Si el Fondo Monetario Internacional (FMI) eligió esperar hasta después de la PASO para refrendar el acuerdo por la refinanciación de la montaña de dinero que entregó a la gestión de Mauricio Macri, bien puede el Gobierno nacional esperar unos días más y recibir la sorpresa de que los países del BRICS aceptan a la Argentina como uno de los nuevos socios, lo que abriría las puertas del club que ya apunta a ser el más poderoso del siglo XXI. El grupo, integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, concentra el 42% de la población mundial, cubre el 30% de la superficie del planeta, sostiene el 20% del comercio internacional y representa el 23% del PBI total, y se prepara para una cumbre en Johannesburgo entre el 22 y el 24 de agosto que se considera clave para este momento de rediseño de la arquitectura geopolítica internacional. Fueron invitados 69 países, de los que ya dieron el sí una veintena. Se trata de naciones de Asia, África y el sur global, todo un símbolo de pertenencia que fue la excusa formidable para decirle no al mandatario francés Emmanuel Macron, que quería ser de la partida. En la ciudad sudafricana se trataría el ingreso no solo de Argentina sino, entre otros, de Arabia Saudita, Irán, Argelia, Bielorrusia, Egipto, Venezuela, Indonesia y Turquía. Pero permanece como incógnita si habrá o no ampliación, algo que debe hacerse por consenso. El BRICS viene mostrando que le da al cuero para discutir el tablero internacional más allá de los dados que cayeron al fin de la segunda guerra mundial y dieron como resultado la creación de la Organización de Naciones Unidas, con un Consejo de Seguridad integrado por cinco miembros permanentes con derecho a veto. Ya desde los tiempos de Néstor Kirchner como presidente, y en sintonía con el brasileño Lula da Silva, se intentó, por un lado, ampliar la mesa de esos «Cinco Grandes» (EE.UU., Rusia como heredera de la URSS, Francia, Reino Unido y China) para construir un mundo multipolar.
Mesa chica La otra opción, mucho más explícita durante los gobiernos de Cristina Fernández, fue pedir el ingreso a esa liga de naciones que dibujó en 2001 un poco como un juego de siglas el economista británico Jim O’Neill para explicar su teoría de que cuatro países estaban llamados a ser las mayores potencias del siglo que comenzaba. Eran los BRIC y dejaron de ser un juego cuando en 2008 los líderes de esas cuatro naciones originales decidieron recoger el guante. Dos años más tarde se sumaría Sudáfrica para agregarle la S final y una silla para el continente. Entre el 2015 y la actualidad «pasaron cosas» y Argentina quedó en stand by acerca de construir algo así como el BRICSA: el expresidente Mauricio Macri no hizo nada por buscar el ingreso. De su colega brasileño, Jair Bolsonaro, se pueden decir muchas cosas, pero nunca esbozó la menor crítica al organismo. Baste decir que, en su última intervención, en la cumbre de junio de 2022, destacó que «el grupo representa un factor de estabilidad y prosperidad en el escenario internacional, así como un modelo de cooperación basado en beneficios para todas las partes». Fue en esa asamblea en Beijing que, de manera virtual, Alberto Fernández aprovechó la invitación para pedir formalmente la incorporación de la Argentina, cosa que le prometieron estudiar. Se entiende que en la mesa chica del grupo, Argentina ahora tiene dos votos favorables, el de Brasil y el de China, y las circunstancias dan para un moderado entusiasmo de las autoridades. La crisis de reservas favoreció un intento de recurrir al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) en mayo de este año, que terminó empantanado porque en rigor de verdad, Lula no puede disponer a voluntad de dinero ni de esa institución ni del Banco Central, que debía ser garante de la operación. Peripecias de la independencia de la máxima entidad monetaria de un país. El líder metalúrgico tampoco pudo facilitar un crédito del recién creado Banco BRICS, que dirigía desde abril la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, porque Argentina no forma parte del grupo. La próxima jugada del ministro de Economía Sergio Massa fue pagar parte de los vencimientos que se sucedieron con el FMI en yuanes, mediante la aplicación del acuerdo con China que data de 2009, refrendado por Cristina Fernández y luego también por Macri, pero que nunca se había utilizado hasta ahora y que se extendió al pago de importaciones con la moneda china. La «sequía» de fondos frescos también llevó a que se recurriera a créditos de Qatar y del Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF), una manera de resguardar los dólares que quedan en el Banco Central. La semana pasada, Lula Da Silva apoyó de manera indirecta la candidatura de Massa a la primera magistratura cuando dijo en una rueda de prensa: «Le pido a Dios que la democracia venza en Argentina y que no gane un candidato que piense que inversión social es gasto o quiere privatizar todo». La pertenencia a BRICS es un horizonte deseado y en vista de la realidad actual, hasta imprescindible para el país, más allá de quien llegue a la Casa Rosada en diciembre. Es que el grupo no solo trataría la ampliación de sus miembros, a efectos de fortalecer sus espaldas, sino a discutir la creación de una moneda de intercambio común con respaldo en oro. Sería un regreso a las épocas de Breton Woods, pero sin el dólar como moneda de reserva internacional. Una amenaza letal para la hegemonía estadounidense.
Por ahora, lo que se sabe sobre el aumento en el techo de la deuda que el Congreso le autoriza al gobierno estadounidense es que el día D para el default, anunciado inicialmente para el 1 de junio, se pasa al 5. Así lo indicó la secretaria del Tesoro, Janet Yellen. De no haber antes un acuerdo entre el partido republicano y la administración de Joe Biden sobre dónde resolver el entuerto, ese día el gobierno se quedará «sin fondos para satisfacer las obligaciones», según le escribió la ministra de Economía estadounidense al líder de la oposición en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien en esta jugada es el que tiene la lapicera para que la Casa Blanca no tenga que declarar un default. Cómo será la preocupación que despiertan estas controversias que hasta el Fondo Monetario Internacional lanzó una advertencia contra una «política arriesgada» que podría generar «un riesgo sistémico adicional y completamente evitable tanto para EE UU como para la economía mundial».
En una puja de amenazas, presiones y extorsiones, el gobierno estadounidense vuelve a tener que recurrir a endeudamientos superiores a los establecidos en el presupuesto para hacer frente a los gastos corrientes. Sería la centésima vez desde que el artilugio legislativo fue instaurado en Estados Unidos. El techo de la deuda es el límite hasta el cual la administración a cargo está autorizada a emitir deuda para financiar los gastos corrientes por medio de bonos públicos y letras de tesorería. Se implementó por primera vez, no casualmente, en 1917, cuando el país ingresó a la Primera Guerra Mundial, como un modo de que el Congreso conservara el control que reclama la Constitución y para facilitar al Ejecutivo contraer deuda en un contexto bélico. Se emitieron entonces Bonos de la Segunda Libertad, que el público podía comprar para financiar la entrada de las tropas en la guerra europea.
Una nueva regulación se produjo en 1939, ya en el marco de la Segunda Guerra, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt aún juraba que no se iba a sumar a la contienda pero era evidente que si la cosa escalaba –como realmente ocurrió– eso sería inevitable. A Roosevelt esta nueva modalidad de regulación, que cubría todos los tipos de instrumentos crediticios, le sirvió de paso para manejarse con mayor libertad para su proyecto económico, el New Deal «populista».
Desde entonces la deuda no dejó de crecer, porque básicamente Estados Unidos no dejó de estar en guerra y de armarse hasta los dientes para construir su imperio global desde 1945. Pero había un compromiso bipartidario para no remover las olas ante cada nuevo pedido de la Casa Blanca. Eran los años en que los gastos militares se habían convertido en una forma de asignación estatal de recursos que mantenía a la economía pujante, según relataba entonces el economista John Kenneth Galbraith. Una suerte de keynesianismo militar.
Sin embargo, en los 90 los aires ya eran otros y se desató una era de pujas entre demócratas y republicanos cada vez que había que pedir más fondos al Tesoro. El monto del endeudamiento iba creciendo de manera exponencial al tiempo que el neoliberalismo se desplegaba sin freno sobre ambos partidos y entonces, ante cada nueva discusión parlamentaria, el eje del debate fue no si era necesario recortar, sino dónde. Y especialmente, dejando lejos de la tijera al aparato militar industrial, como destaca el economista Jeffrey Sachs (ver aparte). Las víctimas de los ajustes fueron las asignaciones sociales, educación, salud y pensiones. Un tema con muy conocido por estos confines.
Desde 1976 hubo una veintena de «cierres del gobierno», esto es, momentos en los cuales no hay fondos para determinados sectores de la administración pública, que es la amenaza latente por estos días. La mayoría de los mandatarios que los padecieron, por distintas razones, fueron demócratas, pero también le sucedió al propio Ronald Reagan y a Donald Trump. Ninguno de esos cierres fue por más de un puñado de días. Aunque hay excepciones, como el de 1979 contra Jimmy Carter, que vetaba presupuesto para construir un portaviones nuclear y destinaba dinero a la salud pública, de 18 días, y el de 1995 contra Bill Clinton, desde el 16 de diciembre al 6 de enero del 96. Barack Obama tuvo que digerir 15 días de cierre porque los republicanos rechazaban fondos para su plan de Salud. Los demócratas, en 2018 les devolvieron el gesto a Trump tres veces, la última por 35 días, al rechazar financiación para el muro en la frontera con México.
Todo indica que habrá arreglo entre Biden y McCarthy, aunque el ala izquierda de los demócratas dice que el déficit se podría cubrir con mayores impuestos a los ricos o a las empresas, algo que suena a blasfemia a la oposición y algunos sectores del oficialismo; y los republicanos no quieren más dólares para el IRS –la AFIP de EE UU– que necesita más personal para controlar que todos paguen lo que corresponde.
Se habla de «ingeniería contable» en los programas de Medicaid y Medicare, de la posible venta de activos del servicio de Seguridad Social o el Departamento de Salud para evitar el cierre en esas áreas, uno de los ejes de las alarmas que despliega el oficialismo para presionar mediáticamente a la oposición.
La deuda de EE UU es de 31,4 billones de dólares, alrededor del 126% del PBI. A la preocupación de Kristalina Georgieva por un eventual default se suman agencias de evaluación como Fitch y DBRS Mornigstar, que pusieron «en revisión» la calificación de la deuda estadounidense, o sea, que estudian si bajarla de la categoría AAA. Las autoridades de Japón y China también tiemblan, ya que ambos países tienen entre sus reservas más de la cuarta parte de los títulos del Tesoro en manos extranjeras, unos 7,6 billones de dólares. «
Nuevo jefe militar en EE UU, con la mira en China
En una señal de que la mira de la Casa Blanca apunta ahora a China, el presidente Joe Biden nominó como jefe de Estado Mayor Conjunto a Charles Q. Brown Junior, el segundo afrodescendiente en ocupar ese cargo desde la creación del organismo, en 1942. Hasta ahora era titular en su arma, la aeronáutica, y según su currículum, es un general de cuatro estrellas, piloto experto en aviones caza F-16 que lideró las bases de la USAF en Alemania y Corea del Sur. «El general Brown es un guerrero que ha sido comandante en Europa, en Oriente Próximo y después en el Indopacífico. Tiene un conocimiento único de nuestras operaciones y teatros operacionales y una visión estratégica para entender cómo trabajar todos juntos para garantizar la seguridad del pueblo estadounidense», dijo Biden al presentarlo.
Sustituye a Mark Milley, que se retira en septiembre tras cuatro años en el cargo. En enero pasado, Milley había declarado que «desde un punto de vista militar, es muy difícil o casi imposible que Ucrania pueda expulsar a las fuerzas rusas de cada centímetro ocupado de su territorio», lo que despertó críticas entre los belicistas de Washington.
El primer afrodescendiente en el Estado Mayor Conjunto fue Colin Powell, quien luego sería el secretario de Estado que se presentó ante Naciones Unidas en 2003 para pedir una alianza occidental que sustentara la invasión Irak destinada a acabar con «las armas de destrucción masiva» que, dijo, había acumulado Saddam Hussein pero nunca aparecieron. Ahora esa operación se considera el mayor error estratégico de Estados Unidos en su historia.
El recuerdo a los 20 años de la elección en la que finalmente Néstor Kirchner resultaría consagrado presidente fue una ocasión que desde ningún espacio se desaprovechó para interpretar, y hasta reinterpretar, la historia reciente del país. Y sirvió para confirmar una vez más la centralidad que ocupa la vicepresidenta Cristina Fernández en el escenario político nacional. A tal punto que su discurso en el acto que se desarrolló el 27 de abril en el Teatro Argentino de La Plata en el lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), fue esperado por militantes y dirigentes del Frente de Todos con igual expectativa que los de la oposición más acérrima. La gran incógnita a despejar era si finalmente anunciaría su postulación a un nuevo período presidencial. Y volvió a repetir que la negativa que esbozó en diciembre pasado sigue vigente. «Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar», dijo a modo de clausura sobre su postulación. De todas maneras, esa frase, con lo que tiene de lapidaria o definitiva, no cierra la aspiración de muchos de quienes se encolumnan en su sector del peronismo y pugnan por contar con su figura en un comicio que se aventura particularmente difícil en un contexto de alta inflación, escasez de reservas y un clima externo que en términos poco académicos podría definirse como de «viento en contra». Desde el tablado platense Cristina Fernández detalló el eje de lo que debería ser, según su interpretación, la disputa para esta ronda presidencial. «Es posible que 20 años después estemos discutiendo lo que fracasó en la Argentina. Es una Argentina que vuelve sobre sus fantasmas y sus viejos fracasos. No digo que tengamos la razón, pero no me quieran convencer de que tenemos que volver para atrás para resolver este presente», dijo la dos veces presidenta, tras afirmar que el problema inflacionario en el país está relacionado con las imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y ahí puso el dedo en la llaga desde el título mismo de su exposición: «La Argentina circular. El FMI y su histórica receta de inflación y recesión». «La Argentina fue el país que más se endeudó con fondos privados (desde 2016) y cuando no pudieron más, volvieron al FMI. Fue criminal lo que pasó», sostuvo Fernández. Si estas dos décadas están signadas por la crisis del 2001 y el fin de la convertibilidad, no es ajeno a aquel estallido el condicionamiento del FMI, que en 2006 había dejado de tener influencia luego de que Néstor Kirchner canceló el total de la deuda con el organismo de crédito.
Impacto del Fondo Lo que Cristina Fernández puso sobre la mesa es un tema fundamental que solo un mecanismo de ocultamiento mediático y político puede barrer de los debates, como es el regreso del FMI y las ataduras que impone. No hace tanto en un programa de tevé se hizo una pequeña compulsa en las calles y la mayoría de los consultados –gente que circulaba ocasionalmente– ignoraba qué papel podía tener el FMI en la vida cotidiana o estaba convencida de que el crédito lo había contraído el Gobierno de Alberto Fernández. Y por otro lado, en todas las críticas a la gestión actual desde la oposición jamás se menciona el impacto del Fondo en el diseño de la economía. El mismo jueves 27, horas antes de que la vicepresidenta hablara en la capital bonaerense, el contratante del acuerdo, Mauricio Macri, lanzó una carta pública fustigando este período. «Veinte años de una ocasión desperdiciada», tituló el expresidente. «Habíamos logrado salir de la peor crisis de nuestra historia y empezábamos, después de mucho dolor, a recuperarnos», dice el texto. Tras una enumeración de esos años en clave macrista, la carta concluye que «no habrá más años de kirchnerismo, más allá de lo que diga el resultado electoral. El dominio del kirchnerismo sobre el peronismo y sobre la política argentina se terminan en 2023».
Una gran familia. Con el expresidente fuera de la grilla de candidatos, la cúpula macrista intentó limar asperezas.
Foto: NA
Un par de días antes, Patricia Bullrich, precandidata por el PRO a la presidencia y una de las integrantes del Gobierno que renunció en 2001 en medio de esa crisis terminal que sesgadamente menciona Macri, había prometido en un foro empresarial que ella iba a «demoler el régimen económico de los últimos 20 años».
El factor Milei La que fuera ministra de Trabajo del Gobierno de Fernando de la Rúa fue una de las participantes del encuentro que el macrismo celebró el viernes 28 en San Isidro, en la casa del exministro de la misma cartera, Jorge Triaca, junto con las principales espadas del partido: Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el diputado Diego Santilli, la exgobernadora María Eugenia Vidal, entre otros. En esa cumbre se debatieron las disputas internas en ese sector de cara a las PASO y en un entorno de críticas cruzadas luego de la renuncia del exmandatario a una nueva postulación y el rol que asumió el alcalde porteño para aspirar a la presidencia. Las únicas palabras salieron de boca del diputado Cristian Ritondo, designado vocero de ese tipo de cónclaves hace ya tiempo para controlar la versión oficial y evitar a los asistentes la tentación de hablar de más ante los micrófonos. La novedad fue que se habrían de reunir con José Luis Espert para ofrecerle participar de las PASO dentro de Juntos por el Cambio. De alguna manera esta movida también obedece al discurso de Cristina Fernández, quien en el Teatro Argentino «subió al ring» a Javier Milei, el verborrágico competidor ultraliberal de Espert. Fue cuando rememoró discursos de quien definió como discípulo «con más pelo» del creador de la convertibilidad, en alusión a Domingo Cavallo, en el que acusaba a la dirigencia política de tenerle miedo. «Esos mamarrachos que dicen que “la casta” tiene miedo, ¿de qué te tenemos miedo? Si nunca te pasó nada. ¿De dónde te tenemos miedo?», dijo la líder del Frente de Todos, para luego insistir en que es «la única dirigente política que fue condenada, proscripta e intentada asesinar» y señalar que el Poder Judicial «no quiere investigar a los que me quisieron matar». Eso sí, reconoció que tiene miedo, pero porque sus nietos «puedan crecer en un país tan injusto e inequitativo».
Programas contrapuestos Lo que en definitiva quedó claro tras el discurso de Cristina Fernández en La Plata y la respuesta conservadora es que en ninguno de los espacios con aspiraciones se está discutiendo, puntualmente, por personalidades sino sobre programas. Para la expresidenta, el programa no será «uno de fe anticapitalista», y tras encuadrar al capitalismo como «el modelo de producción más eficiente», agregó que «la gran discusión no va a ser sobre si capitalismo sí o no, si no quién conduce el proceso de producción para no dañar tanto el medioambiente, si dejamos a los mercados o la política vuelve a tomar la dirección». En el libro Segundo tiempo, Macri de alguna manera fijó su programa y es el que intenta imponer en el PRO, con mayor o menor acompañamiento de los otros socios de JxC, la UCR y la Coalición Cívica, que a pesar de hablar de sus diferencias con la ultraderecha, no se oponen a un acuerdo con Espert, un personaje no menos drástico en sus postulados económicos que el discípulo de Cavallo. Es que ese programa es el mismo y ni siquiera tienen que esforzarse mucho en elaborarlo. Es el que desde 2018 dicta el FMI.
Que el mundo está en un acelerado proceso de cambios geopolíticos es innegable. Y que en Ucrania se juega el futuro de la configuración del siglo XXI tampoco. La moneda está en el aire, pero el multipolarismo ya es una realidad y en ese escenario, con las elecciones argentinas en el horizonte, el papel que jugará el país también es clave. Datos a tener en cuenta: el crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) al Gobierno de Cambiemos –que incluso en la gestión de Donald Trump reconocieron que era para apoyar a Mauricio Macri como socio en su embestida contra Venezuela– es una atadura que condiciona cualquier política económica y exterior. Las frecuentes visitas de la jefa del Comando Sur, Laura Richardson, y otros altos dignatarios del actual Gobierno de Estados Unidos son también un llamado de atención, si se tiene en cuenta la ofensiva antichina de la Casa Blanca y el mensaje explícito de la generala por los recursos naturales de la región. En ese contexto, ni bien las tropas rusas cruzaron la frontera en 2022, los diputados del PRO Waldo Wolff y Gerardo Milman promovieron un viaje a Varsovia, capital de Polonia, para «ponerle el cuerpo a la paz» en Ucrania y contra Rusia. En tanto, a principios de este mes, en otra conmemoración de la gesta de Malvinas, volvieron a aparecer voces que postulan no ya la inconveniencia de reclamar por la soberanía sino incluso cuestionan los derechos que le caben a la Nación en esos territorios. En este embrollo, a aquel viejo inventario sobre la decadencia argentina centrada en los 80 años de populismo, se le agrega que ese período coincide con la postura argentina en la Segunda Guerra Mundial que, entienden estos sectores de la derecha, condenó al país por no haber secundado a las potencias aliadas en contra de la Alemania nazi desde el primer día. Para Eric Calcagno, exembajador en Francia y ex senador, no hay dudas de que Argentina debe respetar su vieja tradición de neutralidad, posición que se mantuvo en las dos guerras mundiales –en ambos casos decididas por gobiernos conservadores– «y que potenció Arturo Illia al no haber aceptado participar en la invasión a República Dominicana» en 1965. Por su parte, Juan Tokatlian, vicerrector de la Universidad Di Tella y master en Relaciones Internacionales por la Universidad Johns Hopkins, señala que «resulta difícil pensar que tenga algún dividendo para cualquier gobierno que surja en diciembre alinearse estrictamente con Occidente o ir a un hiperoccidentalismo», y se explica: «Ocho de cada diez dólares de exportación argentina en 2022 fueron a países no occidentales», y para más claridad, con India hoy día el comercio es cuatro veces superior al que se realiza con Francia. Fuentes de las Fuerzas Armadas, por otro lado, informan que hay un sector importante –aunque silenciado– que se mostraría mucho más dispuesto a sostener decididamente a Rusia y a los países del grupo BRICS (que integran además Brasil, India, China y Sudáfrica) con un sencillo argumento: «Ellos apoyan nuestra soberanía en Malvinas y del otro lado están el Reino Unido y la OTAN, que tiene una base militar en nuestras islas». De todas maneras, la cuestión Malvinas no parecería que vaya a integrar el eje de ninguna campaña. Así lo entiende Tokatlian. «En otra circunstancia la decisión del Gobierno de haber dado por finiquitado el acuerdo Foradori-Duncan hubiera despertado debates, artículos de prensa, comentarios, pronunciamientos de varios partidos en la línea de alguno de sus líderes que se han manifestado con un relativo desdén frente al tema o con el convencimiento de que es un reclamo innecesario. No sucedió nada de eso. El tema se cerró a los dos días», deduce. Calcagno, a todo esto, recuerda las consecuencias de una sociedad plena –«relaciones carnales» se las llamó en los 90– con Estados Unidos. «La vez que intervenimos en una guerra en la que no teníamos nada que ver, como fue la del Golfo (1990), importamos problemas, como los atentados a la embajada de Israel y la Amia». Y completa: «Apoyar a EE.UU. no nos deparó la prosperidad. Eso es algo fáctico». El problema más grave es cómo encontrar resquicios para esquivar las ataduras a que obliga el FMI, donde la posición de Washington es determinante. Es que, si bien del organismo forman parte todos los países del BRICS, con solo el voto contrario de EE.UU. se puede bloquear cualquier acuerdo. Aunque es cierto que la influencia de ese país mermó. De las sanciones contra Rusia dictadas junto con los países europeos no participan más de 40 naciones sobre 193 que integran la ONU. «América Latina nunca ha tenido una tradición de respaldar sanciones económicas y en este caso ha actuado como lo hizo históricamente», detalla Tokatlian. Tampoco se sumó el Sur Global. Otra posibilidad sería que en vista de que China e India ya tienen envergadura como para discutir el rol de cada uno en el Fondo, se cambien las reglas de juego. «EE.UU. no quiere que se revean las cuotas de votos porque perdería su posición dominante –reseña Calcagno– por eso no solo hay que pedir que se actualice sino abrir otras oportunidades, otras ventanas, como la de los BRICS, donde los métodos de financiamiento y comercio son distintos y se realizará en otras monedas que no son el dólar». La cuestión es si la dirigencia que asuma el 10 de diciembre estará a la altura de estos tiempos complejos.
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