A veces Donald Trump pasa por desbocado, pero en general solo grita desprejuiciadamente lo que el establishment susurra en sordina. En agosto pasado, previo a un viaje a Dinamarca, dijo que su gobierno quería comprar Groenlandia, ese territorio del reino danés con autonomía. Ahora acaba de anunciar que abrirá un consulado en la capital de la isla, Nuuk, y que le otorgará 12 millones de dólares en “ayuda económica”. El dinero, según acuerdo con autoridades dinamarquesas, será destinado al desarrollo de recursos naturales. Pero un funcionario estadounidense reveló que el plan es profundizar la presencia de EE UU en esas regiones árticas, donde ya hay una base militar del Pentágono, para contrarrestar la influencia rusa y china.
Hay otro detalle no menor en estos tiempos de crisis sanitaria y desplome de los precios del petróleo: Groenlandia tiene reservas equivalentes el 13% del crudo mundial y un billón de dólares en yacimientos minerales.
Luego de la jugada a tres bandas para intentar sostener el precio en base a reducir la producción mundial, Trump -que debió negociar fuerte con el saudita Mohamed bin Salman y Vladimir Putin- necesita mantener al negocio del fracking y pelear para que el mercado del combustible fósil siga siendo en dólares.
El fracking permite la soberanía energética por la que lucha el mandatario, ligado a las multinacionales del petróleo. La venta en dólares es clave para sostener el valor de la moneda, que no tiene otro respaldo tangible. En tiempos en que los gobiernos recurren a la impresión de billetes para sostener la economía, todo el andamiaje del Imperio Americano se desmoronaría si el dólar deja de ser la divisa de cambio.
En la guerra comercial del siglo XXI, hay un jugador, el mayor consumidor no tiene producción propia, China. Y a medida que va dejando atrás el Covid-19, puede sacar ventaja y al mismo tiempo dar un golpe debajo del cinturón a su mayor contrincante. Hace justo dos años anunció que compraría petróleo también en su moneda. Ahora puede exigir hacerlo solo con yuanes.
Dato adicional: hay en proyecto una Ruta de la Seda Polar, a nivel del Ártico. A eso apunta la estrategia estadounidense. Que en su historia compró Luisiana a Francia, Alaska al imperio zarista y bien puede hacerse de la enorme isla helada.
La guerra del petróleo vivió este lunes uno de los capítulos más insólitos, cuando se supo que hubo grandes jugadores del mercado estadounidense dispuestos a pagar para almacenar el excedente de crudo, lo que da un precio del barril de hasta -40 dólares. El detalle de lo que ocurrió, cómo eso repercute en la Argentina y por qué el precio del combustible local no acompañaría esa caída -lo que implicaría que a uno le pagaran por llenar el tanque de nafta- se explica en estos tres artículos de Tiempo.
Por qué no bajan las naftas. La pregunta sería como se llegó a este punto. Porque no se trata de una contienda que apareció a medida que el coronavirus se fue extendiendo en el mundo, pero si mucho tiene que ver el estado en que se encuentra hoy ese negocio con las cuarentenas por el Covid-19.
Viene a cuento entonces recordar que a principios de marzo los países productores no llegaron a un acuerdo que hubiese permitido bajar la extracción del mineral para mantener el precio, que ya venía en picada por la crisis económica internacional.
Trump se mete en la guerra del fracking. La semana pasada, luego de varias escaramuzas y tras comprobar que si no había una baja en la producción todo iba a ser peor, Rusia y Arabia Saudita llegaron a un acuerdo para disminuir la producción en forma escalonada hasta los 20 millones de barriles diarios.
Fue clave para esto la intervención de Donald Trump como “celestino” entre Vladimir Putin y el príncipe Mohamed bin Salman.
Pero ni así lograron estabilizar los precios. Un mercado como el del petróleo, en el que se comercializan expectativas -o sea, se vende a un precio que se estima para dentro de un plazo determinado- es impredecible en la recesión actual por el coronavirus.
Pero además, no es fácil reducir la producción en algunos lugares del mundo. Eso implicaría desactivar algunos de los pozos, lo que en ciertos casos puede significar la pérdida total de ese yacimiento por las particularidades del suelo y la tecnología para la extracción.
Cuentan los que saben de eso que en Arabia Saudita la cosa es más sencilla pero en Rusia no resulta fácil cumplir con ese compromiso, somo señala Joshua Yaffa en la revista Newyorker. Pero hay un problema adicional en esta guerra de a tres: Estados Unidos, que con Trump alcanzó la soberanía energética, como no se cansa de repetir, necesita que el barril cotice sobre los 50 dólares porque la producción con que inunda el mercado es de fracking.
Si la industria extractiva ya venía en falsa escuadra antes del coronavirus, ahora es todo mucho peor para la producción norteamericana. De allí que el valor negativo del barril en el petróleo del lunes fue el denominado WTI (West Texas Intermediate), que ya no hay dónde almacenarlo. El Brent, del Mar del Norte, se mantenía en torno de los 20 dólares.
Esta crisis de la energía fósil alentó las esperanzas de que fructifiquen las fuentes renovables o alternativas. En tal sentido, un artículo del portal Huffington Post revela que un grupo de legisladores de Nueva York quieren exigir que los bancos, los gestores de activos y las seguradoras no puedan invertir en negocios del petróleo, el gas y el carbón, en beneficio del medio ambiente.
Entre los objetivos de esos concejales neoyorquinos están el gigante JPMorgan Chase, el fondo de inversiones BlackRock -tenedor de una parte importante de los bonos de deuda argentinos- y la compañía de seguros Liberty Mutual.
Los ecologistas que más conocen de cómo se maneja este mercado, en cambio, alertan sobre los riesgos de un cambio radical en la producción energética. Es así que advierten que si la industria del esquisto de Texas se va al demonio definitivamente y abandonan los pozos en el estado en que se encuentran, el desastre ambiental sería aún peor ya que se liberarían sin control los gases contaminantes.
De todas maneras, para la industria estos momentos no son todos negativos. Por un lado, sólo en Texas, estado petrolero tradicional, el gobierno autorizó la perforación de 1175 pozos, un 30% más que el año pasado.
«La construcción de una nueva infraestructura de combustibles fósiles y la expansión de la producción durante un gran exceso de suministro de petróleo es una locura», reflexionó Collin Rees, miembro de la ONG Oil Change USA, ante el HuffPost.
Lo llamativo es que este crecimiento también afecta al combate del Covid-19, ya que como se quejan muchos profesionales de la salud de esas regiones, la industria del petróleo suele utilizar elementos para la protección de los trabajadores que ahora resultan indispensables para atender a los enfermos, como mascarillas, anteojos y vestimenta segura.
Para sostener a esta industria que ahora reclama ayuda estatal, a pesar de que sigue en marcha como si nada, Trump mantiene su compromiso de siempre. No olvidar que su primer secretario de Estado, Rex Tillerson, era CEO del grupo Exxon y muchos de sus allegados tienen relaciones con la industria energética.
Esa es una buena razón para que ahora haya ordenado a que su gabinete estudie las medidas más adecuadas para un “rescate” de las compañías mas afectadas por el vaivén del precio del crudo.
«Nunca dejaremos caer a la gran industria de petróleo y gas de Estados Unidos», escribió en un tuit. «¡He dado instrucciones al Secretario de Energía y al Secretario del Tesoro para que formulen un plan que ponga a disposición fondos para que estas empresas y empleos tan importantes estén asegurados en el futuro!».
El caso es que, si hay una guerra, también uno puede preguntarse quién va ganando. Las grandes petroleras podrán llevarse una parte de la tajada de subsidios que otorgue el presidente. Las pequeñas, ahora a precio de remate, podrían pasar a manos de grandes inversores que vean la oportunidad.
A nivel geopolítico, si es que hace dos meses Rusia y Arabia Saudita podían torcer el rumbo del mercado golpeando a la producción de fracking, ahora la cosa no esta tan segura. Habían alardeado que podían resistir durante meses a un barril de 20 dólares. Pero terminaron aceptando el consejo de Trump, volvieron a dialogar, ahora por Zoom, y decidieron bajar un cambio en la producción.
La batalla final se demora, por lo menos, hasta que la pandemia no sea sino un mal recuerdo del 2020. O quién sabe hasta cuándo.
Los Bolsonaro siguen desafiando las reglas de la sanidad tanto como las de la vida en comunidad. Algo en lo que coinciden totalmente con su mentor, Donald Trump. A saber: no comparten la recomendación de la OMS de mantener una cuarentena para evitar una catástrofe humanitaria por el Covid-19, por lo que exigen, en un llamado a la «libertad», salir a las calles. Y son defensores del uso de armas de fuego y en esa medida, propulsores de la violencia, sin medir consecuencias. Por lo pronto, este fin de semana, miles de estadounidenses se manifestaron contra el aislamiento que se dictó en algunos estados y recibieron una voz de aliento del presidente en las redes sociales incluso para defender la Segunda Enmienda constitucional, esa que autoriza a los ciudadanos a armarse.
En la misma semana en que logró desprenderse de su ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, Bolsonaro hizo este domingo una recorrida por las calles de Brasilia ante cientos de manifestantes que pedían terminar con todas las instituciones constitucionales y que los militares se saquen de encima esa incómoda apariencia de legalidad.
El reclamo de sus partidarios es contra el Congreso y especialmente contra Rodrigo Maia, el presidente de la cámara de Diputados, al que acusa de estar tramando un golpe de Estado. Pero también contra el Supremo Tribunal Federal, que sostiene la constitucionalidad de las medidas contra la pandemia que retoman los diferentes mandatario estaduales.
Al mismo tiempo que Jair se daba tiempo hasta de toser en una mano -¿para demostrar su oposición a la recomendación de usar el interior del codo?- su hijo Carlos, concejal carioca y amante de las armas como su padre y sus hermanos, tuiteó un video de una práctica de tiro en algún polígono en el que los participantes comenzaron la balacera sobre los blancos al grito de Bolsonaro.
Flavio Bolsonaro, el otro hijo presidencial, senador por Río de Janeiro, no se privó de apoyar a esta movida anti política, sobreponiendo la fe religiosa ante cualquier otro valor.
También hay un fuerte apoyo en estas expresiones contra corriente del resto del mundo del canciller, Ernesto Araujo, que así celebró el día del diplomático brasileño, que conmemora a los representantes de uno de los pilares del estado central brasileño como lo fue, tradicionalmente, el Palacio de Itamaraty, a esta hora desprestigiado por la sumisión del gobierno a las políticas de la Casa Blanca.
La exigencia de terminar con el encierro sanitario y la portación de armas, alentada por Trump y que elevó las protestas en el vecino del norte, recibió el apoyo de Eduardo Bolsonaro, diputado federal por San Pablo.
Esta no tan velada amenaza contra la ciudadanía de a pie, que entiende a la convivencia democrática como una relación pacífica, no es tan del gusto de partidarios de Bolsonaro. Y alentados por el discurso bélico de la familia presidencial, salieron a correr a civiles que cometieron el delito de vestir una remera roja, en las calles de Río de Janeiro.
Ese, sin embargo, no parece un riesgo que la dirigencia política brasileña haya tomado en cuenta cuando prefirió a Bolsonaro antes que a la coalición del PT. Del mismo modo que desde el Planalto no se consideran las consecuencias de la tragedia sanitaria que ya cobró 40.000 contagiados de coronavirus y más de 2500 muertos. La segunda cifra más grande de América, detrás de Estados Unidos, que lidera las trágicas cifras a nivel mundial.
Como si el desastre que está produciendo el coronavirus en Estados Unidos no fuera suficiente, a falta de apoyos en las instituciones, el presidente Donald Trump ahora busca aliados en los sectores más recalcitrantes de la sociedad para romper con el aislamiento que decretaron los gobernadores estaduales. Todo esto en un contexto de amenazas de clausura del Congreso -a la manera del peruano Alberto Fujimori en los ’90- y de que se imponga la ley marcial si es que la crisis sanitaria y social se vaya de las manos.
Luego de por lo menos seis semanas de demoras para poner en marcha las recomendaciones de los especialistas, y cuando la cifra de infectados llega casi a los 700 mil y la de muertes se acerca a 40 mil, Trump anunció esta semana que cortaría la cuota a la OMS que le corresponde a EE UU. Acusa al organismo internacional de haber
errado en las advertencias sobre el peligro del Covid-19, aunque solapadamente cuestiona que no culpen a China por la tragedia sanitaria que se esparce sobre el mundo. Y más solapadamente aún, busca a quién culpar de la catástrofe.
El enfrentamiento de Trump con los gobernadores se relaciona con su postura de abrir la economía, a la vista de que se sumaron 22 millones de personas al ejército de desocupados por las cuarentenas y las empresas siguen paradas. Los mandatarios de los distritos son los que quedan expuestos por el funcionamiento de cada sistema de salud, mientras que la caída economía nacional puede conspirar contra la reelección de Trump.
Pero hay algo más: en estos días se vio a los más activos grupos de extrema derecha, habitualmente antisistema, salir a la calle para reclamar el fin del aislamiento. Pretenden que esas medidas atentan contra las libertades individuales y las garantías constitucionales.
Se los vio frente al Capitolio de Lansing, la capital de Michigan, armados hasta los dientes, con fusiles pesados al hombro muchos ellos, exigiendo a la gobernadora Gretchen Whitmer terminar con las restricciones al comercio y la circulación. “No podemos llevar nuestros botes al agua”, se quejó una manifestante. “Ni siquiera podemos comprar pintura para pintar nuestra casa”, agregó. Marchas similares se llevaron a cabo en Virginia y Ohio.
Trump, atento siempre a este tipo de expresiones sociales, posteó en una serie de tuits: “Libera a Minnesota” y “Libera a Michigan”. En el caso de Virginia, al pedido de liberación agregó “salva la gran 2ª Enmienda, que está bajo asedio”. Se trata de la garantía constitucional para el libre uso de armas de fuego por los ciudadanos civiles.
El riesgo es que se extienda este malestar en sectores poco afectos a seguir las normas del gobierno central, en un país donde hay más de 400 millones de armas registradas, más de una por habitante. Y con un presidente que no hace sino avivar las llamas.
Hace un mes creció la preocupación de que ante una “situación de guerra” como la definió el gobierno, el país pudiera inclinarse hacia la ley marcial.
No sería la primera vez que se aplique. La última que se recuerda data de 1966 en California, a raíz de una rebelión popular en un barrio de San Francisco luego de que un policía blanco disparó contra un adolescente negro.
Como corresponde a una potencia organizada -más allá de los dislates de Trump- en el Pentágono se preparan para un caos social. El secretario de Defensa, Mark Esper, instruyó hace algunas semanas al general de cuatro estrellas Terrence J. O’Shaughnessy, jefe del Comando Norte, para que se haga cargo de un plan de “continuidad del gobierno”. Es un puesto creado en 2001 luego de los atentados a las Torres Gemelas y tiene como objetivo asumir el poder en caso de que los mandatarios estén impedidos.
Luego de patear el tablero contra la Organización Mundial de la Salud, Trump amenazó el miércoles con cerrar el Congreso si es que la asamblea legislativa seguía si funcionar debido a la cuarentena. En este caso no hay antecedentes en la historia estadounidense. Sucede que muchas nominaciones en cargos públicos clave de la administración central dependen de la aprobación del Senado. Como no funciona, alega el presidente, hay una obstrucción partidista que impide llevar adelante políticas para luchar contra el coronavirus.
La líder del bloque demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, se comprometió a aprobar una iniciativa para que los legisladores puedan emitir sus votos en forma
digital. Hay temores por el uso de las tecnologías más adecuadas, pero los pude más el miedo a que Donald Trump encuentre la excusa para gobernar sin control parlamentario.
Subsidios
A pesar del acuerdo para reducir la producción de petróleo entre Rusia, el reino saudita y EE UU, el crudo sigue en picada por la falta de demanda. Trump podría subsidiar a empresas de fracking para que no perforen en EE UU y acompañar el recorte de la OPEP.
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