por Alberto López Girondo | Ago 3, 2013 | Sin categoría
La participación de Mariano Rajoy en la audiencia con los parlamentarios que le exigían explicaciones sobre los pagos ilegales en el Partido Popular no fue del todo feliz. Incluso se hizo muy popular el blooper de cuando leyó su texto exculpatorio (ni se le pasó por la cabeza a sus asesores dejarlo improvisar) demasiado detalladamente. Tanto que cuando el texto decía «fin de la cita», un indicativo de que debía cambiar el énfasis ensayado para cautivar a los televidentes, el presidente del gobierno español, obediente, leyó «fin de la cita».
Sin embargo ese es un detalle menor que sólo sirvió para alimentar las redes sociales por un tiempo. Lo más sustancioso es lo que eligió soslayar en su discurso preparado por diligentes asesores de imagen, que a la vista de cómo están las cosas en el partido que sostiene en la actualidad el ideario neoliberal, vaya uno a saber cómo habrán de cobrar sus honorarios. Descontando que no hicieron su tarea por desinteresada militancia política.
Porque justamente el escándalo que tiñe la política española desde hace meses refiere a la forma en que los dirigentes del PP cobraron sobresueldos desde casi la creación del partido, a poco de morir el dictador Francisco Franco, en la segunda mitad de los años ’70. El otro gran escándalo de la España de hoy día envuelve a la corona de los Borbones y por ahora parece haberse solucionado con la mudanza de la infanta Cristina a Suiza, cosa de que se haga cargo de los platos rotos su esposo, el ex deportista Iñaki Urdangarín. Pero esa es otra historia.
En el caso del PP, el indicado para haberse cargado las consecuencias por el caso de los sobresueldos era el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas. El hombre con el que Rajoy dice haberse equivocado al darle confianza, está entre rejas desde el 27 de junio y ahora debe tolerar que su propia esposa haya quedado imputada como su cómplice. No son inocentes, claro, pero el asunto es que ellos fueron parte de una maquinaria política que ahora le esquiva la nalga a la jeringa y fue entonces que Bárcenas decidió abrir la boca ante el juez Pablo Ruz. Fue hace un par de semanas cuando puso en blanco sobre negro lo que significaban las anotaciones en una libreta muy parecida a la que llevaban antiguamente los almaceneros. Una contabilidad muy casera en la que figura cada movimiento económico del PP mientras Bárcenas tuvo injerencia en esas cuentas.
La transcripción de la declaración, que publicó el diario El Mundo, cercano, hay que decirlo, al PP, es muy elocuente. El juez le pregunta al ex tesorero qué significan la anotación “Trajes M.R”. del 18 de abril de 2008 en esa libretita B, donde se inscribían las operaciones non sanctas. Allí figuran los aportes empresarios y los pagos a representantes del partido.
«Son gastos de representación del presidente –responde Bárcenas– son unos trajes que se hizo el presidente del partido, Mariano Rajoy, que se pagaron desde esa caja.»
–¿Y sabe usted por qué se pagaron desde esa caja si los define como gastos de representación en la contabilidad oficial? –inquiere el juez.
–Pues porque probablemente no hubiese quedado estéticamente muy bien presentar ante el Tribunal de Cuentas una factura de sastre comprando unos trajes –responde el atribulado hombre, que ahora enfrenta cargos por una cuenta en Suiza por dos decenas de millones de euros que asegura –y no estaría mal creerle– que no son suyos.
Las libretas que tienen a maltraer al PP datan de los ’90, cuando estaba el frente del Ejecutivo José María Aznar, pero se sabe que todos los dirigentes del partido creado como Alianza Popular por el gallego Manuel Fraga Iribarne en 1977 cobraron sobresueldos. Si fuera sólo por los sobrepagos la cosa no sería tan escandalosa para la sociedad española, que padece una de las crisis más profundas en su economía desde el fin de la guerra civil.
Pero todo resulta más irritativo porque esos pagos no permitidos por la ley electoral de ese país surgen de aportes que hicieron un puñado de empresas que luego recibieron beneficios con el PP en el poder. Por otro lado, la gran mayoría de esas empresas son constructoras, precisamente el rubro que con el estallido de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos a fines de 2007 arrastró al resto de la economía hispana a una espiral sin fondo. Y para colmo que el PP en el gobierno aplica medidas que no hicieron sino agudizar los dramas para la gente de a pie.
La lista de aportantes es interesante, porque uno de los principales es Sacyr, una constructora que en tiempos de auge se dio el lujo de tener una mayoría accionaria en la Repsol-YPF y que cuando las papas comenzaron a quemar salió a vender aceleradamente para poder solventar las deudas en la matriz, que la tienen al borde del nocaut desde entonces. Hoy todavía cuentan con casi un 10%, importante pero no determinante. Otra gran constructora, OHl figura como la mayor, con más de un millón y medio de euros, pero hay otras menores como FCC y Ploder. Todas ellas aparecen no sólo como dadivosos «populares» sino también como beneficiarios en la concesión de hospitales construidos bajo modelos de financiación y gestión privada en la Comunidad de Madrid.
De más está decir que integran los grupos que presionan para la privatización total de los servicios públicos en lo que todavía queda del Estado de Bienestar español. Según la Coordinadora AntiPrivatización de la Sanidad Pública de Madrid, estas empresas cobran un total de 45,15 millones de euros en concepto de canon y para comienzos del 2012, ya habían recuperado la inversión y les quedaban aún 30 años de canon en los que acumularán un ingreso neto de más de 100 millones de euros.
Este esquema de dádivas sirvió para alimentar a los think tanks del libre mercado, como lo prueba el hecho de que el presidente de la constructora OHL, Juan Manuel Villar Mir intentó deslindar sus responsabilidades en la trama que retiene a Bárcenas en prisión reconociendo solamente «donativos menores» a la fundación FAES.
Esa fundación, dirigida por Anzar y con sede en Madrid, tiene estrechos vínculos con los líderes de la derecha vernácula, al punto que en abril pasado el ex presidente español y el alcalde porteño Mauricio Macri inauguraron el I Foro para América Latina con la presencia rutilante de unos 80 personalidades destacadas. Entre ellos estuvieron los ex mandatarios de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, y de Bolivia, Jorge Quiroga; junto con el ex vicepresidente de Perú, Raúl Diez Canseco; el ex ministro de Economía de Chile, Juan Andrés Fontaine y los escritores Álvaro Vargas Llosa y Plinio Apuleyo Mendoza, entre otros.
¿Cómo es que todo esto salió a la luz? El propio Bárcenas lo revela en su última declaración. El 15 de julio explicó que al principio del escándalo voceros del partido le habían pedido «que hiciese un comunicado negando los hechos y tal, y yo al principio me resistí, por eso envié un comunicado al residente del partido en el que le decía que yo no había provocado la situación». Sucede que el diario El País había publicado los papeles de la contabilidad B, lo que originó el entuerto. El periódico, tradicionalmente cercano al PSOE, había recibido la documentación del ex diputado Jorge Trías, al que el diario El Mundo llama como el «tercer hombre» en la maniobra. Este ex legislador del PP tenía una profunda amistad con Bárcenas y siempre trató de dejar bien parado a Aznar. Dicen que porque no quiere perder su relación con la fundación FAES. Como sea, el ex tesorero le dijo entonces al juez, sin tapujos, que se decidió a prender el ventilador cuando Trías le llevó los papeles a El País. «Cuando empezaron los ataques indiscriminados, con todo tipo de improperios contra mí… yo le digo a mi abogado: Alfonso, tú sabes que los papeles existían porque te lo conté… la presión que estoy sufriendo en estos momentos es tremenda, algo tendremos que hacer.»
Quizás esta declaración, que ocupa 190 folios, en una causa que acumula ya más de 5000, hubiese salido a la luz en forma segmentada y edulcorada, pero entre los presentes en el juzgado había alguien relacionado con el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) que de alguna manera aún misteriosa fue enviando información a uno de los directivos de la ONG, el abogado catalán Jaume Asens, que fue twiteando lo que iba diciendo Bárcenas en tiempo real. Hasta que le avisaron al juez, quien ordenó detener unos minutos la declaración y reconvino a los presentes, al tiempo que anunció un proceso contra Asens, que no estaba en la sala.
En un artículo que escribió con otro miembro de DESC, el argentino Gerardo Pisarello, Asens recuerda al premio Nobel de Literatura Elías Canetti, cuando dice que «el secreto ocupa la médula misma del poder. No se trata sólo de que no haya poder sin secreto. Es la propia capacidad de decidir qué puede salir a la luz y qué debe mantenerse en la penumbra la que constituye la esencia del poder.»
«No me voy a declarar culpable porque no lo soy. No voy a dimitir ni convocar a elecciones anticipadas», replicó Rajoy, luego de mostrarse como víctima de una trampa tendida por el hombre al que había ascendido a tesorero. «¿Se han pagado sueldos? –se pregunta Rajoy–. Sí. ¿Se han pagado remuneraciones complementarias por razón del cargo? Sí. ¿Se han pagado anticipos o suplidos a justificar por gastos inherentes al desempeño del cargo? También, como en todas partes», se excusó, horas antes de que el FMI le pidiera que baje los sueldos de todos los ciudadanos.
Tiempo Argentino, 3 de Agosto de 2013
por Alberto López Girondo | Jul 28, 2013 | Sin categoría
«El primer paso para superar un problema de manera efectiva es reconocer su existencia en toda la dimensión y hurgar en las causas y condiciones que han propiciado este fenómeno», propuso el presidente cubano, Raúl Castro, a principios de julio en la Primera Sesión Ordinaria de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional. El discurso del hermano del líder de la revolución duró algo así como dos horas y se caracterizó por no escatimar críticas hacia la sociedad al tiempo que agregaba detalles sobre el avance de las nuevas medidas económicas puestas en marcha desde que llegó al poder sucediendo a Fidel. El mensaje fue que hay que corregir errores, que no se van a cambiar los fundamentos del modelo socialista pero también que es necesario revisar códigos y conductas sociales que, a su modo de ver, ponen en peligro el proceso revolucionario iniciado hace justo seis décadas.
“Hemos percibido con dolor, a lo largo de los más de 20 años de período especial, el acrecentado deterioro de valores morales y cívicos, como la honestidad, la decencia, la vergüenza, el decoro, la honradez y la sensibilidad ante los problemas de los demás”, dijo Castro, tras advertir que “una parte de la sociedad ha pasado a ver normal el robo al Estado” y explayarse sobre otras costumbres que alarman a la generación que protagonizó las luchas contra la dictadura de Fulgencio Batista. Luego habló de la nueva política económica no sin antes aclarar cuál es el límite para los cambios propuestos: «A mí no me eligieron presidente para restaurar el capitalismo en Cuba ni para entregar la Revolución».
El contraste de esta época de transición se percibe en las calles de La Habana y del resto del país, donde las nuevas posibilidades de desarrollo individual presentan expectativa y la gente va dejando lentamente la modorra caribeña o la queja en sordina para plantearse nuevas actividades y proyectos.
Para mostrar en qué consisten esos cambios y de qué modo se están implementando, el gobierno cubano armó un programa para periodistas de todo el mundo ávidos de conocer de primera mano qué ocurre con la isla. Entre ellos estuvo Tiempo Argentino, el único medio de América del Sur en esta recorrida que se abrió con una presentación del vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo Jorge, el jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos de la Política Económica y Social. Es decir, el encargado de que la llamada Actualización del Modelo Económico Cubano funcione.
Murillo es economista y docente universitario, y recalcó en una conferencia de prensa que el nuevo modelo implica que “la propiedad social de los medios fundamentales de la producción va a seguir en el marco del socialismo”, es decir, bajo control estatal. Pero señaló al mismo tiempo que “el Estado no puede ocuparse de todo”. Así se explica que el eje de las medidas pase por dejar en manos de sectores no estatales o individuos una parte de la creación de riqueza, el fundamento de todos estos cambios.
Porque como las autoridades cubanas no dejan de mencionar, la economía de la isla necesita lograr eficiencia para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y aún sostener los fundamentos de la revolución. “Necesitamos crear una sociedad socialista próspera y sostenible”, repite Murillo. La frase es el lema para este proceso de renovación económica.
Murillo deslizó luego algunos conceptos sobre lo que habrá de significar este cambio para una sociedad que viene golpeada por más de 50 años de bloqueo económico por parte de EE UU y a la que la caída del bloque socialista debilitó peligrosamente.
“Las transformaciones comenzaron con la eliminación de prohibiciones a la venta de casas y a proyectos en el sector del transporte” enumera Murillo, tras recordar que los primeros esbozos de esta nueva etapa se fueron dando con los años, desde que en los 90 se crearon emprendimientos mixtos para la explotación turística y surgieron los primeros cuentapropistas.
Hoy el número de trabajadores individuales suma 429.500 dirá en su momento Carlos Mateu, vocero del Ministerio de Trabajo. Las cifras oficiales muestran que en los últimos meses se abrieron 197 cooperativas, 124 de ellas ya en funcionamiento y 71 más en proceso de acreditación. La mayoría de los nuevos emprendedores trabajaban en alguna dependencia del Estado, la mayoría de ellas atestadas de personal, como registró el propio Raúl Castro al anunciar en 2011 que cerca de un millón de empleados públicos deberían plantearse empleos no estatales porque el país debía encarar una etapa con mayor eficiencia.
Es que, a diferencia de un país capitalista, el socialismo no se puede permitir dejar a la gente en la calle; cuando la crisis de los 90, muchos trabajadores de la industria azucarera, por mencionar a una, pasaron al estado (ver aparte). “Hoy la desocupación, es decir la cantidad de personas que buscan trabajo y no lo encuentran, es del 3,2%”, detalla Mateu, para quien el desafío es subir los niveles de productividad en rubros como la construcción y la agricultura.
Aquí aparece un problema que viene acuciando a Cuba desde hace también dos décadas: la doble moneda. Los nativos se manejan en el mundo del peso cubano, el CUB, mientras que para el sector relacionado con el turismo rige el CUC o peso convertible. Castro ya adelantó que se va hacia la unificación monetaria. Murillo especificó que se estudia la forma de terminar con esa dualidad económica, social y cultural “pero sin aplicar terapias de choques”. Esto es, sin generar un proceso inflacionario que termine de licuar los ingresos. Un punto importante es que paralelamente habrá de cambiar la política de precios “para subsidiar a las personas y no a los productos”. Otro punto es que los cambios también pasarán por una nueva política impositiva, algo a lo que la sociedad no estaba acostumbrada (ver aparte).
Pero este programa de renovación tiene otra pata, que pasa por las inversiones externas. El vicepresidente Murillo no tiene dudas de que “es difícil el desarrollo sin inversión extranjera”. De hecho, hay más de 190 emprendimientos mixtos, todos ellos con mayoría estatal, en áreas como la minería y la generación de energía eléctrica. Los privados, de acuerdo a la ley de inversiones en vigencia desde hace años, no tienen la propiedad absoluta ni pueden vender sus acciones sin la autorización de su socio estatal, según detalla el viceministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Antonio Carricarte. Lo que ahora el gobierno pretende es que quienes se acerquen aporten en cinco temas puntuales, dijo Murillo: “tecnología, financiamiento, mercado, empleo y know how administrativo”. Para despertar la vocación exportadora de los cubanos y estimular las fuerzas productivas internas y sustituir importaciones en rubros fundamentales como los combustibles y los alimentos. Pero todo esto se irá haciendo en forma paulatina. “El éxito consistirá en mantener el equilibrio macro mientras se da espacio al mercado y la creación de la riqueza”, sostienen en el gobierno. “Acelerar los cambios es peligroso”, entiende Murillo.
Un nuevo contexto para el intercambio comercial
El viceministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera cubano (MINCEX), Antonio Carricarte, descartó de plano que se vaya a modificar la ley de inversiones extranjeras, aunque señaló que la actualización del modelo económico podría significar la actualización de algunas normativas puntuales. De todas maneras, el funcionario aseguró que se estudia una nueva cartera de negocios para ofrecer a socios internacionales en áreas clave como la minería, el turismo, energías renovables y la industria alimentaria. En tal sentido, y en un aparte con Tiempo Argentino, deslizó la propuesta de que empresarios locales puedan aportar su expertise en el área de la agricultura y la alimentación.
Al mismo tiempo, Carricarte dio algunas cifras sobre el comercio exterior de Cuba. Y computó que el 70% de las exportaciones –unos 10 mil millones de dólares– corresponden a la venta de servicios al exterior. La cifra incluye al turismo, uno de los motores de la economía actual, que ingresa unos 2500 millones de dólares, pero también la oferta de servicios de salud, de medicinas y de profesionales a otros países, un rubro en que los cubanos figuran entre los más desarrollados del mundo. Si bien en este caso los números son menos precisos, algunas fuentes estiman en unos 6.000 millones de dólares la exportación de servicios médicos. Gran parte del comercio con Venezuela se basa en este rubro, que se intercambia con el petróleo del país bolivariano. Carricarte destacó los convenios que se analizan para proveer médicos a Brasil, que por otro lado es un fuerte jugador en el mercado cubano, donde construye el Puerto Mariel, a unos 30 kilómetros de La Habana, donde habrá una zona especial que bien podría servir para la instalación de industrias livianas. También es una empresa brasileña la que se asoció para la administración del complejo azucarero (ver aparte). El níquel es otro importante producto de exportación y si bien una de las minas fue cerrada estos días porque daba pérdidas, la planta procesadora Pedro Soto Alba, se mantiene a todo vapor. Se trata de una sociedad mixta con canadiense Sherrit International, que también participa en plantas de generación de energía eléctrica a partir del gas.
La medicina sigue siendo el estandarte de la revolución
Si hubo un área donde la revolución se desarrolló con mayor ímpetu, esa es la de la ciencia médica. Así lo destacó Gustavo Sierra González, director de Política Científica de BioCubaFarma, el holding creado a fines de 2012 para concentrar a las industrias biotecnológicas y farmacéuticas cubanas. Y los números lo confirman: un país que tuvo que alfabetizar a la mayoría de la población desde 1959 –además de que se quedó sin médicos porque la mitad de los 6000 que había en la isla emigraron–, hoy se jacta de contar con 236 entidades de ciencia e innovación tecnológica, 130 centros de investigación. Además, tiene 528 investigadores, dos mil científicos e ingenieros y 943 doctores en ciencias por millón de habitantes.
Gran parte de los ingresos en divisas de Cuba provienen de los servicios que presta este cluster productivo de alta especialización. Se supone que hay algo así como 40 mil trabajadores de la salud esparcidos por el mundo, entre ellos unos 15 mil médicos, 2300 oftalmólogos, 15 mil licenciados, 5000 técnicos de la salud y 800 empleados de servicio en los cinco continentes. Sierra González señaló que en el sector farmacológico se desarrollan unas 200 patentes por año y que hay proyectos mixtos con laboratorios extranjeros para unos 1600 “objetos de invención”. Las vacunas cubanas contra la meningitis y el tétanos se venden en todo el mundo y hay tratamientos contra varios tipos de cáncer y contra la diabetes mellitus. Mediante acuerdos y joint ventures también se producen en el exterior.
Otro emprendimiento paralelo, el Sistema Ultra Micro Analítico (SUMA) desarrolló toda una línea de avanzada para el diagnóstico y la prevención. En Argentina tiene acuerdos con el Hospital Posadas, de Haedo, donde se utilizan algunos de esos aparatos para operaciones cerebrales.
Campesinos, usufructuarios y organización cooperativista
Ricardo Lazo Martínez ahora quiere hacerse la vivienda en el campo que usufructúa. Las nuevas medidas se lo permiten. y lo quiere aprovechar. El agricultor explota una extensión de «una caballería», una medida cubana que equivale a 13,42 has. Tiene un Buick modelo 47 del que se siente orgulloso y un tractor soviético. “El bloqueo nos traba la compra de insumos”, dice.
Cerca de su campito está la Cooperativa Héroes de Yaguajay, en Alquízar, un municipio de la provincia de Artemisa, lindante con La Habana. Allí Alfredo Acosta, el presidente de la cooperativa, explicará que ahora venden el 53% de su producción al Estado y el resto al mercado. Que tienen unas 400 hectáreas donde 200 cooperativistas que cultivan todo tipo de productos como tabaco y papas, pero se especializan en la cría de búfalos y ganado de la raza Siboney, una cruza desarrollada a partir de instrucciones del propio Fidel Castro, dice Acosta. Las cifras indican que es una de las más productivas de la región y que tienen a unos 600 animales. Por allí también hay otra cooperativa de servicios, que hace su aporte en unas 950 hectáreas pertenecientes a 114 fincas.
Las 10 claves de los cambios
1.- El lema es crear “una sociedad socialista prospera y sostenible.
2.- Dejar en manos de particulares rubros de la economía en que el estado no es ineficiente. Las grandes industrias seguirán en manos estatales aunque pueden participar empresas extranjeras.
3.- Separar las funciones administrativas del estado de las tareas productivas. Mantener el sistema de protección social y el desarrollo educativo de la población.
4.- Apostar a los rubros donde Cuba resulta competitiva: salud, tanto con personal como investigación y desarrollo de tecnología y medicamentos; turismo; algunas industrias extractivas como el níquel; energías renovables.
5.- Utilizar la fuerza creativa de los emprendedores individuales para generar riqueza en la sociedad.
6.- Comenzar a aplicar impuestos en áreas donde no eran necesarios para redistribuir la riqueza creada.. Apoyo crediticio a nuevos emprendedores. 7.- Que los precios en los productos e insumos agropecuarios comiencen a basarse en el mercado y no en decisiones administrativas.
8.- Dar tierras improductivas en usufructo a campesinos individuales o cooperativas eficientes. Las transformaciones más profundas se pondrán en marcha en 2014
9.- Eliminación de la doble moneda. Aumentar niveles de eficiencia por aumento de productividad. Subsidiar a las personas y no a los productos.
10.- La fuerza laboral de 5,1 millones de personas está empleada hoy en un 77% en instituciones estatales y 23% en actividades no estatales. Hay 429500 trabajadores cuentapropistas.
El 1 de julio comenzaron a funcionar 124 cooperativas no agrarias y hay otras 71 en proceso de acreditación.
Enrique Ubieta Gómez, periodista: «Hay que garantizar la posibilidad de explotar al máximo las capacidades individuales que hemos creado»
“Lo que hay que entender es que el socialismo no es un lugar de llegada sino un camino hacia otra parte”, se ataja Enrique Ubieta Gómez, director del mensuario La calle del medio y autor de varios libros, entre ellos Cuba: ¿revolución o reforma?, para el cual realizó al menos 8000 entrevistas con jóvenes de todo el país que le sirvieron para conocer lo que piensan de esta particular etapa de la isla.
La respuesta de Ubieta parecía una justificación para un proceso de cambios que desde algunos sectores ideológicos es visto como una renuncia a los principios con que aquel grupo de seguidores de Fidel Castro iniciaron la lucha contra la dictadura de Fulgencio Batista en la Sierra Maestra. “Estas construyendo un camino del que no tienes un plano ni un mapa a mano para hacerlo. Hace algunos años existían (por el bloque socialista), pero estaban equivocados o por lo menos se evidenció que no conducían al lugar que se deseaba.”
El periodista, hombre de la primera generación luego de la revolución, fue testigo de otros tiempos, y sus charlas con estos chicos que nacieron luego del período especial, tras la caída de la Union Soviética, cuando todo faltaba a la población, le permitió entender que estos cambios de alguna manera son inevitables.
«Mi generación vivió todo el proceso concientizador de la revolución en un momento en que existían situaciones económicas normales y solidarias con el campo socialista, cuando había posibilidades de satisfacer las necesidades más elementales para todos y, por lo tanto, tuvimos otra experiencia vital. Los que nacieron con el período especial han enfrentado otra realidad. Yo jamás conocí lo que era la prostitución en Cuba, mi padre me contaba, pero para mí no existía. Era muy raro encontrar una persona en la calle pidiendo dinero. No existía.
–¿Cómo tomaron ustedes todos esos cambios?
–Con tristeza, con dolor. Mi generación tuvo una preparación política profunda y sabemos que no se puede entender un proceso local sin entender un proceso global. Hoy existen algunas diferencias sociales que no existían en mi época. En los años ‘70 hubo mucha carencia material pero la gente vivía con un total acuerdo y vivía la revolución con pasión. Yo iba a las fiestas con botas y cuando aparecieron en el mercado unos zapatos que imitaban a un modelo italiano, pero de plástico, las colas para comprar ese zapato eran gigantescas y nosotros íbamos muy felices con esos zapatos. Aquel momento nos abarcaba a todos.
–Era todo más igualitario
–Era mucho más igualitario. En los ‘80 hubo un aparente despegue y empezaron a haber más cosas para vestir y para comer. Entonces yo iba una vez al mes a comer al Floridita (uno de los lugares preferidos de Ernest Hemingway) con mi esposa. O antes de casarme podía hospedarme en el Habana Libre una noche o dos noches, y todo ese mundo desapareció con la caída del bloque soviético. Eso dejó de existir para las nuevas generaciones, que han vivido un mundo mucho más sórdido en los años ‘90. Fueron años de apagones, que llamábamos alumbrones, y no tenías nada que hacer a la noche, ni ver televisión ni leer, simplemente conversar en la calle por el calor, con los vecinos, mirar las estrellas. Yo he ido a todas partes en bicicleta. Fue una época muy dura pero era igualitaria, era dura para todo el mundo, los vicepresidentes del Consejo de Ministros iban en bicicleta. Las nuevas medidas se han tenido que tomar para sacar el hocico del agua en medio de un mundo capitalista y hostil.
–¿Cómo analizan eso los jóvenes?
–Los muchachos que nacieron en esta nueva etapa nacieron viendo esas diferencias, escuchando los cuentos de los padres pero viviendo otra experiencia. Con cosas garantizadas que permanecieron intactas hasta hoy pero con vivencias personales diferentes, eso no se puede obviar. Uno como revolucionario sabe que ninguna realidad subjetiva llega para quedarse y es inalterable. Un revolucionario debe actuar sobre esas realidades para cambiarla, no a nuestro antojo pero sí con nuestra voluntad y conocimiento. Yo creo que estas medidas son para salvar la revolución, para conservar lo que hemos alcanzado y buscar otro camino para seguir el rumbo.
–Escuché gente en la calle decir que llegan un poco tarde.
–Yo no sé si llegan tarde, a lo mejor pudieron haberse hecho un poco antes, pero yo creo que son medidas que en tanto intentan tomar un nuevo camino intentan ser muy pensadas y son fruto de debate y del pensamiento de académicos y de políticos y luego de una discusión con la gente. Estos lineamientos se discutieron en todos los barrios, las escuelas, las instituciones del país para ser aprobadas.
–¿Implican el fin del igualitarismo?
–Hoy llegamos a la comprensión de que no se puede amparar a todo el mundo por igual porque hoy no todo el mundo tiene la misma situación, sino que tienes que amparar a determinadas personas. No se trata de amparar los productos sino a las personas. Eso aparece claro porque ahora hay una diferencia entre las personas que no había antes. Diferencias que no tienen nada que ver con las que pueden existir en otros países. Aquí no hay un Carlos Slim y el 50% de la población bajo de la línea de pobreza, por decir algo. Pero no se trata ahora de eliminar esas diferencias sino hacer que sean legítimas. Que esas diferencias sean fruto de su trabajo.
–¿Cómo se explican las ineficiencias de las que habla el gobierno en la economía?
–Al caer la economía se cerraron muchos lugares de producción cuyas materias primas venían del campo socialista. La industria terciaria, los servicios, el turismo, cobraron una importancia mayor. Hay una pirámide social que esta invertida cuando el botones de un hotel o un taxista o cualquier persona en el mundo de los servicios gana diez veces más que un profesional calificado y probablemente gane más que el gerente de ese hotel. Cada vez que baja unas maletas con que le den un solo dólar ya acumula una barbaridad en el día.
–¿Como se sale de esa doble moneda sin crear un problema mayor?
–Van a aumentar los precios, sin duda. Los precios no pueden estar tan bajos como los actuales en moneda nacional. La cuota que yo recibo subvencionada por el Estado no me alcanza para el mes completo, pero eso yo lo compro con 15 pesos, a lo sumo 20 pesos cubanos. Es nada, con menos de un dólar compro una canasta básica para diez, 15 días. Eso no se puede sostener respaldando la sobrevivencia de un sector importante de la sociedad. Es una economía subsidiada. No podría ser tan barato, tampoco puede ser tan caro como es el mundo del CUC, de la divisa. Habría que buscar un intermedio. Como todo está subvencionado los salarios han permanecido intactos desde los años ‘60, pero incrementar el salario es como el huevo y la gallina, tienes que incrementar la producción, la productividad del trabajo. Hay que hacer un pacto en algún momento donde se logre esto y creo que hacia eso se va. Lo más importante no es ahora eliminar las diferencias que existen sino que sean el resultado del aporte real y concreto tuyo a la sociedad. Y no estamos contradiciendo ninguna máxima socialista, es precisamente lo que el socialismo pretende. Lo que hay que garantizar es la posibilidad de explotar al máximo las capacidades individuales que hemos creado. Hoy no lo podemos hacer desde el Estado. Sencillamente se nos están yendo (los profesionales).
-¿La cuestión es tratar de que no se vayan?
-Yo sé lo que Lenin planteó sobre lo que entrañaba el pequeño propietario en términos ideológicos, pero yo no me puedo plantear hoy de un modo tan rígido el horizonte de país. Tengo que hacer que este país sea próspero económicamente y tratar al mismo tiempo de construir una cultura socialista y una cultura lo más igualitaria, no igualitarista, lo más igualitaria en oportunidades y al mismo tiempo no consumista en los jóvenes. Nuestra principal riqueza hoy son las personas, nuestra política va en el sentido de que esas personas puedan realizarse espiritualmente, eso incluye laboralmente y eso incluye sus condiciones de vida, que puedan al mismo tiempo tener una calidad de vida que el país le permita, ese es el enfoque. No hay otro camino, no se vislumbra, no lo tenemos en la mano que no sea el que estamos haciendo con mucho control. Yo creo que aquí se están enfrentando dilemas en los que no había habido necesidad de pensar. Uno de esos dilemas quizás sea el de la construcción desarrollista de la sociedad y el concepto del Buen Vivir que plantea Evo (Morales). Ahora hay un nivel de debate sobre todos estos temas, hay quien está a favor de desarrollar los transgénicos cubanos, justamente porque no tendríamos la explotación trasnacional de las Monsanto y hay quienes han formado una barricada intelectual contra eso. Hay un debate sobre todas esas opciones, pero también hay urgencias. Hace algunos años esos eran debates que nada tenían que ver con nosotros pero ahora están en el día a día.
Tiempo Argentino, 28 de Julio de 2013
por Alberto López Girondo | Jul 27, 2013 | Sin categoría
Que la derecha chilena está que arde no es ninguna novedad. Y que por ahora no tiene cómo enfrentar al que parece un indetenible regreso de Michelle Bachelet al Palacio de La Moneda tampoco. Pero las últimas movidas en la coalición conservadora que gobernó el país desde 2010 expusieron a la luz pública miserias que arrastran los sucesores del pinochetismo desde que el dictador debiera alejarse del poder luego de la consulta popular que llevó al retorno a la democracia, en 1990. Una democracia que, de la mano de los estudiantes que salieron a protestar en las calles desde 2011 puede que esta vez, y cuando se cumplan 40 años del golpe contra Salvador Allende, cambie los parámetros que le fijó el pinochetismo.
Todo indica que en noviembre se habrán de enfrentar Bachelet, en representación de la Concertación de centroizquierda que se mantuvo en el poder por 20 años. Los conservadores, de ser aprobada por uno de los partidos más importantes de ese sector, llevarían de candidata por Evelyn Matthei, ex ministro de Trabajo del actual mandatario, el empresario Sebastián Piñera. Un tercer candidato con aspiraciones, Marco Enriquez-Ominami, se introdujo como una cuña en este bipartidismo amañado por la dictadura hace cuatro años y va a reincidir. Todos ellos están ligados a ese pasado que todavía atormenta al país trasandino desde aquel 11 de setiembre de 1973 cuando se interrumpió el proceso popular que aplicó por primera vez en la región el plan económico de la llamada Escuela de Chicago mediante una de las dictaduras más criminales del cono sur. La primera experiencia neoliberal de la mano de homicidios masivos, nada menos.
Enríquez-Ominami también cumplió cuatro décadas hace algo más de un mes. Es hijo de uno de los fundadores del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Miguel Enríquez, y de la periodista Manuela Gumucio. El líder guerrillero fue asesinado en 1974 y la madre de Marco partió con el pequeño al exilio en Francia. Al cabo de algunos años la mujer rehizo su vida junto al dirigente socialista Carlos Ominami. Marco adosó el apellido de su padre de crianza como un reconocimiento a la influencia que tuvo en su vida.
Bachelet es hija del general de aeronáutica Alberto Bachelet, un militar constitucionalista detenido por la dictadura y acusado de traición a la patria que murió a raíz de las torturas sufridas en la prisión, también en 1974. Michelle fue detenida un año más tarde y se exilió luego en la entonces República Democrática Alemana.
Matthei es hija, a su vez, del también aeronauta Fernando Matthei, compañero de armas y amigo de Bachelet. El hombre era agregado aeronáutico en las embajadas de Chile en Gran Bretaña y Suecia, con sede en Londres, cuando el golpe contra la democracia. En octubre de 1973 asume como jefe de la Misión Aérea de Chile en Londres pero dos meses más tarde es designado como director de la Academia de Guerra Aérea. Allí funcionó uno de los campos de concentración del pinochetismo y allí estuvo detenido Bachelet. Matthei sería puesto al mando de la Fuerza Aérea Chilena en 1978. Reconoció que colaboró con los británicos, con los que tenía relación previa, durante la Guerra de Malvinas y cuando Pinochet fue detenido en Londres a pedido del entonces juez Baltasar Garzón, en 1998, llamó a boicotear a empresas británicas y españolas. Ni la ex presidente ni la viuda del fallecido militar acusan a Matthei directamente, pero el caso siempre flota en el ambiente al punto que es uno de los riesgos que partidarios de la derecha ven en la campaña para competir por la presidencia.
Pero la hija del polémico comandante de la FACH (sigla sugestiva si las hay) tiene otras cuentas más graves en su propio historial como para esclarecer en las elecciones de noviembre. Evelyn Matthei junto con Piñera y Andrés Allamand integraban un grupo de jóvenes promesas dentro de la derechista Renovación Nacional en esos primeros tiempos de la nueva republica, a principios de los 90. Eran la «patrulla juvenil» del conservadurismo. Todavía Pinochet tenía poder, porque había dejado la presidencia el 11 de marzo de ese año pero continuaba siendo comandante del Ejército y senador vitalicio de acuerdo a los términos de la constitución que había diseñado para mantener las «conquistas» logradas en su gestión de 17 años.
Hasta la aciaga noche del 23 de agosto de 1992, cuando en medio de un programa periodístico por Megavisión, A eso de…, el dueño del canal dejó a todo el mundo boquiabierto al poner sobre una mesa un pequeño grabador donde se escuchaba una conversación telefónica de Piñera con un allegado al conductor de ese mismo programa con quien arreglaba descaradamente la forma de destrozar públicamente a Matthei. A esa altura la mujer se disputaba la posibilidad de ser candidata a la presidencia del ’93 con el empresario y la querían mostrar como dubitativa e inexperta.
«La gracia es que trate elegantemente de dejarla como una cabrita chica ¿cierto? despistada, que está dando palos de ciego, sin ninguna solidez, ¿me entendés tú o no?», le decía Piñera a su amigo, Pedro Pablo Díaz, directivo de la Coca-Cola, para que le transmitiera a Jorge Andrés Richards, a quien llamaba «El Pelao».
Ricardo Claro, el dueño de Megavisión, también pertenecía a la derecha y con esa movida sepultó las expectativas de su sector para suceder a Patricio Aylwin. El escándalo, conocido como Piñeragate o Kiotazo, por la marca del aparatito que reprodujo la pinchadura telefónica, llevaría al alejamiento de Piñera y Matthei de la RN, donde Allamand continuó haciendo carrera.
Piñera se quedó con la sangre en el ojo y con el tiempo logró revertir el bochorno. La trama, revelada por el escritor y periodista Ascanio Cavallo en La historia culta de la transición, demuestra que Evelyn no era para nada una víctima inocente de un feroz contendiente político, sino una mujer capaz de similares bajezas con tal de llegar al poder. Porque la intercepción de la comunicación del actual presidente con su amigo gerente había sido hecha por un oscuro capitán que ejercíacomo comandante de la Cuarta Compañía de Guerra Electrónica del Regimiento de Telecomunicaciones Nº 9 Soberanía, en las alturas precordilleranas de Peñalolén, cerca de la capital chilena. Y Pinochet no era ajeno a la maniobra.
Dentro de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Matthei y Pîñera mantuvieron distancia luego de que se conociera la operación de la hija del general y que, según el empresario, incluyó el secuestro extorsivo de uno de sus hijos. Conocida como «bocasucia» e impulsiva, la mujer hizo carrera legislativa siempre con un tono agresivo, como para desmentir eso de «cabrita» sin convicciones. Y un par de años más tarde se encargó de enlodar de un modo impiadoso al otro «patrullero juvenil». Fue cuando en enero de 1995 avaló públicamente a un ex ministro de Pinochet, Francisco Javier Cuadra, quien había señalado en una entrevista que había «parlamentarios y otras personas que ejercen funciones públicas que consumen drogas». Matthei aportó a un testigo que no solo corroboró esas temerarias acusaciones sino que entre ellos nombró a Allamand, que nunca pudo recuperarse del todo de esa etiqueta nefasta.
Allí puede estar la explicación de por qué se bajó prematuramente de la nominación cuando el ganador de la primaria por la derecha, Pablo Longueiras, renunció por un súbito ataque de depresión. Longueiras tuvo que dejar trizas en su camino a la candidatura dentro de la UDI, por eso extrañó su repentino bajón emocional. Un dato es que aparecía implicado en una denuncia por manipulación de los datos del censo de 2012, si se quiere un delito menor teniendo en cuenta que sólo se trató del ocultamiento de errores para mostrarlo como un éxito del que era ministro de Economía. Allamand había salido segundo por poco y hubiera sido el remplazante ideal para no «remover las olas» en la derecha. Pero no quiso.
A todo esto, Matthei ya había hecho las paces con Piñera y fue su ministro de Trabajo y el presidente parece haberle retribuido el favor. Hay quienes dicen que en realidad apuesta al desgaste de todos sus posibles contrincantes sabiendo que no hay forma de ganar, cosa de volver triunfal en 2017. Laurence Golborne, que había ganado puntos con el rescate de los 33 mineros en 2010, ya tuvo que dar un paso al costado cuando resultó inculpado en una demanda contra Cencosud por cláusulas contractuales abusivas con sus clientes impuestas unilateralmente cuando era gerente general de la propietaria de la cadena Jumbo. Y por no haber declarado bienes en el exterior.
En la Alianza por Chile, falta que la RN acepte formalmente la candidatura de Matthei. Una carta anónima que hizo circular uno de sus miembros recordando su sombrío pasado generó bastante revuelo estos días. Un pedido de procesamiento contra su padre por el caso Bachelet podría complicar aún más su campaña. Habrá que ver si de todas maneras apuestan por ella y deciden aceptar como argumento que nunca perdió una elección.
Tiempo Argentino, 27 de Julio de 2013
por Alberto López Girondo | Jul 20, 2013 | Sin categoría
Salieron «con los tapones de punta», algo que no suele cuajar en el estilo brasileño. Pero el presidente de la FIFA, Joseph Blatter había pasado los límites. El hombre que comanda la máxima organización del fútbol mundial había señalado que las protestas populares que se desarrollan justo desde que llegó a Río de Janeiro para la Copa Confederaciones, no deberían repetirse en el Mundial del 2014. «Brasil es un país democrático, que les asegura a sus ciudadanos plena libertad de expresión», respondió ácidamente el Ministerio del Deporte.
No era para menos. De puro lisonjeros con el administrador nacido en Valais, Suiza, que rige la FIFA desde 1998 pero integra los altos mandos desde 1975 como director técnico –o sea que tuvo oportunidad de venir a Argentina cuando el Mundial que organizó la dictadura en 1978–, las autoridades brasileñas aceptaron todo lo que les pidió en torno del mundial con el costo político que ahora representa para el gobierno. La presidenta Dilma Rousseff, sin ir más lejos, se ganó una generalizada silbatina el 15 de junio pasado cuando inauguró la Copa junto al mandamás del fútbol-negocio en el inicio de las manifestaciones más importantes de Brasil en décadas.
Para la FIFA no son tiempos de promover represiones –no otra cosa sugiere la declaración de Blatter a la agencia alemana dpa en la que deslizó que «si vuelve a pasar lo mismo (o sea, si hay protestas) nos deberíamos preguntar si elegimos de forma equivocada en la votación». Y para añadir algo más de leña al fuego agregó que confía en que «el gobierno tomó nota y no se repetirá. Tienen un año para lograrlo», una frase que sonó a irritante amenaza.
Tampoco parecen épocas de hacer alarde desde el despacho de Blatter luego de que un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hubiera desestimado un recurso conjunto de la FIFA y de la UEFA en resguardo de los contratos para la televisación de los partidos de fútbol en la región. Ante un reclamo de ambas federaciones futbolísticas por la normativa de Bélgica y Gran Bretaña que obliga a retransmitir públicamente los partidos de la fase final del Mundial y la Eurocopa, el TJUE consideró que se debe salvaguardar «el objetivo consistente en la protección del derecho a la información y en la garantía de un amplio acceso del público a la cobertura televisiva de tales acontecimientos», y por lo tanto permite la televisación abierta según las premisas que entiendan aceptables las autoridades de cada país.
Para los brasileños, el lunes se abre otra expectativa de muchedumbres con ánimo indignado, por los gastos que cada vez más ciudadanos consideran superfluos en el marco de las falencias que padecen grandes capas de la sociedad. Es que la llegada del Papa Francisco a tierras cariocas para la Jornada Mundial de la Juventud también levantó quejas por lo que costará el primer viaje al extranjero del Pontífice nacido en Argentina.
Y así, mientras no se acallaron las protestas por los millones de los estadios mundialistas, muchos se preguntan cuánto costará el raid papal y sobre todo de qué modo será recibido el «administrador» de esa otra institución multinacional europea. En fuentes de la Iglesia se corroboró que el Papa jesuita dará otra muestra de austeridad franciscana, pero desde la derecha mediática de Brasil, como es el caso del diario O Globo, se publicó que el raid papal constará de casi 73 millones de dólares. Se cuidan bien de no mencionar el estimado de ingresos por los miles de peregrinos que acudirán a ver a Bergoglio desde todos los puntos cardinales del continente.
Ese mismo lunes en que Bergoglio aterrice en Río, otro paso importante se cumplirá en tierras venezolanas, cuando los presidentes Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro se encuentren para sellar un nuevo compromiso de pacificación regional. Luego de los chisporroteo surgidos cuando Santos recibió al opositor venezolano, Henrique Capriles, las relaciones volvieron a tensarse, no tanto como cuando asumía el colombiano, pero suficiente como para preocupar al resto de los países.
Por eso la presencia de Cristina Fernández en Bogotá tuvo la deliberada intención de componer una relación deteriorada, cosa de repetir, con menos pompa, el abrazo que de la mano de Néstor mantuvieron Santos y Hugo Chávez en agosto de 2010. El colombiano adelantó que está en condiciones de aclarar entredichos que, cree, se deben a malos entendidos no imposibles de arreglar.
Mientras tanto el ex mandatario Álvaro Uribe, acérrimo enemigo del chavismo, de todo lo que suene a progresismo y de los acuerdos de paz con las FARC, sigue sembrando cizaña sobre su sucesor y antiguo delfín. Santos, hombre de la derecha, demostró que no abandona su ideología pero intenta moverse con libertad en todos los planos, para desesperación de propios y ajenos. Así, mientras recibe a Capriles y seduce a la OTAN con propuestas de relaciones carnales, busca no aparecer como alguien que va a sacar «los pies del plato» en relación con sus vecinos más cercanos y al resto del continente.
Algo más al sur, en Santiago de Chile, el presidente Sebastián Piñera se preparaba para recibir a Capriles en otro desafío a la institucionalidad venezolana. Chile, Perú, Colombia y México integran el bloque de la Alianza del Pacífico, de notorios tintes neoliberales pero que se inscribe en la Unasur y la Celac como ámbito de pertenencia. Pero si pueden dar una mano de brea a la interna de Venezuela no habrán de evitarlo.
El conservadurismo chileno está en problemas desde que el candidato presidencial elegido en las primarias, Pablo Longueira, de la Unión Demócrata Independiente (UDI), acusara una repentina depresión que lo obligó a renunciar a competir por la presidencia en este mes de noviembre. La derecha está preocupada porque esta situación inesperada deja abierta una competencia por la candidatura que no saben aún cómo resolver sin dejar expuestas diferencias irreconciliables puertas adentro.
El camino de Michelle Bachelet al Palacio de La Moneda parece a esta altura expedito y con eso podrían abrirse las puertas, ahora sí, a los cambios que la sociedad chilena viene reclamando desde que regresó a la democracia. La Coalición centroizquierdista que gobernó hasta que la propia Bachelet culminó su primer mandato en marzo de 2010 no había querido «hacer olas» para remover la herencia que dejó bien abrochada la dictadura con la Constitución pinochetista y la legislación neoliberal. Pero los estudiantes demostraron en las calles que estas nuevas generaciones buscan otra cosa más acorde con estos tiempos. Bachelet pretende hoy por hoy representar esa esperanza con el bagaje de su experiencia en el gobierno. Para lograrlo deberá enfrentar la realidad de que en su período no fue mucho lo que cambió para la sociedad chilena.
El ex presidente Lula da Silva, que también sería favorito para una nueva gestión en el Planalto, se apuró a decir que no volverá a ser candidato en 2014. Las marchas de estas últimas semanas limaron en gran medida las esperanzas de que Dilma gane en primera vuelta en el 2014, como todo hacía prever. El metalúrgico asegura que no competirá contra su sucesora y al mismo tiempo alienta a los jóvenes que llenan las calles brasileñas con un rosario de quejas imprevisibles hasta que comenzó a rodar la bola en el Maracaná el 15 de junio. Lula ve con buenos ojos el reclamo y espera que su ex jefa de gabinete lo pueda encaminar hacia reformas políticas que tampoco en Brasil fueron muy profundas desde la recuperación de la democracia.
Por ahora las calles marcan la brújula, pero dentro de poco las urnas darán su veredicto.
Tiempo Argentino, 20 de Julio de 2013
por Alberto López Girondo | Jul 15, 2013 | Sin categoría
Parece mentira pero Brasil salió campeón de la Copa de las Confederaciones y más que alegría en la hinchada hubo preocupación en la sede del gobierno federal. A 10 años de la llegada del Partido de los Trabajadores (PT) al Planalto, el 1 de enero de 2003, el instrumento político creado por Lula da Silva en los 80, parece incómodo al ver a las multitudes que salieron a las calles con una serie importante de reclamos que no esperaban en el Gobierno.
Las primeras demandas surgieron en torno del Movimento Passe Livre (MPL) –que desde 2005 viene participando del Foro Mundial– contra un aumento de 20 centavos en la tarifa de ómnibus urbano, pero luego se fueron sumando otros sectores descontentos de la sociedad brasileña. Es cierto que el llamado inicial partió de blogueros e internautas que atronaron las redes sociales, pero un millón o más de personas participando de movilizaciones en un país poco propenso a ese tipo de protestas no es un dato para minimizar.
Así lo entendió la cúpula del PT, que se reunió bajo la batuta del propio Lula con la presidenta Dilma Rousseff para delinear respuestas rápidas ante un reclamo que, si bien no tiene una caracterización común ni un liderazgo definido, puede socavar el poder político armado en torno del «travalhismo».
Y es aquí donde los analistas más cercanos al oficialismo brasileño, como el sociólogo Emir Sader o el escritor Eric Nepomuceno, desplegaron una serie de cuestiones que el partido gobernante nunca pudo resolver y que había estado barriendo debajo de la alfombra durante una década, ante el apuro por cambiarle el rostro a Brasil como se proponía el metalúrgico.
Uno de los puntos que salió a la luz es que si bien en estos años las cifras incontrastables de la economía revelan que unos 40 millones de personas ingresaron en la clase media y tal vez la mitad pudo salir de la indigencia con planes sociales apoyados por el gobierno, la sociedad cambió radicalmente. Y si antes estaba urgida por resolver el día a día en busca de un trabajo mejor pago o del acceso a beneficios como la salud y la educación, ahora esos mismos sectores comienzan a reclamar que la salud y la educación sean mejores. El PT los incorporó al sistema, ahora quieren profundizar sus derechos, sería la síntesis.
Desde ese punto de vista, no suena descabellado plantear que el boleto del transporte tendría que ser gratuito. Porque, dicen los jóvenes del MPL, en primer lugar es deficiente pero también es parte esencial de la maquinaria de la producción industrial. El trabajador tiene que viajar a su ocupación y eso forma parte también de una sociedad organizada de la que de alguna manera los empresarios debieran hacerse cargo, cuando no el Estado.
Marketing deportivo
La otra cuestión que encontró cauce en las marchas que se desarrollaron en las principales capitales del país es el costo de las obras para el Mundial de Fútbol del año que viene y las Olimpíadas de Río de Janeiro de 2016. Lula como presidente y el PT encolumnado bajo su liderazgo, vieron a estos eventos como la coronación de dos períodos de gobierno en los que Brasil pasó a ser la sexta economía del planeta y a integrar los grupos destinados a regir los destinos del mundo en el resto del siglo, como el BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica). Como estrategia de marketing resultaba inobjetable. Lo había hecho la España que crecía en los 80, lo hizo China y hasta Sudáfrica en este siglo. Pero no se tomó en cuenta el costo social que producirían las obras. Ni su costo monetario en medio de un proceso inflacionario creciente.
Es así que diversos colectivos venían protestando en forma puntual por los desalojos forzados en terrenos cercanos al Maracaná y las transformaciones que se hicieron en las favelas cariocas, sin ir más lejos.
En Río de Janeiro, por ejemplo, por esas cuestiones del mercado, la perspectiva de estar en boca de todo el mundo por la realización de dos eventos deportivos de repercusión global, elevó el precio de las propiedades y los alquileres, con lo que la residencia de millones de personas en la antigua capital brasileña es cada vez más cara. Para colmo, la visita programada del Papa para la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), agrega presión política y social, porque al encuentro, programado hace más dos años, ahora se suma que el representante de la Santa Sede será el primer papa nacido en América Latina. Y es un papa que intenta aplicar nuevos enfoques de la Iglesia Católica sobre la pobreza.
La cuestión política
En el marco de las protestas también se destapó una olla que el PT buscaba mantener cerrada. No encontró la forma mientras fue oposición y, ya en el poder, al decir de algunos analistas, se convirtió en un partido de gobierno que dejó de lado algunas cuestiones que están en el la base de sus postulados políticos. El sistema electoral brasileño fue elaborado por los militares poco antes de dejar el poder, en 1985. La principal premisa era que nada ni nadie pudiera reformar el paquete que ellos dejaban bien cerrado y con moño. Por eso, es muy poco lo que se pudo avanzar en la investigación de los crímenes de lesa humanidad, entre otras dificultades.
Cómo estará de bien clausurada la posibilidad de cambios reales para la ciudadanía que el PT sólo llegó al Planalto después de tejer alianzas con otros partidos, incluso de la derecha menos conveniente. El hacedor de estas coaliciones, José Dirceu, sería luego condenado por corrupción en una causa conocida como el «mensalao», por la financiación a los partidos aliados, en un proceso que puede llevar al estrado judicial al propio Lula.
Por eso Dilma se apuró a convocar a un plebiscito para llamar a una Asamblea Constituyente que promoviera los cambios que le reclaman desde la calle. Es así que elevó al Congreso un proyecto con cinco temas que deberían ser sometidos a la aprobación popular. Entre los ítems figura el fin de las votaciones secretas en la legislatura sobre temas como el juicio político a sus integrantes; el cambio del sistema para las elecciones parlamentarias –con la adopción del voto distrital–, el fin de las coaliciones de partidos para los comicios y el financiamiento público de las campañas políticas.
En la actualidad los fondos para las campañas se obtienen en parte con dinero público pero también mediante contribuciones privadas. El sistema electoral es por voto proporcional y fomenta la creación de alianzas porque es la única forma de lograr gobernabilidad. Hay una suerte de lista sábana por la cual un candidato que obtenga muchos votos puede arrastrar a compañeros de la misma lista a ser elegidos aunque no tengan suficientes votos por sí mismos. El voto secreto, finalmente, es un mecanismo que se convirtió en una trampa porque impide saber qué legislador votó qué cosa. Con la reforma se busca que todos los votos sean conocidos y que cada legislador se haga cargo de lo que apoya.
Como era de esperarse, la oposición también demoró en tomar partido ante el reclamo de las calles. Si hay un sector que abomina de las multitudes es justamente la derecha. Pero no tardaron en montarse en los reclamos, tanto con nutridas columnas de pedidos puntuales en las marchas como desde el Congreso, con argumentos proclives a dejar todo como está sin que lo parezca. El probable candidato de ese sector para las presidenciales de 2014, el senador Aecio Neves, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), lo expresó sin tapujos. Para él, la propuesta de reforma política «demuestra la incapacidad del gobierno a dar respuesta a los reclamos y es una medida populista». Una expresión que choca con los viejos militantes del PT y agrupaciones de la izquierda, que recuerdan la cantidad de proyectos similares que duermen en los cajones legislativos desde hace 17 años.
Para colmo, si la idea es que las presidenciales de 2014 se realicen con un nuevo sistema, la reforma tendría que salir en no más de 90 días, y ya el Tribunal Superior Electoral (TSE) anunció que sólo para hacer un plebiscito se necesita un mínimo de 70 días.
En cuanto a las demandas por los casos de corrupción, que hace algo más de dos décadas fueron el caballito de batalla del PT en su oposición al presidente Fernando Collor de Melo, los diputados tomaron nota de que deben dar señales de que pueden ser menos corporativos. Según un informe del portal Congreso en Foco, 160 de los 513 diputados y 31 de los 81 senadores enfrentan algún proceso judicial. El personaje más controvertido es Natan Donadon, del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, centroderecha aliado con el PT), quien venía esquivando la cárcel con apelaciones judiciales y tuvo que entregarse a pedido de sus colegas.
En esa misma sesión en el Congreso fue desechada una reforma que dejaba el poder investigativo a la policía en detrimento de los fiscales. Esa iniciativa fue cuestionada porque se decía que beneficiaba a acusados de corrupción, pero también le daba un poder peligroso a las fuerzas de seguridad que, como se vio en la represión de las protestas, muy poco cambiaron desde el retorno de la democracia a Brasil.
Imagen presidencial
En este contexto, la imagen del gobierno de Dilma, que venía creciendo desde que asumió en 2009 y parecía imbatible, comenzó a sufrir la erosión que emana de las protestas. Y si bien una encuesta de la consultora Datafolha anunciaba una caída en picada de 27 puntos en dos semanas, también reflejaba un apoyo de más del 60% a su proyecto de reforma política. Montados en esta cifra al menos contradictoria, ya aparecen reclamos que directamente pueden inscribirse como una toma de posición política cuando no un intento «destituyente». Fue así que una asociación de propietarios de camiones, el MUBC, anunció el bloqueo de rutas por 72 horas, a partir del 1 de julio. Pedían rebajas en el costo del combustible y de los peajes.
El jefe del Gabinete Civil, Gleisi Hoffmann, consideró que los camioneros buscaban «causar inestabilidad y desabastecimiento para nuestro país en razón de demandas que no pueden ser atendidas», y recordó que los precios del gasoil usado por los camiones ya reciben abundantes subsidios del Estado.
El lock out al gobierno popular de Salvador Allende en Chile hace 40 años volvió a la memoria de muchos de los dirigentes del PT, algunos de ellos conocedores de primera mano de esa realidad porque en el exilio de la dictadura brasileña vivieron en ese país. El desafío de Dilma Rousseff es canalizar la energía que se volcó a la protesta para hacer los cambios que el PT buscó desde sus orígenes.
La Copa no se toca
Mientras de disputaba la final de la Copa de las Confederaciones, en la que Brasil apabulló al último campeón mundial de fútbol, España, multitudes se manifestaban en contra de los multimillonarios gastos que insumieron las obras, alrededor de 30.000 millones de dólares. Algunos grupos de exaltados –quizás infiltrados para causar disturbios– incendiaron dos agencias de automóviles de marcas que auspician el certamen.
Dilma fue abucheada cuando se presentó en la inauguración de la Copa junto con el titular de la FIFA, Joseph Blatter. Fue el preanuncio de las protestas que pondrían al país en ebullición. Por eso no asistió a la final. Pero el controvertido manager de la Federación Internacional del Fútbol Asociado, el controvertido suizo, ahora salió a apoyar al gobierno luego de que algunos representantes de la institución, tanto como la prensa, pusieran en duda durante meses la capacidad de Brasil para terminar con las faraónicas construcciones.
«Por el éxito de la Copa Brasil está listo para organizar el Mundial», pontificó el jefe máximo de la FIFA en una conferencia de prensa en Río de Janeiro. Luego calificó de «entre 8 y 10 puntos» a lo que Brasil «mostró como anfitrión». Con una nota así, siguió un almibarado Blatter, «aprobaría la maestría en la Universidad, la maestría del Mundial 2014». El secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, también apeló a la diplomacia, pero para abrir el paraguas ante posibles incidentes el año que viene: «Los dos grupos, los manifestantes y los hinchas que iban al estadio, pudieron coexistir durante la Copa de las Confederaciones». Y deslizó la esperanza de que las cosas no pasen a mayores en los meses que restan hasta el máximo certamen futbolero. «¿Por qué (las protestas) tienen que ser más grandes en el Mundial?», dijo.
Revista Acción, 15 de Julio de 2013
por Alberto López Girondo | Jul 12, 2013 | Sin categoría
No fue el primero y seguramente no será el último, pero la sorpresiva revelación de Edward Snowden, ex consultor del gobierno de los Estados Unidos puso, negro sobre blanco, algo que hasta no hace tanto era un secreto a voces, que circulaba en ambientes marginales o grupos de iniciados en el gusto por las conspiraciones: Estados Unidos vigila al resto del planeta con las técnicas más avanzadas. Lo peor es que lo hace con un grado más o menos importante de consenso de la sociedad y de la dirigencia política de los dos partidos mayoritarios. Y amparado, según argumenta el propio Gobierno y las empresas que colaboran con él en la misión de inmiscuirse en la vida de los ciudadanos, por las leyes estadounidenses.
El joven Snowden tiene 29 años y era empleado de una consultora del gobierno de Estados Unidos en Hawai. A principios de junio, dijo (confesó) que estaba harto de una tarea que iba contra sus convicciones y escapó a Hong Kong para contarle lo que estaba ocurriendo al mundo a través de algunos contactos con la prensa. «Yo no quiero vivir en una sociedad que hace cosas como estas», explicó en un video. «Estados Unidos está aumentando su poder para controlar a la sociedad. En unos años, va a ser peor. Se convertirá en una tiranía», detalla, tranquilo y preciso, con ese rostro de nerd que recuerda al de Bradley Manning, el todavía más joven analista militar que filtró a WikiLeaks miles de documentos sobre las atrocidades cometidas por tropas de su país en Irak y que ahora está siendo juzgado por «ayuda al enemigo y violación de la ley de Espionaje».
Snowden hizo lo propio ante el diario británico The Guardian y el estadounidense The Washington Post. Destapó otra olla maloliente en una época complicada del gobierno de Barack Obama, cuando venía de recibir críticas por haberse conocido que empleados de la agencia impositiva habían escrutado de un modo especialmente insidioso a miembros del Tea Party, el núcleo más abiertamente derechista del partido Republicano. Y que también pinchaba teléfonos de periodistas de la agencia The Associated Press, una de las más grandes del mundo. Al tiempo que 166 presos de Guantánamo –sin juicio y sin sentencia por años– continuaban con medidas de fuerza que incluyen huelgas de hambre para protestar contra condiciones de detención rechazadas por organismos de todo el mundo, comenzando por la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Escándalo mediático
A través de Snowden, la opinión pública internacional se encontró con la «novedad» de que el gobierno había solicitado información a la telefónica Verizon sobre mensajes de sus clientes y que algo parecido había sucedido con Google y Facebook. Las aclaraciones vendrían posteriormente a través del director de Inteligencia, James Clapper. A Verizon no se le pidieron contenidos de los mensajes, sino «metadata», es decir, datos sobre quién habló con quién, desde dónde, a qué hora fue la llamada y cuánto tiempo duró, dijo seráficamente. La otra sorpresa para la mayoría es que todo se hacía, en apariencia, gracias a dos leyes aprobadas por el Congreso y que la Suprema Corte declaró constitucionales. Una, más conocida, es la Patriot Act (PA), que logró aprobar George W. Bush después de los atentados a las Torres Gemelas en 2001. La otra, de 1978, fue votada durante la gestión de James Carter y crea un tribunal especial para juzgar delitos contra la seguridad nacional. Un tribunal secreto que actúa en las sombras, pero que es perfectamente admisible para la Corte.
«El FISC (Foreign Inteligence Surveillance Court, Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) es una corte semisecreta integrada por 11 jueces federales que nadie sabe quiénes son», cuenta Enrique Chaparro, un experto en seguridad informática, matemático y criptógrafo que vuelca sus saberes en ONG que defienden las libertades civiles y el derecho a la información en la Web. La normativa que le dio origen es la FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act o Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) que sancionó el Congreso antes del surgimiento de la Web, pero cuando ya estaba funcionando Arpanet, una red militar para el transporte de datos creada por el Departamento de Defensa. Arpanet fue la base sobre la que pocos años más tarde se desarrollaría Internet. Es fácil deducir que cuando se votó la FISA, los impulsores ya preveían el potencial que tendrían las redes de este tipo para la circulación –e intercepción– de información en todo el planeta.
Precisamente, a partir de la revelación de Snowden, gobiernos de todo el mundo salieron a cuestionar que sus ciudadanos hayan sido espiados sin autorización alguna por el gobierno estadounidense. Y se lo hicieron saber a Obama en forma directa. Lo que el paquete FISA-Patriot Act indica es que se pueden vigilar acciones de extranjeros dentro de territorio estadounidense. La realidad es que más de la mitad de la información que circula en la Tierra pasa por Estados Unidos, porque allí están alojados los mayores servidores de Internet. De hecho, por lo que se pudo saber, sólo durante el mes de marzo pasado la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), que está detrás de todo este procedimiento, recogió 97.000 millones de registros.
«Lo interesante es que 3.000 millones provienen de EE.UU.», señala Chaparro. Esto es: se vigiló a extranjeros pero también a ciudadanos locales. Algo que normalmente debería soliviantar los espíritus más liberales. Sin embargo, de acuerdo con las últimas encuestas, más de la mitad de los estadounidenses considera «aceptables» estas prácticas de espionaje para «proteger la seguridad nacional», aunque deban resignar a cambio algunas de sus libertades. El analista político Gabriel Puricelli, presidente del Laboratorio de Políticas Públicas, es un conocedor de la idiosincrasia de ese país y suele asistir allí a mítines partidarios. «Todo esto sucede dentro de una cultura política que desde la época de la Guerra Fría está signada por una idea básica, que a pesar de los discursos libertarios que siguen circulando por izquierda y por derecha, entiende que la libertad individual tiene el límite de la seguridad nacional. Y esto es un consenso tanto en la elite política como en la sociedad». Lo grave para los ciudadanos de otros países es que los consensos en Estados Unidos –resalta Puricelli– «suelen ser pétreos». Solo así se explica que una ley instaurada en tiempos del «libertario» Carter, sumada a otra del reaccionario George W. Bush, hayan sido refrendadas varias veces para seguir en vigencia. Porque sucede que tanto la FISA como la Patriot Act, por la trascendencia de las cuestiones sobre la que legislan, deben ser reautorizadas permanentemente. Las últimas «extensiones» de la FISA fueron en 2008, 2011 y en diciembre pasado se la volvió a homologar hasta 2017. La PA fue renovada en marzo de 2011 por cuatro años más, en plena administración del Premio Nobel de la Paz Obama.
Libertades en la mira
El secretismo de esta legislación hace que, para los críticos de las sociedades vigiladas, desde hace décadas se haya instaurado en Estados Unidos una suerte de «omertá» que la Suprema Corte autoriza en aras de la seguridad nacional y que obliga a proveedores de servicios telefónicos o de Internet a cumplir con la ley o terminar juzgados por complicidad con el enemigo, tal como le ocurre a Manning y le puede pasar a Snowden. Beatriz Busaniche es miembro de la Fundación Vía Libre, que promueve el debate sobre las libertades y la defensa de la privacidad en la Web. Desde ese lugar, sostiene que las revelaciones de Snowden ponen el dedo en la llaga sobre un tema crucial: las prácticas de las empresas de tecnología, que normalmente intentan detectar hábitos de consumo para ofrecer productos de acuerdo con el gusto del usuario. Ahora algunas de ellas aparecieron en el centro de otro debate más espinoso, como lo es el del espionaje militar por orden del FBI y la Secretaría de Inteligencia.
Busaniche indicó a Acción que de acuerdo con las normas en vigencia, el gobierno puede pedir determinados registros en secreto y las proveedoras lo tienen que entregar también en forma secreta. «Google salió a ampararse en que tiene muy claramente detallado en el Transparency Report todas las solicitudes que reciben del Estado. Una jugada de los abogados fue pedir al gobierno que les permita revelar esa información, porque a Google esto le significa mucho en términos de imagen pública», aclara Busaniche. También Facebook y Microsoft salieron a hacer público un pedido para que las autoridades las absolvieran de cargos si revelaban el número de solicitudes. De hecho existe una llamativa similitud en los textos con que los representantes de las proveedoras justificaron su papel en el espionaje. «Nosotros no damos acceso directo ni entregamos datos masivamente». En todos los casos resaltan que se sometieron a la ley. «No dicen que el acceso sea indirecto ni que entreguen datos a pedido», desliza maliciosamente Chaparro. Tampoco dicen si alguna vez protestaron mediante alguna National Security Letter, como se llama a la carta de requerimiento. Una política bien distinta de la que tienen esas mismas proveedoras en China, donde negociaron un acuerdo para la limitación de ciertos servicios. También el gobierno estadounidense muestra sus contradicciones en esta materia, ya que ha presentado quejas formales por las restricciones al uso de Internet impuestas por Beijing, mientras en su propio territorio, en nombre de la seguridad nacional, avanza sobre el derecho a la privacidad de sus ciudadanos.
Sin límites
Hay cuatro elementos de información secretos que salieron a la luz y, según entiende Chaparro, no es posible saber si son revelaciones de la misma fuente o de alguna otra que no dio la cara aún. El caso de Verizon, recuerda, es el primero «y quizás el más grave allá, porque intercepta comunicaciones de ciudadanos de Estados Unidos». La segunda revelación es el programa PRISM, que, según informaron The Guardian y The Washington Post, permite a la NSA y al FBI recabar datos directamente de los servidores de nueve grandes empresas de Internet: Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube y Apple.
Una tercera revelación en esta iniciación a la secretísima secta de la vigilancia global es la existencia del sistema Boundless Informant (informante sin límites), «una especie de tablero de mando para saber qué información se recolecta y de dónde». Este sistema mostró que la mayor cantidad de registros tomados por la NSA provienen –como era de esperarse– de Irán, Pakistán, Jordania, India, pero no muy lejos está Alemania, lo que levantó fuertes rechazos en ese país.
La cuarta revelación es la «Directiva presidencial número 20», que establece las hipótesis de conflicto para una ciberguerra. No se trata, más que de lo que cualquier planeador militar haría, como establecer estrategias de guerra y determinar blancos de ciberataques ofensivos. Por un lado, dice Chaparro, es interesante para analizar la postura de Washington sobre la ciberguerra. Como se sabe, en cualquier país democrático la declaración de guerra debe ser refrendada por el Poder Legislativo. Lo temerario de este asunto es que «como este tipo de acciones no son guerras en el mundo físico en principio no necesitarían autorización del Congreso para desatarse».
Razones y sinrazones
¿Por qué Snowden puede haber decidido «prender el ventilador»? La primera explicación, la más sencilla, sería que efectivamente es un joven idealista que se cansó de hacer operaciones que iban contra su concepción de la libertad y la democracia. Con ese mismo argumento Breadley Manning filtró miles de archivos a WikiLeaks hasta 2010 y en el lejano 1971 otro analista que trabajaba para una consultora privada –la Rand Corporation– entregó al The New York Times los «Papeles del Pentágono», donde se mostraba la realidad sobre lo que estaba ocurriendo en la guerra de Vietnam. Daniel Ellsberg, que de él se trata, tiene hoy 81 años y fue uno de los primeros en aplaudir la decisión de Snowden. Incluso llegó a decir que el material hecho público por el joven refugiado en Hong Kong es la acción más importante en la historia. Mucho más que la de sus archivos de hace 42 años.
Cierto es que sobre la intencionalidad de Snowden podrían hacerse lecturas de lo más variadas. Por ejemplo, operaciones políticas que atienden a la interna en el establishment estadounidense. Eso que Puricelli llama «la poliarquía gobernante» de la que forma parte la comunidad de inteligencia.
Pero también en el imaginario estadounidense es muy fuerte el puritanismo, nacido de los primeros pobladores de lo que hoy es Estados Unidos, con una gran impronta religiosa. Una concepción de que estaban construyendo una sociedad basada en los ideales y que debía llevar al mundo su mensaje a favor de los mayores valores de la humanidad es la que en su momento impulsó la ley Seca y luego el prohibicionismo contra el uso de drogas. Esto se manifiesta, en el plano ideológico, en la idea de que la misión de Estados Unidos es llevar la democracia y la libertad a todos los confines del planeta. En las redes de comunicación, este puritanismo de base sagrada se expresa como cierto libertarianismo que sin dudas choca con la realidad de quienes trabajan en agencias de seguridad y vigilancia, que en el día a día ven que su tarea tiene fines bastante más oscuros.
Como sea, por lo pronto Snowden le quitó la espoleta a una granada que dejó bastantes secuelas en la opinión pública mundial, aunque no se sabe si eso bastará para que algo cambie en el corto plazo. Busaniche dice que las organizaciones como las que ella integra se alinearon con instituciones colegas firmando petitorios «y siguiendo la línea de Frank La Rue, el relator especial de la ONU sobre Libertad de Expresión», quien el 17 de abril de este año publicó un informe lapidario sobre privacidad, monitoreo de comunicaciones y libertad de expresión tomando en cuenta instrumentos como la legislación FISA.
Para Puricelli, el panorama es bastante complicado, porque sabe que el «consenso pétreo» bipartidista a favor de las prácticas de espionaje no será quebrado en el corto plazo más allá de la convicción de sectores absolutamente minoritarios de la izquierda. «Con los antecedentes de Eric Holder, el actual secretario de Justicia y Procurador General, uno podría pensar que iba a blanquear situaciones como esta, pero lo único que hizo desde que tomó el cargo fue encontrar el vestigio constitucional para justificarlas. Incluso justifica legalmente los asesinatos selectivos», dice el analista. Lo complicado del caso es que si hay quienes luchan con firmeza contra la intromisión del Estado en los menores intersticios de la vida del individuo, ellos son los grupos derechistas fanáticos del Partido Republicano o las milicias de algunas regiones del país. Es que de tan individualistas que son, así como rechazan ocuparse de reparar las injusticias del sistema económico por eso de que cada uno se las arregle como pueda, abominan de la vigilancia estatal y defienden el uso de armas. Porque, dicen, nadie los va a defender mejor que ellos mismos.
Futuro incierto
¿Se puede esperar algo de otras naciones del mundo? Los antecedentes no son auspiciosos. Desde fines de los 60 existe la red Echelon, un sistema global de vigilancia integrado por Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Nueva Zelanda y Australia. En 2000 hubo una queja formal de los países europeos que se habían dado cuenta de que un millonario contrato para la provisión de aviones Airbus a Arabia Saudita había sido birlado por la Boeing porque alguien había interceptado comunicaciones con las autoridades árabes. La investigación del Europarlamento determinó que la maniobra contra Airbus se había hecho desde Echelon y quisieron investigar hasta dónde se había metido en la vida de los ciudadanos del continente. Pequeño detalle: esos países integran la OTAN y la respuesta oficial fue que la red es un secreto militar. Fin de la discusión.
Para Busaniche, «los padres fundadores de los Estados Unidos deben de estar revolviéndose en las tumbas cuando ven lo que se hace bajo el nombre de la defensa de las libertades». Puricelli recurre a Noam Chomsky para recordar que las leyes actuales son fruto de «la fabricación de consensos» que encontraron renovado brío luego del 11S de la mano de una paranoia masiva. Y apuesta a que pueda elaborarse otro tipo de concepción social que le ponga fin a este Gran Hermano del siglo XXI pero que venga desde sectores progresistas.
«Temo por nuestros derechos. Temo por nuestra democracia, y creo que otros también deberían hacerlo. Y no creo que en realidad estemos gobernados por gente en el Congreso, los tribunales o la Casa Blanca que tienen interés suficiente en los requisitos para mantener una democracia», dijo Ellsberg. Una síntesis inmejorable de lo que se juega en este caso.
Tiempo Argentino, 12 de Julio de 2013
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