No es la primera vez que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habla de avanzar hacia un acuerdo entre las fuerzas políticas para salir de un atolladero que atraviesa la Argentina desde hace décadas. Y lo había escrito sobre un tema puntual en una carta abierta del 26 de julio de 2020, horas antes del décimo aniversario de la muerte de Néstor Kirchner. «El problema de la economía bimonetaria es, sin dudas, el más grave que tiene nuestro país, y es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales», expresó entonces. Que el manejo de las variables económicas está ligado al mercado de las divisas es algo innegable y afectó a todos los Gobiernos desde la recuperación de la democracia. Pero en los últimos tiempos, a este drama de difícil resolución –que arrastra la espiral inflacionaria y acrecienta la desigualdad y sobre todo la incertidumbre–, se le fue sumando la violencia política que, desde la pandemia, expresan grupos extremos identificados con una derecha visceral sustentada en personajes que resultan atractivos para los medios concentrados. El intento de magnicidio es, en tal sentido, la expresión de un síntoma tanto como una advertencia para toda la dirigencia. Desde el entorno de la expresidenta y desde el Gobierno se buscó tender lazos con los sectores de la oposición para salvar los pactos implícitos desde el día que asumió Raúl Alfonsín, el 10 de diciembre de 1983. Para Cristina Fernández, los discursos de odio que se fueron extendiendo y, peor aún, normalizando, implican un peligroso deslizamiento hacia épocas sangrientas para la sociedad argentina que la dirigencia tiene la obligación de frenar. Pero justamente el atentado, una piedra angular en todo este proceso, se convirtió en un hecho sujeto a discusión ontológica. Y sobre esa base, los intentos de acercamiento chocan con las interpretaciones minimizantes de sectores de la oposición que ligeramente se pueden definir como «halcones». Como están las cosas, hay coincidencia entre todos los actores políticos en que un pacto como ese debe partir de un encuentro entre Cristina Fernández y Mauricio Macri. La historia argentina muestra ejemplos contradictorios sobre el alcance de pactos semejantes. No hace falta ir al siglo XIX, ni siquiera al encuentro Perón-Balbin de los años 70.
Mesa para dos La reforma constitucional de 1994 solo fue posible tras un acuerdo entre Carlos Menem y el propio Alfonsín. El todavía líder de la UCR dejó jirones en el camino al Pacto de Olivos con el que consideraba que podía salvar la democracia en un momento crítico. A nadie escapa que juntarse con el enemigo político tiene costos y tampoco que una imagen política muchas veces se construye como la contracara del oponente. La vicepresidenta, lideresa de un sector del peronismo mayoritario y contestatario del establishment, viene dando muestras de todo lo que está dispuesta a sacrificar. La decisión de que Alberto Fernández sea el candidato presidencial podría ser un ejemplo de esa actitud. Más acá en el tiempo, la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía es otra muestra de pragmatismo, es cierto, pero también de una voluntad de acordar con políticas que no estaban en su ideario. Por el lado del fundador del PRO, hasta el momento los tantos parecen más confusos. Uno de sus allegados más cercanos, el senador José Torello, recibió de la propia titular de la Cámara Alta el convite de que se sienten a charlar sobre cómo avanzar en pactos que a esta altura no serían solo sobre economía sino de convivencia. O de supervivencia. Torello es amigo de toda la vida de Macri y también fue uno de los impulsores de la persecución judicial al Gobierno kirchnerista. El dato no es irrelevante. Pero desde el mismo macrismo fueron surgiendo voces de rechazo. Que se expresan en la afirmación de que tanto el Gobierno como el kirchnerismo sobreactúan el atentado, que se victimizan. Desde los medios afines a la oposición, en tanto, algunos comunicadores lograron instalar la certeza de que fue un autoatentado. Deslizan que es una operación para condicionar el avance del juicio Vialidad. El propio Macri, cuando aún la Justicia no terminó con la investigación y desde la querella de CFK insisten en seguir la línea de responsables «hacia arriba» –ya sea en agrupaciones políticas como estamentos de fuerzas de seguridad y agentes de inteligencia «cuentapropistas»–, definió al intento de asesinato como «obra de un grupito de loquitos». Se entiende que, en ese clima, más que la voluntad de los protagonistas, lo que está en juego para un acercamiento es la interna de cada cual dentro de su espacio. Las cartas de la vicepresidenta son «un marco mínimo de consenso institucional de una idea de nación» en el cual quede claro que no se puede «exterminar al adversario ni tratar de asesinar presidentes», afirman cerca de ella. Macri dijo que no tendría problemas en sentarse a tomar un café, pero, aclaró, «con la Constitución sobre la mesa». A su alrededor recuerdan que no llegaron a ponerse de acuerdo ni siquiera para la entrega del bastón de mando en 2015. Pero algo de agua corrió bajo el puente desde entonces.
Una veloz contraofensiva ucraniana permitió al Pentágono celebrar como un triunfo una estrategia que dejó mal paradas a las tropas rusas, que debieron recular en región del noroeste de Ucrania que mantenían bajo control desde poco después del inicio de las operaciones militares del 24 de febrero pasado. El debate entre los analistas de este tramo de la guerra es divergente: mientras para los más inclinados a las posiciones occidentales es una batalla clave perdida por Rusia que adelanta la derrota final y hasta la caída del gobierno de Vladimir Putin, para otros se trata de una retirada estratégica en un conflicto de largo aliento en el que Moscú no piensa poner «toda la carne en el asador» con el envío de más tropas y equipamiento porque tiene mucho territorio para defender y padece el síndrome de la «sábana corta». Otros, más neutrales, perciben un incremento del conflicto involucrando a otros actores europeos.
Los últimos movimientos en torno a Ucrania revelan los cambios acelerados en el tablero geopolítico internacional. En el terreno puede verse desplegada en toda su magnitud el plan de la Corporación Rand de 2019 –»Sobreextender y desequilibrar a Rusia» (https://www.tiempoar.com.ar/mundo/la-hoja-de-ruta-de-la-corporacion-rand-para-derrotar-a-rusia/)– cuyo objetivo final es desmembrar a ese país en varias naciones más pequeñas y controlables para Occidente.
Así, en estos días, a los choques fronterizos entre Armenia y Azerbaiyan, se le sumaron enfrentamientos entre Kirguistán y Tayikistán, a duras penas contenidos a través de tan trabajosos como precarios acuerdos de alto el fuego. Son cuatro exrepúblicas soviéticas que preocupan a los estrategas que elaboran las hipótesis de conflicto en el Kremlin. Mientras tanto, en Uzbekistán, los países de la Organización de Shanghai debatieron el nuevo estado del mundo (ver aparte). El rol de Turquía en este fárrago denota las aspiraciones de Recep Tayyip Erdogan por recuperar la hegemonía que alguna vez tuvo el desaparecido Imperio Otomano.
El New York Times agregó un detalle fundamental en este clima mediante un artículo donde sostiene que la contraofensiva ucraniana fue fruto de varios meses de discusiones entre la cúpula del Pentágono y la dirigencia militar de Kiev. El plan, revela el influyente medio estadounidense, habría surgido de una iniciativa del presidente Volodimir Zelenski para pergeñar una operación relámpago sobre Jerson, iniciada el 29 de agosto, que simbólicamente golpearía a Rusia pero a la vez convencería a los remisos de la Unión Europea de que vale la pena el envío de más armas y pertrechos, en un momento en que ante la cercanía del invierno, los aliados temen por las consecuencias de las restricciones energéticas a que ellos mismos se sometieron. Y además, empezaban a percibir un oscuro final para sus intereses en el campo de batalla.
El NYT señala que Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional de Biden, y Andriy Yermak, su par del gabinete de Zelenski, planificaron la operación durante meses y desliza que del diseño final participó el general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto de EE UU. La contraofensiva contó con la colaboración en inteligencia y hasta con tropas de países europeos, como pudo verse en varios videos difundidos incluso por fuentes continentales.
En este contexto no es aventurado considerar que Ucrania dejó de ser el escenario de un conflicto entre Moscú y Kiev para convertirse en una guerra cada vez más abierta entre Rusia y la OTAN. Y para peor, sin posibilidades de llegar a un acuerdo. Como están dadas las cosas, perder la guerra implica la desaparición lisa y llana de uno de ellos. Así lo entiende Putin, que ante el repliegue parcial en Ucrania, sostuvo que «nuestras operaciones ofensivas, en el Donbass, no se detienen, avanzan poco a poco», y aseguró que Rusia no tiene «prisa» en terminar su campaña militar, pese a que Kiev recuperó unos 8000 kilómetros cuadrados en una semana.
La fecha elegida para esta operación, por otro lado, no podía ser más oportuna. Mientras en Estados Unidos la administración de Joe Biden y el sistema judicial avanzan sobre Donald Trump por los documentos secretos incautados en su residencia de Florida, el 11 de setiembre se cumplían 21 años del ataque a las Torres Gemelas, que embarcó al Pentágono en un descomunal despliegue militar con el objetivo de combatir el terrorismo.
La primera jugada en tal sentido se produjo pocas semanas más tarde, el 7 de octubre de 2001, con la invasión a Afganistán. Lo impactante es que hace justo un año, el 31 de agosto de 2021, las últimas tropas y funcionarios diplomáticos estadounidense fueron evacuados de Kabul en la derrota mas humillante para EE UU desde la de Vietnam, en 1975. El año pasado, las críticas sobre la Casa Blanca fueron demoledoras. Por un final como ese: 20 años, miles de muertos y destrucción para dejarle el poder nuevamente a los talibán. Pero además, por lo desordenado de la huida. Las imágenes de los helicópteros sobre las embajadas en la capital afgana y el Saigón impactaron de la misma forma en el orgullo estadounidense.
En Ucrania, sin tropas propias, con una impresionante recuperación económica de la industria bélica y un piadoso manto de olvido, Biden tiene motivos para celebrar. «
Alemania se rearma y expropia bienes rusos
En la década del ’30 del siglo pasado, un mensaje como el que dio el canciller Olaf Scholz ante un grupo de altos mandos uniformados esta semana hubiera helado la sangre a cualquiera. «Como el país más poblado, dotado de la mayor potencia económica y situado en el centro del continente, nuestro ejército debe convertirse en el pilar de la defensa convencional en Europa, y en las fuerzas armadas mejor equipadas de Europa». Ya el gobierno germano había anunciado un plan de 100.000 millones de euros para reequipar a la Bundeswahr.
La realidad en el este europeo le da otro cariz al mensaje. Es que la guerra en Ucrania desnudó viejos temores y sobre todo, va sacando a la luz antiguos conflictos no resueltos. Uno de ellos es el papel que los alemanes creen que deben jugar en el continente. Si ya eran la potencia central y la moneda común, el euro, era la versión continentalizada del marco, ahora justifica sus aspiraciones geopolíticas, en una estrategia destinada a convertirse en una muralla defensiva en un posible enfrentamiento con Rusia.
Por lo pronto, en estos días el gobierno de Scholz decidió expropiar la filial de empresa petrolera rusa Rosneft, que mantiene en ese país el 12% de la capacidad de refinación y de distribución en estaciones de servicio. «Seremos menos dependientes de Rusia y de las decisiones que allá se tomen», dijo el jefe de gobierno. La firma se quejó de lo que denunció como una «decisión ilegal» y «una violación de todos los principios fundamentales de una economía de mercado». En abril, Alemania ya había expropiado Gazprom Germanía, filial de la proveedora de gas, también de capitales rusos.
«Todo cuanto he oído de Samarcanda es cierto, aunque es más hermosa de lo que podía imaginar», dijo Alejandro Magno cuando en el 330 A.C llegó a esa ciudad bañada por el río Zeravshan. Fundada hace 2700 años, fue y es un cruce de culturas y prosperó como paso de la ruta de la seda. Muy adecuado ungir a esa ciudad de Kazajistán como sede de esta Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) marcada por el creciente enfrentamiento de Occidente contra el resto del mundo.
Allí fue que los presidentes Xi Jinping y Vladimir Putin volvieron a verse luego de la firma del acuerdo de amistad en Beijing el 4 de febrero pasado. «China está dispuesta a hacer esfuerzos con Rusia para asumir su responsabilidad de grandes potencias y tomar el papel de guía para inyectar estabilidad y energía positiva en un mundo caótico», dijo Xi. «Los intentos de crear un mundo unipolar han cobrado recientemente una forma absolutamente fea y son completamente inaceptables», respondió Putin.
La OCS fue fundada en 2001 por Kazajstán, China, Kirguistán, Rusia, Uzbekistán y Tayikistán, a los que se sumaron Pakistán e India. Ahora, Irán está a las puertas de incorporarse como miembro pleno y Turquía ya fue invitada a participar. Al mismo tiempo, Azerbaiyán, Sri Lanka, Camboya, Nepal, Armenia, Egipto, Qatar y Arabia Saudí son «socios de diálogo», un escalón previo a su incorporación.
Invitado especial, el mandatario turco mantuvo reuniones bilaterales con Xi, con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif y con el jefe de gobierno indio, Narendra Modi. Recep Tayyip Erdogan mantiene una relación de difícil equilibrio con la OTAN, de la que Turquía forma parte, y con Rusia. Eso le permitió obtener grandes descuentos en el precio del gas ruso y ventajas financieras para construir una central nuclear. Xi, en tanto, llamó a «consolidar una confianza política mutua» entre ambos países.
Como en política nada es gratuito, ahora Erdogan percibe las consecuencias del contacto con Putin y con Xi: este viernes Washington anunció que levantará el embargo a la venta de armas al gobierno de Nicosia, una medida dictada en 1987 tras la guerra civil. Chipre es un problema para el gobierno de Erdogan. Con una población mayoritaria de origen griego, desde 1974 la isla está dividida en dos sectores, al norte una República Turca de Chipre, solo reconocida por Ankara, y al sur una de mayoría griega con reconocimiento internacional y miembro de la UE. Turquía aspira a integrar la UE desde hace décadas, pero el tema Chipre siempre fue esgrimido como argumento para trabar su ingreso.
Estados Unidos levanta el embargo a condición de que el gobierno del presidente Nicos Anastasiades se sume a las restricciones al comercio con Rusia e impida que los buques rusos entren a puertos chipriotas. «Se trata de una decisión histórica, que refleja la creciente relación estratégica entre los dos países, incluso en el ámbito de la seguridad», dijo Anastasiades en Twitter. «Esta decisión afectará de manera negativa los esfuerzos para la resolución de la cuestión chipriota y provocará una carrera armamentística en la isla», replicó el ministerio turco de Relaciones Exteriores.
Fabio Luis Barbosa dos Santos es historiador y docente en la Universidad Federal de San Pablo. En esta charla con Tiempo aplica a la realidad urgente de su país algunos de los conceptos del libro que escribió con su colega Daniel Feldmann, Brasil Autofágico.
-Jair Bolsonaro aparece como el exponente de la derecha más recalcitrante y como una amenaza de guerra civil en Brasil. -Hay que separar la dimensión coyuntural y la de largo plazo o estructural. No creo que vaya a haber una guerra civil en Brasil, las manifestaciones de este 7 de septiembre han sido masivas por segundo año consecutivo, pero no hay posibilidad de un golpe de Estado, creo que básicamente porque no le interesa a EE UU, que se posicionó de manera clara en favor de que se respete el resultado de las elecciones. Y no tengo conocimiento de un golpe de Estado en América latina que sea exitoso en contra de EEUU. Cuando eso sucede, lo llamamos revolución (ríe). A mi manera de ver el involucramiento de Bolsonaro con esta agitación tiene mas que ver con la posibilidad de negociar su impunidad personal y la de sus hijos después de las elecciones.
-¿Eso implica que teme una derrota?
-Lo más probable es la derrota, y creo que debe saberlo. Él no va a jugar una carta golpista, un golpe no tiene posibilidad concreta de éxito, sin embargo sí puede movilizar una retórica, una energía en esta dirección, como para decir “mira, yo tengo esa gente atrás”. Un poco para evitar lo que sucedió en Honduras a Juan Orlando Hernández, que deja el gobierno y va a la cárcel en EE UU.
-Pero el martes circulaba información de que grandes sectores dentro de las fuerzas armadas estarían dispuestos a dar un golpe.
-Esa sería una segunda dimensión, más allá de las elecciones. Hay sectores importantes de la sociedad que podríamos denominar el “partido armado”, que incluye al ejército, las policías y también la seguridad privada, que es bastante grande. La policía se está conformando como un actor político importante, y se perciben a si mismos con la misión de salvar al país. Como el último bastión de salvaguarda del desorden, del caos o del comunismo.
-Un cierto mesianismo.
-Podríamos ponerlo así. Y en otra vereda está el cristianismo conservador: los pentecostales, los evangélicos, la Iglesia Universal, el catolicismo conservador, que también movilizan multitudes y se miran a sí mismos como salvadores. Estos dos actores no enfocan la política como un asunto institucional sino más bien como una guerra. Para ellos la elección de Lula puede ser una batalla que se pierde, pero no es la guerra.
-A largo plazo entonces sí vislumbrás un escenario semejante en el único país de América latina que no tuvo una guerra por la independencia ni guerra civil.
-El bolsonarismo es una forma política que corresponde a una dinámica social violenta, de ricos contra pobres, o violencia policial en un Estado que mata a los pobres y a los negros. Pero también es una «sociabilidad concurrencial», de competencia, de unos contra otros. Los que están trabajando contra los que no están trabajando. Históricamente para el capitalismo ha sido necesario tener mediaciones. Lo que hace el neoliberalismo es vaciar estas mediaciones. Entre la dinámica violenta del capital, la reproducción del capital y la reproducción de la vida, hay cada vez menos cosas en el medio. La misma dinámica de la sociedad es una dinámica violenta, conflictiva. En este contexto, Bolsonaro mira esta dinámica y la naturaliza. «Así es la vida, así son las cosas”. En esa dinámica de lucha y competencia uno tiene que estar al lado de los más fuertes, tiene que armarse para sobrevivir. ¿Qué hace Lula? Mira esa misma dinámica y dice “vamos a suavizar, a hacer unas políticas para que eso no se ponga tan bruto”. Es lo que llamamos contención, mientras que el eje de Bolsonaro es la aceleración de este proceso.
-Es habitual caratular al bolsonarismo como neofascismo. Pero el “que se mueran los que se tengan que morir” suena individualista.
-Como historiador tengo prurito de trasladar conceptos de otra época para entender la nuestra. Bolsonaro moviliza, sin embargo no hay intentos de organizar. El suyo ha sido el “partido armado”: ejército y policías y los evangélicos, pero no han sido organizados por Bolsonaro y para Bolsonaro. Esa es una debilidad de él, pero una fortaleza de esas fuerzas sociales, que estarán con o sin Bolsonaro. Otro punto es el del trabajo: el fascismo tenía una propuesta de una sociedad orgánica que se articulaba en torno al trabajo. Eso no está en el horizonte y Bolsonaro no lo promete, más bien al revés. Es una politización del emprendedorismo de sí mismo.
-Una uberización de la sociedad.
-Exacto. Una forma altamente individualista del mundo del trabajo. Comprender el discurso de Bolsonaro en la pandemia es clave. Estaba dirigido a la gente que no puede quedarse sin trabajar, que si se queda en casa no tiene qué comer. Siempre hay una racionalidad detrás de la locura bolsonarista. Otras personas en Brasil discuten el fascismo desde la perspectiva de psicología social, lo que sería una personalidad autoritaria. Pero el Estado bolsonarista no ha sido particularmente represivo. No más que otros gobiernos que tuvimos. Una parte importante de su retórica violenta se queda en la retórica. Sin embargo eso no es indiferente, porque banaliza una violencia que cometen otros, no en nombre del Estado. Como ese hombre en Foz de Iguazú o ese otro en Matto Grosso que asesinaron a simpatizantes del PT. O el ataque a la vicepresidenta argentina. Hay personas que se sienten autorizadas a actuar por su cuenta de manera violenta. El bolsonarismo dilata los límites de lo que es aceptable en política y el espectro se va desplazando más a la derecha.
-El PT condujo al país por 15 años. ¿Se replantean como errores a lo que llegó Brasil?
-El PT ha cumplido con lo que se propuso hacer como partido y como política. Se propone lo mismo otra vez. Y está apoyado por las elites económicas.
-¿Cómo es eso?
-Los mismos jueces que arrestaron a Lula son los que lo sacaron de la cárcel. Y no hubo novedades en el plano jurídico ni presión popular. La pregunta sería por qué cambiaron de actitud. Lo más probable es que responden a una demanda de las elites para colocar en el tablero electoral la alternativa de la contención política. La Rede O Globo, el monopolio de las comunicaciones de Brasil que fue el aparato de comunicación de la dictadura, después de las manifestaciones del martes invitó a Lula para una larga entrevista en el noticiero más importante. Para entender esto uno tiene que pensar que el capital financiero y sectores fundamentales de las clases dominantes brasileñas demandan contención en este contexto. Apoyaron la aceleración bolsonarista, porque abrió fronteras para el agronegocio, cambió la legislación del trabajo, pero también tiene una dinámica propia que se salió de control. El drama es que hacer una contención en 2023 es muy distinto que en 2003, por las condiciones internacionales, porque la crisis social se agravó en todas las dimensiones. Un ejemplo es el rol de la policía y su relación con el crimen organizado, «las milicias», grupos armados con una relación promiscua con el poder público. En 2003 la palabra «milicia» no existía en el vocabulario brasileño. Ahora se describe al de Bolsonaro como un gobierno miliciano. Ese es un síntoma de una corrosión del tejido social. ¿La medicina lulista del 2003 va a funcionar en el 2023? «
Lazos con Putin, Trump, Steve Bannon y los Brics
-Bolsonaro se jacta de su amistad con Vladimir Putin, no rechaza la pertenencia de Brasil a los Brics. ¿Cómo se explica, teniendo en cuenta la sumisión de Bolsonaro a EE UU?
-Con Putin en particular hay una afinidad ideológica mas profunda. Un componente importante del bolsonarismo ha sido difundido por un filósofo que murió hace poco que se llamó Olavo de Carvalho, muy cercano a Steve Bannon y también al ruso Alexandr Duguin (NdR: cuya hija acaba de ser asesinada en un atentado) que comparten el mismo trasfondo filosófico que se conoce como “tradicionalismo”. El trumpismo, el putinismo y el bolsonarismo, en la profundidad de sus raíces ideológicas tienen mucho en común. Otro punto es que en los Brics está el indio Narendra Modi, igual de violento que Bolsonaro. Mi hipótesis es que es una manera de mostrarse como autónomo, como soberano, a la manera en que (Nayib) Bukele puede hacerlo en El Salvador o (Alejandro) Giammatei en Guatemala. Son tipos que no tienen nada que ver con la izquierda pero actúan así para la interna. Donde se ve bien es en la defensa de la Amazonía: ahí Bolsonaro acusa a las ONGs y los intereses extranjeros, a (Emmanuel) Macron. Pero en ningún momento eso ha comprometido la postura muy sumisa que el gobierno brasileño tiene con EE UU.
Siguiendo los más que estrictos protocolos de la corona británica, fue proclamado rey el heredero natural de Isabel II. De entre todos los nombres posibles, Charles Philip Arthur George eligió el primero en la lista y en el mundo hispanohablante se lo conocerá como Carlos III. Lo que puntillosamente evitan mencionar las crónicas periodísticas es el apellido, cosa de disimular un temita que la reina difunta, ni bien ocupó el trono, intentó barrer debajo de la alfombra, allá por abril de 1952, cuando decidió que su dinastía será la familia Windsor. Seguramente Carlos III dejará las cosas como están. Si aguantó en el banco de suplentes por 73 años, no va a elegir ahora ser conocido como Mountbatten-Windsor.
Incluso, si quisiera escarbar más hondo, Carlos III podría apelar al quizás excesivo Battenberg-Sajonia-Coburgo-Gotha. Pero sería admitir el origen germánico de la casa real, britanizada en parte en 1917, durante la Primera Guerra Nundial, cuando Jorge VI, su bisabuelo, eligió llamarse Windsor. El proceso fue completado en 1947, cuando Felipe de Grecia hizo lo propio al casarse con Isabel para que Battenberg mudara en Mountbatten. Lo mismo, pero en inglés. Sin embargo, corrió tanta agua bajo el Puente de Londres, que a nadie se le ocurriría recomendarle ese paso.
Foto: AFP
Como sea, por esas vueltas del destino, en una semana la cúpula del gobierno británico cambió el poder simbólico y el ejecutivo. Y a la llegada de Carlos III se le suman los primeros pasos de la gestión de la conservadora Mary Elizabeth Truss. Entre las particularidades del Reino Unido se ve que los descendientes de la corona tienen bastante libertad para elegir incluso el apellido.
Pero para un régimen que se permite decidir qué es o no democracia y quiénes la representan en todo el mundo, es de destacar que la actual primera ministra fue elegida por menos del 0.17% del electorado. Truss, de 47 años –que había alcanzado a ser ungida por Isabel II en el Palacio de Balmoral– llegó al cargo tras la renuncia de Boris Johnson. Como indican las reglas, el Partido Conservador, que había ganado el comicio en 2019, elige al sucesor entre sus miembros en una interna de impacto nacional. Pero solo están en condiciones de votar los que tengan las cuotas al día y, además, quienes tengan la voluntad de hacerlo. La exministra de Relaciones Exteriores venció en un proceso electoral que culminó el 2 de septiembre al economista de origen indio y extitular de finanzas, Rishi Sunak, por 81.326 votos contra 60.399. El Reino Unido tiene unos 68 millones de habitantes y hace tres años estuvieron habilitados para ir a las urnas 48 millones de ciudadanos.
Foto: The Royal Family Press
Un día después de ser nominada, Truss anunció que su primera gira al exterior sería a Kiev y le prometió al presidente Volodimir Zelenski que bajo su mandato el Reino Unido mantendrá su «respaldo a la libertad y la democracia» en Ucrania. Reconocida “atlantista”, como canciller, Truss fue una de las más enfervorizadas impulsoras del envío de armas y pertrechos para sostener le guerra contra Rusia. Johnson había viajado de urgencia para entrevistarse con el mandatario ucraniano el 9 de abril pasado. Por esa fecha, una delegación ucraniana mantenía conversaciones con representantes rusos en Estambul en el último intento por llegar a un acuerdo de paz desde que se desató el conflicto bélico, el 24 de febrero. La información oficial dio que Johnson quería “reunirse personalmente con el presidente Zelenski, en un gesto de solidaridad con el pueblo ucraniano” y para “presentar un nuevo paquete de ayuda financiera y militar”. El incipiente proceso de paz naufragó luego de esa visita.
Pero como nada es gratuito en la vida, así como Truss defendió las sanciones contra Rusia y es la principal espada del “atlantismo” dentro de la Otan y muy firme aliada de la administración de Joe Biden, ahora debe hacerse cargo de las consecuencias en su propio país. Así, en su primera comparencia como jefa de Gobierno a la Cámara de los Comunes anunció un paquete de 150.000 millones de libras esterlinas para congelar las facturas de energía por dos años. Al mismo tiempo, el plan contempla liberar la producción de petróleo mediante el sistema de fracking y autoriza la perforación de petróleo y gas en el Mar del Norte.
Esta medida implicaría que una familia británica no debería pagar más que 2500 libras esterlinas anuales en sus cuentas de servicios de luz y gas. El debate parlamentario se interrumpió repentinamente cuando los legisladores recibieron mensajes en sus celulares que adelantaban el deceso de la reina.
En 2005, el ahora monarca, al que los medios tildan de Rey Ecologista, había declarado que “el mayor desafío al que se enfrenta la humanidad es el cambio climático y el calentamiento global”. Y ahora adelantó que quiere tener mayor participación en las decisiones de gobierno que su madre. ¿Cómo seguirá esta historia?
El intento de magnicidio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue el punto culminante de un proceso de degradación de la política y la comunicación mediática que se fue macerando desde hace tiempo y al que amplios sectores de la sociedad reclaman poner freno antes de que la escalada de violencia derive en consecuencias funestas para los argentinos. La tensión de estas últimas semanas fue en aumento a medida que el fiscal Diego Luciani iba desgranando su acusación en la causa Vialidad. La respuesta en las redes de la vicepresidenta, impedida de hacerlo en el estrado como había solicitado, sirvió para demostrar que su centralidad en la política nacional sigue intacta, al punto de que los mismos medios que fustigaban su uso frecuente de la cadena nacional transmitieron la extensa exposición… en cadena. Tras varios días de manifestaciones de apoyo en la esquina de su vivienda, el 1 de septiembre Fernando «Teddy» Sabag Montiel apretó dos veces el gatillo de una pistola Bersa calibre 32 a diez centímetros de su rostro. Por milagro, el arma no se disparó. La vicepresidenta reconoció más tarde que no se había dado cuenta de nada. Pero las imágenes de la Televisión Pública y del celular de uno de los presentes llevaron escalofríos a la población. Cualquiera sea la consideración que se tenga cobre Cristina Fernández de Kirchner, fue lo más cerca que alguien estuvo de matar a una personalidad de esa estatura política en la historia de la democracia argentina y eso afecta a todos. El siguiente capítulo de este drama se produjo a los pocos minutos, en relación con la postura que los distintos sectores expresaron en torno al ataque. Desde la calificación que los medios le daban al incidente, en ciertos casos con un tono de desconfianza o describiéndolo, sin datos, como un hecho policial. La más expresiva fue la diputada provincial santafecina Amalia Granata, que directamente lo consideró un acting para conseguir votos en el 2023. Otros fueron más remisos a condenar el hecho, como la lideresa del PRO, Patricia Bullrich, el radical porteño Martín Tetaz, o el «libertario» Javier Milei. Hubo coincidencia, en cambio, en todos los sectores de la izquierda, la UCR y representantes del partido de Elisa Carrió en repudiar el atentado, dato no menor. Porque la fisura dentro de JxC, que había estallado con la represión frente a la casa de CFK, se profundizó luego de ese jueves dramático. Con la exministra de Seguridad del macrismo lanzada en una lucha en contra de la «tibieza» de muchos de los propios. La masiva marcha del 2 de setiembre en todo el país tiene pocos antecedentes en la historia argentina, que si de algo se puede jactar es de utilizar las calles en forma pacífica para expresar sus disputas políticas. El sábado 3, en una sesión especial, el Congreso emitió un comunicado de repudio consensuado entre oficialismo y oposición. El texto dejó afuera, para lograr los votos de la oposición, temas que sin embargo son cruciales y explican el trasfondo para el ataque, como las alusiones a los discursos de odio tanto de dirigentes como de medios de comunicación. Aún así, la bancada del PRO abandonó al recinto donde se trató el documento ni bien se votó. «No queremos que este hecho gravísimo sea utilizado con el objetivo de generar más divisiones y mucho menos convertirse en una tribuna para atacar la oposición política, el Poder Judicial y los medios de comunicación, como lamentablemente venimos escuchando», argumentó el jefe del bloque, Cristian Ritondo.
Racionalidades El expresidente Mauricio Macri, en tanto, que tuvo el reflejo de condenar de inmediato el atentado, luego fue virando hasta hablar de una «cacería de enemigos simbólicos a los que les atribuye, sin ninguna racionalidad, la instigación al ataque». La disputa por la «racionalidad» no es un tema menor. Cristina Fernández había alertado, antes del jueves 1, que la oposición intentaba resolver sus diferencias internas compitiendo por quién es más duro en contra del peronismo y de ella en particular. «No tenemos gente racional frente a nosotros», había dicho horas antes del ataque. Esa misma mañana su hijo, el diputado Máximo Kirchner, había dicho «están viendo quién mata al primer peronista». No sería a manos de fuerzas de seguridad que se produciría este intento de magnicidio, sino de un personaje marginal, con simbología nazi grabada en su piel en forma de tatuajes. La causa fue declarada bajo secreto de sumario por la jueza María Eugenia Capuchetti en una causa que investiga el fiscal Carlos Rívolo. Los primeros datos muestran a Sabag Montiel como un extraño personaje muy ubicuo junto a móviles de Crónica TV y de perfil contrario al Gobierno nacional. El 4 de septiembre, una joven que en alguna emisión de ese canal aparece como su novia, fue detenida por la Policía Federal. El celular del hombre, de 35 años, habría sido bloqueado en circunstancias dudosas por el personal a cargo de su custodia. Los discursos de odio forman parte de la degradación de la política y los medios que se potenció desde la pandemia de coronavirus. Así lo marcó un usuario de las redes sociales el ironizar que para la política es un delito más grave tocar un pecho femenino en un zoom que pedir la muerte de la vicepresidenta. Hacía referencia al diputado salteño del FdT Juan Emilio Ameri, expulsado de su banca hace dos años, y al caso del neuquino Francisco Sánchez, del PRO, quien escribió en un tuit que «doce años de prisión (como Luciani reclamó para CFK) por robar impunemente es poco (…) merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria». La Constitución Nacional de 1994 adhirió al Pacto de Costa Rica, que prohíbe la pena de muerte en cualquier circunstancia.
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