por Alberto López Girondo | Abr 21, 2023 | Sin categoría
En una semana caliente por la suba desorbitada del dólar y la escasez de liquidaciones de las exportaciones del agro, donde no faltaron chicanas internas y «filtraciones» de presuntas movidas contra el ministro de Economía, a pocas horas del inicio de la cumbre del Consejo Nacional del Partido Justicialista el presidente Alberto Fernández anunció en un video de algo más de siete minutos que difundió en su cuenta de Twitter que no sería candidato para un segundo mandato.
Bajo el título de «Mi decisión», el primer mandatario salió al cruce de cuanta especulación había en torno a cómo se iba a parar frente a la campaña que se desarrollará en medio una situación económica bastante dramática –una inflación del 7,7% en marzo y presiones devaluatorias constantes–, y adelantó su paso al costado.
En el video Fernández hace un recuento de las calamidades que tuvo que enfrentar su gestión casi desde el primer día. «Recibimos un país endeudado, en recesión, en default, con alta pobreza e inflación y debimos enfrentar una pandemia, una guerra y en este momento las consecuencias de una brutal sequía. En medio de tantos avatares volvimos a crecer», afirmó, para concluir ese balance asegurando tener «la certeza de no haber tomado una sola medida en contra de nuestro pueblo».
El jefe de Estado también dejó mensajes hacia adentro del Frente de Todos (FdT), como reivindicar la celebración de las PASO para dirimir las candidaturas. La frase con la que aludió a esta instancia electoral no podía ser más clara. «Démosle la lapicera a cada militante», reclamó, rememorando una mención de la vicepresidenta sobre las atribuciones que tiene todo presidente argentino.
Alberto Fernández es el tercer jugador de peso en el escenario nacional que decide declinar su participación en las presidenciales de este año. Primero fue Cristina Fernández, cuando habló en el marco de la causa Vialidad y afirmó que todo ese proceso judicial no tiene otro objetivo que sacarla de la lucha política. «No voy a ser candidata a nada, mi nombre no va a estar en ninguna boleta», dijo en diciembre pasado. Luego aclaró: «Ni renunciamiento ni autoexclusión, acá hay proscripción».
El líder del PRO y expresidente, Mauricio Macri, también se bajó de la contienda, a fines de marzo. Su renuncia fue leída como forzada por encuestas en las que el recuerdo de su gestión entre 2015 y 2019 generaba más rechazo que adhesiones en el electorado en general. También hubo facturas que le pasaron los posibles rivales en el partido que fundó –en primer lugar el acalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta– y socios en la coalición de Juntos por el Cambio pertenecientes a la UCR, como el gobernador jujeño Gerardo Morales.
El próximo presidente asumirá el cargo cuando se cumplan exactamente 40 años de la recuperación de la democracia, como recordó Fernández. En este período los recambios en el Poder Ejecutivo fueron bastante turbulentos en algunos casos. Raúl Alfonsín no pudo por pocos meses completar su período, entonces de seis años. Tras la reforma constitucional de 1994, con la habilitación del balotaje, solo Carlos Menem y Cristina Fernández completaron dos mandatos. Fernando de la Rúa tuvo que irse antes de tiempo por el derrumbe de la convertibilidad, Néstor Kirchner prefirió no ir a un segundo turno y le dejó su lugar a Cristina y Macri intentó jugar su segundo tiempo pero perdió hace cuatro años.
Este nuevo período también está atravesado por una profunda crisis a todo nivel y por la disputa entre dos modelos de país, mientras algunos agitan el fantasma de la dolarización total de la economía. Las dos coaliciones mayoritarias tienen ahora el camino bastante más despejado para desplegar sus estrategias, aunque del lado del FdT ciertamente no son pocos los que esperan que Cristina Fernández cambie de idea. En todo caso hay un final abierto para nuevas figuras de la política nacional en este crispado escenario en el que crecen espacios peligrosamente corridos hacia la ultraderecha.
Revista Acción, 21 de Abril de 2023
por Alberto López Girondo | Mar 1, 2023 | Sin categoría
Alberto Fernández comenzó su cuarto discurso como presidente de la Nación en el Congreso resaltando –y hasta destacando en tono de réplica– logros que, entendió, fueron conseguidos gracias a su «moderación». Y ante un recinto en el que no hubo ausencias de la oposición, y que contó con dos representantes de la Corte Suprema, fue haciendo un recuento de los tres años que está dejando atrás. Ese clima con tendencia a la calma con el que inició el Discurso del Estado de la Nación, sin embargo, se fue elevando hasta un clímax con fuertes cruces en el último tramo, cuando fustigó con dureza no solo al máximo tribunal sino también a amplios sectores del Poder Judicial a los que endilga procesos poco transparentes en causas contra la vicepresidenta que buscan «su inhabilitación», puntualizó.
No olvidó en el mensaje inaugural del 141º período de Sesiones Ordinarias del Congreso detallar el momento histórico que le tocó en suerte, al tiempo que destacó que en este año se cumple el 40º aniversario de la recuperación de la democracia, «el período más largo en nuestra historia».
Así, puso en foco en la lucha de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo para llegar a estas cuatro décadas de institucionalidad y recordó a los excombatientes de Malvinas en el marco del reclamo histórico por la soberanía en el archipiélago. «Tengo la convicción de que Malvinas nos une en una causa nacional que convoca y moviliza al pueblo argentino», dijo. Dentro de ese recordatorio también pidió a la Justicia que avance en esclarecer el atentado contra CFK, del que este 1° de marzo se cumplieron seis meses.
En un mensaje de 120 minutos transmitido en cadena nacional, Alberto Fernández señaló el impacto que tuvieron la pandemia, la guerra en Ucrania y la prolongada sequía como un fuerte condicionante a la hora de desarrollar su gestión, a pesar de lo cual se jactó de «haber puesto el pecho» a las adversidades.
Luego recordó parte de la herencia recibida en 2019, sin mencionar por su nombre propio a nadie del Gobierno de Cambiemos, aunque sí habló del problema de la deuda externa y señaló que durante su Gobierno no se utilizó al servicio de inteligencia «para espiar a opositores». Luego agregó que «los recursos de la Agencia Federal de Inteligencia son públicos y no existen operadores que en nombre del Gobierno compran voluntades judiciales».
A su derecha, a pocos metros del estrado que compartía junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la titular de la Cámara Baja, Cecilia Moreau y a la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala, los dos miembros de la Corte que dieron el presente, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, miraban la escena impávidos. Así se mantuvieron durante toda la sesión, incluso cuando el presidente recordó –señalándolos con el pulgar de su mano derecha– que habían sido designados por decreto, que avanzaron sobre prerrogativas del Poder Legislativo como derogar la ley del Consejo de la Magistratura o garantizar a la Ciudad de Buenos Aires «recursos coparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente».
Fue aquí que desde la oposición comenzaron una batahola contra el presidente, que tuvo un cruce puntual con algún diputado. Finalmente ni los cortesanos ni los legisladores del frente opositor se levantaron de sus curules en señal de rebeldía, como habían pronosticado algunos medios.
Tras detallar las cifras de crecimiento que se vienen registrando en todos los rubros de la economía, muy superiores incluso a las previsiones más optimistas, Fernández computó como una de las cuentas pendientes la alta inflación. «No resulta una tarea sencilla. Quienes minimizaron el problema acabaron por profundizarlo», resumió.
Más adelante, salió en defensa de las empresas públicas al contar la realidad de Aerolíneas, Arsat, YPF, INVAP, Aysa, el Banco Nación y el Correo Argentino y el rol que cumple cada una en los rincones más lejanos del país. En ese contexto, y cuando arrecian cuestionamientos y vuelve el discurso privatista, dijo: «Que no vengan a hacer negocios con nuestro patrimonio los que invocan números con los que disfrazan su falta de interés por las condiciones de vida de tantos argentinos y argentinas, a los que estas empresas ayudan y mucho».
Para finalizar, el presidente resaltó el uso que se le dio a lo recaudado gracias a la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario. Ya había mencionado la construcción del gasoducto de Vaca Muerta. Para cada uno de los puntos que iba detallando, Fernández fue presentando a ciudadanas y ciudadanos que, desde los palcos, atestiguaban sus palabras, por ser protagonistas de historias de vida en las que el Estado había sido clave para su desarrollo personal.
Fue ese el momento de señalar a una mujer a la que identificó como Belén, que «tiene trabajo gracias a una cooperativa que se creó bajo el programa Obras Tempranas de la Secretaría de Integración Social y Urbana del Ministerio de Desarrollo Social» financiado «a través de la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario que este mismo Congreso ha votado». Y concluyó: «Cuando discutimos grandes fortunas lo que estamos discutiendo es más igualdad».
Revista Acción, 1 de Marzo de 2023
por Alberto López Girondo | Sep 2, 2022 | Sin categoría
Un fuerte repudio de la dirigencia política, social y sindical se manifestó frente al intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, un ataque que sorprendió y alarmó a la población en la noche del jueves, perpetrado por un hombre de 35 años que apareció entre un grupo de militantes que participaban de vigilia que se desarrolla desde hace diez días frente a la vivienda de la vicepresidenta y le gatilló un arma de fuego a pocos centímetros del rostro. Fue inmediatamente detenido.
Cerca de la medianoche, el presidente Alberto Fernández habló por cadena nacional y tras calificar al ataque como un hecho «de una gravedad institucional y humana extrema», decretó feriado nacional este viernes para que la población pueda «pronunciarse en defensa de la paz y la democracia».
El mandatario describió cómo fue el atentado, confirmó que el arma estaba en condiciones de disparar, que tenía cinco balas en el cargador y ninguna en la recámara y que solo por milagro no se disparó. Luego dijo que se había comunicado con la jueza a cargo de la investigación, María Eugenia Capuchetti, para solicitarle el pronto esclarecimiento de los hechos. «También le he solicitado que asegure la vida del acusado directo que se encuentra detenido», puntualizó Alberto Fernández.
El presidente encuadró el caso en el clima de exasperación que se vive en distintos sectores de la vida política nacional. «Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina», consideró. Luego convocó «a todos y a cada uno de los argentinos y argentinas, a toda la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general a rechazar cualquier forma de violencia. Necesitamos aislar, no convalidar y repudiar las palabras descalificadoras», dijo en un mensaje de tres minutos.
Las muestras de repudio al intento de magnicidio comenzaron a difundirse ni bien se conocieron las primeras imágenes del ataque. Los canales repitieron en pantalla partida esos segundos dramáticos que mostró la Televisión Pública, la única que transmitía el regreso de la expresidenta a su domicilio al cabo de una jornada en el Senado que se destacó por un áspero cruce de acusaciones sobre el accionar de la Policía de la Ciudad durante el fin de semana, en esa misma esquina de las calles Uruguay y Juncal.
Mientras, se iban desgranando las distintas posiciones para calificar al atentado. Los primeros mensajes surgieron en las redes sociales emitidos por personalidades vinculadas al oficialismo nacional, desde legisladores, dirigentes partidarios, mandatarios provinciales y municipales, la CGT y la CTA. Los bloques de diputados y senadores del Frente de Todos repudiaron en un comunicado «el atentado contra la vida de la vicepresidenta» y recordaron que venían advirtiendo que «las incitaciones al odio vertidas desde distintos ámbitos de poder político, mediático y judicial contra la expresidenta solo llevaban a un clima de violencia extrema». Además, realizaron una conferencia de prensa en la noche del jueves para reafirmar el repudio y mostrar la unidad del sector en este contexto. Se fueron sumando miembros de sectores de la oposición. Entre ellos el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el expresidente Mauricio Macri, el jefe de la bancada de la UCR en Diputados, Mario Negri y la lideresa de Coalición Cívica, Elisa Carrió.
Solo fueron disonantes los mensajes de la diputada provincial santafesina Amalia Granata, quien definió al caso como un acto armado «para subir en las encuestas», y el diputado nacional Martín Tetaz, quien insistió en que no se trataba de un hecho político, según su parecer, porque ningún grupo se lo había atribuido. Luego de la medianoche, la titular del PRO, Patricia Bullrich, fustigó la decisión presidencial de decretar feriado para este viernes. «El presidente está jugando con fuego: en vez de investigar seriamente un hecho de gravedad, acusa a la oposición y a la prensa y decreta un feriado para movilizar militantes. Convierte un acto de violencia individual en una jugada política», escribió en su cuenta de Twitter.
Lo que se sabe hasta ahora es que el autor del atentado sería Fernando Sabag Montiel, nacido en San Pablo, Brasil, pero residente en Buenos Aires desde niño, con antecedentes por portación ilegal de armas y un perfil difícil de definir: algunos lo tildan de neonazi, otros de freak. Se desconoce su medio de vida. Había tenido alguna aparición televisiva en una cobertura de Crónica TV acompañando a una joven vendedora callejera.
Revista Acción, 2 de Septiembre de 2022
por Alberto López Girondo | Jul 16, 2022 | Sin categoría
Según los historiadores, la primera Liga de Gobernadores se remonta a 1870, cuando los mandatarios de Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Tucumán, La Rioja y Santiago del Estero se unieron para oponerse a los acuerdos «porteñistas» de Nicolás Avellaneda y Bartolomé Mitre. A 152 años de aquella «unión», representantes de –hasta ahora– 17 provincias lanzaron una nueva Liga destinada a incidir en la vida política nacional como un nuevo jugador de peso territorial e influencia legislativa innegable.
Como ocurría hace un siglo y medio, la Ciudad de Buenos Aires está en la mira de este nuevo actor político. Entre los temas que preocupan a los gobernadores que rubricaron el acuerdo final el 26 de junio pasado –de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, San Juan, Tierra del Fuego y Tucumán– figuran la inminente decisión de la Corte Suprema sobre los fondos coparticipables de la Ciudad Autónoma, reducidos por la actual gestión nacional luego del incremento inconsulto de Mauricio Macri para solventar la flamante Policía Metropolitana, en marzo de 2016. Una anomalía que irritó a los provincianos, que desde los orígenes de la nación tienen que pagar su policía con sus propias arcas.
Otros asuntos de similares características entre la «Reina del Plata» y el genéricamente llamado «Interior» es el de los subsidios al transporte de pasajeros, que implica valores de boletos de hasta tres veces más para el usuario de las provincias en relación con el Área Metropolitana. Algo parecido ocurre con las tarifas de los servicios públicos.
Pero los gobernadores aspiran a más. «Estamos informando a partir de este documento nuestra agenda de defensa en común por la construcción de una Argentina justa y federal, en unidad nacional», dijo el chaqueño Jorge Capitanich, uno de los impulsores de la movida. «Queremos representar a nuestras provincias, sean estas gobernadas por radicales, peronistas, movimientos provinciales o del PRO, pertenecientes al Frente de Todos o Juntos por el Cambio», se comprometieron de manera ecuménica.
Influencias
La Liga apareció como decisiva en la designación de la reemplazante de Guzmán, al frente del Ministerio de Economía de la nación. Silvina Batakis es una conocida para los mandatarios provinciales: articuló desde la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior la ejecución de planes, programas y proyectos socioeconómicos regionales a partir de diciembre de 2019 y desde ese lugar calculó el costo real del presupuesto policial porteño, mucho menor al que plantea Horacio Rodríguez Larreta en su demanda.
En la lista de mandatarios que apoyan la Liga no figuran Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Ciudad de Buenos Aires ni los distritos en manos de la UCR (Mendoza, Jujuy, Corrientes). De allí el brulote de los medios hegemónicos de calificarlos como «Gobernadores K». El santafecino Omar Perotti, que ganó el cargo con el FdT, aparece como un pivote, mientras que Juan Schiaretti, líder del «peronismo cordobesista» y Omar Gutiérrez, del Movimiento Popular Neuquino, fungen como piezas sueltas.
La Liga ya había avisado de sus intenciones con el envío al Senado de un proyecto de ley, consensuado con Alberto Fernández, para la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la nación a 25 miembros, a ser elegidos con carácter federal. La iniciativa es una respuesta de caudillos ligados al oficialismo sobre decisiones del máximo tribunal que afectan a la población de todo el territorio.
El dato es simple. Dos de los jueces supremos son santafesinos: el presidente, Horacio Rosatti, y Ricardo Lorenzetti. Hay un porteño, el vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, y un cordobés, Juan Carlos Maqueda. De acuerdo con los últimos datos disponibles –los resultados a nivel regional del Censo de mayo pasado aún no están– esos tres distritos concentran cerca de 11 millones de habitantes, menos de un cuarto de la población total del país, que asciende a 47,3 millones.
Esa falta de representación proporcional estuvo en la mira de Alberto Fernández cuando asumió el cargo, por eso impulsó una ley para la creación de 24 Capitales Alternas. El objetivo era realizar reuniones de trabajo con carácter federal entre miembros del Gabinete, autoridades locales y representantes de la sociedad civil y escuchar in situ las demandas de la comunidad y coordinar las políticas públicas con Nación. Si bien se realizaron encuentros, la pandemia moderó mucho el empuje inicial. Los gobernadores, mientras tanto, se volverán a ver las caras el 27 de julio en Bariloche. Juran entre guiños cómplices que van a sumar a alguno de los «neutrales».
Revista Acción, 16 de Julio de 2022
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