Donald Trump lo hizo otra vez. Decidido desde que se postuló para la presidencia, allá por los finales de 2015, a retirar a Estados Unidos de cuanta organización internacional haya adherido en las últimas décadas, ahora anunció que suspenderá la contribución financiera a la OMS, a la que acusa poco menos que de tener connivencia con el gobierno chino.
Claro que el objetivo de volver al tradicional aislacionismo norteamericano queda opacado porque toma esta decisión justo cuando el coronavirus está haciendo estragos en su país y por lo tanto, resulta una muy cuestionada forma de echarle la culpa de la tragedia a otros. Para no hacerse cargo de que inicialmente, la Casa Blanca desestimó las alertas de la Organización Mundial de la Salud sobre el Covid-19 y ahora enfrenta cerca de 650.000 contagiados y más de 25.000 muertos.
El rechazo generalizado al anuncio presidencial -Trump habló de “mala gestión” y dijo que la OMS no evaluó correctamente la situación desatada en China en diciembre pasado- incluyó a todos los gobiernos europeos y asiáticos y hasta el fundador de Microsoft, Bill Gates, que aporta parte de su fortuna para esa institución.
Ni bien Trump llegó al gobierno, en enero de 2016, retiró a EEUU de los tratados comerciales que venía negociando Barack Obama, como el TLC, con países de la cuenca del Pacífico y el que se había adelantado con la Unión Europea. No tardó mucho en tirar a la basura el acuerdo nuclear con Irán, que luego de años de negociaciones con las cinco potencias del Consejo de Seguridad de la ONU y Alemania, limitaba el desarrollo atómico del país persa.
Luego vendrían otros “portazos” del díscolo empresario inmobiliario. Uno que causó gran escozor fue el retiro de los pactos ambientales de París. Se sumó entonces a Nicaragua y Siria como los únicos tres países de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático fuera del compromiso de combatir la destrucción del medio ambiente.
En esa línea, retiró el apoyo financiero a la Unicef, la organización para la infancia. Esto incluía además a la ACNUR, la oficina encargada de la protección de los refugiados.
El paso siguiente fue en realidad una continuación de una política que venía desde 2011 para desfinanciar a la Unesco, la organización de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura. La excusa fue que la institución había tomado un sesgo antiisraelí no admisible por la administración Trump. El retiro se produciría a fines de 2018.
“En el momento en que la lucha contra el extremismo violento pide una inversión renovada en educación y en diálogo intercultural para prevenir el odio, es profundamente lamentable que Estados Unidos se retire de la agencia de Naciones Unidas que se ocupa de estos asuntos”, dijo esa vez la directora de la Unesco, Irina Borkova.
El argumento de políticas antiisraelíes fue utilizado también para el anuncio de retiro del protocolo de resolución de disputas de la Convención de Viena que hizo el que fuera asesor de Seguridad de Trump hasta hace unos meses, John Bolton.
El belicoso funcionario agregó entonces que «Estados Unidos no se quedará quieto mientras se presentan reclamos sin base y politizados contra nosotros».
La embajadora de EEUU en la ONU, Nikki Haley añadió que su país se retiraría oficialmente del Consejo de Derechos Humanos de esa organización afirmando que era un sitial que tenía entre sus miembros a China, Venezuela, Cuba o la República Democrática del Congo y en cambio desplegaba un “prejuicio crónico” contra Israel.
Pero no era ese el único motivo, ya que casi en simultáneo retiró la visa de entrada a Fatou Bensouda, fiscal general de la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, quien estaba investigando denuncias por crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.
El aislacionismo de Trump es muy claro y engarza fielmente en una tradición política estadounidense que une épocas de un nacionalismo exacerbado que lleva al rechazo de los inmigrantes, mientras en paralelo se inmiscuye en las cuestiones latinoamericanas porque considera que la región es un “patrio trasero” al que se debe someter.
Esa disputa interna se arrastra en Estados Unidos de un modo más drástico a lo largo de la primera mitad del siglo XX. Siempre reacio a entrar en los grandes conflictos bélicos europeos, las tropas estadounidenses recién desembarcaron el ese continente en 1917. Cierto que cuando Gran Bretaña estaba exhausta y “tiró la toalla” porque no podía contra los imperios centrales. Además, la revolución rusa era una amenaza para el sistema capitalista global.
Al término de la contienda, los europeos intentaron acuerdos de posguerra dejando de lado a EEUU, que sin embargo, a través del entonces presidente Woordrow Wilson, buscó articular una organización para resolver las disputas sin llegar a una guerra de semejante violencia.
La Sociedad de las Naciones, su máxima expresión, y antecedente de la ONU, fue integrada por un puñado de países pero el Senado de EEUU, dominado por los republicanos, rechazó el ingreso del país del que surgía la propuesta.
Naciones Unidas era el nombre de la coalición creada por Franklin Roosevelt, Josif Stalin y Winston Chuchill para derrotar a las potencias del Eje, la Alemania nazi, Italia y Japón. Nuevamente el aislacionismo estadounidense quedó de lado, y otra vez, cuando el mayor gasto de la guerra lo habían hecho sus aliados: La Unión Soviética había tenido que enfrentar la invasión a un costo de millones de vidas, el imperio británico estaba devastado y Francia era una entelequia que pretendían recuperar el general Charles De Gaulle y los partisanos.
De allí que la nueva sociedad internacional recibiera el nombre de Organización de Naciones Unidas, con un Consejo de Seguridad integrado por los ganadores de la guerra: EEUU, Gran Bretaña, Francia, la URSS y China. Con el tiempo ocuparon esos dos últimos lugares, la China continental y Rusia.
Quizás sabiendo que sería resistida por el fuerte aislacionismo imperante en grandes sectores del establishment de EEUU, todos aceptaron la conveniencia de que la sede estuviera en Nueva York.
Bolton, luego denigrado por Trump y ahora enfrentado con el presidente, nunca tuvo el menor empacho en cuestionar la utilidad de la ONU y aseguró que si por él fuera ya se hubieran retirado de la institución. Sería el último paso que le queda a Trump para cumplir con su objetivo.
El problema sigue siendo que está ubicada en Nueva York, ahora escenario de la mayor tragedia por el coronavirus en el mundo en una ciudad, acercándose a los 10.000 muertos.
El repentino alto el fuego unilateral en Yemen que decretó el gobierno saudita este miércoles parecía un reconocimiento del fracaso de la incursión armada en ese conflicto hace 5 años. La versión oficial es que las autoridades de la monarquía querían evitar un contagio masivo de Covid-19 en los campos de batalla, porque no hay casos reportados en ese territorio. Poco tardó en salir a la luz que el virus ya se extendió en la cúpula de la potencia petrolera. No solo eso: la información es que al menos 150 miembros de la familia real tienen coronavirus y algunos de ellos, como el príncipe Muhammad bin Salman –el hombre fuerte del régimen- debieron ser derivados a un centro de atención en una isla del mar Rojo, frente a la costa de Jeddah.
El cese el fuego se produce luego de una escalada bélica en Yemen que burló el llamado de la ONU a detener las acciones para proteger a los civiles de la pandemia. Arabia Saudita encabeza una coalición de países árabes que interviene en ese país desde 2015 en apoyo de un gobierno reconocido por una amplia gama de naciones de todo el mundo. Del otro lado está la comunidad hutie, que recibe el apoyo de Irán.
Voceros sauditas dijeron a la agencia AFP que la tregua podría prolongarse y de ese modo permitir avanzar hacia una solución más amplia a la guerra civil que generó la crisis humanitaria más grave que vive esa parte del mundo en este momento, para lo cual no dudarían en sostener una mesa de diálogo con sus oponentes auspiciada por Naciones Unidas.
Los hutíes, que controlan la capital del país, Sanaa, presentaron un documento donde señalan que para ir a una paz duradera la primera condición sería el retiro de las tropas extranjeras y el fin del bloqueo de la coalición a los puertos y el espacio aéreo yemení. Mohammed Ali al-Houthi, alto funcionario huti, publicó el plan de ocho páginas en su cuenta de Twitter.
Del mismo modo reclaman que los ocupantes extranjeros aporten el dinero necesario para la reconstrucción total del país y el pago de salarios de funcionarios estatales por una década.
La noticia del contagio masivo en la familia saudita provino de un artículo del diario The New York Times donde cuenta que el rey Salman de 84 años; el príncipe bin Salman (conocido por sus siglas como MbS) son atendidos por Covid-19 en la isla, mientras que el príncipe Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud, gobernador de Riad y sobrino del rey, está en una sala de cuidados intensivos del Hospital Rey Faisal.
Informes de fuentes de la familia real a TNYT indicaban que en ese centro de salud se habían ya preparado 500 camas para integrantes de la dinastía, según una alerta enviada a personal médico y enfermeros.
«No sabemos cuántos casos recibiremos «, decía el mensaje, que agregaba, según el diario estadounidense, que «todos los pacientes crónicos deben ser trasladados lo antes posible», y solo se aceptarán los «casos urgentes». También se les aclaró que cualquier profesional del hospital que se reporte enfermo sería tratado en un hospital de menor complejidad para dejar espacio a la realeza.
Los problemas para la casa gobernante –y especialmente para MbS, de 34 años y el autócrata de turno- no se limitan a la desastrosa intervención en Yemen, que no marchó nunca en el sentido que le querían dar desde Riad. Superado por “olvido y prescripción” mediático política el asesinato del periodista Jamal Kashoggi en octubre de 2018.
MbS debe enfrentar la crisis petrolera que se desató tras el rechazo de Rusia a firmar un nuevo acuerdo para reducir la producción y en tal sentido, mantener los precios del crudo. Tump pulsea para defender la producción de fracking de EEUU.
Este lunes, cuando los precios del barril se desplomaron a precios que no se veían desde hace un cuarto de siglo, la OPEP +, como se conoce a la organización de países productores y a los de mayores reservas pero no alienados, dirigidos los unos por Arabia Saudita y los otros por Rusia, debían mantener una cumbre para ahora si llegar a un acuerdo que permitiera bajar la producción.
Más allá de la guerra comercial, los mercados redujeron el consumo por las medidas de aislamiento en todo el mundo, de modo que incluso lo que salía a la venta hasta principios de marzo resulta excesivo. No hubo forma de que todos acudieran a esa mesa virtual de negociaciones hace cuatro días.
Este jueves, sin embargo, la mayoría de los países de la OPEP+ acordaron sus cuotas en el marco de la reducción de la producción de petróleo, según declaró a la agencia Sputnik una fuente de una de las delegaciones. «La probabilidad de firmar un acuerdo final es alta», comentó.
La casa real de Riad fue fundada por Abdelaziz bin Saud en 1902, cuando el territorio del actual reino todavía estaba bajo jurisdicción del Imperio Otomano. Las diferencias con los mandatarios turcos eran ancestrales y ese fue un eje que supo aprovechar el imperio británico para seducir a los sauditas. En un toma y daca muy conveniente, si apoyaban a los países occidentales en su guerra contra los imperios centrales –el Segundo Reich alemán, la Rusia Zarista y los Otomanos- recibirían a cambio el reconocimiento para el dominio de los países árabes.
En 1932 Bin Saud creó oficialmente el Reino de Arabia Saudita sin haber logrado que los británicos cumplieran sus promesas. Hasta que en 1938 se descubrieron los colosales yacimientos de petróleo. La dinastía pasó a ser una de las familias más ricas del planeta y desde entonces juegan en el tablero internacional cada vez mas cerca de las potencias occidentales.
La alianza con EEUU incluye el compromiso de que las ventas de petróleo se realicen en dólares, con lo cual a falta de respaldo en oro, la moneda norteamericana se apoya en el comercio del combustible. A cambio, ninguna de las iniquidades que cometa algún miembro de la casa Saud resulta condenada en Occidente.
Como en una obra de Shakespeare, puertas adentro de la monarquía, las cuentas del poder se saldan de modo drástico. Y puertas afuera es una teocracia de la línea wahabita donde el rol de la mujer es de absoluto sometimiento al hombre, sin contar con que no rige ninguna de los derechos civiles que definen a una democracia moderna.
MbS llegó al poder en 2017 luego de dos años de puja interna con su primo Muhammad bin Naif bin Abdulaziz Al Saud. Un año más tarde saltó a la consideración pública occidental cuando hizo encerrar a 200 miembros de la nobleza saudita y un puñado de empresarios en el Hotel Ritz Carlton de Riad hasta que los “convenció” de donar miles de millones de dólares al gobierno.
En octubre de 2018 se supo que estaba implicado en el crimen del periodista. Acostumbrado a la impunidad, ni se ocupó de ocultar las pruebas de su relación con los ejecutores de Khashoggi.Nadie osaría incriminarlo, por cierto.
Pero tuvo que recular en Yemen y ahora también ante un virus que parece que se ensañó con la Corona Saudita como lo venía haciendo con la casa de los Windsor-Mountbatten en Londres, donde el príncipe Carlos padece COvid-19 y el primer ministro Boris Johnson tuvo que ser internado en una sala de cuidados intensivos.
Donald Trump enfrenta un momento clave de su gestión, con la explosión de contagios de coronavirus al acecho tras haber ninguneado sus consecuencias durante semanas. Pero como buen seguidor del “manual de instrucciones para tiempos de crisis de la Casa Blanca”, apura medidas bélicas en un desesperado intento por cambiar de tema, cuando cada error puede afectar, como nunca antes en estos cuatro años, su reelección en noviembre. De allí que viene apurando la ofensiva contra el gobierno bolivariano de Venezuela al punto de haber anunciado un operativo naval de combate al narcotráfico que en la práctica implicaría un bloqueo a la nación caribeña. Lo que no calculó es que habría de enfrentar la resistencia -por ahora solapada- de los marinos, que tienen ya varios efectivos contagiados de Covid-19 en sus buques.
La escalada contra Venezuela no comenzó ahora. Trump profundiza lineamientos que había dejado Barack Obama, pero de un modo más brutal. Desde elevar sanciones tanto al país como a funcionarios y a los gobiernos y empresas que comercien con Caracas.
Luego, forzó la designación del diputado Juan Guaidó como presidente interino, siguiendo el modelo utilizado contra Muhammad Khadafi en Libia. Logró que 60 gobiernos lo reconocieran como único representante de Venezuela. Washington bloqueó cuentas bancarias, se apropió fondos venezolanos en el exterior y buscó cualquier alternativa para asfixiar al chavismo con la esperanza de generar un levantamiento popular.
Trump siempre dijo que para solucionar el “problema venezolano” tenía todas las opciones sobre la mesa, sin descartar una invasión.
La semana pasada el fiscal general William Barr anunció que, según una investigación de la DEA, en base a declaraciones, entre otros del mayor general retirado Cliver Alcalá, los más altos dirigentes de Venezuela lideran un cártel que comercializa droga en EE UU junto con las FARC. El exmilitar vive en Colombia desde hace dos años y fue detenido con un cargamento de armas que, dijo, iba a utilizar para dar un golpe contra el chavismo. De inmediato se anunció que EE UU ofrecía una recompensa por datos que lleven a la captura de Maduro y sus más inmediatos seguidores. Desde 15 millones de dólares por la cabeza del presidente.
Esta semana, el secretario de Estado Mike Pompeo anunció un “plan para una transición pacífica” en Venezuela. Consiste en que renuncien Guaidó y Maduro, y facilitar elecciones presidenciales sin ellos. Como ninguna de esas opciones parece haber despertado demasiada atención, se lanzó una megaoperación antinarcótico en el Caribe y el Pacífico para la cual en la Casa Blanca dicen que esperan contar con la participación de 22 países socios. Seguramente los mismos que votaron por la continuidad de Luis Almagro en la OEA a los que se agregarían Gran Bretaña y Francia.
Con lo que no contaba Trump es que en la Marina no están muy conformes con las últimas medidas de su gobierno. No lo dicen a voz en cuello, pero una fuente anónima habló con la revista Foregin Policy, una publicación de política internacional de consulta de especialistas y funcionarios de todo el mundo, para mostrar ese descontento. Están, por lo que parece, hartos de ser usados para operaciones de distracción política. Pero sobre todo están indignados por el despido del capitán Brett Crozier, comandante del portaaviones USS Theodore Roosevelt. La nave estaba en aguas japonesas cuando detectaron los primeros casos de coronavirus en la tripulación. Cuando la cifra superó los cien, se filtró al San Francisco Chronicle una carta donde Cozier reclamaba a sus jefes que tomaran medidas para evitar más contagios. «Si no actuamos ahora, no nos ocupamos adecuadamente de nuestro activo más confiable: nuestros marineros. Mantener a más de 4000 hombres y mujeres jóvenes a bordo es un riesgo innecesario y rompe la fe con los marineros confiados a nuestro cuidado «, dice la misiva. “No estamos en guerra. Los marineros no necesitan morir”, agregó. El jueves, el secretario de la Armada, Thomas Modly, le sacó el mando del portaaviones. Crozier salió por la escalerilla entre vivas de sus hasta entonces subordinados. Modly dijo que Cropzier es un oficial valiente y muy respetado pero que había cometido el error de pasar por sobre la cadena de mando. Cozier dice que la envió a 20 o 30 personas, pero no al diario El jueves, el secretario de la Armada, Thomas Modly, le sacó el mando del portaaviones. Crozier salió por la escalerilla entre vivas de sus hasta entonces subordinados. Modly dijo que Cropzier es un oficial valiente y muy respetado pero que había cometido el error de pasar por sobre la cadena de mando. Cozier dice que la envió a 20 o 30 personas, pero no al diario.
La escalada de Estados Unidos contra Venezuela pone ahora a los marines a las puertas de una invasión lisa y llana, aprovechando que los focos de la información apuntan al coronavirus, cuando en el territorio propio la cifra de víctimas de la pandemia encabeza ya las estadísticas mundiales. El bloqueo naval incluso impide el ingreso de mercadería y medicamentos al país caribeño. La semana pasada el fiscal general William Barr presentó cargos por narcotráfico contra el presidente Nicolás Maduro y un grupo de altos funcionarios del gobierno chavista y de inmediato pusieron precio a la cabeza del mandatario en 15 millones de dólares. (ver acá).
Ahora, la Casa Blanca anunció la movilización de una fuerza naval con buques destructores, aviones y helicópteros en cercanías del espacio marítimo soberano de la nación bolivariana. No sólo la actitud resulta provocativa, sino que recuerda la invasión a Panamá para detener a Manuel Noriega, en 1989.
Barr fue clave aquella vez, como abogado de la aerolínea Southern Air Transport, ligada a la CIA y vinculada también con el tráfico de drogas en el marco de la operación Irán-Contras. Ahora volvió a escena. Otro de los personajes protagónicos de aquel escándalo, Elliot Abrams, había sido desempolvado de su retiro por Donald Trump para encarar una estocada final contra Venezuela. No lo logró, pero insiste.
El ataque contra Venezuela en este momento de crisis sanitaria en todo el mundo se hace contra la voluntad explícita incluso de países europeos, que reclaman el levantamiento de bloqueo para permitir la libre circulación de medicamentos e insumos médicos a Cuba, Irán y la propia Venezuela.El 18 de marzo pasado, el FMI rechazó un pedido de ayuda económica de Caracas para paliar la crisis sanitaria, que sin embargo no está golpeando a Venezuela -donde hasta hoy había 144 infectados y 3 muertos- como a EEUU, con 217.263 casos y 5.151 decesos, en explosivo crecimiento.
El argumento fue que como a impulso de Washington un grupo de naciones reconocen como presidente al diputado Juan Guaidó, no les quedaba claro quién mandaba en el país. Si es que estuvieran dispuestos a colaborar, lo tendrían que hacer a través de Maduro, que mantiene el poder estatal para canalizar cualquier ayuda en el territorio.Dos días más tarde de este rechazo, el uruguayo Luis Almagro fue reelecto en la OEA con el apoyo de los países que siguieron las directivas de EEUU. (ver acá). No fue el caso de Argentina ni México. Almagro es un incondicional de la administración estadounidense y ya deslizó que no tendría problemas en aceptar una invasión, algo que en América del Sur no ocurrió desde la independencia de España, desde 1810 en adelante.
La excusa de desplegar una flota para controlar los mares en una presunta operación antinarcóticos se choca, con la realidad de que el circuito de la droga no sale de Venezuela sino de Colombia y pasa por los países centroamericanos para cruzar la frontera mexicana.
Como recuerdan militantes por los Derechos Humanos estadounidenses como Roger Harris, si fuera por un interés genuino en combatir el tráfico, una buena medida inicial sería controlar el consumo en el país que más adictos tiene en el planeta: Estados Unidos.
Y luego implementar acciones contra quienes probadamente se determinó que colaboran en el proceso de esta industria tan lucrativa. Uno de ellos es el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que fue identificado en un juicio contra su hermano en un tribunal de Nueva York en octubre pasado.
Por otro lado, los datos comprobables son que el principal exportador del mundo de opio es Afganistán, un país ocupado desde 2001 por Estados Unidos y donde el comercio de ese producto es fuente de ingresos paraa miles de pobladores. Así lo atestigua el informe de la oficina de las Naciones Unidas para el combate de la droga y el crimen organizado (UNODOC).Informe drogas en Afganistán, año 2018.
Ni qué decir del país de Gabriel García Márquez, donde desde 1999 se implementó el Plan Colombia, destinado a combatir el narcotráfico. Ese país es el que con ese argumento, recibe la mayor “ayuda” militar en el continente, en dinero contante y sonante y en efectivos dispersados en las siete bases estadounidenses.
En los siguientes informes de la UNODOC se puede ver el explosivo crecimiento de los cultivos en Colombia entre 2013 y 2018, cuando pasó de 48.000 hectáreas cultivadas a 169.000, tras pasar por un pico de 171.000 hectáreas en 2017.Informe drogas en Colombia, año 2014. Informe drogas en Colombia, año 2018.
Diosdado Cabello, el número dos del gobierno bolivariano, celebró -se entiende que de modo irónico- que el gobierno de Trump “tome acciones para controlar sus vulnerables y descuidadas fronteras de la droga proveniente del narcotráfico colombiano”. Y aprovechó para colgar ahí el comunicado de la cancillería venezolana donde expresa el repudio al ataque pergeñado desde Washington.
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