Gustavo Bebianno Rocha nació en Río de Janeiro hace 54 años. Cinturón negro de jiu-jitsu, regenteó durante cuatro años un gimnasio en Miami donde entrenaba en ese tradicional arte de defensa japonés. De regreso a Brasil, terminó los estudios que había dejado en suspenso para recibirse de abogado en la Pontificia Universidad Católica de Rio de Janeiro y desde 2014 buscó la forma de acercarse al círculo íntimo del ex capitán del Ejército y diputado Jair Bolsonaro. Llegó a ser su jefe de campaña para la presidencia en 2017 y secretario general de la Presidencia de Brasil, o sea el brazo derecho del mandatario, hasta hace algunas horas. Fue expulsado tras varias denuncias por corrupción en el manejo de fondos del Partido Social Liberal (PSL).
Sus enfrentamientos con los hijos de Bolsonaro fueron muy ostensibles en el poco tiempo que lleva el gobierno ultraderechista en el Palacio del Planalto. Pero la gota que derramó el vaso es la sospecha de que Bebianno era informante de la red O Globo y fue quien acercó datos acerca de un escándalo que involucra a Flavio Bolsonaro y a su chofer en un caso de desviación de fondos.
Bebianno se sentía amenazado desde hace unos diez días y, conocedor de las técnicas de defensa niponas, pretendió aplicar algún tipo de estrangulamiento cuando dijo que si él caía, también caería Bolsonaro. Ya tenía en su haber varias denuncias por aprietes, aunque sobre personajes secundarios en esta trama y en el marco de disputas internas dentro de la alianza que llevó al poder a Bolsonaro. «Perdí la razón, estaba con al sangre caliente» se disculpó luego de llamar «maricones» a militantes por no apoyar sus posiciones políticas.
Las denuncias contra el hijo del presidente, que golpean directamente en un gobierno que basó su campaña en el combate de la corrupción y puso como ministro de Justicia al juez que condenó al expresidente Lula da Silva, no es un dato menor. Y más cuando apenas habían pasado 20 días de la asunción al cargo.
El caso es que la acusación contra el chofer de Flavio tiene similitudes con la gran causa que atraviesa a la dirigencia del país: Lava Jato. Y es, también, por la financiación de las actividades políticas de manera irregular.
Bebianno fue clave en el armado de una estrategia para que Bolsonaro tuviera un sello electoral a nivel federal que le permitiera competir contra los partidos tradicionales, el PMDB, el PSDB y el PT. El experto en artes marciales primero llegó a la cima dentro del PSL, un partido menor dentro del espectro brasileño, y una vez frente a frente con Bolsonaro, se puso a disposición para lo que hiciera falta.
Para llegar hasta el ex capitán, usó los contactos de su suegro, coronel del ejército. Y luego de los hijos de Bolsonaro, Flavio y Carlos.
Después del triunfo electoral, en el que fueron claves los 65 grupos de Whatsapp creados por Rómulo Bittencourt desde Pernambuco para difundir noticias falsas, Bebianno aspiraba a ser ministro de Justicia del nuevo gobierno. La designación del mediático juez Sergio Moro fue un trago amargo. El consuelo de la Secretaría, que tiene rango ministerial y en teoría le da mayor preeminencia sobre el resto del gabinete, no logró calmarlo.
Las intrigas comenzaron desde ese día y la filtración de las «irregularidades» de Flavio Bolsonaro generaron preocupación. Más aún cuando el presidente debía ser internado nuevamente por secuelas de la cuchillada que recibió durante un acto de campaña. La sospecha sobre Bebianno encontró razones en la «calentura» con que respondió.
Si bien el nuevo mandatario brasileño es un personaje muy extravagante y en general la política de ese país entró en el descrédito luego de la destitución de Dilma Rousseff, que un ministro tan cercano amenace al presidente con arrastrarlo en su caída era inadmisible.
No hubo un «pedido de renuncia», como acostumbra la elegancia política, sino que el propio mandatario dijo en un video que lo exoneraba, aunque no olvidó agradecerle sus servicios y desearle lo mejor para el futuro.
Bebianno, a su turno, dijo que le había perdido la confianza a » Jair y tengo vergüenza de haberle creído”. además, declaró que «Bolsonaro está loco, es un peligro para Brasil». Habrá que ver con qué otra cosa se lanza en las próximas horas.
A 44 años de su muerte, el dictador Francisco Franco será protagonista de las elecciones convocadas por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para el 28 de abril.
El para nada sorprendente rechazo parlamentario al presupuesto para el año 2019 forzó el adelantamiento de los comicios. Sánchez, que había llegado a La Moncloa en junio pasado tras una maniobra conjunta con los partidos de izquierda–Podemos-IU y los nacionalistas vascos y catalanes, tenía una debilidad de origen. No sólo llegó luego de un voto de confianza adverso contra el premier del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, sino que ni siquiera era diputado al momento de la designación.
La alianza circunstancial era una manera de darle un giro a la economía del país, sometido a ajustes perpetuos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Pero en el medio “pasaron cosas”.
Como que la caída de Rajoy precipitó la crisis interna en el PP de la cual emergió como líder Pablo Casado, de la generación nacida en los ’80. Además, fue creciendo otra variante de derecha como el partido Ciudadanos, que conduce Albert Rivera. Y finalmente, apareció un partido ultraderechista como Vox, clave para destronar al PSOE de Andalucía luego de cuatro décadas en el poder.
Pasó, también, que el mismo día que se debían votar los presupuestos -un acuerdo con Podemos-IU que va en sentido contrario a las políticas neoliberales que se bajan desde Bruselas- comenzaba el juicio en Madrid contra 12 dirigentes acusados por el referéndum y la efímera declaración de República Independiente de Catalunya de octubre de 2017.
El jefe de Estado había planteado la figura de un intermediario –al que denominó “relator”- para un diálogo con el presidente de la Generalitat, Joaquim Torrá. Para VOX, Ciudadanos y el PP, no hay negociación posible con los secesionistas, solo la intervención, como la que había ensayado Rajoy, y cárcel de por vida a los insurrectos. Francisco Franco se había ensañado especialmente con esa región desde 1939. Cataluña fue uno de los pilares de la República Española, aplastada a sangre y fuego por el dictador, ayudado por el nazismo.
Vox participa en el juicio contra los independentistas como parte de una figura que se llama Acusación Popular. «Vox está aquí como la voz, el clamor del pueblo español, para que esta gente aprenda que no se puede hacer un golpe de Estado», dijo uno de sus militantes. “El 28 de abril la España Viva reconquistará su futuro”, se entusiasma Santiago Abascal, el fundador de esa agrupación política.
Sánchez, en tanto, está decidido a apurar la decisión de retirar el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos, en las afueras de Madrid. Una forma tardía de reconquistar al votante de centroizquierda que fue la base del PSOE desde la recuperación de la democracia. Ni bien le puso fecha al comicio, exigió a la familia del dictador que busquen un lugar donde depositar los restos.
“A los muertos hay que dejarlos en su sitio”, arenga Vox. «El Valle no se toca», dice a su turno otro acérrimo defensor de Franco, Luis Alfonso de Borbón, bisnieto de Franco por parte de madre y de Alfonso XIII, el rey destronado por la República, por parte de padre.
Bolivia, Perú y Chile recordaron esta semana, cada cual a su modo, el 140º aniversario de un episodio que condujo al estallido de la Guerra del Pacífico, un conflicto que alteró el mapa sudamericano y aún tensiona las relaciones entre estos países.
Bolivia perdió su mar el 14 de febrero de 1879, cuando las tropas chilenas ocuparon el puerto de Antofagasta, cabecera de una región rica en minerales. La ocupación abrió luego un conflicto bélico que culminó en 1884 con la derrota de los aliados peruano-bolivianos, que fueron obligados a cederle 185 mil km² de territorio al enemigo, lo que convirtió a Chile en una potencia minera.
Antofagasta, que ahora es la capital de la minería chilena, celebró el aniversario de la ocupación con un festival musical. «Son 140 años y coincidió con el Día de los Enamorados, una fecha importante para celebrar», dijo la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. Bolivia, en cambio, suele recordar la fecha, con tristeza y a lo sumo con actos de desagravio.
La guerra no sólo forma parte de la historia. Marca también el presente y el futuro de los antiguos enemigos. Las batallas se libran ahora en la Corte de La Haya. El 1 de octubre pasado dictaminó que Chile no tenía obligación de negociar un acceso soberano al Pacífico para Bolivia, lo que significó un revés para el presidente Evo Morales, aun cuando en 2014, la misma Corte falló a favor de Perú contra Chile, entregándole 20 mil km² de mar. Bolivia quien aseguró que seguirá peleando por una salida al mar.
La guerra fue resultado de pugnas por el salitre del Desierto de Atacama, muy cotizado como fertilizante agrícola y materia prima para la pólvora. Intereses de empresas privadas y la diplomacia británica, escasamente interesada en promover la paz, jugaron su papel.
El impuesto de 10 centavos por quintal de salitre que impuso Bolivia en 1878 a la minera chilena de Antofagasta fue el detonante. Como la minera se negó a pagar, Bolivia confiscó sus bienes. El día que los iba a subastar, la escuadra chilena ocupó Antofagasta. Santiago adujo que recuperaba un territorio al que había renunciado antes… Perú se ofreció a mediar, pero terminó envuelto en esta guerra que dejó unos 23.000 muertos, pues tenía desde 1873 un tratado de alianza militar con Bolivia.
«Nos metimos en una guerra para la cual no estábamos para nada preparados», recuerda el historiador peruano Fernando Ayllón, director del Museo del Congreso de Perú. Las primeras batallas se libraron en el mar entre Perú y Chile. Bolivia no tenía marina ni buques de guerra, aunque poseía 400 km de costa. Chile consiguió en seis meses el dominio del mar y luego invadió el sur de Perú: ganó varias batallas y tomó posesión del salitre peruano, asfixiando a sus enemigos, militar y financieramente.
En junio de 1880, los chilenos capturaron el puerto de Arica, último bastión aliado en el sur de Perú. Los bolivianos se replegaron a La Paz para proteger su ciudad. Los peruanos quedaron solos ante el avance invasor, que ocupó Lima en enero de 1881.
La ocupación duró tres años. Remanentes peruanos hostigaban a los chilenos en la sierra usando tácticas guerrilleras, hasta que en 1883 un nuevo gobierno de Lima firmó la paz. Perú, que quedó sumido en una de las peores crisis de su historia: debió ceder Arica y la región de Tarapacá, rica en minerales. Ganar territorio en el campo de batalla era usual en esos días: EE UU lo hizo con México en 1846-1848 y Alemania con Francia en 1870-1871.
Bolivia y Chile firmaron en 1884 un «Pacto de Tregua» que puso fin a la guerra y en 1904 un «Tratado de Paz y Amistad» que dio a Santiago el «dominio absoluto y perpetuo» de Antofagasta, sellando el enclaustramiento consumado en 1879.
La gira de Alberto Fernández por Europa resultó exitosa en lo formal. Recibió el espaldarazo de tres líderes de peso en los organismos internacionales: la alemana Ángela Merkel, el francés Emmanuel Macron y el español Pedro Sánchez. Al mismo tiempo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió con el papa Francisco y con la responsable del FMI, la búlgara Kristalina Georgieva. Jorge Bergoglio insistió en un discurso que enarbola desde que fue ungido obispo de Roma: «Las personas empobrecidas en países muy endeudados soportan cargas impositivas abrumadoras y recortes en los servicios sociales, a medida que sus Gobiernos pagan deudas contraídas insensible e insosteniblemente. De hecho, la deuda pública puede constituirse en un factor que daña y perjudica el tejido social». En forma simultánea, Fernández obtuvo un mensaje, que sus voceros difundieron como favorable, del presidente Donald Trump. Fue cuando el designado embajador en Washington, Jorge Argüello, le presentó las cartas credenciales. «Dígale al presidente Fernández que puede contar con este presidente», dijo Trump. Los más desconfiados se preguntan cuál sería el precio para que ese apoyo se traduzca en una quita o una refinanciación de la deuda con el FMI, donde EE.UU. tiene la acción de oro, y con los privados, que tienen bonos bajo el paraguas de las leyes estadounidenses, que siempre jugaron en contra de los intereses argentinos. Fue bastante claro que Trump usó el poder determinante de Washington dentro del FMI para forzar la aprobación de créditos por casi el 66% de la cartera de la entidad para beneficiar a un gobierno como el de Mauricio Macri, que fue un sólido apoyo político para el embate contra el Gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos tiene el 16% de los votos del Fondo, pero cualquier decisión de la entidad necesita el 85% de votos-cuota. El argumento de Fernández fue, desde su campaña, que los créditos a Macri se aprobaron sin respetar el estatuto del FMI, que impide entregar dinero que podría ser utilizado para la fuga de divisas, y sin pasar por el Congreso Argentino, que debe aprobar el endeudamiento externo. El fracaso de la política económica del macrismo arrastró a Macri, pero está calando en el propio FMI. Con un dejo de astucia, Christine Lagarde se había ido de Nueva York a Fránkfurt, sede del banco Central Europeo, en septiembre pasado. Ahora fue el turno de su número 2, David Lipton, el otro gran responsable de haber aprobado el acuerdo por 57.000 millones de dólares. El problema de la deuda, principal factor que preocupa al Gobierno, es un campo minado. El resultado de la negociación que llevó a cabo la provincia de Buenos Aires fue un buen test de lo que le espera al ministro de Economía, Martín Guzmán. Axel Kicillof tensó la cuerda al máximo intentando posponer un pago de 250 millones de dólares, pero finalmente –al borde de un default y luego de haber colocado 9.300 millones de pesos en letras del Tesoro provincial para solventar parte de ese pago de 15.000 millones– cumplió con el compromiso.
Camino bloqueado El caso generó críticas y brulotes desde la oposición, que repentinamente olvidó que la brutal deuda externa y los acuerdos con el FMI se hicieron durante el anterior gobierno. Kicillof argumentó que había ido hasta el final con el aval de Nación y que se encontró con una estrategia de asedio de un fondo de inversión, Fidelity, que logró bloquear un acuerdo para el que la provincia tenía un 50% de aceptación entre los acreedores, pero necesitaba del 75%. Para Kicillof, la actitud de Fidelity, un fondo al que se negó a calificar de buitre o agresivo, podría inscribirse en una movida que apunta a la negociación que Economía lleva adelante con el FMI y los bonistas de la Nación. Alberto Fernández no tuvo casi tiempo para celebrar su segundo mes al frente del Poder Ejecutivo cuando a poco de bajar del avión que lo traía de vuelta de su gira por Europa debió salir a enfrentar un clima de debate interno dentro del Frente de Todos que la oposición buscaba desde el día en que Cristina Fernández anunció la fórmula para enfrentar al macrismo. El jaleo en los días previos al 10 de febrero tuvo que ver con los dirigentes y exfuncionarios presos durante la gestión de Mauricio Macri. Para el presidente, hay presos detenidos arbitrariamente, pero esta definición causa escozor entre quienes buscan la libertad y una reivindicación, entre otros, de la dirigente jujeña Milagro Sala, del exvicepresidente Amado Boudou y del exministro de Obras Públicas Julio de Vido. Hasta la referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, fustigó esa definición: «Me duele que quieran minimizar la situación de los detenidos por razones políticas. Es algo triste», dijo. Los que recibieron los ataques más furiosos fueron el canciller, Felipe Solá, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por plantear esa misma postura. Pero los palos, obviamente, no eran para ellos, y así lo entendió Fernández. «Me molesta que digan que tengo presos políticos», se quejó el mandatario en una entrevista radial. «Hay que decirles a los compañeros que no seamos tontos, que no caigamos en este debate porque quieren hacernos pelear y dividirnos. Todos saben lo que hizo la Justicia. El primero que lo sabe es Alberto Fernández». La que le dio más sustancia quizás al contenido de este debate fue la abogada Graciana Peñafort, defensora de Boudou como lo fue de Héctor Timerman, y actual directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación. Luego de señalar en un hilo de tuits que para ella se trata en todos los casos de presos políticos, argumenta que Fernández es «el único que no puede intervenir en este tema», porque si sostiene esa postura, quizás debería amnistiarlos, que es algo que ninguno de los detenidos quiere. «Quieren un juicio justo donde puedan demostrar que son inocentes», aseguró.
Revista Acción, segunda quincena de Febrero de 2019
Ilhan Omar dio que hablar desde que resultó electa como representante por una agrupación de Minnesota aliada del Partido Demócrata. Primera musulmana, y además de origen somalí, en ocupar una banca en la legislatura estadounidense, su figura tomó mayor relevancia desde que en noviembre pasado, junto con otro grupo de mujeres combativas, entre las que destaca Alexandria Ocasio-Cortez, de origen puertorriqueño, llegaron al Capitolio.
Eliot Abrams, designado por Donald Trump como enviado especial para coordinar las acciones tendientes a sacar del poder al gobierno de Nicolás Maduro, tiene un pasado oscuro que no es precisamente una carta de presentación para defender la democracia en la región.
Eso le recordó Omar, de 37 años, a Abrams, de 71, en una comparecencia en la que el diplomático reclamaba a los diputados que reconocieran al autoproclamado Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela.
«El 8 de febrero de 1982 usted testificó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre la política de EEUU con El Salvador -avanza Omar- En esa audiencia usted descartó como «propaganda comunista» el informe sobre la masacre de El Mozote n el que mas de 800 civiles, entre ellos niños de dos años, fueron brutalmente asesinados por tropas entrenadas en EEUU. «, continuó Omar.
Ese hecho catalogado como genocidio fue perpetrado por el batallón Atlácatl, que obedecía a la dictadura salvadoreña en el contexto del apoyo del gobierno de Ronald Reagan a los Contra en la Nicaragua sandinista. Entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981 realizaron un operativo en la aldeas de El Mozote, La Joya y Los Toriles, en el departamento de Morazán, donde cometieron todo tipo de atrocidades como describió la congresista ante la mirada algo socarrona de Abrams.
Valer la pena transcribir lo mñás sustancial del cruce:
-Usted dijo que en El Salvador se consiguió un «logro extraordinario». ¿Si o no, sigue pensando eso?
-Desde el día en que el presidente (José Napoleón) Duarte fue electo en una elección libre (marzo de 1984) hasta hoy El Salvador ha sido una democracia. Ese es un logro extraordinario-, respondió enfáticamente Abrams.
El ahora enviado por Trump para Venezuela fue condenado como partícipe del escándalo Irán-Contras por haber ocultado información al Congreso. Indultado por George Bush, aprovechó su expertise para trabajar en la mesa chica que organizó el fallido golpe contra Hugo Chávez en 2002 y la invasión a Irak, en 2003.
Omar nació justamente cuando estos hechos ocurrían en América Central, en 1982, en Mogadiscio, Somalia, en un hogar de clase media en la que era la menor de siete hermanos. Su padre es somalí, su madre era yemenita y murió cuando ella tenía 5 años. La familia, víctima también de la guerra civil que comenzó en 1991 -y de la que el gobierno de Bill Clinton no fue ajeno- terminó en un campo de refugiados en Kenia y en 1995 emigraron a Estados Unidos.
Desde ese lugar es que la joven, que mantiene la cabeza cubierta con un pañuelo, a la usanza musulmana, para mayor tirria de los puristas institucionales, prosiguió su interrogatorio.
-¿Si o no piensa que esa masacre fue un logro extraordinario que sucedió bajo nuestra tutela?
A esta altura, Abrams ostensiblemente molesto, dijo que no iba a responder una pregunta «ridícula» y argumentó que eran «ataques personales».
Era esperable que Omar quería plantear el caso de la República Bolivariana en ese contexto histórico. Por eso su posterior pregunta fue derecho al grano.
-¿Si o no usted apoyaría una facción armada en Venezuela que cometa crímenes de guerra, contra al humanidad o genocidio si creyera que están sirviendo a los intereses de EEUU, tal como hizo en Guatemala, El Salvador y Nicaragua?
Abrams insistió en que no era una pregunta real y que no la contestaría.
-Si bajo sus funciones hay un genocidio y usted mira en otra dirección porque los intereses de EEUU están comprometidos es una pregunta legítima-, culminó la legisladora.
La sesión fue bastante áspera y no fueron pocos los manifestantes como los del grupo denominado Código Rosa, contrarios al guerrerismo estadounidense, que protestaron contra Abrams.
Al mismo tiempo, los ataques contra Ilhan Omar no se hicieron esperar, montados sobre una declaración de hace algunas semanas cuando dijo que hay políticos en ese país que son pagados para apoyar las posiciones favorables a Israel .
El domingo respondió a un tuit que le preguntaba quién creía que pagaba a esos dirigentes con un lacónico «AIPAC», que es un grupo de presión proisraelí.
La polvareda llegó hasta la Casa Blanca y Donald Trump no perdió ocasión de exigir que Omar sea expulsada del congreso por lo que consideró «mensajes antisemitas». Ante los ribetes que estaba tomando el caso Nancy Pelosi, la jefa de la bancada demócrata, se sumó a la inquietud de muchos de sus correligionarios y exigió a Omar que se retractara.
Omar tomó en cuenta el tirón de orejas, y en un comunicado se mostró agradecida a los colegas que le enseñaron «la dolorosa historia del lenguaje antisemita».
«Mi intención no era ofender a mis administrados o a los judíos estadounidenses. Siempre tenemos que estar dispuestos a dar marcha atrás y reflexionar a partir de las críticas, como espero que la gente me escuche cuando otros me atacan por mi identidad», se disculpó.
España entra en zona crítica estos días. Por un lado, se inició el juicio contra una docena de líderes independentistas por la declaración republicana de hace un poco más de un año. Atado a este juicio en términos políticos, el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, necesita aprobar el presupuesto para 2019 y de no contar con el apoyo de la izquierda y los partidos nacionalistas, tendrá que llamar a elecciones anticipadas. Mientras tanto, los catalanes están indignandos porque aprovechando este clima de tensiones cruzadas un tribunal absolvió a 40 funcionarios de la Caixa Catalunya acusados de que en medio de la crisis de la entidad bancaria que la llevó a ser estatizada en 2011, se aumentaron los sueldos de un modo escandaloso.
El tema más visible será sin dudas el del juicio que se desarrolla en la Sala de Audiencias de Madrid a 12 dirigentes catalanes. Se supone que el proceso judicial, a televisión abierta, podrá durar unos tres meses. El principal protagonista de aquel intento de secesión -y efímera declaración de Republica- es Carles Puigdemont, que fue presidente de la Generalitat y permanece exiliado en Bélgica para no terminar preso. Siu vicepresidente, Oriol Junqueras, podría terminar preso por un cuarto de siglo. El resto de los imputados tienen pedidos de cárcel por entre 7 y 17 años.
Entre los que se sientan en el banquillo de los acusados figuran la ex presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, algunos ministros regionales de aquel gobierno que luego fue intervenido por Mariano Rajoy, y los líderes de asociaciones independentistas como ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Las carátulas de sus causas son rebelión y malversación de fondos públicos. Todo por haber convocado a un referéndum considerado ilegal por Madrid y reprimido ferozmente, el 1 de octubre de 2017. Y por pretendido poner en vigencia lo que había sido aprobado, 26 días más tarde.
Las imágenes de policías apaleando ciudadanos que querían votar recorrieron el mundo esa vez y son un baldón para el sistema político hispano, que alardea de ser una de las 20 democracias plenas que hay en el mundo, según un informe de la revista neoliberal británica The Economist muy publicitado en la televisión estatal de España (TVE) por estos días. Este martes otra vez hubo represion en las calles de BArcelona cuando comenzaron a transmitir escenas del juicio.
Una treintena de eurodiputados que se nuclean en la Plataforma de Diálogo UE-Cataluña denunció que lo que se inició en Madrid fue en realidad un «juicio político» del que debiera tomar en cuenta el continente. «Este proceso es una vergüenza no sólo para el Estado español, sino también para la UE», dijo en Estrasburgo (la sede del Parlamento Europeo, en el este de Francia) la eurodiputada italiana Eleonora Forenza.
Para esa organización, formada a fines de 2017, «los catalanes tiene el derecho legítimo de decidir democráticamente su propio futuro político» y reclaman «diálogo y la negociación» para solucionar el entuerto, que se fue potenciando en los últimos seis años ante la intransigencia del gobierno conservador de Rajoy y de la corona de los Borbones, que saben que detrás de la declaratoria de independencia, como lo muestra la historia de esa nación, siempre viene la de constituir una república de iguales y abandonar la monarquía.
Otro que salió a reclamar diálogo pero mostró su respaldo al independentismo fue el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, quien calificó de «injusto» el juicio que se inició en el Tribunal Supremo en Madrid. «Este juicio (…) se desarrolla en un marco procesal que no es el que el Barça había pedido, un marco político».
Este proceso se desarrolla siguiendo una práctica muy particular del sistema judicial español, como destaca la agencia francesa AFP. Porque en el proceso intervienen tres acusadores diferentes:
–La fiscalía, compuesta de magistrados propuestos por el gobierno y que aparecen como independientes del poder político.
–Los abogados del Estado.
–La acusación popular, una figura bajo la que cualquier ciudadano u organización puede intervenir en el juicio. En este caso esa representación la tiene el partido ultraderechista Vox. seguramente el más acérrimo enemigo de la independencia catalana y que el domingo organizó una marcha en Madrid junto con los otros partidos de la derecha, como el PP y Ciudadanos, para pedir elecciones anticipadas.
Es que los conservadores no digirieron aún la arremetida de mayo pasado entre el PSOE y la alianza de izquierda de Podemos con nacionalistas vascos y catalanes para forzar un voto de confianza que terminó por dar como resultado la salida del poder de Rajoy. Fue en ese contexto que Sánchez llegó a La Moncloa el 2 de junio, como quien dice, «por la ventana», ya que ni siquiera era diputado.
Ahora, en coincidencia con el inicio de las audiencias contra los independentistas, el gobierno del PSOE salió a defender en el Congreso su proyecto de presupuesto para el año 2019. Más allá del contenido de la normativa, lo que está en juego es con cuánto apoyo cuenta el oficialismo para conseguir la aprobación y mantenerse en el Ejecutivo.
Para llegar al gobierno necesitó de la izquierda y de vascos y catalanes. Quizás la premura en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela tenga que ver con que necesita amigarse con los sectores más conservadores del espectro político español, que no son pocos. De todas maneras, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tuvo que asegurar que «el gobierno no va a ceder a ningún chantaje por parte de nadie». Sánchez no descartó llamar a comicios en abril.
El poder real, en tanto, se manifestó en la audiencia de Barcelona donde el ex presidente de la Caixa Catalunya, Narcís Serra, el exdirector general de ese banco, Adolf Todó, y otros 38 directivos de esa entidad fueron absueltos de culpa y cargo.
Habían sido denunciados en 2010 por haber, «en un contexto de notable reducción de los beneficios -destaca la acusación- incrementado el salario de varios de los principales responsables». El caso más llamativo fue el de Todó, que entró a la Caixa con un salario fijo de 600 mil euros y un 35% más en función de resultados obtenidos y logró subir en 1,5% el fijo y hasta 50% el premio. Los quebrantos de la institución fueron en ese período de unos 720 millones de euros. La Caixa fue intervenida el 30 de septiembre de 2011 por el Estado a través del Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB) y terminó absorbida por el BBVA.
Los jueces que absolvieron a los directivos reconocen que la institución estaba en crisis y que aumentarse el sueldo en esas condiciones hace un poco de ruido, pero el dictamen dice que «el Tribunal no aprecia comportamiento delictivo ni en la decisión misma ni el proceso que lleva a la misma” y jura que no hay «elementos que permitan tipificar los acuerdos perseguidos como delito».
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