Que el modelo de negocios de los medios de información está en crisis no es novedad. Y cuánto más grandes son, como se dice en las esquinas de barrio, más ruido pueden hacer al caer. El caso de el grupo español Prisa, editor del diario El País y dueño de la cadena radiofónica SER entre otros negocios, puede ser emblemático.
Surgido a gran velocidad y montado sobre el éxito del periódico, el primero nacido en la España posfranquista, El País fue un modelo de periodismo para varias generaciones de españoles y de latinoamericanos. Su crecimiento explosivo desde los años 90 en esta región consolidó ediciones en México, Buenos Aires y a través de la web en portugués para Brasil. La radio es la de mayor audiencia y Prisa tiene emisoras en varios países, como la conocida Caracol, de Colombia. Los medios del grupo tradicionalmente reflejaron las posiciones del PSOE y recibieron no pocos beneficios de esta mancomunidad.
Pero los tiempos cambian y no solo fueron apareciendo medios influyentes ligados a la derecha y otros sin ligazón partidaria, sino que en los últimos años las noticias circulan de otro modo en la sociedad y hay una fuerte competencia de medios digitales. Que para colmo, resultan más creíbles.
Porque los medios tradicionales, en su intención de no perder audiencia ni publicidad, terminaron bajando la calidad de sus productos a niveles que muchas audiencias no toleran. El caso es que Prisa tuvo que renegociar su deuda ya varias veces desde la crisis financiera de 2008, cuando debía 3800 millones de euros. En agosto pasado los accionistas reconocían acreencias de 1000 millones de euros, lo que se reflejó en un desplome de sus acciones del 70%.
El 5 de noviembre pasado vendió la Editorial Santillana a la finlandesa Sanoma en 465 millones y consiguió refinanciar su deuda hasta el 2025. Esta semana desestimaron una oferta hostil del empresario Blas Herrero por 200 millones de euros por El País y la cadena SER.
Prisa informó que rechazó la oferta por exigua y que “continuará operando de acuerdo con su hoja de ruta definida a comienzos del presente ejercicio, en el desarrollo y puesta en valor de sus proyectos de educación y medios de comunicación, según se ha venido comunicando consistentemente al mercado”.
Herrero es catalogado por algunos medios españoles como un aventurero que aprovechó su cercanía al gobierno de Felipe González para quedarse con varias frecuencias radiales en regiones autonómicas a precio de ganga. Asturiano de nacimiento, Herrero tiene también una licencia en la nueva Televisión Digital Terrestre.
¿De dónde sacaría el dinero para quedarse con el diario y las radios? El periodista Rodrigo Ponce de León desliza en el diario.es que Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, que mantiene un 4% claves de acciones en Prisa, es el bolsillo detrás de Herrero, “para hacerse con el control de la línea editorial de El País y la Cadena Ser”.
Como ocurrió a fines de 2013, cuando policías de 20 provincias se levantaron contra las autoridades por reclamos salariales, el conflicto con la Policía Bonaerense potenció los debates por la sindicalización de los agentes de las fuerza de seguridad. En un artículo publicado en octubre pasado, Sabina Frederic recordaba que Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña y los países de la Unión Europea cuentan con sindicatos policiales. “También Uruguay, el único en América Latina, pues Brasil solo lo reconoce a la Policía Federal. Ninguno cuenta con derecho a huelga”, resumía la actual Ministra de Seguridad de la Nación, para luego indicar que aquellas discusiones de hace casi 7 años se estrellaron contra un fallo de la Corte Suprema que denegó el derecho de agremiación de los uniformados.
La cuestión, en el mundo, sigue candente, sin embargo, al punto que diversos estudios académicos e incluso la experiencia de estos últimos meses en Estados Unidos señalan que los sindicatos policiales suelen servir más que para garantizar las negociaciones por salarios y condiciones laborales, para cubrir a agentes acusados de graves violaciones de los derechos humanos. Lo que en Argentina podría ser catalogado como “gatillo fácil”, y que en América del Norte es más bien “gatillo racial”, con las consecuencias que se vieron desde el bárbaro asesinato de George Floyd en Minnesota el 25 de mayo pasado.
Esta defensa fue particularmente fuerte cuando desde legislaturas locales se intentó algún tipo de reformas policiales para evitar nuevas matanzas.
En un hilo de tuits muy oportunos, la periodista María Clara Albisu destaca un par de estudios de la Universidad de Oxford y de la de Chicago.
Un trabajo publicado por el Newyorker revela que según una investigación de Oxford de 2018, en las 100 ciudades más grandes de EEUU los gremios habían utilizado su poder de fuego -nunca mejor utilizada la metáfora- para impedir cambios en los contratos policiales con el objetivo de amparar a colegas acusados de violencia o abusos contra los ciudadanos.
Reconocer un sindicato implica admitir que el policía pasa a ser un trabajador. La Corte argentina no aceptó esa calificación –los considera funcionarios públicos- y por eso negó el reconocimiento a asociaciones gremiales. Dicho esto, si la tarea policial es un trabajo, debe haber contratos laborales que reglamenten ese ejercicio.
Un trabajo de 2017 de Reade Levinson determinó que esos contratos son aplicados para proteger a los agentes de anomalías y actos de indisciplina. Hay casos hasta de que las autoridades políticas pueden negociar salarios a cambio de borrar malos antecedentes de los registros policiales que impedirían ascensos o directamente deberían significar la expulsión del implicado.
El caso más sugestivo sucedió en 2014 en San Antonio, Texas, cuando la alcaldesa Sheryl Sculley intentó quitar la cláusula de eliminación de quejas de mala conducta de los registros y aumentar la participación ciudadana en el proceso de calificación de los agentes.
La respuesta de la Asociación de Oficiales de Policía de ese distrito costó dinero pero lograron el objetivo de voltear la medida. Con una campaña publicitaria de un millón de dólares a página entera en los periódicos locales instalaron que las tasas de criminalidad habían aumentado porque la alcaldesa rechazó cubrir las vacantes policiales.
Hace unos días, hubo un cruce entre el líder del gremio policial de Nueva York y el alcalde Bill Di Blasio. El mandatario demócrata había cuestionado al presidente Donald Trump por amenazar con recortes presupuestarios para ciudades donde “reine la anarquía”. Esto es, donde no haya policías reprimiendo manifestaciones contra la violencia policial.
“¿Qué necesitábamos escuchar esta semana? Planes para luchar contra COVID-19 y hacer que los estadounidenses vuelvan a trabajar. ¿Qué escuchamos? Mentiras sobre la ciudad más grande del mundo y uno de los lugares más diversos de la Tierra. Porque @realDonaldTrump tiene miedo a la diversidad. Tiene miedo de la verdadera grandeza”, escribió Di Blasio en su cuenta de Twitter.
La brutal respuesta -destituyente en términos nacionales- vino de parte de la Asociación Mutual de Suboficiales Nueva York (SBA por sus siglas en inglés), una gremial creada en 1889.
“Necesitamos escuchar su RENUNCIA como alcalde de Nueva York. Estamos esperando. Solo quedan unas pocas horas para la puesta del sol. Dale un regalo a 8 millones de personas y renuncia. Arruinó la ciudad de Nueva York, salva la ciudad y dimita”, gritaron. Algo así como el “renuncie montonero Di Blasio” de Capusotto.
El sindicato más importante de Estados Unidos es la Orden Fraternal de la Policía (FOP, según sus siglas en ingles) En cifras es el gremio policial más grande del mundo, con más de 355.000 afiliados en más de 2100 regionales. “Somos la voz de quienes dedican sus vidas a proteger y servir a nuestras comunidades -dicen en su sitio web– Estamos comprometidos a mejorar las condiciones de trabajo de los agentes del orden y la seguridad de aquellos a quienes servimos a través de la educación, la legislación, la información, la participación comunitaria y la representación de los empleados”. Hace unos días el sindicato apoyó explícitamente a Donald Trump para la reelección, informó a portavoz, Jessica Cahill.
Quien piense que esos enfrentamientos con el poder político son privativos de Estados Unidos, se equivoca. Este miércoles en España el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, recibió un revés cuando la Justicia rechazó un castigo contra 9 agentes policiales que fueron a protestar, de civil, frente a la casa que ocupan el líder de Podemos y su esposa Irene Montero en Galapagar, en las afueras de Madrid. El sindicato Jupol, uno de los más activos entre el puñado de asociaciones gremiales españolas de fuerzas de seguridad, celebró la decisión judicial, en momentos en que allá también reclaman recomposición salarial.
Jupol también presentó una querella contra funcionarios de Madrid y del Estado español por “atentar contra los derechos de los trabajadores y de prevaricación, por no haber proporcionado material de protección adecuado frente al Covid-19 y haber permitido concentraciones como las del 8-M que pusieron en riesgo a los policías que debieron controlarlas”.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), a su turno, fue la fuente de información para un artículo del diario El Mundo en el que se aseguraba que el delito en Casa de Campo, un parque de la capital española, había crecido un 611% entre junio de 2019 y junio de 2020. El SUP atribuyó el crecimiento a la llegada a esa zona de los MENA. Así se llama en España a Menores Extranjeros No Acompañados. Niños y adolescentes de menos de 18 años sin la atención o cuidado de ningún adulto.
Cuando habla Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos enseguida se le saca la ficha de argentina, por el fuerte acento porteño. Sin embargo la marquesa de Casa Fuerte nació en Madrid. Eso sí, vivió entre los 7 y los 18 años en Buenos Aires, donde estudió en el exclusivo Northlands School, de Olivos. Egresada luego de Oxford con el título de historiadora, se casó con un descendiente del mecenas del mítico arquitecto catalán Antonio Gaudí, Joaquín Güell Ampuero, con quien tuvo dos hijas. Como se percibe por sus copiosos apellidos, ella misma es heredera del fundador de Mar del Plata. Si se piensa en alcurnia, no hay tantos políticos en España con estirpe semejante. Pero la sangre que le fluye por las venas no solo es azul, sino vehemente, y esta semana fue despedida sin miramiento del cargo de portavoz parlamentaria del Partido Popular. Su crítica a Juan Carlos I lo explica.
Cayetana, por lo demás, es una de las mentes más lucidas de la derecha española y una de las más encarnizadas enemigas políticas de Podemos. Diputada por Barcelona, desde que fue designada como la jefa de bancada del PP, hace un año, su voz tronó en las Cortes en debates con los representantes del partido de Pablo Iglesias, actual vicepresidente de gobierno.
Pablo Casado, el líder del PP, viene tratando de levantar la puntería del tradicional partido español tras la mala gestión de Mariano Rajoy, ante la aparición de Ciudadanos, en la centroderecha, y Vox, que arrea a los sectores franquistas.
La sorpresiva destitución fue anunciada en un tono diplomático: Casado agradeció los servicios prestados y deseó «que siga contribuyendo a este proyecto». Pero la marquesa no es de callarse la boca. Para ella, más allá de nimiedades, lo fundamental es que el PP “no parece entender la necesidad de desarrollar una batalla cultural” que reconstruya “los valores de la Ilustración”. En ese espacio, no entran los nacionalismos -sectores catalanistas, vascos o galleguistas- y mucho menos la izquierda populista de corte sudamericano de Unidas-Podemos, en La Moncloa desde que se conformó una alianza con Pedro Sánchez y el PSOE. “Se necesita un gobierno de concentración constitucionalista”, repite. “Pero el PSOE hizo una coalición ultra con un partido rabiosamente radical, otro que participó en un golpe de Estado y los herederos impenitentes de una organización terrorista”. Chicanea al partido catalán ERC y a los nacionalistas vascos que sustentan a Sánchez-Iglesias en el parlamento.Las diferencias entre Cayetana y Casado se ahondaban, en forma y contenido, pero la gota que rebalsó el vaso fue su declaración sobre la huida del emérito a raíz del escándalo Corina Larsen. “Su salida de España es un error y perjudicó al rey Felipe VI, que a lo largo de su reinado demostró siempre una actitud ejemplar, profesional y valiente”, dijo. Casado, en cambio, defendió al Borbón, y le atribuyó un rol determinante en la consolidación de la democracia española Las diferencias entre Cayetana y Casado se ahondaban, en forma y contenido, pero la gota que rebalsó el vaso fue su declaración sobre la huida del emérito a raíz del escándalo Corina Larsen. “Su salida de España es un error y perjudicó al rey Felipe VI, que a lo largo de su reinado demostró siempre una actitud ejemplar, profesional y valiente”, dijo. Casado, en cambio, defendió al Borbón, y le atribuyó un rol determinante en la consolidación de la democracia española.
A diferencia de Juan VI de Portugal, que a fines de 1807 huyó con su corte de las tropas napoleónicas a Brasil para salvar la monarquía de los Braganza, los Borbones se quedaron en España. Carlos Vi abdicó, Fernando VII fue detenido y recuperó la corona recién en 1814, a la caída de Napoleón. El tumultuoso paso de la dinastía de origen francés por la península tuvo un nuevo capítulo esta semana con la huida de Juan Carlos I, designado a dedo en detrimento de su padre Juan de Borbón y Battenberg en 1977 por el dictador Francisco Franco. No fue una revuelta popular o la declaración de la República como su abuelo Alfonso XIII lo que lo alejó del palacio de la Zarzuela en 2014 sino sus escandaletes con Corinna zu Sayn-Wittgenstein, que se difundieron profusamente cuando en un safari para cazar elefantes en Botsuana se rompió la cadera.
La relación con la danesa le costó carísimo al rey. Según una causa abierta en Suiza, la mujer fue tapadera para una coima de mas de 60 millones de euros por negociados con la monarquía saudita. Tras abdicar en favor de su hijo Felipe VI, Juan Carlos se retiró de la vida pública en 2019.
Pero la fiscalía de Ginebra halló pruebas de lavado de dinero tan contundentes como para que el rey emérito anunciara que deja España para no perjudicar más aún a la Casa Borbón. Se ignora dónde está, pero una de las posibilidades es una finca de un millonario amigo en República Dominicana. La Isla Española, donde desembarcó Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492. Para salvar en América una corona acosada de la amenaza de una Tercera República española.
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