La Central Obrera Boliviana llamó a una multitudinaria concentración este lunes en la Apacheta, de El Alto, para recibir a la Marcha por la Patria, que con Evo Morales a la cabeza, partió el martes de Caracollo, Oruro, cerca de 200 kilómetros al sur. Esperan sumar a un millón de personas en apoyo del gobierno democrático de Luis Arce y contra los intentos golpistas que surgen desde Santa Cruz de la Sierra.
El viernes, desde Ayo Ayo, una de las paradas intermedias, Morales dijo que la movida, que se inició junto con el presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, “se resume en la defensa de este proyecto político y social que hemos construido”, del que resaltó que “no viene del Fondo Monetario Internacional, que solo nos trae privatizaciones. Estamos acá los nacionalizadores”, agregó.
Hace dos años, un golpe contra Evo, fomentado por la derecha –con eje en el líder entonces de los llamados Comités Cívicos de Santa Cruz de la Sierra, Luis Fernando Camacho– tuvo apoyo de los medios de comunicación pero para concretarlo fue clave el rol de la COB, de la cúpula de las Fuerzas Armadas y de la policía boliviana. Había comenzado denunciando fraude en el triunfo de Morales de octubre de 2019 –en este caso la “ayuda” de la OEA de Luis Almagro fue decisoria– y con cortes y movilizaciones de grupos de choque derechistas.
En 2020, y tras las demoras por la pandemia –convenientemente aprovechadas por el gobierno de facto de Jeanine Áñez– el MAS-IPCP volvió a ganar, por el 55%, de la mano de Arce, arquitecto del “milagro económico boliviano” durante las presidencias de Evo, y Choquehuanca, que fue el canciller durante gran parte de su mandato. Camacho ganó, a su vez, la gobernación de Santa Cruz de la Sierra, el reservorio del separatismo.
La derecha habló de un nuevo fraude, aunque no cuestionó el triunfo de Camacho. Desde La Paz, el gobierno comenzó a desplegar su agenda antineoliberal e impulsó el juzgamiento de todos los delitos cometidos por los golpistas, incluidas las masacres de Sacaba y Senkata.
La aprobación en agosto de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo fue la excusa justa para que los sectores ideológicamente opositores aglutinaran también a quienes sintieron afectados sus bolsillos. Se trata de una norma para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en línea con iniciativas de organismos financieros internacionales y la ONU. Proliferaron paros y cortes de ruta armados por la oposición que hicieron peligrar el abastecimiento de productos esenciales.
Arce buscó calmar los ánimos derogando la llamada también Ley Madre. Eso generó controversias dentro de la derecha, porque el sucesor de Camacho en el Comité Cívico cruceño, Rómulo Calvo, decidió levantar las medidas de fuerza, ganando la hostilidad de los grupos más radicalizados.
Camacho, en tanto, alienta el debate sobre el federalismo. Bolivia tradicionalmente adscribió al centralismo unitario, y así también quedó definido en la Constitución de 2009 que crea el Estado Plurinacional. El rechazo de la mitad más rica de Bolivia, el Oriente, tiene profundas raíces históricas, culturales y también raciales. El Altiplano es territorio con mayoría de descendientes de los pueblos originarios. El sector oriental, controlado por criollos de origen europeo y cada vez más influidos por la nueva derecha internacional, económicamente egoísta, xenófoba y antidemocrática.
En 2008 fomentaron la secesión para poner fin al “dominio de los indios”. No contaron con el apoyo de las Fuerzas Armadas, razonablemente opuestas a la división del país. Pero fueron sembrando en ese sector de la administración central al punto de sumarlos al golpe de 2019. Y ahora diseñaron una estrategia con el mismo objetivo de no ceder nada de sus recursos para el crecimiento del total de la sociedad, pero sin romper la unidad territorial. “Hay departamentos y regiones que quieren dirigir ellos mismos su desarrollo, el centralismo y el masismo no los dejan. Ha llegado el momento de discutir una solución de fondo y esa solución se llama federalismo”, dice ahora Camacho.
En este año, Arce ya cambió tres veces la cúpula militar, sabedor de que ahí anida un enemigo poderoso. Baste solo recordar que Evo terminó por renunciar luego de una imposición del comandante en jefe de las FF AA, el general Williams Kaliman y una “sugerencia” entonces de la COB. Esa misma dirigencia sindical que hoy pide apoyo para sostener al gobierno democrático.
Cumbre en México
Los presidentes Luis Arce y Alberto Fernández participarán en forma virtual de la presentación de la propuesta de Modelo Solidario de Desarrollo para América Latina, El Caribe y Europa del Grupo de Puebla. La organización que nuclea a 54 líderes progresistas de 16 países se reunirá presencialmente por primera vez tras la pandemia en la Ciudad de México entre el lunes y el 1 de diciembre.
Confirmaron su presencia los expresidentes Ernesto Samper de Colombia, Dilma Rousseff de Brasil, Rafael Correa de Ecuador y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España. También participará la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena. Lula da Silva enviará un mensaje grabado como forma de expresar su adhesión a un grupo del que fue inspirador.
Aunque no es el centro del debate, sin dudas el acoso a los gobiernos democráticos de Bolivia y Perú y la elección en Chile serán parte de los temas a tratar.
Fernández acudió en defensa de Morales y le dio asilo en Argentina a fines de 2019.
A dos años del golpe que lo sacó del poder en 2019 y a uno de que su partido lo recuperara tras ganar nuevamente elecciones democráticas, Evo Morales vuelve al ruedo y encabeza la Marcha por la Patria, desde Caracollo, en Oruro, a La Paz, en defensa de la democracia y contra los intentos de los grupos golpistas que desde el Oriente vienen acosando al gobierno de Luis Arce.
De la marcha, que comenzó este martes y recorrerá más de 180 kilómetros, partieron en primera fila el presidente Arce y el vicepresidente David Choquehuanca.
La manifestación cuenta con el apoyo del MAS-IPSP, el partido del gobierno, que dirige Morales, pero también de dirigentes y militantes sociales y sindicales. “Con enorme alegría hemos recibido la información de que Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), las Bartolinas, la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin) y otras tantas organizaciones se van a unir a esta marcha por la patria, en defensa de la democracia y pidiendo justicia por los masacrados en el golpe de Estado del 2019”, dijo Morales.
Esta larga caminata es una respuesta pacífica y democrática, como aclara la dirigencia oficialista, a movilizaciones y paros promovidos por la derecha para boicotear la ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, conocida también como “Ley Madre”, que buscaba poner coto al blanqueo de capitales y al lavado de dinero.
Arce decidió anular esa ley luego de que fue creciendo la protesta en el Oriente boliviano, con eje en el líder del golpe de 2019 y luego elegido gobernador de Santa Cruz de la Sierra en las elecciones de 2020, Luis Fernando Camacho.
Para el gobierno, estas protestas recuerdan al conato separatista de 2009 contra el propio Morales, que pudo ser frenado por la oportuna intervención de Unasur, con Néstor Kirchner como secretario General de ese organismo ahora desarticulado por las derechas regionales. Esos mismos sectores ahora intentan discutir nuevas reglas de manejo del estado central a través de argumentos sobre el federalismo.
Para las autoridades nacionales, esta nueva movida de la derecha es un ataque de contenido fascista contra un gobierno mayoritariamente indígena elegido democráticamente por amplia mayoría (55% de los votos) en 2020. La prueba, para el primer mandatario, es que aún cuando la “Ley Madre” fue derogada, los intentos destituyentes continúan.
Sin embargo, no todas son rosas dentro de la coalición derechista. A Camacho se lo recordará como el golpista que entró con una Biblia y pisoteando la whipala a la casa de Gobierno cuando obligaron a renunciar a Evo Morales, en noviembre de 2019.
Los centros de encuentro del golpismo son los Comités Cívicos. El sucesor de Camacho cuando asumió la gobernación en Santa Cruz, Rómulo Calvo -que no es menos extremista que el gobernador- ahora quedó bajo fuego amigo luego de que decidiera poner fin a los paros y bloqueos de rutas tras el anuncio de derogación de la ley que cuestionaban. “¡Calvo vendido!”, le cantaron los camachistas en la puerta de la sede del CCSC, con ánimo poco contemplativo.
Lo curioso de todo este momento de Bolivia es que el gobierno puede mostrar datos elocuentes de recuperación económica luego de la pandemia. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia acumuló un crecimiento interanual de 9,67% del PBI entre enero y agosto de este año.
Un sondeo realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), a su vez, muestra que el 55% de la población boliviana valora positivamente la gestión de Arce, una cifra que crece más si se pregunta a los encuestados por la gestión de la pandemia (76 %) y por la política social (62 %).
El estudio fue realizado entre el 18 de octubre y el 10 de noviembre, aclara el informe, mediante 2.000 entrevistas telefónicas a través del sistema CATI en los 9 departamentos del país, en enclaves rurales y urbanos.
En ese sondeo, los encuestados mostraron una imagen negativa del 60% sobre Camacho, creen que el modelo cruceño que busca oponerse al impulsado desde La Paz sólo beneficia a unos cuantos empresarios (63,6%) y consideran que se ha incrementado mucho la división regional entre el Oriente y el Altiplano en este año (51,6%) por sobre un 44,5% que entiende que esos enfrentamientos son los mismos que había desde hace décadas.
Néstor Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva, Tabaré Vázquez, Nicanor Duarte Frutos y Hugo Chávez se encontraron ese 5 de noviembre de 2005 en el Salón Versailles del Hotel Hermitage, de Mar del Plata, para ultimar los detalles de lo que parecía una aventura con destino incierto. El argentino, el brasileño, el uruguayo, el paraguayo y el venezolano iban a decirle No al proyecto continental que Estados Unidos venía amasando con los gobiernos surgidos desde los ’90, en el auge del neoliberalismo.
El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) era un enorme mercado para que los grandes capitales estadounidenses pudieran hacer negocios con un grupo selecto de intereses nacionales ligados al imperio. Era un proyecto para cazar en un zoológico.
Cuatro años antes, los atentados a las Torres Gemelas habían disparado la intervención estadounidense en Afganistán y luego en Irak y más tarde en Libia y Siria. Si el proyecto ALCA nace en 1994, tras la caída de la Unión Soviética, cuando EE UU queda como la potencia dominante en el planeta, para 2005 la declinación comenzaba a percibirse entre quienes sabían ver más allá de las narices. Y esos líderes supieron que estaban en condiciones de torcer el rumbo si se unían sin temores. Y, además, podían dar un empujoncito en esa pendiente.
George W. Bush no tuvo más remedio que tolerar en silencio el rechazo de esos levantiscos mandatarios. Enfrascado en guerras que prometían cumplir con el destino manifiesto de los “Padres Fundadores”, EE UU se sorprendió con ese proyecto de integración regional que a poco de andar puso en marcha Unasur y Celac y potenció Mercosur desde una perspectiva diferente.
Fue un momento virtuoso para América Latina y el Caribe. Era el cumplimiento de ese otro destino, el que habían soñado los líderes que protagonizaron la independencia de la corona española desde 1810. Fue una era dorada, con el cielo como techo.
Estos días visitan Buenos Aires Evo Morales y Rafael Correa. Si pudieron llegar a la presidencia de Bolivia y Ecuador fue en gran medida gracias a aquel No al ALCA, que fortaleció a gobiernos que garantizaron el respeto por la voluntad popular expresada en una verdadera democracia.
Con el golpe de noviembre de 2019, la oligarquía boliviana mostró su verdadero cariz. ¿Hubieran dejado que un aymara pudiera gobernar en 2006 de no ser por el respaldo regional? ¿Las elites ecuatorianas hubieran permitido una Revolución Ciudadana como la que promovió en 2007 ese economista formado con los salesianos?
Se sabía que China estaba destinada a ser una potencia mundial en este siglo y que más temprano que tarde Rusia volvería a sentarse a discutir su lugar bajo el sol. Pero no deberían quedar dudas de que también el No al ALCA fue un acelerador de la historia.
Más aún: ¿hasta qué punto EE UU percibió que por expandirse al Oriente desperdició recursos, y pudo alzar vuelo ese puñado de naciones que despectivamente considera su patio trasero? De allí la importancia de aprender las lecciones del pasado reciente.
Nunca está todo ganado. Pero mucho menos está todo perdido. Siempre el destino de los pueblos es levantarse, luchar, vencer, caer y volver a levantarse. Hasta que se acabe la vida, como recuerda Álvaro García Linera.
“La persecución política ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones”, tuiteó la expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez poco antes de ser detenida por fuerzas policiales “Me acusan de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió. Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos”, escribió unos minutos antes. La exsenadora derechista por Beni efectivamente está acusada de haber tomado el poder tras el golpe que obligó a renunciar a Evo Morales en noviembre de 2019, cuando se apuró a jurar como interina saltando los estamentos constitucionales tras la salida del expresidente. Quedó alojada en una celda del cuartel de la policía en La Paz y luego fue trasladada a la fiscalía a prestar declaración.
La Fiscalía de Bolivia había emitido, horas antes, una orden de detención contra la expresidenta y cinco de sus ministros, denunciados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración a raíz de una presentación de Lidia Patty, exlegisladora del MAS, que también involucra a Luis Fernando Camacho, el gran protagonista del golpe de noviembre de 2019 y que el 7 de marzo ganó por abrumadora mayoría la gobernación de Santa Cruz de la Sierra.
Dos de los exfuncionarios de facto, Álvaro Coímbra, de la cartera de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía, fueron detenidos al igual e Áñez en la ciudad de Trinidad, en el departamento de Beni, y trasladados a La Paz. Camacho dice que no se irá y que está decidido a enfrentar “cualquier tipo de abuso”, lo que adelanta graves tensiones políticas para el gobierno de Luis Arce.
En noviembre pasado, otros dos exministros, el ultraderechista Arturo Murillo -que tuvo a su cargo el área de Gobierno y fue un aguerrido perseguidor de militantes y dirigentes del MAS- y Luis Fernando López, a cargo de Defensa en ese año de interregno golpista, escaparon por vía terrestre desde Santa Cruz de la Sierra hacia Brasil y Panamá respectivamente.
“Es un atropello absoluto, porque nos están acusando de ser cómplices de un supuesto golpe, es algo que no tiene ni pies de cabeza y es un amedrentamiento absolutamente político”, agregó Áñez en un intento de descargo que resulta, por lo menos, sorprendente.
Es que la persecución y el atropello fueron moneda corriente durante su breve gestión. Hasta 30 funcionarios de Morales que se refugiaron en la embajada de México en La Paz fueron acosados por efectivos uniformados que rodearon el edificio, lo que provocó incluso denuncias internacionales.
Pero los casos más llamativos fueron las causas armadas contra Evo Morales. Hace un año, el expresidente -según los medios más amigables con el golpe en Bolivia- estaba en una situación complicada por tres causas en Bolivia y una cuarta en La Haya.
Lo acusaron de haber orquestado una matanza en el Hotel Las Américas en 2009 donde fueron abatidos dos húngaros y un irlandés a los que el gobierno identificó como mercenarios terroristas contratados para generar las revueltas en la Media Luna de Oriente de ese año.
Otra acusación fue por terrorismo y sedición por el bloqueo de accesos a La Paz en el período en que con la excusa de la pandemia se demoraba la convocatoria a elecciones. También hubo causa por la inauguración vía zoom desde Buenos Aires de una obra en Tarija. En este caso, alegaron usurpación de funciones ya que ignoró el cargo de Áñez. Para enfrentar las denuncias, Morales nombró como abogados a Eugenio Zaffaroni y a Gustavo Ferreyra.
No podía faltar una causa por estupro, abuso sexual y trata de personas. Esta vez, el ministro Coímbra aseguraba tener pruebas de una relación de larga data de Morales con una adolescente que al inicio de su vínculo tenía 14 años.
El caso no tardó en caerse luego de que la chica, a la sazón de 19, huyera a Argentina y denunciara haber sido detenida y amenazada por policías para armar la denuncia. El caso se construyó a partir de la publicación en un medio español de fotos y presuntos mensajes de texto entre la chica y el exmandatario. La información fue replicada con insistencia por los medios bolivianos, detalle no menor, poco antes de las elecciones de octubre pasado. Luego se comprobó que nada de lo publicado era verdad y la causa fue desechada. El resto de los procesos también quedaron en la nada luego del triunfo del binomio Luis Arce-David Choquehuanca.
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