El 11 de julio de 2018 el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una tensa reunión con los líderes europeos en la cumbre de la OTAN que se celebró en Bruselas. Es interesante revisitar aquellos momentos en que el polémico ex empresario inmobiliario maltrataba sobre todo a la canciller Angela Merkel, aunque tenía para darle a cada uno. «Alemania es prisionera de Rusia», dijo esa vez sin pelos en la lengua, como era Trump. Se refería, claro, a la construcción del gasoducto Nord Stream 2 pero básicamente a la dependencia del país germano del gas ruso. «Ciertamente no parece tener sentido que ellos paguen miles de millones de dólares a Rusia y nosotros los hemos defendido de Rusia», le espetó al secretario general de la alianza atlántica, Jens Stoltenberg.
Trump, que tenía buena relación con Vladimir Putin y hasta fue acusado de haber sido favorecido por Moscú para llegar a la presidencia, se reuniría un par de días más tarde en Helsinki con el mandatario ruso para hablar del estado del mundo. Pero antes, en una semana en que arreciaban las críticas por el supuesto envenenamiento de un doble espía en Londres, Trump reclamó, así a lo bestia, que los europeos destinaran mayores presupuestos para solventar a la OTAN. En sus palabras, “que los europeos paguen más por su defensa”. Incluso los amenazó con dejar de poner la cuota parte estadounidense o dejar a la organización.
El presidente republicano se fue de la Casa Blanca sin haber logrado ninguno de esos objetivos. Tenía que llegar Joe Biden y los demócratas, con sus promesas de una nueva era para el mundo se habló del «regreso de EEUU» para que aquellos sueños se hicieran realidad.
Es así que la invasión de Ucrania terminó siendo el acicate que necesitaban los dirigentes atlantistas para meter la mano en el bolsillo y aumentar el presupuesto militar. Si hace 4 años Trump pedía un 4% más de aportes militares y Stoltenberg “negociaba” conformarse con un 2%, ahora finalmente se están poniendo de acuerdo en destinar más dinero para la compra de armas, lo que hace prever que los fondos destinados para la recuperación pospandemia tendrán otro destino: el de los grandes proveedores de artefactos letales, que, oh casualidad, mayormente son conglomerados estadounidenses.
De paso, los propios alemanes decidieron bloquear el conducto que iría a proveerles de gas por varios años a bajo precio. Los productores de fracking norteamericanos que promovía Trump están de parabienes. Aunque también se frotan las manos en España, que podría convertirse en el paso del gas del norte de África, o los buques que podrían llevarlo de Argelia a través del Mediterráneo.
Mientras tanto, la “carrera armamentista”, una frase que desde la Guerra Fría no circulaba con tanta asiduidad, envuelve a las grandes potencias y hasta los países de medio pelo, ante el temor de que todo se desmadre desde las fronteras de Ucrania.
Así, Dinamarca no solo llevará a referéndum la propuesta de ingresar a la OTAN sino que según la primera ministra Mette Frederiksen, elevará gradualmente el gasto militar hasta llevarlo -vaya coincidencia- al 2% de su PBI. «Los tiempos históricos exigen decisiones históricas», dijo la dirigente socialdemócrata.
En esa cifra mágica también se anota Alemania, que además por primera vez desde el fin de la Segunda Guerra rompió el compromiso de no enviar armamento a países en guerra y “colaborará” con Ucrania. Además, destinó 113.000 millones de dólares para reequipar a su Ejercito. Lituania también quiere pista en esa carrera y el Parlamento estudia un pedido de la primera ministra Ingrida Simonyte para incrementar los gastos en defensa en 250 millones de euros.
Fuera de ese escenario, el principal socio de Rusia, China, aumentará el presupuesto militar en 230 mil millones de dólares, un 7% más que el año pasado. El gigante asiático es el segundo país que más gasta en el mundo en armamento, detrás de Estados Unidos. La Casa Blanca ya se había preparado para esta contingencia en diciembre pasado, cuando Biden logró que le aprobaran un gasto total de 778.000 millones de dólares, un 4,4% más que en el ejercicio anterior.
Washington se pone con casi 4 de cada 10 dólares que se destinan en el mundo en gastos militares. Hasta el 2020 ese enorme monto se podría justificar en las ocupaciones de Irak, Afganistán y en los conflictos de Yemen, Siria, Etiopía, Myanmar, según detalla la ONG sueca SIPRI, que se ocupa de relevar el gasto militar global. A las puertas del 2022 quizás ya sobrevolaba la hipótesis de Ucrania.
Como sea, Estados Unidos, China, India, Rusia y el Reino Unido -en ese orden- lideran el presupuesto mundial en el área que genéricamente se llama “defensa” y que incluye artefactos bélicos, logística y personal. En 2020 la suma de gastos militares en todo el planeta fue de poquito menos de 2 billones de dólares. En 2021 todos los países dispusieron en total un 2,3% más de dinero para el rearme el año que pasó y se estima que para este período la suma se acercaría al 3% por sobre ese abultado total.
Un dato a tener en cuenta es que el sexto país que más gasta en armas en Arabia Saudita. Trump -cuándo no- justificó el apoyo a la dinastía y la negativa a castigar al príncipe Mohamed bin Salman por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en octubre de 2018 en que acababa de cerrar un acuerdo por la venta de 100 mil milones de dólares en armas y eso era trabajo para estadounidenses.
Este miércoles culmina en Riad la World Defense Show (Muestra Mundial de Defensa).
Allí los grandes ganadores de la guerra en Ucrania exhiben sus mayores logros en esa industria tan especializada. Se presentan varias empresas saudíes pero no faltan las estadounidenses Colt y Winchester (si, las viejas fabricantes de revólveres y rifles), Morotola, General Electric, hasta los verdaderos monstruos del negocio: Boeing, Raytheon, Lockeed Martin. Son 712 en total e incluyen servicios médicos, en nanotecnología y de “personal”. El Reino Unido colabora con 30 firmas y Brasil, más modesto, con 7, entre los cuales se ve el de la fabricante de aviones Embraer.
La Federación de Rusia, por su parte, presenta 13 productores, pero un stand representa a lo más destacado de la producción, el de Rosoboronexport, el holding exportador estatal, que llevó como oferta las aeronaves IL-76MD-90А, MI-28NE y Orion-E, la corbeta de misiles Karakurt-E y el submarino diésel eléctrico Amur 1650; la versión de 155 mm del obús autopropulsado Msta-S; los blindados Typhoon y el sistema antidrones Kupol.
Allí, en Riad, convivieron sin problemas esos 424 expositores. Será porque como dice el refrán, “entre bueyes no hay cornadas”.
Vladimir Putin se lanzó a la jugada más arriesgada en sus casi 23 años en el poder en Rusia y puso a Europa en el trance más peligroso desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y a EEUU en el desafío de mostrar hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Joe Biden para sostener su rol de gendarme internacional. El resto del mundo mira preocupado la situación en Ucrania, donde se podría estar incubando la batalla final para la humanidad, si es que realmente los contendientes deciden utilizar el armamento nuclear de que disponen.
No es la primera vez que Rusia recurre a una movida semejante para intentar mantener o recuperar si no el territorio, al menos la influencia que alguna vez tuvo la Unión Soviética y que perdió desde su disolución, el 25 de diciembre de 1991. Y no es necesario ningún contacto con los servicios secretos rusos, de los que proviene el inquilino del Kremlin, para adivinar sus movidas.
Hace meses que Putin viene advirtiendo que para Moscú, la OTAN debe regresar a las fronteras de hace 30 años, y que el avance hacia el este europeo violó todas las promesas y garantías que se hicieron en su momento a los gobiernos de Mijail Gorbachov y Boris Yeltsin. Lo puso por escrito en un documento que presentó en diciembre pasado.
Puede cuestionarse la legalidad y hasta la legitimidad del reclamo, lo que no se puede negar es que en política internacional, rige la ley del más fuerte. Hasta no hace tanto, esa ley no escrita y tampoco derogada, fue la que permitió el avance atlantista sobre ex repúblicas soviéticas hasta las narices mismas de Moscú. En Asia, en tanto, la OTAN también acompañó a EEUU en sus desastrosas aventuras en Irak y Afganistán, mientras que en África participó de la invasión a Libia, un país destruido tras esa incursión.
Luego del asesinato de Muhammar Khadafi, en octubre de 2011, el foco de la administración de Barack Obama y de su secretaria de Estado, Hillary Clinton, giró a Siria, donde el objetivo era el presidente Bashar al Assad. Pero ahí chocaron con un obstáculo que no se esperaban: Moscú salió en defensa del gobierno sirio y un poco porque allí tenía su única base militar en el Mediterráneo, en Tartús, otro poco porque ya era evidente que EEUU no podría seguir manteniendo tantas guerras simultáneas en su aspiración por controlar el planeta, el caso es que desde ese momento las tropas rusas salieron del letargo. Y Putin demostró que la Rusia del siglo XXI aspira a ser un factor de poder global y tiene con qué.
Desde entonces, también, los sectores antirrusos fueron ganando espacio en el “estado profundo” de la burocracia estatal norteamericana. Fue tan así que el triunfo de Donald Trump fue atribuido a injerencia rusa en las elecciones de 2016 y los grupos ligados a la ex canciller fustigaron desde antes de que asumiera al nuevo mandatario acusándolo de connivencia con el Kremlin. La venganza de Trump -que enfrentó un primer juicio político por acusaciones contra el hijo de Biden por sus negocios no tan claros en Ucrania- fue decir este mismo martes que si el hubiese sido reelegido, Putin no hubiera reaccionado como lo hizo.
Mas allá de las chicanas, lo cierto es que la OTAN es un agujero negro presupuestario para Washington y que Trump pretendió -a lo bestia, como todo lo suyo- que los europeos pagaran más por su seguridad. Una amenaza de guerra es un buen negocio para la burocracia militar de la organización atlántica, que así justificaría su existencia. Y también para que con Biden, se cumpliera el objetivo de Trump de que hagan mayores aportes.
El reconocimiento de la independencia de Lugansk y Donetsk, previsible en cierto modo, puede representar que la advertencia del actual secretario de Estado Antony Blinken sobre una invasión rusa a Ucrania tenía bases reales. También acelera el enfrentamiento entre la administración demócrata y Moscú, que mientras estuvo en el poder Trump se tuvo que limitar a operaciones mediáticas sobre el peligro ruso.
Trump, por su parte, pretendió cerrar negocios por la venta de gas de francking estadounidense en reemplazo al que Rusia envía a Alemania. Un caño con el precioso combustible que alimenta el 40% de la industria y calienta a los hogares germanos pasa por Ucrania, el territorio en disputa. El otro es el gasoducto Nord Stream 2, listo para entrar en acción desde septiembre pasado a pesar de presiones y amenazas del gobierno Trump.
Ahora, el canciller Olaf Sholz anunció que como castigo por el reconocimiento de la independencia de las repúblicas del Donbass, suspende el proceso de aprobación de la tubería. Una millonaria obra de la que participaron empresas rusas, alemanas y franceses. Scholz, junto con el presidente Emmanuel Macron, fueron los más febriles negociadores en un intento de frenar a Putin.
Saben que la escalada perjudica sobre todo a Europa, donde está en frente de batalla. Pero el presidente ruso sabe, también, que quien corta el bacalao en ese continente, es Estados Unidos, y no acepta hablar con intermediarios. Como será que la sanción de Berlín, en la práctica, será sufrida más por los alemanes que por los rusos. Y a quien beneficiará será a los productores de gas estadounidenses, más caro porque debe transportarse por buques. Productores amigos y muy de votar por Trump.
A días de celebrarse el primer aniversario del ataque al Capitolio de Washington, y mientras Donald Trump anunció una conferencia de prensa para ese día en la que insistirá en que le robaron la elección de 2020, desde el riñón del poder real de Estados Unidos alertan sobre la posibilidad de que se produzca un golpe de Estado que lleve a una guerra civil como la que asoló a esa nación entre 1861 y 1865. Con los mismos protagonistas: supremacistas blancos enardecidos.
Esta semana, una asesora de la CIA encendió las alarmas cuando señaló que “estamos más cerca de la guerra civil de lo que a cualquiera de nosotros nos gustaría creer”, dijo Barbara Walter, académica de la Universidad de California en San Diego y miembro del Grupo de Trabajo sobre Inestabilidad Política, un equipo de analistas que trabaja para la agencia de inteligencia exterior de Estados Unidos.
La mujer, que estudió situaciones como las de Siria, afirmó que en la patria de Abraham Lincoln se cumplen varias de las circunstancias que indican un camino hacia el abismo. “Si fueras analista en un país extranjero que mirara los eventos en EE UU como se miran los de Ucrania, Costa de Marfil o Venezuela, revisarías una lista de verificación, evaluando cada una de las condiciones que hacen a una guerra civil probable. Y lo que encontrarías es que Estados Unidos, una democracia fundada hace más de dos siglos, ha entrado en un territorio muy peligroso”.
Tres ex altos jefes militares añadieron más leña en este caldero. “El potencial de un colapso total de la cadena de mando, desde la parte superior hasta el nivel de escuadrón, es significativo en caso de que ocurra otra insurrección (como la del 6E). No se puede descartar la idea de que las unidades rebeldes se organicen entre sí para apoyar al comandante en jefe que consideran legítimo», advierten en un artículo en The Washington Post el ex mayor general del ejército Paul Eaton, el ex brigadier general Steven Anderson y el ex mayor general del ejército Antonio Taguba. «Estamos helados hasta los huesos ante la idea de que un golpe tenga éxito la próxima vez», abundaron, por si no habían sido claros.
Sin dudas, los uniformados toman en cuenta no solo las amenazas de los sectores ultraderechistas que recibieron el aval de Trump en sus cuatro años en la Casa Blanca y cuentan con amplia difusión en medios de comunicación. Pero también perciben el crecimiento de posturas extremas dentro de las filas de las Fuerzas Armadas.
El secretario de Defensa, Lloyd Austin, por ejemplo, deslizó que al menos un centenar de militares había participado en “actividad extremista prohibida”, según un informe elaborado por el Pentágono para revisar las políticas de esa cartera luego del catastrófico 6E. Un portavoz de las FF AA indicó que se iniciaron cursos de capacitación sobre qué son las actividades prohibidas para un militar.
En paralelo, el Congreso investiga las responsabilidades en el ataque al Capitolio. Y en tribunales federales se abrieron procesos judiciales contra los personajes que pudieron ser identificados por las grabaciones de video. El más “ilustre” fue Jacob Anthony (Jake) Angeli, el activista ultraderechista que también se hace llamar Q-Shaman y que entró al edificio disfrazado con una piel de bisonte y un sombrero de plumas con cuernos. Miembro del grupo neofascista Q Anon, fue condenado a 41 meses de prisión en noviembre pasado y escribió desde la prisión una carta disculpándose por sus acciones.
Dominoc Pezzolla, de Proud Boys, otro grupo violento de derecha, que entró al palacio legislativo con el escudo de un policía tras romper varias ventanas, también dijo a través de su abogado que está arrepentido. “Desde su arresto ha tenido tiempo para reflexionar y ver todo lo que salió a la luz, y ahora comprende que fue engañado y se le hizo creer estas cosas falsas”, como que a Trump le habían robado la elección, dijo Jonathan Zucker.
El que no se arrepiente de nada es el divulgador supremacista Tucker Carlson, que conduce el programa mas visto de la cadena Fox News. Carlson, que hace algunas semanas se burló de la propuesta argentina de vincular el pago de la deuda con el FMI a inversiones en medio ambiente –y fue muy aplaudido por medios locales que participan de sus ideas de fondo– dirigió un documental en el que argumenta que el FBI jugó un rol preponderante en el ataque del 6E y que el Ejército busca aislar y expulsar a cualquier soldado cuyas opiniones difieran de las del gobierno actual.
Además, sostiene que hay en marcha una «segunda guerra contra el terror» dirigida contra los patriotas que, afirma, son catalogados como terroristas y encarcelados en régimen de máxima seguridad como el de Guantánamo. El documental se llama Patriot Purge (Purga de Patriotas).
El nuevo ídolo de la derecha
Kyle Rittenhouse saltó a la fama el 25 de agosto de 2020 en Kenosha, Wisconsin, durante una manifestación de Black Lives Matter, el movimiento popular en contra de las masacres policiales a miembros de la comunidad afrodescendiente en EE UU. Era el chico de 17 años que se había desplazado 30 kilómetros desde Antioch, Illinois, con un fusil de asalto semiautomático AR-15, y mató a dos manifestantes e hirió gravemente a otro.
Simpatizante de Blue Lives Matter, el movimiento pro-policial opuesto a BLM, fue detenido varios días más tarde y solo bajo la presión social por la inacción de las fuerzas policiales y judiciales.
La polémica envolvió su caso desde ese momento. Él dijo que actuó en defensa propia y hasta el entonces presidente Trump salió en su apoyo. Hubo una colecta que reunió 586 mil dólares para pagarle los mejores abogados.
En el alegato final, el defensor dijo que el adolescente «estaba tratando de ayudar a su comunidad» y que había disparado como reacción «al ataque de la gente». El detalle es que esa «gente» intentaba desarmarlo. El 20 de noviembre el tribunal lo absolvió de cinco cargos, incluso el de homicidio intencional de Joseph Rosenbaum, de 36 años, y Anthony Huber, de veintiséis. Hace unos días, Rittenhouse fue tildado de “joven agradable” por Trump y vitoreado como un ídolo en el Centro de Convenciones de Phoenix. “Mi juicio fue un ejemplo de cómo intentaron perseguir nuestros derechos de la Segunda Enmienda, nuestro derecho a defendernos y tratar de tomar nuestras armas”, dijo a la multitud.
Nadie puede llamarse a sorpresa sobre el carácter ultraconservador de la Corte Suprema de Justicia supo armar Donald Trump para dejar como legado a sus sucesores. Y entre los temas que ese tribunal tenía como objetivo -se sabía- figuraba en uno de los primeros lugares anular de alguna manera el fallo Roe vs Wade, que a falta de una ley federal de aborto, impide penalizar la interrupción voluntaria del embarazo. El dictamen es de 1973 y su anulación está en la agenda conservadora desde entonces por eso de que la derecha no es de rendirse.
Unos días antes de la elección de 2020, Trump logró imponer a Amy Coney Barrett en el máximo tribunal en reemplazo de una liberal y defensora de los derechos de las mujeres, Ruth Bader Ginsburg, que había fallecido a los 97 años unas semanas antes. Los demócratas plantearon incluso la posibilidad de aumentar el número de jueces para contrarrestar esa desigualdad notoria. Pero nada hicieron al respecto.
El empresario inmobiliario ya había designado a otros dos conservadores, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, con lo que inclinó la balanza decisivamente hacia posturas de derecha en una corte que normalmente fluctuaba en uno en mas o en menos hacia cada lado de la balanza y ahora, repentinamente, paso a contar con 6 votos sobre 3 pata formatear al país por décadas.
Lo primero que se pensó entonces era que Trump se garantizaba un tribunal que apoyaría las denuncia que ya desplegaba en torno a fraude electoral. Pero los movimientos feministas alertaron con mucha perspicacia que el “botín” que estaba en riesgo era el de ese fallo que al cabo de casi medio siglo permitió que las mujeres pudieran ejercer su derecho al aborto hasta la semana 24ª.
Ya había movidas en cada estado para ponerle freno a esa cobertura judicial y en julio de 2020 hubo un caso testigo cuando la Corte invalidó una ley de Luisiana que habría obligado a cerrar las clínicas de aborto. Trump se declaró “decepcionado” con los magistrados que había nombrado.
Ahora los jueces están analizando una ley de Misisipi -un estado del conocido como “Cinturón Bíblico”- que en 2018 prohibió la interrupción del embarazo hasta la semana 15ª. Las organizaciones feministas se pusieron nuevamente en alerta cuando se supo que el tribunal iba a analizar la decisión impulsada entonces por el gobernador republicano Phil Bryant y que había sido rechazada en todas las instancias inferiores.
Corre nuevamente peligro la sentencia Roe vs Wade que, cada tanto vuelve a ser sometida a presiones revocatorias. Había ocurrido en 1992 con el caso conocido como Planned Parenthood vs. Casey. Esa vez la Corte confirmó el fallo de 1973 -que habla de las garantías individuales a decidir en cuestiones privadas- y determinó que “un Estado no puede prohibir a ninguna mujer tomar la decisión final de interrumpir su embarazo antes de la viabilidad”.
Nuevamente ahora los colectivos autodenominados “provida” levantaron sus antenas y el miércoles pasado se vistieron de celeste -a la manera de sus pares latinoamericanos- frente al Palacio de Justicia en Washington para manifestar su apoyo a un fallo quelimite o impida directamente el aborto.
Sonia Sotomayor, una de las tres jueces progresistas -nombrada por Barcak Obama- consideró que la revocación de Roe v. Wade daría la impresión de que el máximo tribunal es un organismo político y no judicial. «¿Sobrevivirá esta institución a la fetidez que esto crea en la percepción pública de que la Constitución y su lectura son solo actos políticos?», se preguntó, según refleja un cable de la agencia AFP.
Kavanaugh, en tanto, puesto ciertamente en adalid del sector antiabortista, planteó por qué la Corte “debería ser el árbitro en lugar del Congreso, las legislaturas estatales, las cortes supremas estatales, el pueblo?». Y deslizó lo que tal vez termine siendo su dictamen: que cada estado federal decida. Algo así como ocurre con la pena de muerte, curiosamente.
Pero Kavanaugh tiene algunas cuentas pendientes en su pasado que no pocos en Estados Unidos consideran repudiable y que salió a la luz cuando fue nominado por Trump.
La que lo recordó estos días fue la representante por Nueva York del ala izquierda de los demócratas, Alexandria Ocasio-Cortez.
“Recordatorio de que Brett Kavanaugh * todavía * sigue siendo acusado de forma creíble de agresión sexual en múltiples cuentas con detalles corroborados y este año el FBI admitió que nunca se investigó por completo. Sin embargo, el tribunal le está permitiendo decidir si legaliza el parto forzado en Estados Unidos. Sin recusación”, dijo.
En otro tuit del mismo hilo, Ocasio-Cortez puntualiza que “de los 9 jueces (de la Corte), 3 fueron nombrados por un hombre que intentó derrocar al gobierno de los EE. UU. (Y fue elegido por minoría)”. Y agrega que esos tres decidirán sobre “el hecho de obligar a las personas a dar a luz en contra de su voluntad”.
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