Más allá del compungido audio de Whatsapp del canciller Jorge Faurie al presidente Mauricio Macri anunciando la firma de un acuerdo entre el Mercosur y la UE, la realidad indica que la efectivización del pacto comercial está aún muy verde, si es que alguna vez se logran poner de acuerdo a los parlamentos de los 28 países europeos y los cinco sudamericanos. Pero lo que sale a la luz, además de que se desconocen los pormenores de lo que se propone, es que las primeras voces en hacerse oír son las de beneficiados y perjudicados por las negociaciones. Y como en un espejo, la industria y el campo de cada costa del Atlántico celebran y protestan según como creen que les irá en la feria.
Así, mientras en América del Sur, los sectores del trabajo y la industria despliegan toda la artillería discursiva en contra de un convenio que, avizoran, dejará un tendal de trabajadores y sectores productores completos en la calle, en Europa los fabricantes de automóviles alemanes se restriegan las manos sopesando las futuras ganancias.
Por lo pronto, el secretario general de la la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA), Erik Jonnaert, señaló que «bajo las condiciones adecuadas hay un potencial real de crecimiento para la industria automovilística de la Unión Europea, dada la dimensión del mercado de Mercosur, tanto en términos de PIB como de población».
La UE exportó el año pasado 73.000 vehículos hacia la región pero el dato que toman en cuenta para este festejo es que el Mercosur importó en total 234.000 automóviles. Y ese mercado resulta seductor, además de que esperan incrementar sus ventas luego de la eliminación de aranceles que implica el acuerdo.
A los cuestionamientos de industriales argentinos, sobre todo pymes, se le sumaron las críticas de sectores de la producción del Brasil. Es un acuerdo que «no trae ganancias para la industria brasileña del acero, que enfrenta una ociosidad de 34% de la capacidad instalada debido a la crisis económica en el país y al exceso de oferta mundial», según un comunicado del Instituto Acero Brasil (IAB).
La institución puntualiza, además, que con ese convenio la industria brasileña perderá la categoría de «preferencial» dentro del bloque regional y los productos de la UE podrán invadir el mercado local incluso con componentes elaborados fuera del bloque europeo.
Los que están que trinan con el anuncio son los agricultores. En el caso de los franceses, el presidente Emmanuel Macron tuvo que poner un poco de paños fríos tras el anuncio. Es que con un conflicto no resuelto con los «chalecos amarillos», el mandatario no podía exponerse a otro frente de protesta.
Francia fue la nación más reacia a liberar el comercio con el Mercosur, teniendo en cuenta de que es el país europeo que recibe más subsidios para sostener su producción agropecuaria. «No podremos competir con las fábricas de carne latinoamericanas», argumentan. «No puedo decirles que vamos hoy a ratificar el Mercosur. Francia no está por ahora preparada a ratificarlo», trató de calmar Sibeth Ndiaye, portavoz del gobierno.
El principal sindicato agrícola de la UE, COPA-COGECA, tomando en cuenta elementos ecologistas, declaró que el acuerdo agrandará «la brecha entre las normas exigidas a los agricultores europeos» y lo que se tolera de los productores del Mercosur. «El libre comercio está en el origen de todos los problemas ecológicos», abundó el exministro francés de Ecología, Nicolas Hulot.
La Federación Alemana de Agricultores (DBV, por sus siglas en alemán) también salió con los botines de punta contra el pacto comercial por razones medioambientales. «Es inaceptable que la Comisión de la UE firme este acuerdo completamente desequilibrado. Este acuerdo comercial es pura y simplemente un doble rasero», dijo el presidente de los agricultores germanos, Joachim Rukwied.
La DBV alude a que las regulaciones de protección del medio ambiente y del clima, el uso de antibióticos y herbicidas que se exigen a los europeos no son iguales a las que se piden en esta parte del mundo.
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos de España presentó en Bruselas un informe con serios cuestionamientos al acuerdo y se mostraron sorprendidos de que el gobierno de Pedro Sánchez se hubiese enorgullecido de semejante negociación. «No entendemos por qué el Gobierno español ha impulsado el cierre del acuerdo (…) existen muy pocos estudios, pero todos coinciden en que Europa es la que pierde con esto», dijo la U.
La organización hizo referencia a un estudio del Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea que en 2011 alertaba sobre pérdidas para los agricultores europeos de 7.750 millones de euros si se liberaba el ingreso de productos agrarios sudamericanos.
En el imaginario político, parece ser más difícil que Argentina recupere las Malvinas con un gobierno conservador que con uno laborista. Sin embargo, el principal candidato a quedarse con el cargo de primer ministro que dejó vacante Theresa May, Boris Johnson, podría resultar una opción única para cumplir con ese mandato histórico y constitucional. Y no por convicciones estratégicas, precisamente. Sucede que el polémico exalcalde de Londres y luego canciller «tory» es admirador del ídolo del cuarteto cordobés, «El Potro» Rodrigo Bueno.
Extravagante y controversial, Johnson tiene amplio apoyo interno para suceder a May. Es uno de los dos contendientes que pretenden llegar al 10 de Downing Street cuando se realice la particular elección interna en el partido conservador, el 23 de julio. Como los tories ganaron la mayoría de escaños en el comicio de junio de 2017, ante la renuncia de May, imposibilitada de resolver la cuestión del Brexit por el rechazo de la propuesta firmada en Bruselas en el Parlamento, le corresponde al partido oficialista elegir a su reemplazante.
Luego de las primeras internas, quedaron sólo dos contendientes para la gran final del 23J, Johnson y Jeremy Hunt, actual ministro de Exteriores. Un hombre atildado que bien representa la flema británica y hace algunas semanas se escandalizó porque se otorgaba puntos para la Federación Internacional. Protestó porque el certamen no había sido autorizado y además, porque la capital malvinense fue nombrada como Puerto Argentino. Su protesta fue algo así como «es Falkland y es Port Stanley, argies».
Johnson, en este caso, nada dijo. Es un pro-Brexit fervoroso que sostiene la necesidad de cumplir con el referéndum y salirse de la Unión Europea el 31 de octubre con o sin acuerdo. Fue protagonista de varios escándalos cuando ocupó la alcaldía, entre 2008 y 2016 y muchos otros desde la cancillería, hasta que se fue del gobierno en 2018.
Si hay alguien en el Reino Unido que puede emular a Donald Trump, nadie como Alexander Boris de Pfeffel Johnson, que es su nombre bautismal. Incluso en su blonda cabellera al viento podría ser un lejano pariente del empresario estadounidense. Periodista de profesión, e historiador, trabajó para el The Daily Telegraph hasta que ingresó en la política, siempre de la mano de los conservadores.
Ahora que se acerca el momento de jugarse por la primera magistratura, se muestran también sus particularidades. En una entrevista con Talkradio dijo que como hobby hace maquetas de autobuses con viejas cajas de vino de cartón.
El Daily Mail, otro periódico británico, publicó este jueves que en un reportaje con la BBC había llamado «mierdas» a los franceses, aunque esa parte de sus dichos no fue emitida por recomendación de la cancillería para no crear rispideces con el gobierno galo. La semana pasada se supo que había protagonizado una pelea a los gritos con su novia Carry Sysmonds que terminó cuando llegó la policía.
Al The Times, el decano de la imprenta inglesa, fundado en 1785, Johnson le dijo que es incapaz de cantar o tocar cualquier instrumento, pero que le gusta la música de la banda irlandesa U2.
Sorprendentemente, también dijo que admira a Rodrigo Bueno. El periodista aclara que se trata de «un famoso cantante de cuarteto argentino». No mencionó si baila cuarteto.
Finalmente, la sangre no llegó al río y tras el encuentro clave de esta cumbre del G20 en Osaka, se anunció que Estados Unidos no impondrá nuevos aranceles a productos chinos, aunque tampoco quitará los existentes, y que ambas potencias reanudarán conversaciones para dirimir las controversias comerciales de la manera más civilizada posible, «sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo».
Donald Trump y Xi Jinping mantuvieron un encuentro, el más esperado de este G20, que duró 80 minutos y que fue considerado como excelente por el presidente estadounidense. «Estamos de nuevo en el camino», dijo Trump.
Horas antes de que el presidente estadounidense Trump y Xi se vieran las caras en un encuentro bilateral, el departamento de Agricultura de EE UU confirmó que China compró 544 mil toneladas de soja por valor de casi 200 millones de dólares. El dato fue tomado como un gesto de buena voluntad de las autoridades asiáticas en medio de la guerra comercial desatada por Washington en mayo de 2028 con la imposición de aranceles a productos chinos en busca de reducir el déficit comercial y que mantiene en vilo a la economía mundial.
La reunión, que en la práctica fue la continuación de la que en noviembre pasado ambos líderes mantuvieron en Buenos Aires y que terminó con una tregua de tres meses a las hostilidades, fue variando de una alta beligerancia en el segundo trimestre del año, en el marco de las sanciones de la Casa Blanca a la empresa china Huawei y las presiones para sacar de competencia a la firma china en los países occidentales.
Tras la tregua porteña, Trump ordenó en mayo elevar los aranceles del 10% al 25% sobre los productos de China, aumentando gabelas por alrededor de $ 200 mil millones. Beijing no se quedó atrás y tres días después subió derechos aduaneros a $ 60 mil millones en productos estadounidenses.
Pero a medida que se acercaba la cumbre de Japón entre los líderes de los 20 países más desarrollados del mundo (donde se incluye a Argentina pero se deja en el lugar de «Invitado Permanente» a España) el mismo Trump fue aminorando sus planteos, sin dejar de mostrar las uñas.
En una entrevista con la cadena Fox, su favorita dentro de EE UU, Trump dijo que veía posible que las dos potencias llegaran a un acuerdo y se mostró abierto a hablar de todos los temas pendientes. Sin embargo, no se privó de amenazar con que si las cosas no se encaminaban como pretendía, estaba listo para imponer aranceles adicionales a casi todos los productos aún no sujetos a cargas aduaneras.
En este contexto, este viernes Wall Street cerró en alza porque descontaban una tregua. Otra novedad entre los inversores –que va a contrapelo de lo que propugna Trump– es que la firma Apple informó ese mismo día que trasladará la producción de su modelo Mac Pro de su planta de Texas a una en Shangai perteneciente a la taiwanesa Quanta Computer.
El enfrentamiento preocupa a todas las potencias y también a los organismos financieros. Christine Lagarde, la titular del FMI, sostiene que la primera tanda de aranceles estadounidense y la respuesta impositiva paralela de China habrían reducido el PBI mundial en un 0,5% para el 2020. Ni qué decir lo que implicaría una vuelta de tuerca mayor en un futuro cercano.
Para el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurria, si no le ponen un punto final a la controversia, «eso sería muy, muy destructivo» y el impacto letal se extendería sobre prácticamente todas las economías del mundo».
Los demás mandatarios presentes también hicieron lo suyo por aquietar las aguas. Lo mismo hizo el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, quien coincidió en que la tensión entre las dos mayores economías del planeta están contribuyendo a la desaceleración de la economía mundial.
Antes de juntarse con Xi, Trump había tuiteado una interesante invitación a Kim Jong. Escribió que luego del encuentro con Xi «me iré de Japón hacia Corea del Sur (con el presidente Moon). Mientras esté allí, si el presidente Kim de Corea del Norte ve esto, me reuniría con él en la frontera desmilitarizada sólo para estrechar su mano y decirle ¡Hola (?)!».
AMLO ausente
El único jefe de Estado que no acudió a la cita del G20 en Osaka fue el mexicano Andrés Manuel López Obrador. En una carta, el presidente azteca pidió disculpas alegando que «en México hay retos urgentes que reclaman mi atención». Entre ellos, citó al fenómeno de la migración, que precisamente lo puso en el centro del debate con Donald Trump, que amenazó con represalias si no frenaban la ola que atraviesa el río Bravo . «
(Foto: AFP)
Europa se mete en el conflicto con Irán
La embestida de Trump contra Irán, iniciada con la ruptura unilateral del acuerdo nuclear 5+1 en mayo de 2018 y acelerada en las últimas semanas con el incremento de sanciones y los incidentes en el estrecho de Ormuz, nunca recibió el acompañamiento de los socios de aquel acuerdo firmado en 2015.
Así lo demostraron en la cumbre realizada en Viena entre representantes diplomáticos del país persa con enviados de Francia, el Reino Unido, China, Rusia y Alemania, esta última nación, la única que no integra el Consejo de Seguridad de la ONU ni tiene armamento nuclear, pero sí intereses estratégicos en resolver la crisis con Teherán.
«Hubo algunos progresos, fue un paso adelante, pero no es suficiente», dijo el vicecanciller iraní, Abas Araghchi, al término del encuentro en la sede del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), encargado de controlar que Irán cumpla con lo acordado. En mayo pasado, Teherán advirtió que dejaría de cumplir el acuerdo si no se alivian realmente las sanciones que habían sido impuestas desde 2010 y que, tras la firma del acuerdo durante la administración Obama, habían comenzado a relajarse. Pero ante este nuevo escenario, el gobierno de Hasan Rohani anunció que comenzará a superar el volumen máximo previsto de sus reservas de 300 kg de uranio enriquecido al 3,67 por ciento. Y que desde el 7 de julio pasará ese tope de enriquecimiento.
Irán exige que se le permita seguir exportando petróleo sin restricciones, lo que permitiría al país salir del estrangulamiento económico al que se ve sometido por las sanciones de EE UU. Por un lado, China dijo que continuará comprando crudo. «No acatamos la política denominada ‘cero’ (importación de petróleo iraní)», indicó Fu Cong, director de control de armas del Ministerio de Relaciones Exteriores chino. Al mismo tiempo, Araghchi y su homóloga de la UE, Helga Schimd, indicaron que el mecanismo europeo para eludir las sanciones estadounidenses, Instex, ya estaba «operativo». Es un instrumento financiero que permite comerciar al margen del dólar y dificulta a EE UU bloquear operaciones o sancionar a las instituciones implicadas en el intercambio.
Es cierto que los tiempos de los jueces no son los mismos que los de los ciudadanos de a pie, lo que el fallecido magistrado argentino Carlos Fayt solíka definir, de manera irónica, como «cronoterapia» . Pero las largas que el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil le está dando al pedido de habeas corpus y liberación de Lula da Silva, en el contexto de las filtraciones que comprometen al exjuez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, se parecen más a una muestra de temor que a la necesidad de analizar de un modo calmo qué medida tomar con el exmandatario preso.
Este martes, el TSJ debía decidir sobre un reclamo de la defensa de Lula hecho en diciembre, basado en la parcialidad de Moro revelada en varias consideraciones pero sobre todo en que había aceptado el cargo de ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, lo que demostraría que los fallos contra el extornero mecánico tenían un fuerte contenido político.
El primer anuncio fue que no tomarían el caso porque había que resolver otras cuestiones, según la corte, y a pedido del juez Gilmar Mendes. Sin embargo, con el correr de las horas la información varió.
Fue Mendes quien este mismo martes propuso otorgar libertad provisional a Lula argumentando que se debe dar tiempo para analizar el recurso, lo que podría tardar más de lo previsto debido a los nuevos elementos surgidos a partir de filtraciones que vienen publicando el portal The Intercept y ahora Folha de San Paulo.
Mendes tiene pocas dudas de que los mensajes atribuidos a Moro y el jefe del grupo de fiscales del Lava Jato, Dallagnol, deslizan un manto de sospechas sobre la actuación del entonces juez. Pero entiende que mientras se toma una decisión definitiva sobre la condena, Lula puede estar en libertad.
En un principio el TSJ le había dado al hábeas corpus en el puesto número 17 entre los temas a tratar, de allí la primera versión sobre la acordada de este martes. Pero el clima político no daba para semejante gambeta y los togados se pusieron a debatir el caso mientras en los medios comenzaba la ya habitual ronda de apuestas, sobre cómo votarían los magistrados, el clásico poroteo, según los términos que se utilizan en este lado de la frontera.
De todas maneras, la respuesta no dejó contento a nadie. A los abogados del exdirigente sindical, porque el tema de fondo no fue tratado, y ni siquiera se pudo avanzar en estas nuevas revelaciones que entrañan una gravedad institucional inusitada. Y a kos que no quieren bien a Lula, y sobre todo al oficialismo, porque el tema sigue sin resolución y todo queda en suspenso.
«Ya habíamos presentado incontables pruebas de que el expresidente no tuvo un juicio justo, imparcial, independiente. No cometió ningún delito y tiene derecho a ser juzgado por un magistrado imparcial», dijo uno de sus letrados, Cristiano Zanin Martins. «Nuestra expectativa es que reconozcan que Moro fue parcial», añadió posteriormente.
Siendo juez, Moro declaró a Lula culpable de corrupción y lavado de dinero por la presunta compra de un apartamento triplex en Guarulhos, San Pablo, puesto a su disposición por una de las constructoras involucradas en el escándalo de sobornos de Petrobras.
Ese dictamen fue confirmado por un tribunal de apelaciones y luego por el TSJ. Pero el actual ministro no pudo mostrar pruebas concretas de que Lula fuese el dueño, solo se basó en su «íntima convicción» de que las cosas habían ocurrido como decía el dictamen elevado por Dallagnol.
Las filtraciones de sitio creado por el estadounidense Glenn Greenwald muestran la connivencia entre el magistrado y el fiscal para forzar los hechos, con el único objetivo de encarcelar a Lula y que no pudiera participar en las elecciones del año pasado, cuando era el favorito para ganar incluso en primera vuelta. La frutilla del postre fue que Bolsonaro pudo llegar al Palacio del Planalto gracias a esta argucia y que Moro integra su gabinete en un área tan sensible para las instituciones democráticas como la Justicia.
En concreto, la Sala 2 del TSJ rechazó liberar a Lula y por 3 votos contra 2 pateó para agosto, al finalizar el período de feria, el debate sobre la imparcialidad de Moro presentado en diciembre. Resta aún saber cómo responderán a las nuevas presentaciones en torno de los chatas publicados por la prensa y que ya causaron una conmoción política -una más- en el gobierno de Bolsonaro.
El poroteo quedó así: Mendes y su colega Ricardo Lewandowski votaron por la liberación mientras se debate el tema de fondo. Y Edson Fachin, Celso de Mello y Cármen Lúcia, por la negativa. Lewandowski, considerado un «garantista», declaró que en ese mismo tribunal «innimerables veces y en circunstancias análogas cuando hubo una lesión al derecho fundamental del reo la votación fue favorable al detenido». Y señaló que si el acusado no fuera Lula otra sería la respuesta institucional.
De inmediato tanto Lewandowski como Mendes fueron «atendidos» por el general de reserva Paulo Chagas, un ultraderechista muy influyente en el Ejército brasileño, que se permitió expresar la sospecha de que ambos magistrados son «más cómplices que jueces».
Si bien el anuncio no es novedad, porque el presidente estadounidense viene hablando del «acuerdo del siglo» desde que asumió en la Casa Blanca, la publicación de los pormenores de su plan para la pacificación de Medio Oriente no deja de resultar impactante. En la práctica, es un tipo de acuerdo comercial muy afín a los usos y costumbres del mercado inmobiliario del que provienen Trump y el articulador de esta propuesta, su yerno Jared Kushner. O como dicen los críticos, un intento de comprar la paz con dinero, sin tomar en cuenta reivindicaciones históricas del pueblo palestino. Lo que augura pocas probabilidades de éxito.
En resumidas cuentas, el plan que Kuschner va a poner sobre la mesa esta semana en una ronda a realizarse en Bahréin implica armar un paquete de U$S 50 mil millones para el desarrollo de Palestina y la promesa de inversiones para la interconexión por tierra entre Gaza y Cisjordania, lo que según la carpeta que lleva bajo el brazo el esposo de Ivanka Trump, duplicaría el PBI palestino en una década y derramaría bienestar en la población hoy asediada por la ocupación israelí y sin perspectivas de futuro.
El problema para implementar un acuerdo semejante, pensado con criterio empresarial más que político, es que no queda claro quiénes pondrían el dinero. Y que además, los propios palestinos ya manifestaron que no están de acuerdo. Lo dijo clarito Hanan Ashraui, consejera del presidente palestino Mahmud Abas y miembro del comité ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP). «Primero hay que levantar el bloqueo de Gaza, parar el robo israelí de nuestra tierra, recursos y fondos, devolvernos nuestra libertad de movimiento y el control sobre nuestras fronteras, espacio aéreo, aguas territoriales, etc. Luego verán como construimos una economía vibrante y próspera, como un pueblo libre y soberano».
La otra cuestión es que la conferencia económica a desarrollarse en Manama, capital de Bahréin, sólo atrajo a representantes de Egipto, Jordania, Qatar, Marruecos, Arabia Saudita y Emiratos Árabes.
Por Israel habrá algún que otro empresario, pero ninguna delegación oficial, entre otras razones porque ambos países no tienen relaciones diplomáticas. Por parte de Palestina, el único anotado es Ashraf Jabari, un ciudadano acusado en su comunidad de colaboracionista con los colonos que ocupan tierras en forma ilegal bajo el amparo de las tropas israelíes. La UE, en tanto, enviaría apenas a un diplomático de perfil técnico, como para no quedar aislada de la Casa Blanca, sin comprometerse demasiado.
Kuschner, que viene intentando acercar posiciones desde hace dos años, consideró que se trata de un Plan Marshall para Palestina que elevaría el nivel de vida de los pobladores originarios al nivel de un país desarrollado, con índices de desocupación de un dígito.
«Esto está completamente fuera de secuencia porque el problema israelí-palestino está principalmente impulsado por heridas históricas y reclamos superpuestos a la tierra y el espacio sagrado», dijo Aaron David Miller, un exnegociador de Oriente Medio para Republicanos y Demócratas.
Por si fuera poco, la propuesta se da luego de que en diciembre de 2017 Trump reconociera a Jerusalén como capital de Israel y anunciara el traslado de la embajada. Los tratados de la ONU establecen que Jerusalén es ciudad capital para ambos Estados. Y como recalcó el secretario general de ese organismo, el portugués Antonio Guterres, «no hay ninguna otra alternativa para la paz entre israelíes y palestinos que la solución de dos Estados». Algo que este plan subrepticiamente pretende diluir en un río de dólares. «
La amenaza de una hecatombe universal y otra marcha atrás
Donald Trump volvió a amenazar con la hecatombe universal a Irán y otra vez dio marcha atrás. Tras el incidente por el derribo de un dron con un misil cerca del estrecho de Ormuz, la tensión parecía llegar a su climax este jueves. Teherán indicó una vez más que no tenía intenciones de desatar una guerra pero que tampoco cedería a presiones estadounidenses y señaló que el aparato no tripulado sobrevolaba territorio persa haciendo tareas de espionaje. Washington respondió con una amenaza de atacar con todo el poder de fuego de EE UU. Finalmente a última hora Trump canceló la orden para «evitar males mayores». Dijo luego en una serie de tuits, con aire de perdonavidas: «Estábamos en posición y listos para responder anoche en tres sitios diferentes cuando pregunté cuántos iban a morir». Y «150 personas, señor, fue la respuesta de un general. 10 minutos antes del ataque, lo detuve, era desproporcionado en comparación con derribar un avión no tripulado». Pero luego agregó que la opción militar está sobre la mesa, que no tiene apuro.
El clima prebélico que vienen alentando Trump y sus asesores más aguerridos, como John Bolton, por momentos parece no encontrar su límite. La semana pasada dos petroleros fueron atacados en Ormuz en un hecho que la Casa Blanca atribuyó a Irán, mientras que el gobierno de Hasan Rohani negó de plano.
Ayer, Teherán anunció que había ejecutado a Jalal Haji Zavar, contratista de la organización aeroespacial del Ministerio de Defensa al que se acusó de ser espía de la CIA y del gobierno estadounidense.
En Washington, en tanto, Trump nominó a Mark Esper como secretario de Defensa, en reemplazo de Patricj Shanahan, quien había renunciado un día antes. Como marcan las normas administrativas, Esper deberá contar con el aval de Senado. En esta área, el presidente tiene dificultades para hacer pie, lo que le complica cualquier política en el área militar y que el titular de esa área es el virtual jefe del pentágono. El gobierno estadounidense no cuenta con un ministro de Defensa validado por el cuerpo legislativo desde la dimisión de Jim Mattis en diciembre de 2018, por profundos desacuerdos con Trump.
Una nueva y para nada inocente controversia en el Poder Judicial brasileño podría servir de excusa para trabar la liberación de Lula da Silva en el debate que el Tribuna Supremo de Justicia (TSJ) de ese país mantendrá este martes para tratar un pedido de la defensa del expresidente, detenido desde abril del año pasado en Curitiba. El debate de los magistrados será la continuación del que iniciaron el 11 de junio para analizar el pedido de habeas corpus de los letrados, que consideran que el exdirigente sindical no pudo disponer de todos sus derechos a la defensa y fue víctima de una suerte de persecución del juez Sergio Moro, cuando fue condenado por casos de presunta corrupción en la compra de un departamento tríplex que le atribuyen en Guarulhos y del que no hay pruebas de que le pertenezca.
En el medio, aparecieron las filtraciones publicadas por el portal The Incercept en que se muestra la forma en que el entonces juez, actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, manipuló, junto con el fiscal Deltan Dallagnol, para procesar, detener y proscribir a Lula de la elección presidencial del año pasado.
De allí se tomó la fiscal general de Brasil, Raquel Dodge, para enviar un pronunciamiento al TSJ, oponiéndose a una anulación de la condena a Lula basada en las filtraciones del Lava Jato, alegando que hay «fundada duda jurídica» sobre las informaciones divulgadas por el sitio creado por el periodista estadounidense Glenn Greenwald.
Es cierto que la defensa del exmandatario quiere usar esos elementos para demostrar que el magistrado no debió seguir adelante con el proceso y que por tanto la condena debe ser anulada. También que uno de los togados, el supremo Gilmar Mendes, declaró que el contenido de las filtraciones revelan «un hecho muy grave» que amerita ser investigado. Y también que fue Mendes quien en diciembre habilitó el debate para el pedido de habeas corpus.
Pero los abogados señalaron «al contrario de lo afirmado por la ilustre procuradora general de la República en manifestación protocolada este viernes, el habeas corpus Nº 164.493 en favor del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva el 05/11/2018 y que está en la pauta para tratarse en próximo día 25 no está amparado en los reportajes divulgados por The Intercept«.
Los defensores recuerdan que el reclamo comenzó a ser tratado por la Corte el 4 de diciembre pasado «mucho antes de los reportajes de The Incercept«, aunque aportan pruebas de que Moro «siempre mostró interés en la conducción del proceso y en su desenlace».
Argumentan que el ahora ministro bolsonarista autorizó escuchas «las líneas principales de nuestro despacho para que Lava Jato pudiese acompañar en tiempo real la estrategia de la defensa de Lula; actuó fuera de sus atribuciones legales para impedir el cumplimiento de la orden de liberación emitida por el juez de segunda instancia Rogerio Favreto (en julio pasado) y divulgó actos procesales que estaban bajo secreto para interferir en las elecciones presidenciales de 2018. A esto agregan que la aceptación del cargo de ministro tras declarar que Lula «se debe pudrir en la cárcel» .
Guaidó bajo sospecha
El sitio de noticias Panam Post reveló una supuesta trama de corrupción en Cúcuta, Colombia, protagonizada por enviados del presidente Juan Guaidó, encargados de atender a los militares desertores. El portal, de línea editorial dura antichavista y pro-Guaidó, advierte que dos funcionarios nombrados por el «gobierno encargado» del diputado venezolano «se habrían apropiado del dinero destinado para ese fin». El caso llegó a medios internacionales e impactó severamente en la imagen de la oposición. El propio Guaidó debió reconocer la existencia de, al menos, una irregularidad en ese sentido. Hasta el acérrimo defensor de la oposición, Luis Almagro, secretario General de la OEA, pidió una investigación rápida para aclarar el caso. El gobierno de Nicolás Maduro aprovechó la situación para señalar que «la supuesta ayuda humanitaria fue una fachada para enmascarar un gigantesco tramado de corrupción y degradación ética y moral», según declaró el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
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