por Alberto López Girondo | Oct 24, 2017 | Sin categoría
El fuerte discurso de Felipe VI contra la dirigencia catalana enmarca en la historia de la dinastía que perdió las colonias americanas hace 200 años.
Nadie pensaba que Felipe VI podría estar a favor de la independencia de Cataluña, pero en el fondo de sus almas millones de españoles tenían la esperanza de que este heredero de los Borbón hubiese aprendido de la historia y al menos hubiera mostrado su rechazo a la barbarie desplegada por los policías enviados desde el resto de España para tratar de impedir el referéndum del domingo pasado.
Pero no, se cargó sobre sus espaldas toda la prosapia como Felipe Juan Pablo Alfonso de Todos los Santos de Borbón y Grecia y acusó a las autoridades catalanas de «una deslealtad inadmisible» y de buscar el quiebre de la unidad española. Y no solo salió en defensa del jefe de Gobierno, el conservador Mariano Rajoy, sino que selló con su discurso la posibilidad de un mínimo diálogo con los independentistas para no desbarrancar en el peor escenario.
El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con una cúpula algo más tirada a la izquierda luego de elecciones internas, la de Pedro Sánchez, hace malabares para despegarse de ese baldón. Desde el lado de Podemos, Pablo Iglesias se atrevió a cuestionar que el monarca prefirió ser parte del problema y no de la solución al entuerto catalán. Más aún, le recordó que es un rey no votado y por lo tanto puede hablar de muchas cosas, pero «no en nuestro nombre». Los demás «orejean» las barajas para ver cómo acomodarse, aunque ahora los franquistas muestran que no se habían esfumado.
Es cierto, como señala Iglesias, que Felipe VI no fue elegido. Ningún rey lo es. Sin embargo tiene una legitimidad de origen algo más prolija que la de su padre, Juan Carlos I, quien si fue elegido. Por el dictador Francisco Franco, en julio de 1969, en ocasión de los 30 años del fin de la Guerra Civil.
Transición forzada
La historia de Juan Carlos I ya venía mal barajada. Su designación fue una suerte de cabronada de Franco, que estaba enfrentado con su padre, Juan de Borbón, el heredero natural de Alfonso XIII, el monarca destituido por la Segunda República en 1931.
Para colmo, a los 18 años mató a su hermano menor, Alfonso, de un balazo accidental, según la información oficial, cuando jugaba con un revólver. Este hecho generó la sospecha de su tío, Jaime de Borbón, que también aspiraba a la corona y pidió una investigación policial, que nunca se hizo.
La historia del primer rey de la transición democrática terminó también envuelta en escándalos.
Tras divulgarse fotos sobre safaris armados en África para la matanza de animales en vías de extinción, salieron a la luz sus relaciones «impropias» con una noble alemana con la que había convido en una finca remodelada con fondos que pagaban los españoles con sus impuestos. Eso, sumado a que su hija, la infanta Cristina de Borbón y Grecia, estaba también envuelta en maniobras financieras junto con su esposo Iñaki Urdangarin, piuso a la monarquía en jaque. Así fue que Juan Carlos I abdicó en febrero de 2014 en favor de Felipe.
El heredero ya tenía el nombre elegido desde la cuna y debía entonces ser el número VI en la corona española. Le sigue al primer Borbón que reinó en España, Felipe de Anjou, que «salió a la cancha» con el número V y debió enfrentar el rechazo de los catalanes desde el primer día.
El tema es que la dinastía de los Habsburgo no mostraba herederos directos en España luego de haber gobernado entre 1516 y 1700. De allí que aparece como sucesor este primer Borbón, una casa real de origen francés.
Este cambio despertó una guerra de Sucesión ya que los catalanes reconocían como legítimo aspirante a la corona en Madrid al archiduque Carlos de Habsburgo. Los ejércitos Borbones sitiaron a Barcelona hasta que el 11 de setiembre de 1814 lograron derrotar a las últimas resistencias locales.
Esa fecha se la conoce como la Diada y es el día en que se celebra la nacionalidad catalana.
Pero hay otra fecha en que los catalanes recuestan su identidad, el 7 de junio de 1640. Ese día se desata una rebelión contra los abusos de las tropas monárquicas -estos eran tiempos de los Austrias, por cierto- en el marco de la guerra entre españoles y franceses.
Protagonizada por campesinos, se la conoce como La guerra de los segadores y mantuvo a la región en vilo durante 12 años.
En recordación de ese acontecimiento en 1899, y sobre la base de un tema del cancionero popular, se le puso una letra que ahora es el himno catalán, que le cantaban los ciudadanos a la Policía Nacional este domingo.
Dice:
Cataluña, triunfante,
¡volverá a ser rica y plena!
¡Atrás esta gente
tan ufana y tan soberbia!
Otras derrotas
La historia de los Borbones, en tanto, tiene muchas derrotas en su haber y son las que muchos esperaban que les servirían de espejo donde no mirarse.
En esta página se puede ver, junto a Felipe V, el primer Borbón en Madrid, a Fernando VII, el rey por el que juraron los patriotas de Mayo de 1810 en Buenos Aires.
Como se puede observar, tiene una banda con los colores celeste y blanco. Los colores de la familia real. Sin pretender una polémica con este detalle, todas las juntas populares surgidas tanto en la península como en América, resistían la coronación en Madrid de José Bonaparte, el hermano de Napoleón, a nombre del Borbón.
Derrotado en 1814 el Gran Corso, Fernando recuperó la monarquía, bajo la mirada esperanzada de los criollos en que finalmente tendrían mas injerencia en las decisiones de Estado español a través de una mayor autonomía o de una dosis fuerte de federalismo.
Fernando VII hizo todo lo contrario.
Pretendió recuperar el control de modo absoluto con el resultado de que España perdió definitivamente todas sus colonias en el curso de diez años, en la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824.
El ímpetu nacionalista catalán, por su parte, se mantuvo firme y fue uno de los asuntos sin resolver tanto en el reinado de Alfonso XIII, con la dictadura de Primo de Rivera, como en la República.
El acuerdo de convivencia democrática tras la muerte de Franco, quedó plasmado en la Constitución de 1978. Hasta que en 2006 se votó -con más del 70% de aprobación- el Estatuto autonómico. Pero en 2010, y a instancias del Partido Popular, la Corte Constitucional lo anuló en parte, generando las primeras muestras de resistencia al Estado Español en esta etapa histórica.
Es cierto que todo se fue degradando a medida que avanzó la crisis económica, que llevó a recortes presupuestarios de todo tipo en la región más rica de España y que aporta el 20% del PBI nacional sin recibir, como dicen sus pobladores, un beneficio equivalente. Es cierto también que además fueron apareciendo escándalos de corrupción en el partido del gobierno en Madrid y en el que gobernó por décadas en Cataluña. Y que la clase dirigente regional se encaramó en ese latente deseo de mayor autonomía para cambiar el eje del debate, como señalan los que critican a la oligarquía local desde la izquierda. También, que el nacionalismo a ultranza de muchos catalanes tiene tintes incluso xenófobos.
Pero la «solución borbónica» no hace más que sumar apoyos al independentismo. Como viene pasando desde hace más de 200 años.
Tiempo Argentino
Octubre 4 de 2017
por Alberto López Girondo | Oct 24, 2017 | Sin categoría
El gerente del local Guns & Guitars es experto tirador y asesora para las consecuencias de una balacera. Le vendió las armas a Paddock. Hay iglesias en EEUU que rifan armas para que asistan los feligreses.
Chris Sullivan se apuró a reconocer que le había vendido armas a Stephen Craig Paddock, el tirador que el domingo a la noche mató a 59 personas e hirió a otras 500 desde el piso 32 del Mandalay Bay Hotel de Las Vegas. Una de las razones es que la balacera, según los especialistas, se produjo con un fusil automático, lo que implica controles de venta muy estrictos y quería dejar en claro que él no le había provisto de este tipo de armamento. La otra es que su nombre iba a parecer tarde o temprano y considera que no tiene nada que ocultar porque hizo todo en regla.
«Paddock era un cliente y compró antes armas de fuego de nuestra tienda; sin embargo, se siguieron todos los procedimientos y se comprobaron los antecedentes necesarios, según lo que requiere la ley local, estadual y federal. Nunca dio indicio o razón alguna para creer que fuese inestable o incapaz», le dijo a un diario de Estados Unidos.
Allí también aclaró que no tiene licencia de clase III que le permitiría vender todo tipo de artefactos de fuego letales. Lo que dijeron los peritos es que Paddock modificó alguno de los rifles que tenía en sus manos para convertirlo en automático y poder disparar a mansalva sobre la multitud, como registran los videos.
Sullivan es el gerente propietario de Guns & Guitars, una extraña combinación que refiere a la banda de Axl Rose y que fundó su padre hace algunos años en Mesquite, una localidad de Nevada, a 130 kilómetros de Las Vegas.
Christopher Sullivan, como cuenta en la pagina web del local, es hijo de Jan y de Mike Sullivan y se hizo cargo del negocio cuando Mike enfermó y debió retirarse. Es experto en armamento y entrenador en el uso de armas de fuego.
Para que no queden dudas que en el emprendimiento es el que pone su expertise particular sin mayor interés por otro rubro tan poco cercano como el de los instrumentos musicales, se lo puede llamar para concretar compras o clases de tiro al 702-346- GUNS (O sea, 4867).
Sullivan agregó al local fundado por sus padres esa tercera pata que no figura en el nombre pero que según parece le da muchas satisfacciones: Wild West Firearms & Training (WWF&T), literalmente, «armas de fuego y entrenamiento del Oeste salvaje».
Con ese rótulo da los cursos necesarios para obtener el permiso de portación de armas ocultas (CCW por sus siglas de Concealed Carry Weapons), de defensa personal con pistola y ya que están, para manejar las consecuencias posteriores a una balacera. No se aclara si el tema pasa por cargar con la culpa o las penalidades legales.
Porque los encuentros se producen en el templo de la First Baptist Church, (Primera Iglesia Bautista) ubicado en el 700 de Hardy Way, Mesquite, Nevada, a 3 kilómetros del local de G&G.
Armas son control
La vieja controversia por el control de armas en Estados Unidos volvió a estar en el candelero luego de este brutal ataque, que se atribuyó prontamente Estado Islámico pero sin fundamentos para asociar a Paddock con el grupo extremista, como aclararon de inmediato tanto el FBI como los parientes del hombre de 64 años, millonario y adicto al juego en el lugar ideal para apostar, Las Vegas.
Donald Trump, desde tiempos de la campaña electoral, mostró su apoyo a los postulados de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), el poderoso e influyente club que hace lobby por la mantener en vigencia la segunda Enmienda Constitucional, aprobada en 1791 para que cada ciudadanos tenga el derecho de armarse en defensa de la patria.
Pero aquellos eran tiempos de guerra independentista. Desde entonces el armamentismo, sin dudas la principal industria de Estados Unidos a nivel global, siendo una muy lucrativa actividad para el comercio exterior y las continuas guerras en que se involucra esa nación, pero causa estragos y genera inseguridad en la población civil fronteras adentro.
Es así que la masacre en el Festival de la Cosecha de Las Vegas del domingo figura como la más terrible en al historia reciente. Pero la lista es tenebrosa:
En junio de 2016 Omar Mateen había asesinado a 49 personas en un night club de Orlando, Florida; en diciembre del año anterior, hubo 14 víctimas de un tiroteo en un centro para discapacitados de San Bernardino, California; en octubre de 2016 se registraron 10 muertos en un centro universitario de Roseburg, Oregon.
Durante la administración de Barack Obama, que impulsó sin éxito normativas mas estrictas para otorgar permisos de portación de armas, se computan también la masacre de la Escuela Primaria de Sandy Hook, en diciembre de 2012 en Newtown, California, con 26 muertos entre alumnos y docentes. Por esos mismos días un psiquiatra militar mata a 13 personas en el Centro de Procesamiento de Preparación de Soldados en Fort Hood, Texas.
Uno de los episodios mas recordados se produjo bastante antes, en abril de 1999 en la escuela de Columbine de Littleton, Colorado, cuando dos estudiantes mataron a 13 e hirieron a 23 personas. El caso motivó la preocupación del cineasta Michael Moore, que hizo un memorable documental, Bowling for Columbine, donde alertó sobre la cruda realidad que se cernía sobre una sociedad militarizada como la estadounidense. Sin ningún resultado hasta ahora, con las consecuencias a la vista.
El tema del armamentismo en manos particulares y las argumentaciones para su permiso son tales que cuando la balacera en Sandy Hook hubo dirigentes políticos que propusieron autorizar a que los maestros fueran armados como modo de defenderse de los ataques.
Incluso desde hace años, iglesias estadounidenses imparten clases de tiro, como viene haciendo desde hace cuatro años en Marengo, Ohio, el predicador Jeff Copley. o el reverendo Ryan Bennet en Lexington, Carolina del Norte., todos ellos de Iglesias Bautistas, como el pastor Chuck McAlister, que desde el templo de Lone Oak, en Kentucky, convoca a sus feligreses con la promesa de una cena y el sorteo de 25 armas de fuego.
Al lado de ellos, los cursos de Sullivan en la iglesia de Mesquite parecen juego de niños.
Tiempo Argentino
Octubre 3 de 2017
por Alberto López Girondo | Oct 24, 2017 | Sin categoría
Cataluña es una caldera a presión y cualquier movimiento desafortunado puede hacerla estallar. Las cartas están echadas y nadie puede asegurar que el referéndum convocado por Generalitat podrá realizarse. Tampoco se puede predecir cuál será el costo de abortar una consulta democrática que si bien no contó con el apoyo masivo de la población hace menos de un mes, ahora parece haber encontrado un respaldo importante en virtud de las medidas que desde Madrid tomó el gobierno de Mariano Rajoy y que no hicieron sino acercar combustible a las llamas. Lo peor es que nada garantiza que el independentismo tiene las de ganar en las urnas.
A última hora, las autoridades policiales informaron que se habían precintado 1300 de los 2315 colegios habilitados para la votación, lo que adelantaba que este domingo sería imposible ingresar a los establecimientos para emitir el sufragio. Pero esa es la información oficial, por abajo los encargados de cumplir la orden de la Justicia española de clausurar los locales, los Mossos d’Esquadra se mostraban reacios a una decisión que no comparten y que los enfrenta con los ciudadanos de su propia nación.
Por otro lado, desde el viernes muchos de los colegios estaban ocupados pacíficamente por padres de los alumnos que intentaban evitar el cierre quedándose a dormir. De allí que en ese cara a cara se viera en algunas grabaciones subidas a las redes sociales las dudas y la permisividad de los agentes.
Rajoy envió a Cataluña unos 10 mil guardias civiles, los que sumados a los 16 mil Mossos deberían ser suficientes para bloquear los accesos a los sitios de votación. Pero muchos destacaban que no habían podido cumplir con todos los objetivos y que además, lo habían hecho de tan mala gana que los ocupantes de 163 de esos colegios seguían allí.
La Generalitat informó a su turno que tiene 6249 mesas dispuestas para la votación y que hay más de 7000 voluntarios anotados para la tarea. El organismo institucional encargado de la supervisión fue disuelto porque sus miembros fueron amenazados con multas de 12 mil euros diarios por la fiscalía.
Un instructivo que circuló por la Web alertó a todos sobre la forma de sobrellevar el momento sin que se produzcan incidentes que podrían derivar en una hecatombe en vista de que la «grieta» catalana se va profundizando. Ayer, sin ir más lejos, hubo una marcha en contra de la realización del referéndum por las calles de Barcelona que si bien no fue masiva, reflejó la virulencia verbal de los asistentes en favor de la «unidad indisoluble» de España.
Entre las recomendaciones para este domingo se indica que quienes no puedan entrar en el local designado se queden en la puerta haciendo la cola pero «no organizar una votación alternativa». E insiste: «En ningún caso usaremos la violencia. Sí usaremos la resistencia pacífica, sí usaremos la audacia para entrar en los centros de votación».
Otro punto importante del texto recuerda que el Estado español y la fiscalía ordenaron a los Mossos impedir la consulta y que el gobierno catalán, sin estar de acuerdo, no lo puede evitar, por lo que aconseja no enfrentarse con los uniformados porque «esa es la imagen que busca el Estado y que debemos evitar».
Y para resumir la estrategia diseñada para desairar a Madrid, puntualiza que es fundamental mostrar ante cada centro de votación «filas gigantes desde las 9 de la mañana y durante todo el día». Para reflejar así la voluntad de aplicar el recurso de la democracia para dirimir una añeja cuestión entre catalanes y españoles que por el diálogo parece que no se puede.
En tal sentido, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declaró a AFP que busca una mediación para solucionar el conflicto, y recalcó que está dispuesto a seguir con la consulta a todo trapo. «Gane el sí, gane el no, en cualquiera de los escenarios debe haber una mediación, porque las cosas no funcionan, seamos honestos», se sinceró.
Fuentes mencionadas por eldiario.es indicaron que el Govern analiza varias situaciones para este domingo a la noche. Una es que la consulta se haga totalmente o en forma parcial, para lo cual evaluaban qué porcentaje podría permitirles decir que hubo referéndum. En este caso también el dato será si ganó el sí o la mayoría opta por rechazar la independencia, como ya ocurrió en 2014 en Escocia en relación con el Reino Unido. Y las últimas encuestas marcaban que ambas opciones estaban muy parejas.
Madrid dio todos los pasos para que no haya el mínimo vestigio de legalidad en la votación, ya que clausuró los recursos informáticos para el conteo de votos e incautó las actas que podrían certificar el resultado y las boletas electorales. No sólo eso, bloquearon todos los sitios de Internet donde pudieran obtenerse datos o publicidad sobre el referéndum, una medida extrema que cuando la realizan otros Estados, como China o Irán, despiertan encendidas manifestaciones en favor de las libertades civiles.
Es así que Julian Assange, el creador de WikiLeaks, publicó un tuit donde considera que «la primera guerra mundial en Internet ha comenzado en Cataluña, puesto que el pueblo y el gobierno lo usan para organizar el referéndum de independencia del domingo y la Inteligencia española bloquea links, ocupa edificios de telecomunicaciones, censura miles de webs y protocolos, etc.».
Tiempo Argentino
Setiembre 30 de 2017
por Alberto López Girondo | Oct 16, 2017 | Sin categoría
La desaparición forzada de Santiago Maldonado sigue despertando los peores horrores en un sector gravitante de la sociedad argentina, mientras el gobierno continúa sosteniendo una alianza indisoluble con Gendarmería. Si bien la causa no registra avances notables, el nuevo juez, Gustavo Lleral, dio señales positivas al recibir a la familia de Santiago y reunirse con la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen. Pero al tiempo que se van conociendo detalles escabrosos de esos minutos en que el joven artesano y un puñado de aborígenes eran perseguidos por gendarmes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió a un documento de la ONU demandando al organismo que «escuche la voz de todos» y no solo, declaró, la de «un grupo que puede tener intereses políticos».
La frase intentó ser una respuesta oficial al duro informe del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU que exige «esclarecer de forma prioritaria la participación de Gendarmería en los hechos y, en caso de demostrarse, establecer y sancionar sus responsabilidades». El escrito señala algo obvio: identificar a los responsables de la desaparición puede llevar a determinar qué pasó con Santiago Maldonado. Una pregunta que ya dio la vuelta al mundo y que sigue sin responderse desde el Estado: ¿dónde está Santiago?
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se apresta a realizar una audiencia por el caso de Maldonado, para la que convocó a familiares del joven de 28 años y también a funcionarios del gobierno nacional. El presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, advirtió: «Estamos ante una situación de emergencia grave, que hay que esclarecer».
Es que, pese a los intentos del gobierno por minimizarla, la pregunta por el paradero del joven artesano trasciende las fronteras y se refleja en la prensa internacional. Es así que el británico The Guardian destaca que en simultáneo con el informe de la ONU sobre un hecho que «ha revivido los amargos días de la dictadura», el exmarino Alfredo Astiz tomó el micrófono en su alegato en la megacausa Esma III que investiga 789 crímenes de lesa humanidad para dar un espaldarazo a los gendarmes que, resaltó, luchan contra la amenaza de «movimientos secesionistas» en la Patagonia y agregó: «La guerra contra el terrorismo es sin tiempo, únicamente se pueden ganar batallas».
Que el gobierno siga utilizando a Gendarmería para tareas represivas hasta en ámbitos que no le corresponden, como ocurrió en la Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario cuando se celebraba un acto en reclamo por la aparición de Maldonado, indica que no lo ve como un peligro para su campaña electoral.
Lo que sí es un peligro es que este tipo de actitudes, al recibir la venia oficial, internalicen en cada miembro de esa fuerza la idea de que pueden actuar sin ningún tipo de freno institucional. Lo demostraron en la Basílica de Luján cuando un grupo de Madres de Plaza de Mayo conmemoraba los 40 años del uso del pañuelo blanco y un gendarme dijo, ante el pedido por Santiago: «Síganlo buscando».
En carrera hacia el 22
El final de la campaña muestra una carencia de temas de debate nacional en cada uno de los distritos y una polarización importante en la provincia de Buenos Aires entre el oficialismo y la oposición que encabeza la expresidenta Cristina Fernández. En ese camino, Cambiemos recibió un espaldarazo con el triunfo de la alianza oficialista en Corrientes, que lleva al radical Gustavo Valdés a la gobernación. El mandatario saliente, Ricardo Colombi, envuelto en denuncias de distinto tipo, logró imponer a su candidato por un 54% de votos. El peronista Carlos Camau Espínola, con 45%, no pudo forzar una segunda vuelta aunque logró mantener a la oposición unida detrás de su proyecto, lo que no es poco en esa provincia.
Con espíritu triunfalista, desde los despachos oficiales van desplegando medidas a presentar una vez que se sepa el resultado de las elecciones. En ese marco se descuenta que habrá una profunda modificación a las leyes laborales. La imagen de la reforma del presidente brasileño Michel Temer preocupa a la dirigencia sindical, pero las reuniones del ministro Jorge Triaca con líderes de la CGT y los preanuncios no dejan lugar a dudas de que las conquistas obreras de más de medio siglo están fuertemente amenazadas. Incluso con anuencia de un sector de la cúpula sindical más proclive a negociar con el oficialismo.
Parte de esos intercambios se plasmarían en la reforma del sistema de salud, la llamada Cobertura Universal de Salud (CUS). La «zanahoria» para los gremios afines es que se crea un Fondo Solidario de Redistribución que estará en manos la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y que administrará una Unidad Ejecutora de la que participarán representantes del Ministerio de Salud de la Nación y de la CGT. Son unos 30.000 millones de pesos, de los cuales, como destaca el exministro de Salud Daniel Gollán, 4.500 millones se destinarán a «un fondo discrecional de emergencia».
En cuanto al sistema de Justicia, la insistencia del ministro Germán Garavano en pedir la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó y el poco claro procedimiento para abrir juicio político al juez Eduardo Freiler indican que es un ámbito en que el gobierno seguirá su intento de ir por todo, pero tal vez encuentre más resistencia de la que espera (ver recuadro).
El oficialismo también tiene en carpeta una reforma fiscal y una reforma en la Justicia. En el tema tributario, desde el Ministerio de Finanzas se dijo que busca un «alivio» a las cargas patronales y el impuesto al cheque. Ese supuesto alivio podría derivar en una reforma del sistema previsional con el aumento de la edad jubilatoria y de los años de aportes necesarios para jubilarse.
Revista Acción, segunda quincena de Octubre de 2017
por Alberto López Girondo | Oct 1, 2017 | Sin categoría
La foto es de Horacio Paone
–El gobierno nacional prepara un paquete de medidas, con ajustes, reformas laborales, previsionales…
–El gobierno y lo que algunos llaman el establishment, y otros denominan el círculo rojo, vienen dando señales. Aparecen los gurúes, los economistas, los representantes de los grandes bancos internacionales, que dicen que «el mercado está esperando señales concretas de que van a avanzar en las reformas estructurales». Más claros no podrían ser. El gobierno ha instalado también una falsa opción entre ajuste gradual o shock. Y esas no son opciones. La discusión verdadera es ajustar o no ajustar. Es decir, ¿Argentina necesita un ajuste o no lo necesita? En la concepción de este gobierno, con este perfil impositivo y con este costo laboral, Argentina no es un buen destino para las inversiones que buscan optimizar la rentabilidad. Simplemente se trata de eso, a modo de ejemplo, paradójicamente, en las renegociaciones del NAFTA, Estados Unidos y Canadá le piden al gobierno mexicano que suba los salarios mínimos, porque México hace competencia desleal con los otros dos países que tienen salarios más altos. Esto ha sido un caballito de batalla de Donald Trump en su campaña. Nuestro gobierno dice que si queremos que las inversiones vengan, hay que bajar el costo laboral, porque nuestro costo es mucho más alto que el de Brasil o Chile. Los funcionarios dicen también que se debe hacer una reforma impositiva de modo que sea más rentable para las empresas invertir en nuestro país. Pero bajar los impuestos plantea un desequilibrio, y es allí donde aparece el ajuste. Si se bajan impuestos en un escenario de déficit fiscal, hay dos opciones: o el gobierno se sigue endeudando o ajusta el gasto. Así de sencilla es la ecuación. Hasta ahora hicieron ajustes en ciertos rubros y han cubierto el déficit fiscal con deuda. Pero esa deuda va engrosando el déficit fiscal, porque genera mayor costo por intereses. Cuando se mira el gasto público, se ve que la seguridad social es una parte importantísima del gasto público, otra parte es el subsidio a servicios públicos y otra parte la transferencia a provincias. Son los tres grandes rubros, además de educación y salud. Esta estructura indica que el ajuste puede venir muy probablemente del sistema previsional. ¿Cómo harían este ajuste? Alargando la edad para jubilarse o modificando la fórmula de indexación de los haberes jubilatorios para que el valor en moneda constante se vaya reduciendo, o ambas cosas a la vez. Es muy probable también que después de las elecciones el gobierno avance con una reforma laboral que, como mínimo, disminuiría los aportes patronales a la seguridad social. Al principio es algo que mucha gente podría percibir como indoloro, porque no hay un efecto inmediato. Pero esta medida genera el desfinanciamiento del sistema previsional y en un par de años dirán que no es sustentable, como ya ha pasado en otro momento. También están negociando los topes indemnizatorios, las vacaciones o la extensión de la jornada laboral. Los funcionarios del gobierno nacional llaman «costos» a todos estos derechos adquiridos. Es probable que se intente avanzar en estos temas y, además, se profundice la apertura de la economía, con el argumento, por ejemplo, de que gracias a que se abrió la importación de computadoras, los argentinos podemos comprar computadoras más baratas.
–Hay algo de película ya vista en este panorama. ¿Cómo puede ser que exista un importante apoyo a estas políticas cuando ya vivimos lo que ocurrió antes?
–Según los datos de las recientes elecciones primarias, esta política tiene el apoyo de un tercio de la población, no tiene mayoría. Lo que sucede es que se le presenta a la ciudadanía un conjunto de opciones que parecen opositoras, pero para distribuir los votos opositores. De esa forma, el voto de apoyo al gobierno aparece como el más grande, porque el voto opositor aparece dividido. Pero no es cierto que la mayoría de la ciudadanía apoye las políticas del gobierno en esta elección de medio término, donde claramente se está poniendo en juego el juzgamiento de las políticas que se llevaron adelante. Hay dos tercios que votaron propuestas verbalizadas como opositoras. Tengo una opinión sobre cómo han actuado diputados y senadores electos como opositores y que han acompañado la sanción de las leyes. Y doy un ejemplo porteño: Martín Lousteau, exembajador de este gobierno en Estados Unidos, quiere participar en la interna oficialista, no lo dejan y se convierte en un opositor porteño pero oficialista a nivel nacional. Es candidato a diputado nacional y hace su campaña hablando de la gestión de la Ciudad, pero de los problemas del país no habla. Lo más llamativo es que su segunda candidata, Carla Carrizo, es integrante del interbloque Cambiemos. Va por una lista supuestamente opositora y si resultara electa, va a votar todas las leyes que el macrismo necesita, al igual que Lousteau. Por eso no acepto la idea de que la mayoría de la ciudadanía acompañe a este gobierno. Hay dos tercios que han elegido distintas opciones para decir que están en desacuerdo. Habría que discutir si todas esas opciones son verdaderamente opositoras o no. Pero eso no tiene que ver con la ciudadanía, sino con lo que se instala, con los medios de comunicación, con la falta de concordancia entre los dichos y las actitudes. Los candidatos a diputados nacionales de Unidad Porteña hemos firmado un «Compromiso Ciudadano» que establece qué cosas nos comprometemos a no votar jamás. Porque hay dos tiempos, el de la campaña electoral, que es cuando hay que lograr voluntades, y el tiempo del «opoficialismo», ya elegidos, que es cuando se vuelven «razonables» o «racionales» para supuestamente garantizar la gobernabilidad.
–¿Cómo es la construcción desde el Partido Solidario en Unidad Porteña (UP)?
–Nosotros hoy podemos analizar casi dos años de gestión macrista en los que se puede ver claramente cómo votamos cada proyecto y cómo nos hemos comportado respecto de nuestras propuestas y nuestro compromiso. Eso lo podemos exhibir como un valor. En la Ciudad está claro que hay un oficialismo con Elisa Carrió como candidata y hay varias fórmulas donde la principal ha sido la lista de Unidad Porteña que claramente aparece confrontando con la propuesta del macrismo. Visto el resultado de las PASO, lo que se va a votar es si entra al Congreso el cuarto candidato de UP, el segundo de Evolución o el noveno de Vamos Juntos. No si van a entrar Carrió o Filmus o Lousteau.
–Unidad Porteña se referencia en el liderazgo de Cristina Fernández, que se plantea como eje de la oposición, ¿cómo se siente en ese espacio?
–Quiero resaltar que esta es una elección legislativa, no la del candidato para 2019. Creo que de aquí a 2019 el espacio de quienes nos oponemos a este proyecto tiene que ir conformando la posibilidad de construir una mayoría capaz de volver a ser gobierno. Para eso hay un tiempo. Cristina es una referente indudable de ese espacio, pero discutir hoy candidaturas de 2019 es una trampa. En la provincia de Buenos Aires lo que se está decidiendo es si Gladys González o Jorge Taiana llegan al Senado, es decir, si hay un senador más que va a cuestionar este proyecto o una que lo va a defender. También se juega la correlación de fuerzas en Diputados, Legislatura Provincial y concejos deliberantes. Y también está claro que votar cualquiera de las otras opciones que se presentan facilita el resultado favorable al oficialismo. Si el voto opositor se dispersa, se beneficia el oficialismo. Con Unidad Ciudadana en la Provincia de Buenos Aires se fortalece la verdadera oposición en el Congreso.
–Un eje de la campaña es el tema de la corrupción y Cristina Fernández está en medio de varias acusaciones.
–Repito lo que siempre digo: no hay corrupción de izquierda o de derecha. La corrupción debe ser sancionada con dureza siempre. Pero instalar que el deleznable hecho de los bolsos de López es más grave que los 350.000 millones de dólares fugados al exterior que no han pagado impuestos es una falacia. El primero es deleznable y grosero que ofende e irrita porque se lo ve y por lo que significa, y el segundo lo es a través de medios electrónicos y no visualizados, con un impacto distinto porque carece de la instalación mediática crítica. Hubo un blanqueo en Argentina que excluía a parientes de funcionarios, fue una condición principal para que se aprobara la ley. Pero luego se los incluyó por un decreto. Posteriormente se instaló una discusión, porque trascendieron nombres y cantidades que blanquearon miembros cercanos de la familia y amigos del presidente. No se discutió cómo puede ser que esta gente blanqueó, se discutió cómo puede ser que se filtró la información.
–El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, dijo que los funcionarios tienen derecho a tener dinero en el exterior.
–Legalmente tienen derecho, el tema es si es éticamente aceptable. Lo que Dujovne defiende es que no tiene plata escondida, lo que uno podría preguntarse es: ¿cómo alguien que maneja las finanzas de un país no confía en las reglas de su propio gobierno? Hay un tema en cuanto a la corrupción, yo no conozco en detalle, pero a Cristina no le han encontrado ninguna cuenta en el exterior y a varios de los funcionarios actuales, montones de sociedades, cuentas, empresas. Si el problema de la gestión anterior era la corrupción, podríamos preguntarnos: si en 2015 había un déficit fiscal de 1,8%, el desempleo era 5,9%, la deuda pública 13% del PBI, la actividad económica creció 2,6% y supuestamente se robaban todo, y de los que vinieron después se sostiene que no se roban nada, ¿por qué empeoramos? Si solo se trataba de dejar de pagar sobreprecios, tendríamos que haber ido mejorando en todos los aspectos y no pasó eso, aumentó el déficit, subió el desempleo y el endeudamiento, se achicó el país. Algo no anda bien en ese análisis.
–¿Cómo afecta este escenario al sistema financiero?
–Yo diría que el sistema financiero tiene una pérdida de volumen por el traslado de muchos inversores que van a las Lebac. Hay una competencia de la bicicleta financiera que termina desfinanciando al sistema bancario. Como se venía con muchísima liquidez, eso todavía no se nota, ni es un problema, ni es una amenaza en el corto y mediano plazo. Pero hay muchísimas personas y empresas que utilizaban el sistema financiero para ahorrar o mantener sus inversiones y hoy están en las Lebac. No hay ninguna actividad productiva que rinda tanto como las Lebac. En el indicador más sensible que tenemos, que es el de la morosidad, no se advierten signos de deterioro importante. Está un poquito más alto que los valores históricos, pero todavía no es un dato que preocupe. Pero hay otras cosas que llaman la atención y que pueden ser señales de problemas a futuro. Hay muchísimos embargos de la AFIP y de ARBA a cuentas de pymes que tienen problemas impositivos y están siendo atacadas judicialmente. Eso ha crecido. En verdad, el mayor problema no es el sistema financiero sino el productivo. Las pymes están siendo atacadas por la caída del consumo y la competencia de la importación, y eso alimenta un círculo vicioso muy perverso.
–Un tema preocupante en este período es el contexto represivo y el retroceso en materia de derechos humanos, con la detención de Milagro Sala y la desaparición de Santiago Maldonado, como casos salientes. ¿Comparte esta preocupación?
–Históricamente los programas de ajuste han venido acompañados de represión porque, como yo decía en los 90 y lo digo actualmente, el único límite que tienen los ajustes es la capacidad de resistencia de los ajustados. Casi como una constante de esos programas, uno tiene que imaginar que van a ir acompañados de medidas de coerción de distinto tipo. En ese escenario están los casos paradigmáticos como Milagro Sala y Santiago Maldonado. Es llamativo el caso de Milagro Sala: ¿a qué genocida le han hecho lo que a esta militante social? Con la humillación de esa construcción vigilada, la garita, la tanqueta, que solo tienen un sentido intimidatorio y humillante. Con lo de Maldonado el gobierno y los medios concentrados instalan una intrusión «ilegal» mapuche en los territorios «legítimos» de Benetton. El fondo de la cuestión está ubicado allí. Son situaciones graves, pero también hay que decir lo saludable que es ver cómo ha reaccionado la ciudadanía ante el 2×1 o ante lo de Santiago Maldonado. Hay una reserva considerable de defensa de los derechos humanos en la sociedad argentina, que puede parecer aletargada; pero cuando se producen estos hechos, se genera una reacción espontánea, inmediata y multitudinaria.
Revista Acción, primera quincena de Octubre de 2017
por Alberto López Girondo | Sep 16, 2017 | Sin categoría
Si logra los resultados que espera en la elección del 22 de octubre, el gobierno se dispone a impulsar varias reformas sustanciales. En algunos casos, las conversaciones se desarrollan, al menos en parte, a plena luz del día, como ocurre con la reforma tributaria. En otros, los actores se mueven en silencio. En esta situación está la modificación del rol de las Fuerzas Armadas, un proyecto que no es nuevo, pero que se reactivó con el cambio de ministro de Defensa, en julio pasado. Si bien avanzan los preparativos, por ahora no cuenta con la luz verde definitiva en el gobierno de Mauricio Macri.
Fuentes ministeriales y legislativas certificaron la existencia de este plan, que calzaría justo con la apelación a combatir el narcotráfico que el oficialismo desplegó en campaña. Hay quienes temen que –con el antecedente de otras experiencias desde diciembre de 2015–en Balcarce 50 busquen evitar un ríspido debate en el Congreso para reformar la Ley de Defensa y en cambio podrían apelar a un decreto que reinterprete la normativa vigente para que otra vez los militares puedan intervenir en vigilancia y control interior.
Es ocioso recordar que las FF.AA. quedaron profundamente salpicadas por el tenebroso papel que jugaron en los años 70. Más tarde, recuperada la democracia, las intentonas de los carapintada en la Pascua de 1987 y los levantamientos de 1988 y 1990 pusieron de manifiesto el carácter antidemocrático que primaba en las fuerzas.
En tanto, recién en abril de 1988 se aprobó la Ley de Defensa Nacional número 23.554, donde se establece que las FF.AA. deben «enfrentar las agresiones de origen externo» y que debe diferenciarse su intervención de la seguridad interior. Esta última se rige por otra ley, de 1992, que asigna esas tareas a las fuerzas policiales, Gendarmería y Prefectura Naval.
Hubo que esperar hasta 2006, cuando mediante el decreto 727 se reglamentó la ley 23.554. Ese «descuido» permitió interpretaciones de lo más contrapuestas entre autoridades de turno y los lobistas del momento. El decreto puntualiza que «las Fuerzas Armadas, instrumento militar de la defensa nacional, serán empleadas ante agresiones de origen externo perpetradas por fuerzas armadas pertenecientes a otro/s Estado/s», según los términos definidos por las Naciones Unidas. Como agregado, detalla que las FF.AA. no podrán intervenir en «producción de inteligencia, hipótesis, supuestos y/o situaciones pertenecientes al ámbito de la seguridad interior».
Operación cuestionada
Expertos en el tema acusan al exjefe del Ejército, César Milani –ahora detenido por una causa de lesa humanidad–, de sentar un nefasto antecedente al impulsar en 2011 el Operativo Escudo Norte (OEN), un plan para el control fronterizo y la vigilancia del espacio terrestre en doce provincias del norte del país con el objetivo de combatir el «tráfico ilícito de drogas, la trata de personas y el contrabando de bienes». El OEN, si bien ponía en el campo a efectivos de fuerzas de seguridad, otorgaba cobertura logística y estratégica de Ejército y Fuerza Aérea. El plan sigue vigente, ya que fue prorrogado anualmente hasta 2017.
Desde el cambio de gobierno, con renovadas expectativas, tanto para los estrategas de las FF.AA. como para los especialistas de los distintos partidos políticos, volvió a resonar una pregunta inquietante: ¿qué hacemos con los militares? El argumento economicista que prima en muchos miembros de la alianza Cambiemos, fundamentalmente en los originarios del PRO, apunta a preguntarse para qué mantener un gasto en personal e insumos si la única razón de su existencia es un hipotético conflicto externo a todas luces improbable en estos días. Por eso, ni bien asumió el primer titular de Defensa, el radical Julio Martínez, comenzaron los recortes presupuestarios. Ahora, con la llegada de Oscar Aguad al edificio Libertador, los que aspiran a una mayor preponderancia de las FF.AA. tienen nuevas expectativas. Aguad, apodado «El milico» por su buena relación con militares y su cercanía con represores como Luciano Benjamín Menéndez, viene de desguazar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual desde la cartera de Comunicaciones, que se disolvió tras su paso a Defensa. Se especula que su objetivo apunta a fusionar este organismo con Seguridad, si es que logra reformular el rol de los uniformados.
Hipótesis peligrosa
En el Ministerio explican estos pasos destacando que luego de la derogación de la Ley de Servicio Militar en 1994, a raíz del asesinato del soldado Omar Carrasco, se fue reduciendo a niveles mínimos el personal de las FF.AA. «Si pensamos en una pirámide en la que la base son los soldados y la cima son los jefes –dijo una fuente a este medio–, ya pasamos la época en que era un rectángulo y ahora es una pirámide invertida. En términos de la calle, hay más caciques que indios y no porque no se necesiten los indios».
Pasada la hora de sumarse a las tropas internacionales de Cascos Azules en los Balcanes o en Haití, no son muchas las oportunidades para quienes se alistan. Además de que se achataron los sueldos en detrimento de las fuerzas de seguridad, con lo cual es fácil ver a suboficiales y oficiales de baja graduación haciendo tareas de vigilancia como un extra hasta no hace tanto impensable en un militar.
El combate del narcotráfico y del terrorismo forma parte del discurso de sectores de la derecha tradicional que encuentran eco en el gobierno y que tienen anuencia de otras líneas políticas como el massismo, que también lo agitó en campaña. Desde el ministerio juran que un nuevo rol para las FF.AA. en la lucha contra ambos flagelos no implicará que se les permitirá actuar en vigilancia y control interno. Pero los límites en realidad son difusos.
A esto se suma que para la gestión macrista la lucha contra el narcotráfico es un objetivo declarado, lo que crea el escenario adecuado para una vuelta de página en favor de las FF.AA. argentinas. Una vuelta de página que por otro lado implicaría también un grado de reivindicación de lo actuado hace cuatro décadas.
Los detractores de estos planes de reinserción militar tienen como ejemplo para poner sobre la mesa la experiencia mexicana. Recuerdan que desde el 11 de diciembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón lanzó a los militares a la guerra contra el narcotráfico, se han registrado no menos de 150.000 muertos en el país azteca. Y alertan sobre el riesgo de repetir otra guerra contra el terrorismo y el narcotráfico de consecuencias impredecibles.
Revista Acción, segunda quincena de Septiembre de 2017.
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