A pesar de las amenazas del poder judicial, que declaró ilegal a la huelga de trabajadores de Petrobras, que ya lleva 18 días, el sindicato que los nuclea, la Federación Única de Petroleros de Brasil (FUP), dobló la apuesta y además de ratificar la medida de fuerza por tiempo indefinido, hará una gran marcha a la sede de la empresa semi estatal en Río de Janeiro.
Unos 21.000 trabajadores de 121 plantas de Petrobras podrían ser despedidos con causa luego de que el Tribunal Supremo del Trabajo (TST) considerara que el paro tiene “motivaciones políticas y no respeta la ley del derecho de huelga y las órdenes judiciales”.
La respuesta del gremio, a través del director de la FUP, Deyvid Bacelar, fue que el dictamen comunicado por el ministro del TST Ives Gandra “es inconstitucional y lo vamos a cuestionar”. Mientras tanto, al rechazo de la política neoliberal del gobierno en relación con la petrolera de bandera se sumaron los camioneros afiliados a Asociación Nacional de Transportes de Brasil (ANTB) y de la Asociación Brasileña de Conductores de Vehículos Automotores (Abrava), que este miércoles cesarán y plantean un bloqueo de rutas contra la política de precios de combustibles.
La huelga petrolera se inició tras los despidos en masa por el cierre de la planta de fertilizantes Fafen de Araucaria, en el estado de Paraná. Para los trabajadores se trata de una nueva escalada en el proceso de privatización de Petrobras que se inició con la llegada de Jair Bolsonaro al gobierno. (Ver acá).
Por un lado, rechazan el plan ultraneoliberal del ministro de Economía, Paulo Guedes, por lo que implica para la soberanía energética del país. Pero además, porque el gobierno fue equiparando el precio que se paga por los combustibles y el gas a los valores internacionales, siendo que los costos de producción interna son mucho menores.
Es así que paralelamente al cese de actividades en las plantas más importantes del país, abrieron un servicio de venta de garrafas a precios subsidiados por el sindicato con el argumento de que la población de menores recursos no tiene por qué pagar esos precios exorbitantes.
Los trabajadores aclaran que entre los derivados del petróleo hay unos 300 subproductos entre los cuales están los que se elaboran en la planta de Fafen. “Con el cierre de esa fábrica -señala Gerson Castellano, uno de los directores del gremio y funcionario en Fafen- los ganaderos tendrán que importar urea, lo que encarecerá la carne para el mercado brasileiro o. lo más probable, pasarán a usar urea agrícola, que contiene formol. Eso tendrá consecuencias funestas para a salud del pueblo brasileño y para la exportación. ¿Quién querrá consumir carne con formol?”.
La huelga, una verdadera parada contra la política del gobierno de Bolsonaro -que a decir verdad no es sino una continuación aunque más brutal- de la que inició Michel Temer tras la destitución de Dilma Rousseff, es también contra el desguace de Petrobrás, la empresa de bandera que había crecido a su máximo exponente cuando descubrió el yacimiento del Presal, bajo la superficie del mar, con reservas por 273 mil millones de barriles. La principal joya de la abuela brasileña está siendo despedazada de tal modo que según la FUP trabaja al 70% de su capacidad y el país volvió a importar combustible.
Para los camioneros, la política de Bolsonaro también es perjudicial porque están pagando el combustible a precios internacionales. Con el agregado de que el real, la moneda brasileña, se viene devaluando con relación al dólar a un ritmo que preocupa. De 3,68 reales por dólar cuando asumió Bolsonaro, ya esta en 4,34.
No es la primera huelga de camioneros y ya Temer tuvo que negociar con la soga al cuello para sofrenar una medida de fuerza que paralizó al país por 11 días en mayo de 2018. Esa vez creó una tabla de precios mínimos del flete para aquietar las aguas.
Los camioneros brasileños tienen varias entidades que los representan, según se trate de grandes empresas de transporte o pequeños propietarios de una unidad. El presidente de la ANTB, Jose Roberto Stringasci, declaró que el reclamo pasa por acordar una política de precios para el combustible. “Nosotros tenemos el petróleo y a Petrobras, no es posible más aceptar esos valores inadecuados en el surtidor». puntualizó.
Los transportistas exigen el fin del Precio de Paridad de Importación (PPI), que las refinerías pusieron en marcha desde 2016 y que equipara los importes de los combustibles en el mercado interno al valor en los mercados exteriores.
Si el gobierno de Dilma Rousseff comenzó a desplomarse lentamente a partir de las manifestaciones previas al Mundial de Fútbol de 2014, podría decirse que la debacle de Jair Bolsonaro ya está en marcha, a pesar de que todavía no pasó medio año de gestión. Esa sensación surge de las contundentes marchas en defensa de la educación pública que poblaron las calles de las principales ciudades brasileñas con un millón y medio de personas.
Eso, sumado a la catarata de denuncias contra Flavio Bolsonaro, el hijo senador del mandatario, al pobrísimo resultado económico del gobierno y la amenaza de mayores ataques a derechos adquiridos por la población –sin hablar del enfrentamiento con su vicepresidente, el general Hamilton Mourão– pintan un panorama oscuro para el ultraderechista que llegó al Planalto el 1º de enero pasado, tras la proscripción de Lula da Silva.
Este miércoles estudiantes y docentes de todas las universidades públicas salieron a expresar su firme rechazo a la política de ajustes que nacieron desde la cartera de Economía, a cargo del neoliberal Paulo Guedes, aunque se implementan desde el Ministerio de Educación.
Sorprendieron por su masividad pero por ser como la señal de alerta en el coloso sudamericano, poco habituado a las protestas ciudadanas. Y más aún porque son los primeros escarceos contra un gobierno recién asumido y que tuvo fuerte apoyo electoral el año pasado.
La Unión Nacional de Estudiantes de Brasil encabezó la manifestación luego de que se anunció el congelamiento de hasta un 30% del gasto universitario, alegando la «precaria situación fiscal del gobierno». Sólo en San Pablo se estimó que había medio millón de personas protestando contra una política que atenta contra la democratización de la enseñanza. Porque entre los planes que pierden presupuesto están los de integración por cuotas para minorías raciales.
Para el exrector de la Universidad Federal de Río de Janeiro, Nelson Maculan, «es la primera vez que los brasileños empiezan a pensar que la educación pública es algo importante». En una entrevista con la AFP, el matemático de 76 años, que fue funcionario del Ministerio de Educación en el primer mandato de Lula, lamentó que la política de recortes lleve a que muchos jóvenes piensen en irse del país.
Es que el ajuste también impacta en la investigación científico-técnica que se viene llevando a cabo en instituciones terciarias de Brasil y que recibió un fuerte impulso durante los gobiernos del PT, que aspiraban a elevar al país a la categoría de potencia mundial.
La respuesta de Bolsonaro ante las protestas fue otra joya de su acervo. Primero llamó «idiotas útiles» a los estudiantes. Luego, firmó un decreto, el 9794, que a pesar de que determina que desde la Secretaría de Gobierno se pueden vetar nombramientos de agencias reguladoras, organismos autárquicos y todos los cargos en el exterior, incluyendo embajadores y las cabezas del Banco Central, apunta a las designaciones en los centros de estudios, con lo cual echa por tierra con la autonomía universitaria. Para el que fuera candidato del PT a la presidencia, Fernando Haddad, es una represalia de Bolsonaro y reclamó que la dirigencia tome en cuenta el plan del gobierno contra el sistema educativo.
El nuevo ministro de Educación, Abraham Weintraub –quien reemplazó el 8 de abril a Ricardo Vélez Rodríguez– llegó a declarar que la autonomía no es soberanía, y que la policía tiene derecho a entrar en las sedes universitarias. Además, anunció el bloqueo de las cuentas de las instituciones que se opongan al gobierno. «Las universidades que, en lugar de tratar de lograr la mejor forma académica, sólo están haciendo un caos, tendrán su recortes presupuestarios», señaló. Desde las calles, las pancartas respondían «el gobierno hace caos. Las universidades públicas hacen ciencia». Pero también se escuchaba: «La educación no es mercancía».
Otros frentes
El otro frente abierto contra Bolsonaro es a través de uno de sus hijos. Los Bolsonaro son una suerte de clan, cada cual más agresivo y brutal, sobre todo en las redes sociales. Flavio es senador por Río y aparece involucrado en maniobras de lavado de dinero a través de cuentas de su chofer, Fabricio Queiroz. Pero también por esta vía resulta relacionado con los asesinos de la concejal carioca Marielle Franco y de Anderson Pedro Gomes en marzo del año pasado.
La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Flavio Bolsonaro, de Queiroz y de otros 80 exfuncionarios ligados al senador para que puedan ser investigados en una causa por evasión. De allí podrían surgir otras relaciones de tipo criminal. Bolsonaro Jr dijo que no lo iban a intimidar y calificó la medida como maniobras para debilitar a su padre. El presidente afirmó que no lo iban a poder «agarrar» por ese lado.
Otro decreto que levantó polvareda fue el que Bolsonaro autoriza a que los brasileños puedan portar armas en espacios públicos. Para un juez de la Corte Suprema, hay allí un «abuso del poder regulatorio», que contradice normativas de 2003 dictadas por Lula, precisamente para limitar el armamentismo individual.
Mourão, en tanto, viajó a China, donde tendrá un encuentro con el presidente Xi Jinping y asistirá a un plenario de la Comisión Sino-Brasileña de Alto Nivel de Concertación y Cooperación (Cosban). Como parte del grupo BRICS, Brasil es un socio estratégico de China. Pero el alineamiento de Bolsonaro y Trump pone en jaque la relación en el contexto de la guerra comercial declarada por Washington.
De gira por Dallas, Texas, el titular del Ejecutivo brasileño dijo admirar a EE UU. Fue allí donde se permitió analizar la situación política argentina. «Con problemas estructurales en el país, mi amigo (Mauricio) Macri enfrenta dificultades y ve crecer la posibilidad de que vuelva la anterior presidenta, una amiga del Partido de los Trabajadores de Brasil, de (Hugo) Chávez, (Nicolás) Maduro y Fidel Castro». «
En Argentina, también se protesta
Fueron miles, el jueves, en diversas ciudades argentinas, a pocas horas de las protestas en Brasil. La Marcha Nacional Educativa fue convocada por las federaciones de docentes universitarios que negocian la paritaria, hasta ahora sin resultados positivos.
Si creyó que el golpe de timón hacia el neoliberalismo que puso en marcha tras la destitución de Dilma Rousseff alcanzaba para evitar la prisión, evidentemente Michel Temer hizo un mal cálculo. En la mañana de este jueves, un grupo de tareas de la policía federal irrumpió en su vivienda paulista y se lo llevó detenido por orden del juez Marcelo Bretas, bautizado por los medios como el «Sergio Moro carioca».
«Es una barbaridad», le dijo a un periodista cercano, Kennedy Alencar, cuando se lo llevaban detenido. Pero en el entorno del hombre que reemplazó a Rousseff mediante el golpe institucional de agosto de 2016 susurraron que desde hace semanas se la veía venir.
Junto con el ex presidente de facto fueron apresados también su ex ministro de Minas y Energía, Wellington Moreira Franco, y el ex jefe de la Casa Civil (Jefatura de Gabinete) Eliseu Padilha. Los tres aparecen administrando un sistema de obtención de fondos no demasiado limpios y quedaron inmersos en una serie de acusaciones en el marco de la Operación Lava Jato, que ya dejó entre rejas a otro expresidente, Lula da Silva, y elevó condenas contra cerca de 130 dirigentes y empresarios por un total de unos 1900 años de prisión.
El PMDB, (Partido del Movimiento Democrático Brasileño) acompañó al PT de Lula y Dilma en una alianza desde 2002 hasta que decidió traicionar los acuerdos. Acaba de emitir un comunicado en que dijo que «lamenta la postura de la Justicia en contra de la marcha de una investigación en la que se ha demostrado que no hay irregularidad por parte del ex presidente de la República, Michel Temer y del ex ministro Moreira Franco. El MDB espera que la justicia restablezca las libertades individuales, la presunción de inocencia, el derecho al contradictorio y el derecho de defensa «.
No es la misma interpretación de los derechos civiles que sostuvo ante la detención del ex dirigente metalúrgico, preso en Curitiba desde hace casi un año sin sentencia firme, una maniobra pergeñada por el juez Moro que impidió la postulación a la presidencia y abrió las puertas del Planalto al ultraderechista Jair Bolsonaro. Moro, en premio a esta operación, fue invitado a ocupar el cargo Ministro de Justicia. Y no lo rechazó. El PMDB hizo silencio porque creyó que con Lula fuera de la cancha habría lugar para ellos.
Temer enfrenta diez diferentes acusaciones en la Justicia, que ya estaban sobre el tapete en el plazo que estuvo al frente del Poder Ejecutivo, entre el 31 de agosto de 2016 y el 31 de diciembre de 2018, pero las fue esquivando porque su destitución hubiera implicado un caos aún mayor en la política brasileña. Pero en su caso, hay pruebas contundentes de su participación en delitos, delaciones de implicados y hasta filmaciones.
Según detalla el portal de OGlobo -el mismo medio que fogoneó la destitución de Dilma y la detención de Lula- una de las imputaciones es por una coima de un millón de reales que dice haber pagado la constructora Engevix al ex ministro Moreira y a un amigo de Temer.
Hay un caso de lavado de dinero que se habría registrado con la reforma de un inmueble de la hija del golpista, Maristela, en San Pablo, costeada por la empresa Argeplan. Junto a este incidente figura la investigación por sobreprecios en contratos con esa firma en una obra junto a Concremat. Argeplan también aparece en otras investigaciones ligadas a Temer en obras públicas.
Otro «arrepentido» lo involucra en un contrato ficticio en el puerto de Santos con la empresa Përola. Un directivo de Odebrecht involucra al trío ahora detenido en una coima de 10 millones de reales y dio pruebas sobre la negociación. En esa misma línea tenía una causa abierta por el otorgamiento de los puertos a empresas privadas durante su gestión de forma presuntamente irregular.
Las más documentadas públicamente son, sin dudas, la valija con medio millón de reales que le encontraron a su ex asesor Rodrigo Rocha Loures, debidamente filmado cuando recibía el «aporte» de un ejecutivo del holding J&F en una pizzería.
Temer en persona apareció en una cámara oculta que le hizo el dueño del frigorífico JBS donde reconoce que tuvieron que pagar por el silencio de Eduardo Cunha, que fuera titular de la Cámara baja y que abrió el juicio político contra Dilma Rousseff, pero terminó tras los barrotes porque le encontraron más de un millón y medio de dólares ocultos en una cuenta en Suiza. Recibió una sentencia de 15 años y 4 meses.
El juez Bretas, en tanto, es de fe evangélica, como gran parte del gabinete de Bolsonaro y de integrantes del Congreso brasileño. Asegura que sus creencias religiosas no interfieren para nada con su tarea profesional. Tiene 49 años, es esposo de una jueza federal y permaneció dos años en Washington, según su currículum, estudiando el sistema judicial estadounidense.
Entre sus casos más mediáticos, condenó a 30 años de prisión a Elke Batista, que fuera el empresario más rico de Brasil y uno de los 10 más acaudalados del mundo, por corrupción activa y levado de dinero.
También impuso una pena de 22 años y 8 meses a Sergio Cabral, gobernador de Río de Janeiro por el mismo partido que Temer, a la esposa y a funcionarios de su gobierno, por coimas.Ahora, tomó una delación premiada del empresario Lucio Funaro, homologada el setiembre de 2017 por el ministro Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal. Funaro esstá preso desde 2016 y reconoció haber sido el operador financiero del PMDB en el parlamento Ahora, tomó una delación premiada del empresario Lucio Funaro, homologada el setiembre de 2017 por el ministro Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal. Funaro esstá preso desde 2016 y reconoció haber sido el operador financiero del PMDB en el parlamento.
La ex presidente brasileña, como solía hacer cuando estuvo en el gobierno ante cada Asamblea General de las Naciones Unidas, fue ahora la encargada de abrir los debates en el Foro del Pensamiento Crítico de Clacso que se desarrolla en el estadio de Ferro. Y en un extenso discurso, presentado y orientado por preguntas del rector de la UMET, Nicolás Trotta, explicó la necesidad de para mantener la resistencia al avance neoliberal generando un frente popular «aunque sea con el diablo», y al mismo tiempo hizo un análisis de las razones para esta derrota circunstancial de los movimientos progresistas en la región.
Entre estas razones puso a los ataques que ponen en crisis a la democracia occidental desde los sectores neoliberales que pululan «por la financierización de la economía, la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad», la utilización del poder judicial para perseguir a la izquierda y el aprovechamiento de las redes sociales, y fundamentalmente whatssap, para difundir mensajes de odio y manipular a las sociedades.
Rousseff se complació en ese encuentro, que se lleva a cabo justo el Día de la Soberanía Nacional, un detalle que quiso destacar especialmente. Y luego señaló ante una nutrida multitud que desbordó las instalaciones, que mientras los gobiernos progresistas miraban a América Latina como su territorio natural «para construir un mundo mejor», los nuevos mandatarios (a los que no mencionó por su nombre, aunque se entiende que hablaba del golpista Michel Temer y también del presidente electo Jair Bolsonaro) «le están dando la espalda».
(Foto: CLACSO)
En ese marco puntualizó el destrato contra los médicos cubanos que cumplían funciones en Brasil a instancias del gobierno del PT mediante el plan Mais Medicos. «Son 9500 profesionales que cubrían las necesidades de más de 30 millones de brasileños de las periferias», dijo. Como se sabe, esos médicos fueron retirados por el gobierno cubano luego de que desde la trinchera de Bolsonaro se dijo que deberían rendir exámenes para verificar su conocimiento. Para Dilma, «la población que ahora se queda sin esa cobertura en un país donde faltan médicos nacionales para hacerlo, en algún momento va a salir a reclamar por su derecho a la salud». Como dato de archivo, el plan fue resistido por las corporaciones médidas desde el principio, pero tuvieron que tolerar la llegada de cubanos porque con las mismas condiciones no hubo doctores brasileños diuspuestos a cubrir las mismas vacantes en esos lugares.
Sin embargo, cuando ensayó una explicación al impeachment que llevó a su destitución, a la que no dudó en calificar de golpe porque ninguna de las razones esgrimidas para hacerlo fueron legales o constitucionales -de hecho no tiene ninguna causa judicial en su contra- y al posterior triunfo de un personaje militarista, machista y misógino como Bolsonaro, adujo que los sectores fascistas permanecieron latentes en la sociedad porque «no se juzgaron los crímenes del terrorismo de Estado» y además en Brasil hubo 300 años de esclavitud. «La derecha tiene a la violencia como el método central de control social», añadió.
Para dar cuenta de las diferencias entre los golpes militares como los que la región conoció en los 70, Dilma aplicó el ejemplo de un árbol. «Las dictaduras cortaban directamente el árbol. Ahora lo van corroyendo desde adentro, con hongos y parásitos». El resultado es que termina en un descrédito sobre la política en general. «Brasil entró en una ruta trágica», alertó.
(Foto: CLACSO)
La ex presidenta, votada en 2014 por 54 millones de ciudadanos, apuntó luego a que el neofascismo, que ahora toma el poder ungido con las ideas neoliberales, necesitó del lawfare para criminalizar al Partido de los Trabajadores, como antiguamente se había en la Guerra fría con todo lo que sonara a comunista.
Por eso, indicó, Lula terminó preso sin pruebas, «solo una delación sin fundamento», y luego proscripto. Acto seguido ilustró el comportamiento del juez que lo llevó tras las rejas, Sergio Moro, que aceptó ser Ministro de Justicia de Bolsonaro, con una metáfora: «acá se dice que el rey esta desnudo, nosotros en Brasil decimos, tiene rouge en los calzoncillos».
Es que esa actitud de persecución contra el hombre que tenía un 41% de apoyo para una reelección quedaría demostrada por el solo gesto de aceptar un cargo del que pudo llegar al poder gracias a esa medida restrictiva, ya que el ex dirigente metalúrgico no pudo presentarse como candidato, ni siquiera hablar o dar entrevistas tras su reclusión.
La otra pata del mecanismo que elevó a la primera magistratura a Bolsonaro fue el uso indiscriminado de mensajes falsos por whatssap. Ella, que según reveló Edward Snowden, era espiada por los servicios de inteligencia estadounidenses, dijo que precisamente la guerra de guerrillas a las cuentas de esa red social no pudo haberse hecho solamente desde Brasil. «Si la corte de justicia abriera los ojos podría investigar eso», que de manera abrumadora podría señalar la injerencia estadounidense en la política brasileña, insinuó.
Así, también advirtió sobre la necesidad de resistir a la creación de «esta internacional de extrema derecha» que está armando el cultor de esos grupos neofascistas mundiales, el ex asesor de Donald Trump Steve Bannon, al que tampoco mencionó por nombre y apellido.
La ex mandataria también detalló los puntos que tal vez muestran por qué lado venía el golpe. Entre ellos la privatización de Embraer, la tercera fabricante de aviones del mundo, Petrobras, con enormes riquezas petroleras en el fondo del mar, y Electrobras.
Pero a diferencia de la dictadura, cuando a ella le tocó ser presa política y torturada por un coronel al que admira Bolsonaro, dijo que «ahora no fuimos derrotados, tenemos la mayor bancada en el Congreso, y la mayor cantidad de gobernadores».
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