por Alberto López Girondo | Dic 16, 2017 | Sin categoría
Luego del escándalo internacional generado por la decisión de prohibir el ingreso al país a integrantes de ONG que habían sido autorizadas por la Organización Mundial de Comercio (OMC), el presidente Mauricio Macri abrió, con un discurso de fuerte tono librecambista, la XI Conferencia Ministerial (MC11), un adelanto del encuentro entre los líderes de los países del G20 de 2018 y una ocasión para dar las últimas puntadas al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
Macri defendió la libertad de comercio, fustigó el proteccionismo y dijo que celebraba la realización en estas costas de una cumbre que «nos permite renovar nuestro firme compromiso con el fortalecimiento del sistema multilateral del comercio, que nos llevará a mejorar la vida de nuestra gente».
El presidente argentino agradeció la presencia de los mandatarios de Brasil, Michel Temer, de Uruguay, Tabaré Vázquez, y de Paraguay, Horacio Cartes. Con ellos y los representantes de Colombia, Chile, Guyana, México, Perú y Surinam firmaron la Declaración de Buenos Aires, en la que se comprometen a promover un «comercio abierto, con reglas, transparente, inclusivo, no discriminatorio y no discriminativo» que esté dotado «de las herramientas que le permitan afrontar los desafíos del siglo XXI».
El brasileño confió a medios de su país que esperaba acelerar los últimos detalles para la firma del Tratado de Libre Comercio Mercosur-Unión Europea (UE), algo que podría ocurrir en Brasilia antes de fin de año. El acuerdo con la UE se tramita desde hace 22 años. Los gobiernos de Lula da Silva y Néstor y Cristina Kirchner lo fueron demorando porque consideraban que ponía en riesgo a la industria local sin ofrecer demasiadas ventajas para los productores primarios.
Seguridad bajo críticas
La nota de este encuentro global la dio el gobierno nacional al prohibir la entrada de unos 60 miembros de ONG, medios alternativos y activistas que ya tenían autorización de la OMC para intervenir en el MC11. La chispa saltó cuando el noruego Petter Titland, titular de Attac Norge, fue retenido en Ezeiza y deportado a Brasil. Lo mismo se hizo con la periodista británica Sally Burch, de la Agencia Latinoamericana de Información. El gobierno noruego y el ecuatoriano presentarons las quejas de rigor y el escándalo fue creciendo hasta que debieron levantar la prohibición.
La excusa del área de Seguridad fue que habían revisado antecedentes y publicaciones en las redes sociales y los consideraban violentos. El grupo Attac (Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras y por la Acción Ciudadana) propugna la aplicación de una tasa a los capitales financieros que circulan por el mundo de acuerdo con las tesis del Premio Nobel de Economía de 1971, James Tobin, un liberal que proponía usar esos tributos en planes sociales, reducción de la pobreza y el cuidado del medio ambiente.
La excanciller Susana Malcorra, presidenta de la MC11, debió dar la cara por el incidente. «No es mi responsabilidad manejar ese tema. Lo único que puedo decir es que están autorizadas 600 personas, y es cierto que hay un número, de alrededor de 60, que no fueron autorizadas. Cuando se viene a la Argentina se tiene que venir con una visa».
El endurecimiento de los controles y de las medidas represivas del gobierno nacional son evidentes desde que, al asumir, creó un nuevo protocolo de seguridad. Las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel fueron dos casos emblemáticos. Pero vale recordar que a poco de haber jurado su cargo, la ministra Patricia Bullrich quedó en el ojo de la tormenta por la violenta represión con balas de goma contra los trabajadores del frigorífico Cresta Roja.
El Poder Judicial también hizo su aporte con las detenciones de exmiembros del anterior gobierno, en algún caso, por causas que ya tenían más de cinco años.
El apresamiento del exvicepresidente Amado Boudou impactó porque fue filmado en plena madrugada, esposado y descalzo en su residencia mientras le leían sus derechos. La detención de Lázaro Báez, mostrado con chaleco antibalas y casco, había adelantado que la exhibición de los procesados y de la parafernalia policial marcarían este «cambio de época».
La detención del excandidato a vicepresidente y exsecretario legal y técnico, Carlos Zanini, fue también otra muestra de «marketing político», cuestionaron desde rincones opositores no solo alineados con el kirchnerismo. También detuvieron a Luis DʼElía, Fernando Esteche y Jorge Khalil mientras que al exministro de Relaciones Exteriores, Héctor Timerman, se le concedió la prisión domiciliaria por su estado de salud. El juez Claudio Bonadio pidió el desafuero y la detención de Cristina Fernández de Kirchner.
Es una vuelta de tuerca a la denuncia del fiscal Alberto Nisman por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Desestimada por el juez Daniel Rafecas, luego por la Cámara y por Casación Penal, volvió a Tribunales con una nueva figura, traición a la patria.
Doctrina Irurzun
El juez que le encontró un resquicio al artículo 119 de la Constitución Nacional para sentar en el banquillo a Cristina Fernández, un proceso criticado por juristas de todos los sectores, es el que más denuncias acumula en su contra en el Consejo de la Magistratura y que en 2005 fue separado de la instrucción del atentado a la AMIA por «falta de imparcialidad» y por tener un doble rol de magistrado y sospechoso.
Esta arremetida desatapó un huracán que afecta tanto al gobierno como a la oposición y despertó las mayores conjeturas sobre las reales motivaciones de Bonadio. Para Cristina Fernández, «Macri es el director de orquesta y Bonadio el ejecutor» de una operación destinada a quitar del debate mediático iniciativas que afectarán derechos del grueso de la población, a votarse en extraordinarias.
Los analistas sugieren una coordinación entre Bonadio y el camarista Martín Irurzun, creador de la llamada «doctrina Irurzun», por la cual una persona puede ser detenida aun sin condena si el juez entiende que hay riesgo de fuga o puede interferir en la investigación. Lo que se cuestiona en los casos de Boudou y del exministro Julio De Vido, por ejemplo, es que mientras estuvieron en el poder nunca habían sido apresados por las mismas causas. «¿Ahora son más peligrosos que antes?», ironizan.
Esto despierta alarmas también en el gobierno. No son pocos los que ven a los juzgados de Comodoro Py en estado de anarquía y temen un futuro búmeran. La misma doctrina podría ser aplicada más temprano que tarde contra los integrantes de este gabinete y el propio Macri, que por ahora logran sobreseimientos en cada una de las denuncias en su contra. Varias de esas causas tienen vinculación con fondos y cuentas en paraísos fiscales. Uno de los objetivos de Attac es el combate de esos artilugios para la evasión impositiva. ¿Será ese el motivo del celo aplicado a los controles migratorios para sus integrantes?
Revista Acción, segunda quincena de Diciembre de 2017.
por Alberto López Girondo | Oct 24, 2017 | Sin categoría
Luego de la retrógrada reforma laboral de julio pasado, el gobierno brasileño limita la publicación de la «lista sucia», donde se anotan los empleadores esclavistas, bucrocratiza las denuncias y modifica la definición de «trabajo esclavo» para beneficiar a los latifundistas.
El ataque del gobierno de Michel Temer a las conquistas sociales en Brasil generó ahora una nota de queja de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la publicación en el boletín oficial de ese país de un decreto que elimina controles y modifica sustancialmente las normas para el combate del trabajo esclavo.
A partir de la publicación del DNU en el Diario Oficial de la Unión, la divulgación de la “lista sucia” de empresas y personas que se aprovechan del trabajo esclavo ya no dependerá de las oficinas técnicas del ministerio del Trabajo sino del ministro en persona, lo que deja en manos de los intereses particulares de un funcionario político lo que hacía un equipo de profesionales.
Pero además, cambian las reglas para la denuncia de casos de esclavitud: lo que antes se hacía con un informe de un auditor de la División de Fiscalización para la Erradicación del Trabajo Esclavo (Detrae), ahora debe pasar por una presentación en sede policial. Si se tiene en cuenta de que gran parte de la explotación esclavista se hace en grandes extensiones agropecuarias, es fácil entender los riesgos para cualquiera que quiera hacer denuncias en un país donde en un cuarto de siglo fueron asesinados más de 1.500 líderes campesinos.
Por si esto fuera poco, el gobierno cambia la definición de lo que es trabajo esclavo, una forma de blanquear cierto tipo de formas de explotación fuera de los usos internacionales que toma en cuenta la OIT y el Código Penal brasileño.
Ahora solo será considerado trabajo esclavo si se verifican amenazas de castigo, restricción de transporte para retener al empleado, uso de un vigilante armado y retención de documentación personal. Estos cambios preocuparon primero a los funcionarios que se encargaban de la tarea y la a dirigencia política ligada a la defensa de los derechos laborales.
Es precisamente ese es un tema que forma parte del ADN del gobierno destituido en agosto del año pasado por un congreso aliado con Temer. Y en ese parlamento, el Partido de los Trabajadores estaba en minoría mientras que alrededor del 40% de los legisladores pertenecían a la clase terrateniente, lo que la hace proclive a dictar leyes que benefician sus intereses y liberar a sus faltas. Incluso el ministro de Agricultura del gabinete Temer, Blairo Maggi, es uno de los reyes del agronegocio brasileño.
Además, y como para que no queden dudas de esta modificación es a favor de los que más tienen, fue despedido André Reston, jefe de la agencia de combate al trabajo esclavo, el funcionario a cargo de elaborar la llamada «lista sucia».
Suciedades anónimas
La “lista sucia” es un registro creado en 2003 para anotar los nombres de los empleadores denunciados por tener en su plantilla a trabajadores en condiciones de esclavitud.
Fue el corolario de una política de estado en el combate contra la superexplotación laboral que venía desde las dos gestiones de Fernando Henrique Cardoso y que Lula da Silva, como dirigente sindical, no podía sino fortalecer. Así, entre 1995 y 2016 fueron liberadas del trabajo esclavo cerca de 50.000 personas en todo el país.
En el campo la situación se complica porque los trabajadores están virtualmente presos en los latifundios y sin posibilidades de escape. En 2014, la Corte Suprema suspendió la publicación de la lista, ante presiones y presentaciones de los empresarios involucrados, muchos de ellos a la sazón representantes legislativos, alegando que era una medida inconstitucional.
El gobierno de Dilma introdujo la Lista Sucia en la Ley de Acceso a la Información para hacerla pública. Pero, contradicciones de su gobierno, Katia Abreu, senadora por Tocanstins, fue designada ministro de Agricultura en 2015 siendo una de las terratenientes más grandes del país. Y había sido ella en persona, cuentan las crónicas, quien acudió a la Corte para evitar la difusión de los nombre de los esclavistas, ya que entre ellos estaban sus dos hermanos, Andre Luiz Abreu y Luiz Alfredo de Feresin Abreu.
Pero por supuesto que la familia Abreu no es la única involucrada en este tipo de violación a los derechos laborales.
En diciembre del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos condenó al estado brasileño por no prevenir el trabajo esclavo ni el tráfico de personas. La sentencia obligó al pago de 4,7 millones de dólares a 128 víctimas rescatadas en la Hacienda Brasil Verde, un latifundio ubicado en el estado de Pará, entre 1989 y 2002.
Trampa semántica
Según la reforma laboral que había dictado Temer en julio pasado -y que en este lado de la frontera quiere emular el gobierno de Mauricio Macri- “empleado rural es toda persona física que, en propiedad rural o edificio rústico, presta servicios de naturaleza no eventual a empleador rural o agroindustrial, bajo dependencia y subordinación a este y mediante salario o remuneración de cualquier especie”.
Este artilugio leguleyo, permite al empleador pagar el salario con dinero o, como era usual en Argentina en las explotaciones del siglo XX y relataban películas como Las aguas bajan turbias, de Hugo del Carril, en especie o mediante la entrega de mercadería en el almacén del propietario de la hacienda.
Sin embargo, no solo en el campo se produce en condiciones de explotación laboral. La industria textil es uno de los rubros donde resulta más extendido el trabajo esclavo. En este caso, el agravante es que se trata de extranjeros venidos de Bolivia o Perú.
Hace unos meses, en mayo, salió el fallo que condena a la española Inditex, que fabrica bajo el nombre más conocido y popular de Zara, a una multa de 5 millones de reales, unos 1,5 millones de dólares, luego de que unos 15 trabajadores fueron rescatados de un taller paulista en 2011 por Ministerio Público del Trabajo (MPT).
También hay involucradas otras multinacionales, como la suiza Nestlé, o la holandesa Jacobs Douwe Egberts, que juntas controlan el 40% de las ventas de café en todo el mundo.
Ni qué decir de la construcción, donde el propio gobierno federal terminó acusado tras una investigación del Ministerio de Trabajo que detectó que una empresa contratada para construir viviendas populares dentro el programa Minha Casa, Minha Vida, mantenía a 118 trabajadores en condiciones de esclavitud en la ciudad de Macaé, en el estado de Río de Janeiro.
La firma, MRV, ya había sido condenada en 2013 a una multa de 6,7 millones de reales por mantener a 63 trabajadores esclavos en una obra del mismo programa en San Pablo.
Tiempo Argentino
Octubre 18 de 2017
por Alberto López Girondo | Sep 12, 2017 | Sin categoría
La foto es de Ricardo Stuckert para el Instituto Lula
En Brasil se desató una carrera contra el tiempo y a esta hora es difícil prever quién cruzará primero la bandera a cuadros. O incluso quienes llegarán. Por lo pronto, el ex presidente Lula da Silva inició una gira para darse un baño de pueblo por el Nordeste en una Caravana que lo llevará de Bahía a Maranhao. Mientras tanto, el poder judicial, normalmente reacio a los apurones, esta vez batió un récord al abrir un expediente de segunda instancia en apenas 42 días. Cuando el juez Sergio Moro lo condenó a nueve años y medio de prisión por la presunta compra irregular de un departamento en Guarujá, se especuló con que no daban los tiempos para tener una sentencia firme que impediría su candidatura en 2018. Pero la justicia brasileña parece también interesada en no dejar que avance la incertidumbre en vista de que Lula sigue cosechando el fervor de sus votantes en los rincones más empobrecidos de Brasil. Simultáneamente, el presidente de facto Michel Temer también puso sexta velocidad en su proyecto privatizador neoliberal (ver aparte), cosa de que si no hay forma de evitar el regreso de Lula al Planalto, tenga las manos atadas para volver a políticas populistas.
En su recorrida por el territorio amigo del Nordeste, su tierra de nacimiento, Lula tuvo algunas frases destacadas que merecen recordarse. Como esa con que calificó a Temer de «marido que no trabaja y vende las cosas de la casa». Quizás fue que su llegada a Pernambuco, el estado al que pertenece el pueblo de Caetés, donde nació hace casi 72 años, le haya traído remembranzas de su propia niñez: séptimo hijo de un matrimonio de labradores, su padre se fue de la casa cuando él era un bebé y no lo conoció sino a sus cinco años. Su madre crió a los siete niños prácticamente sola y emprendió con ellos una caravana desesperada hacia San Pablo para salir de la miseria. En esto, Lula es un fiel representante de un drama que cotidianamente viven millones de personas en el mundo y quienes lo escuchan en los actos que viene realizando en esa región lo saben, por eso esperan su vuelta a la presidencia. Por eso despierta el rechazo de las élites políticas, judiciales y hasta mediáticas.
Lula tuvo otras definiciones en su recorrida, que ya lo llevó por 15 ciudades pero espera completar el 5 de septiembre en Sao Luis, estado de Maranhao, luego de visitar 28 ciudades de nueve estados. No es la primera vez que el ex tornero mecánico sale a las rutas para darse «un baño de pueblo». Entre 1993 y 1996, en sus primeros intentos por ser presidente, recorrió con sus «Caravanas de la Ciudadanía» 359 ciudades brasileñas.
Mientras, tanto, el 4º Tribunal Regional Federal, con sede en Porto Alegre, inició el miércoles la tramitación del recurso de segunda instancia en el proceso por corrupción por la presunta transferencia de un dúplex en Guarujá. El 12 de julio, el juez de Paraná Sergio Moro había condenado a Lula pero no lo mandó tras las rejas porque le dio la oportunidad de defenderse en libertad. Los abogados y el mismo ex mandatario insisten en que no le mostraron pruebas del supuesto delito, que hay una persecución judicial y que el magistrado solo se guió por indicios.
Si Lula es encontrado también culpable por este tribunal, se complica su posibilidad de presentarse como candidato a una nueva ronda presidencial en octubre de 2018. Señalan los expertos en estos trámites leguleyos que en ese mismo distrito judicial el promedio en casos similares es de 96 días pero que la resolución llega normalmente no antes de los 182 días. Todo indica que esta vez la intención es terminar con el caso cuanto antes y según la interpretación del entorno del ex dirigente gremial, lo quieren sacar del medio porque es el único que puede impedir que se consume el proyecto neoliberal que se impuso desde la destitución de Dilma Rousseff, su sucesora, hace justo un año.
Desde esas tribunas populares y populosas, el fundador del Partido de los Trabajadores (PT), insiste en que si gana en 2018 -y las encuestas no dudan de esa posibilidad hoy día- va a anular las reformas de Temer. Entre ellas la nueva ley laboral que echa atrás con leyes instauradas por Getulio Vargas hace tres cuartos de siglo.
Pero no todas fueron rosas, y Da Silva tuvo que enfrentar no pocas críticas cuando enPenedo, en el estado de Alagoas, luego de reunirse con pobladores indígenas, y campesinos de las principales comunidades locales, se abrazó con el senador RenánCalheiros, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), agrupación con la que se alió para llegar al gobierno en 2003 pero que finalmente tumbó a Dilma en 2016. De hecho, Temer es el presidente del PMDB y Calheiros fue clave para el golpe institucional, hasta que cayó en desgracia por la investigación de la causa Lava Jato.
Es cierto que el hombre es senador por el estado que visitaba y el hijo, Renán Junior es el gobernador. Pero Lula fue más lejos que esa cuestión meramente protocolar. «Renan puede tener todos los defectos, pero Renan me ayudó a gobernar este país; yo soy de la opinión de que todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario», dijo a radio Universitaria de Pernambuco, para rematar: «Lo que quiero para mí lo tengo que querer para los otros también, (y además) cuando un partido como el PT busca esas alianzas es porque ve con claridad que solo no gana las elecciones, y si las gana no puede gobernar si no tiene mayoría en el Congreso». En resumen, que «la hipótesis más soñada» es que la izquierda tenga votos suficientes para no tener que ponerse un broche en la nariz antes de ir a las urnas. «pero esa no es la realidad del Brasil de hoy».
El PT no es el único que mira el 2018 con ansiedad y en el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) ya mueven sus fichas el alcalde de San Pablo, Joao Doria, quien asumió el cargo el 1 de enero pasado, y el gobernador estadual Geraldo Alckmin. Doria es presentado como el paladín de la nueva política, es empresario y recuerda a Donald Trump. Incluso condujo en la televisión paulista el programa El Aprendiz, que catapultó a la fama al actual presidente estadounidense.
Por la derecha más retrógrada tiene aspiraciones el ex militar Jair Bolsonaro. Además, el partido Laborista Nacional de Brasil ahora se hace llamar Podemos. Pero no porque adhieran al partido español sino porque se dicen seguidores de Barack Obama y de su latiguillo Yes, We Can.
Tiempo Argentino
Agosto 27 de 2017
por Alberto López Girondo | Jul 17, 2017 | Sin categoría
«¿Dónde están ahora los caceroleros? (os batedores de panela)», se preguntó, exaltado, el expresidente Lula da Silva en un acto desarrollado este sábado en la ciudad paulista de Diadema, en la asunción de la nueva cúpula local del Partido de los Trabajadores (PT). Rodeado de enfervorizados militantes, el mandatario, condenado a nueve años y medio de prisión el miércoles (ver aparte), ligó su sentencia a la aprobación de una ley laboral que retrotrae derechos de los trabajadores a la época previa a Getulio Vargas, que instauró en sus presidencias lo esencial de lo que quedó enterrado el martes y que el jueves, en una demostración de timing llamativo, fue sancionada por el presidente Michel Temer.
No se equivocaba Lula en el análisis. Su acta de condena, señala, estaba escrita y firmada por juez Sergio Moro desde mucho antes de que lo llamara a indagatoria, el 10 de mayo pasado. Pero ese no era el momento político de anunciarla. Tampoco erraba el exdirigente metalúrgico –que ante el magistrado se presentó como de profesión «tornero mecánico»– en cuestionar a los que salieron a las calles contra Dilma Rousseff, en 2014, tras un aumento en el precio de los transportes pero que ahora verán cercenados derechos que tuvieron sus padres y abuelos y que fueron conquistados por sus bisabuelos luego de largas luchas.
«Solo el pueblo puede juzgarme», repitió Lula, luego de pedirle al juez que, «si tiene una mínima prueba en mi contra, me la muestre, y yo me retiro de la vida pública y me quedo tranquilo». Y volvió a la carga con la ley laboral. «¿Dónde terminaron las cacerolas? Lo que nosotros tenemos es orgullo, parece que ellos solo tienen odio».
Entre las reformas está la posibilidad de que la jornada laboral pueda extenderse hasta las 12 horas. Además, la ley permite que los salarios puedan abonarse sobre una base diaria y hasta horaria, a decisión de la patronal, que deberá avisar al trabajador tres días antes cómo será su jornada.
Como si esto fuera poco, crea la figura del «trabajador autónomo exclusivo», por la cual la empresa tiene derecho a llamar al empleado para que cumpla tareas solo cuando lo necesite. Otra perlita, que ya en medios de comunicación local tuvo sus defensores, es que se elimina el sistema de indemnizaciones. Se implanta, en su lugar, un fondo con aportes del mismo trabajador, que recupera cuando lo echan. O sea que la patronal tiene las manos libres para disponer de su empleado como si fuera un mueble más en su oficina.
Las mujeres también tienen mucho para reclamar, ya que la normativa aprobada por Temer –que entrará en vigencia 120 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Unión– permite que hasta las embarazadas puedan trabajar en lugares insalubres si un médico lo permite.
En pocas palabras, con esta reforma se cumple el viejo sueño neoliberal: que la mano de obra finalmente sea un costo más, sin la menor consideración hacia el ser humano que realiza el trabajo, como desde la izquierda e incluso la Iglesia Católica se postula desde la revolución industrial.
Muchos analistas que interpretan a la ley desde el punto de vista económico, la ven como una destrucción de los derechos de la clase trabajadora inconsistente porque ni siquiera cumplirá el objetivo que declara, que es generar más puestos de trabajo. A este argumento, el procurador general del Trabajo, Ronaldo Fleury, le añade que «oficializa el fraude y es fruto de la mentalidad esclavista que aún persiste en Brasil» .
Para Temer, sin embargo, es la forma de aferrarse al poder aceptando el decálogo empresarial cuando aparece en medio de investigaciones por corrupción con pruebas incluso filmadas sobre maniobras para sobornar a un testigo.
«Las protestas se hacen pero la caravana va pasando, no tengo duda (…) Si hicimos esto en 14 meses –se ufanó este jueves en la ceremonia de sanción de la reforma laboral–, imaginen lo que haremos en otro año y medio de gobierno».
El proyecto que venía del Ejecutivo fue aprobado en abril por la Cámara de Diputados y se demoró hasta ahora en el Senado, muchos de cuyos miembros se mostraron remisos, arguyendo que violaba garantías constitucionales. Pero el martes esa «resistencia» se quebró y terminó votada por 50 senadores y rechazada por otros veintiséis.
La nueva ley está llamada a impactar de este lado de la frontera, ya que el Mercosur, como lo entienden el gobierno de Mauricio Macri y el de Temer, es una plataforma para beneficio de las multinacionales que tienen un pie en cada país y no mucho más. Por eso el canciller argentino Jorge Faurie se apuró a viajar a Brasilia este viernes para entrevistarse con su par brasileño Aloysio Nunes Ferreira y con el presidente. Luego de hacer un panegírico de un posible acuerdo Mercosur-UE, Faurie dijo en relación con el proteccionismo estadounidense: «Si somos razonables podemos ser un modelo en un momento en que se dice que no hay posibilidad de libre comercio. Los cambios culturales se dan con la fe infinita. Hay una fe en este momento de cambio tecnológico que es no cerrar fronteras, hacer un comercio inteligente».
Tiempo Argentino
Juylio 16 de 2017
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