por Alberto López Girondo | Abr 7, 2019 | Sin categoría
Mediante una maniobra de espionaje que culminó en una operación mediático-judicial, el gobierno de Mariano Rajoy acusó a los líderes de Podemos de pagos irregulares del gobierno chavista para que ese partido no llegara al poder en 2016. Para cumplir con ese objetivo, negoció con un exministro de Hugo Chávez –convertido en informante de la DEA– para que avalara presuntos pagos a una fundación relacionada con esa agrupación política. La olla se destapó estos días con una serie de audios en que el inspector José Ángel Fuentes Gago le dice claramente al venezolano Rafael Isea que «si nos ayudan a que no lleguen los de Podemos, mejor para todos».
Isea, militar en retiro que fuera muy cercano a Chávez, ocupó el Ministerio de Finanzas en 2008 y fue luego gobernador de Aragua y presidente del banco del ALBA, hasta que el gobierno venezolano lo denunció por corrupción. En septiembre de 2013 pasó a ser testigo protegido de la DEA y denunció a altos funcionarios chavistas por narcotráfico.
En abril de 2016, Fuentes Gago al frente de una delegación que incluyó al jefe de la Brigada de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), el comisario José Manuel García Catalán, y a una inspectora, viajó a Nueva York para entrevistar a Isea, que estuvo acompañado por un abogado. La transcripción de esas charlas, de cuatro horas, son reveladoras. El exministro ve el documento donde se acredita un pago de 7,1 millones de dólares a la fundación CEPS y duda de su veracidad. Reconoce su firma y la de Chávez, pero indica que es una fotocopia, que no recuerda haber autorizado ese pago, que faltan los sellos oficiales. «A nosotros todo eso nos da igual, si el documento es bueno, si es malo, si tal (…) si esos dineros se cobraron y ellos no lo han declarado ya han cometido unos delitos. Eso es lo único que nos vale a nosotros, si el documento es bueno o malo, ehh…»
Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero habían hecho trabajos de consultoría para el gobierno venezolano y no lo negaron. Ellos son académicos y en aquel momento aún no habían creado Podemos. Por otro lado, no es delito hacer un trabajo y cobrar por él. Lo que ellos negaron es que la cifra fuera esa.
El PP de Mariano Rajoy tambaleaba por la crisis económica y los escándalos de corrupción y podía perder las elecciones de junio de 2016. Cuestionar a Venezuela se había convertido en caballito de batalla y todo lo que oliera a chavismo un buen argumento de campaña ante un partido que crecía y amenazaba al establishment. De allí la desesperación en buscar un freno, a cualquier precio. «Si es que sólo es para poder introducirlo en el tracto jurídico español –le explica el policía–. Si estas personas usted tiene conocimiento de que cobraban por informes huecos y que cobraban unas cantidades que son elevadas, porque luego ya, el comisario que dirige la UDEF buscará la forma hablando con quien tenga que hablar, con la DEA, con el FBI o con los rusos, joder. Que también ellos nos deben alguna».
Isea terminó aceptando la veracidad de los papeles porque le garantizaron que iban a proteger a su familia, que los iban llevar a España con identidad reservada «para que tuvieran una nueva vida». El caso fue desechado por la Justicia española, pero los medios se regodearon con los datos y Podemos perdió muchos de los votantes, por la teoría de que «al final todos son lo mismo».
Ahora, tras la publicación de los audios en medios españoles, Isea dijo que se siente utilizado. Podemos, ahora, también pide explicaciones, pero a la Justicia.
Tiempo Argentino, 7 de Abril de 2019
por Alberto López Girondo | Mar 6, 2019 | Sin categoría
El partido ultraderechista español Vox quedó implicado en un escándalo cuando uno de sus integrantes fue detenido bajo el cargo de abuso sexual contra al menos un interno de un centro de discapacitados de la provincia catalana de Lleida. El hecho causó una pequeña crisis dentro del partido xenófobo y franquista que corre a la derecha del todo el espectro político de la península, ya que José Antonio Ortiz Cambray figuraba como presidente de la agrupación en ese distrito e incluso fue candidato. Vox, sin embargo, en un primer momento optó por desconocerlo.
Ironías del destino: la mejor herramienta para el acelerado crecimiento de la agrupación que lidera Santiago Abascal, las redes sociales, fueron también el instrumento para enterrar el discurso evasivo de la dirigencia «voxista», ya que inmediatamente de copnocido el caso comenzaron a circular videos y registros en que el sospechoso demostraba su relación con el partido que se presenta como un hálito de pureza en un sistema político atravesado por la corrupción generalizada.
Los Mossos d´Esquadra, la policía catalana, acudieron ante una denuncia de las autoridades de la Fundación Aspros, responsable del centro de atención a discapacitados de Lleida (Lérida para los españolistas). Los médicos habían observado comportamientos fuera de lo común en uno de los internos. Los mossos incautaron el celular del muchacho -se ignora la edad aunque se confirmó que es mayor de edad- y comprobaron reiterados mensajes con Ortiz Cambray. Sobre todo, mensajes de contenido sexual explícito.
No se sabe si alguna información le había llegado al acusado y buscó una tangente por la que desviar la atención, pero justo este lunes Ortiz Cambray había presentado una denuncia en la fiscalía local por la aparición de varios muñecos de la altura de un hombre, colgados de un puente de la autopista de ingreso a la ciudad en su cruce con la calle Cos-Gayón.
Los muñecos tenían las siglas de los partidos y los rostros de representantes de Ciudadanos, Podemos, Partido Popular, Partido Socialista Catalán (la versión catalana del PSOE) y Vox. Junto a ellos había pancartas que decían «Todos los Partidos del régimen serán culpables del encarcelamiento» y «Absoluciones Pablo Hasél amnistía total».
Hasel es un rapero de 31 años condenado varias veces a prisión por el contenido de sus letras. En 2014 fue sentenciado a dos años por apología del terrorismo y luego fue arrestado acusado de atacar un desfile del partido de extrema derecha Plataforma per Catalunya (PxC). En septiembre pasado recibió otra condena, a nueve años, por blasfemar contra la monarquía en otra de sus canciones.
Ostentando el cargo de presidente de Vox de Lleida, Ortiz Cambray denunció el caso como «delito de odio». El dirigente conocía bastante bien a Hasel ya que formó parte de PxC y fue candidato a alcalde. Los monigotes habían aparecido el miércoles anterior, pero todo indica que la fiscalía recién abrió una investigación cuando presentó su denuncia.
A esta altura, la suerte del hombre ya estaba echada y este martes un partida de mossos llegó hasta su trabajo, en una concesionaria de autos del barrio de Cappont y se lo llevó detenido.
La acusación es que abusó del discapacitado neurológico al que, presumiblemente, le pagaba por servicios sexuales. Investigan también si es el único interno que habría sufrido abuso o hay algún otro.
Al circular la información, obviamente desde todo el arco político saltaron sobre Vox, que creció al calor del descrédito del PP, envuelto en el escándalo por la financiación ilegal durante el gobierno de Mariano Rajoy. De hecho, Abascal era miembro del PP y formó una nueva agrupación en 2013, acusando a la dirigencia conservadora -en ese momento en el Palacio de La Moncloa- por los tortuosos manejos económicos de sus integrantes.
A fines del año pasado, Vox dio el batacazo en Andalucía al sumar 12 escaños para el parlamento local. No son determinantes para aspirar al ejecutivo, pero si para ser necesarios en cualquier alianza, fundamentalmente porque por primera vez desde el retorno de la democracia a España, el PSOE perdió la elección en manos de agrupaciones de centro derecha.
Golpeados debajo de la línea de flotación, desde el entorno de Abascal salieron pronto a despegarse de Ortiz Cambray. Luego, cuando las evidencia ya resultaban incontrastables -es difícil evadirse de lo que circula en las redes sociales- intentaron, a través de Twitter, desmarcarse aludiendo a que «el señor Ortiz no ocupa ningún cargo de responsabilidad dentro del partido y es tan sólo un militante de base».
Anunciaron entonces que hasta que la cosa se aclare, habían suspendido al sospechoso. Pero como tampoco podían desmentir que fungía como titular del partido a nivel local, dijeron que -ahora- llevarían «al señor Ortiz al Comité de Garantías (de Vox) por presentarse ante la opinión pública como presidente de la formación en Lérida. Una presentación que ha hecho siempre de forma personal y a través de sus redes sociales».
Finalmente ruegan a los medios de comunicación «que se han hecho eco de esa información falsa a que rectifiquen sus informaciones al respecto y consideren al señor Ortiz como un afiliado de base».
Tiempo Argentino, 6 de Marzo de 2019
por Alberto López Girondo | Feb 17, 2019 | Sin categoría
A 44 años de su muerte, el dictador Francisco Franco será protagonista de las elecciones convocadas por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, para el 28 de abril.
El para nada sorprendente rechazo parlamentario al presupuesto para el año 2019 forzó el adelantamiento de los comicios. Sánchez, que había llegado a La Moncloa en junio pasado tras una maniobra conjunta con los partidos de izquierda–Podemos-IU y los nacionalistas vascos y catalanes, tenía una debilidad de origen. No sólo llegó luego de un voto de confianza adverso contra el premier del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy, sino que ni siquiera era diputado al momento de la designación.
La alianza circunstancial era una manera de darle un giro a la economía del país, sometido a ajustes perpetuos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Pero en el medio “pasaron cosas”.
Como que la caída de Rajoy precipitó la crisis interna en el PP de la cual emergió como líder Pablo Casado, de la generación nacida en los ’80. Además, fue creciendo otra variante de derecha como el partido Ciudadanos, que conduce Albert Rivera. Y finalmente, apareció un partido ultraderechista como Vox, clave para destronar al PSOE de Andalucía luego de cuatro décadas en el poder.
Pasó, también, que el mismo día que se debían votar los presupuestos -un acuerdo con Podemos-IU que va en sentido contrario a las políticas neoliberales que se bajan desde Bruselas- comenzaba el juicio en Madrid contra 12 dirigentes acusados por el referéndum y la efímera declaración de República Independiente de Catalunya de octubre de 2017.
El jefe de Estado había planteado la figura de un intermediario –al que denominó “relator”- para un diálogo con el presidente de la Generalitat, Joaquim Torrá. Para VOX, Ciudadanos y el PP, no hay negociación posible con los secesionistas, solo la intervención, como la que había ensayado Rajoy, y cárcel de por vida a los insurrectos. Francisco Franco se había ensañado especialmente con esa región desde 1939. Cataluña fue uno de los pilares de la República Española, aplastada a sangre y fuego por el dictador, ayudado por el nazismo.
Vox participa en el juicio contra los independentistas como parte de una figura que se llama Acusación Popular. «Vox está aquí como la voz, el clamor del pueblo español, para que esta gente aprenda que no se puede hacer un golpe de Estado», dijo uno de sus militantes. “El 28 de abril la España Viva reconquistará su futuro”, se entusiasma Santiago Abascal, el fundador de esa agrupación política.
Sánchez, en tanto, está decidido a apurar la decisión de retirar el cuerpo de Franco del Valle de los Caídos, en las afueras de Madrid. Una forma tardía de reconquistar al votante de centroizquierda que fue la base del PSOE desde la recuperación de la democracia. Ni bien le puso fecha al comicio, exigió a la familia del dictador que busquen un lugar donde depositar los restos.
“A los muertos hay que dejarlos en su sitio”, arenga Vox. «El Valle no se toca», dice a su turno otro acérrimo defensor de Franco, Luis Alfonso de Borbón, bisnieto de Franco por parte de madre y de Alfonso XIII, el rey destronado por la República, por parte de padre.
Tiempo Argentino, 17 de Febrero de 2019
por Alberto López Girondo | Feb 12, 2019 | Sin categoría
España entra en zona crítica estos días. Por un lado, se inició el juicio contra una docena de líderes independentistas por la declaración republicana de hace un poco más de un año. Atado a este juicio en términos políticos, el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, necesita aprobar el presupuesto para 2019 y de no contar con el apoyo de la izquierda y los partidos nacionalistas, tendrá que llamar a elecciones anticipadas. Mientras tanto, los catalanes están indignandos porque aprovechando este clima de tensiones cruzadas un tribunal absolvió a 40 funcionarios de la Caixa Catalunya acusados de que en medio de la crisis de la entidad bancaria que la llevó a ser estatizada en 2011, se aumentaron los sueldos de un modo escandaloso.
El tema más visible será sin dudas el del juicio que se desarrolla en la Sala de Audiencias de Madrid a 12 dirigentes catalanes. Se supone que el proceso judicial, a televisión abierta, podrá durar unos tres meses. El principal protagonista de aquel intento de secesión -y efímera declaración de Republica- es Carles Puigdemont, que fue presidente de la Generalitat y permanece exiliado en Bélgica para no terminar preso. Siu vicepresidente, Oriol Junqueras, podría terminar preso por un cuarto de siglo. El resto de los imputados tienen pedidos de cárcel por entre 7 y 17 años.
Entre los que se sientan en el banquillo de los acusados figuran la ex presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, algunos ministros regionales de aquel gobierno que luego fue intervenido por Mariano Rajoy, y los líderes de asociaciones independentistas como ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Las carátulas de sus causas son rebelión y malversación de fondos públicos. Todo por haber convocado a un referéndum considerado ilegal por Madrid y reprimido ferozmente, el 1 de octubre de 2017. Y por pretendido poner en vigencia lo que había sido aprobado, 26 días más tarde.
Las imágenes de policías apaleando ciudadanos que querían votar recorrieron el mundo esa vez y son un baldón para el sistema político hispano, que alardea de ser una de las 20 democracias plenas que hay en el mundo, según un informe de la revista neoliberal británica The Economist muy publicitado en la televisión estatal de España (TVE) por estos días. Este martes otra vez hubo represion en las calles de BArcelona cuando comenzaron a transmitir escenas del juicio.
Una treintena de eurodiputados que se nuclean en la Plataforma de Diálogo UE-Cataluña denunció que lo que se inició en Madrid fue en realidad un «juicio político» del que debiera tomar en cuenta el continente. «Este proceso es una vergüenza no sólo para el Estado español, sino también para la UE», dijo en Estrasburgo (la sede del Parlamento Europeo, en el este de Francia) la eurodiputada italiana Eleonora Forenza.
Para esa organización, formada a fines de 2017, «los catalanes tiene el derecho legítimo de decidir democráticamente su propio futuro político» y reclaman «diálogo y la negociación» para solucionar el entuerto, que se fue potenciando en los últimos seis años ante la intransigencia del gobierno conservador de Rajoy y de la corona de los Borbones, que saben que detrás de la declaratoria de independencia, como lo muestra la historia de esa nación, siempre viene la de constituir una república de iguales y abandonar la monarquía.
Otro que salió a reclamar diálogo pero mostró su respaldo al independentismo fue el presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, quien calificó de «injusto» el juicio que se inició en el Tribunal Supremo en Madrid. «Este juicio (…) se desarrolla en un marco procesal que no es el que el Barça había pedido, un marco político».
Este proceso se desarrolla siguiendo una práctica muy particular del sistema judicial español, como destaca la agencia francesa AFP. Porque en el proceso intervienen tres acusadores diferentes:
–La fiscalía, compuesta de magistrados propuestos por el gobierno y que aparecen como independientes del poder político.
–Los abogados del Estado.
–La acusación popular, una figura bajo la que cualquier ciudadano u organización puede intervenir en el juicio. En este caso esa representación la tiene el partido ultraderechista Vox. seguramente el más acérrimo enemigo de la independencia catalana y que el domingo organizó una marcha en Madrid junto con los otros partidos de la derecha, como el PP y Ciudadanos, para pedir elecciones anticipadas.
Es que los conservadores no digirieron aún la arremetida de mayo pasado entre el PSOE y la alianza de izquierda de Podemos con nacionalistas vascos y catalanes para forzar un voto de confianza que terminó por dar como resultado la salida del poder de Rajoy. Fue en ese contexto que Sánchez llegó a La Moncloa el 2 de junio, como quien dice, «por la ventana», ya que ni siquiera era diputado.
Ahora, en coincidencia con el inicio de las audiencias contra los independentistas, el gobierno del PSOE salió a defender en el Congreso su proyecto de presupuesto para el año 2019. Más allá del contenido de la normativa, lo que está en juego es con cuánto apoyo cuenta el oficialismo para conseguir la aprobación y mantenerse en el Ejecutivo.
Para llegar al gobierno necesitó de la izquierda y de vascos y catalanes. Quizás la premura en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela tenga que ver con que necesita amigarse con los sectores más conservadores del espectro político español, que no son pocos. De todas maneras, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tuvo que asegurar que «el gobierno no va a ceder a ningún chantaje por parte de nadie». Sánchez no descartó llamar a comicios en abril.
El poder real, en tanto, se manifestó en la audiencia de Barcelona donde el ex presidente de la Caixa Catalunya, Narcís Serra, el exdirector general de ese banco, Adolf Todó, y otros 38 directivos de esa entidad fueron absueltos de culpa y cargo.
Habían sido denunciados en 2010 por haber, «en un contexto de notable reducción de los beneficios -destaca la acusación- incrementado el salario de varios de los principales responsables». El caso más llamativo fue el de Todó, que entró a la Caixa con un salario fijo de 600 mil euros y un 35% más en función de resultados obtenidos y logró subir en 1,5% el fijo y hasta 50% el premio. Los quebrantos de la institución fueron en ese período de unos 720 millones de euros. La Caixa fue intervenida el 30 de septiembre de 2011 por el Estado a través del Fondo de reestructuración ordenada bancaria (FROB) y terminó absorbida por el BBVA.
Los jueces que absolvieron a los directivos reconocen que la institución estaba en crisis y que aumentarse el sueldo en esas condiciones hace un poco de ruido, pero el dictamen dice que «el Tribunal no aprecia comportamiento delictivo ni en la decisión misma ni el proceso que lleva a la misma” y jura que no hay «elementos que permitan tipificar los acuerdos perseguidos como delito».
Tiempo Argentino, 12 de Febrero de 2019
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