Donald Trump ya está en la palestra para otro enfrentamiento con Joe Biden. Y la disputa se juega en todos los terrenos. Por el lado político, acaba de arrasar en las primarias republicanas y se sacó a una rival que pintaba para hacerle sombra, la exembajadora en la ONU Nikky Haley, que tras el resultado del “supermartes” decidió bajarse de la competencia. El lunes, la Suprema Corte de Justicia había determinado que el máximo tribunal de Colorado no podía impedir que el expresidente pudiera presentarse a la elección. Los jueces de ese estado lo acusaban de haber instigado una insurrección el 6 de enero de 2021.
En el ámbito estrictamente judicial, Trump no las tiene todas a favor y este viernes tuvo que poner 83,3 millones de dólares de fianza para poder apelar un veredicto en su contra por difamación en un juicio que le ganó la periodista Elizabeth Jean Carroll. Se trata de un depósito en garantía ejecutable como indemnización si esta nueva instancia vuelve a ser contraria.
Lo concreto es que, más allá de esos avatares o probablemente a raíz de eso mismo, la carrera del empresario inmobiliario para regresar a la Casa Blanca está despejada entre los republicanos. Y su imagen ante el resto de la ciudadanía, también crece. Ayuda el desempeño bastante flojo de Joe Biden, y también que Trump supo imponer una agenda incómoda para los demócratas. Con Estados Unidos implicado en Ucrania y Gaza, y una tensión en la frontera con México que eleva el rechazo visceral de las poblaciones locales ante la inmigración, cualquier respuesta acorde a esas demandas puede ser irritante para el público más progresista.
Este viernes, Trump recibió en su finca de Mar-a-Lago al primer ministro de Hungría, Víktor Orban, quien en diciembre pasado fue uno de los invitados en la asunción de Javier Milei en Buenos Aires. “Hay que admitir que el mundo sería mejor con Trump”, lo lisonjeó el mandatario ultraderechista, uno de los más amigos de Rusia en Europa. «Durante su presidencia había paz en Medio Oriente y paz en Ucrania. Si todavía fuera presidente de Estados Unidos no habría guerra hoy», concluyó Orban. Un dato: el líder húngaro no pidió entrevista con el presidente Biden.
Otro “amigo” de Milei, el megamillonario Elon Musk, dueño de Tesla y de SpaceX, visitó la residencia de Trump el domingo pasado junto con un grupo de magnates (si fueran rusos serían oligarcas) y según el The New York Times, allí acordaron estrategias y fondos para que Biden no gane en noviembre. El dueño de casa necesita dinero para la campaña, pero también para los múltiples juicios, entre ellos uno por fraude fiscal sobre esa misma residencia de Palm Beach.
Elecciones, frente ucraniano y renuncias en EE UU
Mientras las tropas rusas van logrando avances en el frente ucraniano y el presidente Vladimir Putin se dispone a poner en juego su cargo por un nuevo mandato, desde este viernes, la diplomacia estadounidense anunció que la secretaria de Estado para Asuntos Políticos, Victoria Nuland, dejará su puesto en los próximos días. Belicosa responsable de la política hacia Ucrania que siguió Washington con el gobierno de Barack Obama y de Joe Biden, y estratega de las revueltas del Euromaidan que voltearon al presidente Viktor Yanukovich en febrero de 2014 y de las medidas posteriores a la incursión rusa de 2022, los analistas entienden que su dimisión se relaciona con los pobres resultados en el campo de batalla de esa apuesta. El secretario de Estado, Antony Blinken, su jefe más próximo, destacó en un comunicado que Nuland trabajó al servicio de «seis presidentes y diez secretarios de Estado» y alabó su “conocimiento enciclopédico y su compromiso”.
La primera gran movida del presidente Javier Milei luego de su discurso de inauguración de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación del 1° de marzo se produjo tres días después, cuando en la madrugada de hoy el edificio de Télam, a pocas cuadras de la Plaza de Mayo apareció vallado, la página web bloqueada por un escudo nacional con la frase «Página en reconstrucción», mientras los más de 700 trabajadores recibían un email firmado por el interventor Diego Chaher, en el que quedaban dispensados de trabajar por siete días, sin mayores precisiones. Entre los anuncios del mandatario de La Libertad Avanza en su campaña electoral estaba el cierre de Télam, uno de los objetivos de su plan de motosierra. En el fárrago de su iracundo mensaje inaugural ‒un discurso del «Estado de la Unión» desde en un atril delante de los titulares de ambas Cámaras, en un entorno calcado de Donald Trump en el Capitolio‒ hubo amenazas para todos los sectores de la política y de la sociedad. No quedaron al margen jubilados, sindicalistas, gobernadores ni dirigentes de varios espacios. Recortes salvajes para unos, promesas de restitución de fondos para otros, y provocaciones para quienes no se quieran someter a los designios presidenciales. Lo de Télam, en ese momento, era una más de las bravatas del anarcocapitalista, que terminó por proponer perentoriamente la firma de un pacto el próximo 25 de mayo. Pero ocurre que además de los recortes presupuestarios y la licuación de ingresos de toda la población, la clausura de la agencia oficial fundada en 1945 era de máxima visibilidad y realizable de un modo relativamente rápido. Si buscaba una señal de que «ahora sí vamos en serio», seguramente se pensó como la más sencilla de poner en práctica. No es que el macrismo no le hubiera tenido ganas a la única agencia noticiosa de carácter verdaderamente federal, y con argumentos similares. En 2016 el entonces jefe del Sistema Nacional de Medios Públicos, Hernán Lombardi, llegó a hablar de que allí «había capas geológicas» donde predominaba un sesgo ideológico determinado y estaban embanderados detrás del kirchnerismo.
Provocaciones El vocero presidencial, Manuel Adorni, posteó en su cuenta de la red X un provocativo «Saluden a Télam que se va», para alegar, en su conferencia posterior al bloqueo, que la agencia perdía 20.000 millones de pesos al año, que los trabajadores serán reubicados y que seguirán cobrando sus salarios mientras tanto. Lo que no dijo el funcionario es que Télam es clave para la provisión de material informativo a medios de todo el país que no tienen posibilidad de contar con corresponsales en el resto del territorio. Y que ese material es de calidad, chequeado con fuentes propias y personal con años de experiencia. El hecho desató la inmediata reacción de periodistas y dirigentes que, con el apoyo de un importante sector de la sociedad, entendieron que detrás de esta decisión hay un ataque a la libertad de prensa y la intención del Gobierno de evitar que se difunda la realidad de lo que sus políticas están causando en grandes sectores de la comunidad. Algunos señalaron que nadie en Gran Bretaña plantearía un cierre de la cadena BBC. «El Gobierno nacional está llevando adelante uno de los peores ataques a la libertad de expresión en los últimos 40 años de democracia. Esta noche, policía de la Ciudad valló los dos edificios de la Agencia Nacional de noticias y publicidad Télam, para evitar el masivo abrazo e impedir el acceso al edificio», dice un comunicado que firman el gremio Sipreba y la comisión interna de Télam. El diputado por Córdoba Juan Pablo Carro presentó a poco de conocerse la novedad un proyecto de resolución en el que pide al Poder Ejecutivo Nacional el sostenimiento de Télam y destaca «su tarea profesional esencial para la labor informativa». Y agrega que tiene 803 clientes totales suscriptos a sus servicios diarios. Lo que corrobora que no es una dependencia estatal sin capacidad de generar ingresos.
En los 70 minutos de su discurso inaugural de sesiones, Javier Milei no recordó ni lejanamente su propuesta de campaña de dolarización. Los encuentros con la número 2 del FMI, Gita Gopinath (22F), y el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken (23F), podrían haber sido señales de alarma para su plan de terminar con la moneda argentina. Ninguno de los dos le dio la palmada en el hombro y el «siga, siga» que popularizó el árbitro Francisco Lamolina que esperaba el mandatario argentino. El tiro de gracia a la iniciativa bien se lo puede haber dado su colega en los ámbitos del ultraconsevadurismo latinoamericano, su par salvadoreño Nayib Bukele en la cumbre de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), que culminó el 24 de febrero en National Harbor, Maryland, a pocos kilómetros de Washington DC.
Milei se mostró como un dócil y cholulo admirador del centro del espectáculo, Donald Trump, que parece avanzar sin obstáculos hacia una nominación para una nueva presidencia de EE UU. Fue también una de las grandes revelaciones de ese show ultramontano, junto con el salvadoreño, que acababa de ganar la reelección con el 85% de los votos y era la otra gran figura de ese universo que viene creciendo en el mundo de la mano de las estrategias del gurú, Steve Bannon, obviamente presente en ese escenario. Lo interesante para este recorte de lo ocurrido es un tramo del discurso de Bukele, en un muy buen inglés, en el que se refiere precisamente al dólar, aunque desde una perspectiva más global que la del argentino. En su propia cuenta de la red X, Bukele destaca el tramo en el que explica el modo en que la dirigencia de EE UU recurre a la «maquinita» de imprimir billetes para compensar el déficit fiscal y la manera en que eso amenaza la vigencia de la moneda verde. En términos incluso más didácticos de lo que Milei dice sobre el peso.
«Mis amigos conservadores siempre me dicen que el problema aquí es el de los altos impuestos, pero se equivocan –avanza Bukele– el real problema es que esos altos impuestos no financian al gobierno de EE UU». Su exposición continúa afirmando que el gobierno se financia con bonos que principalmente compra la Reserva Federal (Banco Central). Su pregunta inquietante es ¿cómo compra esos bonos? Sencillo: «imprime dinero». Otra gran cuestión, ¿qué respaldo tiene ese dinero? «Los mismos bonos. En esencia, el gobierno se financia con dinero que imprime de la nada».
El polémico presidente salvadoreño –uno de los países que tiene al dólar como moneda, corresponde decirlo– se permite un argumento demoledor. «Si puede imprimir dinero de la nada ¿por qué cobrar impuestos?», lo que levanta sonrisas y aplausos del auditorio. La sorpresa viene luego. «(Ustedes) están pagando impuestos altos sólo para mantener la ilusión de que así financian al gobierno». La conclusión es inevitable. «Es una burbuja que tarde o temprano estallará». Y ese día, cuando todos se den cuenta del engaño en Estados Unidos y en el resto del mundo, dice Bukele, «caería el dólar y con él la civilización occidental».
Algo de esto vienen advirtiendo las principales figuras del Partido Republicano, como el mismo Trump, que ya en agosto del año pasado en una entrevista con Larry Kudlow en el canal Fox Business. «Tenemos poder, pero está disminuyendo en términos de nuestra moneda. Y no sólo estoy hablando del valor de nuestra moneda, estoy hablando de que nuestra moneda se usa en todo el mundo y eso es más grande que perder cualquier guerra», dijo el aspirante a volver a la Casa Blanca. «Tenemos algo muy poderoso como es nuestro dólar, pero está pasando que otros países ya no lo usan, y China quiere reemplazarlo con el yuan, y eso era impensable para nosotros. Nunca habría sucedido». Unas semanas antes, el senador Marco Rubio, derechoso si los hay en el Capitolio, había advertido que la pérdida de influencia del dólar incluso afectaba la capacidad de Washington de imponer sanciones a otros países.
Y ahí hay un punto central, de acuerdo a los analistas de la geopolítica. Cuando en el marco de la guerra en Ucrania la administración Biden impuso una batería de castigos económicos y financieros a Rusia, entre esas medidas estuvo el congelamiento de activos rusos por más de 300.000 millones de dólares. Ya había ocurrido algo similar con fondos de Libia e Irak en el pasado, de modo que cualquier gobierno con algún tipo de deseo de soberanía tomó conciencia de que el dólar, más que una moneda de intercambio comercial era una amenaza para su seguridad y se fueron pasando a otras divisas. El yuan es una de ellas. En el trasfondo de las últimas cumbres de los BRICS e incluso en la ampliación que se votó en agosto pasado en Johannesburgo a la que fue invitada Argentina y la gestión de Milei rechazó, figuraba en primer plano la desdolarización del comercio, al menos entre esos países. La mayor parte del comercio actual de Rusia con China e India ya se realiza en monedas locales. Y la rupia ya está comenzando a formar parte de las transacciones por petróleo con Emiratos Árabes Unidos.
En esta entrevista con Tiempo, Rafael Correa también advierte sobre los riesgos de la dolarización, a la que por lo que se ve, la Casa Rosada dejó a un costado por el momento.
Tropas del ejército israelí prosiguieron los bombardeos sobre la franja de Gaza y ya se computaban más de 110 muertos al cabo de una balacera sobre una multitud de seres humanos hambrientos que rodeaban un convoy con ayuda humanitaria -mayoritariamente harina- en la rotonda de al-Nabulsi, en el noroeste de ese territorio.
El caso generó más rispideces en la comunidad internacional contra el gobierno ultraderechista de Benjamin Netanyahu, que está encaminado a concretar el exterminio o la expulsión total de la población palestina, en contra de las voces cada vez más unánimes que reclaman por la formación de dos estados tal como la ONU pide en la Resolución 181 de 1947 y que los sucesivos gobiernos israelíes boicotean desde entonces.
Un equipo de la organización dijo haber corroborado este sábado que se registra «un gran número» de heridos de bala en el hospital Al Shifa, de Gaza, y detalla que según sus datos 2,2 millones de personas de las 2,4 millones que pueblan esa región están amenazados por una hambruna. La cifra de víctimas fatales de la ofensiva israelí tras el ataque de Hamas del 7 de octubre pasado ronda los 30.000. Aquel día, según reportes de Tel Aviv, murieron en total 1140 entre israelíes y extranjeros y fueron tomados unos 240 rehenes, de los cuales fueron liberados unos 60 por el grupo que gobierna en Gaza desde 2007, entre ellos dos argentinos hace dos semanas.
Como una manera de despegarse de la «rebeldía» de Netanyahu a la voluntad del gobierno de Joe Biden de aceptar un alto el fuego y permitir la entrega de ayuda, anunció el lanzamiento de alimentos y medicamentos desde aviones. Es que las tropas israelíes controlan los accesos y el último incidente, en la rotonda de al-Nabulsi, muestra que no dudan disparar contra los camiones de provisiones. Las autoridades gazatíes señalaron que ese día balearon a un gran número de personas que estaban esperando los paquetes de harina, y que así fueron asesinados un centenar y quedaron unos 300 heridos. El gobierno israelí primero adujo desconocer el hecho y luego un vocero del ejército afirmó que hubo forcejeos entre los refugiados y que las tropas abrieron fuego porque temieron por sus propias vidas. La oficina del primer ministro agregó que muchos de los fallecidos fueron aplastados por los camiones al verse «desbordados por gente que intentaba saquear» la carga.
Un cable de AFP consigna que el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, calificó la situación en Gaza de «desesperada». Estados Unidos y la Unión Europea, tradicionales aliados de Israel, pidieron una investigación independiente de la matanza. Arabia Saudita, por su parte, condenó «los ataques de las fuerzas de ocupación contra civiles indefensos» mientras que la Liga Árabe tildó a ese incidente como «un acto bárbaro y brutal que desprecia totalmente la vida humana».
En similares términos se pronunció el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres. «Los civiles desesperados en Gaza precisan ayuda urgente, incluidos los que están bajo asedio en el norte, donde la ONU no ha podido proporcionar ayuda desde hace más de una semana», dijo su portavoz en un comunicado. Desde la Cumbre de la CELAC (ver aparte) también hubo pronunciamientos condenatorios de Lula da Silva y Gustavo Petro,
Biden, a su turno, pidió respuestas a Netanyhahu y declaró que espera un alto el fuego para el Ramadan, el mes sagrado para los musulmanes, que comienza el 9 de marzo. Desde su entorno deslizan que la secretaría de Estado estuvo trabajando para eso, pero temen que este ataque impida algún acuerdo en ese sentido. Pero al mismo tiempo la Casa Blanca bloqueó una declaración del Consejo de Seguridad condenando el hecho y se opuso al llamado de Argelia para una sesión de urgencia de ese organismo. De todas maneras, Washington se las arregla para aparecer, junto con Qatar y Egipto, negociando una tregua de seis semanas, la liberación de los rehenes aún en manos de Hamas y el ingreso de la ayuda necesaria para que los habitantes de Gaza no terminen muriendo de hambre.
En su discurso anual ante la Duma y el Consejo de la Federación, Vladimir Putin advirtió a Occidente sobre una escalada en el conflicto en el este de Europa y alertó que las tensiones suponen un «riesgo real» de una guerra nuclear. El presidente ruso enfrenta semanas de tirantez a la espera de las elecciones para un nuevo mandato, que se desarrollarán entre el 15 y el 17 de marzo y en las que es ampliamente favorito, pero que descuenta que será deslegitimado por las potencias de la OTAN.
En ese contexto el viernes resultaron detenidas unas 130 personas en el funeral del opositor Alexei Navalni. La muerte en prisión del hombre que encarnó a la oposición a Putin y con el que la OTAN y EE UU planteaban una estrategia para enfrentar al oficialismo, complicó al Kremlin, que terminó acusado de haber eliminado a su principal oponente político interno. Inesperadamente, el jefe de los servicios de espionaje ucranianos, Kyrylo Budanov, declaró en una entrevista que según sus informes, Navalni murió a causa de un coágulo de sangre que se había desprendido.
El mensaje de Putin –que no hizo referencia al preso fallecido– apuntaba directamente a las últimas movidas en el continente europeo. Por un lado, esta semana el parlamento húngaro aceptó el ingreso de Suecia a la OTAN, un hecho temido por Rusia porque tras el ingreso formal de Finlandia en abril pasado, estratégicamente la organización atlántica está en capacidad de bloquearle la salida del mar Báltico por San Petersburgo y a su territorio de Kaliningrado, algo que no había ocurrido ni en la época de la Unión Soviética.
Además, crecen las voces amenazantes desde Europa. El presidente francés, Emmanuel Macron, avisó que podría enviar tropas a Ucrania en el marco de la guerra contra Rusia. Por si quedaban dudas, Macron agregó: «Cada una de las palabras que pronuncio sobre este tema está sopesada, pensada y medida». Y el primer ministro neerlandés Mark Rutte firmó con el presidente Volodimir Zelenski un acuerdo de seguridad con Ucrania durante un viaje a Járkov.
Del otro lado de ese país, el Parlamento de Transnistria pidió la protección de Moscú. Se trata de un territorio de lengua y cultura rusa en la república de Moldavia lindante con Ucrania que se declaró independiente en 1992 aunque nunca fue reconocida fuera de Rusia. En ese pequeño territorio de poco más de 4100 kilómetros cuadrados viven «más de 220.000 ciudadanos rusos», dicen los legisladores, que aseguran enfrentar «amenazas sin precedentes de naturaleza económica, socio-humanitaria y político-militar», de Moldavia.
No hizo falta demasiado para que los analistas europeos perciban similitudes con el inicio del conflicto en Ucrania. Desde 2020 gobierna en esa exrepública soviética la proeuropea Maia Sandu, una economista formada en Harvard que en diciembre anunció que se postulará para un nuevo periodo en noviembre próximo. La «reintegración» de Transnistria figura entre sus proyectos desde que llegó al poder y dijo que está haciendo «pequeños pasos» para lograrlo. En ese contexto es que la legislatura lanzó el pedido a Moscú, que por ahora guarda silencio, aunque ya avisó que no le cabe un alfiler.
En otra de esas semanas agitadas que gusta poner sobre la mesa, Javier Milei tuvo sus primeros enfrentamientos directos con los gremios y recibió un fuerte rechazo por una política exterior que, en el caso de Malvinas, muestra más agachadas que conquistas para el país. Donde el presidente sí muestra esplendor a nivel personal es en el encuentro de la ultraderecha internacional, la Conferencia de Acción Política Conservadora, en Estados Unidos, donde es presentado como «rock star», junto a Donald Trump, Nayib Bukele, Santiago Abascal, Steve Bannon y el obispo Jospeh Strickland, echado por el papa en noviembre pasado. El paro de La Fraternidad del miércoles pasado inauguró este encontronazo con un colectivo gremial. Cierto es que el 24 de enero hubo una masiva manifestación de la CGT, con un paro general de 12 horas, pero la visibilidad esa vez estuvo centrada en las miles de personas de a pie y militantes partidarios que quisieron expresar frente al Congreso Nacional su rechazo a las primeras medidas de la gestión que había asumido el 10 de diciembre, cuando comenzaba el tratamiento de la ley Ómnibus. Esta vez hubo una interrupción de servicio que golpeó directo en los cientos de miles de ciudadanos que utilizan a diario el ferrocarril, principalmente para trasladarse entre los distritos del AMBA y que muchos de ellos, a raíz de los exorbitantes aumentos en el costo de los pasajes, se ven obligados a saltar los molinetes para poder ir a trabajar. La huelga fue convocada por el sindicato que nuclea a los maquinistas. El incremento de los precios en los primeros dos meses de La Libertad Avanza en el poder son suficiente motivo para cualquier representante gremial. «Es en respuesta a la falta de discusión paritaria y de propuesta salarial adecuada a la inflación galopante que deteriora los haberes –que gozan de carácter alimentario– del personal de conducción de trenes, causándoles daños irreparables», sintetizó un comunicado que firma el secretario general, Omar Maturano.
Frentes abiertos El momento hizo recordar a aquel famoso «ramal que para, ramal que cierra» de los 90 cuando el presidente Carlos Menem amenazó a los ferroviarios que se oponían a la privatización de los servicios. Porque el Gobierno tuvo ocasión de destrabar el conflicto con el simple dictado de una conciliación obligatoria para mantener negociaciones y ganar tiempo; pero eligió el camino de la confrontación, que a Milei parece por un lado entusiasmarlo y por el otro todavía le estaría dando beneficios políticos. En un relato que lo presenta como el gran antagonista de una «casta» a la que acusa de la debacle económica del país, qué mejor enemigo para esa clase media que mira con desconfianza a los sindicalistas que someter a la población trabajadora a un día sin ferrocarriles. Eso incluso sirve para no hablar del brutal aumento de los boletos. El jueves, otro gremio en contacto estrecho con los ciudadanos como el de Sanidad tuvo su día de protesta. La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (Fatsa) también reclama recomposición salarial ante una inflación que en diciembre fue de 25,5% y en enero de 20,6%, lo que licuó de manera abrupta el poder adquisitivo. En el caso de Fatsa, se trata de empleadores tan disímiles como los estados «nacional, provincial o municipal, empresas estatales, para-estatales, mixtas, privadas o personas físicas», según reza en su estatuto. De allí que la dirigencia se concentró frente al Sanatorio Otamendi, de la Ciudad de Buenos Aires, para detallar el motivo de sus demandas. «Se vive un momento particular, en el que el 90% de las actividades no pueden recomponer los ingresos», dijo el titular de Fatsa, Héctor Daer, uno de los triunviros de la CGT nacional. «Todavía no hemos podido cerrar la actualización salarial de 2023 y los índices de inflación de enero pulverizaron el poder de compra de los salarios de toda la actividad», agrega un comunicado del gremio.
De la mano. Gita Gopinath y Javier Milei, coincidencias sobre las políticas de ajuste.
Foto: NA
Los docentes, en tanto, tienen previsto un paro para el lunes 26. El Gobierno primero dijo que no convocaría a paritaria nacional y que tenía proyectado declarar al sector como servicio esencial –lo que limitaría el derecho de huelga– y llamó a los representantes gremiales para el martes, pero las clases en muchos distritos comienzan un día antes.
Monitoreo del norte Mientras tanto, la número 2 del FMI, Gita Gopinath, visitó el país para monitorear las primeras medidas del Gobierno, que festeja el déficit cero de enero como un gran triunfo, sin computar que se logró licuando los ingresos de trabajadores estatales, jubilados y pensionados y con una recesión inédita en nuestra historia. La economista india también se reunió con sindicalistas y empresarios pyme para testear el ánimo de esos sectores de la sociedad y evaluar hasta dónde están dispuestos a tolerar el feroz ajuste. El ministro de Economía, Luis Caputo, puede mostrar en las entrevistas amigables en el mainstream televisivo números y promesas difusas, pero la verdad pasa por otros lados. Y al FMI le interesa el ajuste tanto como la viabilidad de las medidas. Porque conoce la historia argentina, y porque no quiere quedar pegado a un nuevo fracaso político. De todas maneras, su gran logro es que en el centro de los debates políticos no aparece la deuda que contrajo el mismo Caputo en la gestión de Mauricio Macri. Y que en enero el resultado contable mostró que ahora se gasta más en el pago de la deuda que en jubilaciones. Algo que no ocurría en el país en este siglo.
Provocación británica El expremier británico David Cameron tuvo un gesto provocativo antes de llegar a Brasil para la cumbre de cancilleres del G20: fue a las Islas Malvinas y les dijo a los habitantes que esperaba que siguieran bajo el amparo del Reino Unido «por mucho, mucho tiempo, posiblemente para siempre». El viaje del «torie» despertó airadas protestas del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, de dirigentes peronistas y de excombatientes, pero apenas un tímido tuit de la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino. Más habituada a la chicana en las redes sociales, como la mayoría en LLA, se limitó a ironizar que «valora el gesto de incluir a la Argentina en su visita a la región» y lo invitó a «recibirlo en una próxima ocasión en Buenos Aires». El vocero presidencial, Manuel Adorni, otro tuitero de fuste pero con dificultades para la palabra hablada, fue más melifluo: «La visita de David Cameron a Malvinas es un tema de agenda de David Cameron y del Gobierno inglés (…el Gobierno argentino) no tiene por qué opinar sobre la agenda de otros países». En el G20, Mondino posteó una foto con cara de disgusto junto a Cameron y la frase «poniendo las cosas en su lugar», sin especificar a que se refería. Es que para los dirigentes de LLA, una cosa es ser picante con los propios y otra con los de afuera. Sobre todo, cuando hablan en inglés.
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