por Alberto López Girondo | Oct 1, 2009 | Sin categoría
El inefable Silvio Berlusconi no se anda con vueltas a la hora de calificarse. «Soy el mejor primer ministro en 150 años», se despachó hace unos días. Lo que no es poco decir en un país que se unificó, precisamente, hace siglo y medio. Pero muchos a su alrededor tienen otra mirada del controvertido empresario y ya se prueban la ropa que, piensan, habrá de dejar en no demasiado tiempo, en vista de las batallas que viene perdiendo y de la caída en el nivel de aceptación entre los votantes.
La bravuconada de Il Cavaliere se produce en un momento en que el premier aparece disputando con fiereza contra los medios de comunicación italianos que no le son afines. Entre ellos a varios periodistas de la cadena pública de televisión RAI, a los que llamó, sin pudor, «farabutti», o sea, canallas. Un poco por estos roces, que ya son un clásico en la política peninsular, y otro poco porque una cantidad considerable de ciudadanos que lo votaron hace 18 meses se hastiaron de su histrionismo, el caso es que Berlusconi bajó 21 puntos en los sondeos de opinión y muchos pronostican que será virtualmente imposible que pueda recomponer su imagen a futuro.
Atentos a la actual baja en la aceptación pública, a su alrededor ya se habla de «posberlusconismo» Un neologismo que explica las movidas de algunos de sus socios electorales que se colocaron en la línea de largada para cuando la caída sea inevitable. Uno de los primeros en anotarse fue el ministro de Economía, Giulio Tremonti, posible heredero de Berlusconi en el PDL. Tremonti estuvo en un programa de la RAI donde le preguntaron sobre su evaluación del año y medio de gestión. Siguiendo el ejemplo de su líder, dijo que había que aplaudir su «sabia y prudente» política económica. La suya propia. Fue tal la forma en que el ministro eludió hablar de su jefe y auto alabarse que el presentador, Giovanni Floris, ironizó: «O sea que lo único bueno que ha hecho Berlusconi es nombrarlo a usted…».
La Italia de hoy sería una maravilla si no fuera por algunas razones de peso: la crisis económica es bastante profunda y a pesar de los anuncios no da muestras de haber cesado; crece el descontento popular con la llegada bastante frecuente de ataúdes con los restos de soldados muertos en Afganistán; y el premier, recién cumplidos los 73, parece haber decidido beberse los últimos suspiros, enredándose en escándalos de polleras sin la menor moderación. Y como consecuencia, se enredó también en altercados de niveles profundamente mezquinos.
Mancha
El que resultó salpicado en estas pendencias fue Gianfranco Fini, presidente de la Cámara de Diputados y cofundador del partido Il Popolo della Libertá. Ex militante fascista, Fini devino en un liberal hecho y derecho: se convirtió en un freno para las tendencias separatistas de la Liga Norte, de Umberto Bossi (también aliado de Berlusconi pero que ahora insiste con vehemencia en proponer la secesión de la Padana), y para los sectores ultracatólicos enquistados en el gobierno.
Pero desde que Il Cavaliere llegó al poder, con la ayuda de esa coalición ultra, se dedicó con paciencia a denostar a sus compañeros de ruta y a tomar decisiones sin consulta alguna. Fini fue uno de los que más padeció este desprecio. Por eso últimamente mantuvo reuniones con el democristiano Pierferdinando Cassini y con Francesco Rutelli, del Partido Democrático. También adhirió a una propuesta de 50 parlamentarios que piden a Berlusconi debate interno en su partido.
Incómodo con la crítica, Berlusconi apeló a su hermano, director del periódico Il Giornale, para que sacara a relucir un escándalo de prostitución entre los dirigentes del partido Alianza Nacional, que luego se fusionó en el PDL. «La estrategia del suicidio lento. Última llamada: o cambia de ruta o deja el PDL», tituló Il Giornale. Fini, enardecido, querelló al periódico por lo que sintió como una amenaza explícita. ¿Factura por las fotos de las fiestas que dieron vuelta al mundo y provocaron la separación matrimonial del primer ministro? En todo caso, la prensa aparece en medio de estas pujas sirviendo a intereses cruzados.
Libertad de prensa
Es precisamente el periodismo el gran protagonista de este momento de la política italiana. Cosa curiosa si se tiene en cuenta que Berlusconi es dueño de la mayoría de los medios electrónicos y construyó su carrera política en base a su estudiada aparición mediática. Así lo pensó cuando participó, semanas atrás, en el programa Porta a porta, de su amigo Bruno Vespa, donde despotricó contra conductores de esa misma cadena estatal.
La respuesta no se hizo esperar, y el presidente de la televisora, Paolo Garimberti, le salió con los tapones de punta: «Los hombres públicos y de gobierno que piensen que la RAI deba abstenerse de reportar críticas hacia ellos confunden el servicio público con las televisiones de Estado de regímenes no democráticos».
Son varios los periodistas que se quejan en la RAI de las presiones y trabas que reciben a diario por su posición con respecto al gobierno peninsular. Y tres programas en especial, Ballarò, Annozero y Report, padecen los humores oficiales con la cancelación de emisiones, la no renovación de contratos o la caducidad del servicio de defensa en caso de querellas.
Uno de sus críticos más feroces en la prensa escrita fue el diario Avvenire, de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), que apuntó contra la moral del primer ministro por sus affaires con prostitutas y por su política en torno de la inmigración. «Me critican porque me envidian», se defendió Berlusconi. Pero luego siguió con una andanada de denuncias contra el periódico católico, al punto que el director durante los últimos 15 años, Dino Boffo, presentó su renuncia en forma indeclinable.
«No puedo aceptar que sobre mi nombre se desarrolle durante días y días una guerra de palabras que turba a mi familia. Mi vida ha sido violentada con una voluntad profanadora que ni siquiera pensaba que podía existir», escribió Boffo al cardenal Angelo Bagnasco, presidente de la CEI. Desde Il Giornale se había insinuado que Boffo estaba relacionado, cuando no, en un caso de acoso sexual.
Algo parecido les pasó a Giulio Anselmi, que era director de La Stampa, de Torino, el diario que edita la Fiat, y a Paolo Mieli, del milanés Corriere della Sera. Ambos tuvieron que renunciar ante los ataques de Berlusconi.
Sensibles
«La sensibilidad de los italianos con la libertad de prensa siempre ha sido escasa» dijo luego Anselmi, que ya encontró empleo en la agencia Ansa, «pero hoy estamos viviendo la situación de mayor tensión que yo recuerde. Si sus ataques contra la prensa hubiesen ocurrido en Estados Unidos o en Inglaterra, habría habido una revolución». Ni qué decir en algún país sudamericano.
Otro elemento de presión cuando la diatriba no alcanza es la demanda judicial. Así lo anunció Niccolo Ghedini, el abogado del primer ministro, quien amenazó con llevar a los tribunales a publicaciones de España, Francia, Gran Bretaña, además de Italia, por la difusión de informaciones consideradas calumniosas sobre el líder político.
En Italia la demanda recayó contra el centroizquierdista La Repubblica y L’Unitá, el periódico fundado por Antonio Gramsci en 1924, lo que generó una fuerte polémica y el estado de alerta en el Sindicato de Periodistas italianos. «Se trata de un ataque directo al periodismo», reaccionó el presidente de la Federación Nacional de la Prensa, Roberto Natale.
«Toda Europa habla de Berlusconi, los italianos callan» comentó el diario El País, de España en una entrevista con el escritor Andrea Camilleri, novelista y guionista de 84 años y un sólido prestigio en los ambientes intelectuales. El diario fue el primero en publicar las famosas fotos de Berlusconi en una fiesta nudista con varias mujeres y el ex primer ministro checo Mirek Topolanek.
«Es inquietante ese silencio. La política ha sido sustituida por la magistratura, y con la oposición pasa lo mismo: como no está, la han sustituido dos periódicos, La Repubblica y L’Unità, y un canal de televisión, RAI 3. Todos los demás callan. Así que habla la prensa extranjera, que ha suplido a la nuestra en esta fase de emergencia de nuestra democracia», dijo Camilleri.
Pero Berlusconi, como un marido desvergonzado al que encuentra in fraganti, apela al recurso de negar los hechos. «No soy un dictador, porque los dictadores censuran y cierran los periódicos y yo no he cerrado ninguno». También jura que las prostitutas no existen ni han existido, evalúa que la abrumadora mayoría de los medios están en manos de los catocomunistas (extraña mixtura de enemigos católicos y de izquierda), y que «con la Iglesia y con Fini todo bien», algo que los involucrados niegan.
Sobre todo, dice Il Cavaliere, que la libertad de prensa en Italia es tan amplia que se convirtió en «libertad de calumnia».
Revista Acción, 1 de Octubre de 2009
por Alberto López Girondo | Ago 1, 2009 | Sin categoría
Acaba de cumplir 60 años. Ya no es el delfín de Víctor Raúl Haya de la Torre, el fundador del Apra, ni representa una esperanza de cambio para los peruanos. Más bien, desde hace algunas semanas Alan Gabriel Ludwig García Pérez trata de que una nueva crisis política no se lleve por delante su segundo capítulo en el Palacio Pizarro, la sede del gobierno en Lima. De modo que los próximos dos años prometen ser a pura adrenalina para este abogado y sociólogo doctorado en Madrid y París. Su mayor temor es repetir aquellos años finales de los 80, cuando acosado por la hiperinflación, intentó estatizar la banca y terminó en el desprestigio, acosado por el establishment financiero. Esa vez, terminó calzando la banda roja y blanca a Alberto Fujimori, protagonista de una retahíla de iniquidades que aun hoy continúan saliendo a la luz. Ahora, si se dieran ciertas circunstancias, quizás termine cruzando la banda en la hija del inverosímil ex mandatario.
Fujimori fue condenado recientemente a otros siete años y medio de prisión por haber «indemnizado» ilegalmente en 15 millones de dólares al hombre fuerte de su régimen, el temible Vladimiro Montesinos. Hace algunos meses había sido sentenciado a un cuarto de siglo de cárcel por delitos de lesa humanidad. A pesar de estos antecedentes, su hija Keiko, quien terminó siendo la Primera Dama peruana tras el escabroso divorcio de Fujimori, obtendría hoy el 20 por ciento de los votos, según una encuesta realizada por Ipsos Apoyo. Como datos adicionales convendría decir que El Chino, como se lo conoce, está acusado de haber robado alrededor de 1.200 millones de dólares, según estima el procurador anticorrupción José Ugaz, y que hay pruebas de que su hija pagó sus estudios en Nueva York con dineros del Estado.
En todo caso, la saga de los Fujimori es una anécdota menor para García Pérez, quien de acuerdo a los últimos sondeos viene cayendo en picada en la aceptación pública. Sobre todo desde que se agudizó la encarnizada protesta de las comunidades indígenas del Amazonas peruano, que desde hace décadas reclaman por la posesión de las tierras que ocupan ancestralmente. El caso se cobró la vida de 34 personas –24 policías y 10 aborígenes– a principios de junio y puso en crisis al propio gobierno, que se vio en la necesidad de encarar un profundo cambio de gabinete para enfrentar estos dos duros años hasta que finalice el mandato.
Fue así que Yehude Simon dejó su cargo de Primer Ministro tras nueve meses de gestión. Había asumido para aventar otra crisis, desatada por lo que se conoció como el escándalo de los petrodólares, que trascendió tras la difusión de conversaciones telefónicas de un lobista con llegada al presidente para la concesión de lotes petroleros a una empresa noruega. Rómulo León Alegría, el lobista en cuestión, se mantuvo prófugo, fue capturado, obtuvo la libertad domiciliaria, pero lo volvieron a detener y está a la espera de que la justicia abra oficialmente una computadora personal en la que habría pruebas comprometedoras del escándalo.
Oscuros recursos
Olor a petróleo y sabor a recursos naturales tiene esta crisis en la selva. Y se fue macerando por décadas sin que las autoridades centrales tomaran nota de que más temprano que tarde deberían enfrentar la dura realidad de que hay un problema irresuelto en el camino que alguna vez emprendió el bárbaro conquistador Lope de Aguirre.
Pedro Tenorio, en la edición peruana de Poder 360º, señala que «a nivel nacional existen 273 conflictos sociales y que casi la mitad (128) corresponden a temas socioambientales relacionados con la explotación de recursos naturales». Lo más dramático es que entre junio y diciembre del 2008 la cifra de disputas pasó de 138 a 200. En una profunda investigación de la misma publicación –que no podría catalogarse como de izquierda– se recuerda que recién a mediados de los 70 «el Estado peruano reconoció por ley la existencia de los pueblos amazónicos y de sus derechos constitucionales como ciudadanos».
A partir de ese momento comenzaron a exigir la escrituración de sus tierras como propiedad privada y colectiva. Fue en este contexto que nació la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) una ONG que cuenta entre sus líderes a Alberto Pizango Chota, quien aparece ahora comandando la revuelta de Baguá al norte de Lima y cerca de la frontera con Ecuador y pidió asilo político en Nicaragua. Alan García Pérez señaló que detrás de sus acciones estaba la mano de otros gobiernos que «quisieran imponer el modelo político de algunos países de Sudamérica que llevan a la pobreza y la miseria». El enfrentamiento con Hugo Chávez es histórico. Ahora le agregó, hasta ubicarse al borde de la ruptura diplomática, a Evo Morales.
«Ese modelo se impone por la fuerza, tumba presidentes, llama a una Asamblea Constituyente, instala la reelección perpetua y cierra medios de comunicación», abundó en la ceremonia del cambio de gabinete. Lo que no dijo entonces es que como parte de la confrontación con las comunidades de Baguá cerró una emisora (ver recuadro) e inicio la persecución de otras radios que daban cabida a la voz de los originarios.
Escrituras
Tampoco dice el ex paladín de la confrontación con los poderes financieros internacionales que el lentísimo ritmo de regularización de tierras se fue paralizando y que con la reforma constitucional de Fujimori de 1993 se eliminaron garantías fundamentales para la propiedad comunal, lo que permitió la rápida enajenación de territorios que pertenecían a diversas etnias. Tan es así que en la actualidad hay, según el trabajo de Poder 360º, unas 3.800 comunidades de nativos y campesinos a orillas de los ríos que desembocan en el Amazonas sin posibilidades ya de acceder a la posesión formal de territorios que ocupan desde tiempos inmemoriales.
No solamente eso: estas comunidades se saben «descendientes de una extensa civilización adaptada al bosque tropical amazónico que data de hace miles de años», como indica Richard Chase Smith, doctorado en antropología y lingüística por la Universidad de Cornell e integrante de la ONG Instituto del Bien Común. Un dato no menor, ya que en el siglo pasado, «mientras los políticos en Lima promovían la conquista de la Amazonía como deber nacional, los pueblos indígenas sufrieron la invasión masiva de colonos que se apoderaron de sus tierras ancestrales. Esta experiencia traumática ha dejado huellas profundas: un arraigado sentido de inseguridad sobre sus tierras y recursos naturales y una desconfianza generalizada frente a los políticos del gobierno y los intereses económicos externos», remata el catedrático estadounidense.
Sobre este molde se insertó la implementación del TLC con Estados Unidos, firmado en 2006 por el gobierno de Alejandro Toledo pero aprobado con fervor por el Congreso como una política de Estado incontrastable. Y esos acuerdos promueven la inversión sin obstáculos. García Pérez dijo claramente cuál es el concepto básico para los Decretos Legislativos que fueron brutalmente rechazados en Baguá: «Hay tierras ociosas porque el dueño no tiene formación ni recursos económicos, por tanto su propiedad es aparente. Es gente que se opone al desarrollo del Perú». Los DL permitían vender grandes extensiones para explotaciones industriales. Sin considerar que no eran tierras abandonadas sino que allí vive gente. Nada menos.
El TLC es también una vía para la recepción de inversiones de otros países que no son precisamente prósperos. Lo que seguramente explique el visceral rechazo de García Pérez a comulgar con los gobiernos más progresistas de sus alrededores. Porque hay capitales bolivianos y ecuatorianos que planean migrar al Perú para beneficiarse del Tratado de Libre Comercio con Washington y de los acuerdos similares que Lima está firmando con otras naciones. Los más interesados en desplazarse son industriales textiles que se vieron afectados por la suspensión de beneficios arancelarios otorgados por Estados Unidos a Bolivia.
Alan García entregó el gobierno, en 1990, con un 2,178 % de inflación y tras cambiar dos veces la denominación de la moneda. Pero también luego de La Matanza de los Penales, una masacre en la que murieron 300 reclusos pertenecientes al grupo Sendero Luminoso, salvajemente reprimidos por fuerzas policiales y militares. No son pocos los que temen en Baguá el germen de más derramamientos de sangre.
Revista Acción, 1 de Agosto de 2009
por Alberto López Girondo | Abr 15, 2009 | Sin categoría
La derrota del kirchnerismo entraña un riesgo no para la gobernabilidad, como teme el oficialismo o ansía la oposición de derecha, sino para el espacio que en estos seis años fue ocupando, con sus más y sus menos. El espacio del peronismo plebeyo, guarango, atropellador, reivindicativo, latinoamericanista. Estatista, incluso. Ese peronismo que sedujo a las izquierdas más abiertas y asqueó por igual a conservadores y gentes bien pensantes con deseos igualitarios pero nariz levantada.
Tal vez en ese perfil haya que buscar una de las razones para la debacle. Porque por estos frutos es que buena parte de las clases medias –tan proclives al suicidio político- hicieron pito catalán hace un año largo, durante el conflicto con los patrones de estancias.
Pero en esta hora en que desde los sectores más retrógrados de la sociedad se reclama escuchar el mensaje de las urnas, también sería bueno poner la oreja para atender otras razones más subterráneas. En lugares más amigables, como la propia tropa, sin ir más lejos. Y, por ejemplo, indagar en aquellos distritos donde la muchachada le dio la espalda a los candidatos impuestos desde la Casa Rosada, qué anduvo sucediendo en estos meses definitivos.
Para ser más claros, ¿Cuántos se fueron desconsolados porque se veían obligados a apoyar a dirigentes locales sin el menor prestigio ni la altura moral como para representarlos? ¿Cuántos se cansaron de tragar sapos sin mayores explicaciones?
¿Cuántos militantes leales y consecuentes quedaron en el camino solo por el delito de pretender decir que había cosas que se estaban haciendo mal? ¿Alguien puede creer que esas actitudes no se pagan, a la corta o a la larga?
¿Cuántos, finalmente, vieron en Sabbatella o en Solanas a las únicas opciones posibles para el desmadre que sospechaban, cuando notaron los dientes rebosantes de espuma de los enemigos de siempre, cuando vieron a todos los que se probaban el traje del cadáver antes de enterrarlo, cuando temen tener que volver discutir jubilaciones, estatizaciones, paritarias, juicio y castigo, etc, etc.?
Tristezas
Había sensación de tristeza el domingo a la noche, el lunes por la mañana, hace un rato. No sólo en la gente que votó la oferta oficialista –algo previsible- sino en muchos que votaron en contra. Esos que never in the life apoyarían a un peronista aunque reconozcan que blablabla. Porque no pueden votar a Hugo Moyano, Lorenzo Miguel, Herminio Iglesias, López Rega y tutti gli fiocchi.
Preguntonta: ¿Qué problema se hacen si no ganaron los K? ¿A qué viene eso de que “yo no los votaría pero lástima que perdieron”? ¿O es que de repente se dan cuenta de que pueden perder algo de lo que obtuvieron en estos años? Malas noticias: si, pueden perder algo, mucho, todo, quién te dice. Ya sabemos qué se traen entre manos los Macri, De Narváez, Biolcattis y Roccas.
La cuestión sería darse cuenta de que los K no son el problema. Que el PJ no es el problema. Que ese espacio que hasta ellos no había tenido cabida en el gobierno en décadas podía ocuparse para ir contra los noventas. El caso es que igualmente puede perderse, y con más rapidez.
Es cierto que los K no avanzaron con una profunda reforma del sistema impositivo, ni se modificó la ley de entidades financieras ni la de radiodifusión, que no se repartió la torta como debería y todo eso. Bueno, vayamos a por eso entonces, en el espacio que hay. Los K son una dato más, en definitiva.
Tiempos duros
Para este gobierno se avecinan momentos difíciles. Porque desde todos los rincones les van a devolver “gentilezas”. Sería bueno que apuesten a defender esas banderas que los hicieron diferentes. Y que pongan lo que haga falta para agrandar esa pequeña quintita en la que todos esperamos abrevar nuestras inquietudes. Sin mezquindades ni facturas indebidas. La experiencia de la revolución sandinista debería ser un espejo para no repetir, cuando tras su primera derrota electoral cayeron en desbandada, provocando un desprestigio enorme para la izquierda nicaragüense por demasiados años con sus tropelías.
Los pueblos pueden equivocarse, pueden ser injustos en no reconocer lo que se hizo bien, en no recordar desde dónde se partió y cuál era el rumbo. Sin embargo, el peor error sería castigarlo con la desmesura sin ver los propios yerros.
por Alberto López Girondo | Abr 1, 2009 | Sin categoría
LA LUCHA CONTRA LOS DESMONTES EN EL NORTE
En esta historia se junta la voluntad de resistir a las topadoras de varias comunidades criollas y aborígenes con una inusitada resolución de la universidad pública salteña que, luego de mucho batallar, lograron instalar el caso en la Corte de Justicia de la Nación. Como resultado de esa determinación, se pudo frenar preventivamente el desmonte de algo así como un millón de hectáreas de tierras. Pero los intereses en juego son de tal magnitud que nadie sabe cómo continuará esta partida, que podría definirse como la lucha por la defensa de los bosques nativos contra una concepción del desarrollo económico que poco repara en la devastación ecológica y mucho menos en las consecuencias sociales de eso que asépticamente suele llamarse “la expansión de la frontera agrícola”.
Algunos de los personajes involucrados en esta lucha contra poderosos intereses económicos y lobbies políticos son Stella Maris Pérez de Bianchi, nativa de Berazategui que se fue a Salta, dice, con el impulso de los 70´s, intentando construir un país mejor. Lo mismo habían hecho a su manera, hace casi un siglo, los abuelos de Alfredo Riera, que como muchos europeos corridos por la miseria, encontraron tierras aprovechables para subsistir dignamente allá lejos, al otro lado del mar, en el Chaco salteño. Es diferente el caso de Dino Salas, integrante de la comunidad wichí, que junto con varias etnias aborígenes vienen siendo desplazados de su hábitat natural desde hace siglos y ahora ya no tienen espacio para continuar escapando hacia el este.
Tampoco hay más espacio, dicen especialistas y militantes de ONGs, para seguir devastando ese enorme “territorio de caza” -según la traducción más aceptada del término Chaco- desmontando los bosques nativos para una explotación industrializada irracional. “Antes nos corrieron con el Remington, ahora es con la topadora”, resumió hace no mucho Otorina Zamora, una mujer wichí que sabe muy bien de qué está hablando.
“Acá se autorizaron desmontes con las excusas más insólitas, como cuando en 2004 se vendió el llamado Lote Pizarro, un área protegida, con la excusa de que el dinero se iba a utilizar para hacer una ruta. En 10 años se autorizaron 1.200.00 hectáreas de tierras aptas y ahora quedarían quizá un millón más que podrían aprovecharse. Pero hay otros cuatro millones que no deberían tocarse”, advierte Pérez de Bianchi, rectora de la Universidad Nacional de Salta, que presentó institucionalmente una demanda contra el estado provincial ante el Supremo Tribunal de la Nación.
“Este es un territorio ancestral y de uso tradicional. Subsistimos porque sabemos que el monte nos da para subsistir – cuenta ante Acción Dino Salas, cacique de la comunidad wichí San Ignacio de Loyola – el desmonte nos hace emigrar a las ciudades y pasarla mal. Los chicos que se van no tienen su vida. Emigran sin ayuda, sin oficio”. Con un tono cansino pero firme, aclara que su posición le viene con la sangre: “Como los bichitos del monte cuidan su territorio, nuestros ancestros nos enseñaron que cada uno debe tener su territorio. Así nos fuimos viniendo desde Formosa, desde Santa Fe, en busca del nuestro. Nos vienen arriando desde allá, y como no tenemos tranquera, nos pasamos a otra toldería y ahí nos quedamos”.
Sin papeles
“Mis abuelos vinieron a Ícman (por Hickman) en 1925. Criaban ganado menor, como cabras y ovejas, porque sin heladera carnear una vaca era un desperdicio”, relata Alfredo Riera, titular de la Asociación de Pequeños Productores del Chaco salteño, unas 500 familias desperdigadas en torno de cuatro distritos provinciales de los alrededores de Orán, en Salta. “Aquí –dice Riera- nació mi padre y aquí nací yo y si no fuera por nosotros, cuando desapareció el tren, en 1992, esto se hubiera convertido en un páramo”, agrega, como una justificación a quienes pretenden despojarlo de su medio de vida con documentación conseguida en los despachos oficiales de la capital provincial.
“Existe lo que se llama un título perfecto de propiedad y un título precario. El título es perfecto cuando existe la documentación legal y la posesión de la tierra. Si una persona prueba que vivió acá desde hace décadas, por más que no haya regularizado su situación puede lograr la tenencia de la tierra”, explica Gabriel Seghezzo, director de Fundapaz, una ONG uno de los directores de Fundapaz, una ONG oriunda de Vera, Santa Fe, surgida por una donación original de las Hermanas del Sagrado Corazón hace 35 años pero que ahora se reconoce como laica. Obviamente, las comunidades indígenas no tienen papeles que prueben su propiedad, pero las leyes contemplan sus derechos preexistentes a fundación del país.
Justamente alrededor de este problema centenario “se fueron nucleando varias comunidades aborígenes y criollas en torno del Obispado de Oran, por ese entonces a cargo del obispo Jorge Lugones”, explica María Reynoso, religiosa de la orden de las Franciscanas Misioneras de María. El prelado convocaba cada 30 de agosto, el día previo al santo patrono de la diócesis, Ramón Nonato, a discutir la mejor forma de resolver ese problema crucial para las comunidades residentes. Lugones, jesuita, también era el titular de las Pastorales Social y Aborigen, de modo que estaba al tanto de la problemática. En el año 2008 se sumó como preocupación fundamental el desmonte.
Tala voraz
En América del Sur, la reserva boscosa más importante está precisamente ubicada en lo se conoce como el Gran Chaco Americano, unos 625.000 km2 donde habitan más de siete millones de personas diseminadas en tres países: Argentina, Paraguay y Bolivia. De este lado del río Pilcomayo está el 57 % de ese espacio y la gran mayoría de los habitantes, poco más de seis millones, de los cuales un 8 % son indígenas.
Como para tener una muestra de la extensión de este enorme región, baste decir que ocupa el 22 % de la superficie continental argentina y se extiende sobre Formosa, Chaco y Santiago del Estero, el norte de Santa Fe, Córdoba y San Luis, el este de las provincias de Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan y el noroeste de Corrientes.
“En 2008 se registraron más de 90 conflictos en la región chaqueña argentina. Sólo 35 de esos casos involucran 1,3 millón de hectáreas de tierras y 96.000 personas. Esto es sólo una pequeña muestra de la magnitud del problema”, advierte la Red Agroforestal Chaco Argentino (Redaf), una ONG nacida en Reconquista, en el norte santafecino, en esa zona donde las fronteras políticas son apenas un dato catastral. Allí donde hasta hace no tanto La Forestal hizo un paciente trabajo de destrucción masiva de recursos naturales que quedó en la memoria de los argentinos como una clara señal de lo que es la depredación descontrolada.
Un gran escollo para ponerle freno a este tipo de devastación irracional es que la Reforma de la Constitución de 1994 otorgó a las provincias potestades que antes no tenían para tomar decisiones que indirectamente pueden afectar al resto de los habitantes de la Nación. Algo de eso ocurre con la autorización para la tala y el desmonte de enormes extensiones de tierras boscosas. Por un lado se trata de tierras ancestralmente ocupadas por aborígenes o, de manera más reciente, por “criollos” -tercera o cuarta generación de blancos nacidos en esas regiones- – que constituyeron en su momento la única avanzada “productiva” pero que nunca legalizaron su situación patrimonial porque esas eran confines de la Patria con poca rentabilidad, comparadas por supuesto con la ubérrima Pampa Húmeda, y por lo tanto con escasas perspectivas de crecimiento. Sin embargo, el desarrollo de nuevas tecnologías y la necesidad de ampliar las extensiones dedicadas al cultivo dieron vuelta a esta situación histórica. Ahora esas tierras sí valen y sí convocan el interés de poderosos conglomerados económicos.
Un intento de ponerle remedio a este peligroso caos fue la sanción de la “Ley de presupuestos mínimos ambientales para la Protección de los bosques nativos”, dictada en noviembre de 2007, que promueve la clasificación de los bosques nativos con colores rojo (de exclusiva conservación), amarillo (de producción sustentable) y verde (de transformación libre). La normativa obliga a los diferentes distritos a realizar una evaluación seria y estricta de su territorio forestal para luego determinar el tipo de explotación que debería autorizarse. Y a respetar, por supuesto, el uso de esos territorios.
Borrar huellas
Sin embargo, muy poco antes de que el Congreso de la Nación aprobara esa normativa -que se conoce por el nombre del diputado que la promovió, Miguel Bonasso-, en algunas provincias aceleraron la entrega de permisos de explotación ante la certeza de que luego las cosas no resultarían tan fáciles. El viejo recurso de los hechos consumados en un área tan sensible como esa, generó quejas desde todos los sectores involucrados, pero principalmente de quienes serán afectados por esas explotaciones, que siempre incluyen desmontes sin ningún control.
En Salta, por mencionar un ejemplo, se otorgaron autorizaciones por casi un millón de hectáreas en los tres meses previos al fin de 2007, cuando, además, estaba culminando su mandato Juan Carlos Romero. Una medida que exasperó a un grupo de comunidades afincadas en los alrededores de Orán y movilizó hasta la Universidad Nacional de Salta en sendos pedidos de acciones concretas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Quisieron borrar todo rápido. Pasarle con la topadora para que no quedara ningún vestigio de que alguna vez hubo un ser humano por ahí”, acota el productor Riera.
Fue entonces que en el obispado de Orán, quizás la zona más afectada en este período, un grupo de actores locales- son 18 comunidades de criollos, aborígenes, las iglesias católica y anglicana y diversas ONGs- se unieron en lo que se conoce como la Mesa de Tierra, con el propósito de materializar un frente común en defensa del entorno natural y de legalizar la tenencia de la tierra.
“Somos uno de los poderes del Estado, y no podíamos quedar al margen. Hicimos lo posible por las vías del dialogo con las autoridades provinciales, pero no obtuvimos la respuesta esperada”, justifica Stella Maris Pérez de Banchi, rectora de la Universidad Nacional de Salta. La casa de estudios presentó un pedido de inconstitucionalidad de la ley provincial que autorizó la devastación ante la Corte Suprema de la Nación y se constituyó en uno de los escasos ejemplos en el país de semejante compromiso académico con un reclamo social y ambiental. “La expansión de la frontera agrícola en Salta fue terrible- alerta Pérez de Bianchi- en 10 años autorizaron desmontar 1.200.00 hectáreas de tierras aptas. Ya no queda mucho sin causar graves e irreparables daños ambientales. Lo que ocurrió en Tartagal a principios de este año es una muestra”, agrega la rectora.
La medida más concreta de la Mesa de Tierra fue la de presentarse ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para pedir un amparo que impidiera la tala autorizada en aquellos meses febriles en que se debatía la ley de bosques. Tal vez una casualidad, quizás una forma de dar testimonio de su posición sobre el impulso del prelado oranense, el Papa Benedicto XVI designó a Lugones como obispo de Lomas de Zamora y en su lugar nombró a Marcelo Daniel Colombo, hasta ese momento párroco de la Catedral de la Inmaculada Concepción, de Quilmes. Colombo todavía no se hizo cargo de su nuevo destino eclesial, por lo que aún se ignora si hará cambios en la orientación del obispado. Pero, especulan, el nuevo presbítero fue ordenado por el legendario padre Jorge Novak, lo que le da un aura de sensibilidad social favorable a este tipo de lucha.
Producción o muerte
“Nosotros no planteamos ir contra el desarrollo, nadie dice que no se puede hacer nada, pero no se puede hacer cualquier cosa”. La frase, en boca del ingeniero agrónomo Gabriel Seghezzo, coordinador en Salta de Fundapaz, tiene su sustento, ya que la ONG trabaja la problemática del Chaco desde hace 35 años y conoce al dedillo de cuestiones ambientales, productivas. Pero agrega a continuación que devastar irracionalmente puede convertir al Chaco salteño en un desierto, como ya ocurrió en otras regiones. Como ejemplo, despliega una hoja de cuaderno sobre el escritorio de la ONG en la capital salteña y hace un dibujo elemental para ilustrar su preocupación.
“En el Chaco llueven 600 milímetros por año y en el verano hay hasta 48 grados de temperatura a la sombra. Muchas veces hay 90 grados en un piso sin cobertura. Por evapotranspiración –abunda, docente- hay una pérdida de humedad del suelo de 1200 milímetros, o sea que hay un déficit de 600 milímetros de agua anuales. Si yo saco la cobertura boscosa, que entre otras cosas baja la temperatura a nivel del suelo, mitiga la pérdida de agua, el sol pega a 90 grados y produce la muerte bacteriológica del suelo, lo esteriliza”.
El suelo, aclara Seghezzo, tiene una parte viva, que son todos los microorganismos, una parte muerta, los minerales, y aire. “A esa temperatura la parte viva desaparece”, alerta. Pero eso no es todo: el suelo es bastante salino en el Chaco. Los arboles toman agua desde lo profundo de la tierra, con lo que se mantiene la capa freática a niveles subterráneos. Pero si se saca la cobertura vegetal la evapotranspiración hace de bomba, sube toda la salinidad y eso genera la desertificación. “Que pueda estar mitigado por la siembre directa es verdad- admite el experto- pero en un año de extrema sequía como este empiezan a aparecer manchones de salinidad y cuando pasa eso a los 4 o 5 años se ven campos abandonados totalmente desertificados, donde ya no se puede plantar más nada. Recuperarlos cuesta muchísimo”.
Suprema respuesta
Lo cierto es que para sorpresa de los demandantes, auspiciados por los abogados Alicia Oliveira y Raúl Ferreyra, el Supremo Tribunal aceptó el reclamo de las comunidades y suspendió –en diciembre de 2008- la tala de un millón de hectáreas en los departamentos de San Martín, Orán, Rivadavia y Santa Victoria, autorizados en el último trimestre de 2007, y paralizó todos los permisos posteriores a esa fecha.
Pero además, dispuso una audiencia pública, que se desarrolló en febrero pasado, donde cada parte involucrada en la cuestión pudo dar su posición frente al problema. En la página web de la institución, en el apartado correspondiente al Centro de Información Judicial (http://www.cij.gov.ar/multimedia.html) puede verse el video grabado oficialmente aquel caluroso día en el remozado Palacio de Talcahuano y Viamonte.
Del debate participaron representantes de la provincia, de la Nación y de las comunidades criolla y aborigen. Tras un exhaustivo interrogatorio de los magistrados, quedó claro que hubo un sospechoso apuro en el trimestre anterior a la aprobación de la Ley de Bosques, que coincide con el último tramo de gestión de Romero. Y que no se sabe claramente qué puede suceder con el entorno ambiental de aceptarse semejante nivel de depredación forestal. “Ustedes tienen estudios en cada zona autorizada pero no un estudio de impacto total acumulado de todos los desmontes”, reclama el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti al representante provincial, luego de recordarle que no se puede alegar que los permisos se otorgaron en otro gobierno, ya que, le indica, “hay una continuidad del Estado”.
Fue visible la preocupación –sobre todo de Raúl Zaffaroni y de Juan Carlos Maqueda- por averiguar si se estaba cumpliendo la prohibición de talar los bosques. Y también por saber si se había consultado antes de la medida original a los residentes.
Finalmente, la Corte extendió el amparo y ordenó a que las autoridades políticas realicen un estudio del impacto total de los desmontes y consulten con las comunidades implicadas las medidas a tomar. No es fácil saber cómo seguirá esta historia, pero todos están esperanzados porque, insisten, “es la primera vez que alguien del Estado nos escuchó”, como dijo el cacique wichí Dino Salas a Acción.
En esa región del territorio nacional, donde ni trenes circulan ya, ese detalle no es poco.
Lo que vendrá
Dino Salas habla en voz muy baja. Se para frente a lo que llama su toldería, donde vive con su familia -que incluye una docena de hijos- protegido por la profusa arboleda que resguarda del sol impiadoso de un otoño inusual. El monte, que no solo ampara rigores astrales, también da de comer y aporta para la construcción de los sencillos ranchos que ocupan. Salas habló ante la Corte como representante de las etnias que viven en esta tierra, unas 4700 familias wichi y guaranies y otras 4600 familias coyas.
Salas, dice, alguna vez trabajó en el ingenio Tabacal, a fines de los años 50, y allí conoció la explotación desde adentro. “No teníamos nada, ni protección, ni seguridad social, no teníamos beneficios”. Ahora, espera que su exposición ante los jueces e sirva para encaminar la cuestión en beneficio de su pueblo y de los lugareños en general. “Ya no nos queda adónde ir y no queremos molestar a las municipalidades teniendo lugares donde trabajar, acá en el monte”.
Riera, quien es también miembro de la Federación Agraria “disidente”, como le gusta decir con sorna, es ganadero como la casi totalidad de los criollos de estos rincones. El hombre se queja por la aparición de nuevas enfermedades como el dengue y el hantavirus, o el retorno de la vinchuca, que atribuye a la desaparición paulatina del monte autóctono. Y dice que desde el 2001 se hizo más evidente la codicia empresarial sobre los campos que vienen utilizando para pasturas desde hace casi un siglo. “Sobre todo desde que se fue el tren”, añade Riera. La casa de material está, precisamente a un costado de esa franja asfaltada que cruza trasversalmente el Chaco, frente a la estación del ferrocarril que iba de Embarcación a Formosa. Hace un calor inusual, que también atribuyen al factor humano. Hay mosquitos revoloteando alrededor. El mate amargo circula de mano en mano en la galería cubierta por una enredadera.
“Yo estoy demandado por un tipo que me acusó de usurpación del campo que tengo. Dije que siempre viví aquí, que aquí nací y aquí nacieron mis padres. Ahora dejé de ser usurpador para aquellos jueces, pero tengo un juicio civil, un interdicto, y este juez me dice que me tengo que ir”.
-¿Así como así, se tiene que ir?
-Yo creo que esto lo hacen porque nosotros hemos denunciado ante la provincia y en la Corte. Hace tres años que se inició esto y ahora se aceleró de golpe. No estamos contra el desarrollo, pero con la gente adentro, reconociendo los derechos de las personas, que es lo que no ocurre Acá o tenés dinero o te morís, para toda cosa, en salud o en lo que sea. No tenés plata, te morís.
Protesta académica
Stella Maris Pérez de Bianchi es ingeniera agrónoma, nativa de Berazategui, y recibida en La Plata, según revela a Acción “Me vine con mi esposo a trabajar en el INTA y luego comencé a dar clases es la Universidad, que recién había abierto, en 1974”.
-¿Cómo fue surgiendo la inquietud de ir a la Corte?
– Estábamos esperanzados en la Ley de Bosques, que tiende a conservar los montes nativos. Pensábamos, quizás ingenuamente, que había llegado la hora de ordenar, supusimos que esta vez sí se iba a poder hacer. No pensamos que se iban a detener los desmontes del todo, porque la agricultura y la ganadería siempre han avanzado sobre los bosques nativos. Pero se dieron las condiciones para una ley de ordenamiento de bosques nativos de Salta. Fue todo muy rápido en la legislatura provincial, y se resolvió entre un jueves y un martes. Un jueves lo modificó senadores y el martes lo ratificó diputados. Nos costó conseguir el proyecto dictado por el Senado y allí vimos lo que para nosotros es técnicamente un sinsentido, porque se opone no solo a la Ley Bonasso sino a la Constitución Nacional, a las normas de jerarquía internacional con raigambre constitucional y al convenio de la OIT sobre comunidades aborígenes. Ese martes teníamos la última sesión del Consejo Superior Académico y lo pusimos como orden del día para la sesión del jueves, pero ese día la ley provincial estaba consumada. Por eso en primer lugar el Consejo pidió el veto del gobernador y si no hubiese lugar recomienda reclamar a la Corte, que es lo que hicimos.
-Pero no es usual que una Universidad se haga cargo de estos reclamos.
-La UNSa tiene un grupo de docentes e investigadores en Humanidades y ecólogos y geólogos que en trabajos de campo e investigación d e años sumaron antecedentes. Cuando uno ve imágenes satelitales de hasta donde ha llegado la frontera agropecuaria y cuando ve lo que pasó en Tartagal uno se pregunta ¿Dónde esta la gente que habitaba ese lugar? La nuestra no es una postura verde extrema, nuestra mayor preocupación es la gente. Las comunidades aborígenes están como invisibles para los gobiernos y el desarraigo que sufren es fatal, porque se tienen que ir a las ciudades o quedan relegadas a sectores del monte cada vez mas deteriorados. No tienen lugares para recorrer y caminar, sobre todo en las culturas de monte chaqueñas, que son cazadoras y recolectoras, y resultan las más afectadas.
-¿Se sabe cuántos son?
-Los docentes de Humanidades presentamos dos libros cofinanciados con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el Inadi. Allí relevaron a unas 23.000 personas en muy malas condiciones. Hoy estamos preocupados porque tengan acceso a sus tierras. Porque hay otra ley que no se cumple, que es la de Determinación Territorial Aborigen. Sin eso es muy difícil hablar de ordenamiento. Lo que hay es una expulsión total. La preocupación de la institución sobre la gente es muy grande. Y la verdad es que estas comunidades se están muriendo.
-¿Lo que sucedió en Tartagal se puede atribuir al desmonte indiscriminado?
-Esta es una zona de sierras sub andinas, donde nacen los ríos que van a alimentar el acuífero Guaraní y la Cuenca del Plata. Todo fenómeno de deforestación va a causar problemas, entre ellos los grandes aluviones que produjeron las inundaciones. Porque más allá de que en Tartagal el suelo es malo, que hay un basamento de arcillas frágiles y de que llueve mucho, como corresponde a la zona. Esos suelos se desmoronan con facilidad, pero allí se hace tala selectiva, y si los árboles de los bosques son muy jóvenes y el lugar de 40 centímetros de raíz tienen 20 menor, poseen menor capacidad para detener el agua y al carecer de infiltración en la tierra aumenta velocidad agua, que viene de la montaña en grandes aluviones, en riadas, en inundaciones.
-¿Se podría haber evitado de alguna manera?
-Tartagal era la segunda ciudad en importancia de Salta. Tenía una poderosa clase media, profesionales y técnicos ligados a YPF en su mayoría. Nosotros tenemos allá una sede que casi tuvimos que cerrar porque cuando se fue la petrolera nos quedamos sin docentes, que eran todos de la empresa. En Tartagal se ve muy bien lo que significa el abandono del Estado. Ya no hay pluviómetros arriba, para ver cuanto llovió y tomar las medidas, no hay quien prevea la defensa del río, no hay Servicio Meteorológico. Se fueron todos y se quedaron muy solos, en Tartagal. Todos nos quedamos muy solos.
Joyas verdes
Según datos de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el país perdió durante el siglo XX alrededor del 70 % de sus bosques nativos. En datos algo más concretos, en 1900 había 105 millones de hectáreas forestadas y hoy, con suerte, podrían computarse 33 millones. Pero el dato más alarmante es que, según informes recogidos por la organización Greenpeace, cada año se están desmontando 250 mil hectáreas, en una aceleración que resultaba hasta no hace mucho muy difícil de evitar. En la provincia del Chaco, por mencionar un caso, el Instituto de Colonización señaló que en 1999 había 1.938.547 hectáreas de tierras fiscales –casi todas forestadas naturalmente- y en el 2005 sólo quedaban 687.053.
La selva misionera también es una joya preciada para la explotación intensiva. Allí queda apenas un 7 % de la superficie selvática original. En la zona correspondiente a Paraguay y Brasil la situación es peor aún, ya que no queda prácticamente nada de selva. Un riesgo similar se registra en las Yungas, que ocupa el norte tucumano, parte de Salta y de Jujuy y se interna en el sur de Bolivia. La selva de Amazonas, por su parte, es fuente continua de debates y pujas entre aborígenes, hacendados y nuevos inversores, con grado de violencia física que no se conoce por estos lares.
En muchos casos, la topadora se manifiesta como el avance de la soja. Pero no son pocos los campos que se destinan a cultivos de otras especies e incluso se promueven explotaciones ganaderas con la más alta tecnología. Como la que muestra con orgullo Franco Macri en El Yuto, ahí cerquita de Embarcación, Salta, unas 20.000 hectáreas adquiridas en 1997 donde con asesoramiento de la Universidad Ben Gurión, se invirtieron –de acuerdo a anuncios del grupo Socma- algo más de 30 millones de dólares para producir algodón, poroto, maní y cártamo, bajo riego, y de paso cereales, tomates, pimientos, zapallitos, melón, sandías, cebollas, berenjenas, granadas, miel y criar ganado. Un negocio que habría de facturar 350 millones de dólares anuales según publicó en su momento el lobista sojero Héctor Huergo en el diario Clarín. Pero en la zona también hicieron sus inversiones otros poderosos grupos económicos radicados en Buenos Aires, Córdoba y Rosario o fondos de inversiones sin bandera conocida.
Revista Acción, Abril de 2009
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