Mientras la derecha continental y los medios afines ahora coordinan sus discursos contra su nuevo objetivo de combate, Cuba, las dirigencias progresistas aúnan esfuerzos para apoyar el gobierno de la isla, por estos días en el ojo de la tormenta desde las manifestaciones que comenzaron el domingo en San Antonio de los Baños, a 26 kilómetros de La Habana. La situación no alcanzaba el grado de estallido que le querían dar los críticos de las autoridades de la Revolución, sin embargo el lunes se registró un muerto durante una refriega en el barrio La Güinera, del municipio de Arroyo Naranjo y hubo varias decenas de detenidos y algunos heridos.
La víctima fatal es Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años, quien participaba, según las autoridades, de una marcha hacia la estación de policía. El Ministerio del Interior emitió un comunicado lamentando el fallecimiento del hombre “en medio de un complejo escenario en el cual se preserva la tranquilidad ciudadana y el orden interior”.
El presidente Miguel Díaz-Canel acusó a Washington de fogonear las protestas y reclamó el fin del bloqueo, que mantiene un cepo económico contra la isla desde hace 60 años e impide el comercio y las transacciones económicas, causando pérdidas estimadas en 150 mil millones de dólares.
El que expresó más claramente la doble vara con que se mide la situación cubana fue el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO). “La verdad es que, si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo como lo están solicitando la mayoría de los países del mundo. Eso sería un gesto verdaderamente humanitario”. Un pedido que el presidente Joe Biden no da muestras de disponerse a aceptar.
AMLO se refería puntualmente a la nueva votación en la Asamblea General de Naciones Unidas de hace apenas tres semanas, donde 187 países votaron a favor del levantamiento del bloqueo contra tres abstenciones y apenas dos votos a favor de mantener el cepo: EEUU e Israel.
Pero AMLO también aludía a la postura coincidente de dirigentes conservadores que de pronto dejaron de lado sus dardos contra los gobiernos de Venezuela y Nicaragua -los más recientes- para volver sus cañones contra Cuba.
En el caso del expresidente argentino Mauricio Macri, sus declaraciones en “apoyo al pueblo que reclama el fin de la dictadura” se producen al mismo tiempo que aparecen documentos que prueban la responsabilidad de su gestión en el envío de armas y pertrechos para el golpe de estado contra Evo Morales en noviembre de 2019.
El Grupo de Puebla, integrado por líderes progresistas de la región, emitió un documento que firman, entre otros, los expresidentes Lula da Silva, Ernesto Samper, Rafael Correa, Fernando Lugo y Dilma Rousseff, en el que se preguntan: “¿Qué país puede resistir, como lo ha hecho de manera heroica Cuba, que un poder hegemónico, de manera unilateral y por tan largo tiempo, impida la libre movilidad de sus personas, divisas, alimentos, medicamentos, remesas, turistas, naves, servicios y mercancías?”.
La embestida contra el gobierno, tanto desde las redes como de los medios internacionales, se profundizó desde el hashtag #SOSCuba la semana pasada.
El español Julián Macías Tovar analizó el modo en que se viralizó un pedido de ayuda humanitaria ante el crecimiento de casos de Covid mediante una catarata de cuentas recién creadas y bots que finalmente culminaron en las movilizaciones del domingo pasado.
“Curiosamente -indica Macías Tovar- las dos cuentas principales que reciben más Retuits, son habituales en mis hilos, por un lado Yusnaby (US Navy), la cuenta patrón que sigue a bots y cuentas falsas que difunden bulos (fake-news) en varios países, y por otro lado (Agustín) Antonetti, el argentino miembro de la fundación Libertad (Atlas Network) que participó en campañas con movilizaciones en México o España para pedir la dimisión del gobierno con los HT #AMLOVeteYa y #SánchezVeteYa o con campañas negacionistas en Argentina”
La base de los ataques está en el aumento de casos de coronavirus durante 3 días seguidos con un récord de 31 muertos en un día, 9 de ellos en la provincia de Matanzas.
El pedido de ayuda humanitaria es por lo menos excesivo si se tiene en cuenta que Cuba registró solo 1659 muertes por Covid desde el inicio de la pandema, a un nivel de 147 muertes por millón de habitantes, entre los más bajos del planeta. Y además, ya tiene vacunada al 20% de su población con vacunas desarrolladas por científicos de su propio país, algo que ninguna nación latinoamericana logró.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, en una sesión de la Conferencia Ministerial del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), denunció la injerencia estadounidense y afirmó que Cuba “está bajo los efectos de una guerra no convencional, recrudecida en las últimas semanas, que promueve acciones de desestabilización”.
Ante la gravedad de la situación, el expresidente Raúl Castro se reunió con los miembros del Buró Político para abordar la estrategia política ante estos nuevos hechos y celebrar “la ejemplar respuesta del pueblo al llamado del compañero Díaz-Canel a defender la Revolución en las calles, lo que permitió derrotar las acciones subversivas”.
“Si quieren tener un verdadero gesto con Cuba, si quieren preocuparse con el pueblo, abran el bloqueo y vamos a ver cómo tocamos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no tienen valor para abrir el bloqueo?”, destacó Díaz-Canel en un mensaje a la población. Luego recorrió personalmente los lugares donde hubo manifestaciones.
El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, decidió ampliar el despliegue de fuerzas armadas para reprimir las protestas que ya llevan una semana y en las que ya murieron 72 personas. El inusitado estallido se produjo en las regiones de KwaZulu-Natal y Guateng, (la parte más próspera del país, con ciudades como Johannesburgo y Pretoria) donde se registraron desmanes y saqueos.
Los primeros incidentes se produjeron luego del ingreso en prisión del expresidente Jacob Zuma tras una sentencia por desacato. Pero esa parece haber sido apenas la chispa que encendió una caldera a presión, que se fue activando lentamente en el marco de una crisis económica potenciada por la pandemia y la falta de vacunas para contener los contagios.
La mayoría de las muertes “se registraron en estampidas ocurridas durante los saqueos de tiendas”, señala un comunicado de la policía en el que anota un total de 72 víctimas hasta la mañana de este miércoles. A esa hora había 1234 detenidos.
En videos subidos a las redes se veía a cientos de personas saliendo de locales cargando todo tipo de mercadería tomada de manera violenta, desde trozos de carne a aparatos electrónicos.
Ramaphosa usó la cadena de medios para cuestionar lo que llamó “actos oportunistas de criminalidad, con grupos de personas instigando el caos como pantalla para los saqueos y el robo”.
Zuma, de 79 años y perteneciente a la etnia zulú, pasó 10 años preso en la isla de Robben por su participación en las luchas contra al apartheid. En esa misma prisión Nelson Mandela purgó 18 de sus 27 años de cárcel, condenado por las mismas razones raciales.
Con fuerte predicamento entre las capas más empobrecidas de la población, Zuma fue vicepresidente y luego presidente elegido democráticamente. En 2018 fue depuesto por el Congreso Nacional Africano (CNA), el partido del gobierno, y renunció a su cargo.
Acusado por delitos de corrupción y vinculaciones con el crimen organizado a raíz de la detención de uno de sus asesores, el 29 de junio pasado fue condenado a 15 meses por la Corte Constitucional por no acudir a una comparencia ante una comisión investigadora.
Dentro de su comunidad étnica, la mayoritaria del país, con unos 11 millones de personas, el rey Misuzulu, pidió pacificar los ánimos y dijo que se sentía avergonzado por los episodios altamente difundidos por los medios locales.
La Unión Africana también expresó su repudio a la violencia y los saqueos, y reclamó el “restablecimiento urgente del orden”.
“Lamentablemente, Sudáfrica está de rodillas. Comunidades enteras han sido arrasadas, pero lo que es más significativo, al menos para quienes intentan calcular lo que depara el futuro, la violencia se ha dirigido a nodos vitales de distribución: capacidad logística; alimentos locales y tiendas de artículos secos, grandes centros comerciales y almacenes “, resumió el periódico local Daily Maverick.
Los últimos informes daban cuenta de que escasea el combustible y los alimentos, con lo que se preveían mayores situaciones extremas, ya que se dificulta el transporte desde las zonas de producción hasta los centros urbanos.
No es novedad que la región está en disputa entre una derecha que no se resigna a perder sus privilegios y cada vez tiene menos pruritos democráticos, y las fuerzas populares que defienden la participación política como la única forma de convivencia civilizada. Al malestar con que las élites chilenas deben tolerar la dilución del régimen pinochetista en una Convención Constituyente presidida por una mujer mapuche, se suman las chicanas para impedir o condicionar la presidencia de Pedro Castillo en Perú. El Mercosur vivió estos días un nuevo capítulo de esta disputa, cuando el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, confirmó la voluntad de negociar acuerdos comerciales sin esperar el consenso del resto de los países, una tesitura que encontró el beneplácito fervoroso del gobierno de Jair Bolsonaro, que asumió la presidencia pro témpore del organismo.
Un dato no menor es que, mientras tanto, en Italia la Corte de Casación ratificaba la sentencia definitiva a cadena perpetua contra 14 militares sudamericanos por los crímenes cometidos en el Plan Cóndor de los años ’70, al tiempo que el expresidente Evo Morales catalogaba como una reedición de aquel plan de exterminio la ayuda de gobernantes de derecha regionales al golpe de noviembre de 2019, entre ellos Lenín Moreno y Mauricio Macri.
El Mercosur nació oficialmente en 1991, con las firmas de Carlos Menem, Fernando Collor de Mello, Andrés Rodríguez y Luis Alberto Lacalle, el padre del actual mandatario oriental. Pero la piedra basal la habían instituido Raúl Alfonsín y el brasileño José Sarney al inaugurar el Puente de la Fraternidad en 1985.
La propuesta era crear un organismo de integración que, a la manera del primer tratado de Hierro y el Carbón de 1950, llegara a una entidad supranacional como la Unión Europea. Por aquello de que unidos hay más peso específico para jugar en las grandes ligas.
En este siglo, el Mercosur se consolidó como algo más que una unión aduanera y fue creciendo hasta incorporar a Venezuela, aceptar el ingreso de Bolivia y auspiciar gobiernos progresistas en el continente. De hecho, el golpe contra Fernando Lugo en Paraguay fue un golpe al corazón en la ciudad donde tiene su sede.
La suspensión del Estado Bolivariano fue la segunda señal de que soplaban otros vientos. El castigo a Caracas era también a quienes habían osado desafiar los cánones impuestos desde Washington.
Las derechas políticas y las élites económicas saben que su único modelo de supervivencia es el neoliberal. El Mercosur del siglo XXI sentaba las bases para un proyecto alejado de aquel que Menem y el padre del presidente uruguayo habían plantado en los años del Consenso de Washington.
Por eso Lacalle Pou apunta al centro neurálgico del Mercosur que potenciaron Lula da Silva y Néstor Kirchner: la decisión 32/00, del año 2000, que reafirma “el compromiso de los Estados de negociar en forma conjunta acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones de países extrazona en los cuales se otorguen preferencias arancelarias” y establece que a partir del 30 de junio de 2001, “los Estados Partes no podrán firmar nuevos acuerdos preferenciales o acordar nuevas preferencias comerciales (…) que no hayan sido negociados por el Mercosur”.
Ya lo había adelantado Lacalle Pou en la celebración de los 30 años del organismo, cuando dijo que esa disposición era un corset que va contra los intereses de Uruguay y que representa un lastre.
Bolsonaro fue crítico con el gobierno de Alberto Fernández esta semana. Dijo que la presidencia temporaria de Argentina “dejó de corresponder a las expectativas y necesidades”, como por ejemplo “la revisión del Arancel Externo Común y la adopción de flexibilización de negociaciones comerciales con socios extrabloque”.
El ministro de Economía de Brasil es un adalid de la Escuela de Chicago. Si fuera por Paulo Guedes, ya habrían privatizado todas las joyas de la abuela brasileña y ya habrían sepultado al Mercosur.
A la mayor apertura aduanera se oponen las autoridades nacionales porque saben del desastre que puede causar a una industria ya golpeada por el macrismo y la pandemia. Pero los industriales brasileños también saben que su suerte pende de ese textito que la dupla Bolsonaro-Lacalle Pou pretende eliminar.
Con unos 13 millones de kilómetros cuadrados de superficie, cerca de 300 millones de habitantes y un PBI de 4600 billones de dólares, el Mercosur es la quinta economía mundial. Si a eso se le agregan los recursos naturales y humanos de que dispone, es difícil no admitir que es una potencia de primer orden. Pero los sectores del establishment no hacen la misma lectura. Si a nivel político deben entregar el poder, al menos en lo económico, piensan, pueden mantener las riendas, y a eso apunta la dilución del Mercosur. Jugar en mitad de la tabla para mantener el kiosquito.
El primer ministro haitiano, Claude Joseph, a cargo del poder Ejecutivo tras el asesinato del presidente Jovenel Moise, decretó el Estado de Sitio para prevenir desborden en el castigado país caribeño. Joseph se escudó en el artículo 49 de la Constitución de esa nación y luego de haber convocado a un Consejo Extraordinario de ministros. “Un grupo de desconocidos, algunos de ellos de habla hispana, atacaron la residencia privada del presidente de la república e hirieron de muerte al jefe de Estado”, dijo el premier tras confirmar que la esposa del mandatario, Martine, había resultado malherida durante el ataque.
Haití, el país más empobrecido de la región, ocupa la porción occidental de la isla a la que en 1492 la expedición de Cristóbal Colón pisó por primera vez tierra americana. Su objetivo de encontrar oro a como diera lugar fue sustituido con los siglos por la extracción de cualquier tipo de riqueza de modo que la población está sumida en la miseria más profunda.
Fue el segundo país en declararse independiente en esta parte del mundo, en 1804 y, tratándose de una región habitada por colonos esclavistas, esa osadía despertó las peores reacciones en las elites americanas que buscaban la independencia de España. Desde entonces, quedaron atrapadas entre el deseo/necesidad de alejarse de la metrópoli y el temor a las bases populares, lo que quizás haya generado algunas angustias, como entendió un ex presidente argentino.
Las primeras revueltas de los afroamericanos se registraron en 1791, alentados por las noticias sobre la Revolución Francesa, que había terminado con la monarquía y encabezaba las esperanzas del surgimiento de las libertades individuales y los derechos humanos. Que además, había abolido al esclavitud.
Pero pronto vieron que las promesas que venían del otro lado del Atlántico se daban de bruces con al realidad de que aquella revolución, la de Europa, peleaba por hombres libres, pero blancos. Para los negros que siguieron a François Dominique Toussaint Louverture la historia sería diferente.
El propio Napoleón Bonaparte, que se ungió emperador enterrando los ideales de Libertad e Igualdad, también se olvidó de la Fraternidad.
Y si bien el Gran Corso murió en mayo de 1821, hace justo 200 años, el reconocimiento francés de la independencia de Haití habría de esperar hasta 1825 cuando el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer firmó la Real Ordenanza de Carlos X con el último rey Borbón del país galo.
Por ese acuerdo, Haití se comprometió a reducir en un 50% el arancel a las importaciones francesas y pagar una indemnización de 150.000.000 francos (unos 21.000 millones de dólares actuales), en cinco cuotas, para resarcir a los colonos que habían debido entregar sus plantaciones al gobierno democrático.
Más allá de los cataclismos naturales -como el terremoto de 2010 que arrasó gran parte del país y que mató a no menos de 200.000 personas- y de dictaduras como la de los Duvalier, que con la excusa del combate al comunismo instituyeron un régimen de terror entre 1957 y 1986 con el apoyo de los gobiernos estadounidenses- el país está sumido en una crisis de conducción a la que no es ajena la injerencia externa.
El primer presidente elegido democráticamente fue el sacerdote salesiano Jean-Bertrand Aristide, considerado un portavoz de la teología de la liberación. Ocupó el poder Ejecutivo por unos meses en 1991, hasta que fue derrocado por un golpe militar. Volvió al poder para completar el mandato, acompañado por una misión internacional, entre 1993 y 1996. Nuevamente electo, en 2001, se acercó a los gobiernos progresistas de la región, como el del venezolano Hugo Chávez. Esto le granjeó más enemigos tanto en Haití como fundamentalmente en Washington y fue derrocado por otro golpe, en 2004.
La deriva del país parece no tener fin desde entonces y Moise fue quizás el gran exponente de estos manejos discrecionales del poder para mantener a una casta enriquecida por sus lazos económicos y políticos con Estados Unidos.
El presidente Jair Bolsonaro tiene el raro atributo de haber logrado unir a gran parte de la dirigencia política brasileña en su contra. Y, además, de haber convertido la pandemia en una batalla negacionista que finalmente, y cuando había aceptado que la solución pasaba por vacunar a la población, quedar contra las cuerdas por sobrefacturación y pedidos de coimas. Para colmo de males, la Fiscalía General de la República le solicitó a la Corte Suprema abrir una investigación por el contrato con el laboratorio indio que produce la vacuna Covaxin.
Esta semana se presentó en la Cámara Baja un “superpedido” de impeachment en contra del presidente que unifica 120 pedidos y 20 acusaciones contra el excapitán del Ejército brasileño. A la movida se sumaron el Partido de los Trabajadores, el Psol, el PSB, el PDT y el Partido Comunista do Brasil, además de los movimientos sociales CMP, Frente Brasil Popular y la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD). La frutilla del postre es que también firmaron el petitorio dos diputados exaliados de Bolsonaro, como el actor porno Alexandre Frota, del PSDB paulista, y la periodista Joice Hasselmann, del Partido Social Liberal, que fue la estructura política con la que el actual mandatario se presentó a la elección de 2018 y que después dejó de lado.
El caso que más ruido provoca aparece en el marco de una investigación previa que había comenzado el senado en torno a la actuación del gobierno para enfrentar la pandemia de Covid-19. La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) abrió una verdadera caja de Pandora y de ese oscuro recipiente surgió no solo la negación del daño que provocó el coronavirus.
Es así que también apareció la denuncia del representante de la firma Davati Medical Supply al diario Folha de São Paulo. Luiz Paulo Dominguetti afirmó que había recibido un pedido de coima de un dólar por cada dosis de vacunas AstraZeneca ingresadas a través del Ministerio de Salud. Los senadores convocaron de inmediato a corroborar ese dato al representante de la empresa, Cristiano Alberto Carvalho.
Según la denuncia, el director de Logística de esa cartera, Roberto Ferreira Dias, guiñó el ojo para que la proveedora anotara una “propina”, como se dice en portugués, que para 400 millones dosis dejaría una millonada equivalente en moneda estadounidense a repartir. El hombre fue exonerado del cargo de inmediato, pero no queda claro quiénes estaban en esa “vaquita”, y todos apuntan a la estructura ligada al presidente.
En cuanto a Covaxin, desarrollada por el laboratorio indio Bharat Biontech, la Policía Federal investiga un acuerdo por 1,6 mil millones de reales para la compra de 20 millones de dosis. Firmado en febrero pasado, el documento –según el diputado bolsonarista Luis Miranda– mostraba una sobrefacturación del 1000 por ciento. Miranda es hermano de Ricardo, el funcionario a cargo de la compra dentro del ministerio, y dijo en la CPI que en marzo le avisó a Bolsonaro del sobreprecio, pero que nada hizo para ordenar una investigación.
Dos días después de que Bolsonaro, según Miranda, se enterara del escandalete, el entonces ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, debió dejar el cargo aunque obtuvo como premio consuelo la Secretaría de la Presidencia de Brasil. El contrato con Covaxin se cayó recién esta semana, y cuando el caso ocupaba la atención de los medios locales.
El Ministerio Público Federal, a regañadientes, aceptó que el caso le correspondía. El procurador Paulo José Rocha Junior determinó que la PF –un órgano judicial federal a la manera del FBI– abriera una investigación.
En principio, debe pedir colaboración internacional de la Justicia de India para poder indagar a representantes de Bharat Biontech y contrastar los precios internacionales de su vacuna con los que rigen para el resto de los países del mundo.
El clima contra Bolsonaro va creciendo en la opinión pública, al ritmo que se engrandece la figura del expresidente Lula da Silva. El exdirigente metalúrgico viene convocando a viejos enemigos a su cruzada contra el neofascismo de Bolsonaro y la cúpula militar. A esta épica ya sumó al expresidente Fernando Henrique Cardoso, que comandó los destinos de Brasil durante dos mandatos antes de entregarle la banda presidencial a Lula el primer día del año 2003.
Cardoso, del PMBD, con su esquive en 2018, fue clave para que Bolsonaro llegara al poder y Lula estuviera entre rejas. Ahora la historia parece darse vuelta, aunque para la elección aún falta más de un año. Y nada hace prever que los militares dejen caer a Bolsonaro.
La Campaña Nacional Fora Bolsonaro llevó a cabo casi 180 manifestaciones en todo Brasil y algunas ciudades del mundo, la más masiva de las expresiones contra el presidente brasileño desde que llegó al poder, el 1 de enero de 2019. Las consignas y pancartas portaban lemas como “No se saque los barbijos (como plantea el mandatario) saque al presidente”, o “Negó la vacuna y recetó cloroquina / y mató más que la bomba de Hiroshima”.
3J con 180 marchas
En Belo Horizonte, los cánticos alentaban: “Se o povo se unir, Bolsonaro vai cair” (Si el pueblo se une, Bolsonaro caerá).
Hubo también marchas en Berlín, Friburgo, Amsterdam, Dublín, Viena, Ginebra, Porto y Lisboa. Es esas ciudades el reclamo era por la apertura de un proceso judicial en la Corte de La Haya por crímenes de lesa humanidad en el marco del negacionismo sanitario.
La más grande de las concentraciones se registraba en la avenida Paulista, de San Pablo, donde desde temprano ciudadanos de todas las edades se movilizaban con un clima de reclamo pero a la vez festivo. En Recife, desde la mañana multitudes de jóvenes y militantes sociales y sindicales pedían el juicio político, profundizar los planes de vacunación y un auxilio de emergencia de 600 reales hasta el fin de la pandemia. En esa ciudad el acto terminó también temprano y la desconcentración se produjo con total normalidad.
Lula Vuelve
En 2018, el juez Sergio Moro era el héroe que tuvo el coraje de meter entre rejas a cientos de dirigentes políticos y hasta a un expresidente de Brasil en varias causas por corrupción.
Luiz Ignacio Lula da Silva, impedido de participar en las elecciones de ese año, era el centro de las acusaciones y parecía un cadáver político ante el avance arrollador de Jair Bolsonaro, que llegó al poder con el apoyo de los militares.
Lula, condenado a casi 26 años de cárcel, pasó 580 días tras las rejas. Su liberación, en noviembre de 2019, se produjo cuando se reveló la manipulación judicial de Moro y los fiscales en su contra.
A medida que la política criminal de Bolsonaro con la pandemia le iba quitando sustento político al gobierno, el Poder Judicial tomó nota y fue cambiando el eje de las investigaciones realizadas contra el exmandatario.
A mediados de este año, se habían caído once procesos penales amañados por los Moro Boys. El exjuez y exministro de Bolsonaro, huyó a Estados Unidos.
Hace diez días, un juez de la Corte Suprema anuló dos causas armadas por Moro y le terminó de despejar el camino hacia la elección del año próximo. Quedan tres expedientes que tienen también destino de cierre.
Los últimos sondeos muestran una intención de voto del 49% para Lula da Silva contra un 23% del actual presidente.
La pandemia desnudó las enormes inequidades sociales en el mundo. Y, por obvias razones, donde más se reflejaron fue en los sistemas de salud. La imagen del primer ministro británico Boris Johnson agradeciendo al personal que lo atendió cuando se contagió de COVID-19 fue un símbolo. Meses antes, durante la campaña electoral, el laborismo había mostrado a un niño atendido en el suelo de un hospital de Leeds por falta de camas como ejemplo de las políticas conservadoras que Johnson encarnaba, tras décadas de recortes al servicio de salud pública del Reino Unido. Desde marzo de 2020 esas mismas escenas se vivieron en otros países por la explosión del coronavirus. Si en Argentina no ocurrió algo parecido fue porque el flamante Gobierno tuvo tiempo de poner barbas en remojo y reforzar un sector maltrecho por políticas de ajuste impuestas desde el menemismo. El debate sobre la cobertura médica atraviesa el mundo en distintos grados. Aquí, la vicepresidenta Cristina Fernández removió las aguas con una frase que desencajó a quienes preferirían no hacer olas en temas semejantes. Propuso diseñar un sistema integrado de salud sobre la base de la experiencia de este año y medio con el modelo actual: público, sindical y privado. «¿El sistema no está integrado acaso a las patadas y a la fuerza porque lo impuso la realidad?», dijo. De inmediato surgieron quejas opositoras y mediáticas enardecidas en contra de lo que se mostró como un intento de estatizar el sistema de salud y trayendo a la memoria que, siendo presidenta, Fernández había terminado con el sistema de las AFJP. La palabra al uso en estos casos resulta ser «caja». Para esos sectores, el objetivo del kirchnerismo sería apropiarse de fondos de algo más del 9% del PIB nacional, ahora diseminado en distintos efluentes. Sin embargo, aparecieron voces que, inesperadamente, saltaron la grieta y salieron en apoyo de la propuesta. Entre ellos el exsecretario de Salud de la Nación de la gestión Macri, Adolfo Rubinstein, y del ministro de esa misma cartera en la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. «Me parece que la reforma sanitaria es uno de los temas que forman parte de las asignaturas pendientes en nuestro país junto con otras reformas. El sistema de salud argentino necesita de profundas reformas», tuiteó Rubinstein, que no suele ser condescendiente con el oficialismo. «La complejidad del sistema de salud en la Argentina es de tal magnitud que merece diálogo y un camino en común sobre cómo se construye un sistema sanitario más potente y de más calidad, más orientado a resolver los problemas modernos», abundó Quirós. Según datos de la Federación de Mutuales de Salud, la Fundación Isalud y el Banco Mundial, citados por el semanario Tiempo Argentino, el 48,6% de la población se atiende en obras sociales, ya sea nacionales o provinciales; el 26,7% en el sector público; el 10,3% son afiliados de PAMI y el 3,9% en mutuales y cooperativas. El sistema público es gratuito, el resto se financia con aportes de trabajadores y de las empresas en el caso de los registrados. En el mundo de la salud hay prestadores y financiadores y, además, servicios nacionales, provinciales y municipales «y muchas obras sociales que no se regulan por la Superintendencia de Salud», puntualiza el oficialista Pablo Yedlin, titular de la Comisión de Salud de la Cámara Baja. Por otro lado, obras sociales como la de los jubilados contratan a instituciones privadas, que en muchos casos tienen al PAMI como su principal fuente de ingresos. Las distintas reformas al sistema, incluso en el posmenemismo, habilitaron alianzas que acercaron los aportantes de mayores ingresos –«la crema del negocio» se los llama– a las prepagas, quitando recursos a obras sociales más chicas o dejando servicios de menor calidad a los de bajos ingresos. Les sucede a los monotributistas, que a pesar de su aporte mensual suelen penar con las peores coberturas. Entre los críticos de una reforma figuran las empresas de medicina prepaga, que tienen en Claudio Belocopit a un vocero muy efusivo, convincente y con mucho poder de fuego desde su canal América TV y el resto de los medios. El presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), dueño de Swiss Medical, viene reclamando que el Gobierno autorice aumentos en las cuotas y encabezó la presentación de una cautelar para que la Justicia permita un incremento del 9,7%. Para la cámara que comanda, el Gobierno está asfixiando al sistema de prepagas como paso previo a la estatización. Diplomático, Belocopit adhiere «plenamente al sistema estatal», pero agregó que «eso no significa que el privado no existe. Siempre pueden coexistir».
Una propuesta En concreto, está sobre la mesa un trabajo del Instituto Patria junto con la Fundación Soberanía Sanitaria y el Frente Ciudadano por la Salud. Propone la creación de un Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino (SNISA), donde converjan municipios, provincias y privados, bajo la coordinación del Ministerio de Salud de la Nación y la supervisión de la Superintendencia de Servicios de Salud. Oscar Trotta, uno de los sanitaristas que participa del proyecto, ejemplificó de qué modo la integración haría más eficiente un gasto que está al nivel de los países más desarrollados. «A una persona que tiene obra social le hacen una radiografía en algún efector. No conforme con esa prestación, hace una segunda consulta en el sistema público de salud. En un sistema integrado, en esa segunda consulta le dirían: usted ya se hizo una imagen en tal sanatorio, y con esa imagen nos vamos a manejar». Un gran problema es el costo de las nuevas tecnologías y aparatología médica, pero también el de los medicamentos. «Utilizar el poder de compra del Estado cuando ello resulte en claras ventajas en el control de precios abusivos promoviendo compras centralizadas», ambiciona el proyecto en estudio, que así suma a la industria farmacéutica a las filas del rechazo. Durante la pandemia se destacó el modelo de salud de la provincia de Santa Fe. Si bien en la segunda ola estuvo a las puertas del colapso, no se encuentran cuestionamientos a las gestiones socialistas que potenciaron el servicio público. Una de las aristas destacadas es la producción pública de medicamentos a través del Laboratorio Industrial Farmacéutico, creado en 1947, convertido en Sociedad del Estado en 1999 y proveedor de Nación desde 2008. Otro aspecto esencial –un tema que Johnson no se cansó de elogiar tras su internación en el Hospital Saint Thomas– es el de los recursos humanos. Olvidados ya de los aplausos a las 9 de la noche de los primeros días, la noticia de renuncias crecientes en intensivistas preocupa a las autoridades. El presidente Alberto Fernández presentó un proyecto de ley para jerarquizar a los enfermeros, una demanda frustrada por el Gobierno porteño. Una protesta en el Puente Pueyrredón de trabajadores de hospitales públicos del área metropolitana fue reprimida por fuerzas policiales. Reclamaban contra la precarización laboral, por salarios dignos y el reconocimiento profesional.
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