Un mito nacido en los años 60 sin demasiado sustento científico pero de riguroso cumplimiento empírico dice que quien gane Ohio, gana la presidencia de Estados Unidos. Ese estado del Cinturón de Óxido, la región del noreste estadounidense con mayor desarrollo histórico de la industria, suele ser un termómetro del clima de la población sobre sus dirigentes. También es una región altamente golpeada por décadas a medida que muchas industrias de deslocalizaban hacia China y las armadurías del norte de México. Solía tener el corazoncito inclinado hacia los demócratas pero en 2016 se volcaron a los republicanos con la agresiva campaña del America First y el foco puesto en los mexicanos que les robaban su trabajo.
Donald Trump ganó allí por 51,3% a 43,2 de Hillary Clinton y se llevó los 18 electores. Ahora ganaba mucho más cómodo -53,4 a 45,2%- lo que auguraba cuatro años más del excéntrico empresario en la Casa Blanca. En otro estado simbólicamente clave como Florida, donde Trump obtuvo un millón más votos que hace cuatro años y superaba por el 51% a casi 48% a Joe Biden. En 2016 el resultado había sido 49,1% a 47,7. Los 29 electores iban para el actual inquilino de la Casa Blanca.
No necesitó mucho más Donald Trump para autoproclamarse ganador de las elecciones durante la madrugada, pese a que el conteo sigue en marcha y que otros estados claves todavía no daban resultados definitivos. «Francamente, nosotros ganamos esta elección», dijo en una rueda de prensa desde la Casa Blanca. El mandatario denunció «fraude» y aseguró que acudirá a la Corte Suprema, que desde la semana pasada cuenta con una mayoría conservadora de 6 a 3 tras nominar a Amy Coney Barrett.
«Queremos que todas las votaciones paren», dijo luego el presidente, en una velada referencia a los votos por correo, desde hace meses su mayor preocupación para este 3N. Es que en algunos estados esos votos son válidos incluso si llegan varios días después de este martes a condición de que hayan sido enviados antes del cierre del comicio.
La pandemia del coronavirus -un tema espinoso que Trump trató de minimizar desde el primer día- hizo que cerca de 100 millones de personas eligieran votar antes, para evitar aglomeraciones. De esa cifra récord, unos 35 millones fueron a los centros de votación y 65 millones emitieron el voto por correo.
Las encuestas afirman que los votantes demócratas son más proclives a utilizar el voto por correo que los republicanos. Y como se vio en los últimos actos de campaña, los republicanos son menos propensos a cuidarse de los contagios.
«No queremos que encuentren ninguna papeleta a las cuatro de la mañana y que la sumen», se quejó Trump, lo que presagia las peores tormentas políticas, en vista de que muchos grupos armados desfilaron en varios distritos desde días previos. Estos grupos incluso fueron alentados por el presidente.
A las 4,20 hora argentina, Trump se autodenominó triunfador. «En lo que a mí respecta nosotros ya ganamos», afirmó el mandatario destacando sus victorias en Florida, Texas y Ohio. Sumo en esta lista a otros estados donde no hay resultado definitivo, como Georgia, Carolina del Norte, Alaska, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.
«Es una mala decisión estratégica. Es una mala decisión política», la retrucó un dirigente de su propio partido, Chris Christie.
Desde la campaña de Biden consideraron «indignantes» y «sin precedentes» las declaraciones de Trump sobre frenar el recuento de votos y aseguró que el equipo legal «está listo para actuar» ante cualquier intento de resolver los comicios por la vía judicial.
«Trump no decide el resultado de esta elección. Biden no decide el resultado de esta elección. Es el pueblo estadounidense el que decide el resultado. El proceso democrático debe seguir y continuará hasta que finalice», señalaron en un comunicado.
El intrincado sistema electoral de EEUU obliga a que se necesiten 270 votos en el Colegio Electoral, de un total de 538. Salvo Maine y Nebraska, en el resto del país el que gana la mayoría, aunque sea por un voto, se queda con todos los electores.
A esa altura, para Joe Biden se computaban 238 votos electorales y 67.675.455 “votos populares” (49,84%) mientras que Trump obtenía 213 electores y 65.923.217 votes sufragios en urna (48,54%), casi dos millones menos. Hace cuatro años, Hillary Clinton tuvo tres millones de votos más que su oponente, aunque perdió en el colegio electoral.
Este martes comenzará a develarse el futuro de la por ahora primera potencia mundial. Pero salvo un triunfo demoledor de Joe Biden -que no está en los cálculos de nadie- no es fácil predecir cuándo se sabrá quién ocupará la Casa Blanca durante los próximos cuatro años. Por lo que es de temer que el actual presidente embarre la cancha si el resultado viene reñido. O que el conteo final en algunos distritos se demore, dando paso a que bandas supremacistas armadas busquen inclinar la balanza a lo bruto en favor de Donald Trump. En un clima altamente sensible por los últimos estallidos raciales, no son pocos los que prevén escenarios como para una guerra civil.
Esta situación es vista con preocupación en el resto del mundo. Para los habitantes del sur del continente, sin embargo, difícilmente un triunfo de republicanos o demócratas signifique una diferencia tan grande. A pesar de lo cual, tanto para Trump como para su desafiante, el voto latino sí interesa. A tal punto que uno de los estados clave, donde se jugará gran parte del comicio, será Florida, donde en 2000 los republicanos metieron la mano en las urnas para conseguir al cabo de 40 días de pujas, el triunfo de George W. Bush por 537 votos y llevarse los 29 electores estaduales.
En Miami, más precisamente, viven dos comunidades determinantes en las presidenciales: cubanos y venezolanos. Ni bien Trump asumió, clausuró el acercamiento impulsado por Barack Obama en diciembre de 2014 con Raúl Castro. Obama reanudó relaciones tras reconocer que la política de aislamiento iniciada con la expulsión de la OEA en 1962 había sido un fracaso que, paradójicamente, había aislado a EEUU de la región. No puso fin al bloqueo económico, por lo que desde 2016 Trump pudo profundizar las sanciones más que antes, para satisfacción de los más reacios a arreglar con el gobierno de la revolución.
Es curioso cómo los conservadores lograron torcer una tendencia que había visto Obama. En todas las encuestas de entonces, los cubano-estadounidenses más jóvenes apoyaban la apertura, ya que eso les permitía un mayor acercamiento a las familias que quedaron en la isla y además, daba pie a relaciones comerciales beneficiosas con Cuba. No es esa la línea de dos halcones republicanos como los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, o del nuevo titular del BID, Mauricio Claver Carone, ciertamente.
Pero al mismo tiempo que abría las puertas a Cuba, Obama puso la mira en el gobierno bolivariano. Tal vez para compensar, en marzo de 2015 emitió un decreto ejecutivo (DNU) que declaró una «emergencia nacional» al calificar a Venezuela como una amenaza «inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior” de EEUU. Trump llevó esta decisión al límite de expropiar bienes venezolanos, asfixiar al máximo su economía y promover una invasión militar mediante una alianza derechista regional.
Trump sabe cómo explotar esa tradicional paranoia del hombre blanco estadounidense. Basó su campaña del 2016 en denigrar a los migrantes mexicanos y con la promesa de erigir un muro a lo largo de la frontera para impedir que más latinoamericanos fueran a “robarles el trabajo y la seguridad” a los estadounidenses. Pero hay 32 millones de hispanos con derecho a voto, una cifra nada despreciable.
Ahora la estrategia pasó, primero, por una guerra comercial con Beijing. Luego culpó de la pandemia a los chinos, creadores del “virus de Wuhan”. Finalmente, el enemigo ya no fue un genérico nacional sino específicamente el Partido Comunista Chino. La amenaza ahora es el comunismo, y aunque resulte increíble, acusa al ex vicepresidente de Obama de ser “compañero de ruta” del socialismo. Eso sin dejar de recordar -en esto su contrincante contó con amplia cobertura mediática- que tanto Joe como su hijo Hunter Biden están hasta el cuello en un caso de corrupción con una empresa energética de Ucrania.
Esta semana ambos candidatos hicieron campaña en Florida. “Estoy con el orgulloso pueblo de Cuba, Nicaragua y Venezuela en su justa lucha por la libertad”, se despachó el presidente, que acusó a la administración Obama de haber negociado “el terrible acuerdo Obama-Biden-Santos con los carteles de la droga colombianos, rindiéndose a los narcoterroristas”. Como si esto fuera poco, dijo que Biden se reunió con Nicolás Maduro y quiere convertir a Florida en Cuba o Venezuela.
Biden replicó que Maduro es un dictador, como indica el manual de ciencias electorales. Pero agregó que Trump no era el mejor indicado para apuntar con el dedo acusador. “Mientras deportaba inmigrantes latinoamericanos, dejó que Rusia extendiera una presencia importante en La Habana”, argumentó, como en un discurso de la Guerra Fría. “Trump ni siquiera otorgará un gran estatus temporal a los venezolanos que huyen del régimen opresivo de Maduro, con quien sí me he reunido y les digo que es un matón”, respondió.
Pero más allá de la pirotecnia, en caso de llegar a la Casa Blanca, quizás Biden termine por agradecerle Trump por el trabajo sucio, en la región pero también en el mundo, para la persistencia del sistema imperial.
Voto a voto
Unos 232 millones de ciudadanos pueden votar, 86 millones lo hicieron en forma adelantada. Hay más plazo para votar por correo.
Impuestos
Trump, que redujo como nadie los impuestos a los millonarios, dice que si gana Biden la clase media deberá pagar mas impuestos.
Un debate crucial para la libertad de expresión y los controles sobre discursos de odio en las redes se desarrolla en el Senado de Estados Unidos, pero está tan teñido con el agrio aroma de la campaña electoral que quizás luego del próximo martes todo quede en el recuerdo. Mientras tanto, los CEOs de las principales plataformas de internet, Jack Dorsey de Twitter, Sundar Pichai de Google y Mark Zuckerberg de Facebook, comparecieron ante el Comité de Comercio de la cámara alta estadounidense y se escudaron en la ley que protege a esas empresas por el contenido publicado por terceros para responder las críticas de los legisladores.
A escasos seis días de un comicio clave para la reelección de Donald Trump, los republicanos, que componen la mayoría en esa sala, recriminaron por boca del titular del comité, Roger Wicker, senador por Mississippi, que esas plataformas se hayan convertido “en un poderoso árbitro de la verdad y el contenido al que los usuarios pueden acceder”.
Más aún, cuestionó a Twitter que “dictadores extranjeros publiquen su propaganda sin restricciones, mientras usted limita sistemáticamente al presidente de Estados Unidos”. Y resaltó que el público suele estar mal informado “sobre el proceso de toma de decisiones cuando el contenido es moderado y los usuarios tienen pocos recursos cuando son censurados o restringidos»-
El presidente estadounidense viene cuestionando precisamente que muchos de sus mensajes en la principal fuente de contacto con su público hayan sido censurados. Su argumento es que si tienen la facultad de decidir qué se puede difundir y qué no.
Es así que Trump se queja de que le hayan bloqueado tuits donde revela maniobras que bien deberían considerarse corruptas del hijo de su oponente, Joe Biden.
Media and Big Tech are not covering Biden Corruption!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2020
Y no oculta su intención de poner coto a las redes, aunque al menos hasta ahora no lo pudo conseguir.
Paralelamente, el discurso de odio que se difunde a través de las redes sociales alarma a los bien pensantes de todo el mundo y llevó a que desde la Unión Europea se plantearan investigar a esas mismas plataformas que ahora los republicanos quieren poner contra las cuerdas. Cierto que todo esto salió a la luz luego de haberse conocido el programa de manipulación creado por la empresa Cambridge Analityca.
Dorsey, el gerente general de Twitter, le respondió a Wicker que la red del pajarito responde todo lo rápido que puede para moderar contenidos que se consideran inapropiados. Su colega de Google, el indio Pichai trajo a colación la sección 230 de la ley vigente a la que describió como «un acto fundacional del liderazgo estadounidense en el campo de la tecnología» y alertó sobre las consecuencias de un cambio en esa normativa para las empresas pero también para los particulares.
Los republicanos quieren modificar ese aspecto de la ley porque aducen que las firmas arbitrariamente bloquean contenidos conservadores en las redes. Lo cual sienten que perjudica a Trump en esta elección, sin embargo esos mismos contenidos lograron en otros lugares del mundo el triunfo de candidatos xenófobos y retrógrados.
Zuckerberg, a su turno, no objetó la posibilidad de cambiar la ley, pero que las empresas podrían censurar para evitar riesgos legales. El fundador de Facebook señaló que ve como más correcto “actualizar la ley para asegurarse de que funcione como está previsto”.
La sección 230 de Ley de Decencia en las Comunicaciones fue creada en 1996 a nivel federal para protege a las compañías de internet de responsabilidades legales. “Ningún proveedor o usuario de un servicio de ordenadores interactivo deberá ser tratado como el publicador o emisor de ninguna información de otro proveedor de contenido informativo”, especifica. Esto es, que ninguna empresa de Silicon Valley puede ser penalizada por un contenido racista o que implique la comisión de un delito.
Convocado como experto en la cuestión, Ashkhen Kazaryan, responsable de libertades civiles en la ONG TechFreedom, indicó que la normativa vigente “es una ley crucial que creó internet tal y como lo conocemos. Todo el mundo depende de ella, desde los pequeños blogs a las grandes plataformas».
Y alertó que una posible modificación implicaría mayores costos legales y administrativos para las plataformas que a la larga terminarían por fortalecer a los pesos pesados de internet. «Solo las grandes plataformas pueden hacer esto. Las otras acabarán siendo demandadas y sacadas fuera del sistema», explicó.
Es un dilema al que se enfrentan las sociedades en la actualidad.
«Las grandes empresas tecnológicas han estirado su escudo de responsabilidad más allá de sus límites y el debate público está sufriendo por ello», aseguró la senadora Marsha Blackburn.
«Deberían tener cuidado con lo que quieren, porque sin la Sección 230 todos estos racistas, homófobos, xenófobos e islamófobos serían expulsados de las plataformas», dijo Hany Farid, especialista en plataformas de la Universidad de Berkeley, para agregar luego «en YouTube (perteneciente a Google), el 70% de los videos vistos son ‘recomendados’. Entonces estas plataformas son editores, no solo anfitriones, ya que ellos deciden, con sus algoritmos, qué contenido ves».
El tema del monopolio en las redes fue una de las inquietudes de la senadora Elisabeth Warren, precandidata demócrata a las presidenciales. Pero también para organizaciones de derechos humanos.
Que demócratas y republicanos lo vean como un tema preocupante puede significar que finalmente sea tratado de un modo más serio. Pero los intereses son muchos y muy poderosos.
Donald Trump se salió con la suya. A una semana de las elecciones presidenciales logró nominar a una jueza de la Corte Suprema que le garantiza a los republicanos varias décadas de supremacía conservadora en el máximo tribunal de justicia de Estados Unidos. A corto plazo, le cuidará las espaldas en caso de que el conteo de votos venga ajustado, mientras que a mediano término, es la figura que podría terminar con el plan de salud de su antecesor, el Obamacare, y con el fallo que permite el aborto legal en el país.
Fue un nombramiento controvertido ya que los demócratas no terminan de digerir que en un año electoral el primer mandatario haya colocado a una “cortesana” super conservadora, cuando a Barack Obama en 2016 le rechazaron a uno -liberal- argumentando que esa designación le correspondía al que ganara el comicio.
Tan malheridos quedaron que ya circulan proyectos de ley para que en caso de ganar Joe Biden el 3 de noviembre, se aumente el número de integrantes de la Corte, cosa de equilibrar tanto desbalance hacia una interpretación de las leyes estadounidenses por demás retrógrada, como promete ser la camada que se inicia este martes.
Sobre las necesidades de Trump, conviene recordar que el actual inquilino de la Casa Blanca viene denunciando fraude para impedirle la reelección. Centralizó sus denuncias -más bien sospechas, por ahora sin fundamento- en que con la pandemia era de esperarse que muchos ciudadanos adelantaran el voto por correo y que ese sistema no le daba garantías de transparencia. Hasta ahora cerca de 60 millones ya emitieron el sufragio, cuando aun falta una semana para el voto presencial.
Sobre la transparencia electoral hay que remontarse al año 2000. La votación del 7 de noviembre de ese año fue muy pareja en casi todos los distritos entre el republicano George W. Bush y el demócrata Al Gore, que era vicepresidente de Bill Clinton. Venían con 246 electores para Bush y 255 para Gore, lo que reflejaba la diferencia de apoyos en las urnas, más de medio millón de sufragios a favor del demócrata. Erean necesarios 270 apoyos y faltaban sumar los 25 electores de Florida, uno de los estados donde el que gana, aunque sea por un voto, se lleva todos los delegados para el colegio electoral nacional.
Ahí sí que hubo fraude. Contabilizaron votos de personas fallecidas, urnas desaparecidas y todas las artimañas usuales en muchos lugares del mundo. La controversia fue mayúscula y los demócratas pidieron un conteo manual. Ante la imposibilidad de resolver la cuestión forma pacífica, el caso terminó en la Corte Suprema. Que le dio la razón a los republicanos en un fallo muy disputado recién el 13 de diciembre. Gore aceptó de mala gana luego de que los popes del partido le dijeran que demorar mas de un mes un resultado en la principal potencia mundial sobrepasaba todo límite. La nueva jueza puede ser garantía de que los republicanos no tendrían que esperar tanto para aprobar o rechazar un resultado con el apoyo del supremo tribunal.
En cuanto a el otro desvelo de Trump, el aborto, si bien había logrado designar a otros dos jueces conservadores, tuvo un “desengaño” en julio pasado cuando el voto decisivo de Neil Gorsuch la Corte invalidó una ley de Luisiana que habría obligado a cerrar las clínicas de aborto. Trump había nombrado a Gorsuch y a Brett Kavanaugh.
En Estados Unidos no hay una ley que permita la interrupción del embarazo. Desde 1973 un fallo del tribunal de la época, el caso conocido como Roe v. Wade, impide penalizar el aborto amparado en el derecho a la mujer a la privacidad. Desde entonces hubo decenas de intentos de los sectores ligados a las iglesias católica y las distintas ramas evangélicas, de dictar un fallo en contrario. Pero siempre hubo un relativo equilibrio entre liberales y conservadores dentro de la Corte que dejó las cosas como están. Hasta que a la llegada de Trump al poder, murieron dos jueces y otro se retiró, con lo que quedaron tres bancas libres para torcer ese equilibrio histórico.
La muerte el mes pasado de la jueza Ruth Bader Ginsburg, a los 87 años, fue el momento esperado por Trump. Militante de los derechos de la mujer y de las libertades individuales, se sabía que estaba luchando contra un cáncer y el presidente ya tenía en mente a su reemplazante.
Nacida en Nueva Orleans en 1972, Amy Coney Barrett había sido designada jueza de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito por el mismo Trump en 2017. Católica militante, miembro de grupos más conservadores dentro de la iglesia de Roma, se graduó en la Universidad de Notre Dame con todos los honores. Así, logró ingresar en la selecta Sociedad Phi Beta Kappa.
Fundada en 1776 en el Colegio de William y Mary, de Virginia, como una sociedad secreta bajo las iniciales de Φιλοσοφία Βίου Κυβερνήτης (Philosophía Biou Kubernetes, la filosofía gobierna la vida), tiene como objetivo expreso la defensa de los grandes valores liberales de la humanidad a través de las ciencias y las artes.
La institución se jacta de haber tenido entre sus miembros a 17 presidentes, 42 jueces supremos y más de 150 premios Nobel. Para ingresar hay que tener promedios universitarios equiparables a un 10 para nuestros parámetros. Bill Clinton, George Bush padre, Jimmy Carter, Franklin Roosevelt figuran en ese listado. De la actual Corte, solo dos integrantes no son Phu Beta Kappa: Brett Kavanaugh y Clarence Thomas. Pero también hay empresarios como Jeff Bezos, dueño de Amazon y del Washington Post, la actriz Glenn Close y la escritora Susan Sontag. No están los últimos tres presidentes ni el actual desafiante al cargo.
Coney Barrett trabajó desde muy joven con jueces de renombre, como el camarista Laurence Silberman y el cortesano Antony Scalia, el ultraconservador que murió en febrero de 2016. Obama intentó entonces nombrar a un liberal, Merrick Garland. Pero los republicanos, con mayoría en el Senado, adujeron que debía designarlo el futuro presidente. De más está decir que ahora los demócratas están indignados porque en año electoral y a una semana del comicio, los republicanos dan un giro de 180 grados en sus argumentos.
La nueva ministra del máximo tribunal se presenta con un “fuerte compromiso con la posición de la Iglesia Católica sobre temas de vida” y es partidaria de una interpretación originalista de la Constitución. Es una tesis a la que adscribía Scalia -para cuyo estudio la jueza obtuvo una beca de investigación universitaria- y que sostiene que la Carta Magna debe interpretarse en el sentido que le dieron los redactores, fijo e inamovible. Nada de interpretaciones modernosas.
La jueza suprema tiene 7 hijos, dos de ellos adoptados, con Jesse Barrett, a quien conoció en la universidad. Barrett fue secretario del fiscal del Distrito Norte de Indiana hasta 2019, cuando regresó a la actividad privada en un estudio de abogados de ese mismo estado, donde representa a compañías e individuos particulares en controversias comerciales y financieras.
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