Si creyó que el golpe de timón hacia el neoliberalismo que puso en marcha tras la destitución de Dilma Rousseff alcanzaba para evitar la prisión, evidentemente Michel Temer hizo un mal cálculo. En la mañana de este jueves, un grupo de tareas de la policía federal irrumpió en su vivienda paulista y se lo llevó detenido por orden del juez Marcelo Bretas, bautizado por los medios como el «Sergio Moro carioca».
«Es una barbaridad», le dijo a un periodista cercano, Kennedy Alencar, cuando se lo llevaban detenido. Pero en el entorno del hombre que reemplazó a Rousseff mediante el golpe institucional de agosto de 2016 susurraron que desde hace semanas se la veía venir.
Junto con el ex presidente de facto fueron apresados también su ex ministro de Minas y Energía, Wellington Moreira Franco, y el ex jefe de la Casa Civil (Jefatura de Gabinete) Eliseu Padilha. Los tres aparecen administrando un sistema de obtención de fondos no demasiado limpios y quedaron inmersos en una serie de acusaciones en el marco de la Operación Lava Jato, que ya dejó entre rejas a otro expresidente, Lula da Silva, y elevó condenas contra cerca de 130 dirigentes y empresarios por un total de unos 1900 años de prisión.
El PMDB, (Partido del Movimiento Democrático Brasileño) acompañó al PT de Lula y Dilma en una alianza desde 2002 hasta que decidió traicionar los acuerdos. Acaba de emitir un comunicado en que dijo que «lamenta la postura de la Justicia en contra de la marcha de una investigación en la que se ha demostrado que no hay irregularidad por parte del ex presidente de la República, Michel Temer y del ex ministro Moreira Franco. El MDB espera que la justicia restablezca las libertades individuales, la presunción de inocencia, el derecho al contradictorio y el derecho de defensa «.
No es la misma interpretación de los derechos civiles que sostuvo ante la detención del ex dirigente metalúrgico, preso en Curitiba desde hace casi un año sin sentencia firme, una maniobra pergeñada por el juez Moro que impidió la postulación a la presidencia y abrió las puertas del Planalto al ultraderechista Jair Bolsonaro. Moro, en premio a esta operación, fue invitado a ocupar el cargo Ministro de Justicia. Y no lo rechazó. El PMDB hizo silencio porque creyó que con Lula fuera de la cancha habría lugar para ellos.
Temer enfrenta diez diferentes acusaciones en la Justicia, que ya estaban sobre el tapete en el plazo que estuvo al frente del Poder Ejecutivo, entre el 31 de agosto de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, pero las fue esquivando porque su destitución hubiera implicado un caos aún mayor en la política brasileña. Pero en su caso, hay pruebas contundentes de su participación en delitos, delaciones de implicados y hasta filmaciones.
Según detalla el portal de OGlobo -el mismo medio que fogoneó la destitución de Dilma y la detención de Lula- una de las imputaciones es por una coima de un millón de reales que dice haber pagado la constructora Engevix al ex ministro Moreira y a un amigo de Temer.
Hay un caso de lavado de dinero que se habría registrado con la reforma de un inmueble de la hija del golpista, Maristela, en San Pablo, costeada por la empresa Argeplan. Junto a este incidente figura la investigación por sobreprecios en contratos con esa firma en una obra junto a Concremat. Argeplan también aparece en otras investigaciones ligadas a Temer en obras públicas.
Otro «arrepentido» lo involucra en un contrato ficticio en el puerto de Santos con la empresa Përola. Un directivo de Odebrecht involucra al trío ahora detenido en una coima de 10 millones de reales y dio pruebas sobre la negociación. En esa misma línea tenía una causa abierta por el otorgamiento de los puertos a empresas privadas durante su gestión de forma presuntamente irregular.
Las más documentadas públicamente son, sin dudas, la valija con medio millón de reales que le encontraron a su ex asesor Rodrigo Rocha Loures, debidamente filmado cuando recibía el «aporte» de un ejecutivo del holding J&F en una pizzería.
Temer en persona apareció en una cámara oculta que le hizo el dueño del frigorífico JBS donde reconoce que tuvieron que pagar por el silencio de Eduardo Cunha, que fuera titular de la Cámara baja y que abrió el juicio político contra Dilma Rousseff, pero terminó tras los barrotes porque le encontraron más de un millón y medio de dólares ocultos en una cuenta en Suiza. Recibió una sentencia de 15 años y 4 meses.
El juez Bretas, en tanto, es de fe evangélica, como gran parte del gabinete de Bolsonaro y de integrantes del Congreso brasileño. Asegura que sus creencias religiosas no interfieren para nada con su tarea profesional. Tiene 49 años, es esposo de una jueza federal y permaneció dos años en Washington, según su currículum, estudiando el sistema judicial estadounidense.
Entre sus casos más mediáticos, condenó a 30 años de prisión a Elke Batista, que fuera el empresario más rico de Brasil y uno de los 10 más acaudalados del mundo, por corrupción activa y levado de dinero.
También impuso una pena de 22 años y 8 meses a Sergio Cabral, gobernador de Río de Janeiro por el mismo partido que Temer, a la esposa y a funcionarios de su gobierno, por coimas.Ahora, tomó una delación premiada del empresario Lucio Funaro, homologada el setiembre de 2017 por el ministro Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal. Funaro esstá preso desde 2016 y reconoció haber sido el operador financiero del PMDB en el parlamento Ahora, tomó una delación premiada del empresario Lucio Funaro, homologada el setiembre de 2017 por el ministro Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal. Funaro esstá preso desde 2016 y reconoció haber sido el operador financiero del PMDB en el parlamento.
Un magnate nacido en Ucrania, uno de los hombres más ricos del mundo según Forbes, con varios encontronazos con la justicia en varios países, acusaciones de vinculaciones con la mafia rusa y hasta tener relación con ataques informáticos contra Hillary Clinton en la campaña presidencial estadounidense, se quedó con la cadena de supermercados DIA% tras una junta de accionistas en Madrid.
Mijail Fridman, titular del fondo de inversiones LetterOne, con sede en Luxemburgo, ostenta el 29% del paquete accionario de Distribuidora Internacional de Alimentación, la firma española que desde hace 40 años viene creciendo en varios países del mundo, incluida la Argentina, pero venia tambaleando por deudas que la pusieron al borde del jaque mate.
Fridman había entrado en DIA% en julio de 2017 y a paso de hormiga, pero con un empecinamiento de himenóptero, fue comprando acciones hasta sumar casi la tercera parte. Hace algunas semanas presentó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) por la cual ofreció 67 centavos de euro por cada título a los tenedores. La OPA fue realizada con el asesoramiento de la banca Goldman Sachs, que también tenía una parte de los documentos de control societario.
La dirección de la empresa no consideró en su momento la oferta. Pero la situación de DIA% no era la mejor como para resistir mucho tiempo y este miércoles una escasa concurrencia de accionista aprobó el plan de Fridman.
Con ventas por más de 10.000 millones de euros, tiene deudas por 300 millones de euros y en 2018 acumuló pérdidas por 353 millones. Para colmo, había recibido varias denuncias por sus métodos de comercialización y al forma en que muchos dueños de los locales franquiciados quedaban sometidos a sus prácticas. Pasó en la Argentina, donde fueron acusados de estafa.
Creada en 1979 en Madrid, muy velozmente se extendió por toda la península, Grecia, Turquía, China y cruzó el Atlántico hacia Brasil, Paraguay y Argentina, donde llegó en 1996 y tiene cerca de 850 locales, 590 de ellos, franquiciados.El sistema de venta combina superofertas de productos standard y otros elaborados a façon por terceros pero con la marca DIA.
A su gran crecimiento inicial sobrevinieron tiempos de crisis y fue así que en el año 2000 fue adquirida por la francesa Carrefour, que en 2010 sacó la firma a la bolsa. En 2013 hubo un pase de manos por el que DIA quedó bajo el paraguas de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), que preside José Pedro Pérez-Llorca Rodrigo, ex canciller español, gestor del ingreso de España a la OTAN y en la Unión Europea, en 1982 y considerado uno de los padres de la actual Constitución.
Asedas también tiene como asociada a la conocida cadena Mercadona, que preside Juan Alfonso Roig, heredero de la empresa creada por su padre y ligado a los think tanks neoliberales del Partido Popular. Precisamente a principios de año Mercadona era una de las posibilidades de salvataje para DIA%. Pero Fridman ya tenía un pie adentro y ganó la partida.
Su plan consiste en incrementar el capital de la empresa en 500 millones de euros y renegociar las deudas con los bancos, cosa que está supeditada a la aprobación de las autoridades y de los acreedores.
El fondo de inversiones del ucraniano -mas vale decir que es ruso por decisión propia-, LetterOne, fue fundado en 2013 y se ramificó a telecomunicaciones, tecnología, energía y distribución. Controla la cadena X5 Retail, a la que llaman «la Mercadona rusa» desde el Alfa Group, al que pertenece también el Alfa Bank, el mayor banco privado de Rusia.
La revista Forbes la atribuye a Fridman una fortuna personal de 15.000 millones de dólares, como para estar entre los 100 más ricos del mundo. En 2016 una de sus empresas, VimpelCom quedó en la mira de la justicia de EEUU por haber pagado sobornos al expresidente de Uzbekistán. Arregló el entuerto con una multa de 8550 millones de dólares. Por esos recovecos documentarios, en esa compañía había vinculación con la familia Botin, dueña del Banco Santander, y Lara, propietaria del Grupo Planeta.
El Alfa Bank fue acusado en EEUu de haber tenido participación en los ataques informáticos a los servidores de la entonces candidata demócrata HIllary Clinton, cosa que él nego rotundamente. De todas maneras, el Departamento del Tesoro lo incluyó en el denominado «Informe Kremlin», una lista negra donde el gobierno anotó a personas ligadas al presidente Vladimir Putin sospechosas de formar parte de la mafia rusa.
Fridman, residente en Londres, quiso pujar hace unos meses por las transmisiones de fútbol español sin suerte. Ahora parece que se le dará en la venta al menudeo.
Jair Bolsonaro y Donald Trump establecieron acuerdos en su cumbre en Washington que ya encontraron el rechazo de Venezuela y que, en cualquier momento, recibirán un repudio similar de los productores del campo argentinos. Por parte del gobierno bolivariano, la Cancillería, a cargo de Jorge Arreaza, emitió un comunicado en el que acusa al dúo ultraderechista de hacer «apología de la guerra» en violación a la Carta de las Naciones Unidas.
Desde la Casa Blanca, Trump repitió el mensaje de que «todas las opciones están sobre la mesa» para reemplazar a Nicolás Maduro por el diputado Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino. Bolsonaro invitó a los militares a que le retiren el apoyo al mandatario, al que definió como «un títere de Cuba» y declaró que «el ocaso del socialismo llegó al Hemisferio Occidental y en nuestro país también».
En relación con Argentina, dos puntos del convenio firmado en la capital estadounidense afectan directamente al agronegocio: el gobierno brasileño comprará 750.000 toneladas anuales de trigo estadounidense libres de aranceles y planteó condiciones más ventajosas para la exportación de carne de cerdo de EEUU al socio más grande del Mercosur.
El cambio en el comercio del cereal implicaría pérdidas para los productores locales de unos 300 millones de dólares anuales, en desmedro de los chacareros de Montana y Kansas, que ahora podrán exportar el doble de lo que venían haciendo sin pagar el 10% de arancel externo del Mercosur que protege las ventas nacionales. Los representantes corporativos ya deslizaron que peirán al gobierno que tome cartas en el asunto a nivel diplomático.
En cuanto a los cerdos, se trata de un marco más extendido que incluye la reanudación de ventas de carne bovina brasileña en EEEU, para lo cual el país del norte enviará a técnicos que auditen el sistema de inspección en Brasil. Hace dos años la policía brasileña había detectado que varios frigoríficos maquillaban la carne que vendían en el exterior para ocultar que estaba en malas condiciones. Se llamó «Operación carne podrida» y afecto al mayor faenador del país, el FBS, que estaba implicado en el pago de coimas al entonces presidente de facto Michel Temer.
El compromiso cárnico entre Bolsonaro y Trump habla de «condiciones basadas en la ciencia» tanto para porcinos como para vacunos.
Pero el tema más espinoso para la tranquilidad regional sin dudas es el relacionado con Venezuela. Tanto Trump como Bolsonaro desconocen a Maduro a partir de negar validez a la reelección en 2018 y respaldan al titular del la Asamblea Nacional, el diputado Guaidó.
En la rueda de prensa posterior al encuentro privado con el presidente de EEUU, le preguntaron a Bolsonaro si entre lo que habían hablado con Trump se mencionaba a una intervención militar como la famosa «opción sobre la mesa».
«Hay ciertas cosas que si se divulgan dejan de ser estratégicas, no se puede hacer público eso. Es una cuestión de estrategia y todo lo que se habló aquí será honrado», respondió.
La intención del ex capitán brasileño es sin dudas llevar las cosas al terreno de las armas con tal de terminar con el «monstruo socialista». Pero su vicepresidente, Hamilton Mourao, ya dijo varias veces que esa no es una opción para los camaradas de armas del polémico inquilino del Planalto.
«Ninguna alianza neofascista logrará doblegar la voluntad independiente y soberana del pueblo venezolano, ni tampoco tendrá éxito al pretender sembrar odio y estrategias guerreristas entre los países del continente», sostiene el comunicado de la cancillería bolivariana.
La gira de Jair Bolsonaro por Estados Unidos se corona con un encuentro con el presidente Donald Trump donde sellarán una alianza anti-izquierdista que incluye la instalación de una base militar en el nordeste y la amenaza de establecer vigilancia irrestricta a través de las redes sociales de todos los ciudadanos.
Según se desprende de un acuerdo que negoció el ministro de Justicia, Sergio Moro, con su par estadounidense, las autoridades brasileñas permitirán el acceso a los datos en FaceBook o Whatsapp sin autorización judicial, denuncia el diputado Rogerio Correia, del PT de Minas Geraes.
En cuanto a la base de lanzamiento de cohetes de Alcántara, en el estado de Maranhao, este lunes el presidente firmó el convenio, que deberá ser refrendado por el Congreso, al que los sectores nacionalistas -tanto de izquierda como de derecha- ya le lanzaron las críticas más furiosas.
Sospechan, y razones no les faltan, que si bien esa región es ideal como plataforma de lanzamiento ya que está cercana a la línea del Ecuador, lo que permite economizar combustible o llevar más carga, formaría también parte de un cordón para rodear a Venezuela, el objetivo en común más urgente sobre el que conversarán largamente Trump y Bolsonaro. Esto es, cómo voltear al gobierno de Nicolás Maduro.
Si fuera por Bolsonaro -bautizado por los medios estadounidenses como el «Trump del Trópico»- ya habrían invadido Venezuela. Pero esa medida extrema no cuenta con el aval de los militares, el sostén más fuerte de su gobierno, que cuenta con la vicepresidencia a cargo del general Hamilton Mourao y la mayoría de funcionarios en el gabinete.
Para el ocupante del Planalto, su encuentro con Trump dará comienzo a una «asociación centrada en la libertad y la prosperidad», como escribió en un tuit , su herramienta de comunicación preferida, al igual que la de Trump. En ese mensaje, señaló que «es la primera vez en mucho tiempo que un presidente brasileño que no es anti-americano llega a Washington».Y para que las cuentas queden claras en cuanto a lo que decidirán en el Salón Oval, dijo que «Brasil y EEUU juntos asustan a los defensores del atraso y la tiranía alrededor del mundo».
«Realmente habrá un eje Norte-Sur de las dos economías más grandes del hemisferio occidental», indició a la prensa un funcionario del gobierno de Trump. Por «hemisferio occidental» definen en el Departamento de Estado al continente americano, lo que en lenguaje más claro, es el «patio trasero».Según analistas de Washington, el gobierno de Trump podría llegar a otorgar a Brasil el estatus de aliado preferente fuera de la OTAN, un sitial al que alguna vez aspiró el argentino Carlos Menem y que logró en su momento el presidente colombiano Juan Manuel Santos.
El excapitán del Ejército Brasileño se alojó en Blair House, la residencia para huéspedes frente a la Casa Blanca. «Tenemos mucho en común», dijo en una entrevista con la cadena paraoficialista Fox. «Estoy dispuesto a abrirle mi corazón y hacer lo que sea en beneficio tanto de los brasileños como de los estadounidenses», concluyó.En ese reportaje tuvo que responder sobre las vinculaciones de su familia con los detenidos por el crimen de Marielle Franco. Dijo que no los conocía, a pesar de que uno de ellos es vecino en el barrio privado donde vive, y pretendió defenderse argumentando «¿cuál sería la motivación para mandar a matarla?».
Hasta ahora, lo que más conmocionó a los sectores políticos brasileños que todavía mantienen el deseo de soberanía es la visita a la sede de la CIA en Langley, Virginia. Allí, su hijo Eduardo posteó que sería una buena ocasión para conversar sobre asuntos internacionales con expertos del mayor nivel. la caratuló como «una de las agencias de inteligencia más respetadas del mundo».
Parece ignorar la implicancia de la CIA en el derrocamiento de gobiernos en la región, incluso en el de Joao Goulart en 1964 en Brasil. Y también la denuncia de que otra agencia estadounidense, la NSA, había espiado a la expresidenta Dilma Rousseff, lo que motivó que en 2013 desistiera de un encuentro con Barack Obama en la Casa Blanca.La delegación brasileña que recorrió los cuarteles centrales de «la compañía» incluyó al ministro Moro, un hombre que según cables filtrados por WikiLeaks, fue entrenado por la CIA en temas judiciales de lavado de dinero y narcotráfico. Los mismos temas que trataron en las reuniones mantenidas este lunes. Moro fue clave para sacar de la cancha a Lula da Silva, ya que lo procesó en un cuestionable juicio por corrupción y lo envió a prisión a pesar de que no hay sentencia firme.
Otro hombre clave en el esquema de gobierno de Bolsonaro es Paulo Guedes, adalid del neoliberalismo, quien viajó también para promocionar su programa de gestión que incluye privatizaciones -como las iniciadas con aeropuertos- y recortes al presupuesto público.
Entre las medidas que están en marcha figura una reforma previsional, resistida por amplios sectores de la sociedad y que necesita los dos tercios del Congreso para se aprobada. Desde la capital estadounidense, Guedes declaró que hasta la llegada del ex militar al Planalto, «nadie tenía los huevos de controlar el gasto público, pero nosotros tenemos al tipo que tiene los huevos».
La ligazón entre los Bolsonaro con los sospechosos por el asesinato de Marielle Franco y Anderson Gomes complica a la familia presidencial en el magnicidio de la concejal carioca y el conductor del auto en que viajaba.
Ronnie Lessa, el acusado de haber disparado con una subametralladora alemana HK MP5 calibre 9 milímetros, vivía en una lujosa residencia de un barrio privado de Barra de Tijuca, a menos de 300 metros de la vivienda que ocupaba Jair Bolsonaro hasta que asumió la presidencia. Tanto Lessa como Elcio Vieira de Queiroz, el otro detenido, tienen fotos con el actual mandatario. Son ex policías y se los conoce por sus posiciones anti-izquierdistas y misóginas. Bolsonaro se desligó del caso: «Mucha gente se sacó fotos conmigo.»
El comisario Giniton Lages, a cargo de una pesquisa que llevó un año menos dos días hasta lograr detenciones, dijo que aún no saben quién ordenó el crimen. Pero confirmó que la hija de Lessa salió con uno de los hijos de Bolsonaro, Jair Renán, de 20 años.
También indicó que en casa de un amigo de Lessa encontraron 117 fusiles incompletos. La primera información es que se trata de M-16, el arma de largo alcance más utilizada por las FFAA de Estados Unidos. Para las autoridades, es la mayor incautación de fusiles en la historia de Río de Janeiro.
La captura de los dos ex policías plantea la incidencia de las milicias paramilitares en la violencia que padecen los sectores más pobres de Brasil.
Marielle fue una luchadora en favor de los derechos de los negros, las mujeres y la comunidad LGBT, pero también contra la intervención de las fuerzas policiales en las favelas. El día que la mataron volvía de coordinar un debate sobre estos temas en la favela de Maré, donde había nacido 38 años antes.
La línea de responsables llegaría, según los sabuesos, hasta Adriano Magalhães de Nóbrega, un ex capitán del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), la tropa de élite de la policía militar de Río de Janeiro, exonerado porque como changa, protegía a capitalistas del popular -e ilegal- juego de bicho.
Raimunda Veras Magalhães, la madre de Nóbrega, y Danielle Mendonça da Costa da Nóbrega, la esposa, trabajaban en el despacho de Flávio Bolsonaro, diputado estadual y ahora senador por Río. En noviembre quedaron en la calle luego de que O Globo publicara que Nóbrega podría tener algo que ver con el asesinato.
El ex capitán permanece prófugo. Se lo considera jefe del grupo parapolicial Escritorio del Crimen y es amigo de Fabrício Queiroz, ex chofer del Flávio, quien está investigado por operaciones sospechosas por más de 300 mil dólares que no tiene como justificar. Se lo cree testaferro de los Bolsonaro. Fue el primer gran escándalo en que golpeó a Jair Bolsonaro.
¿Cómo terminará este caso? Todos reclaman saber quién esta detrás del doble asesinato. Pero ya no estará el comisario Lages al frente de la investigación. Al otro día de las detenciones su jefe, Wilson Witzel, informó que iba a asistir en Italia a un curso de lucha contra las mafias y el crimen organizado. Dijo que era un ascenso.
Un viejo chiste decía que cuando Brasil fuera grande quería ser Estados Unidos. Lo viene probando desde antes de la Segunda Guerra Mundial –fue el único país latinoamericano en mandar tropas a combatir contra el nazismo– y este martes, Jair Bolsonaro va a dar otra señal en un encuentro reservado con Donald Trump en el que delinearán acciones para consolidar la alianza ultraconservadora que ambos lideran. En cuanto a políticas más duraderas para las dos naciones, el brasileño firmará, entre otras cosas, un acuerdo para que la base de Alcántara, en el estado de Maranhao, sea utilizada para el lanzamiento de cohetes estadounidenses. Una base militar que atenta contra la soberanía nacional, según los críticos.
En esa misma línea directriz, el senador Flávio Bolsonaro apuró un proyecto de ley que legaliza la portación de armas en el país, la versión brasileña de la Segunda Enmienda estadounidense. Además, flexibiliza las condiciones para instalar fábricas de armas y municiones en el país y permite la actividad de empresas privadas. Desde 1934 sólo las Fuerzas Armadas pueden producir armamento.
El detalle es que un día antes, Luiz Henrique de Castro, de 25 años, y Guilherme Taucci Monteiro, de 17 años, ingresaron al colegio Raúl Brasil de la localidad de Suzano, en los alrededores de San Pablo, mataron a cinco alumnos, una profesora y un empleado y se suicidaron. Uno de los asesinos solía postear fotos del actual mandatario brasileño. Desde el gobierno, desvincularon el caso del impulso armamentista de Bolsonaro.
Casi en la puerta del avión que lo llevará a Washington, el presidente consideró que sería un paso «muy importante» instalar la base de EE UU en el nordeste, porque «podríamos estar lanzando satélites de todo el mundo». El anuncio había alertado a las FF AA, que ostentan la abrumadora mayoría de despachos en el Gabinete. Ya en enero pasado, un uniformado que pidió mantenerse en el anonimato, había deslizado el malestar del Ejército con la oferta de Bolsonaro. «Es el caso del niño débil que espera que lo salve un amigo fuerte», susurró ante la prensa.
«Desde el gobierno de Lula intentamos ese acuerdo, pero no tuvimos éxito, mucho más por una cuestión ideológica que por una cuestión técnica», agregó el mandatario. El plan venía de la época de Fernando Henrique Cardoso en el Planalto, pero aquel Congreso rechazó la posibilidad de ceder territorio para una base extranjera.
La sintonía que busca el excapitán –expulsado del Ejército hace tres décadas pero con el apoyo de las FF AA para llegar a la presidencia– levanta cuestionamientos en la oposición. Pero también en el ámbito de la diplomacia.
El canciller Ernesto Araújo es el blanco de las mayores censuras. Hasta O Globo, que fue clave para defenestrar a los gobiernos del PT, rechaza el «trumpismo» que ahora impera en la jefatura de Itamaraty.
Rubens Ricupero, exdiplomático y teórico de las relaciones internacionales, observa con preocupación la nueva política que despliega Araújo, confeso admirador de Trump y de EE UU, una potencia que, recuerda Ricupero, «es un amo insaciable e intratable que exige adhesión total y sin reservas». Fue embajador de José Sarney en Washington, sabe de lo que habla. Por eso lamenta que se pierda una tradición de 200 años en la política exterior brasileña que, recuerda, tuvo una línea política inmutable a pesar de los distintos gobiernos.
«¿Qué amenazas sufrimos ahora para una acción que sólo se contempla como preliminar de una guerra o un grave peligro?», se pregunta. «Qué consecuencias traería a la seguridad de nuestra población el eventual uso de la base para atacar a otra nación», advierte.
Si hacía falta algún testimonio para graficar de qué modo el armamentismo se consolida en este momento del Brasil, baste con las palabras del senador Sergio Olimpio Gomes, del oficialista Partido Social Liberal. «Si hubiera habido un ciudadano con un arma regular en la escuela (de Suzano) se podría haber minimizado el tamaño de la tragedia», dijo en una reunión de la Comisión de Constitución, Justicia y Ciudadanía de la Cámara Alta.
El «trumpismo» no lo podría haber dicho mejor.
Avanza la ola privatizadora
El grupo español Aena, el suizo Zurich y el brasileño Aeroeste se repartieron 12 aeropuertos brasileños, en la primera tanda de privatizaciones del gobierno de Jair Bolsonaro con la que espera demostrar que la políticas neoliberales de su ministro Paulo Guedes no eran solo especulaciones de campaña. . Las concesiones tienen plazos de 30 años, las ofertas, que entusiasmaron al presidente, sumaron unos 620 millones de dólares, diez veces más de lo que pronosticaban los analistas. La otra gran apuesta del hombre doctorado en Chicago está en marcha en el Congreso, aunque resulta más trabajosa su aprobación. «La reforma de las jubilaciones es el primer y mayor desafío que debemos enfrentar. Si lo logramos en dos o tres meses, tendremos diez años de crecimiento sostenido por delante», dijo Guedes cuando asumió el cargo. Lula da Silva, desde su celda de Curitiba, envió un mensaje que resume el momento: «La campaña por la liberación debe estar vinculada a dos cuestiones, la reforma previsional y la soberanía.»
Comentarios recientes