por Alberto López Girondo | Mar 6, 2018 | Sin categoría
Cuando se cumplen dos años del asesinato de la líder comunitaria hondureña Berta Cáceres, autoridades de ese país ordenaron la detención del presidente de una empresa, presunto autor intelectual del crimen, y unas horas más tarde confiscaron propiedades y valores de miembros de un cartel de la droga que tienen relación con el caso, que podría convertirse en un escándalo mayúsculo si la justicia siguiera investigando, ya que los máximos dirigentes del país podrían terminar implicados. Por esa misma razón, en la nación centroamericana no hay mucha confianza en que el cuchillo llegará al hueso, ya que el sistema judicial es el mismo que a fines del año pasado terminó por avalar la elección que le dio un nuevo mandato a Juan Orlando Hernández (JOH) a pesar de las múltiples denuncias de fraude de la oposición y de veedores internacionales, incluidos de la OEA.
Cáceres, a los 44 años y con cuatro hijos, era una reconocida militante y activista dedicada a la defensa de los derechos de la comunidad indígena lenca, afincada en los aledaños del río Gualcarque.
La principal amenaza contra esa población es el proyecto para construir una represa hidroeléctrica en Agua Zarca con capacidad para generar 21,7 megavatios. La COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) fundada en 1993, lleva adelante la lucha en contra de ese proyecto desde que comenzaron a conocerse los primeros esbozos. Por un lado, a raíz del impacto ambiental que produciría en la región. Pero además, porque el lugar es un sitio sagrado para la comunicad lenca. Amparados en el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas, reclamaron que se hiciera efectiva la consulta popular establecida en ese acuerdo al que adhirió Honduras en 1995.
Pero en el proyecto hay fuertes intereses nacionales e internacionales. El reclamo entonces cruzó el océano ya que entre los financiadores de la represa están el Banco de Desarrollo Holandés (FMO) y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial (FinnFund), además del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), institución regida por los ministros de Economía de los 13 países miembro. También forma parte de ese selecto club la firma VoithHydro, de la multinacional Siemens, que suministraría las turbinas. La empresa local que lleva adelante el proyecto y se encargaría de poner en marcha la usina hidroeléctrica es Desarrollos Enérgéticos SA (Desa), que tiene una concesión por 20 años para la explotación del río.
En mayo de 2014 William Jacobo Rodríguez, uno de los activistas contra la hidroeléctrica, fue asesinado, tres meses después de la llegada de JOH a su primer turno como presidente. Otra militante, Irene Meza, cayó abatida tras una asamblea comunitaria en San Francisco de Opalaca. Los asistentes al cónclave acusaron a empleados de la alcaldía ligados al partido del gobierno.
En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz, de los ríos somos custodios ancestrales el pueblo lenca. Resguardados por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida por el bien de la humanidad y de este planeta, dijo Berta Cáceres cuando recibió el Goldman Environmental Prize en 2015.
Habiendo sido una de las fundadoras de la COPINH, era una figura reconocida en todo el mundo por la claridad con que expresaba sus principios. Y por lo tanto estaba en la mira de los promotores de la hidroeléctrica, que la habían amenazado de muerte en forma reiterada a ella y a sus hijos. Uno de ellos, Salvador Zuñiga Cáceres se refugió en Buenos Aires, donde fue entrevistado por Tiempo Argentino en mayo de 2016
En la noche del 2 al 3 de marzo de 2016 un grupo de pistoleros ingresó en la vivienda de Berta, en la comunidad La Esperanza, y la acribilló a balazos. En la casa estaba también el activista mexicano Gustado Castro Soto, que resultó herido de bala pero sobrevivió y es el único testigo del asesinato.
Las manifestaciones en todo el país y el pedido de investigación que cruzó el planeta llevaron a que se detuviera en estos dos años al exgerente de la oficina ambiental de la empresa DESA, Sergio Rodríguez Orellana; el exjefe de seguridad de la firma, el teniente retirado Douglas Geovanny Bustillo; al exmayor de las Fuerzas Armadas e instructor de la Policía Militar del Orden Público, Mariano Díaz Chávez; a Elvin Rápalo, los hermanos Emerson Duarte Meza y el oficial retirado Edilson Duarte Meza, considerados sicarios a la orden de quien les pague; al supuesto autor de los disparos contra Gustavo Castro, Óscar Torres Velásquez; y el exmilitar hondureño Henry Hernández Rodríguez. En noviembre de 2017 fueron detenidos un policía y un exagente policial, acusados por la Fiscalía de plantar pruebas falsas ¨con el fin de desviar la atención en las investigaciones¨.
Pero tanto los familiares como las organizaciones de derechos humanos y sociales decían que con eso no alcazaba. Que había responsables más altos de ese crimen y de los otros relacionados con la construcción de la represa.
Paralelamente, proliferaron las denuncias por irregularidades en la concesión de la planta. Es así que el exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras, Darío Roberto Cardona Valle, fue detenido en octubre de 2016 por abuso de autoridad a raíz de la ampliación irregular de la capacidad de generación, que pasó de 14,4 a 21,7 megavatios sin consulta previa. En esta causa están implicados también otro ex viceministro del gobierno y el exalcalde de Intibucá.
El viernes le tocó el turno al ingeniero eléctrico Roberto David Castillo Mejía, ex subteniente de Inteligencia Militar, que había sido Coordinador de Control de Gestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y era presidente ejecutivo de DESA al momento del crimen. Lo capturaron en el aeropuerto de San Pedro Sula cuando estaba esperando ingresar al avión que lo llevaría bien lejos de Honduras. El cargo es por autoría intelectual del asesinato de Berta Cáceres. Habría sido el que proporcionó logística e insumos a uno de los autores materiales.
Austra Flores, madre de Berta Cáceres, se mostró satisfecha con la detención de Castillo, pero exigió que caigan «los otros peces gordos» que promovieron el asesinato. Y dijo que el hombre, según el relato de su hija, la hostigaba y pretendía sobornarla con dinero y botellas de vino. ¨Ella rechazó todo¨; puntualizó.
La empresa, en tanto, emitió un comunicado en que ¨rechaza contundentemente la intención de culpar a personas honorables e inocentes, como el señor David Castillo, intentando vincularlo con hechos que no tienen absolutamente ninguna relación con su actuar».
Pero este lunes la noticia fue que la justicia había ordenado confiscar empresas, edificios y residencias pertenecientes a integrantes del cartel ¨Los Cachiros¨. Los activos vinculados con los hermanos Rivera Maradiaga, que están detenidos en Estados Unidos en una megacausa por narcotráfico, hicieron un trato con la fiscalía del distrito de Nueva York. Por un trato más benigno, reconocieron haber participado en el comercio de drogas ilegales con destino a Estados Unidos entre 2003 y 2013 y en 78 homicidios. Devis Lionel Rivera Maradiaga, incluso, involucró en la banda a Fabio Lobo, el hijo del expresidente Porfirio Lobo, surgido de elecciones amañadas en 2010, luego del golpe contra Manuel Zelaya. Una de las empresas intervenidas es Producción de Energía Solar y Demás Renovables S.A de C.V. (Prodersa), uno de cuyos accionistas es el ingeniero Castillo Mejía.
Según publicó el diario británico The Guardian en junio de 2016, un soldado hondureño había declarado bajo absoluto compromiso de reserva de identidad, que el nombre de Berta Cáceres figuraba en una lista negra de una unidad del Ejército entrenada por agentes de Estados Unidos. Bajo el seudónimo Rodrigo Cruz, el informante aseguró que se había negado a cumplir la orden y por eso desertó. ¨Si regresara a casa, me matarían. Diez excompañeros han desaparecido¨, dijo.
Según un informe de Global Witness, una ONG dedicada al medio ambiente con oficinas en Londres y Washington, ¨no hay ningún lugar en el que sea más probable morir asesinado por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio ambiente que en Honduras¨.
Tiempo Argentino, 6 de Marzo de 2018
por Alberto López Girondo | Mar 3, 2018 | Sin categoría
Los militares vuelven a ser protagonistas de la vida política de Brasil, convocados por Michel Temer como socios en su proyecto de reformas neoliberales urgentes, antes de que las elecciones de octubre puedan cambiar el eje de los debates políticos, y logre algún consenso para ser candidato. Esta militarización viene de la mano de jugosos créditos para que los 27 estados que componen el país más grande de América del Sur se sumen a este plan de control social. Para que no queden dudas de que esta es la línea rectora del gobierno asumido tras la destitución de Dilma Rousseff, el general Walter Braga Netto, nombrado interventor de la seguridad pública en Río de Janeiro, dijo que ese distrito «es un laboratorio para Brasil».
El 16 de febrero, Temer anunció la intervención de todas las fuerzas de seguridad del estado de Río de Janeiro como forma de combatir el crimen organizado. Braga Netto ocupará ese cargo hasta el 31 de diciembre, un día antes de que asuma el presidente que surja del proceso eleccionario que comienza en octubre. Tiene a su cargo a todos los uniformes oficiales que circulan por la región, desde la policía y los bomberos al servicio penitenciario, pero también los agentes de inteligencia cariocas. No hay antecedentes de semejante intervención militar en la historia democrática de Brasil.
El jueves, el presidente reunió a gobernadores y ministros para presentar un plan destinado, según señaló, a «reducir los índices de criminalidad». Temer ofreció créditos por un total de 40 mil millones de reales, unos 12.500 millones de dólares.
El proyecto contempla inversión en infraestructura para los organismos policiales y una más aceitada coordinación entre los diferentes estados. Una de las propuestas es la construcción de 30 nuevas cárceles, cinco de ellas federales.
Para el mandatario de facto, el objetivo primordial de su gestión es atender la «seguridad pública» que, arguyó, «se agravó enormemente en los últimos tiempos».
A la hora de dar alguna explicación sobre este incremento, dijo que con las dificultades financieras de los gobiernos estaduales «disminuyó la inversión en equipos para los cuerpos policiales». De allí que desde Brasilia, al mismo tiempo que se recortan presupuestos en educación y salud, se decidió abrir una línea de crédito blando para la represión.
Los datos que fueron apareciendo en estos días, sin embargo, no reflejan exactamente la visión que emanan las autoridades desde el Palacio del Planalto. Estadísticas del Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado del Ministerio Público del estado de Río de Janeiro (Gaeco/MPRJ) indican que el 20% de los individuos denunciados por integrar alguna banda criminal es o ha sido miembro de alguna fuerza de seguridad. Por otro lado, según el Instituto de Seguridad Pública (ISP), sólo en enero agentes de la Policía Militar de ese estado mataron a 154 personas, un 57% más que el año pasado y la mayor cantidad en un mes desde hace 15 años, cuando el ISP comenzó su recopilación de datos de violencia policial.
El mismo día que Temer hacía los anuncios, en Bogotá un grupo de integrantes de organizaciones sociales denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el crecimiento desenfrenado de asesinatos extrajudiciales en las villas de todo el país. «Hay una pena de muerte de manera no asumida en las favelas de las comunidades de Brasil, porque no hay sanción a los responsables de los asesinatos, lo cual es una situación alarmante y que configura una gran violación a los derechos humanos», dijo a la agencia Sputnik Débora da Silva, fundadora de Madres de Mayo, una entidad que reclama por los casi 500 homicidios registrados en mayo de 2006 en San Pablo en el marco de un levantamiento organizado por el grupo Primer Comando Capital, que reclamaba mejoras en el tratamiento a los presos en las cárceles.
Entrevistada para Brasil de Fato por Mariana Pitasse, Gizele Martins, residente de la favela Maré, dio un preciso panorama de lo que implicará la presencia de uniformados en los barios populares cariocas. «Sabemos que cuando ocurre una intervención como esa, las interrupciones en nuestras vidas pasan a ser diarias. Perdemos el derecho de ir y venir, y la violencia continúa. En 2016 (en ocasión de las olimpiadas) tuvimos personas asesinadas, nuestras casas invadidas y hasta casos de estupro en Maré. Vamos a sufrir todo de nuevo».
El premio Nobel de la Paz argentino, Adolfo Pérez Esquivel, de paso por Brasil, dio sustento a estos temores. «Ningún ejército puede garantizar la paz. Todos los ejércitos, cuando actúan, llevan violencia y muerte. Son guerreros, van para matar, para someter, no para construir la paz».
En octubre pasado, ante un pedido de la cúpula militar, Temer promulgó una ley que quita de los estrados judiciales ordinarios todo tipo de delitos cometidos por las fuerzas de seguridad interna y los lleva a tribunales castrenses. Hace diez días, el titular de esa fuerza, el general Eduardo Vilas Boas, fue un poco más lejos y reclamó que en el futuro no existan comisiones de la Verdad que investiguen crímenes cometidos en el contexto de la intervención.
Como parte de su alianza con los militares, Temer reformuló su Gabinete y por primera vez desde la recuperación de las instituciones democráticas, en 1985, nombró al frente de ministerio de Defensa a un uniformado, el general Joaquim Silva e Luna. Lo propio hizo en Río el interventor Braga Netto, al designar como secretario de Seguridad del estado gobernado por Luiz Fernando Pezao al general Richard Fernandes Nunes. Temer también creó el cargo de Ministro de Seguridad Pública, para el que fue nombrado Raúl Jungmann, extitular de Defensa.
Para completar el regreso de los muertos vivos, el general Antonio Hamilton Mourão, que ocupaba la Secretaría de Economía y Finanzas del Comando de Ejército, se despidió del cargo con una ceremonia en la que rindió homenaje al coronel Carlos Brilhante Ustra, que murió en 2015. Fue el primer militar condenado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar. Había torturado personalmente, entre muchos otros, a la expresidenta Dilma Rousseff cuando estuvo detenida por formar parte de una organización guerrillera, en 1970. En el juicio en su contra dijo que estaba orgulloso de haber combatido «al terrorismo».
Disparen sobre el PT
La figura de Lula da Silva crece en las encuestas, mientras la derecha no encuentra a un candidato potable para enfrentarlo en los comicios que se avecinan. En este contexto, el martes podría haber novedades sobre la posibilidad de que sea detenido en la causa por la presunta compra irregular en un departamento (ver aparte).
Michel Temer está preocupado, y lo dijo claramente: «El problema de no ser candidato es que se puede transformar en un mito y como una figura mítica tal vez pueda hasta influir en las elecciones».
El Poder Judicial, en tanto, muestra que tiene recursos para bloquear hasta un posible reemplazante y el lunes pasado ordenó allanar la vivienda de Jaques Wagner, exgobernador de Bahía y jefe de Gabinete de Dilma Rousseff, por supuesto fraude en la construcción del estadio mundialista de San Salvador por parte de la empresa Odebrecht.
El juez Edson Fachin dio lugar este viernes a incluir a Temer en la causa por sobornos de Odebrecht, pero a él no lo allanaron.
Tiempo Argentino, 3 de Marzo de 2018
por Alberto López Girondo | Mar 2, 2018 | Sin categoría
Si algo persigue a Donald Trump desde que se lanzó a la campaña por la presidencia de Estados Unidos son los escándalos sexuales y sus presuntas relaciones con el gobierno ruso. Ambas razones, en cuotas discretas, están detrás de la renuncia de su persona de confianza en el área de comunicaciones, Hope Hicks, quien tras declarar ante el Comité de Inteligencia de la cámara Baja anunció que en breve dejará el puesto.
¿De qué habló ante los representantes bipartidarios? De la presunta interferencia de agentes rusos en las elecciones estadounidenses. ¿Qué dijo luego de ocho horas de interrogatorios? Muy poco pero sustancial. Que alguna mentirilla piadosa tuvo que salir de su boca mientras ocupó ese puesto, pero claro, nada relacionado con Moscú y alrededores. ¿Es sólo la única razón para irse de la oficina de al lado del polémico empresario? Más o menos: a principios de febrero tuvo que renunciar el Secretario de Personal de la Casa Blanca, Rob Porter, acusado por dos ex esposas de violencia doméstica. Hicks y Porter mantenían una relación íntima y terminaron envueltos no solo entre las sábanas.
Tanto Hicks como Porter (dejamos los juegos de palabras con el significado de los nombres a los lectores, no se necesita mucho más que un traductor online) eran personas de mucha confianza de Trump y de la familia gobernante.
Hicks, una ex modelo de 29 años, está con los Trump desde 2014, cuando trabó amistad con Ivanka, la hija mayor de Donald, a la sazón dueña de una firma de modas. En ese entonces Hicks hacía relaciones públicas para Hiltzik Strategies.
Nacida en Greenwich, Connecticut, graduada en inglés en la Universidad Metodista del Sur de Dallas, parece que alcanzó cierta fama como jugadora de Lacrosse. Junto a los Trump fue escalando en consideración y confianza y llegó a ser responsable de RRPP de la inmobiliaria y en 2016 se adosó a la campaña presidencial a pesar de tener poca experiencia en esas lides.
Cuando el mandatario ocupó el Salón Oval, el 20 de enero del año pasado, Hicks se convirtió en asesora y ocupó una pequeña oficinita junto al despacho presidencial en la que hasta hoy permanece.
El puesto de vocero o encargado de la comunicación fue desde el primer día una cartera que quema. Y no es para menos. El presidente no tiene pelos en la lengua y su lengua es más filosa de lo que el sistema político y mediático estadounidense está acostumbrado a tolerar. Explicar lo que resulta generalmente irritativo para los valores medios de esa sociedad no resulta sencillo.
En los primeros días de gestión, Trump designó como secretario de Prensa -vocero- a Sean Spicer y como director de Comunicaciones a Mike Dubke, ambos con antecedentes en estrategias de marketing político de los republicanos. Primero se fue Dubke, en mayo de 2016, y transitoriamente Spicer tuvo a su cargo los dos despachos. No quedó muy claro el por qué de la renuncia, pero el Rusiagate golpeaba en la prensa cotidianamente. Spicer tardó un par de meses en irse, lo que se demoró Trump en elegir sucesor de Dubke a Anthony Scaramucci, un hombre de Wall Street al que despreciaba especialmente, dicen en los pasillos de la White House. Pero Spicer ya mostraba ganas de volver a casa luego de convertirse en el hazmerreir del programa Saturday Night live».
Spicer había jurado sin que le moviera la pera que la audiencia que fue a presenciar la toma del poder de Trump había sido la más grande de la historia de Estados Unidos.
La heredera del sillón de Spicer fue Sarah Huckabee Sanders, hija de un ex gobernador de Arkansas por los republicanos. Milagrosamente, se mantiene en el cargo, a pesar de los golpes que desde setiembre pasado viene sufriendo.
Scaramucci, con una larga carrera en el mundo de las finanzas y puntillosamente en los últimos años desde la banca Goldman Sachs sin embargo, no duró demasiado. A los diez días de entrar en el gobierno fue despedido tras explosivas declaraciones en las que como se dice en los barrios «prendió el ventilador» contra varios miembros del gabinete.
A Scaramucci lo siguió la joven, atractiva y eficiente Hope Hicks. Mantuvo un perfil bajo, trató de no meterse en escándalos y evitó abrir la boca ante los micrófonos cuanto pudo. Pero por su despacho pasaron muchos secretos y alguna que otra vez tuvo que salir a defender a su jefe. Para eso había sido contratada.
En el Congreso se mantuvo en sus trece y no declaró nada relevante fuera de las preguntas previamente acordadas. Solo trascendió aquello de que alguna «mentira blanca» se le escapó. A la salida dijo que renunciaría a su cargo. No ahora, sino en un plazo a definir, se supone que cuando aparezca un reemplazante. Tampoco dio razones, pero este mes no fue un tiempo de rosas para ella.
EL PASADO LO CONDENA
Robert Roger Porter, doctorado en Harvard, becario Rhodes en Oxford y jefe de asesores del senador Orrin Hatch, tiene todo para estar al top de la política estadounidense. Y el peldaño como secretario de Personal del actual gobierno era como andar cerca del cielo. Pero dos ex esposas, en esta época de reivindicaciones de género, coincidieron en recordar su pasado violento en el Daily Mail, a principios de febrero.
Trump intentó defenderlo y la paciente vocera, Sarah Sanders, salió con ese mensaje. «Rob Porter ha sido eficaz en su papel como secretario de Personal. El presidente y el jefe de Personal tienen plena confianza en sus habilidades y su desempeño», dijo a los medios. Hicks participó en la redacción del texto de defensa que elaboró el gobierno. Y las dos mujeres debían conocer el pasado de Porter ya que contaban con los archivos elaborado por el FBI sobre el funcionario, como es de práctica en estas situaciones.
La foto de una de las ex esposas de Porter con un ojo morado, que obra en una de las causas en su contra, fue lapidaria y el hombre se tuvo que ir, dejando a su paso el lastre entre quienes lo trataron de cubrir.
La lista de renuncias cuando recién se cumplió un año de mandato de Trump es llamativa y no hay antecedentes en la historia de Estados Unidos.
La inició el 13 de febrero de 2017 Michael Flynn, consejero de Seguridad Nacional. a 22 días de asumir su cargo, se tuvo que ir luego de que trascendiera que tuvo reuniones con representantes del gobierno ruso durante el período eleccionario. el problema es que ante el Congreso había negado todo tipo de encuentros. con agentes extranjeros.
Luego se fueron, en agosto, el Jefe de Estrategia del presidente, Steve Bannon, un ultraderechista confeso tildado en su momento como el Presidente en la Sombra o el Príncipe de la Oscuridad. Unas semanas más tarde, dejó el puesto el secretario de Salud, Tom Price.
Donde más se sintió la baja de funcionarios es en el departamento de Estado. Pero también porque este es el flanco más cuestionado de Trump, ya que su visión del mundo contradice décadas de política exterior bipartidaria de Estados Unidos. Se cuentan por decenas los cargos de segundo orden que se fueron durante 2016, pero en enero pasado seis personas claves en la cancillería, toda la cúpula anunciaron su renuncia en la oficina del canciller Rex Tillerson, descontentos con el enfoque de los problemas del imperio de la gestión del ex titular de Exxon Mobile.
Tiempo Argentino, 2 de Marzo de 2018
por Alberto López Girondo | Mar 1, 2018 | Sin categoría
Más allá del clima de tranquilidad que, tras la multitudinaria marcha del 21F, quisieron transmitir la Casa Rosada y la prensa oficialista, el tercer período legislativo de Mauricio Macri está signado por la sensación de que el gobierno comienza a acusar los golpes propios de la gestión.
El oficialismo confiaba en poder aislar al líder camionero y personalizar en la defensa de su figura como único motivo de una movilización que auguraban de escasa relevancia. Pero la cantidad de gente, el cariz de los discursos y la variedad de sectores sindicales, sociales y políticos representados barrieron con la presunción de soledad y el ninguneo al contundente hecho político consumado en la avenida 9 de Julio.
De poco sirvieron los argumentos acerca de que la marcha era en defensa de Moyano, acosado por causas judiciales. Tampoco caló el mensaje de que detrás de esa manifestación estaba la mano de Cristina Fernández.
Así, la posibilidad de un incipiente realineamiento opositor, una suerte de continuidad del frente esbozado en el debate por la reforma previsional, se suma a una larga lista de malas nuevas para el gobierno.
Desde diciembre pasado, en Balcarce 50 buscan la forma de remontar el peor momento de Macri en la presidencia. Una muestra de esa preocupación es que la diputada Elisa Carrió salió al ruedo tras varias semanas de ostracismo voluntario para tildar a Moyano, desde un matutino uruguayo, de «criminal». La chaqueña, una de las fundadoras de Cambiemos, suele ponerse el sayo de referente ético y oficia de salvavidas cuando el gobierno está en aprietos. Esta vez fue más explícita al reconocer que el apoyo al primer mandatario, con quien tuvo épocas de durísimo enfrentamiento, se basa en la lucha contra el kirchnerismo. De allí su generosidad para catalogar, por caso, las cuentas offshore ocultas de funcionarios públicos como «errores nimios».
Hit veraniego
El humor social no está del lado de Cambiemos en esta etapa. La economía no da espacio para que ello ocurra, en la medida en que no parece haber techo para la inflación, el precio del dólar, el costo de las tarifas de los servicios públicos y el de los combustibles. Mientras tanto, el gobierno se empeña en recortes presupuestarios en las áreas más sensibles y en poner el pie encima de las negociaciones paritarias.
Hasta un diario normalmente circunspecto como La Nación tomó nota de la reiterada catarata de insultos dirigidos al presidente Macri en estadios de fútbol y espectáculos musicales, y bautizó a este por ahora limitado rechazo popular al macrismo como «el hit del verano».
Varios medios cercanos al gobierno y sus columnistas más encuadrados comienzan a expresar críticas, otra muestra de que ya no hay viento de cola. No es que le hayan soltado la mano, pero hay realidades que no se pueden esconder. Y pasan del apoyo irrestricto al «consejo de amigo» en el marco de esa coalición sellada para destruir todo vestigio de populismo, como recordó Carrió.
La noticia de que un funcionario de segundo rango como Valentín Díaz Gilligan, subsecretario de la presidencia, tenía una cuenta no declarada en un banco de Andorra golpeó de lleno en el gobierno. Por la oportunidad en que se conoció –cuando arreciaban las críticas contra el ministro de Finanzas, Luis Caputo, por haber «olvidado» declarar inversiones incompatibles con su rol en el gabinete– y porque la noticia se conoció en El País, de España. Algunos creyeron ver la mano de Telefónica, accionista del grupo Prisa, que edita el diario madrileño, en su puja para que le autoricen dar televisión digital a través de sus redes.
Lo cierto es que Díaz Gilligan, atorado por la prensa, declaró que el dinero no era suyo, sino de un representante de futbolistas uruguayo que no podía tenerla a su nombre porque estaba en la mira del ente recaudador de su país.
La renuncia pareció un modo de descomprimir la presión sobre la omisión de Caputo, cuyas cuentas aparecieron en los Paradise Papers, una investigación de periodistas de todo el mundo entre los que figuran algunos de La Nación, TN y Perfil, de Buenos Aires.
Según la documentación hallada, Caputo administró, antes de asumir, inversiones en las islas Caimán y Delaware que compraron bonos de la deuda argentina. Ahora negocia nueva deuda externa. Algo escandaloso en cualquier lugar del mundo.
Traspié en Madrid
Los últimos días de febrero fueron pródigos en controversias sobre la cuestión de las inversiones externas: por las de los funcionarios fuera del país y por la escasez de las que el gobierno necesita para la reactivación.
Fue así que estalló en las redes una entrevista pública al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, realizada en Madrid. Puesto a explicar las dificultades para reducir la inflación y atraer inversiones, tropezó con la pregunta de un docente de la Universidad Complutense, argentino de nacimiento: «¿Cómo espera que vayan las inversiones a la Argentina si usted mantiene su patrimonio offshore?», preguntó. Tras un breve titubeo, el ministro dijo que tenía todo declarado y que «los funcionarios tienen derecho a decidir que su dinero esté depositado en el exterior».
Dujovne fue a España para intentar seducir a inversores en un escenario complejo en el que el gobierno apuesta todo a un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. A pesar de que se les dio casi todo lo que pidieron las empresas europeas, los agricultores de Francia, Irlanda y Polonia no quieren liberar el mercado a la producción sudamericana.
Para colmo, ahora la Unión Industrial Argentina también pone condiciones. Y junto con sus pares de los otros países del Mercosur, planta bandera contra un acuerdo de libre comercio. El déficit comercial alarma cada vez más. A esta altura, la promesa aspiracional de «volver al mundo» se muestra como un eslogan vacío. De hecho, pese a todos los gestos y acciones de buena voluntad del gobierno argentino con Donald Trump, los limones y el biodiésel argentinos siguen sin poder entrar al mercado estadounidense.
Revista Acción, primera quincena de Marzo de 2018
por Alberto López Girondo | Feb 28, 2018 | Sin categoría
Considerar al aborto como delito es algo muy reciente en la historia de la civilización occidental. Antiguamente, recuerdan los estudiosos del tema, no estaba prohibido que una mujer interrumpiera el embarazo. Más bien, no era una práctica tan común como la de eliminar directamente al recién nacido o abandonarlo a la buena de los dioses si por alguna razón no era bienvenido.
Curiosamente, sin embargo, había penalidades si como resultado de alguna disputa una mujer perdía el embarazo. En el código de Hammurabi, el antecedente más antiguo de un corpus legal ordenado (data de hace unos 3750 años) se establece que ¨si un hombre golpea a una hija de hombre y le causa la pérdida de un fruto de sus entrañas, pagará 10 siclos de plata¨.
La Biblia tiene la mención más explícita sobre el aborto, según los entendidos, en el Éxodo capítulo 21, versículo 22. ¨Si en una riña los contendientes golpean a una mujer encinta, y la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida, se les impondrá la multa que el marido de la mujer exija y que en justicia le corresponda¨. Los versículos que le siguen, 23 y 24, son la base para todo tipo de punitivismo: ¨Si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización: vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie¨.
Aristóteles, por hablar de un filósofo de la Grecia antigua, que no tenía empacho en decir las cosas, escribió en la Política: ¨En cuanto a la exposición o crianza de los hijos, ha de haber una ley para que ninguna cosa manca o monstruosa se haya de criar; pero por tener uno muchos hijos no los ha de matar si la ley del pueblo lo prohíbe, aunque también se ha de poner término en el número de los hijos, y si alguno rebasara esta tasa, se ha de procurar echarlos del vientre antes que tengan vida ni sentido¨. (Libro VII, capítulo IV).
Es a partir del humanismo cristiano que aquellas formas de control de la natalidad más extremas comenzaron a ser vistas como expresiones de barbarie. Y como colofón, también se inició el debate sobre el momento en que comienza la vida, lo que llevó a que el aborto fuera considerándose como una falta de índole moral o contra el designio de Dioa. Pero recién en 1869 el papa Pio IX reprobó el aborto desde el momento de la concepción, en Apostolicae Sedis (Acta Pío IX, V, 55-72).
A partir de entonces, la presión de la iglesia fue creciente y todos los países cristianos plantearon algún tipo de legislación que penalizara el aborto. Al mismo tiempo, a medida que fueron extendiéndose ideas más liberales el aborto fue siendo regulado de un modo más amplio.
La Revolución Rusa, bajo el impulso de su líder, Vladimir Lenin, es considerado el primer país en legalizar el aborto, en 1920. Una disposición oficial, decretada antes de que se creara oficialmente al Unión Soviética, reconoció el derecho de la mujer a detener un embarazo no deseado.
Poco a poco esta normativa fue ejemplo para otros países no comunistas, pero Suecia debió esperar hasta 1938 para contar con una ley que permitía la interrupción del embarazo aunque con ciertas restricciones que desaparecieron por completo en 1975.Las naciones bajo la infulencia soviética, como Alemania oriental, Hungría, Checoslovaquia y Rumania fueron reconociendo ese derecho. Sin embargo, sobre todo en Polonia y Hungría, fueron restrigiendo esa prerrogativa tras la caída de la Unión Soviética, en 1991.
En Estados Unidos fue la Asociación Médica Profesional la que dio impulso a la legalización al retirar el aborto de listado de malas prácticas, en 1967. Esta línea de pensamiento llevó a un fallo de la Corte Suprema de 1973 con la llamada sentencia Doe vs Bolton, una suerte de corolario del caso Roe vs Wade. El argumento de los magistrados es que ¨el derecho a la privacidad personal incluye la decisión de abortar¨, y establece que debe hacerse antes de los primeros 90 días sobre la base de estadísticas que señalan ese plazo como el menos peligroso para la mujer.
En Inglaterra, el aborto es legal desde 1968 mientras que en Francia, y a instancias de la ministro de Sanidad Simona Veil, el aborto hasta las primeras 10 semanas está permitido desde 1975. Ese plazo fue extendido a 12 semanas y sin autorización de los padres en el caso de una menor, desde el año 2000. También China se sumó a esa despenalización, en 1975, mientras que Holanda legalizó el aborto en 1981, y se realiza en clínicas especializadas y en forma gratuita hasta las 23 semanas de la concepción.
En España, que recuperó la democracia a la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975, mantuvo las leyes del catolicismo ultramontano de ese régimen, que duró 39 años. Una normativa que prohibía la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia y que había barrido con las leyes de aborto de la República (1931- 1939) fue reformulada en 1985 para permitirlo en casos de violación, riesgo para la salud de la madre o malformaciones.
En 2010, durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó una ley que en su Título II, artículos 13 y 14, despenalización el aborto inducido durante las primeras 14 semanas del embarazo, sin intervención de terceros en su decisión. El triunfo del Partido Popular, en 2011, implicó un retroceso en tal sentido, pero los dados ya estaban lanzados. Así, en intento del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de volver a la ley de 1985 quedó trunco por el rechazo de amplios sectores de la dirigencia política y sobre todo por una masiva marcha en setiembre de 2014 que convenció al gobierno de que ese era un tema ya saldado para la sociedad.
En América Latina los gobiernos conservadores y también algunos progresistas, son reacios a cambiar las reglamentaciones vigentes, en restrictivas en diferentes grados. Es el caso de Rafael Correa, en Ecuador, de formación católica, que se declaró contrario a una ley del aborto.
Lo mismo ocurrió en Argentina con los gobiernos peronistas.
En Brasil, el lobby mediático evangelista logró instalar en la campaña presidencial de 2014 que Dilma Rousseff iba a dictar una ley sobre el tema. Lo que motivó que la candidata del PT saliera a rechazar esa idea, aunque entre la dirigencia de ese partido muchos son proclives a la legalización.
Uruguay, en 2012, con el gobierno de José Mujica; Chile en 2017, bajo el mandato de Michelle Bachelet; y la Bolivia de Evo Morales son la excepción. No hay una posición común en las leyes de esos países, pero para saber el impacto que tuvo el debate baste decir que en los tres casos sectores más conservadores estuvieron al tope de las protestas contra la reforma.
Siguiendo el hilo, habría que decir que Irlanda, una nación católica en las islas británicas, ira a un referéndum a fines de mayo para decidir cambios en la actual ley de aborto, que solo permite legalmente la interrupción del embarazo si corre peligro la salud de la madre.
Tiempo Argentino, 28 de Febrero de 2018
por Alberto López Girondo | Feb 24, 2018 | Sin categoría
Podría decirse que la batalla por la sucesión presidencial en Brasil comenzó en mayo del año pasado, cuando Lula da Silva declaró por primera vez frente al juez Sergio Moro, en una causa por corrupción. Tras el golpe institucional contra Dilma Rousseff y las medidas neoliberales de Michel Temer, no hay encuesta que no dé ganador al expresidente en primera vuelta. Ante la falta de candidato potable del establishment, la única salida para impedir el regreso del «populismo» sería a través de una decisión judicial que impida la postulación del exdirigente metalúrgico.
Hasta que, desde el entorno presidencial, sacaron una carta inesperada debajo de la manga que puede cambiar el escenario de aquí a octubre. Con la justificación del combate al crimen organizado, Temer ordenó la militarización de Río de Janeiro y su vocero, Alexander Parola, envalentonado con el impacto en la población ¨que vive inmersa en un clima de temor por su inseguridad¨ y por el apoyo legislativo que logró articular un mandatario que hasta hace poco tenía un 95% de rechazo, se animó a adelantar que podría postularse para ser elegido.
Aunque Temer descartó el viernes ser candidato, se elogió a sí mismo y calificó como «una jugada maestra» la intervención militar. Temer incluso fue más allá y reveló que entre sus asesores se evaluó una intervención total en el gobierno de Río de Janeiro, es decir, reemplazar incluso al gobernador Luiz Fernando Pezao: «En un primer momento se pensó en una intervención total, pero alejé esa idea. Sería una cosa muy radical y la rechacé. Concluimos apenas en intervenir en la seguridad pública».
El envío de Fuerzas Armadas a la segunda ciudad más poblada de ese país tiene un doble sentido. Por un lado, allí viene prendiendo el discurso ultraderechista de Jair Bolsonaro, un exmilitar que reivindica la dictadura y reivindica regularmente a los expertos en tortura del régimen.
Pero también es una forma de adelantar que no piensa quedarse de brazos cruzados ante la caravana que Lula comenzará el próximo martes por los estados de Río Grande do Sul, Santa Catarina y Parana. Y que seguramente implicará un respaldo masivo frente a las decisiones que deberá asumir la Corte Federal que lleva adelante su caso. Si a algo tiene miedo la derecha es a la gente en las calles.
Desde el fin de semana pasado, unos 3200 soldados recorren las favelas Vila Kennedy, Vila Aliança y Corea, en el oeste de Río de Janeiro, tres de los sitios donde se registran más hechos de violencia.
Al mismo tiempo que se ponía en marcha la ocupación militar, el gobierno anunció que retiraba el proyecto de ley previsional. Parte de la ardua negociación para que el Congreso le autorizara a la intervención fue dejar de lado la polémica reforma del sistema jubilatorio, un tema que en un año electoral resulta «piantavotos». En otro gesto para la tribuna, Temer anuló el viernes la designación de la diputada Cristiane Brasil como ministra de Trabajo para no involucrarse en una batalla judicial con el Tribunal Supremo (Corte Suprema), que impidió la asunción de la legisladora condenada por infringir normas laborales. El nombramiento de Brasil desató de inmediato una fuerte polémica, pues la diputada había sido procesada en 2016 por haber tenido dos choferes a su servicio sin contratos formales ni las garantías laborales de ley, por lo que había sido condenada a indemnizar a uno de ellos. Cualquier semejanza con su par argentino, Jorge Triaca, no es casualidad. En medio de la polémica, también surgieron sospechas de que la diputada, en la campaña que la llevó a obtener su escaño, en 2014, habría incurrido en diversas irregularidades de naturaleza electoral, y también una investigación por supuesta asociación al narcotráfico. Según investigaciones de la Fiscalía, está sospechada de haber pagado a narcotraficantes que dominan favelas de Río de Janeiro para que facilitaran sus actividades proselitistas en esas zonas, durante la misma campaña electoral.
Pero el recurso de saturar calles y favelas de uniformes tiene sus bemoles. Los estados de San Pablo, Minas Gerais y Espíritu Santo, fronterizos con Río de Janeiro, mostraron su preocupación y anunciaron que tomarán medidas ante el previsible éxodo de marginales, perseguidos en la excapital brasileña.
«No creo que la migración sea de un criminal saliendo de Río con su mochila, pero es posible que haya una migración de las modalidades criminales como el robo de cargas», declaró el secretario de Seguridad de Espíritu Santo al diario Folha de Sao Paulo.
Los militares tampoco están tranquilos con la función que ahora les encomendaron. Hay que decir que no es la primera vez que los sacan de los cuarteles para vigilar calles. Ya había ocurrido en tiempos de Dilma, para el Mundial de 2014, y también las Olimpiadas de 2016 tras su destitución. Y que los resultados no fueron los deseados lo prueba este regreso sorpresivo.
En ese marco, Temer defendió que los militares puedan participar directamente de tiroteos contra grupos criminales, ya que cuentan con poder de policía. «Si tiene que tirar, si el militar es víctima de un bandido, claro que va a tirar. La idea es darles apoyo a las policías, pero si tienen que entrar en un enfrentamiento lo harán», dijo.
Otra prueba, tal vez, de que ahora los tiempos son otros y el futuro puede ser impredecible, sin embargo, es que el comandante del Ejército, el general Eduardo Villas Boas sugirió ante distintos medios de comunicación la necesidad de garantías para los efectivos que participen de las operaciones y de sus jefes. Dijo, con todas las letras, que deben tener la tranquilidad de actuar «sin riesgo de que aparezca una nueva Comisión de la Verdad». Lo que para los críticos implica que en los planes oficiales no descartan la violación de Derechos Humanos.
Lula: «Un pedacito de célula»
«La palabra huir no forma parte de mi vocabulario», dijo Lula cuando desde un estrado judicial le habían retirado el pasaporte como medida precautoria. A las pocas semanas otro juez, más sensato, se lo devolvió con un argumento incontrastable: «Sólo con una gran imaginación» se podría pensar que el fundador del Partido de los Trabajadores podía escaparse cuando ya es el candidato para las elecciones de octubre.
«Están lidiando con un ser humano diferente. Porque yo no soy yo, soy la encarnación de un pedacito de célula de cada uno de ustedes», detalló ante una multitud que se había congregado en el predio de Expominas, en Belo Horizonte, este jueves.
Viejo zorro de la política y uno de los líderes más importantes del país en toda su historia, señaló con precisión el porqué de la persecución de que es objeto: «El problema no es Lula, son los millones de Lulas» y prometió volver «para garantizarle a este pueblo el derecho de vivir mejor». Luego agregó que sea cual sea el fallo judicial en su contra, «lo que sé es que no respeto esa decisión, porque de lo contrario, cuando mi nieta crezca no me respetará».
Tiempo Argentino, 24 de Febrero de 2018
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