Lo menos que puede decirse del momento que viven las instituciones brasileñas es que están a las puertas de un choque de trenes, con una escalada sin límite a la vista entre Jair Bolsonaro y el Poder Judicial. El presidente, en su intento por modificar el sistema de votación ante la certeza de que no podrá lograr la reelección, no duda en amenazar sin rodeos y hasta reclamar a la población que se arme “para evitar un fraude”. Bolsonaro sobrepasó todo límite en la convivencia dentro de un sistema democrático que a pesar de las diferencias, siempre trató de mantenerse dentro de cauces civilizados en un país acostumbrado a lo largo de su historia a la negociación más que a la confrontación directa.
Según todos los sondeos, la popularidad de Bolsonaro cae continuamente mientras aumenta la de Lula da Silva, pero eso no significa que el excapitán del Ejército vaya a tirar la toalla. Más bien lo contrario: el proyecto de reforma del sistema electoral forma parte de una estrategia destinada a deslegitimar el triunfo del candidato que marcha primero en las encuestas. Pero también podría abrir las puertas precisamente a la manipulación del resultado en un esquema de votación para el que el país no está acostumbrado, ya que el voto electrónico data de 1996.
El enfrentamiento con el Supremo Tribunal Federal, (STF) -la corte de justicia brasileña- se viene profundizando a partir de denuncias de corrupción contra los hijos presidenciales. Pero desde lo simbólico, desde que las causas contra Lula fueron cayendo por la endeblez jurídica con que fueron construidas y además, quedaron expuestos los ejecutores de la estrategia para desplazarlo de las elecciones de 2018, el juez Sergio Moro y el fiscal Deltan Dallagnol.
Las denuncias del bolsonarismo contra el sistema electoral generaron el repudio no solo de la dirigencia política tradicional -no vinculada a la extrema derecha- sino también de todos los estamentos judiciales encargados de controlar los comicios. El rechazo fue compartido en un fuerte documento firmado por el presidente del Superior Tribunal Electoral, Luiz Barroso, ocho miembros STF y todos los extitulares de la justicia electoral de los últimos 33 años de historia democrática del país sudamericano. El único que no se plegó fue Nunes Marques, nombrado por Bolsonaro en 2020. “Desde que se implementó el sistema de voto electrónico, jamás se documentó ningún episodio de fraude en las elecciones”, dice el documento emitido luego de las protestas organizadas por el oficialismo en 10 ciudades a favor de modificar el sistema electoral.
En este escenario, la corte le abrió una causa a Bolsonaro en la que le pide explicaciones sobre las irregularidades que denunció. El presidente admitió que no tiene pruebas aunque insiste en que el voto electrónico es susceptible de fraude.
Y para doblar la puesta, pidió a sus seguidores que sigan el ejemplo de los trumpistas. “Quiero decirles que toda dictadura fue precedida por una campaña de desarme. Para mí es diferente: el pueblo de bien debe estar armado a ejemplo del pueblo estadounidense. Para que exactamente prototipos de dictadores no quieran hacer valer su voluntad en nuestra patria amada llamada Brasil”, agregó en un discurso transmitido por sus redes sociales.
Bolsonaro, en este ida y vuelta, fue incluido en una investigación sobre la maquinaria de fake news como la que le sirvió para llegar a ser el candidato mas votado en el balotaje de 2018 y asentar un discurso medieval desde que llegó al Palacio del Planalto, el 1 de enero de 2019. La causa está centrada en “crímenes de calumnia e incitación al crimen”.
Esa maquinaria se basa en granjas de trolls y medios alternativos de ultraderecha con sustento ideológico en las extremas derechas y el neorracismo europeos y norteamericanos alentados por estrategas neofascistas como Steve Banno. La investigación está a cargo del magistrado Alexandre de Moraes a instancias del presidente del STE.
Bolsonaro, lejos de bajar un cambio, dijo, amenazante, que a Moraes “ya le va a llegar la hora” y que Barroso “debería hacer política y presentarse como vicepresidente de Lula”. En una visita a Joinville, Santa Catarina, para un encuentro de empresarios, dobló la puesta y catalogó a Barroso de “hijo de puta”, aunque el video luego fue borrado de las redes.
Y para terminar de demostrar que no está en sus planes recular, el presidente de la Cámara baja, Arthur Lira, del partido Progresistas, de centro derecha y aliado de hierro de Bolsonaro, se disponía a llevar a plenario el proyecto de reforma electoral, a pesar de que la iniciativa que presentó la diputada Bia Kicis -que compite con el presidente para ver quién está más a la derecha- fue rechazada en comisión por amplia mayoría de 23 votos a 11. Para Lira, “las comisiones no son determinativas, sino opinativas. Sugieren el texto pero cualquier recurso del plenario puede ser llevado a cabo”.
El mandatario también es investigado por una comisión del Senado por la gestión gubernamental de la pandemia y presuntos casos de corrupción en la compra de vacunas. En este caso, el crimen por el que debe responder es “prevaricación”, es decir, no haber denunciado un supuesto pedido de coimas para la compra de dosis de Cvaxin. «
La privatización del correo
La Cámara de Diputados de Brasil dio media sanción a un proyecto de ley para privatizar la Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT), una joya de la abuela que en tiempos de pandemia resulta clave para las entregas en todo el extenso país. La iniciativa permite la venta de la mayor operadora logística de Brasil, actualmente estatal, a capitales privados y se trata de un proyecto largamente acariciado por el neoliberal ministro de Economía Paulo Guedes. Entre los postulantes a quedarse con esa empresa estratégica figura Amazon, pero también están en la gatera Fedex, el correo de España y hasta la argentina Mercado Libre.
La oposición se abroquela en el Senado, donde los legisladores del PT esperan convencer a sus pares de que esta venta no es más que “la continuidad de la quema de activos del Estado por parte del gobierno de Bolsonaro”. Y destacan que “es una empresa estructural de servicios públicos que funciona bien y que da ganancias”.
De hecho, según datos oficiales del Tesoro de Brasil, el año pasado cerró el balance con ganancias por cerca de 300 millones de dólares, y no registra quebrantos en lo que va del siglo. Lo que desmiente el argumento de la derecha de que se necesita sanear un activo que produce déficit que deben solventar los contribuyentes.
De conseguir la aprobación en la cámara Alta, el Gobierno espera realizar la subasta de la empresa Correios en el primer semestre de 2022. No queda claro, de llegar a ese camino, el futuro de los casi 100.000 empleados de planta con que cuenta el servicio.
En ese sentido, el personal nucleado en la Asociación de los Profesionales de los Correos (Adcap) sostuvo que la normativa que se debate en el Congreso ignora cuestiones fundamentales “como el hecho de que la propia Fiscalía ya ha reconocido que una eventual privatización de los Correos no podría ser hecha sin un cambio constitucional”, señaló en un comunicado.
Es otro punto de conflicto del gobierno de Jair Bolsonaro contra el poder judicial ya que el Supremo Tribunal Federal tiene en análisis una Acción Directa de Inconstitucionalidad (ADI, una suerte de amparo judicial) de la Adcap que cuenta con el aval del procurador general de la República, Augusto Aras, en contra de la privatización.
Pero también el Senado podría trabar la venta desde la Comisión de Derechos Humanos y Legislación Participativa, que tiene en sus manos una Sugestión, que no es más que una propuesta de un particular presentada a través del Portal e-Ciudadanía, que busca impedir la privatización y que cuenta con el apoyo de más de 20 mil internautas.
“No es exagerado decir que los Correos representan un factor de integración nacional que da a los brasileños en los rincones más remotos del país la oportunidad de ampliar sus horizontes por los servicios de envío y recepción de correspondencia encomiendas y valores”, justificó el presentador del proyecto, Afonso Henrique Muniz Nascimento, según indica la Agencia Senado.
El presidente Jair Bolsonaro tiene el raro atributo de haber logrado unir a gran parte de la dirigencia política brasileña en su contra. Y, además, de haber convertido la pandemia en una batalla negacionista que finalmente, y cuando había aceptado que la solución pasaba por vacunar a la población, quedar contra las cuerdas por sobrefacturación y pedidos de coimas. Para colmo de males, la Fiscalía General de la República le solicitó a la Corte Suprema abrir una investigación por el contrato con el laboratorio indio que produce la vacuna Covaxin.
Esta semana se presentó en la Cámara Baja un “superpedido” de impeachment en contra del presidente que unifica 120 pedidos y 20 acusaciones contra el excapitán del Ejército brasileño. A la movida se sumaron el Partido de los Trabajadores, el Psol, el PSB, el PDT y el Partido Comunista do Brasil, además de los movimientos sociales CMP, Frente Brasil Popular y la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD). La frutilla del postre es que también firmaron el petitorio dos diputados exaliados de Bolsonaro, como el actor porno Alexandre Frota, del PSDB paulista, y la periodista Joice Hasselmann, del Partido Social Liberal, que fue la estructura política con la que el actual mandatario se presentó a la elección de 2018 y que después dejó de lado.
El caso que más ruido provoca aparece en el marco de una investigación previa que había comenzado el senado en torno a la actuación del gobierno para enfrentar la pandemia de Covid-19. La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) abrió una verdadera caja de Pandora y de ese oscuro recipiente surgió no solo la negación del daño que provocó el coronavirus.
Es así que también apareció la denuncia del representante de la firma Davati Medical Supply al diario Folha de São Paulo. Luiz Paulo Dominguetti afirmó que había recibido un pedido de coima de un dólar por cada dosis de vacunas AstraZeneca ingresadas a través del Ministerio de Salud. Los senadores convocaron de inmediato a corroborar ese dato al representante de la empresa, Cristiano Alberto Carvalho.
Según la denuncia, el director de Logística de esa cartera, Roberto Ferreira Dias, guiñó el ojo para que la proveedora anotara una “propina”, como se dice en portugués, que para 400 millones dosis dejaría una millonada equivalente en moneda estadounidense a repartir. El hombre fue exonerado del cargo de inmediato, pero no queda claro quiénes estaban en esa “vaquita”, y todos apuntan a la estructura ligada al presidente.
En cuanto a Covaxin, desarrollada por el laboratorio indio Bharat Biontech, la Policía Federal investiga un acuerdo por 1,6 mil millones de reales para la compra de 20 millones de dosis. Firmado en febrero pasado, el documento –según el diputado bolsonarista Luis Miranda– mostraba una sobrefacturación del 1000 por ciento. Miranda es hermano de Ricardo, el funcionario a cargo de la compra dentro del ministerio, y dijo en la CPI que en marzo le avisó a Bolsonaro del sobreprecio, pero que nada hizo para ordenar una investigación.
Dos días después de que Bolsonaro, según Miranda, se enterara del escandalete, el entonces ministro de Salud, el general Eduardo Pazuello, debió dejar el cargo aunque obtuvo como premio consuelo la Secretaría de la Presidencia de Brasil. El contrato con Covaxin se cayó recién esta semana, y cuando el caso ocupaba la atención de los medios locales.
El Ministerio Público Federal, a regañadientes, aceptó que el caso le correspondía. El procurador Paulo José Rocha Junior determinó que la PF –un órgano judicial federal a la manera del FBI– abriera una investigación.
En principio, debe pedir colaboración internacional de la Justicia de India para poder indagar a representantes de Bharat Biontech y contrastar los precios internacionales de su vacuna con los que rigen para el resto de los países del mundo.
El clima contra Bolsonaro va creciendo en la opinión pública, al ritmo que se engrandece la figura del expresidente Lula da Silva. El exdirigente metalúrgico viene convocando a viejos enemigos a su cruzada contra el neofascismo de Bolsonaro y la cúpula militar. A esta épica ya sumó al expresidente Fernando Henrique Cardoso, que comandó los destinos de Brasil durante dos mandatos antes de entregarle la banda presidencial a Lula el primer día del año 2003.
Cardoso, del PMBD, con su esquive en 2018, fue clave para que Bolsonaro llegara al poder y Lula estuviera entre rejas. Ahora la historia parece darse vuelta, aunque para la elección aún falta más de un año. Y nada hace prever que los militares dejen caer a Bolsonaro.
La Campaña Nacional Fora Bolsonaro llevó a cabo casi 180 manifestaciones en todo Brasil y algunas ciudades del mundo, la más masiva de las expresiones contra el presidente brasileño desde que llegó al poder, el 1 de enero de 2019. Las consignas y pancartas portaban lemas como “No se saque los barbijos (como plantea el mandatario) saque al presidente”, o “Negó la vacuna y recetó cloroquina / y mató más que la bomba de Hiroshima”.
3J con 180 marchas
En Belo Horizonte, los cánticos alentaban: “Se o povo se unir, Bolsonaro vai cair” (Si el pueblo se une, Bolsonaro caerá).
Hubo también marchas en Berlín, Friburgo, Amsterdam, Dublín, Viena, Ginebra, Porto y Lisboa. Es esas ciudades el reclamo era por la apertura de un proceso judicial en la Corte de La Haya por crímenes de lesa humanidad en el marco del negacionismo sanitario.
La más grande de las concentraciones se registraba en la avenida Paulista, de San Pablo, donde desde temprano ciudadanos de todas las edades se movilizaban con un clima de reclamo pero a la vez festivo. En Recife, desde la mañana multitudes de jóvenes y militantes sociales y sindicales pedían el juicio político, profundizar los planes de vacunación y un auxilio de emergencia de 600 reales hasta el fin de la pandemia. En esa ciudad el acto terminó también temprano y la desconcentración se produjo con total normalidad.
Lula Vuelve
En 2018, el juez Sergio Moro era el héroe que tuvo el coraje de meter entre rejas a cientos de dirigentes políticos y hasta a un expresidente de Brasil en varias causas por corrupción.
Luiz Ignacio Lula da Silva, impedido de participar en las elecciones de ese año, era el centro de las acusaciones y parecía un cadáver político ante el avance arrollador de Jair Bolsonaro, que llegó al poder con el apoyo de los militares.
Lula, condenado a casi 26 años de cárcel, pasó 580 días tras las rejas. Su liberación, en noviembre de 2019, se produjo cuando se reveló la manipulación judicial de Moro y los fiscales en su contra.
A medida que la política criminal de Bolsonaro con la pandemia le iba quitando sustento político al gobierno, el Poder Judicial tomó nota y fue cambiando el eje de las investigaciones realizadas contra el exmandatario.
A mediados de este año, se habían caído once procesos penales amañados por los Moro Boys. El exjuez y exministro de Bolsonaro, huyó a Estados Unidos.
Hace diez días, un juez de la Corte Suprema anuló dos causas armadas por Moro y le terminó de despejar el camino hacia la elección del año próximo. Quedan tres expedientes que tienen también destino de cierre.
Los últimos sondeos muestran una intención de voto del 49% para Lula da Silva contra un 23% del actual presidente.
Como viene ocurriendo desde hace 29 veces, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) condenó el bloqueo que Estados Unidos impuso a Cuba hace casi seis décadas. El resultado fue nuevamente abrumador: 187 votos a favor de la posición de Cuba, tres abstenciones y apenas dos votos en contra: EEUU e Israel. Las abstenciones de Ucrania y Colombia forman parte de la cercanía de ambos gobiernos con Washington. La de Brasil es todo un mensaje.
Esta vez, a diferencia de la última votación, en 2019, cuando el gobierno de Jair Bolsonaro acompañó a la administración de Donald Trump en un solitario trío anticubano con Israel, Brasil eligió un camino del medio: al ultraderechista ocupante del Palacio de Planalto no le da para apoyar al proceso revolucionario de la isla, pero tampoco iba a acomodarse al calor de Joe Biden y los demócratas a cambio de nada. Las diferencias entre el ex capitán del ejército brasileño y el mandatario demócrata son tan marcadas como para, el menos en esta etapa, pensar que podría dar semejante salto en el aire.
Es cierto que EEUU pierde siempre esta votación y que con el tiempo se fueron sumando las voces en contra del bloqueo, que según estimaciones cubanas, causó perjuicios por cerca de 150 mil millones de dólares, además de los obstáculos para el ingreso de alimentos, medicamentos e insumos imprescindibles. Pero no es menos cierto que la Casa Blanca tiene el récord de sordera acerca de la voluntad del resto casi absoluto del planeta de terminar con esa rémora de la Guerra Fría.
la última vez que un gobierno estadounidense quiso poner n poco de racionalidad a Ese despropósito fue durante la gestión de Barack Obama, siendo vicepresidente Biden. Hubo encuentros con el entonces presidente cubano, Raúl Castro, se reanudaron las relaciones diplomáticas y todo indicaba de de triunfar los demócratas en 2016, estaba tapizado el camino hacia el fin de las restricciones impuestas en 1962.
El sendero hacia a la normalización había partido de la certeza, enunciada por el propio Obama, de que en lugar de aislar a la revolución cubana, el bloqueo había aislado a EEUU del resto de América Latina.
La votación en la ONU de 2016 fue también paradigmática. Fueron 191 votos a favor de Cuba, dos abstenciones y ninguno en contra. Las abstenciones fueron de EEUU e Israel. Era lo más que podía ir Obama.
Trump dio vuelta esa política 180 grados. Llegó al poder en gran medida por el voto empecinado de la comunidad cubana de Florida y solo se limitó a agrandar esa brecha. Bolsonaro estaba en su salsa. Las otras dos abstenciones, Colombia y UIcrania, puede explicarse por la necesidad de ambos gobiernos del apoyo estadounidense para poder mantenerse.
En el caso ucraniano, para sostener a un régimen instaurado tras el golpe contra Viktor Yanukovich, en 2014, ante la resistencia de sectores de la población prorrusos. En cuanto al país latinoamericano, desde el Plan Colombia de 1999 el apoyo en dinero, armamento y logística es fundamental para sostener en su momento la lucha contra la guerrilla por el Ejército y actualmente a un gobierno que enfrenta al rechazo popular en las calles a sangre y fuego.
“Una vez más, desde Naciones Unidas #el mundo dice no a la agresión y a las políticas fracasadas de EEUU contra Cuba. Es una gran victoria del pueblo cubano, de la justicia y de la verdad”, tuiteó el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla.
“Como el virus, el bloqueo asfixia y mata y debe cesar. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!”, proclamó Rodríguez Padilla en un discurso presencial de 30 minutos en la Asamblea General. La embajada cubana en Buenos Aires celebró con un grupo de dirigentes locales este nuevo acontecimiento.
“Estados Unidos está con todos en la defensa de la libertad de Cuba. Los cubanos, como todas las personas, merecen el derecho a libertad de expresión, reunión, cultura”, argumentó el coordinador político de la misión estadounidense ante la ONU, Rodney Hunter. Una explicación liviana para lo que aparece como una gran contradicción de Biden contra su misma posición hace 5 años. Y que además no toma en cuenta la postura de los países latinoamericanos y de sus aliados de la OTAN, totalmente contraria.
Analistas consideran que mientras el nuevo mandatario no pueda avanzar con ala ambiciosa agenda “rooseveltiana” que se propone, para la que necesitará votos en el Congreso de demócratas del ala derecha, nada va a cambiar sobre el rumbo que fijó Trump en muchos aspectos de la política exterior. Y este es uno de ellos.
En 2018, Jair Bolsonaro logró triunfar en las presidenciales con una “pequeña ayuda” del entonces juez Sergio Moro, del Supremo Tribunal Federal (STF), los medios concentrados, el establishment y las cúpulas de las Fuer-zas Armadas. Pero la conjunción de dos desastres, el sanitario y el económico, fueron minando los apoyos y luego de que el ex presidente Lula da Silva fuera liberado y recuperara su derecho a ser elegido, ahora hay un contendiente de peso en el ring y el actual mandatario comienza a mostrar preocupación por su futuro.
Conocedor de su destino en el mundo, el ex delegado metalúrgico volvió este sábado a la sede del sindicato que supo conducir, en las afueras de San Pablo, para participar de una campaña de recolección de alimentos para paliar la hambruna que se vive en muchos rincones de Brasil. “Este país tiene tierra, tiene producción. No hay otra explicación para el hambre que la irresponsabilidad de quien gobierno. Brasil podría tener cualquier otro problema menos el hambre”, lamentó Lula frente al edificio donde alumbró su sueño de presidir la nación, a mediados de los 80, y se despidió de su pueblo antes de presentarse detenido por orden de Moro, el 7 de abril de 2018.
Lula fue liberado 580 días más tarde. Bolsonaro pudo llegar al Palacio del Planalto sin haber disputado en las urnas contra el líder más influyente en la historia de Brasil. Ahora el escenario es otro. Y el manejo de la pandemia fue clave para que quienes preferían cualquier cosa a un nuevo período de Lula se lo hayan pensado.
Las encuestas le dan una amplia base electoral para el fundador del Partido de los Trabajadores (PT), que adelantó que piensa volver al combate. Pero las elecciones son recién el año que viene. Mientras tanto, Lula -un experto negociador, habilidad curtida en cruces con empresarios desde su juventud en pos de beneficios para los trabajadores mayoritariamente de automotrices del cordón industrial paulista- viene conversando con todos los sectores para recomponer la alianza que lo llevó al poder en 2003. Una alianza democrática, en el fondo.
Es así que estrecha vínculos con Josué Gomes da Silva, el CEO de Coteminas, la empresa textil que en Argentina se hizo de algunas de las plantas y las marcas de la antigua Grafa, hijo a su vez de José Alencar, que fuera vicepresidente de Lula. Alencar -que murió en 2010- pertenecía al Partido Liberal (PL) y a la Iglesia Universal del Reino de Dios. La preocupación de Bolsonaro no es solo porque Alencar Junior representa a un sector influyente del empresariado -es la mayor textil brasileña- sino entre los evangélicos.
Bolsonaro dejó trascender su inquietud y la respuesta que piensa dar cuando declaró que “si Lula volviera por el voto directo auditable, todo bien. Pero vean cuál va a ser el futuro de Brasil con el tipo de gente que él va a traer dentro de la Presidencia”. O sea, amenaza de embarrar la cancha y denunciar fraude antes de que se realicen elecciones, bien a lo Trump. Por las dudas, iniciará en un par de semanas visitas a templos pentecostales para renovar la promesa de colocar a un ministro “terriblemente evangélico” en el STF.
El STF, por ahora, le manifiesta el cambio de viento político en su país. Si en 2018 aceptó la presión abierta y desbocada de jefes militares para que no permitieran la candidatura de Lula, ahora libera al dos veces presidente, le permite candidatearse, abre la posibilidad de juzgar a Moro por manipular a la justicia y confirma la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para determinar si el inquilino del Planalto cometió “omisiones” ante la emergencia por el Covid-19.
Por su esto no bastara, la jueza del STF Carmen Lucia dio un plazo de cinco días al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, para que explique por qué no abrió un pedido de juicio político contra el presidente, denunciado por cometer un genocidio indígena por su gestión de la pandemia en las comunidades originarias. Irónico y burlón, Bolsonaro publicó en las redes sociales un video en que responde a la magistrada. “Sólo Dios me saca de la silla presidencial y me saca, obviamente, quitándome la vida. Aparte de eso, lo que estamos viendo pasar en Brasil no va a concretarse. En absoluto”.
Confía en que, hace algunas semanas, cuando veía que se le venia la noche, articuló con el llama-do “Centrón” para poner en los puestos claves para abrir el impeachment -presidencia de ambas cámaras- a aliados. Y dentro de todo, la comisión ordenada por el STF no parece estar en manos de enemigos declarados. Al menos, el relator -el que arma el argumento de la acusación- será el senador Renan Calheiros, del MDB. Que fue el que en 2016 permitió abrir el juicio destituyente contra Dilma Rousseff.
Comentarios recientes