Que Donald Trump hubiese designado Consejero de Seguridad Nacional a un experto en negociaciones de rehenes como Robert O’Brien puede significar una señal auspiciosa para quienes aspiran a una paz duradera en esa extensa región que va de Afganistán a Siria y que a partir del 11 de setiembre de 2001 se convirtió en una suerte de patio trasero para EE UU. Pero que un halcón como John Bolton haya sido expulsado de la Casa Blanca no implica que los señores de la guerra hayan salido de Washington. En tal sentido, la bandera de la agresividad exterior está por estas horas en manos del secretario de Estado, Mike Pompeo, aunque hay otros dos adalides: el vicepresidente Mike Pence y el enviado especial para el «caso Venezuela», Elliott Abrams.
El peligro de que sigan cerca del presidente es que la escalada contra Irán termine en un conflicto bélico de imprevisibles consecuencias que envuelva a las principales potencias, como China y Rusia. Habrá que ver qué ocurre esta semana, cuando los protagonistas de esta saga se crucen en la Asamblea de la ONU en Nueva York.
Se sabe que Trump, que no suele ocultar sus sentimientos, echaba chispas contra Bolton desde que en mayo pasado fue evidente que su estrategia para derrocar a Nicolás Maduro había fracasado. La situación era irrespirable, dijeron cerca del Salón Oval, porque Bolton tampoco es de callarse y apuraba definiciones en favor de una intervención contra Irán, uno de los objetivos de su vida como funcionario. A principios de este siglo había trabajado codo a codo con Donald Rumsfeld, el secretario de Defensa de George W. Bush que pergeñó una doctrina junto con el vicealmirante Arthur Cebroswski que promueve la destrucción de las estructuras estatales en los países que no se sometan a los designios del poder imperial. La llegada de Barack Obama frustró ese plan, porque en 2014 el presidente logró un acuerdo entre las cinco potencias nucleares y Alemania con Irán para el control del proyecto atómico de la nación persa.
Ni bien Trump se mudó a la Casa Blanca, empezó a dinamitar tanto ese acuerdo así como los que venían negociándose con Cuba (ver aparte). Allí vieron un lugar bajo el sol un grupo de neoconservadores aguerridos y brutales. Entre ellos descollaba Bolton, pero también Pompeo, que al principio dirigió la CIA. El primer secretario de Estado, Rex Tillerson, era un Ceo de Exxon. Pompeo está ligado también a la industria petrolera aunque a través de sus sponsors, los hermanos Koch, ultramillonarios ultraconservadores de Wichita.
Trump se maneja de un modo que parece errático, aunque a su favor habría que decir que en estos dos años y medio de gestión, no inició ninguna guerra y abrió negociaciones con un viejo «enemigo» de Washington, el líder norcoreano Kim Jong-un. La gota que rebasó el vaso para los «neocons» parece haber sido la invitación a sentarse a dialogar con los talibanes. Peor aun, había invitado a sus representantes a reunirse en Camp David, la residencia presidencial de verano, para el 11 de setiembre.
También estaba planificando un encuentro en Suecia con miembros de los huties, el grupo yemenita que se enfrenta con el régimen de Abd Rabbuh Mansur al Hadi y que es ferozmente combatido por una coalición comandada por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Una afrenta inadmisible para los halcones que consiguieron tras dos actos aparentemente desconectados, bloquear ambas iniciativas de paz: un ataque en Kabul en que murió un soldado estadounidense y otras 11 personas y el bombardeo a una refinería saudita que dejó fuera de servicio a la planta que produce el 6% del petróleo que circula por el mundo desarrollado.
O’Brien es conocido como un hombre de modales suaves y encantadores. Pero tampoco es un pacifista. Por lo pronto, se formó junto con el mismo Bolton en un despacho de la ONU. Pero conoce el tema Afganistán ya que participó en el comité que elaboró la Constitución de ese país en 2007. Y en Suecia, hace algunas semanas, negoció con la Justicia el caso de un rapero detenido por pelear en una calle de Estocolmo. O’Brien «podría ser tan agresivo como Bolton, pero ciertamente no es un pugilista», lo definen. Por esas curiosidades de la vida, O’Brien estudió en el Colegio Cardenal Newman de Santa Rosa, en California, para egresar como abogado de la Universidad de ese estado.
La férrea sociedad Washington-Riad no se rompió tras el asesinato del periodista Jamal Khasshoggi como no lo había hecho en estos últimos cinco años a pesar de las denuncias por los crímenes de guerra cometidos en Yemen por sus tropas. Más aun, Trump esgrimió como argumento para no castigar al príncipe Mohamed bin Salman, responsable del crimen, en que el país compró más de 100 mil millones de dólares en armas. Y que habían pagado al contado. Pero se nota su rechazo a condenar con vigor a Irán por el atentado en la refinería de Abqaiq. La versión que defiende Pompeo es que el golpe fue con drones o misiles lanzados por Teherán, a pesar de que los huties se lo atribuyeron como represalia a la invasión saudita.
Afganistán, en la práctica, es una guerra que EE UU no pudo ganar y Trump está tratando de salirse de allí de cualquier modo. Obama ganó la presidencia con la promesa de retirar las tropas de ese país y de Irak, y se fue sin cumplir. La industria armamentística necesita de la guerra para mantener sus acciones en alto, pero ese no parece ser el negocio del presidente. El caso es si podrá vencer a los que a su alrededor pugnan por mantener ardiendo los campos de batalla. Hasta ahora, les concedió un endurecimiento de sanciones, ahora contra el Banco Central de Irán.
Inéditas agresiones a Cuba
«EE UU muestra desde hace dos años una agresividad inédita contra Cuba, reflejada especialmente con las medidas sobre los suministros de combustible», dijo el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla. Se refería al incremento de las sanciones contra la isla desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca, lo que definió como un «uso desvergonzado de estas herramientas», que, en el caso del bloqueo, causó pérdidas, insistió, por 922.630 millones de dólares en los 60 años que lleva en vigencia. Y que Barack Obama había prometido eliminar cuando en diciembre de 2014 se propuso descongelar las relaciones entre ambos gobiernos.
Cuando se están por cumplir los cinco años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa de Iguala, un distrito del estado de Guerrero, la Fiscalía General de la República (FGR), tomó el compromiso del nuevo gobierno mexicano para impulsar desde cero “una investigación independiente, objetiva, clara, que rompa con esa narrativa que se ha venido creando en años pasados”.
La novedad fue transmitida por el abogado de la mayoría de los familiares de los chicos desaparecidos luego de una reunión con el procurador general, Alejandro Gertz Manero. El titular de la FGR fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en enero de este año y se puso como prioridad avanzar en una investigación que desde el inicio, durante la gestión presidencial de Enrique Peña Nieto, fue severamente cuestionada por los padres de los jóvenes.
Es que el caso estuvo teñido de sospechas hacia las autoridades municipales, estaduales y federales por la presunta responsabilidad de agentes uniformados en la desaparición de los adolescentes del colegio Raúl Isidro Burgos que iban a un homenaje, el 2 de octubre de 2014, a víctimas de la masacre de Tlatelolco, que se registró en 1968 en la capital azteca.
Las huellas de la policía local están en todo el rastro que lleva a los estudiantes que iban en un ómnibus y que nunca llegaron a destino. El 26 de septiembre de 2014, fueron atacados a balazos por agentes en el municipio Iguala. En el ataque murieron seis y 43 fueron detenidos. Según la versión oficial, fueron entregados a sicarios del cartel Guerreros Unidos, que las asesinaron y quemaron sus restos en un basurero del municipio de Cocula.
Sin embargo, investigadores del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) convocados por familiares de los 43 estudiantes determinaron que “no se pudo establecer con certeza que alguno de los miles de restos encontrados en el Basurero de Cocula correspondiera a los estudiantes normalistas. Por el contrario, entre estos restos recuperados sí se encuentran algunos pertenecientes a personas distintas a los normalistas, como se ha establecido por vía científica». A conclusiones similares llegaron expertos que elaboraron un informe para la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH)
Ni bien asumió su cargo, en diciembre de 2018, AMLO formó una comisión investigadora para determinar responsabilidades. Gertz Manero deslizó que la pesquisa debe recomenzar desde cero, algo imposible a esta altura por la certeza de que hubo desvíos intencionales y ocultamiento de pruebas a esta altura posiblemente irrecuperables.
En todo este escenario, la semana pasada fueron liberados 24 acusados por el caso de los 43 estudiantes. Entre los que salieron de la cárcel figura Gildardo López Astudillo, conocido como el «Cabo Gil», sindicado como líder de Guerreros Unidos. Lo insólito es que López Astudillo confesó haber cometido el crimen y que hay grabaciones telefónicas realizadas a Chicago en inglés donde aparecería pidiendo instrucciones sobre qué hacer con los estudiantes. La intercepción se produjo en el marco de una investigación por tráfico de drogas hacia EEUU.
El subsecretario de Gobernación de AMLO, Alejandro Encinas, indicó que el presidente dio instrucciones para investigar a los funcionarios judiciales que intervinieron en el caso desde hace 5 años. «La liberación de López Astudillo es una sentencia absolutoria de uno de los principales perpetradores del delito de desaparición forzada», protestó Encinas.
Según los datos que aportó, hubo 169 personas sometidas a pesquisa por la desaparición, entre civiles, policías y miembros de Guerreros Unidos, el alcalde de Iguala y su esposa. Del este total, 142 quedaron detenidas pero con el tiempo, 53 recuperaron la libertad. En algunos casos, porque sus detenciones fueron irregulares y en 29 casos las declaraciones fueron obtenidas mediante tortura.
La indebida investigación realizada con tantas irregularidades, hizo que «la mal llamada ‘Verdad Histórica’ se construyera sobre la simulación y la fabricación de pruebas, en contra del derecho de los detenidos y de los familiares de las víctimas», cita un cable de la agencia Sputnik al subsecretario Encinas.
En junio pasado, Oficina de Derechos Humanos de la ONU en México había condenado actos de tortura cometidos contra uno de los detenidos al tiempo que pidió investigar con urgencia la desaparición de los 43 jóvenes. Fue en respuesta el caso de Carlos Canto Salgado, quien aparece en un video con los ojos vendados, atado, sometido a asfixia, electrocución y golpizas. «La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena categóricamente tales actos de tortura y reitera el principio inderogable de la prohibición absoluta de la tortura», dijo en un texto la DH.
«Vamos a empezar una nueva investigación», consignó Omar Gómez, fiscal especial designado para este caso. Una muestra de impotencia institucional.
El primer rechazo legislativo al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea provino del parlamento de Austria, que votó en forma casi unánime contra el tratado comercial, provocando un tembladeral entre sus mentores. Si bien el gobierno francés había mostrado reservas en consonancia con los agricultores galos, que resisten una alianza comercial con los países sudamericanos, al igual que los productores agrarios alemanes, es la primera vez que una institución como esta se pronuncia de forma precisa y contundente sobre el asunto.
En los papeles, la aprobación de un acuerdo de esta magnitud necesita ser refrendado por todos y cada uno de los congresos de las 27 naciones europeas. Lo mismo debería ocurrir de este lado del Atlántico. Pero en la realidad, se podría utilizar como antecedente de que en 2005 la UE debía aprobar la Constitución del bloque regional mediante referéndum y tanto Francia como Holanda votaron en contra. La solución fue imponer las mismas regulaciones a través del Tratado de Lisboa, de 2007.
Con argumentos similares se atajó la Comisión Europea, el poder ejecutivo comunitario, al asegurar que “aún no llegó el momento del visto bueno” al pacto UE-Mercosur. «Ambas partes están llevando a cabo lo que se denomina una revisión jurídica del texto acordado para llegar a la versión final (…) Por lo que, básicamente, la ratificación aún no comenzó», declaró la vocera de la CE, Mina Andreeva.
En términos parecidos se pronunció el gobierno argentino, al evaluar –de acuerdo a voceros oficiosos- que como hay elecciones el último domingo de setiembre, el parlamento austríaco será renovado en las próximas semanas y por lo tanto no hay nada que temer en relación con el acuerdo que tan pomposamente presentaron el canciller Jorge Faurie con el presidente Mauricio Macri. El presidente dijo taxativamente que «el nuevo parlamento va a revocar esta orden al Consejo Europeo de vetar el acuerdo».
Pero sucede además que Francia demora definiciones por las protestas de los agricultores, que no aceptan de buena gana que ingresen en el continente productos del Mercosur ya que, afirman, tienen controles ambientales más laxos que los que les exige la UE a ellos. Por otro lado, el presidente Emmanuel Macron cuestionó el tratamiento que el gobierno de Jair Bolsonaro le dio a la crisis ecológica por los incendios forestales en Amazonas. Y la respuesta del mandatario brasileño fue feroz: se sumó a ataques misóginos contra la esposa del francés, lo que elevó el enfrentamiento al punto de que el inquilino del Elíseo dijo que tampoco iba a firmar el tratado con el Mercosur.
En julio, Irlanda también había mostrado sus reticencias a sumarse al tratado comercial. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, deslizó que “si va a haber un impacto negativo sobre la economía y el empleo, estaremos en contra” de un mercado común con los cuatro países de América del sur.Una forma de rechazo bien diplomático.
En Viena, la asamblea legislativa entendió por abrumadora mayoría que el convenio sería nocivo para Austria y su rechazo fue interpretado como «un gran triunfo para los consumidores, el medioambiente, la protección de los animales y los derechos humanos». Los incendios en Amazonas y la cerril postura de Bolsonaro fueron argumentos de peso a la hora de juntar votos en contra de la propuesta institucional.
En un gesto de hondo significado geopolítico, el presidente Donald Trump anunció el reemplazante del belicoso John Bolton como asesor de Seguridad Nacional. Se trata de Robert C. O’Brien, un abogado de Los Ángeles que trabaja en la función pública desde tiempos de George Bush pero no dejó de hacerlo con Barack Obama y que se especializa en negociar con secuestradores..
«Me complace anunciar que nombraré a Robert C. O’Brien, que actualmente se desempeña como el exitoso Enviado Especial Presidencial para Asuntos de Rehenes en el Departamento de Estado, como nuestro nuevo Asesor de Seguridad Nacional. He trabajado mucho y duro con Robert. ¡Hará un gran trabajo!», celebró Trump.
Para aclarar los datos, O´Brien es un especialista en negociaciones de alto riesgo y fuertes tensiones, como es el trabajo que venía haciendo, y para quienes lo conocen, según el diario The Washington Post, «es el tipo más agradable del planeta». La contracara de Bolton, que se jactaba de ser una suerte de cow boy global, siempre desafiante y pendenciero pero con un pasado teñido de cobardía individual, ya que en su currículum figuran excusas inverosímiles para no ir como soldado a la guerra de Vietnam.
Precisamente el carácter de «superhalcón» le había traído a Bolton graves enfrentamientos con Trump, que más allá de sus tonos también provocadores, es el primer presidente desde hace más de un siglo que no comenzó ninguna guerra y aunque no lo parezca, intenta cerrar todos los conflictos abiertos por sus antecesores. Lo dijo claramente, el despido -humillante por demás- de Bolton es por diferencias en la estrategia a seguir con Venezuela, Corea del Norte e Irán. Pero también con los talibanes en Afganistán y con Siria.
De hecho, el ataque del sábado contra la mayor refinería de petróleo de Arabia Saudita puede ser leído también como una amenaza a esa política que Trump viene tratando de imponer en Washington y que va en contra de los intereses del Estado Profundo -que apuesta a la llamada Doctrina Rumsfeld/Cebrowski , que pretende la destrucción de las estructuras de los Estados en los países no alineados con EEUU- y del complejo industrial militar.
El reino saudí, enfrascado desde hace cinco años en una guerra civil en Yemen, asegura tener pruebas de que los atentados en las plantas de Abqaiq y Khurais de la empresa estatal Aramco fueron obra de agentes de Irán. Sin embargo, el ataque se lo atribuyó el vocero de los hutíes, el grupo yemenita que lucha por el control del país y al que desde 2015 Riad intenta destruir, en una coalición con Emiratos Árabes Unidos hasta ahora sin éxito, a pesar de los ingentes recursos económicos y armamentísticos con que cuentan.
Trump, en una jugada a dos puntas, mantiene abierto el canal de diálogo con representantes hutíes en Estocolmo pero envió al secretario de Estado, Mike Pompeo, a entrevistarse con el príncipe Mohammed bin Salman, el hombre fuerte de la monarquía, para acordar alguna posición común.
Al mismo tiempo, Trump tuiteó que había instruido al Secretario del Tesoro para reforzar las sanciones contra Teherán, aunque no culpó de los ataques al gobierno de Hasan Rohani, dato a tener en cuenta por eso de que los silencios también resuenan en al diplomacia.
O´Brien fue enviado a Suecia por el presidente para ayudar con el caso de A $ AP Rocky. Se trata de un rapero, cuyo nombre de bautismo es Rakim Mayers, que había sido detenido en Estocolmo tras una pelea callejera junto con otras dos personas. Un tribunal lo liberó bajo la condición de que se hicieran cargo de los gastos legales derivados del hecho.
«El tribunal considera que los acusados no se encontraban en una situación en la que tenían derecho a la legítima defensa y que habían agredido a la víctima golpeándolo y pateándolo», especificó el fallo. Trump había salido en defensa del rapero y según parece, su enviado cumplió en hacer un acuerdo para liberarlo con el menor daño posible a la salud institucional y al honor de los involucrados.
El mandatario ya tenía a O.Brien en su lista de candidatos a suceder a Bolton aún antes de que terminara por decidirse a echarlo. Eso fue en mayo, cuando era evidente que la estrategia para derrocar a Nicolás Maduro había fracasado y cuando Trump se dio cuenta de que esa puja belicista lo podía llevar a una guerra total en Sudamérica, cosa que no quería.Tampoco quiere una guerra contra el norcoreano Kim Jong un, ni contra los talibán, con quienes venia negociando una reunión nada menos en Camp David, la estancia de descanso de los presidentes estadounidenses. El encuentro se iba a realizar el domingo 8 de setiembre y fue cancelada a última hora tras un ataque en Kabul en el que murió un militar estadounidense. La última cumbre con el líder norcoreano no llegó a nada a raíz del rechazo de funcionarios de peso dentro del gobierno estadounidense y de los medios, alineados con el Estado Profundo.
La reunión que se estaba debatiendo entre Trump y representantes huties en Estocolmo también quedó en veremos luego del ataque con los drones. Algo similar ocurre en las negociaciones que el inquilino de la Casa Blanca venía ofreciendo a Rohaní.El próximo 23 de setiembre, Trump tiene horario para hablar en al Asamblea General de la ONU. Quizás ya no podrá decir que abrió canales de diálogo con Teherán y habrá que ver si podrá cruzarse con Rohaní. Por lo pronto, el presidente persa anunció que su viaje esta por ahora suspendido porque no le dieron aún la visa que necesita para ir a EEUU.
Puertas adentro, y en vista de que ya se está preparando para las elecciones del año emntrante, el mandatario se ufanó de que el ataque a las plantas de Aramco no afectará a la provisión de petróleo a EEUU, como sí lo hará a Europa, China y Japón.»Qué bueno que nuestro país ahora es independiente de la energía. Estados Unidos está en mejor forma que nunca. ¡El ejército más fuerte con diferencia, la economía más grande (ya ni siquiera cerca), número uno en energía! MAGA = KAG!», tuiteó este miércoles.
MAGA es la sigla en inglés para «Hacer grande a EEUU otra vez», que fue el lema de su campaña de 2015. KAG es el lema de cabecera para la del 2020, «Mantener grande a EEUU».
Un ataque masivo con drones a la mayor refinería saudita provocó una nueva escalada belicista contra el gobierno iraní y un incremento en el precio del crudo como no se veía en el último cuarto de siglo, justo cuando la petrolera estatal Aramco está por sacar parte de su paquete accionario a la bolsa de valores de Nueva York. Los que se atribuyeron el golpe, sin embargo, son los hutíes yemenitas, de fe chiíta, que están en guerra contra la coalición liderada por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, un conflicto que provocó más de 50 mil muertos y una crisis humanitaria que se descargó sobre más de 28 millones de personas en todo Yemen.
El sábado dos plantas de Aramco, en Abqaiq y Khurais, fueron atacadas por al menos 19 drones, lo que desató incendios generalizados y la suspensión de la producción, que es de unos 5,7 millones de barriles diarios, casi el 6 % de la producción mundial. Eso implicó el inmediato incremento del precio del petróleo, que saltó de 60 a 72 dólares por barril, un 20 por ciento en un día.
De inmediato, el general Yahva Saree, portavoz de los huties, dijo que habían sido ellos los responsables del ataque. «Fue una operación ofensiva masiva con drones dirigidos a las refinerías Abqaiq y Khurais afiliadas a Aramco en la región oriental de Arabia Saudita esta mañana, y el golpe fue preciso y directo», indicó, para agregar luego que la ofensiva fue realizada «en el marco de nuestro derecho legítimo y natural de responder a los crímenes de agresión y al asedio en curso en nuestro país durante cinco años».
Más aún, Saree dijo que la incursión se realizó «después de una operación de inteligencia precisa y un monitoreo u cooperación avanzadas de hombres honorables y libres dentro del Reino saudita». El objetivo del hecho sería forzar una negociación para detener «la agresión y el asedio a nuestro paìs».
La coalición intervino en 2015 para sostener al presidente Abd Rabbu Mansour Hadi, que en 2012 había sucedido a Ali Abdullah Saleh, quien había caído en el marco de las movilizaciones de la llamada Primavera Árabe. Saleh se alió con los huties, un grupo político formado en los 90 torno a Hussein Badreddin al Huti, miembro de la minoría chiíta zaidí, asesinado en 2004.
El líder actual de la agrupación es el hermano, Abdul Malik al Huti. Representan poco más de un tercio de la población pero sus integrantes están entre las capas más marginadas del país. Primero ayudaron a destituir a Saleh, luego hicieron una alianza circunstancial para finalmente romper con él a fines de 2017. Saleh fue asesinado el 4 de diciembre de ese año.
Los hutíes controlan gran parte del territorio yemenita a pesar de que la coalición saudita cuenta con mayores recursos y armamento. Tienen, si, apoyo de Irán y de Hezbollah. Por esa razón es que de inmediato surgieron desde el gobierno de Donald Trump las sospechas de que el ataque en las refinerías de Aramco hubieran sido obra de efectivos iraníes.
El contexto de creciente enfrentamiento entre la administración estadounidense con Teherán corre parejo con la oferta de Trump de negociar directamente con representante huties en Suecia bajo la cobertura de Naciones Unidas. Su asesor en Seguridad Nacional, John Bolton, no era proclive a entablar diálogos con esa fracción en el conflicto yemenita y menos lo era de que esas conversaciones le dieran preeminencia a la ONU, organismo del que siempre se mostró enemigo. Pero Bolton fue despedido de modo humillante por Trump el jueves pasado, de modo que ahora podrían soplar otros aires para la región.
Pero para sostener una esperanza de pacificación es necesario ver que este martes se celebran elecciones en Israel, y todo lo que genere situaciones peligrosas en los alrededores de ese país repercutirá forzosamente en ese comicio. Benjamín Netanyahu, el primer ministro ultraconservador y antiiraní, busca convalidar en las urnas un nuevo período y llegó incluso a prometer la anexión de regiones de Cisjordania -algo que violaría postulados de la ONU- para ganar el voto de los colonos.
Además, hace meses que el gobierno saudita está viendo el momento para sacar a la venta la venta de parte de las acciones de Aramco, una empresa fundada en 1938 por capitales estadounidenses que fue nacionalizada en los 80. El príncipe Mohammed bin Salman, a los empellones busca hacerse de la corona y prometió «occidentalizar» al régimen, entre otras cosas sacando a oferta pulcida a la joya del reino. Pero lo hace con los peores modos: entre otras cosas, está implicado hasta el tuétano en el asesinato, el 2 de octubre del año pasado, del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudita en Estambul.
Desde los 70, la alianza indisoluble entre Riad y Washington sirvió, fundamentalmente, para sostener la política de la Casa Blanca para Medio Oriente, y blindar al dólar, ya que obliga a que el comercio internacional del crudo se haga en la moneda estadounidense. A cambio, Estados Unidos siempre aceptó las más brutales violaciones a los derechos humanos dentro de ese país. O lncluso fuera, como la invasión a Yemen o la muerte de un columnista del Washington Post, como era Khashoggi.
Kurt Nimmo, un analista habitualmente bien informado que suele publicar en el portal Global Research, basado en Canadá, considera que no hay evidencia de que Irán esté detrás del ataque a la refinería. Y cita a Thomas Juneau, profesor de la Universidad de Ottawa y analista del Departamento de Defensa Nacional de Canadá, quien afirma que «el apoyo de Teherán a los hutís es limitado y su influencia en Yemen es marginal. Es simplemente inexacto afirmar que los hutíes son representantes iraníes».
Por otro lado, si es por ver quiénes se benefician con el ataque, bien podría pensarse en los propios saudíes; y por tres razones. Una, para justificar la apertura de hostilidades contra Irán, ahora que el halcón más empinado de Washington, Bolton, se tuvo que ir su casa. Otra, para aumentar el precio del petróleo y obtener mayores dividendos, habida cuenta de que todos los ingresos de Aramco van a parar a las cuentas de la monarquía. Y de paso, incrementar el precio de las acciones.
Por lo pronto, si bien Trump culpó a Teherán y prometió represalias, al mismo tiempo mantuvo la oferta de un diálogo directo con Hasan Rohani, el mandatario iraní, otro con los hutíes, y aseguró que EEUU no corre riesgo si baja la producción saudita ya que la explotación de yacimientos no convencionales dentro de su país va viento en popa.
Se sabe que ese tipo de emprendimientos comienzan a ser más beneficiosos en la medida en que el petróleo tradicional se vaya a las nubes. Que es lo que se ve estos días.
“Nunca olvidaré esta semifinal. Pegados al móvil en un aparcamiento, equipo y agentes de la escolta, soñando final España-Argentina con @pablogentili”, tuiteó Iglesias. Había sido un encuentro para infarto en Beijing y al cabo de dos alargues, España se metió en la final del Mundial de Básquetbol. En Madrid, el líder de Unidas-Podemos, Pablo Iglesias, y su asesor, el argentino Pablo Gentili, gastaban bromas sobre la final de este domingo en el estadio Wukesong Arena. Así, ajustado y al límite, imagina Iglesias un acuerdo para formar un gobierno de coalición sobre la hora entre UP y el PSOE. Las posibilidades sin embargo, cada vez parecen más remotas y la mayoría de los observadores auguran nuevas elecciones el 10 de noviembre. La nutrida agenda del rey Felipe VI entre lunes y martes sería la última carta para evitar el tercer llamado a comicios de este año.
La mención al partido en la capital china fue el argumento de un Iglesias aún esperanzado en acordar con Sánchez. “Yo quiero que España tenga un gobierno estable, una legislatura estable, que se garanticen políticas sociales.” Para hacerla más fácil, insistió, la última propuesta sería “una coalición temporal que garantice la investidura y la aprobación de presupuestos y si después el jefe de Estado considera unilateralmente que la coalición no funciona, nosotros nos salimos, dando garantía de estabilidad.”
Para llegar a esta crucial instancia, un tema determinante fue que las derechas -PP, Ciudadanos y Vox- y los partidos nacionalistas rechazaron la aprobación del presupuesto de este año. Eso llevó a que a principios de año Sánchez decidiera llamar a elecciones. El 28 de abril ganó el PSOE pero para formar gobierno necesita los votos de UP y de los nacionalismos vasco y catalán.
Luego de dos intentos frustrados de investidura, la última oportunidad de nominar a Sánchez se producirá el próximo 23. Pero la diferencia sobre la forma de resolver la “cuestión catalana” parece insoluble. UP habla de referéndum, mientras que el PSOE se ciñe al artículo 155 de la Constitución, que bloqueó la independencia y fue aprobado en tiempos de Mariano Rajoy.
Hace dos meses, Iglesias se tiró a pedir ministerios clave con presupuestos y la vicepresidencia. Sánchez dijo que no podía compartir gobierno con alguien en quien no confía. Hablaba de Cataluña, pero la desconfianza era mayor. Fue entonces que Iglesias renunció a ocupar cualquier cargo, con tal de defender la coalición.
La vocera del Ejecutivo español, Isabel Celáa, fue lapidaria este viernes cuando pidió «aceptar el principio de realidad de que no existe la confianza mínima para construir un gobierno de coalición» y conminó a «decidir si van a volver a unirse a las tres derechas para impedir una vez más un gobierno progresista». La acusación de servir a las derechas también forma parte del repertorio de UP
Hay encuestas que le dan un pequeño aumento de votos al PSOE sobre el comicio de abril y una baja a los otros cuatro partidos nacionales. Dentro del oficialismo, muchos quieren tirarse a la pileta ante la posibilidad de un gobierno en soledad. Pero un nuevo llamado choca con el hastío ciudadano y quizás el rechazo de los votantes. El acecho de la ultraderecha de Vox preocupa.
Iglesias, en tanto, confía en que el rey «asuma el arbitraje y la mediación» con Sánchez para una coalición de UP y el PSOE. El Borbón hablará con todos los partidos y recibirá a Iglesias el martes a las 12,15 hora española. Antes se verá con Santiago Abascal, de Vox, y después con Alberto Rivera de Ciudadanos y Pablo Casado de PP, para cerrar a las 18 con el líder socialista.
Comentarios recientes