Los madrileños van este martes a elecciones en medio de intimidaciones políticas que no se vivían desde el retorno de la democracia y con la sensación de que la polarización ideológica logró barrer debajo de la alfombra gran parte de las miserias de sectores de la dirigencia que se postulan a presidir la Comunidad, de 6,8 millones de habitantes y la segunda más rica de España.
Si las encuestas no yerran por mucho, la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso logrará una mayoría suficiente como para quedarse en el cargo en alianza con la ultraderechista Vox. Si se atiende a las declaraciones de ambas fuerzas, no hay demasiada diferencia y sería la alianza natural.
Vox lleva como candidata a Rocío Monasterio, hija de un acaudalado terrateniente cubano exiliado tras la Revolución, y ella, arquitecta, haría empalidecer a algunos “gusanos” de Miami por percibir señales comunistas en cualquier expresión social. Se hizo viral su violento cruce con Pablo Iglesias en un debate televisivo. Díaz Ayuso, a su vez, no tuvo empacho en afirmar que “si nos llaman fascistas es que estamos haciendo las cosas bien”.
Clima de época, la aparición de Vox –la agrupación neofranquista de Santiago Abascal– inclinó el amperímetro del debate público legitimado desde los Pactos de La Moncloa, de 1977, hacia límites peligrosos para la convivencia. La coexistencia pacífica entre el PSOE y el PP, al menos en las primeras décadas de la transición democrática, llevó crecimiento y desarrollo a un país que salía de una cruenta dictadura.
Pero la crisis económica de 2008 golpeó primero en España. Eso, sumado a los escándalos de la monarquía y a los casos de corrupción en la dirigencia política, sobre todo en el conservador Partido Popular, crearon las condiciones para la emergencia de un partido de corte populista a la manera latinoamericana, Podemos, crítico por izquierda del statu quo. La competencia de centro provino de Ciudadanos, ahora al borde de la extinción. Vox, por ultraderecha, fue la frutilla del postre.
Díaz Ayuso, una impetuosa especialista en comunicaciones nacida el mismo año de la Constitución, 1978, llegó al poder en agosto de 2019 tras una maniobra para impedir la investidura del socialista Ángel Gabilondo. En una temeraria decisión, el 10 de marzo disolvió la Asamblea de Madrid y llamó a elecciones. Usó cada recoveco legal para que los comicios cayeran un martes, con lo que la participación probablemente sea menor. Pero por lo que muestran los sondeos, no le irá mal ya que se augura que el PP quedará a media docena de escaños de la mayoría. Con la ayuda de Vox, estará en condiciones de formar un gobierno a su gusto.
Las izquierdas –el PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos– quedarían atrás del PP, que viene gobernando la Comunidad desde 1995 en forma ininterrumpida. Un milagro inestimable si se tiene en cuenta que los cinco presidentes anteriores terminaron todos procesados por distintos casos de corrupción. En el PP algunos dirigentes tienen más prontuario que currículum. Incluso la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes renunció en 2018 cuando se divulgó que su master en la Universidad Rey Juan Carlos era trucho.
Iglesias, vicepresidente de España en alianza con Pedro Sánchez, se bajó del cargo en marzo para dar pelea en la capital. En ese sector quedaría tercero, detrás de Gabilondo, que vuelve por la revancha. El PSOE apuntaba para más al principio, pero los apoyos fueron para Más Madrid o se diluyeron. Diferencias entre los máximos líderes de Podemos, Iglesias e Íñigo Errejón, terminaron beneficiando a la derecha en 2019 y Carmena perdió la reelección a pesar de una gestión que todos indican encomiable. Lo peor, alejaron la posibilidad de derrotar al PP, que siempre termina gobernando la Comunidad aún con máximos del 30 por ciento.
Estas últimas semanas de campaña fueron de órdago. Iglesias denunció haber recibido una carta con balas a su residencia. Otros dirigentes también denunciaron haber recibido “regalos” amenazantes por correo. Una forma quizás de disimular un elefante en medio de una manada. En todo caso, la campaña giró de “comunismo o libertad”, como proponía la presidenta de la Comunidad, a “fascismo o democracia”.
PRINCIPALES CANDIDATOS:
ISABEL DÍAZ AYUSO
Foto: @IdiazAyuso / Twitter
Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y con un Máster en Comunicación Política y Protocolo, esta oriunda de Chamberí, a los 42 años demuestra un sólido conocimiento de los entresijos de la política madrileña. Estuvo a cargo la página web y las redes del PP y fue jefa de la campaña digital de Cristina Cifuentes en 2015 y tras la crisis en el partido, fue descollando con una fuerte personalidad y su disposición a correr riesgos. En 2019 fue electa presidenta de la Comunidad y en medio de la pandemia, encabezó el rechazo a las restricciones ordenadas desde el gobierno central. Para una ciudad que depende en grandísima medida de visitantes exterior, eso le granjeó la simpatía de sectores ligados al turismo. De allí que se juegue mucho este martes, de cara a liderazgos en la interna partidaria. A falta de opciones por la derecha institucional, Díaz Ayuso se ve cruzando de la Real Casa de Correos, alli frente a la Puerta del Sol, hasta el Palacio de La Moncloa. “Yo no voy a pactar con el desastre, que es lo que es el PSOE. Son una calamidad para España”, dice como en letanía,
ANGEL GABILONDO
Descendiente de una familia numerosa en la que entre sus nueve hermanos hay periodistas, médicos de renombre, religiosos y empresarios, tuvo una formación católica con los Corazonistas de San Sebastián, donde nació en 1949. Pero fue sopesando sus fundamentos tras cruzar la puerta de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Madrid, de la que egreso en 1980 y en la que dio clases y llegó a rector. Desde ese lugar dirigió instituciones vinculadas primero a la enseñanza superior de la capital española y luego de todo el país, Fue ministro de Educación con José Luis Rodríguez Zapatero, el más socialista de los jefes de Gobierno hasta Pedro Sánchez, también del PSOE. No es la primera vez que compite por la Comunidad. En 2015 perdió contra Cristina Cifuentes, quien luego renunció por escándalos varios. En 2019 obtuvo más votos para la presidencia, pero no logró urdir alianzas suficientes para la investidura. Ahora espera, con un estilo sosegado y si se quiere desangelado, poner fin a 26 años de gestión conservadora. Los astros no parecen estar de su lado, pero nunca se sabe.
Quien crea que el Poder Judicial argentino es el único cuestionado por la ciudadanía o parte de la dirigencia política, no tiene más que echar una mirada al otro lado del océano. Según sondeos del Eurobarómetro, el organismo continental de mediciones y encuestas, España es uno de los países de la UE donde sus ciudadanos perciben menos independencia del sistema judicial. Y los últimos acontecimientos demuestran el por qué de esta certeza. Mientras en las calles se mantenían las protestas por la detención del rapero Pablo Hasél por sus canciones contra el rey emérito, Juan Carlos I daba volteretas para arreglar sus cuentas pendientes con el fisco y así evitar ser sometido a procesos judiciales, como cualquier ciudadano por no pagar sus impuestos. Al mismo tiempo, seguía bloqueada la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque la derecha le exige al PSOE que antes de designar a los nuevos integrantes del organismo que en 1994 se tomó de ejemplo para crear nuestro Consejo de la Magistratura, rompa su alianza de gobierno con Unidas Podemos. Todo esto mientras el juicio por la financiación ilegal del Partido Popular entra en instancias decisivas y el espía encargado de las llamadas “cloacas del poder”, el comisario José Manuel Villarejo, deja la prisión y promete prender el ventilador contra toda la dirigencia española. Y no es el único. El cajero del PP también tiene mucho por decir.
El bloqueo al CGPJ lleva dos años, desde que Pedro Sánchez reemplazó a Mariano Rajoy luego de una embestida en el congreso que los “populares” no se esperaban. Fue en una maniobra concertada con la centroizquierda. El partido de Pablo Iglesias, resulta irritativo para el establishment incluso del PSOE. Pero no había más posibilidades de convocar a las urnas luego de dos llamados que no dejaron una mayoría nítida.
El contexto es que Juan Carlos de Borbón debió abdicar luego de varios escandaletes e incluso se tuvo que exiliar cuando salieron a la luz declaraciones de su antigua amante, la alemana Corinna Larsen, sobre cuentas ocultas en el exterior. Metido en esa causa por filtraciones a la prensa de grabaciones ilegales, Villarejo pasó los últimos tres años en prisión por una fortuna difícil de explicar con su sueldo al frente de organismos antiterroristas. Aunque se entiende su progreso en el escalafón estatal y su influencia por su habilidad para utilizar “carpetazos” en su favor.
Las filtraciones enchastraron a muchos y sobre todos a los dirigentes de centroizquierda, como los que integran Unidas Podemos. Al salir de la cárcel esta semana, el comisario retirado, con un coqueto parche en ojo izquierdo, dijo que está dispuesto a colaborar con la justicia. “No voy a ir contra nadie, nada más quiero defenderme, y por supuesto voy a desenmascarar a todos”, señaló.
En paralelo, Luis Bárcenas, el tesorero del partido conservador -preso desde 2013- detalló ante el juez instructor de la llamada causa Púnica, el mecanismo de financiación del PP madrileño, que dirigía Esperanza Aguirre. Habló por mas de tres horas, con documentos probatorios en la mano, de las campañas electorales en 2003 y 2004.
El gobierno, en tanto, debe lidiar con la oposición de tres derechas que compiten por ver quién logra fulminar la coalición PSOE-Unidas Podemos. Los ataques contra Iglesias son comparables a los que mientras estuvo activo pergeñó Villarejo. Con el agravante de que ahora el líder centroizquierdista es vicepresidente de un gobierno que, aunque tibiamente, es lo más cerca de lo que se entiende por izquierda estuvo en el Palacio de la Moncloa desde la recuperación de la democracia.
En el otoño pasado, el gobierno pretendió cambiar el modo de nominar a los miembros del CGPJ a mayoría absoluta y no calificada de tres quintas partes. El CGPJ está presidido por el titular del Tribunal Supremo y cuenta con 20 vocales elegidos por el Congreso. Doce entre jueces y magistrados y ocho entre juristas. La derecha y los medios hegemónicos adujeron que eso iba contra la independencia del Poder Judicial ya que el gobierno hubiese tenido posibilidad de nombrar jueces amigos.
RTVE al fin tiene Consejo de Administración
Donde pareció haber un cierto acercamiento entre el PSOE y la oposición es en la radio y la televisión públicas. Esta semana acordaron renovar la dirección de los medios estatales tras tres años de bloqueo entre el oficialismo y el Partido Popular, ahora en desgracia luego de los escándalos de la financiación irregular.
El acuerdo, aprobado con 249 votos sobre los 350 diputados, implica el nombramiento del nuevo Consejo de Administración de RTVE, cuyo presidente será José Manuel Pérez Tornero, de 67 años, un periodista y académico de amplia experiencia en medios locales y organismos internacionales, como la Unesco.
En el nuevo Consejo figuran nombres cercanos al socialismo y a PP, pero dos de ellos, José Manuel Martín Medem y Roberto Lakidaín, son del riñón de Unidas Podemos, lo que augura que por ese lado podría establecerse algún tipo de arreglo al entuerto judicial.
Medem trabajó en RTVE y fue corresponsal en México, Colombia y Cuba. Desde 2020 es cargo de director de Mundo Obrero, la publicación oficial del Partido Comunista de España. Lakidaín también tiene una sólida experiencia en RTVE y formó parte de los Consejos de Información de la televisión pública. Es miembro de la Comisión Ejecutiva de Comisiones Obreras (CCOO), la federación sindical ligada al PCE.
Pablo Echenique, el argentino portavoz de Unidas Podemos, se mostró eufórico con el resultado de las negociaciones. “Es evidente que Unidas Podemos iba a estar. La votación de RTVE ha revelado que aquellos que contaron a la prensa que Unidas Podemos se iba a quedar fuera, mintieron”.
España cumple este martes 40 años del intento de golpe de estado de un oscuro teniente coronel de la Guardia Civil contra la naciente democracia. El “Tejerazo”, por el oficial Antonio Tejero, significó el ingreso del reino al siglo XX, cuando se aunaron los intereses de una elite nacional con la monarquía del Borbón Juan Carlos I, designado a dedo por el dictador algunos años antes de su muerte. La intervención del monarca fue clave para desarmar la intentona golpista, aunque siempre se discutió si no fue una operación amañada para limpiar su figura, o terminó apostando a la dirigencia política y la Constitución de 1978 porque vio que no le quedaba otra.
A cuatro décadas de aquel 23 F, el rey sigue siendo una figura central de la política española, aunque por cuestiones diametralmente opuestas. Sus continuos escándalos sexuales, financieros y fiscales lo obligaron -para salvar la corona- a abdicar en favor de su hijo Felipe. Desde entonces sus desaguisados continuaron saliendo a la luz y a fines del año pasado se exilió por unos meses a un destino no revelado acosado por las denuncias sobre fraude fiscal.
Mientras tanto, el bipartidismo acordado entonces también estalló, por una crisis de las hipotecas que dejó a cientos de miles en las calles y con deudas impagables. Surgieron partidos que intentaron correr al sistema por izquierda (Podemos) o por derecha (Ciudadanos). Pero cuando la vaca del estado nacional dejó de dar la leche de los negocios armados en la década neoliberal de América Latina, otros aires soplaron sobre todo en Cataluña, con el renacimiento de viejos reclamos de independencia y, mala palabra, de república. En este clima enrarecido, crecen los sectores franquistas y directamente neonazis alineados en Vox.
La semana pasada, los independentistas obtuvieron una mayoría que les permitiría gobernar la rica región del noreste hispano. Pero sería una coalición entre la centro derecha de Junts per Catalunya y la centro izquierda de Esquerra Republicana de Catalunya. El socialismo catalán, ligado al PSOE nacional, obtuvo una mínima mayoría que si se armara una coalición con ERC, por izquierda, podría generar un gobierno “constitucional”.
En ese entuerto, detuvieron al rapero catalán Pablo Hasél, acusado de enaltecer al terrorismo y de injuriar a la monarquía. Por decir en sus canciones que la policía reprime y tortura a inmigrantes o que el rey anda de juergas y es corrupto. O sea, una que saben todos, pero que todavía parece que es mejor callar en España. Qué mejor regalo le podría hacer Madrid a la causa independentista. Qué mejor regalo le podría hacer Madrid a la causa independentista.
Cataluña se alió con territorios europeos que tienen algún tipo de disputa con los estados centrales para reclamar a la Unión Europea protagonismo en la toma de decisiones relacionadas con los fondos para la recuperación post pandemia. Así se lo hizo saber mediante una carta a los máximos dirigentes europeos que firman 24 comarcas díscolas de Europa. Entre ellas figuran las regiones alemanas de Baden-Württemberg, Hessen y Baviera; las francesas Nueva Aquitania y Occitania; las italianas Bolzano-Bozen / Tirol del Sur, Lacio y Emilia-Romaña; las islas Baleares, el país vasco y Valencia, de España; Flandes y Valonia de Bélgica.
“La UE en estos momentos responde a la voluntad de los estados que la componen -explica a Tiempo Argentino, Bernat Solé, consejero (ministro) de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia del gobierno catalán- pero no da respuesta a las distintas realidades. Prueba de ello es que en estos momentos en que se están negociando los fondos de recuperación por la Covid, se tiene muy poco en cuenta la voz de los territorios. Por ello hemos impulsado una alianza de diferentes territorios a nivel europeo para hacer la presión suficiente y poder incidir en el diseño y la implementación de estos fondos. Si la UE quiere que sea este proyecto en el cual todos los ciudadanos se sientan identificados tiene que dar respuesta a estas realidades y Cataluña es una realidad política que debe recibir una respuesta”.
-Cataluña aparece como un leading case, porque cualquier decisión favorable a su reclamo independentista será base para las otras demandas. ¿Cómo se articularían esas cuestiones dentro de la UE?
-Es cierto que la posición más cómoda de la UE sea dar respuesta solo a los estados, pero la realidad es la que es y por eso queremos a través de esta alianza incidir en las altas instituciones europeas para que den respuesta a los territorios. Cada territorio tiene en el futuro voluntad política de ser lo que sea. Algunos quieren avanzar hacia una república; pero otros tienen una autonomía suficiente como para que no se planteen otro escenario. Impulsamos esta alianza como mensaje de que una Europa que solo mira a los estados no da respuesta a estas realidades.
¿Cuál es tu situación personal ante los procesos judiciales contra el independentismo?
-Nosotros siempre hemos defendido que el conflicto entre Cataluña y España se tiene que resolver por la vía política porque es político. La judicialización no nos lleva a ningún tipo de solución. Tenemos presos políticos, buena parte del gobierno de 2015 a 2017 en prisión o en el exilio y la judicialización de este conflicto continúa. Yo fui alcalde de un municipio (Agramunt) durante el 1-O (1 de octubre de 2017, cuando se hizo el referéndum ilegalizado por el gobierno de Mariano Rajoy) y por estar al lado de la gente, por preservar el orden la seguridad de los ciudadanos, estoy acusado de un acto de desobediencia esperando sentencia de un Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
-¿Que condena pesa sobre ese delito?
-En mi caso sería un año y medio de inhabilitación y 24.000 euros de multa. Se me acusa de haber cedido espacios para celebrar el referéndum y por participar en un acto explicando el derecho a voto.
-¿Cómo cree que sigue esta historia?
-Con este gobierno que se hace llamar el más progresista de la historia hemos entablado una mesa de negociación que hace meses no se celebra. Nosotros insistimos en que solo a través del diálogo podrá resolverse este conflicto, en una mesa donde se ponga a consideración el derecho a decidir el futuro de Cataluña teniendo en cuenta que 7 de cada 10 catalanes quieren hacerlo a través de un referéndum. Por otro lado, también es necesario poner sobre la mesa la amnistía de los presos políticos y 2800 personas que están encausadas. Esta mesa no se celebra desde hace meses. Todos los conflictos de todo el mundo tarde o temprano siempre se han resuelto a través del diálogo, siempre, y esto es lo que ponemos en valor desde Cataluña. Tarde o temprano tendremos que hablar, negociar.
-Pero el estado nacional es una monarquía.
-La voluntad de la ciudadanía, expresada mayoritariamente a través del parlamento, es que quiere avanzar hacia un modelo de país como la república catalana, y esto no se puede cambiar. Tenemos que vehiculizar esta manera de entender el futuro de nuestro país por los cauces políticos.
-En todo este período fue creciendo un sector muy fuerte de la derecha franquista. Uno tiene la impresión de que hay otro choque de trenes en perspectiva.
-Precisamente cuando no se es capaz de negociar y llegar a acuerdos es cuando más se polarizan las posiciones y la aparición de extremismos responde a la incapacidad de resolver los conflictos por la vía política. Tenemos que reconducir esta situación.
-El escándalo de la familia real sigue a pleno, con la situación fiscal del rey emérito Juan Carlos sobre el tapete.
-Lo que esta claro es que la situación en que la monarquía deja al estado español es tal que no puede demostrar que es capaz poner a todos los ciudadanos, sean de la condición que sean, en la misma línea de salida ante la justicia. Han tenido que ser otros estados, otros países, otra prensa internacional, que haya puesto luz a esta situación tan desagradable, tan injusta, como es este presunto fraude de la monarquía. Nosotros denunciamos esta situación y en el Parlamento se celebró un pleno para hablar de corrupción y los partidos españolistas en ningún caso han puesto el tema de la casa real y esto demuestra que cuando se habla de corrupción allí, en la casa real, se mira para otro lado. Un país que se quiera autodenominar democrático esto nunca tendría que ser posible.
– ¿Imaginan una Cataluña en una relación con Bruselas dentro de la Unión Europea, sin intermediarios?
-Nosotros imaginamos lo que la mayoría de la gente quiera. Evidentemente los lazos comerciales, sociales, culturales, históricos con España, con Francia son los que son y no queremos renunciar a ellos. Estas relaciones tienen que mantenerse porque entendemos que son un valor. En un mundo globalizado no tiene ningún sentido plantear un modelo de país totalmente aislado. En todo caso la voluntad de ir a la república catalana pasa por fortalecer estos vínculos, pero por otro lado, poder decidir en todo aquellos que los catalanes consideren.
-¿Hay alguna posibilidad de que la solución pase por alguna posición intermedia?
-No me corresponde decirlo porque es la ciudadanía la que debe decidirlo a través de las urnas. Por otro lado, por este episodio ya hemos pasado. En su momento algunos de los partidos de Cataluña defendieron el Estatut como un elemento que permitía establecer unas relaciones para resolver este conflicto político. El estatuto fue aprobado mayoritariamente por el pueblo de Cataluña en referéndum, también fue aprobado por mayoría en el parlamento y que en el congreso fue ninguneado. Ya hemos pasado por esto.
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