El ministro de Justicia brasileño, Sergio Moro, está decidido a sacarse de encima al periodista que publicó los mensajes que revelan las maniobras para condenar sin pruebas y sacar de la carrera presidencial a Lula da Silva. Luego de haberse tomado licencia entre el 15 y el 19 de julio en medio del escándalo por la filtración en el portal The Intercept de sus chat en la red Telegram, el exjuez comenzó una serie de operaciones destinadas a desprestigiar al estadounidense Glenn Greenwald, y hasta a deportarlo bajo alguna acusación ligada el terrorismo o a una supuesta amenaza para la Nación.
La escalada comenzó ni bien Moro regresó de una intempestiva licencia. Primero, el hombre que persiguió y condenó a Lula por presunta corrupción en la causa Lava Jato denunció que habían hackeado su teléfonos celulares, luego se anunció que la Policía Federal había detenido a un par de informáticos a los que acusó de haber filtrado los chats a The Intercept. Finalmente este viernes publicó en el Diario Oficial de la Unión (el Boletín Oficial brasileño) una ordenanza por la cual dispone impedir el ingreso o la deportación sumaria de «personas peligrosas o que hayan practicado actos contrarios a los principios y objetivos dispuestos en la Constitución Federal».
La normativa incluye la repatriación o la cancelación del permiso de estadía a cualquier individuo «peligroso para la seguridad de Brasil». De ese modo califica acciones como terrorismo, asociación criminal armada, tráfico de drogas, personas o armas de fuego, pornografía o explotación sexual infantojuvenil, o barras bravas con historial de violencia en las canchas, entre otros indeseables.
La ofensiva había comenzado unos días antes. El diputado estatal bolsonarista Fernando Francischini pidió la expulsión de Greenwald porque, arguyó, «comete crímenes contra las autoridades del país». Otro legislador, Filipe Barros, reclamó que se le quitara el pasaporte. La congresista Joice Hasselmann fue más dura. «Su hora está llegando», amenazó por Twitter.
Greenwald vive en Río de Janeiro con su pareja, el diputado carioca David Miranda. Premiado con el Pulitzer por la publicación en el británico The Guardian de la denuncia del analista de la CIA, Edward Snowden, acerca del espionaje electrónico global que realizan las agencia estadounidenses, Greenwald fundó The Intercept para facilitar una plataforma donde recibir información sobre acciones que los gobiernos hacen a escondidas de la sociedad.
El caso Lava Jato fue su mayor filtración. Cientos de miles de documentos demuestran el nivel de manipulación para condenar al expresidente brasileño de un modo reñido con un sistema democrático de Moro y del fiscal del caso, Deltan Dallagnol.
Ni bien se conoció la Portaría, como se denomina en portugués, irónicamente la número 666, salieron la palestra quienes percibieron que la orden tenía básicamente un destinatario. «(Moro) quiere que tengamos miedo y que nos preocupemos porque nos están investigando (pero) no tenemos ningún miedo, vamos a continuar publicando porque la Constitución brasileña protege y da garantías a lo que estamos haciendo», dijo Greenwald. Desde EE UU salió en su defensa el Freedom of the Press Foundation, institución creada por Daniel Ellsberg, el exanalista de la Rand Corporation que en 1970 filtró los llamados Papeles del Pentágono, sobre las maniobras de los gobiernos estadounidenses en Vietnam desde 1945 y hasta 1969.
El lunes, el gobierno anunció que habían sido detenidos dos hackers a los que acusó de haber sido los que brindaron la información a Greenwald. El estadounidense negó rotundamente que sus fuentes hayan sido hackers y atribuyó esa información a una operación para desviar la atención. A The Intercept se le sumaron luego Folha de São Paulo y la revista Veja, lo que le da mayor cobertura incluso legal a su trabajo. «
(Foto: AFP)
Lula fue absuelto en otra causa
Poco a poco van cayendo las acusaciones contra Lula da Silva, mientras en todo el mundo crecen los apoyos al expresidente condenado por el actual ministro de Justicia brasileño por su presunta participación en actos de corrupción en la causa Lava Jato.
Esta semana, el juez federal Vallisney de Souza Oliveira, titular del décimo juzgado federal de Brasilia, retiró la acusación de asociación ilícita y lavado de dinero en una investigación por un expediente abierto presuntamente para haber favorecido negocios de la multinacional Odebrecht en Angola a cambio de dinero.
Lula era acusado de asociación ilícita junto con uno de sus sobrinos, Taiguara Rodrigues dos Santos. El estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) otorgó los créditos para financiar las obras públicas en Angola que hizo Odebrecht durante el mandato de Dilma Rousseff.
El magistrado consideró que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para sustentar la acusación contra el exmandatario de lavado de dinero de 20 millones de reales (unos 5,3 millones de dólares).
Lula fue absuelto en julio del año pasado en otro caso en el que se lo acusaba de obstrucción a la Justicia por supuestamente haber querido comprar el silencio del exdirector de Petrobras Néstor Cerveró para evitar que informara sobre la red de corrupción en la petrolera estatal.
Mientras tanto, líderes de partidos progresistas se reunieron en Caracas en el Foro de San Pablo y coincidieron en pedir por la pronta libertad de Lula, a quien consideran un preso político, acusado sin pruebas de delitos que no cometió.
El jefe del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, dijo en un video difundido en el evento que «la prisión de Lula es completamente inaceptable».
Finalmente, Pedro Sánchez se quedó con las ganas de ser investido presidente del Gobierno español y sobrevuela en el país la posibilidad de ir a nuevas elecciones, las cuartas en cuatro años, si no hay arreglo antes del 23 de setiembre. Señal evidente de la crisis política que atraviesa la nación.
Este jueves, el líder del PSOE tenía la oportunidad de ser ungido primer mandatario con sólo obtener la mayoría entre los diputados. A diferencia de la primera votación, el martes, cuando se necesitaba sumar la mitad más uno de la cámara de Diputados, o sea 176, esta vez le alcanzaba con que hubiera tan solo un sí más que los noes.
El fracaso de la negociación para una coalición de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos implicó que la alianza armada en torno a Pablo Iglesias se abstuviera.El resultado final fue 124 votos por Sánchez (123 de PSOE obtenidos en el comicio del 28 de abril) y 1 del Partido Regionalista de Cantabria. Las tres derechas, PP+Ciudadanos+Voz votaron en contra y sumaron 155. Las abstenciones fueron 67. El apoyo de los 42 legisladores de UP hubiera sido suficiente para nominar al joven economista de 47 años, que ocupa el cargo desde junio de 20189, tras el voto de confianza negativo a Mariano Rajoy, esa vez aliado con Podemos.
¿Qué fue lo que falló?
España por primera vez en su historia estaba a las puertas de ingresar en el sistema de coaliciones de gobierno. Hasta ahora, y desde 1978, se había conformado un sistema bipartidario. El que gabana el comicio tenía la cantidad de bancas necesarias como para gobernar el soledad. Ahora hay cinco partidos con fuerza electoral que obliga a coaliciones.
Algo que en Alemania por ejemplo es muy común, esto es, que un grupo de partidos acuerden un programa y se repartan ministerios en torno de ese plan de gestión, no había ocurrido nunca antes en España. En cierto modo, también, con Lula da Silva, el PT había conformado una coalición junto al PMDB y partidos menores. En este caso, siempre el vicepresidente fue del PMDB. Cierto que a la hora de la verdad, la estocada final contra Dilma Rousseff provino de su compañero de fórmula, Michel Temer.
Y quizás este antecedente haya jugado para trabar un acuerdo con UP. La agrupación de Iglesias reclamaba ministerios clave para desarrollar su propia jugada política: Sanidad, Igualdad, Trabajo y Ciencia y Universidades, además de una vicepresidencia. El PSOE había aceptado a última hora entregar Sanidad, Vivienda, Economía Social e Igualdad.
Los últimos debates entre ambos partidos se hicieron a la luz del día y revelaron cada movida como pocas veces se ve en la política. El jueves pasado, Sánchez dijo que no quería cederle la vicepresidencia a Iglesias porque no confiaba en él y porque había diferencias en relación a cómo resolver la situación catalana.
El viernes, Iglesias dijo que en aras de defender la formación de un gobierno de izquierdas daba un paso al costado, aunque mantenía el reclamo de que su agrupación -que incluye a Podemos, Izquierda Unida, En Comú Podem y Galicia En Común- tuviera cargos clave y con competencias en el futuro gabinete. Esto es, que tuvieron un presupuesto que le permitiera hacer políticas públicas y no solamente despachos simbólicos sin ninguna injerencia en el curso de los acontecimientos.
El establishment partidario contra el que lucha internamente Sánchez hace años dejó de ser de izquierda -eso permitió el surgimiento de Podemos, con descontentos del PSOE, al que ven demasiado inclinado a políticas neoliberales- de modo que una coalición con UP abriría un espacio para torcer el rumbo del país hacia políticas de corte socialdemócrata clásicas.
Pero a medida que las diferencias se fueron haciendo públicas, emergieron voces en el PSOE que cuestionaron el reclamo de UP. «Nos han pedido literalmente el gobierno», declaró a la Cadena SER la socialista Carmen Calvo, negociadora por parte de Sánchez. Por el lado de UP el negociador fue el argentino Pablo Echenique. Otro dato es que el asesor político de Iglesias es otro argentino, Pablo Gentili, que también colaboró con el PT en Brasil.
Este nuevo fracaso de la izquierda alienta al llamado «trifachito», integrado por el PP, Ciudadanos y la ultraderecha de Vox.
«Todo ha sido una encarnizada lucha de poder con sus socios de hace 15 años, solo les han importado los cargos y las prebendas de un Gobierno hipertrofiado», definió Pablo Casado, el joven líder del Partido Popular. «El culebrón seguirá este verano porque la banda no se ha puesto de acuerdo en repartirse el botín, en repartirse España», agregó Albert Rivera, fundador de Ciudadanos. «¡Menudo espectáculo ha dado, haciéndoles perder el tiempo, la esperanza y las ganas a todos los ciudadanos! ¡La que nos ha liado su banda!», espetó Santiago Abascal, del neofranquista Vox.
Sánchez ahora tiene hasta el 23 de setiembre para formar gobierno. Si no lo logra, habrá una nueva ronda electoral el 10 de noviembre, con resultado incierto.
La Fiscalía Anticorrupción española pidió la imputación como «persona jurídica» del banco BBVA -el segundo de ese país y cuarto en Argentina, donde hasta hace un mes se presentaba como BBVA Francés- por su presunta implicación en un caso de escuchas ilegales en el marco de una oferta de compra de acciones de la entidad. El caso se inscribe en el marco de un escándalo institucional que ya llevó a la cárcel a un ex comisario de la Policía Judicial que armó una empresa que se encargaba de vigilar y extorsionar a personalidades del mundo económico, judicial y político y que utilizó a la prensa como vehículo para concretar sus objetivos. Cualquier similitud con algún hecho acaecido en Argentina es mera coincidencia.
El ministerio público atribuye a la entidad financiera los delitos de «cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios», según el comunicado del fiscal, presentado ante el juez Juan Manuel Castellón.
El caso se registró desde el 2004, cuando el grupo Sacyr, cuya mayoría accionaria pertenece a la familia Carceller -una de las más ricas de España y con una fortuna en su origen vinculada al franquismo- y que también tuvo acciones en Repsol YPF, había iniciado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil para ingresar al BBVA, una banca cuyos orígenes se remontan a 1857 en Bilbao.
Se denomina «OPA hostil» a una oferta a precio superior al de la bolsa para la compra de la mayoría accionaria de una sociedad, y que se realiza cuando los inversores estiman que el valor bursátil está por debajo del valor de mercado de sus activos.Es hostil porque desafía la voluntad de sus directivos, que en estos casos recomiendan oexigen desistir de la venta para no perder el control de la compañía.
Es lo que ocurrió en este caso. Hasta el 2017 hubo una disputa por el interés de Sacyr en tomar el control de BBVA. Los directivos del banco rechazaban la OPA y según la presentación de la fiscalía, aplicaron todas las medidas lícitas para hacerlo, pero también muchas medidas no tan limpias. Entre ellas, haber contratado a la mercantil CENYT, empresa en la que participaba el ex comisario José Manuel Villarejo, para que hiciera «servicios de inteligencia e investigación de carácter patrimonial e ilícito» destinados a bloquear la transacción.
Villarejo tiene 67 años y fue en su momento el policía estrella de la democracia española. Participó en la lucha contra la ETA y recibió la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco hasta que pasó a la actividad privada en 1983 cuando integraba el equipo de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Madrid . Desde entonces llegó a acumular una fortuna como titular de al menos 46 empresas, entre las que destaca una agencia de detectives y un bufete de abogados.
En 1993, de acuerdo a los registros oficiales, ingresó como agente encubierto de la Secretaría de Estado de Interior. Desde allí trabó relación con jueces y periodistas y a su accionar se debe la revelación de muchos de los escándalos políticos más grandes de España, pero también las mayores operaciones de prensa contra opositores al régimen en lo que se dio en llamar «las cloacas del Estado».Hay que decir que trabajó para ministros de Interior de gobiernos del PSOE tanto como del PP, que en eso nadie hizo distingos.
Cuando cayó en desgracia, en 2017, no dudo en filtrar chanchullos del rey Juan Carlos que finalmente lo desacreditaron de tal forma que se vio obligado a abdicar. El 3 de noviembre de ese año, Villarejo fue detenido tras una denuncia conveniente anónima que resultó ser de un ex agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el servicio de espionaje español.
Durante años, el empresario-expolicía grabó sus conversaciones con dirigentes políticos, autoridades judiciales y empresarios y las usó para chantajearlos. Según una de sus víctimas, la ministra de Justicia del actual gobierno, Dolores Delgado, acumuló el equivalente a «tres meses de emisiones de radio ininterrumpidas».
El BBVA, al decir de la fiscalía, habría contratado a Villarejo para espiar a inversores, periodistas y dirigentes políticos con la intención de impedir que Sacyr cumpliera su propósito de quedarse con el banco. Lo que fue logrado, aunque entre otras razones porque la propia Sacyr fue afectada por la crisis económica y tuvo que renegociar su propia deuda.
En enero, BBVA abrió una investigación interna y aseguró que «no se ha encontrado ninguna documentación que refleje el seguimiento e intervención de comunicaciones privadas». Pero el escándalo fue creciendo y a principios de julio nueve directivos del banco resultaron imputados por los delitos de «cohecho activo y revelación de secretos» .
Francisco González -presidente de la entidad entre 2000 y 2018, tras la fusión del Banco Bilbao Vizcaya con Argentaria, la caja estatal privatizada en 1996, que dio lugar al actual BBVA- tuvo que renunciar a principios de 2019 de todos sus cargos, incluidos los honoríficos, para no comprometer más a la imagen del banco.
Pero ahora el BBVA es imputado por la fiscalía como persona jurídica. Habrá que ver qué decide el juez.
La formación de una coalición de izquierda para gobernar España de la mano de Pedro Sánchez entró en su fase final, en todo el amplio sentido de la frase. Por un lado, porque hasta el jueves los líderes del PSOE y Unidas-Podemos tienen plazo para ponerse de acuerdo en los cargos que se repartirán en el gabinete y detalles del programa de gestión. Por el otro, porque de no llegar a consensos, el país se encamina a nuevas elecciones, las cuartas en cuatro años, una señal ineludible de la crisis política española.
El viernes, como publicó este diario (ver acá) Pablo Iglesias, jefe de Podemos, había anunciado que daba un paso al costado para facilitar la creación de una coalición. Sánchez, siguiendo el rechazo del establishment de su partido a cualquier giro a la izquierda, venía advirtiendo que no lo quería como vicejefe de gobierno porque no confía en él, habida cuenta de las diferencias sobre la forma de resolver el conflicto catalán.
Las elecciones del 28 de abril le dieron mayoría al Partido Socialista Obrero Español pero no las suficientes bancas como para gobernar en soledad, de modo que necesita del apoyo de otros partidos para que Sánchez sea ungido Presidente del Gobierno.
Para tener mayoría se necesitan 176 escaños en la Cámara baja. PSOE logró 123 escaños, Unidas-Podemos 42. La caída de la izquierda implicó un golpe para Iglesias pero también para el deseo de hacer una coalición inédita desde 1936, cuando estalló la guerra civil. UP pasó de 71 bancas a 42 en gran medida por sus propias peleas internas.
Así, el plan para torcer el rumbo español pergeñado en el embate contra Mariano Rajoy de junio del año pasado, que colocó a Sánchez en La Moncloa, se diluyó. Ahora es imprescindible que el PSOE, si no quiere ir nuevamente a elecciones en noviembre, con un resultado incierto, acuerde con UP.
En la primera votación para investir a Sánchez el PSOE obtuvo 124 votos contra 170 en contra -del destronado Partido Popular, Ciudadanos y la ultraderecha de Vox- y 52 abstenciones. UP quiso mostrar que Sánchez no tiene muchas opciones para permanecer.
Previamente se sabía que no había consenso para la gran coalición. La negociadora por PSOE es Carmen Calvo, por UP el argentino Pablo Echenique. No hubo acuerdo en el rol de cada partido. A UP le ofrecían una vicepresidencia que UP consideró simbólica por falta de contenidos sobre las áreas de las que se ocuparía.
Iglesias, fuera del gobierno por decisión política compartida, no está al margen de los debates. Así, reveló a la prensa que las negociaciones pasaban por que el PSOE asumiera las carteras de Interior, Defensa, Exteriores, Economía, pero hubo chispazos «cuando les planteamos que, para desarrollar el programa que podemos pactar, queríamos alguna competencia de Hacienda, Trabajo, Igualdad, Transición Ecológica, de Ciencia… Nos dijeron: ‘Ni hablar».
Es más, según el líder de Podemos, Sánchez le dijo en su propia cara que «en ningún ministerio que encabece alguien del PSOE habrá una persona de Unidas Podemos».
Según publicó el portal eldiario.es, UP reclama crear oficinas ministeriales para Trabajo, Transición Energética e Igualdad con «competencias para invertir en la creación de empleo: inversiones «verdes» para frenar el cambio climático e impulsar la Transición Ecológica; inversiones «moradas» para avanzar en la igualdad de género, reducir la brecha salarial y elevar la tasa de empleo con propuestas como la ampliación de los permisos de paternidad y maternidad a 24 semanas o la cobertura para la Educación Infantil de 0 a 3 años; y las inversiones para impulsar el proceso de cambio técnico y de digitalización que garantice el acceso a la tecnología de todas las personas».
Es decir, un programa ambicioso que cambioe el rumbo de varias décadas de políticas neoliberales que vienen minando el Estado de Bienestar, marca en el orillo de la democracia española desde que ingresó en la UE, en 1985.
El otro socio necesario para la investidura de Sánchez, el partido independentista ERC, de Cataluña, ya avisó que es responsabilidad de los dirigentes de ambos partidos no perder el tren que los espera a punto de partir. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, acusó a Sánchez de «negligente» en sus conversaciones con Podemos. «Tienen ustedes 48 horas como máximo para ponerse de acuerdo» advirtió.
El ex ministro y ex alcalde de Londres Boris Johnson fue elegido líder del Partido Conservador y sucederá este miércoles a Theresa May al frente del gobierno británico. Con Johnson, Donald Trump suma a un compañero de ruta en el escenario europeo y a quien tal vez se le parece, incluso físicamente. Lo que augura tiempos complicados para la Unión Europea. Por lo pronto, Johnson ya adelantó que cumplirá con el Brexit el 31 de octubre, lo que podría ocurrir incluso sin un acuerdo. Los cordobeses, en cambio, tienen ahora en el 10 de Downing Street a un admirador del cuarteto y fan de Rodrigo Bueno.
Johnson fue el más votado por los afiliados del partido conservador, en el particular sistema político británico que estipula que ante la renuncia del primer ministro lo reemplaza alguien de su mismo partido. De allí la protesta de Jeremy Corbyn, el líder laborista, que reclama elecciones anticipadas porque Johnson no fue eligió por el pueblo, lo cual es rigurosamente verdad.
Hubo dos compulsas previas entre los tories, de las que participaron unos 160.000 afiliados, en las que fueron quedando dos candidatos. Finalmente este martes se confirmó que le ganó al actual ministro de Exteriores, Jeremy Hunt. Johnson recibió 92.153 votos frente a los 46.656 de Hunt, mientras que la participación electoral se situó en el 87,4 %.
El primero el celebrar el resultado fue Trump. «Felicitaciones a Boris Johnson por convertirse en el nuevo primer ministro de Reino Unido. ¡Él será genial!», tuiteó el presidente de EEUU.
Para el inquilino de la Casa Blanca, Johnson arreglará el «desastre» generado por la primera ministra saliente, Theresa May, en torno al Brexit. «Es un tipo diferente, pero dicen que yo también lo soy. Nos llevamos bien. Creo que tendremos una muy buena relación», dijo Trump a periodistas.
La primera ministra saliente, interina desde el 7 de junio cuando renunció ante su fracaso en obtener apoyo parlamentario para el acuerdo con la UE, dejará Downing Street este miércoles y pasará a un retiro al menos parcial.
«Vamos a terminar el Brexit el 31 de octubre», dijo Johnson tras ser declarado ganador de la carrera por el liderazgo del partido Conservador en un gran acto en un centro de convenciones próximo al parlamento.
El negociador de la Unión Europea (UE) para el Brexit, Michel Barnier, se mostró esperanzado en tener un buen diálogo con el nuevo premier. «Esperamos trabajar constructivamente con el primer ministro Boris Johnson cuando asuma el cargo, para facilitar la ratificación del Acuerdo de Retirada y lograr un Brexit ordenado», señaló.
Irán también felicitó a Johnson, aunque con alguna salvedad. «Irán no busca la confrontación. Pero tenemos 1.500 millas de costa en el golfo Pérsico. Son nuestras aguas y las protegeremos», dijo el canciller Mohammad Javad Zarif en relación con la captura de petroleros británicos en aguas del Golfo Pérsico.
Pero no las tendrá del todo fáciles en su propio país, dividido como nunca antes por la crisis del Brexit. Así, el ministro de Finanzas Philip Hammond renunció el lunes en rechazo al anuncio de irse de la UE aún sin un acuerdo. Alan Duncan también dimitió como secretario de Estado para Europa y las Américas.
El ministro de Justicia, David Gauke, dijo en cambio que no estaba de acuerdo con la estrategia de Johnson, pero que estaba dispuesto a «que se le dé la oportunidad de salir y negociar con la Comisión Europea».
Hezbollah, Partido de Dios, nació en 1982, a raíz de la segunda invasión israelí a territorio libanés. El objetivo era expulsar a las fuerzas invasoras. Fue al inicio una guerrilla de orientación chiíta que creció en el contexto de la revolución islámica triunfante en Irán, que se había producido en febrero de 1979. Luego devino en partido político. Para sus seguidores y simpatizantes, es un grupo de resistencia. Para un puñado de países alineados con Washington, en cambio, es una organización terrorista.
Pero tener un brazo armado no implica cometer actos terroristas. De tal modo, la Organización de Naciones Unidas nunca aceptó incorporarla a la lista que elabora sobre ese flagelo. De hecho, nunca se logró un consenso internacional para definir qué es terrorismo, algo básico si se quiere encuadrar un delito. Y la razón no es menor: muchas de las acciones de Estados Unidos, Israel o Arabia Saudita en el mundo podrían ser consideradas como terroristas de acuerdo a la mayoría de las definiciones vigentes en los claustros académicos.
Hezbollah cumple innumerables tareas sociales en los territorios donde se asienta. Además, tiene una cadena de televisión, Al-Manar, una de radio, Al-Nour, y una revista, Qubth ut Alla, con bastante ascendencia entre los libaneses, especialmente entre las clases populares. Actualmente cuenta con tres ministros en el gobierno de El Líbano y 13 diputados en el Parlamento.
Muchos analistas atribuyen el encono del gobierno de Donald Trump y el de Benjamin Netanyahu a que efectivos de Hezbollah fueron claves para que el gobierno de Bachar al Assad pudiera derrotar a los extremistas de ISIS, que recibían apoyo encubierto de las potencias occidentales y Arabia Saudita.
«Hezbollah no es una organización terrorista, es un partido político, con un brazo armado, formado ad hoc para combatir al invasor israelí que ocupaba –y ocupa– el Líbano desde fines de 1970 a la fecha. Que luego combatió al terrorismo en Siria para seguir defendiendo al Líbano», indica Galeb Moussa en una columna que publicó este medio.
«¿Cómo puede ser terrorista esta agrupación político-militar, cuando hay calles de Beirut que llevan los nombres de sus mártires? Y siguiendo la misma línea de interpretación. ¿Por qué no se considera así a Isis, Al Qaeda y sus patrocinadores como Israel, Estados Unidos, Arabia Saudita, Emiratos Árabes o Turquía, que promueven el terrorismo real?», se pregunta.
«Acusar a Hezbollah o a cualquier otra persona jurídica o física de ser una organización terrorista o de participar en una, sin ningún documento de respaldo de las Naciones Unidas, del Comité contra el Terrorismo de su Consejo de Seguridad y sin ningún respaldo probatorio de esa acusación producido por algún estamento estatal de nuestro país, nos pone a las puertas de un conflicto diplomático con múltiples países y de una situación de arbitrariedad interna intolerable en un Estado Democrático», argumenta Marcelo Brignoni, también desde Tiempo, apelando a la normativa jurídica que rige las relaciones internacionales.
Y recuerda Brignoni que en varias ocasiones el mismo gobierno de Mauricio Macri firmó convenios con la ONU en relación al terrorismo pero jamás se puso en la lista a Hezbollah, lo que contraría el decreto firmado por el primer mandatario en ocasión del 25 aniversario del atentado a la AMIA.
Recién en 1997 Washington incluyó en su lista negra a Hezbollah. Y para tener en cuenta: en 2015 el presidente Barack Obama, en el marco del acercamiento con el gobierno de Raúl Castro, sacó a Cuba de la lista de naciones que apoyan el terrorismo.
La política desplegada por Trump desde que llegó a la Casa Blanca fue de avance sobre Irán y apoyo irrestricto al gobierno de Netanyahu. No es posible enfrascarse en una dirección semejante en esa región sin mantener a Hezbollah como un grupo terrorista, sobre todo cuando en la guerra civil en Siria, impulsada por los países occidentales, Estados Unidos tuvo que recular a partir del apoyo de Rusia a Al Assad y de la incursión de milicianos libaneses en defensa de su gobierno.
A principios de julio, Trump amplió sanciones contra miembros de Hezbollah con participación política en El Líbano. Entre ellos, fueron castigados un funcionario de seguridad del movimiento libanés, Wafiq Safa, y los parlamentarios Amin Sherri y Muhammad Hasan Rad. Esto generó el rechazó y la protesta del presidente del Parlamento, Nabih Berri. «Los actos hostiles contra el Parlamento (libanés) sin duda también lo son contra todo el Líbano», dijo.
El primer mandatario libanés, Michel Aoun, insistió en que Hezbollah es un partido político que cuenta con apoyo de la población y que representa al chiísmo, una fe religiosa como otras que conviven en ese convulsionado país.
Entre la nueva tanda de sanciones de Trump hay penalidades económicas a parlamentarios y a la organización en general. Las autoridades de la UIF, la Unidad de Información Financiera, que investiga lavado de dinero en Argentina, se sumó a Washington y ordenó congelar activos de Hezbollah.
Hasán Nasralá, líder de la agrupación en El Líbano, aseguró este lunes que «la Administración del presidente Donald Trump busca a través de intermediarios abrir canales de comunicación con Hezbollah», y afirmó que redujo al mínimo la participación de sus milicianos en Siria. habrá que ver la reacción en Buenos Aires ante un nuevo escenario en Medio Oriente.
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