Stephen Kevin Bannon descubrió que en estos tiempos ser políticamente incorrecto reditúa y, siendo un “paleoconservador” de los más radicalizados, no se cuida para nada de mantener las formas. Saltó a la fama internacional cuando era asesor de Donald Trump en la campaña electoral de 2016, pero tras siete meses en la Casa Blanca, el presidente lo echó. Las peleas constantes con el yerno presidencial, Jared Kushner, lo pusieron en el trance de tener que elegir. Bannon se desquitó como fuente en un libro, Fuego y furia, de Michael Wolff. Con el tiempo, la relación se fue suavizando pero ahora el primer mandatario intenta despegarse de la última hazaña de este hombre que fue tejiendo una internacional de la derecha juntando a líderes reaccionarios de todo el mundo. Steve Bannon fue detenido bajo el cargo de fraude con fondos de recaudaciones privadas para construir el muro en la frontera con México. Quedó libre tras pagar una fianza de 5 millones de dólares.
Este caso ilustra un modo de entender la política aplicando armas de la peor calaña con tal de obtener resultados. Bannon, de 66 años, es un hombre determinante en el rumbo incierto de las democracias occidentales. Consejero de Trump, su participación fue clave también para el sorpresivo resultado del referéndum que terminó en el Brexit, en 2016.
Promovió alianzas con el húngaro Viktor Orban, la francesa Marine Le Pen, el italiano Matto Salvini, armó la estrategia para el triunfo de Jair Bolsonaro y para la formación de Vox en España. En Argentina, desde una plataforma que ayudó a crear, Cambridge Analytica, logró incidir en el resultado de las elecciones de 2015 con operaciones en contra del gobierno de Cristina Fernández. El año pasado se lo vio más cerca de la diputada Cynthia Hotton y el ex carapintada Juan José Gómez Centurión.
Si Trump se atrevió a basar su campaña de hace cuatro años en un discurso xenófobo, fue por el impulso de Bannon. No es que el actual ocupante de la Casa Blanca promoviera la hospitalidad humanista, pero Bannon lo convenció de que eran tiempos de una derecha “sin vergüenza”. Mal no le fue.
La campaña se centró en la promesa de construir un muro para impedir que los mexicanos siguieran “invadiendo” Estados Unidos con sus malas costumbres. Y para peor, dijo que se los iba a hacer pagar a los mexicanos. Pero la cosa no era tan sencilla y ahí Bannon vio la oportunidad para meter baza.
Junto al veterano de Irak Brian Kolfage, al inversor Andy Badolato y al ciudadano de Castle Rock, Timothy Shea, armaron la ONG We Build the Wall (Construimos el muro), para erigir un paredón con aportes de ciudadanos decididos a impedir el ingreso de inmigrantes.
Convencieron a cientos de miles que en poco tiempo aportaron unos 25 millones de dólares. Incluso Donald Trump Junior, el mayor de los hijos presidenciales, apoyó la iniciativa alegando que se trataba de “una empresa privada en su máxima expresión”. Para que no quedaran dudas, agregó que así, será “mejor, más rápido y más barato que cualquier otra cosa”. Es decir, mejor que una construcción estatal.
Pero la tentación fue grande y también los gastos del líder ideológico de la internacional ultraderechista y sus secuaces, muchos para mantener el ritmo de vida que llevaban. Así fue que una fiscalía de Manhattan abrió investigaciones sobre el colosal desvío de fondos de WBTW. Aquí entra en juego también una pelea en el establishment estadounidense.
El presidente Trump viene presionando al correo en un intento, según la oposición, de perjudicar el voto postal en noviembre. En medio de una pandemia, el sufragio por correo puede facilitar la asistencia de simpatizantes de los demócratas.
La investigación contra Bannon fue iniciada por al Servicio de Inspección Postal, una institución anterior al FBI que investiga delitos cometidos a través del correo postal. Hace dos meses, además, el procurador de Justicia de EE UU, William Barr, destituyó a Geoffrey Berman como fiscal en Nueva Jersey. Pero la investigación prosiguió y la sucesora en el cargo, Audrey Strauss, logró una orden de arresto dictada por la jueza Analisa Torres contra Bannon y sus socios de la próspera ONG.
“Mientras aseguraban repetidamente a los donantes que Brian Kolfage, el fundador y rostro público de WBTW, no recibiría ni un centavo, los acusados planearon en secreto pasar cientos de miles de dólares a Kolfage, que utilizó para financiar su lujoso estilo de vida”, dijo Strauss. El dinero sirvió para comprar un yate, un Range Rover y pagar un generoso salario que salió del aporte destinado al muro.
El jueves, agentes del USPS allanaron frente a la costa de Westbrook, en Connecticut, un yate de 150 metros de largo, el Lady May, perteneciente al empresario chino Guo Wengui, uno de los sponsors de los levantamientos que se produjeron en Hong Kong desde fines del año pasado. Bannon pasó la noche en una celda, sus compinches fueron apresados en otros procedimientos.
El CEO que viene a la Argentina a jugar el polo
El referéndum por el Brexit fue una sorpresa para todos, y principalmente para la dirigencia británica. La sospecha sobre el origen de una colosal manipulación devino en una investigación del Comité de Cultura, Medio de Comunicación y Deportes de la Cámara de los Comunes, que en julio de 2018 emitió un informe lapidario: Cambridge Analytica -la firma consultora que había ayudado a crear Steve Bannon y el millonario Robert Mercer- había usado datos obtenidos ilegalmente de Facebook de millones de votantes para “convencerlos” mediante fake-news de que era mejor irse de la UE.
El informe destaca que Alexander Nix, el CEO de la compañía, admitió que habían realizado acciones similares en unas 200 elecciones de todo el mundo, incluido Brasil y EEUU y México. Sobre Argentina, dijo que habían trabajado contra el gobierno de Cristina Fernández, aunque no reveló quién había pagado los gastos. Como informó este diario ese año, Nix suele visitar Argentina, donde juega polo con los hermanos Nicolás y Lucas Talamoni.
Se aseguraba que Joe Biden elegiría a una mujer para compañera de fórmula. En tiempos en que las cuestiones de género tienen preponderancia, sería la fórmula ideal para los que tejen estrategias en los escritorios del partido demócrata. Y los nombres comenzaron a sonar con insistencia. Elisabeth Warren era la preferida de los sectores inclinados a la izquierda que se quedaron con ganas de votar a Bernie Sanders cuando se bajó de la contienda en abril pasado. Pero el establishment del partido demócrata no aceptaba a alguien que pudiera torcer la balanza de semejante modo, a pesar de que la senadora por Massachusetts no pasaría de ser una tímida progresista en esta parte del mundo. Luego del asesinato de George Floyd, además de mujer, la compañera de fórmula debía ser negra. Y el personaje ideal para esa función resultó ser la ex fiscal General y actual senadora por California, Kamala Harris.
Entre las virtudes adicionales de esta hija de un jamaiquino y una india tamil, está su edad, 56 años. Biden, a los 77, es el más viejo de los contendientes que en noviembre se disputarán la presidencia y además, tiene la salud bastante menguada como para que los malpensados teman por su fortaleza para enfrentar la situación que atraviesa el país. Donald Trump, que va por la reelección, tiene 74 años pero se lo suele ver rozagante. Su punto en contra es el manejo de la pandemia y su enfrentamiento con lo que llama «el estado profundo», sectores entre los que se cuentan los funcionarios del Departamento de Estado, de las agencias de inteligencia, el Pentágono y también el aparato industrial militar y los medios hegemónicos.
Harris, además, en su paso por la justicia es recordada como esos funcionarios que se pasan de estrictos. Al mismo tiempo, es considerada una defensora de los afrodescendientes y de los más pobres, en un estado que suele votar a los demócratas, tiene un perfil políticamente liberal y donde ella llegó a ser Fiscal General entre 2011 y 2017 para de allí saltar a la cámara alta
«Tengo el gran honor de anunciar que elegí a @KamalaHarris, una combatiente intrépida a favor de los más débiles y una de las mejores servidoras que tiene este país», anunció Biden este martes.
Biden encabeza las encuestas para las elecciones del próximo 3 de noviembre, unos comicios marcados por la pandemia y la crisis económica que sufre Estados Unidos con un desempleo que supera el 10%.
Harris será la tercera candidata a la vicepresidencia en la historia de Estados Unidos, luego de la demócrata Geraldine Ferraro en 1984 y de la republicana Sarah Palin en 2008. Y lo es cuatro años después de que Hillary Clinton se convirtiera en la primera nominada a la presidencia. Ninguna de ellas llegó a la meta final.
Desde la campaña de Trump sacaron a relucir que durante las primarias, Harris fue la que con mayor dureza atacó a Biden, al que no dudó en calificar de racista. Pero se sabe que en todos lados se cuecen habas y ahora irán juntos para tratar de destronar al empresario inmobiliario.
No se equivocaba Mark Zuckerberg, el Ceo de Facebook, cuando hace un par de años dijo en una charla para sus íntimos colaboradores quizás tendría que subirse al ring y pelear contra una posible limitación a los gigantes tecnológicos. Solo erró en quien sería su contrincante. Esa vez hablaba contra la senadora Elizabeth Warren, que en su campaña para las primarias demócratas proponía aplicarles las leyes antitrust. Sucede que por una vez, aunque por motivos diversos, legisladores demócratas coincidieron con sus pares republicanos y hasta el presidente Donald Trump en la necesidad de poner freno al GAFAT, el selecto club que integran Google, Apple, Facebook, Amazon y Twitter. La incógnita pasa por saber hasta dónde están dispuestos a ir.
La novedad de esta semana fue que los popes de esas empresas, crecidas aceleradamente desde principios de siglo pero que dieron un salto explosivo gracias a la pandemia, tuvieron que desfilar ante el Congreso para dar explicaciones. Como en esas viejas películas de Hollywood, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai, y Tim Cook fueron interrogados en la comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes para rendir cuentas sobre las conclusiones de una investigación parlamentaria de un año sobre sus comportamientos.
“Los padres fundadores no se inclinaron ante un rey ni nosotros deberíamos inclinarnos ante los emperadores de la economía en internet”, les espetó el titular del comité, el demócrata David Cicilline. “Como guardianes de la economía digital, estas plataformas disfrutan del poder de elegir ganadores y perdedores para sacudir a las pequeñas empresas y enriquecerse mientras ahogan a la competencia”.
A su turno, se fueron defendiendo con argumentos que chocaron contra la solidez de los reclamos, lo que hizo trastabillar a más de uno. Fue una sesión virtual, por otro lado, que como castigo, se cortó varias veces por problemas de conexión.
Más allá de esos detalles, los demócratas cuestionan en líneas generales que las compañías abusan de su posición dominante para asfixiar cualquier vestigio de competencia y los republicanos que hacen negocios con firmas chinas y con tal de ganar dinero, no demuestran demasiado patriotismo.
Como para no perderse el show, Trump tuiteó que si el Congreso no tomaba alguna medida lo haría él a través de una orden ejecutiva (los DNU estadounidenses). Este viernes se anunció que el Departamento de Justicia abrió una investigación contra Alphabet, la “casa matriz” de Google, por prácticas monopólicas. La Comisión Federal Comercial, incluso, analiza las últimas adquisiciones de Facebook, como Instagram, una plataforma que, reconoció Zuckerberg, fue comprada con el objetivo de sacar a un rival peligroso del camino.
Estos últimos meses Trump está de punta contra la red del pajarito, que borró algunos de sus mensajes por considerarlos fake-new. El presidente amenazó con incluir a Twitter bajo las leyes de medios con el argumento sencillo pero incontrastable de que si eligen qué circula sobre su plataforma entonces editan y por lo tanto son un canal de informaciones. En su partido se quejan de que FB censura mensajes de sectores conservadores. Zuckerberg ya había comparecido en 2018 para explicar su negocio con Cambridge Analytica, la consultora que usaba datos para manipular elecciones en todo el mundo.
Que las tecnológicas alcanzaron un nivel desmesurado no es novedad. Según datos publicados por el sitio elordenmundial.com, hace diez años solo Microsoft figuraba entre las diez empresas más grandes de EEUU, las dos primeras eran Exxon Mobil y Petro China, seguidas por P&G, la fabricante de bienes de consumo. Ahora, copan esos lugares Apple, Google, Amazon y Alibaba, la competidora china del gigante estadounidense.
El dueño de Amazon, Jeff Bezos, también propietario del diario The Washington Post, alegó: “Me encantan los emprendedores de garaje, yo era uno. Pero al igual que el mundo necesita pequeñas empresas, también necesita grandes”. Recibió loas de los defensores del libre mercado, incluso en Argentina. No así de la demócrata Pramila Jayapal, quien cuestionó que la firma, de acuerdo a la investigación, había usado datos de empresas que vendían a través de esa plataforma para diseñar sus propios productos similares.
La crítica contra el indio Sundar Pichai, CEO de Google desde 2015, fue que el buscador deja entrar a todos, pero como si fuera una suerte de mafia, no deja salir nada. “Nuestros documentos muestran que Google evolucionó de un torniquete al resto de la web, a un jardín amurallado que mantiene cada vez más a los usuarios dentro de sus sitios”, le dijo Cicilline. El palo contra Tim Cook, de Apple, fue que la aplicación App Store “inventa reglas en el camino y luego las interpreta arbitrariamente para beneficiar a sus productos”.
El antecedente más recordado de aplicación de la ley antitrust data de 1911, cuando la Standard Oil Company fue desmembrada por orden de la Corte Suprema, que entendió que violaba los términos de la Ley Sherman Antitrust, de 1890. El holding se dividió en 34 empresas independientes, una de ellas la Standard Oil de Nueva Jersey, luego Esso y finalmente Exxon; otra fue la Standard Oil Company de Nueva York, que se transformaría en Mobil. Las picardías de Donald
Donald Trump no se cansa de mostrarse impredecible y hasta se podría decir que disfruta de ese rol de chico rebelde para la política de Estados Unidos. En todo caso, queda claro que sabe manejar a los medios, no por nada fue por ocho años el conductor de un reality show, El Aprendiz, donde un aspirante entre 18 ganaba un contrato para dirigir una de sus empresas. A esas artes apeló este jueves cuando tres horas después de que el Departamento de Comercio anunciara una caída en la economía en el segundo trimestre del 32,9% lanzó una bomba: habría que aplazar las elecciones de noviembre porque la pandemia obligaría a ejercer el voto por correo, lo que permitiría un colosal fraude.
Se trata del mayor desplome desde 1947, tras la guerra mundial, a pesar de que no hubo una cuarentena estricta precisamente para no dañar la actividad económica. La polémica por el voto barrió debajo de la alfombra a la colosal debacle en el principal eje para la campaña presidencial, como es la recuperación de Estados Unidos como potencia mundial.
El argumento de Trump no es del todo descabellado: actualmente casi un cuarto de los votantes envía el sufragio adelantado, una práctica que se fue extendiendo ante la dificultad para sufragar en ese país. Se vota el martes posterior al primer lunes de noviembre. Es una particularidad propia de una sociedad de raigambre religiosa que aprobó esa ley -inmutable hasta ahora- en 1845. No se votaría un domingo porque es el día consagrado al Señor, y no era sencillo viajar en épocas de tormentas, de modo que un lunes podría no ser prudente.
Para una sociedad de patrones de estancia o profesionales independientes un martes es una buena opción, pero no para asalariados, que además de registrarse para ejercer su derecho, deben faltar a sus trabajos. Es así que normalmente no vota mucho más del 50% de los ciudadanos habilitados.
Trump alega que el voto por correo no garantiza que no colapse el sistema o que alguien meta la mano en el conteo. Los argumentos en su contra fueron que ni siquiera en tiempos de la guerra civil o de las guerras mundiales se pospuso un comicio. De lo que nadie quisiera hablar es del fraude en contra de Al Gore en las elecciones de 2000, cuando la Corte Suprema tardó 36 días en reconocer el triunfo del republicano George W. Bush a pesar de las impugnaciones de los demócratas porque en el estado de Florida habían votado algunos ciudadanos fallecidos. Trump quizás tema sinceramente una estocada con algunos fallecidos acudan a la oficina de correo a votar.
La confirmación de que la decana de la Corte Suprema de Justicia de EEUU está siendo tratada nuevamente por un cáncer aceleró una sorda pelea dentro del partido republicano por garantizarse una mayoría de la más rancia derecha y super leal en el máximo tribunal federal. Donald Trump trata de armar una lista de candidatos que no terminen por traicionarlo, como cree que hicieron los dos que pudo nombrar desde que llegó a la Casa Blanca. Que parecían suficientemente retrógrados y sin embargo le vienen fallando en contra en temas muy sensibles para sus votantes, como el aborto y la protección de las minorías LGBTQ. En lo personal, el presidente no les perdona que hayan dictaminado que debe mostrar sus declaraciones de impuestos, como cualquier ciudadano común, y que el cargo no le permite ocultarlos a la vista del público.
Trump ganó los favores del establishment del partido Republicano con la promesa de que pondría en la CSJ a jueces de reconocido perfil conservador. La base electoral que logró juntar el mandatario en 2016 tiene un fuerte componente de ciudadanos de tendencia religiosa que naturalmente están en contra del aborto, reconocido como legal por la corte desde un famoso fallo de 1973 que sentó jurisprudencia, el caso Roe v. Wade. Esto permitió zanjar un tema muy delicado en ese país, ya que no hay una ley federal que permita la interrupción del embarazo. Por el retiro de Anthony Kennedy, en julio de 2018 y luego de una trabajosa negociación en el Senado, Trump pudo designar finalmente a Brett Kavanaugh, que tenía un perfil de antiabortista en su trayectoria como juez de distrito. El pasado persigue al candidato.
Un año antes había podido nominar a otro conservador, Neil Gorsuch, en reemplazo de Antonin Scalia, que había muerto en 2016. Esa vez el presidente en ejercicio era Barack Obama pero los republicanos bloquearon cualquier nominación bajo el argumento de que se le vencía el mandato y correspondía esa potestad a su sucesor. Un ultraconservador resistido.
Normalmente el tribunal mantiene un tenso equilibrio entre liberales y conservadores, la vieja disputa entre garantistas y punitivistas. Como son nueve integrantes y por cuestiones de edad cada presidente tiene ocasión de designar a al menos uno durante su gestión, la CSJ pasa de 5 a 4 con mucha facilidad hacia un lado u otro. Con Trump, los liberales perdieron terreno. En estos dos años la balanza computó a Kavanaugh, Gorsuch, al actual presidente del tribunal, John Roberts, a Clarence Thomas y a Samuel Alito en el banco de la derecha. Quedaban del otro lado Ruth Bader Gisnburg y Stephen Breyer, nombrados por Bill Clinton en 1993 y 1994 respectivamente, y Sonia Sotiomayor y Elena Kagan, que asumieron en tiempos de Obama. Pero hubo varias sorpresas que dejaron trastabillando a Trump. Un golpe fuerte fue cuando el voto de Robert resultó crucial para impedir que el gobierno pusiera fin al Programa de Acción Diferida para los inmigrantes llegados en la infancia, conocida por sus siglas DACA, una normativa que permitió por décadas que jóvenes indocumentados pudieran permanecer en el país sin ser deportados.
A principios de julio, Trump recibió otros dos mandobles. En un fallo histórico la SCJ invalidó una ley de Luisiana que habría obligado a cerrar las clínicas de aborto. Ya había determinado que es ilegal despedir a una persona por su identidad de género. Gorsuch, que llegó al Palacio de Justicia con la anuencia fervorosa de los grupos evangélicos más fanatizados, dijo en su dictamen que el Título VII de la Ley de Derechos Civiles impide cualquier tipo de discriminación laboral, lo que incluye a la comunidad LGBTQ, que celebró como un triunfo este fallo inesperado. Trump salió a despotricar en las redes sobre lo que llamó una “traición” de los jueces por él designados. Prometió entonces, para ganar el favor del partido ante las próximas elecciones – cuando muchos ya anunciaron que no lo votarán por el cariz que tomó su gobierno- que elaborará una lista de candidatos que se comprometan verbalmente a defender esos valores que tanto sirven para ganar votos en algunos sectores sociales.
No se privaron de cantarle cuatro frescas los republicanos más extremos. Entre ellos figura Josh Hawley, senador por Missouri, que declaró al Washington Post que solo votará a candidatos a la Corte que se hayan pronunciado decididamente en contra del aborto. “No quiero garantías privadas de los candidatos. No quiero escuchar sus opiniones personales, de una forma u otra. No estoy buscando pronósticos sobre cómo votarán en el futuro o predicciones. No quiero nada de eso. Quiero ver, como parte de su registro, que han reconocido en algún foro que Roe vs Wade, como un asunto legal, se ha decidido erróneamente”. Pero todavía los supremos le tenían deparada una sorpresa que consumaron hace unos días, cuando determinaron que el presidente debe entregar sus declaraciones de impuestos como cualquier mortal dentro de Estados Unidos. El magnate se venía negando al requerimiento de un fiscal de Nueva York que le reclama su planilla de aportes a la agencia impositiva.
Los abogados de Trump alegaban que como mandatario tiene inmunidad. «Hace doscientos años, nuestro tribunal estableció que ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber común de presentar pruebas cuando se le solicita en un proceso penal», señala el fallo, aprobado por 7 votos a 2.
Mientras los allegados a Trump se desviven por demostrar que la lista “blanca” no superará las 25 personas e incluso debaten si no convendrá que sean menos, la expectativa crece luego de que se supiera que la jueza Ruth Bader GInsburg, de 87 años, hace un par de meses se viene sometiendo a un tratamiento de quimioterapia por un cáncer al hígado. Reconocida liberal, defendió históricamente los derechos de género y es una suerte de símbolo de defensa de derechos ciudadanos. Eso aviva las esperanzas de que la jueza deba retirarse por enfermedad -no vivarían al cáncer porque por allá esas cosas no se dicen- para colocar a un conservador de pura raza que no le haga asco a ir contra la corriente. Pero va a resultar difícil controvertir el propio argumento de los republicanos hace cuatro años. Son sus últimos meses en la Casa Blanca, corresponde que envíe el pliego el que gane en noviembre.
En cuanto a sus asuntos impositivos, puede decirse que la SCJ le hizo precio: no lo obligó a enviar sus reportes a la IRS (la AFIP estadounidense) sino a una instancia judicial anterior, que es la que reclamaba. El fiscal a cargo de la investigación es Cyrus Vance Junior, hijo de Cyrus Vance Senior, que fuera secretario de Estado de Jimmy Carter y en ese carácter viajó a Buenos Aires para exigirle respuestas al dictador Jorge Videla sobre las denuncias por desapariciones de personas.
Vance Jr. quiere saber si con fondos de su campaña electoral de 2016 se pagó el silencio de dos mujeres que habrian tenido relaciones sexuales con él y habían sacado el caso a la luz, la actriz porno Stormy Daniels y la ex modelo de Playboy Karen McDougal. Trump sabe que el fiscal es del ala liberal de la justicia, lo sabe cercano a los demócratas y sostiene que lo persigue en el marco de la campaña electoral. Nadie en ese país, sin embargo, espera que la planilla de impuestos sea presentada antes de noviembre, cuando podría hacer daño. Sus abogados son duchos en patear la pelota afuera de la cancha y no les temblará el pulso para encontrar la forma de ganar tiempo a como dé lugar.
Nadie en ese país, sin embargo, espera que la planilla de impuestos sea presentada antes de noviembre, cuando podría hacer daño. Sus abogados son duchos en patear la pelota afuera de la cancha y no les temblará el pulso para encontrar la forma de ganar tiempo a como dé lugar.
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