propuesta, y desde la izquierda le encuentran sabor a poco. La representante neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez consideró que para recuperar puestos de trabajo y promover el crecimiento económico esa montaña de dinero es poca. El activista ambiental Ralph Nader, excandidato verde a la presidencia, recordó que Trump bajó los impuestos a las sociedades del 35% al 21% y que Biden apenas intenta elevarlos al 28%. “Los demócratas vuelven pequeños”, ironizó en un tuit. Y además dividió el monto total por los años previstos para el plan y halló que “son menos de 300 mil millones de dólares anuales para una economía de 21 billones en total”.
Más allá de estas críticas, la sola idea de aumentar impuestos resulta, para los tiempos que corren en el mundo occidental, toda una osadía. Y los republicanos están copados por el grupo Tea Party, que alude a la rebelión contra el impuesto al té que dio origen a la independencia de EE UU.
Sin embargo, estratégicamente es quizás la única posibilidad de volver a plantarse de manera pacífica en el escenario mundial. “Es un plan grande, audaz y podemos hacerlo”, alentó Biden. “Creará la economía más resistente, fuerte e innovadora del mundo para ganar la competencia con China”, agregó.
“No se trata de penalizar a nadie, no tengo nada contra los multimillonarios, creo en el capitalismo estadounidense –aclaró–, pero nuestra infraestructura se está desmoronando, estamos en el puesto 13 en el mundo”.
Este es el gran problema de la competitividad de EE UU con relación a China. El país asiático, por aquellas leyes económicas del ruso Nikolai Kondriatev hace un siglo, como potencia naciente llega al desarrollo de un modo casi virginal: está en condiciones de acceder a lo más nuevo y eficiente. La base económica estadounidense quedó antigua y el gobierno de Biden espera resucitarla. Trump también sabía que ahí estaba la clave para recuperar el liderazgo mundial, pero lo enfocó desde la perspectiva empresarial solamente.
Por eso bajó tasas y amenazó con beneficios para las firmas que volvieran a producir localmente, pero se quedó a esperar que las empresas aceptaran esas reglas. En cierto modo, los demócratas apuestan a un ida y vuelta. Habrá una tímida suba fiscal, proseguirá el “compre EE UU” que había comenzado a desplegar Trump, pero promete volcar dinero contante y sonante a través de obra pública. La vocera de la Casa Blanca, Janet Yellen, detalló incluso que la propuesta beneficiará a “las empresas que inviertan en los trabajadores estadounidenses” y que en última instancia, “pondrá fin a la carrera mundial por impuestos más bajos y hará que las corporaciones dejen de llevar sus ganancias a paraísos fiscales en el extranjero”.
Es decir, un plan que tranquilamente podría verse como peronista, aunque sigue postulados de Franklin Delano Roosevelt de los años ’30. Dato a mencionar; en 1940 ese impuesto era del 24% y en 1968 fue elevado por Lyndon Johnson al 52,8% para gastos de la Guerra de Vietnam, para quedar en torno al 35% hasta 2017. «
Ambicioso pero con muchos obstáculos
El plan del presidente Joe Biden recibió críticas aun antes de darse a conocer. Para analistas del mundo financiero estadounidense, la propuesta tendrá que atravesar una gran cantidad de escollos y quizás en el tortuoso camino –no menos de nueve meses, un verdadero parto– deba sacrificar algunas de sus mejores intenciones.
Por lo pronto, la iniciativa propone las siguientes inversiones, entre las más sobresalientes.
Ciento ochenta mil millones de dólares a investigación y desarrollo no relacionado con la industria de la defensa.
Ciento quince mil millones de dólares para carreteras y puentes.
Ochenta y cinco mil millones de dólares para transporte público.
Ochenta mil millones de dólares para el ferrocarril de carga y Amtrak, de pasajeros.
Ciento setenta y cuatro mil millones de dólares para fomentar el desarrollo de autos eléctricos y fabricación de baterías.
Cien mil millones de dólares para banda ancha.
Cien mil millones de dólares para modernización de la red eléctrica y el cambio de cañerías de agua de plomo en algunos distritos.
Cincuenta mil millones de dólares para ayudar a trabajadores de la industria de combustibles fósiles que deban reconvertirse.
Diez mil millones de dólares para la creación de un “Cuerpo Civil del Clima”, destinado a vigilar el cumplimiento de normativas medioambientales.
Como ocurrió a fines de 2013, cuando policías de 20 provincias se levantaron contra las autoridades por reclamos salariales, el conflicto con la Policía Bonaerense potenció los debates por la sindicalización de los agentes de las fuerza de seguridad. En un artículo publicado en octubre pasado, Sabina Frederic recordaba que Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña y los países de la Unión Europea cuentan con sindicatos policiales. “También Uruguay, el único en América Latina, pues Brasil solo lo reconoce a la Policía Federal. Ninguno cuenta con derecho a huelga”, resumía la actual Ministra de Seguridad de la Nación, para luego indicar que aquellas discusiones de hace casi 7 años se estrellaron contra un fallo de la Corte Suprema que denegó el derecho de agremiación de los uniformados.
La cuestión, en el mundo, sigue candente, sin embargo, al punto que diversos estudios académicos e incluso la experiencia de estos últimos meses en Estados Unidos señalan que los sindicatos policiales suelen servir más que para garantizar las negociaciones por salarios y condiciones laborales, para cubrir a agentes acusados de graves violaciones de los derechos humanos. Lo que en Argentina podría ser catalogado como “gatillo fácil”, y que en América del Norte es más bien “gatillo racial”, con las consecuencias que se vieron desde el bárbaro asesinato de George Floyd en Minnesota el 25 de mayo pasado.
Esta defensa fue particularmente fuerte cuando desde legislaturas locales se intentó algún tipo de reformas policiales para evitar nuevas matanzas.
En un hilo de tuits muy oportunos, la periodista María Clara Albisu destaca un par de estudios de la Universidad de Oxford y de la de Chicago.
Un trabajo publicado por el Newyorker revela que según una investigación de Oxford de 2018, en las 100 ciudades más grandes de EEUU los gremios habían utilizado su poder de fuego -nunca mejor utilizada la metáfora- para impedir cambios en los contratos policiales con el objetivo de amparar a colegas acusados de violencia o abusos contra los ciudadanos.
Reconocer un sindicato implica admitir que el policía pasa a ser un trabajador. La Corte argentina no aceptó esa calificación –los considera funcionarios públicos- y por eso negó el reconocimiento a asociaciones gremiales. Dicho esto, si la tarea policial es un trabajo, debe haber contratos laborales que reglamenten ese ejercicio.
Un trabajo de 2017 de Reade Levinson determinó que esos contratos son aplicados para proteger a los agentes de anomalías y actos de indisciplina. Hay casos hasta de que las autoridades políticas pueden negociar salarios a cambio de borrar malos antecedentes de los registros policiales que impedirían ascensos o directamente deberían significar la expulsión del implicado.
El caso más sugestivo sucedió en 2014 en San Antonio, Texas, cuando la alcaldesa Sheryl Sculley intentó quitar la cláusula de eliminación de quejas de mala conducta de los registros y aumentar la participación ciudadana en el proceso de calificación de los agentes.
La respuesta de la Asociación de Oficiales de Policía de ese distrito costó dinero pero lograron el objetivo de voltear la medida. Con una campaña publicitaria de un millón de dólares a página entera en los periódicos locales instalaron que las tasas de criminalidad habían aumentado porque la alcaldesa rechazó cubrir las vacantes policiales.
Hace unos días, hubo un cruce entre el líder del gremio policial de Nueva York y el alcalde Bill Di Blasio. El mandatario demócrata había cuestionado al presidente Donald Trump por amenazar con recortes presupuestarios para ciudades donde “reine la anarquía”. Esto es, donde no haya policías reprimiendo manifestaciones contra la violencia policial.
“¿Qué necesitábamos escuchar esta semana? Planes para luchar contra COVID-19 y hacer que los estadounidenses vuelvan a trabajar. ¿Qué escuchamos? Mentiras sobre la ciudad más grande del mundo y uno de los lugares más diversos de la Tierra. Porque @realDonaldTrump tiene miedo a la diversidad. Tiene miedo de la verdadera grandeza”, escribió Di Blasio en su cuenta de Twitter.
La brutal respuesta -destituyente en términos nacionales- vino de parte de la Asociación Mutual de Suboficiales Nueva York (SBA por sus siglas en inglés), una gremial creada en 1889.
“Necesitamos escuchar su RENUNCIA como alcalde de Nueva York. Estamos esperando. Solo quedan unas pocas horas para la puesta del sol. Dale un regalo a 8 millones de personas y renuncia. Arruinó la ciudad de Nueva York, salva la ciudad y dimita”, gritaron. Algo así como el “renuncie montonero Di Blasio” de Capusotto.
El sindicato más importante de Estados Unidos es la Orden Fraternal de la Policía (FOP, según sus siglas en ingles) En cifras es el gremio policial más grande del mundo, con más de 355.000 afiliados en más de 2100 regionales. “Somos la voz de quienes dedican sus vidas a proteger y servir a nuestras comunidades -dicen en su sitio web– Estamos comprometidos a mejorar las condiciones de trabajo de los agentes del orden y la seguridad de aquellos a quienes servimos a través de la educación, la legislación, la información, la participación comunitaria y la representación de los empleados”. Hace unos días el sindicato apoyó explícitamente a Donald Trump para la reelección, informó a portavoz, Jessica Cahill.
Quien piense que esos enfrentamientos con el poder político son privativos de Estados Unidos, se equivoca. Este miércoles en España el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, recibió un revés cuando la Justicia rechazó un castigo contra 9 agentes policiales que fueron a protestar, de civil, frente a la casa que ocupan el líder de Podemos y su esposa Irene Montero en Galapagar, en las afueras de Madrid. El sindicato Jupol, uno de los más activos entre el puñado de asociaciones gremiales españolas de fuerzas de seguridad, celebró la decisión judicial, en momentos en que allá también reclaman recomposición salarial.
Jupol también presentó una querella contra funcionarios de Madrid y del Estado español por “atentar contra los derechos de los trabajadores y de prevaricación, por no haber proporcionado material de protección adecuado frente al Covid-19 y haber permitido concentraciones como las del 8-M que pusieron en riesgo a los policías que debieron controlarlas”.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), a su turno, fue la fuente de información para un artículo del diario El Mundo en el que se aseguraba que el delito en Casa de Campo, un parque de la capital española, había crecido un 611% entre junio de 2019 y junio de 2020. El SUP atribuyó el crecimiento a la llegada a esa zona de los MENA. Así se llama en España a Menores Extranjeros No Acompañados. Niños y adolescentes de menos de 18 años sin la atención o cuidado de ningún adulto.
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