por Alberto López Girondo | Jul 5, 2020 | Sin categoría
La cumbre presidencial del Mercosur fue un test de cómo cayeron las fichas en el último quinquenio en la región. Y para Alberto Fernández, un desafío. Es duro admitir que uno vive en un edificio en el que los vecinos resultan mayormente desagradables, pero peor sería negar la realidad. En todo caso, pasó el mal trago sin renunciar a su visión del mundo y de la integración en aras de una Real Politik incierta.
La gran pelea de la tarde, se prometía, era la de Fernández con Jair Bolsonaro. Pero hubo algodones diplomáticos para que nada se desmadrara. Un dato a tener en cuenta: nadie en el Gabinete brasileño a esta altura amenaza con dar un portazo de la organización regional.
Fernández, que por orden alfabético de país abrió el debate virtual, mostró un camino. «Somos el continente más desigual en la distribución del ingreso, y nos toca afrontar ese desafío sabiendo que estamos ante la mayor crisis mundial”.
No tardó en asomar la sociedad neoliberal del brasileño con el paraguayo Mario Abdo Benítez –a la sazón presidente pro témpore saliente de la organización– y con el nuevo mandatario uruguayo, Luis Lacalle Pou, el que tomó la posta en esta ocasión.
El ala “aperturista” del Mercosur tomó la palabra con Bolsonaro, que propuso abrir fronteras y avanzar en los acuerdos con Corea del Sur, Canadá, Líbano y Singapur, temas en los que Argentina es renuente y lo demostró cuando se retiró de las negociaciones con un golpe sobre la mesa en abril pasado.
La noticia mediática, sin embargo, fue que cuando comenzó a hablar la presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, Fernández dejó la sesión. Fue su forma de sacudir la mesa nuevamente. Venezuela, el cuco regional, fue suspendida durante el gobierno de Mauricio Macri y cuando ya se había dado el golpe institucional en Brasil.
Se acusa a Nicolás Maduro de no respetar los valores democráticos, razón suficiente, incluso, para justificar el despojo de sus riquezas (ver aparte). Pero se acepta al gobierno de Bolivia, que aun no integra formalmente el Mercosur, sin cuestionar el golpe contra Evo Morales pergeñado desde la OEA y, se comprobó, mediante la manipulación de datos sobre un fraude inexistente en las elecciones de 2019.
Días antes, en un encuentro también virtual con Lula da Silva, Fernández le dijo al expresidente brasileño que lo extrañaba tanto como a Néstor Kirchner, a Fernando Lugo, a Evo Morales, a Rafael Correa, a Ricardo Lagos, a Hugo Chávez. Y sostuvo que EE UU rompió Unasur para crear Prosur, que ahora va por el BID y además, le apunta a la Celac. De la cumbre del Mercosur participaron como invitados el chileno Sebastián Piñera y el colombiano Iván Duque. Piñera fue clave en aquellas construcciones regionales, al igual que Álvaro Uribe, el mentor de Duque. También a esos derechistas extraña Fernández, sin duda. De la cumbre del Mercosur participaron como invitados el chileno Sebastián Piñera y el colombiano Iván Duque. Piñera fue clave en aquellas construcciones regionales, al igual que Álvaro Uribe, el mentor de Duque. También a esos derechistas extraña Fernández, sin duda.
Tiempo Argentino, 5 de Julio de 2020
por Alberto López Girondo | Sep 19, 2019 | Sin categoría
El primer rechazo legislativo al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea provino del parlamento de Austria, que votó en forma casi unánime contra el tratado comercial, provocando un tembladeral entre sus mentores. Si bien el gobierno francés había mostrado reservas en consonancia con los agricultores galos, que resisten una alianza comercial con los países sudamericanos, al igual que los productores agrarios alemanes, es la primera vez que una institución como esta se pronuncia de forma precisa y contundente sobre el asunto.
En los papeles, la aprobación de un acuerdo de esta magnitud necesita ser refrendado por todos y cada uno de los congresos de las 27 naciones europeas. Lo mismo debería ocurrir de este lado del Atlántico. Pero en la realidad, se podría utilizar como antecedente de que en 2005 la UE debía aprobar la Constitución del bloque regional mediante referéndum y tanto Francia como Holanda votaron en contra. La solución fue imponer las mismas regulaciones a través del Tratado de Lisboa, de 2007.
Con argumentos similares se atajó la Comisión Europea, el poder ejecutivo comunitario, al asegurar que “aún no llegó el momento del visto bueno” al pacto UE-Mercosur. «Ambas partes están llevando a cabo lo que se denomina una revisión jurídica del texto acordado para llegar a la versión final (…) Por lo que, básicamente, la ratificación aún no comenzó», declaró la vocera de la CE, Mina Andreeva.
En términos parecidos se pronunció el gobierno argentino, al evaluar –de acuerdo a voceros oficiosos- que como hay elecciones el último domingo de setiembre, el parlamento austríaco será renovado en las próximas semanas y por lo tanto no hay nada que temer en relación con el acuerdo que tan pomposamente presentaron el canciller Jorge Faurie con el presidente Mauricio Macri. El presidente dijo taxativamente que «el nuevo parlamento va a revocar esta orden al Consejo Europeo de vetar el acuerdo».
Pero sucede además que Francia demora definiciones por las protestas de los agricultores, que no aceptan de buena gana que ingresen en el continente productos del Mercosur ya que, afirman, tienen controles ambientales más laxos que los que les exige la UE a ellos. Por otro lado, el presidente Emmanuel Macron cuestionó el tratamiento que el gobierno de Jair Bolsonaro le dio a la crisis ecológica por los incendios forestales en Amazonas. Y la respuesta del mandatario brasileño fue feroz: se sumó a ataques misóginos contra la esposa del francés, lo que elevó el enfrentamiento al punto de que el inquilino del Elíseo dijo que tampoco iba a firmar el tratado con el Mercosur.
En julio, Irlanda también había mostrado sus reticencias a sumarse al tratado comercial. El primer ministro irlandés, Leo Varadkar, deslizó que “si va a haber un impacto negativo sobre la economía y el empleo, estaremos en contra” de un mercado común con los cuatro países de América del sur.Una forma de rechazo bien diplomático.
En Viena, la asamblea legislativa entendió por abrumadora mayoría que el convenio sería nocivo para Austria y su rechazo fue interpretado como «un gran triunfo para los consumidores, el medioambiente, la protección de los animales y los derechos humanos». Los incendios en Amazonas y la cerril postura de Bolsonaro fueron argumentos de peso a la hora de juntar votos en contra de la propuesta institucional.
Tiempo Argentino, 19 de Septiembre de 2019
por Alberto López Girondo | Jul 2, 2019 | Sin categoría
Más allá del compungido audio de Whatsapp del canciller Jorge Faurie al presidente Mauricio Macri anunciando la firma de un acuerdo entre el Mercosur y la UE, la realidad indica que la efectivización del pacto comercial está aún muy verde, si es que alguna vez se logran poner de acuerdo a los parlamentos de los 28 países europeos y los cinco sudamericanos. Pero lo que sale a la luz, además de que se desconocen los pormenores de lo que se propone, es que las primeras voces en hacerse oír son las de beneficiados y perjudicados por las negociaciones. Y como en un espejo, la industria y el campo de cada costa del Atlántico celebran y protestan según como creen que les irá en la feria.
Así, mientras en América del Sur, los sectores del trabajo y la industria despliegan toda la artillería discursiva en contra de un convenio que, avizoran, dejará un tendal de trabajadores y sectores productores completos en la calle, en Europa los fabricantes de automóviles alemanes se restriegan las manos sopesando las futuras ganancias.
Por lo pronto, el secretario general de la la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles (ACEA), Erik Jonnaert, señaló que «bajo las condiciones adecuadas hay un potencial real de crecimiento para la industria automovilística de la Unión Europea, dada la dimensión del mercado de Mercosur, tanto en términos de PIB como de población».
La UE exportó el año pasado 73.000 vehículos hacia la región pero el dato que toman en cuenta para este festejo es que el Mercosur importó en total 234.000 automóviles. Y ese mercado resulta seductor, además de que esperan incrementar sus ventas luego de la eliminación de aranceles que implica el acuerdo.
A los cuestionamientos de industriales argentinos, sobre todo pymes, se le sumaron las críticas de sectores de la producción del Brasil. Es un acuerdo que «no trae ganancias para la industria brasileña del acero, que enfrenta una ociosidad de 34% de la capacidad instalada debido a la crisis económica en el país y al exceso de oferta mundial», según un comunicado del Instituto Acero Brasil (IAB).
La institución puntualiza, además, que con ese convenio la industria brasileña perderá la categoría de «preferencial» dentro del bloque regional y los productos de la UE podrán invadir el mercado local incluso con componentes elaborados fuera del bloque europeo.
Los que están que trinan con el anuncio son los agricultores. En el caso de los franceses, el presidente Emmanuel Macron tuvo que poner un poco de paños fríos tras el anuncio. Es que con un conflicto no resuelto con los «chalecos amarillos», el mandatario no podía exponerse a otro frente de protesta.
Francia fue la nación más reacia a liberar el comercio con el Mercosur, teniendo en cuenta de que es el país europeo que recibe más subsidios para sostener su producción agropecuaria. «No podremos competir con las fábricas de carne latinoamericanas», argumentan. «No puedo decirles que vamos hoy a ratificar el Mercosur. Francia no está por ahora preparada a ratificarlo», trató de calmar Sibeth Ndiaye, portavoz del gobierno.
El principal sindicato agrícola de la UE, COPA-COGECA, tomando en cuenta elementos ecologistas, declaró que el acuerdo agrandará «la brecha entre las normas exigidas a los agricultores europeos» y lo que se tolera de los productores del Mercosur. «El libre comercio está en el origen de todos los problemas ecológicos», abundó el exministro francés de Ecología, Nicolas Hulot.
La Federación Alemana de Agricultores (DBV, por sus siglas en alemán) también salió con los botines de punta contra el pacto comercial por razones medioambientales. «Es inaceptable que la Comisión de la UE firme este acuerdo completamente desequilibrado. Este acuerdo comercial es pura y simplemente un doble rasero», dijo el presidente de los agricultores germanos, Joachim Rukwied.
La DBV alude a que las regulaciones de protección del medio ambiente y del clima, el uso de antibióticos y herbicidas que se exigen a los europeos no son iguales a las que se piden en esta parte del mundo.
La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos de España presentó en Bruselas un informe con serios cuestionamientos al acuerdo y se mostraron sorprendidos de que el gobierno de Pedro Sánchez se hubiese enorgullecido de semejante negociación. «No entendemos por qué el Gobierno español ha impulsado el cierre del acuerdo (…) existen muy pocos estudios, pero todos coinciden en que Europa es la que pierde con esto», dijo la U.
La organización hizo referencia a un estudio del Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea que en 2011 alertaba sobre pérdidas para los agricultores europeos de 7.750 millones de euros si se liberaba el ingreso de productos agrarios sudamericanos.
Tiempo Argentino, 2 de Julio de 2019
por Alberto López Girondo | Jun 16, 2016 | Sin categoría
Por si hiciera falta alguna señal más de que hay un cambio de rumbo en el país, tres hechos concretos muestran este nuevo escenario nacional: el proyecto de ley ómnibus para el pago de deudas a jubilados, el fallo de la Corte que limita el derecho de huelga y el pedido de Argentina de ingresar como observador en la Alianza del Pacífico, impulsada por Estados Unidos. Todas estas iniciativas representan un giro de 180 grados en relación con la postura del anterior gobierno en cada uno de los planos.
El más controvertido es seguramente el voluminoso texto de casi 100 carillas que prevé aplicar dinero proveniente del blanqueo de capitales al pago de los juicios de miles de jubilados y a la devolución del 15% de coparticipación a las provincias, lo que generó rechazo de legisladores y exfuncionarios kirchneristas y hasta de la exmandataria. Cristina Fernández calificó la propuesta como «un Caballo de Troya» para desfinanciar el sistema previsional y en el futuro justificar la vuelta de las administradoras privadas de fondos de retiro.
Para el diputado nacional Carlos Heller, del Partido Solidario, el proyecto «mezcla un montón de cuestiones que llevan a suponer que en realidad lo que pretenden es crear una protección y justificación a la idea del blanqueo de capitales y también a la venta de las participaciones del Estado en el fondo de garantía de sustentabilidad».
Es que, precisamente, el planteo de la iniciativa, bautizada con ánimo de vencer planteos opositores como la Ley de Reparación Histórica a los Jubilados, es una amplia moratoria para el blanqueo de capitales en el exterior que se destinaría a financiar el pago de montos que la Justicia estableció a jubilados que recurrieron a los tribunales al ver afectados sus ingresos por medidas de anteriores gobiernos. Pero también permite la venta de acciones de empresas privadas en poder de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y que forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Las acciones que estaban en manos de las administradoras privadas de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) cuando se reestatizó el sistema, en 2008, pasaron al Estado.
El gobierno de Cristina Fernández no ignoraba el deseo de esos conglomerados económicos de recuperar sus acciones, fundamentalmente por la incomodidad que les produce tener a representantes del Estado en sus directorios. Por eso, en setiembre del año pasado, impulsó una ley que solo permite la venta de esas acciones si la vota una mayoría especial de los dos tercios del Congreso Nacional.
Además, la iniciativa macrista tenía otros detalles que motivaron críticas y protestas, como el artículo 85, que preveía un castigo penal para quien publicara información sobre detalles del blanqueo. La pena podía ser de cárcel y una multa similar al monto legalizado. O sea que si alguien blanqueaba 100 millones de dólares, el que revelara ese dato debería pagar esa cifra en concepto de multa.
En la misma sintonía, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, había dictado –casi como una irónica celebración del Día del Periodista– un decreto que condena hasta a dos años de prisión a quienes difundan el contenido de la declaración jurada de bienes de los funcionarios. La mandataria provincial, ante el cariz de las protestas que levantó, aseguró que había sido un «error» involuntario que pronto se iba a subsanar. Al cierre de esta edición, el decreto seguía en vigencia. También el presidente Mauricio Macri había bajado el irritativo artículo 85 de la ley ómnibus para que el massismo y los diputados del exjefe del ANSES, Diego Bossio, apuraran el voto en comisión.
Protestas en la mira
En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió un fallo sorpresivo porque va en contra de la jurisprudencia que se venía siguiendo en los últimos años en torno del mundo laboral. El tribunal presidido por Ricardo Lorenzetti, en realidad los tres integrantes que quedan sobre un total de cinco que deberían conformarlo, se puso de acuerdo para sostener que los trabajadores sin representación sindical no tienen derecho a dictar un paro. «Las medidas de acción directa resultan un derecho colectivo concedido a las organizaciones representativas de los trabajadores», argumentan los magistrados y aclaran que «la Constitución hace referencia a la palabra gremio y no a grupos de trabajadores no conformados como tales» como los únicos en condiciones de sostener una medida de fuerza semejante.
Esto levantó protestas en los representantes gremiales de los sectores que rechazan con mayor énfasis el rumbo económico en curso. Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, tildó la sentencia como «un fallo de época». Para Pablo Micheli, titular de la CTA Autónoma, el veredicto tiene como objetivo «poner coto a futuras protestas» en un contexto de ajustes y conflictividad social. Porque básicamente dejan sin cobertura legal a las asambleas de los trabajadores, que son las que aprueban medidas de fuerza, en relación con los sindicatos, que pueden no compartir esa decisión, tal como muestra un sinnúmero de experiencias recientes. Por otro lado, el fallo parece olvidar la situación de los trabajadores no sindicalizados, que en muchos lugares son la abrumadora mayoría.
El pronunciamiento de la Corte le viene como anillo al dedo al gobierno de Macri no solo porque despeja una traba que los empresarios y los dirigentes gremiales más acuerdistas ansiaban, sino porque representa un signo de los tiempos hacia los nuevos socios estratégicos que Macri busca en el exterior.
El fallo se produjo unos días antes de que por primera vez la Argentina se siente en la cumbre de la Alianza del Pacífico como miembro observador. El gesto de pedir un lugar más allá de la pertenencia al Mercosur, justo cuando en Brasil hay un gobierno temporario que muestra inquina a ese organismo regional, es una imagen que despierta los brulotes más ácidos en los defensores del concepto de integración regional y de Patria Grande que planteaba la anterior gestión.
La Alianza, formada como contrapartida del Mercosur y otros procesos de integración autónomos de Estados Unidos, como la Unión de Naciones Suramericanas y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), está formada por Chile, Perú, Colombia y México y era apenas la punta de un iceberg que pretendía resucitar el ALCA. Ahora es la punta de lanza de nuevos espacios de integración afines al establishment, que busca imponer un tratado como el TTIP, que entre otras cosas, reduce sustancialmente los derechos laborales.
Revista Acción
Junio 15 de 2016
La foto es de Jorge Aloy
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